Arequipa se convertirá en la capital pro tempore de la Ciencia Política Peruana al ser la sede del VII Congreso Nacional de Ciencia Política- CONACIP, organizado por la Red Universitaria Nacional de Escuelas de Ciencia Política y la Universidad Católica de Santa María.
Evento académico certificado por la International Political Science Association, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en el campus de la casa Santamariana UCSM y reunirá a los máximos exponentes de la ciencia del poder, quienes analizarán la crisis política nacional con el aporte de expertos internacionales especializados en el contexto latinoamericano.

El cuestionado ‘operador político’ disfrazado de periodista Gustavo Gorriti, durante los últimos años ha detentado una oscura posición de poder que maneja a fiscales supremos y a otros agentes estatales, a través de su ONG IDL-Reporteros, que ha recibido financiamiento millonario no solamente del mayor accionista de Graña & Montero (hoy con el nombre de AENZA, a través de SF Management) la ‘Open Society Foundations’ de George Soros, sino también de la “desactivada” USAID.
Tras la publicación de Diario UNO, basada en la tenaz investigación de Gino Román, surge la pregunta, ¿por qué los traficantes de armas de Israel eligieron a Gustavo Gorriti y su familia para hacer negocios? El caso de Gorriti es más grave de lo que parece, no solo porque miembros de IDL como Gino Costa y Carlos Basombrío fueron ‘colocados’ estratégicamente como ministros del Interior por distintos gobiernos; sino porque implica a un miembro de su familia y a sus amigos más cercanos.
Israelí Leonardo Gleser amigo de Gorriti
Gustavo Gorriti es amigo de Leonardo Gleser, desde hace más de 40 años. Este dizque experto en seguridad es un ciudadano de doble nacionalidad, israelí y argentino y práctica judo todos los fines de semana con el director de IDL-Reporteros. El propio Gorriti lo afirmó en un artículo de IDL.
Como se recuerda, hace un año la vivienda de Leonardo Gleser fue alcanzada por un misil de Irán que atacó objetivos en Israel. Sin embargo, él y su familia sobrevivieron, pero ¿por qué Irán atacó la casa de Gleser? Sucede que Leonardo Gleser es un ‘alias’ para Leo Gleser, quien es un traficante de armas a nivel mundial, dueño de ISDS Ltd. (International Security and Defense Systems), una compañía con matriz en Israel y sedes en todo el mundo.
Irán había identificado la casa de un traficante de armas, en Tel Aviv, muy cerca del aeropuerto. Este sionista, bajo la fachada de abuelo amoroso, brinda capacitaciones en métodos de tortura, vende software a gobiernos autoritarios para hackear a investigadores independientes y trafica armas de forma legal e ilegal a quien quiera comprarlas.
Si uno indaga por el nombre de Leo Gleser o Leonardo Gleser, varias publicaciones nacionales e internacionales indican que se trata de un traficante de talla mundial. Ha vendido armas a Honduras, El Salvador, España, México y recientemente fue detenido en Gabón, África Central, en una operación del FBI por sobornar a ministros de Interior y Defensa de diversos países. No solo él fue detenido; también su gerente en Perú, Saúl Michkin Chlimper.
Hija de Gorriti trabajó para Gleser
Si bien Gorriti trató de hacer un intento de disclaimer en sus artículos, olvidó mencionar que su hija, Edith Gorriti, estaba en la planilla de ‘International Security and Defense Systems’, (ISDS), la empresa de Leo Gleser, que como fachada se encarga de la seguridad de megaeventos deportivos, como mundiales de futbol y olimpiadas. Hace algunos años, Wikileaks filtró un correo dirigido a la hija de Gustavo Gorriti, quien trabajaba para el traficante de armas israelí.
El correo indica que los representantes de Leo Gleser coordinaban una reunión en España con ‘The Hacking Team’, la mayor empresa proveedora de software espía de España, para agregar sus servicios a su cartera de clientes. Es que ISDS no solo vende armamento; también recomienda y revende productos de otras empresas como IWI, (quien tiene convenio con FAME en Perú) IMI, Septier, Smith & Wesson y The Hacking Team.
Tras revisar el historial de la página web de la empresa ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS), se puede visualizar que durante los años 2010 al 2015, Edith Gorriti figuraba en la sección de equipo como Jefa de Proyectos. Su correo con la arroba de ISDS fue incluido en los correos filtrados por Wikileaks.
Pero no solo la hija de Gustavo Gorriti trabajó para esta empresa. Revisando en años anteriores, figura que Edith Tsouri también cumplió la función de Edith Gorriti. Edith Tsouri es hija de Shay Tsouri, esposo de Edith Gorriti; es decir, se puede deducir que habría una conexión más cercana entre la familia Gorriti y el negocio de armas.
ISDS hizo negocios con gobiernos de Perú
Los contratos de ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS) en Perú no son nuevos. Desde principios de la década de 2000, desde el mandato de Alejandro Toledo esta empresa ha estado involucrada en múltiples contratos con el Estado, especialmente en la adquisición de equipamiento para las fuerzas del orden. Entre los productos más destacados que ISDS ha vendido en Perú se encuentran: -Vehículos blindados para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que realicen operativos de alto riesgo.
– Chalecos antibalas: Distribuidos a unidades especiales y policías en zonas de conflicto.
– Cascos y equipos de protección: Adquiridos en grandes cantidades durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Sin embargo, no todas estas compras han estado exentas de controversia. Informes de la Contraloría General de la República han señalado irregularidades en los procesos de adquisición, incluyendo la manipulación de términos de referencia y la falta de transparencia en las licitaciones. En algunos casos, estos contratos han sido anulados debido a sospechas de sobreprecios y favoritismo.
Miembros de IDL se convirtieron en ministros
Uno de los aspectos más preocupantes de esta historia es el papel que han jugado exmiembros de IDL en la facilitación de estos contratos. Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Gino Costa, director de IDL Seguridad Ciudadana, fue nombrado Ministro del Interior. Bajo su gestión, se realizaron varias compras de equipamiento a empresas vinculadas a ISDS. Luego, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Carlos Basombrío, fundador de IDL, también fue puesto en el mismo cargo como titular del Mininter. Durante su gestión, se continuó con la adquisición de armamento y equipos de seguridad, muchos de los cuales provenían de empresas israelíes representadas por ISDS.
Chávez Cresta y Santiváñez compraron miles de Fusiles Arad 5 y 7
Uno de los casos más recientes y polémicos es la compra sin licitación de 7,000 fusiles ARAD 5 por parte del Ministerio del Interior comandado por Juan José Santiváñez, en pleno mandato de Dina Boluarte. Pero en 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, también fue el responsable de la adquisición de 10,000 fusiles de asalto IWI ARAD 7 de 7.62 x 51 mm. por el Ejército del Perú. Lo que generó que sea cuestionado en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Estos fusiles, fabricados por FAME (Fábrica de Armas del Ejército), son en realidad una versión local del fusil israelí IWI Tavor, representado en Perú nada menos que por ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS) del israelí Leo Gleser. Este contrato ha sido criticado por la falta de transparencia y por el hecho de que FAME parece estar siendo utilizada como una fachada para ocultar el convenio entre el ejército peruano e IWI, la empresa más grande de armamento de Israel.
La conexión de Gustavo Gorriti con el tráfico de armas no es nueva; sin embargo, un gran grupo de aliados en el mundo de las comunicaciones callan y forman grandes cruzadas para hacer creer que la ONG IDL, es un medio de comunicación independiente que únicamente ejerce periodismo.
Fuente: LimaGris.com

Cuando, en junio de 2016, el gestor de fondos de inversión Brookfield compró el 57% de las acciones de Rutas de Lima a la empresa brasileña Odebrecht, esta última ya era investigada por corrupción en nuestro país desde el 2015 y en Brasil desde el 2013.
Sin embargo, Brookfield ha anunciado el inicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de un arbitraje contra el Perú, para demandar el pago de 2 mil 700 millones de dólares.
Para ello argumenta que la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales le han expropiado tramos concesionados mediante ordenanzas y otras acciones.
INVESTIGACIONES
El escándalo Odebrecht estalló en 2013 en Brasil, cuando la justicia de dicho país descubrió una red de corrupción que operaba desde hace dos décadas y que se había extendido al resto del continente incluyendo el Perú.
Dos años después, en octubre de 2015, el Congreso formó una comisión para investigar el accionar corrupto de esta empresa en nuestro país.
Dicha comisión presidida por el congresista Juan Pari, presentó su informe en junio de 2016, el mismo mes que Brookfield compró a Odebrecht el 57% de acciones de Rutas de Lima.
Tras dicha transferencia las acciones de Rutas de Lima se distribuyeron de la siguiente manera; 57% de Brookfield y sus socios institucionales, 25% de Odebrecht Latinvest y 18% de Sigma.
La concesión entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima se firmó el 13 de enero de 2013 (cuando la hoy procesada Susana Villarán era alcaldesa de Lima) y corresponde a 115 kilómetros que comprende a los tres principales accesos y salidas de Lima: Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé.
“Cártel delictivo”
El informe de la llamada “Comisión Pari” extrañamente solo emitió un informe en minoría firmado por Juan Pari.
No obstante, el informe de 650 páginas era revelador y señalaba el “cartel de carácter delictivo” formado en Brasil por las empresas investigadas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, UTC, Queiroz Galvao y otras).
Estableció que dichas empresas “habrían trasladado sus operaciones y procedimientos ilegales al Perú” y “perjudicando al erario público y convirtiendo al Perú en una suerte de paraíso tributario-financiero”.
Fuente: Diario Correo.

Ejecutivo emplaza al Poder Judicial iniciar juicio contra Susana Villarán tras constantes críticas

Una posible sentencia contra la exalcaldesa de Lima ocasionaría el fin de Odebrecht y el Perú no se enfrentaría a más demandas internacionales.
Han pasado cuatro meses desde que el Poder Judicial (PJ) dictó el “auto de enjuiciamiento” contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y corrupción de funcionarios, al haber aceptado sobornos de Odebrecht, y aún no existe fecha para el inicio del juicio oral contra la exfuncionaria, motivo por el cual el Ejecutivo intervino.
Por esta demora, la mandataria Dina Boluarte emplazó a la Corte Suprema de Justicia a iniciar los procesos penales contra Villarán, en respuesta a las constantes críticas tanto de sus opositores como de la opinión pública en contra de la actual gestión presidencial.
“Se los digo en negrita y resaltado, pueden inventarme todo lo que quieran, pero nunca acusarme de recibir coimas como han reconocido algunos corruptos que siguen libres. A propósito, ¿la exalcaldesa de Lima (Villarán) sigue libre, no? Tarea para el sistema de justicia”, reclamó.
Boluarte Zegarra en la ceremonia del buen inicio del año escolar 2025 en la I.E. 3049 Imperio de Tahuantinsuyo, en Independencia.
El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa por los delitos mencionados al inicio de este artículo. Se indicó que la acusación contra la exautoridad edil y los demás implicados supera los cuatro mil medios probatorios.
Según el PJ, estas acciones están referidas a hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de las empresas transnacionales Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en el 2013 y la reelección municipal del 2014.
La decisión judicial también alcanzó a otras 20 personas naturales, entre las que destacan los nombres de José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano y Guillermo Loli, entre otros.
De igual modo, incluyó a 10 personas jurídicas, entre las que se encuentran Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson y otras.
Al respecto, el juez Jorge Chávez dispuso remitir la causa al juzgado penal colegiado nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley, a fin de que se decida aleatoriamente cuál de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará del juicio oral.
Cabe resaltar que el caso Odebrecht y OAS podría caerse si Susana Villarán es sentenciada por el Poder Judicial, lo que liberaría al Estado  peruano de someterse a pagos millonarios a empresas corruptas, según lo señalado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Fuente: Diario EXPRESO.

Por José Ignacio Carrión- Diario EXPRESO.
Cuatro años después de salir de la Casa Blanca, y sin reconocer nunca su derrota, Donald Trump volvió como el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos. No solo es un triunfo histórico –solo Grover Cleveland entre 1885 y 1889, y luego entre 1893 y 1897, logró un segundo mandato no consecutivo–, sino que esta vez, a diferencia de 2016, nadie podrá poner en tela de juicio su legitimidad, pues no solo le ganó a Kamala Harris en los colegios electorales, sino que le sacó más de cinco millones de votos en la elección individual. Los estadounidenses le dieron a Trump una segunda oportunidad.
¿Qué significa este nuevo mandato de Trump para Estados Unidos y para el mundo?
En lo económico, la política proteccionista en el primer mandato de Donald Trump, enmarcada dentro de la narrativa de “America First”, se caracterizó por una serie de medidas y estrategias que buscaban restringir la competencia extranjera y favorecer la producción nacional.
La imposición de aranceles a productos chinos resultó en una guerra comercial, donde ambos países aumentaron sus tarifas, afectando cadenas de suministro globales y generando incertidumbre en los mercados.
Trump ha prometido aranceles sobre los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, México y China, una vez que tome posesión como presidente el 20 de enero.
En concreto, ha anunciado un gravamen del 60 % a las importaciones chinas, un 25 % a las procedentes de Canadá y México hasta que refuercen sus medidas contra el narcotráfico y la inmigración irregular y entre un 10 % y un 20 % a productos del resto del mundo, incluida la Unión Europea.
Respecto a la inmigración, su postura fue uno de los pilares de su campaña, un mensaje que se extendió por todo el mundo. Trump ha culpado a los inmigrantes de muchos problemas de Estados Unidos, como la delincuencia y el aumento del costo de la vivienda, y ha prometido llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva de la historia del país.
La nueva administración piensa implementar una serie de decretos en materia de inmigración horas después de que el presidente electo jure el cargo. El plan incluye barridos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en las principales áreas metropolitanas, el envío de más recursos del Pentágono a la frontera sur de EE. UU., la imposición de restricciones adicionales sobre quién tiene derecho a entrar en EE. UU., junto con el retroceso de las políticas de la era Biden.
En cuanto a política exterior, la relación de Trump con China estuvo marcada por un enfoque proteccionista y confrontacional. Las medidas adoptadas durante su administración, incluidas las tarifas arancelarias y las acusaciones de prácticas desleales, sentaron las bases para una nueva era de competencia estratégica y tensiones prolongadas en el ámbito internacional.
Respecto al futuro de Venezuela, el papel de Trump se perfila como un factor determinante. Durante su primer mandato, Trump estableció un precedente al liderar una coalición internacional que aisló al régimen de Maduro mediante sanciones económicas, políticas y financieras. En enero de 2019, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, movilizando un respaldo sin precedentes de la comunidad internacional.
¿Cuál será su postura en la guerra en Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania?, ¿cuál será el giro de su declaración de guerra a la “locura transgénero”, como él mismo la ha llamado?, ¿cómo afectará al Perú el proteccionismo de su economía?

Lluvia de millones para ONG Manuela Ramos: USAID y Europa financiaron proyectos cuestionables en Perú

Organización recibió más de 11 millones de dólares de la cooperación internacional para utilizarlos en sólo 8 iniciativas entre el 2008 al 2010.

Por María Teresa García– Diario EXPRESO.
Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió cerrar temporalmente USAID debido a sospechas de que la cooperación brindada estaba siendo utilizada para otros fines, se quedó corto, ya que en el Perú una ONG como Manuela Ramos recibió, en el 2008, casi 2 millones 700 mil dólares por un solo proyecto; en el 2009, más de 4 millones 700 mil dólares por 4 proyectos; y en el 2010, alrededor de 3 millones 630 mil dólares por 3 proyectos.
Como es de suponer, gran parte de esos fondos donados por países como Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), España, Italia, Holanda entre otros, se destinó al pago de personal y consultorías.
De esta forma, en el único proyecto tomado como referencia del año 2008, se destinaron 749,585 dólares en pagos de personal que no eran ni consultores ni trabajadores permanentes, es decir, eran locadores de servicios. Además, se asignaron 172,719 dólares a consultorías externas.
En el 2009, en solo cuatro proyectos que detallaremos a continuación, se gastaron más de 2 millones 167 mil dólares en pagos de personal y casi 472 mil dólares en consultorías. Mientras que, en el rubro “otros”, se consignó la cifra de 315,951 dólares.
Asimismo, en el 2010, la ONG Manuela Ramos destinó más de 1 millón 623 mil dólares en pagos de personal y casi 180 mil dólares en consultorías.

Aún más por las consecuencias del proyecto de ley sobre inmigración

Por Lucas Coppen– ThePillarCatholic.com
Nuevas fracturas están apareciendo en la Iglesia Católica en Alemania tras un enfrentamiento político sobre la inmigración antes de unas elecciones federales anticipadas.
Las divisiones quedaron expuestas por primera vez en una controvertida votación del 29 de enero en el Bundestag, el parlamento federal alemán.
Tras el colapso de la coalición gobernante de Alemania en noviembre, Friedrich Merz, el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, habría acordado no presentar ningún proyecto de ley antes de las elecciones federales del 23 de febrero si contaban con el apoyo del partido Alternativa para Alemania (AfD), ampliamente descrito como de extrema derecha.
Los críticos acusaron a Merz de violar el acuerdo —conocido en Alemania como “Brandmauer”, o cortafuegos, contra la extrema derecha— cuando los partidos conservadores de la Unión (CDU/CSU) presentaron una moción para restringir la migración ante el Bundestag.
La inmigración se ha convertido en un importante campo de batalla político desde que Alemania recibió a alrededor de un millón de refugiados sirios en 2015. El debate se ha visto intensificado en los últimos meses por los ataques con víctimas masivas perpetrados por inmigrantes en Magdeburgo, Aschaffenburg y Múnich.
La moción no vinculante de cinco puntos fue aprobada por un estrecho margen gracias al apoyo de AfD, lo que provocó revuelo.
El 31 de enero se celebró otra votación sobre un proyecto de ley para restringir la inmigración, llamado Ley de limitación de la afluencia. Esta vez, el Bundestag rechazó el proyecto de ley por 349 votos en contra, 338 a favor y cinco abstenciones.
A raíz de las votaciones surgieron profundas diferencias en varios niveles de la Iglesia católica alemana.

Divisiones entre los obispos

En vísperas de la primera votación, el Parlamento federal alemán, la Oficina Católica en Berlín, que hace lobby en nombre de la Conferencia Episcopal Alemana, y la Alemania Protestante en Alemania (EKD) lanzaron un llamamiento conjunto a los legisladores.
El jefe de la Oficina Católica, monseñor Karl Jüsten, y la representante de la EKD, Anne Gidion, manifestaron su temor de que la democracia alemana “sufriría graves daños” si los partidos de la Unión cooperaran con la AfD.
Pero el día de la votación, la Conferencia Episcopal Alemana se distanció inesperadamente de la intervención conjunta en un correo electrónico a los obispos diocesanos.
Dos obispos (el obispo de Ratisbona, Rudolf Voderholzer, y el obispo de Eichstätt, Gregor Maria Hanke) criticaron públicamente la declaración conjunta, mientras que uno (el obispo de Speyer, Karl-Heinz Wiesemann) la defendió.
En febrero de 2024, los obispos aprobaron por unanimidad una declaración que condenaba lo que llamaban “nacionalismo racial (völkisch)”, y acusaba a la AfD de estar “dominada por una actitud racial-nacionalista”.
Pero la votación del Bundestag puso de relieve las diferencias implícitas entre los obispos sobre si las leyes de inmigración de Alemania deberían endurecerse y si la Iglesia debería intervenir con fuerza en una temporada electoral en lo que podrían verse como cuestiones de juicio prudencial.

Divisiones dentro del ZdK

Tras la votación del 29 de enero, el influyente grupo laico Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK) emitió un comunicado de prensa acusando a los partidos de la Unión de cruzar “los límites de la cultura política”.
“La CDU/CSU quiere limitar duramente la inmigración, pero no ofrece criterios humanos”, afirma Irme Stetter-Karp, presidenta del ZdK.
Las críticas a la CDU/CSU provocaron una reacción negativa dentro del ZdK, que tradicionalmente ha tenido fuertes vínculos con los partidos de la Unión.
Annegret Kramp-Karrenbauer, una figura destacada del partido CDU de Alemania, informó a Stetter-Karp el 31 de enero que renunciaba al ZdK en respuesta a su intervención.
La pérdida fue significativa porque Kramp-Karrenbauer dirigió la CDU de 2018 a 2021 y alguna vez fue promocionada como sucesora de la canciller alemana de larga trayectoria, Angela Merkel.
Otras figuras de la CDU expresaron sus dudas sobre la postura del ZdK, sugiriendo una creciente brecha entre el partido y la influyente organización laica que copatrocinó el polémico “camino sinodal” de Alemania junto con los obispos.
Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania. Partido Popular Europeo vía Wikimedia (CC BY 2.0).

Divisiones dentro de las organizaciones católicas

El día en que Kramp-Karrenbauer dimitió del ZdK, la presidenta de la Asociación de Mujeres Católicas Alemanas (KDFB), un grupo con unos 180,000 miembros, se mostró a la defensiva tras la votación.
Anja Karliczek, presidenta de la KDFB y política de la CDU, emitió un comunicado justificando sus votos a favor de la moción.
“Aunque la propuesta de resolución fuera aprobada con los votos de la AfD, no se trata de una colaboración con este partido racista y de extrema derecha que quiere destruir nuestra democracia”, afirmó.
“Mi voto a favor de esta moción no significa en ningún caso proximidad a la AfD ni tolerancia hacia sus opiniones políticas”.
La vicepresidenta de la KDFB, Monika Arzberger, criticó la postura de Karliczek y afirmó que “las acciones políticas de la facción CDU/CSU, a la que pertenece nuestro presidente, han provocado incomprensión y tristeza en la última semana”.
La KDFB no fue la única asociación de mujeres católicas que sufrió las consecuencias de la votación. También lo hizo la Comunidad de Mujeres Católicas de Alemania (KFD), que cuenta con unos 265,000 miembros.
La asociación diocesana de la KFD de Münster pidió la dimisión de la presidenta federal de la KFD, Mechthild Heil, otra política de la CDU que votó a favor de la moción.
“Nosotros ya no aceptamos que Mechthild Heil sea la presidenta nacional del KFD”, afirmó la asociación diocesana. “Sus prácticas electorales no demuestran un compromiso reconocible con los valores del KFD. Esperamos que ella saque las consecuencias correspondientes”.
Heil había defendido su voto en un comunicado de prensa de KFD del 7 de febrero .
“Soy diputada de la CDU en el Bundestag por mandato directo y represento las preocupaciones de mis electores. En mi opinión, es necesario un cambio en la política migratoria: nuestro país debe poder seguir ayudando a las personas que huyen de la guerra y del desplazamiento forzado en el futuro y ofrecer una oportunidad justa y humana a quienes ya viven aquí y son bienvenidos. Esto subraya los valores de la KFD”, afirmó.
La votación también enfrentó a las organizaciones juveniles católicas de Alemania entre sí.
El Grupo de Trabajo de Asociaciones de Estudiantes Católicos (AGV), que se autodefine como la mayor asociación de estudiantes católicos de Alemania, se enfrentó a la Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), un organismo que agrupa a las organizaciones juveniles católicas.
En una carta abierta del 28 de enero, la AGV criticó una publicación en Instagram del BDKJ que aparentemente estaba dirigida a los partidos sindicales.
El mensaje decía: “Si sólo pueden realizar sus planes con la ayuda de enemigos de la democracia y de la humanidad, entonces quizás sus planes sean simplemente antidemocráticos y antihumanos”.
La AGV acusó al BDKJ de emitir en realidad “una recomendación electoral contra un partido que es indiscutiblemente parte del centro democrático”.
“La declaración de la BDKJ implica que la política migratoria de los partidos de la Unión es fundamentalmente ‘antidemocrática y antihumana’. Semejante generalización no es aceptable en un debate democrático”.

JD Vance: “Miedo de sus propios votantes“

Vance también dijo a los líderes europeos que “si tienen miedo de sus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes”. Dijo que ninguna democracia podría sobrevivir diciendo a millones de votantes que sus preocupaciones “son inválidas o indignas de ser siquiera consideradas”. “La democracia descansa en el sagrado principio de que la voz del pueblo importa”, dijo. “No hay lugar para cortafuegos”.
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius replicó que “todas las opiniones tienen voz en esta democracia. Hace posible que partidos en parte extremistas como AfD hagan campaña con total normalidad, como cualquier otro partido”. Señaló que Weidel estuvo en el prime-time de la televisión alemana junto con los otros contendientes. Pero añadió que “la democracia no significa que la minoría ruidosa tenga automáticamente la razón”, y que “la democracia debe ser capaz de defenderse de los extremistas que quieren destruirla”.
Olaf Scholz acudió a la red social X para “rechazar enfáticamente” los comentarios de Vance”. A partir de las experiencias del nazismo, los partidos democráticos de Alemania tienen un consenso conjunto, que es el cortafuegos contra los partidos de extrema derecha”, escribió.
El gobernador de Baviera, Markus Söder, figura prominente del bloque opositor de centro-derecha alemán, que lidera las encuestas preelectorales, dijo a los periodistas que “tomamos en serio todas las opiniones, pero decidimos nosotros mismos con quién formamos coalición”, informó la agencia de noticias alemana DPA.
La reunión de Vance con Weidel se produjo después de que fuera recibida por el primer ministro nacionalista de derechas de Hungría, Viktor Orbán. La oficina del vicepresidente dijo que Vance también se reunió con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y con el líder de la oposición, Friedrich Merz, mientras que con Scholz se reunió a principios de esta semana cuando ambos se encontraban en París para asistir a una cumbre sobre inteligencia artificial.
Fuente: Euronews.com

¿Es suficiente un oficio para que la fe prospere? Trump, Paula White y la “teología de la prosperidad“

Por  Simone M. Varisco– Caffe Storia.
«Creo que la prosperidad tiene un propósito». Éste es probablemente uno de los pasajes más eficaces para resumir el pensamiento de Paula White sobre la riqueza. El suyo es un enfoque articulado, a veces nebuloso y a menudo contradictorio, que va desde las Escrituras hasta el coaching mental de moda. Algo así como: «Tu futuro está en tu rutina diaria. La gente de éxito hace a diario lo que otros hacen de vez en cuando».
Una fe de oficina
Que Donald Trump haya elegido a una predicadora de televisión y líder de un movimiento religioso como Paula White para dirigir la nueva Oficina de la Fe significa, sin duda, algo. Efectivamente: que al presidente de Estados Unidos se le haya ocurrido crear una Oficina de la Fe significa algo. Incluso demasiado. Ya sea para «devolver la religión» a Estados Unidos o para protegerse de los «prejuicios anticristianos» en el país -ambos objetivos declarados en los últimos días-, la nueva Oficina pretende alimentar ese halo de santidad de neón que se enciende tras el jefe de Trump y en el que se basa parte de su aprobación. «Como dice la Biblia, ‘Bienaventurados los pacificadores’. Y con ese fin, espero que mi mayor legado, cuando todo esté dicho y hecho, sea el de un pacificador y unificador», escribe Trump en el antiguo Bluebird.
Es el Evangelio según X, garantizado tanto por el capital tecnológico de Elon Musk como por el atractivo trascendente de White. Una que en 2019, ya lanzada a la campaña con el actual presidente, demuestra que sabe cómo hacerlo. «Cuando entro en la Casa Blanca, Dios entra en la Casa Blanca. Tengo todo el derecho y la autoridad para declarar la Casa Blanca como suelo sagrado porque el lugar donde estoy es sagrado». ¿Una lectura extrema de Dios con nosotros o una inmensa tontería? Poco importa, al fin y al cabo: Paula White se mueve con gracia en esta fe sin gracia, dominando el escenario con el don pseudoespiritual de las lenguas y una capacidad mucho más concreta para recaudar dinero.
Teología de la prosperidad
La llaman «teología de la prosperidad», pero no está claro a quién se la atribuye. Afirman que Paula White es su heraldo, aunque ella misma afirma no creer en ella. Versión abreviada de una teología innecesariamente compleja: la riqueza es una bendición que Dios concede a sus elegidos. Y hace falta poca imaginación para imaginar la suerte (y los defectos) de los demás. Es una vieja historia, que durante siglos ha preocupado a una parte de la tradición judía y a las iglesias evangélicas, sobre todo en el norte de Europa y ultramar.
Hoy en día, la «teología de la prosperidad» parece ante todo la coartada necesaria para justificar un poder cada vez más lobista y oligárquico, para expulsar de Estados Unidos al mayor número posible de personas con problemas y, tal vez, para dar un empujón a la asistencia social. Si Dios quiere. Hasta aquí han llegado los llamados paycheck-to-paycheck, los que viven «de cheque en cheque», que según algunos analistas han contribuido sustancialmente a la victoria de Trump. ¿Quizá acaben sintiéndose también antipáticos desde arriba?
Sin embargo, la riqueza económica no es más que uno de los temas que centran el reflejo pseudoreligioso del culto a Donald Trump, principalmente a la personalidad. El aborto y el género desempeñan un papel propio. Por no hablar de la defensa oficiosa de los católicos «perseguidos» por la administración Biden (mala también en este aspecto, sin duda).
Todo justo, al menos sobre el papel, y todos temas de actualidad, incluso en la agenda de muchas confesiones religiosas. Pero temas capaces también, y sobre todo, de garantizar al político (y a la política) una excelente visibilidad mediática y una buena cobertura ideológica, ya sea entre los llamados tradicionalistas o entre los progresistas. Y poco importa si las posiciones vacilantes de la razón de Estado provocan mareos, y algunas náuseas.
Es el fruto indigerible de todo defensor fidei que los pueblos se han infligido en tiempos de debilidad. El precio del hombre fuerte, salvador tanto de la fe como de la patria. En los últimos años, parte del mundo -incluso en Occidente- ha pasado por esto con Vladimir Putin. Ahora, en Paula White, Trump ha encontrado a su propio Kirill. Ni siquiera necesita ser un patriarca: le basta con dar la ilusión de que puede ganar la guerra. Incluso a la hora de trazar una salida a la crisis, existencial y antropológica antes que global. ‘He sido salvado por Dios para hacer América grande de nuevo’. Palabra de Donald.
Estados Unidos, modelo singular
La historia ya ha demostrado que cualquier intriga entre religión y política sólo puede generar vástagos horripilantes. Se podría decir: Estados Unidos siempre ha sido, incluso en este aspecto, un caso peculiar. Paula White no necesita ciertamente la glosolalia para hablar el idioma de millones de votantes estadounidenses. Para la mayoría de los italianos, la suya es en cambio una retórica incomprensible, al menos de momento. De hecho, una comunicación cada vez más omnipresente y globalizada está cambiando rápidamente las cartas sobre la mesa. Incluso a este lado del Atlántico, en el futuro, un rosario expuesto en la plaza pública podría ser el lejano recuerdo de un primer y torpe paso.
¿Vale la pena externalizar la defensa de la religión a la política por el espejismo de una bendición para la identidad cultural y los valores de la nación? ¿A quién se le pedirá que pague el precio de una fe convertida en instrumento de apoyo popular y justificación de opciones políticas de otro modo injustificables? Robert Hugh Benson ha escrito más de una página sobre estos amos del mundo. Y también sobre su destino.
Fuente: ZENIT.

Poder Judicial ordena excarcelación del general (r) Nicolás Hermoza Ríos

Tras declarar fundado el habeas corpus a favor del exjefe militar, quien padece enfermedades graves, incluyendo demencia senil y complicaciones derivadas del Parkinson, el Poder Judicial dispuso su excarcelación, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del régimen de Alberto Fujimori Fujimori, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima dio a conocer que se ha declarado fundado el Habeas Corpus (HC) a favor del exjefe militar contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
“Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus interpuesta por María Soledad Condori Alfaro Cionculescu en favor del interno NICOLAS DE BARI HERMOZA RÍOS contra el PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, el DIRECTOR REGIONAL DE LIMA DEL INPE y el SUBDIRECTOR DEL REGISTRO PENITENCIARIO ORL- INPE, al haberse acreditado plenamente la vulneración a su derecho a la libertad individual», se lee en el documento oficial.
Tribunal Constitucional declara ‘fundado’ habeas corpus
Como se recuerda, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien se encontraba cumpliendo una sentencia en prisión en el centro penitenciario Ancón II, por diversos delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y corrupción. La decisión se tomó luego de que el TC declarara fundada una demanda de habeas corpus interpuesta en favor de Hermoza Ríos, quien padece múltiples enfermedades graves, incluyendo demencia senil y complicaciones derivadas del Parkinson. El tribunal argumentó que mantener sin libertad a un interno en estas condiciones afecta directamente a su dignidad humana.
Entre tanto, el fallo del TC no solo beneficia al condenado Hermoza Ríos, sino que establece un precedente significativo en la aplicación de la figura de libertad anticipada para internos mayores de 80 años en situaciones similares.
Fallo generará un precedente en la justicia peruana
El Tribunal Constitucional exhortó al Congreso de la República a legislar sobre esta problemática, con el fin de establecer criterios normativos claros para la excarcelación humanitaria. En su resolución, el TC enfatizó que la decisión no implica la extinción de la condena, sino el reconocimiento de circunstancias excepcionales que justifican la aplicación de medidas humanitarias. Además, recalcó que las responsabilidades legales y morales de Hermoza Ríos se mantienen intactas, pero su estado de salud lo hace incompatible con el régimen penitenciario actual.
Fuente: LimaGris.com

Keiko Fujimori y otros acusados del “Caso Cócteles” piden anular juicio oral por fallo del TC: los detalles y escenarios

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Keiko Fujimori y otros 12 acusados, entre personas naturales y jurídicas, solicitaron al Poder Judicial (PJ) que se anule el juicio oral que se les sigue por presuntos aportes ilícitos en el marco del “Caso Cócteles”.
Ello, como efecto de la sentencia de hábeas corpus que emitió el Tribunal Constitucional (TC) a favor de José Chlimper, anulando en parte la acusación que el Ministerio Público presentó en su contra por este caso.
Ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que lleva adelante el juicio oral, la lideresa de Fuerza Popular y sus co-acusados solicitaron la nulidad del juicio al considerar que, por extensión, se les debe aplicar el mismo beneficio resuelto por el TC.
El Tribunal Constitucional anuló la acusación de José Chlimper Ackerman en el extremo de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, pero no por presunta falsa declaración.
En esa línea, declaró nula la acusación del “Caso Cócteles” del 11 de marzo de 2021, y la Resolución 28, del 18 de abril de 2022, que dictó el auto de enjuiciamiento, en los extremos que comprenden a Chlimper.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, pidió 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y cinco meses de inhabilitación.
La fiscalía sostiene que, junto a sus co-acusados, habría integrado una red criminal que habría lavado más de US$17 millones y S/18,000. Parte de dicho dinero sería un presunto aporte de US$1 millón de la empresa brasileña Odebrecht y de empresas nacionales.
El dinero, señala fiscalía, se introdujo en sus campañas electorales de 2011 y del 2016, a través de falsos aportantes y actividades sociales como cenas y cócteles.

Alegan unidad de proceso y posición anterior de la sala de juzgamiento

Durante la audiencia de este lunes 6 de enero, Gonzalo del Río, abogado de José Chlimper, solicitó a la Sala de Juzgamiento que se aplique la sentencia que emitió el TC a favor de su patrocinado, declarando la nulidad de todo su juicio oral.
Para el abogado, se trata de un cúmulo de hechos irregulares que fueron detectados por el TC y por ello, toda la acusación debe retrotraerse hasta la etapa de investigación y, de ser el caso, la fiscalía deberá volver a pronunciarse en una sola acusación conjunta.
“Los considerandos de la resolución podrán ser tomados en cuenta por el señor fiscal para cuando emita la nueva acusación contra el señor Chlimper, en todos sus extremos; porque dividir las imputaciones lo único que hará es perjudicarlo”, señaló.
A este pedido se unió Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien requirió que “se extienda a los co-acusados el efecto de la nulidad de la acusación” para que se haga “una sola e integral” y que el juicio oral se reinicie cuando el fiscal haya cumplido con hacer una acusación que vaya en consonancia con los argumentos del TC.
Bajo su concepto, en el fallo a favor de Chlimper, el TC enumeró los excesos cometidos por la fiscalía y entre ellos, en el fundamento 37, sobre el presunto delito de organización criminal, se señala que este coordinó con su patrocinado Jaime Yoshiyama. Por tanto, expresó, la acusación no puede ser fragmentada.
“La acusación es un todo, aunque se la quiera fragmentar, es un requerimiento integral (…) el problema es que en esta acusación no está solo el señor Chlimper y el TC no puede exceder sus funciones y decir que estas cosas se han dado de manera extensiva a otras personas, pero el hecho innegable, desde el Código Procesal Penal, es que se ha acreditado una vulneración de derechos y que tiene efecto en las demás personas”. Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama.
A su turno, Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, indicó que el fallo del TC señala expresamente que se han detectado deficiencias en la imputación, “una acusación sorpresiva”, ya que se incluyeron hechos que no estaban contemplados en la investigación preliminar o formalización de la investigación preparatoria.
Además, señaló que se debe tener en cuenta el voto de la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien precisa que los errores atribuidos a la fiscalía “no hacen sino crear incertidumbre en el accionante y de sus co-imputados”.
Por tanto, continuó, la imputación fiscal “deficiente” no era únicamente contra Chlimper, sino que, al ser hechos imputados bajo la tesis de “pluralidad de agentes”, las afectaciones también son para esos co-imputados.
Loza señaló ante el tribunal que la “acusación sorpresiva” no solo es para Chlimper, sino para los co-acusados, por tanto, existe la necesidad de retrotraer el proceso, declarar la nulidad y que se corrija de manera inmediata, de cara a no seguir afectando los derechos fundamentales.
“En esa línea, esta defensa se une a la petición antes esbozada y solicita se sirva , en condición de establecer el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 2803-2023-HC, se extienda a los demás co-imputados a fin de no seguir generando indefensión y condiciones que pudieran traer a futuro la nulidad procesal”. Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.
David León, abogado de Fuerza Popular, también se adhirió al pedido, señalando que existía una vinculación entre los hechos imputados a Chlimper y su patrocinado, puesto que se le atribuyen aspectos como representante del partido político.
Entonces, debido a que la fiscalía presentó una “imputación en conjunto”, señaló León, “la suerte que caiga sobre su representante, el señor Chlimper, va a recaer inmediatamente en su representada, que era Fuerza Popular en su momento”.
José Nolasco, abogado de Ana Hertz, alegó, ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que ellos ya establecieron un criterio sobre la aplicación de las resoluciones del TC al extender los efectos del fallo a favor de Arsenio Oré Guardia, quien fue excluido del juicio por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
“Ya estableció la aplicación de la extensión a todos los procesados en el juicio oral, al aplicar la resolución del Tribunal Constitucional a favor de Arsenio Oré Guardia, extendiendo sus efectos a todos los acusados por el delito de obstrucción a la justicia”, sostuvo.
Por tanto, anotó que de acuerdo a las resoluciones 35 y 36 de agosto del 2024 que el mismo colegiado emitió, se debe extender el nuevo fallo del TC para todos los implicados y por todos los delitos acusados.
Julio Espinoza Goyena, abogado de Efraín Goldenberg, también solicitó aplicar el efecto extensivo de la sentencia del TC, al considerar que es “inviable” la continuación del juicio oral, “pues existe conexidad de las imputaciones” y el TC ya declaró que la acusación constituye un acto procesal nulo.
Agregó que, de acuerdo al Artículo 51 del Código Procesal Penal establece que la regla es la unidad del proceso, y excepcionalmente es procedente la separación.
Fanny Uchuya, abogada de Adriana Tarazona; Madelaine Reyes, abogada de Pier Paolo Figari; Guillermo Astudillo, abogado de Luis Barboza Dávila; Rafael Vega, defensa de Augusto Bedoya Camere; Jorge Jerí, abogado de Vicente Silva Checa; Sergio Huamán, defensa de Mark Vito Villanela y de la empresa MVV Bienes Raíces Sac; así como Mario Cáceres, abogado de Antonietta Gutiérrez Rosati, se adhirieron al pedido de extensión.

“La sentencia no establece un criterio vinculante para los otros acusados”

Ante las alegaciones, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que se rechace el pedido de Keiko Fujimori y otros co-acusados.
Además, remarcó que el Tribunal Constitucional no ha declarado nula toda la acusación de José Chlimper, puesto solamente se refiere a organización criminal, lavado y obstrucción de la justicia; mientras que en el fundamento 33 de la sentencia desestima el agravio en relación a dicho delito.
“El TC no ha amparado que se le hayan afectado sus derechos a Chlimper por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Entonces ¿cómo van a proceder? Tenemos una opción uno: anular el juicio. Si ustedes optan por esta propuesta del abogado, el criterio de esta fiscalía es que ustedes dejan de ser jueces independientes de un Estado constitucional de derecho y se convierten en una suerte de jueces de Estado legal de derecho, propias de dictaduras”, adujo.
Mientras que, la segunda opción, es que no anulen todo el juicio porque subsiste el mismo contra Chlimper por presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
“Es decir, los acusados, encabezados por Keiko Fujimori le solicitan a ustedes magistrados, que ustedes anulen este juicio. Entonces, el punto de controversia de la digna corte especializada de cara a lo que va a significar la historia de la lucha contra la criminalidad organizada es ¿Van hacer ustedes extensivos los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional para anular este juzgamiento?”. José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato.
En ese sentido, señaló, la facultad de la Sala de juzgamiento es aplicar la sentencia del TC (Exp. 2803-2023-HC) en sus propios términos. Es decir, actuando con la prudencia e imperatividad que el caso amerita; ya que “el TC no ha establecido que los efectos de la sentencia que favorece a José Chlimper, sean vinculante para los otros acusados”.
“He pedido a ustedes que actúen con esa prudencia e imperatividad que requiere el caso. Prudencia, porque la sentencia del TC que favorece a Chlimper no establece un criterio vinculante para los otros”. José Domingo Pérez, fiscal.
De otro lado, alegó que el colegiado de juzgamiento no tiene la competencia para evaluar cuestiones de congruencia procesal, señaladas por el TC, ya que ello corresponde a la etapa intermedia.
Además, recordó que con la sentencia del TC a favor de Arsenio Oré que dispuso su exclusión y la de los otros acusados por ese delito, se ha continuado con el juicio oral desde hace más de cuatro meses.
Por tanto, dijo que no es cierto que no se pueda seguir con el proceso bajo el argumento de existir una “afectación de unidad objetiva”.
Tras escuchar los argumentos, el tribunal concluyó la sesión y anunció que emitirá su pronunciamiento sobre el pedido de nulidad del juicio oral el lunes 13 de enero.

¿Corresponde la aplicación de la extensión de la sentencia del TC?

Andy Carrión, abogado especialista en derecho penal, señaló a El Comercio que sí se puede extender la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, tal como este mismo colegiado ya lo hizo con el caso de Arsenio Oré.
Es decir, excluyó del juicio no solo a Oré Guardia por obstrucción a la justicia; sino a todos los que estaban imputados por este delito. No obstante, remarcó que hacerlo por otros delitos más graves sería “radical”.
“¿Se puede extender? Sí, claro que sí, pero la pregunta es ¿Hasta dónde? Y creo que ese es el punto neurálgico de la discusión que se debe tener ahora ¿Por qué? Porque en el anterior caso únicamente se reconducía al tema de obstrucción a la justicia, y por tanto se retrotrajo por ese delito y para los demás imputados, pero el caso de Chimpler es muy radical (…) El problema es que aquí están casi todos los delitos porque allí están organización criminal, lavado de activos. Entonces, sería muy radical que el colegiado diga de que es inviable el juicio como tal”. Andy Carrión, abogado penalista.
Para el abogado, se presentan dos escenarios. Uno, en una interpretación restrictiva, excluyendo únicamente a Chlimper y manteniendo a los demás co-acusados en el juicio oral.
Ello, teniendo como ejemplo, el voto de la presidenta del TC, Luz Pacheco, donde ya se señalan irregularidades en “todo el caso”. Por tanto, si el colegiado decide avanzar con el juicio, “probablemente se termine cayendo con el paso de los meses, puesto que recursos de los co-acusados llegarán al TC”.
Mientras que, en el segundo escenario, siguiendo la lógica del caso de Arsenio Oré, y deciden aplicar la exclusión de todos los co-acusados por los mismos argumentos que Chlimper, “en realidad estás anulando todo el juicio”.
“Entonces, las dos soluciones son radicales. No sé si ellos quieran hallar un punto medio, pero tampoco creo que el tribunal se quiera comprar un pleito de anular todo el juicio, eso tendría un impacto sensible en todos los casos de Lava Jato”, advirtió.
Un punto medio, sostuvo Carrión, podría encontrarse en lo resuelto por el Colegiado de Juzgamiento en las primeras audiencias, donde los acusados alegaron la falta de imputación necesaria o de congruencia -es decir todo lo hallado por el TC en el caso de Chlimper- y anunció que ello sería resuelto junto con la sentencia.
Yo creo que ese sería el punto medio. Es decir, pueden decir: “excluyo a José Chlimper, no obstante tomamos en cuenta los considerandos del Tribunal Constitucional para el momento en que emitamos la sentencia condenatoria u absolutoria” Andy Carrión, abogado penalista.
El especialista en derecho penal, Miguel Reyes, consideró que la decisión que adopte el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional “será bien trascendente en este caso”.
Recordó que la sentencia del TC en el caso de Chlimper Ackerman detectó que hubo una “acusación sorpresiva”, porque se entiende que las personas solamente pueden ser acusadas por hechos que le fueron imputados a través de la formalización de la investigación preparatoria.
Además, mencionó que el TC, en la sentencia de Nadine Heredia (Exp. 5811-2015-HC) estableció que los procesos de hábeas corpus sí pueden extenderse otros implicados que no han sido parte del proceso de habeas corpus; siempre y cuando se encuentren en la misma situación de afectación.
Por tanto, explicó, el colegiado tendría que ver si la afectación que se ha detectado, también golpea a los demás co- imputados. Es decir, por ejemplo, si a Keiko Fujimori se le imputa A, B y C, debe verificar si en la acusación desarrolla “A, B y C”; porque si además encuentra “D,E y F”, entonces sí estaría en la misma situación que Chlimper.
“Entonces, para qué vas a continuar con un juicio oral que ya está nulo. Creo que el colegiado tiene que, primero, determinar que estén en las mismas condiciones y si determinan ello, pueden declarar la nulidad del juicio oral y devolver todo al juzgado de investigación preparatoria”. Miguel Reyes, abogado penalista.
Advirtió que los jueces que llevan adelante el juicio oral, no pueden ir contra lo que ya resolvió el TC. No obstante, indicó, si deciden no aplicar la extensión, cada uno de los co-acusados, deberán seguir su propio proceso de habeas corpus ante el TC.
“Ellos tendrían que continuar sus propios procesos. Lo que pasa es que no es tan sencillo como tan solo pedirlo. Porque para declararlo extensivo, tengo que tener la misma condición. Es decir, las defensas tienen que demostrar que hay la misma vulneración del derecho a la defensa”, añadió.

Ceremonia de instalación del pleno de la JNJ para el periodo 2025-2030

Se desarrolló la ceremonia de instalación del nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el período 2025 – 2030, integrado por los magistrados Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, María Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo.
En la ceremonia, que contó con la presencia de la presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dio lectura a la resolución que nombra al doctor Gino Ríos Patio, como presidente del organismo constitucional autónomo para el primer año de gestión. El presidente prestó juramento ante el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo, como representante del pleno.
Acto seguido, se dio lectura de la resolución que nombra a la doctora María Teresa Cabrera Vega, como vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia para el año 2025, quien juramentó ante el presidente.
En su discurso, Ríos Patio refirió que la independencia reclama principalmente una responsabilidad inalterable con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad, y es la sociedad que espera que la actuación de la JNJ sea impenetrable a la corrupción.
Agregó que las disposiciones de esta junta deben ser una demostración incuestionable de compromiso con el sistema de justicia y con los valores que inspiran un estado democrático y de derecho. Sobre la imparcialidad dijo que se concibe como una imperiosa exigencia ética, y no solo como un simple estándar técnico.
Finalmente, la presidenta de la república indicó que la Junta Nacional de Justicia como garante de la calidad del servicio judicial guía el camino hacia la mejora continua del sistema de justicia promoviendo la ética y la profesionalidad.
La ceremonia contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zegarra; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; entre otras altas autoridades.
Fuente: www.gob.pe

A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Por Luis Felipe Rodríguez Jiménez– Radio Programas del Perú.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio por concluida la designación del fiscal titular Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Así lo dispuso en una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada: “Dar por concluida la designación del abogado Jorge Wayner Chávez Cotrina, fiscal titular especializado contra la criminalidad organizada de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro -designado en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada- como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada“, indica la disposición en el artículo primero.
La funcionaria asumirá, además, la jefatura de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Cabe resaltar que Jorge Chávez Cotrina fue designado en el cargo en marzo del 2015, por el entonces fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.

¿Por qué el cambio?

Según se indica en la resolución, los cambios se hacen en el marco del proceso de modernización de la gestión pública y alineado con el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): “Incrementar la capacidad resolutiva de casos fiscales requeridos por la sociedad”; objetivo tal que se orienta a mejorar la celeridad del servicio que ofrece el Ministerio Público, con especial énfasis a su función constitucional como titular de la acción penal, lo cual importa la intervención del fiscal como ente encargado de conducir la investigación del delito; por tanto, con incidencia directa en la celeridad procesal“.
“En ese contexto, es de mencionar que, las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas, realizan labores que incluyen la atención de casos complejos que mantienen estrecha vinculación, los cuales requieren enfoques integrales y coordinados para garantizar resultados efectivos en la persecución de delitos que afectan gravemente los derechos fundamentales y la seguridad del Estado; dicha circunstancia, pone de manifiesto la necesidad de unificar esfuerzos y fortalecer estrategias en la investigación de estos delitos que tienen alta sensibilidad social“, indica el documento.
“Por ello, la actuación bajo una única coordinación contribuirá al deber que mantiene el Ministerio Público de garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos. Además, permitirá una mejor articulación de funciones entre los distintos despachos fiscales, maximizando el impacto positivo de sus actuaciones y asegurando una respuesta más eficiente, coherente y alineada con las demandas sociales“, puntualiza.

Por Martín Calderón– Diario El Comercio.
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la fiscalía hacer público, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en el 2019 con la constructora brasileña Odebrecht.
Una copia de ese acuerdo será entregada al conductor de televisión Phillip Butters, quien llevó el caso ante el TC luego de que el Ministerio Público y el Poder Judicial rechazaran que acceda al documento.
El tribunal declaró fundado un recurso de agravio constitucional presentado por Butters “por haberse vulnerado el derecho fundamental de acceso a la información pública”.
Con la resolución, se conocerá el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz de febrero de 2019 y el acuerdo complementario de mayo de ese mismo año. Estos fueron celebrados entre el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato, Odebrecht y los colaboradores Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre.
Desde el 2019, el Ministerio Público mantuvo como reservado el acuerdo con Odebrecht con el argumento de que el proceso especial de colaboración eficaz solo es de conocimiento de la fiscalía, el colaborador, su defensor, el agraviado y el juez a cargo del caso.
En su momento, el Ministerio Público también destacó que a una investigación fiscal solo pueden acceder los sujetos procesales; es decir, las personas o entidades que participan en un proceso judicial.
Además, entre el 2023 y este año, el Poder Judicial resolvió en dos instancias que el acuerdo de colaboración tiene carácter de reservado porque, entre otros motivos, “su develación podría tener efectos nocivos en la lucha contra la corrupción”.
El acuerdo permitió al equipo especial del Caso Lava Jato recibir información y documentos para las investigaciones de los casos Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde tramo Callao. En estos, Odebrecht admitió la entrega de sobornos.
El acuerdo estableció que Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con S/760 millones.
La sentencia judicial que lo homologó fijó que el monto sea pagado en quince armadas hasta el 2034.
No obstante, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional concluyó que con la emisión de la sentencia que aprobó el acuerdo de colaboración eficaz, “la finalidad legítima de la reserva ya no existe y en consecuencia, la reserva cesa, y no resulta oponible para su difusión pública”.
Además, la sala del TC destacó que los colaboradores eficaces del caso Odebrecht ya renunciaron a la reserva de su identidad.
Precisó que mientras un proceso judicial se encuentra en curso, el acceso al expediente es exclusivo de las partes y debe solicitarse de manera directa ante el juez a cargo del proceso. No obstante, una vez que este ha culminado, al contar con sentencia firme o ejecutoriada, “permite que se recobre su carácter público conforme al artículo 139, inciso 4 de la Constitución”.
El mencionado artículo establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos.
La segunda sala del TC concluyó que los fines del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht “ya han producido sus efectos, además de haberse revelado la identidad de los colaboradores con su anuencia”, por ello no encontró razones que justifiquen la restricción de su acceso.
La sala está integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich. Este último fue el ponente del caso.
El expediente de este caso ingresó a la sala segunda del TC el 16 de agosto pasado.
La vista de la causa se realizó el último 2 de diciembre.
La sentencia fue emitida tres días después y, finalmente, publicada este martes 17 de diciembre en la página web oficial del TC.

Ollanta Humala y Martín Belaunde

Por Thalía Cadenas– Diario El Comercio.
Martín Belaunde Lossio, ex asesor de Ollanta Humala, declaró en el juicio contra el expresidente y su esposa, Nadine Heredia, por los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista, que una de las supuestas valijas diplomáticas que llegaron de Venezuela contenía 850 mil dólares.
Indicó que esta información se la brindó la exfuncionaria venezolana Virly Torres y que las maletas fueron enviadas al Perú a través de la empresa de mensajería DHL.
“Virly Torres me contó que había 850 mil dólares que llegaron por DHL y que las recogió de las oficinas de DHL en el aeropuerto. Después de eso, si es que ingresaron más valijas, no sabría cuantificar el monto, pero ya he dicho que es entre 4 y 6 millones”, respondió a la consulta del abogado de Nadine Heredia, Julio Espinoza.
En el contra interrogatorio, Espinoza también le preguntó si le constaba la procedencia del dinero y el ingreso a través de valijas diplomáticas.
“Me consta el ingreso a través de dos mochilas, lo demás me lo han contado”, contestó Belaunde.
El empresario ratificó así la versión que dio en una audiencia anterior sobre el aporte del régimen chavista para la campaña de Humala. El dinero, de acuerdo con su testimonio anterior, fue utilizado para pagar la pauta publicitaria de la campaña del exmandatario en el 2006.
En otro momento, el ex asesor reiteró que recibió 400 mil dólares en el 2006 de la mano de Jorge Barata, entonces representante de Odebrecht en el país, para la campaña nacionalista de ese año.
Detalló que el día que recogió el dinero en las oficinas de Odebrecht en Chacarilla (Surco) también estaba presente Raimundo Trinidad, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de relaciones institucionales de la constructora.
A la consulta de por qué recién brinda ese detalle, respondió que no le pareció trascendente.
Además, volvió a afirmar que Jorge Barata no dijo la verdad cuando negó conocerlo. “No ha dicho la verdad porque a mí me conoció y entregó el dinero”, expresó.
De otro lado, indicó que la expareja presidencial le pidió suscribir un contrato para sustentar ingresos para su crédito hipotecario.
“Me pidieron un contrato para sustentar ingresos, pero no conozco las fechas ni nada del crédito hipotecario”, dijo. Dicho documento se suscribió con su empresa Centros Capilares.
Humala amplía su declaración
En la audiencia también participó Humala para brindar una ampliación de su declaración.
El expresidente negó que conozca a Belaunde desde fines del 2005, señaló que su vínculo con él se inició a fines de marzo del 2006.
Calificó de mentira que el hoy colaborador eficaz haya sostenido reuniones con Virly Torres y la entrega del dinero chavista. “Rechazamos de plano haber recibido aportes de Venezuela y de Odebrecht. Para acusar hay que hacerlo bien”, expresó.
Además, sostuvo que el testimonio de Belaunde sería una represalia por no haber impedido su extradición en el 2015 cuando era presidente, como se lo había solicitado el padre del empresario.
Martín Belaunde Lossio fue extraditado en el 2015.
“[Dijo que] Si no impedía la extradición de su hijo, nunca me lo iba a perdonar. Esto puede explicar la conducta de la familia Belaunde”, remarcó.
La fiscalía acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Se les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de las constructoras brasileñas Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente.
Por estos cargos, pide una condena de 20 años de prisión para el expresidente y de 26 años y seis meses para la ex primera dama. Además, se requiere la disolución del Partido Nacionalista.
Respuesta de la defensa
En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, afirmó que las declaraciones de Belaunde se sustentan solo en dichos y cuestionó que los acuerdos de colaboración eficaz “no tengan rigor”.
Asimismo, indicó que Belaunde se contradice en sus declaraciones sobre Jorge Barata y la entrega de los 400 mil dólares.
Añadió que el entonces representante de Odebrecht en el Perú ha afirmado que recién conoció a Humala a fines del 2006, en el Cade, y no cuando era candidato presidencial.
Finalmente, estimó que el juicio contra su patrocinado culminará a fines de febrero del 2025.

Por Mariella Balbi- Diario Expreso.
Quienes seguimos atónitos la asunción y caída del exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry, durante el gobierno del ‘Lagarto’ Vizcarra, vemos complacidos cómo la verdad sale a luz. El magistrado, de intachable reputación, honesto al 100%, cabal, íntegro, logró, por sus méritos, llegar al puesto más alto en su institución. Como en las novelas de intriga, jamás imaginó que el propio presidente de la República se encargaría de sacarlo malamente del cargo. La razón es simplísima: era demasiado honesto. Después de cuatro años, un colaborador eficaz, exministro de PPK, reveló lo que todos sabíamos. Vizcarra, quien ya había ‘comprado’ al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez para el caso Chinchero, no podía controlar a Chávarry, quien estaba dispuesto a revisar las 46 investigaciones fiscales que tenía en Moquegua.
Para bajárselo, Vizcarra logró el apoyo de los medios vinculados al latrocinio de Odebrecht y de los que ‘masajeaba’ con publicidad estatal. Previamente (julio de 2020), el IDL lanzó una bomba en una pecera: el caso ‘Los Cuellos Blancos’ y filtró audios convenientemente, teniendo al país en vilo más de cinco meses. Una conversación inocua de Chávarry con un vocal supremo, ‘el hermanito’, se convirtió en un escándalo de polendas. El ataque mediático en su contra fue brutal, pocas veces visto. Nadie puede enfrentar semejante avalancha de mentiras. Le dieron como a piñata. Con semejante campaña demoledora, su imagen quedó perforada.
Al mismo tiempo, Chávarry fue traicionado por el fiscal Vela, a quien nombró confiando en él. Este, a su vez, incorporó al equipo Lava Jato al desequilibrado fiscal Pérez. A Vela se le remarcó que la insania de Pérez desvirtuaría la lucha anticorrupción. Dijo: necesitamos un chacal. Su presencia solo sirvió para difamar a Chávarry y soliviantar a la institución, siempre apoyado por la campaña mediática.
Ahora que conocemos la verdad, el fiscal Chávarry debería ser desagraviado. El ridículo juicio que lleva debe finiquitarse y ser repuesto, aun sea por corto tiempo. Es un derecho. La infamia y la vejación vividas ya le causaron enorme daño: tiempo perdido, salud, dinero en su defensa legal, indignación, desánimo. Pero un resarcimiento público y la reposición simbólica son tareas que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debería emprender. La JNJ debe ser amonestada por su prepotencia y su abierta politización.
El caso Chávarry es emblemático; son muchas instituciones implicadas. El telón de fondo es la corrupción, esa plaga que crece y se extiende en cada rincón del país. Con acierto, la fiscal Espinoza desactivó el Eficcop, brazo político del Ministerio Público que, junto con la policía política DIVIAC, ha extorsionado y chantajeado a quienes han querido.
La presidenta Boluarte ha pedido, con razón, ser citada por la fiscal de la Nación para aclarar sus temas. Se volantean las declaraciones en su contra y la mandataria no puede hacer su descargo, denigrando su imagen. La campaña anti-Boluarte tiene un propósito político: sacarla del gobierno. Nuevamente, el telón de fondo es la corrupción, intereses que la quieren lejos del cargo. En los cuentos de hadas, los buenos siempre ganan. En la realidad, no. La decisión deshonesta de un funcionario público, municipal, judicial, regional, policial le arruina la vida al ciudadano. Lo sabemos quienes padecemos la corrupción. Esperemos que Vizcarra sea interrogado sobre el caso Chávarry.

Guerrillero que acompañó a poeta Javier Heraud está involucrado en caso de Odebrecht

El guerrillero Pedro Morote que formaba parte del grupo que ingresó al Perú con Javier Heraud, por la ciudad de Madre de Dios, en Puerto Maldonado, está involucrado en el caso de megacorrupción de Lava Jato, según reveló la periodista de investigación, Jenny Zúñiga Mourao.
Estas declaraciones fueron formuladas por la escritora, en la presentación del libro “En los zapatos de Javier Heraud, confrontando la posverdad”, que contiene sorprendentes revelaciones sobre la vida y el asesinato del poeta peruano.
Asimismo, Zúñiga Mourao explicó que en su investigación encontró muchos indicios del enriquecimiento ilícito de parte del exguerrillero Morote, quien acompañó a Heraud en la trágica aventura guerrillera. “Se perdió en un yucal el mismo día de la muerte de Javier Heraud. Todos recuerdan que él durmió a su lado, la misma noche que desaparecieron los pertrechos, el dinero y las cuentas de la guerrilla”.
Pedro Morote, exguerrillero y compañero de Javier Heraud.
Refiere la escritora que meses después de la muerte de Heraud, Morote se compró un carro nuevo y luego de algunos años aparece como dueño de La Palizada; un restaurante de moda en los años 70 y 80. Él afirmó que recibió una herencia, sobre la cual nunca mostró documentos. “Descubrí que llegó a tener un patrimonio de 2 millones de soles en un momento”, señala Jenny.
Resumen de adquisiciones de Pedro Morote. JZM
LA POSVERDAD DE LAS GUERRILLAS
“No ha sido fácil la investigación para escribir este libro. He encontrado la posverdad de las becas para estudiantes a Cuba, en el inicio de los 60´. Muchos jóvenes, como Javier, durante el gobierno en dictadura en el año 1962, realizaron muchos esfuerzos para salir del país, ilusionados para estudiar en el extranjero. No importaba el lugar. Lo principal era salir y convertirse en profesionales, lo cual no resultó para todos”, escribe Jenny Zúñiga.
“Detrás de todo estaba el guerrillero Fidel Castro, reconocido por sus ultimas victorias de esa época. Todos los jóvenes querían conocerlo, y por qué no, saborear de alguna forma sus logros y tal vez seguirlo. Por esta poderosa razón es que preferimos ponernos los zapatos de Javier Heraud para comprenderlo todo”, explica Zúñiga.
El poeta Javier Heraud y su padre.
En el libro, la escritora expone la forma en que se genera una apresurada operación de guerrilla en el Perú, al poco tiempo de recibir una obstruida instrucción militar, para formar guerrilleros, a jóvenes desde los 19 años. En Cuba, el mismo Fidel los agrupa con otros guerrilleros mayores, y con ellos se prepara la gran marcha como dijo el Che Guevara para el Perú, la cual sería liderada por Héctor Béjar.
Por alguna razón que todavía no esta clara, se separa la guerrilla en Bolivia y Javier Heraud y otros más cruzan la frontera. La hipótesis de Zúñiga que desarrolla en este libro, es que un traidor se encarga de dar detalles del ingreso al Perú de los guerrilleros que coincidía con un gran mitin de Belaúnde en la plaza central de Madre de Dios. Los delatan, y desde el primer momento que cruzan el río, los persiguen en la ciudad. Más tarde una historia con poco detalles, explica el asesinato de Javier en una pequeña canoa al lado del sobreviviente Alain Elías Caso.
El desafiante río Madre de Dios, otro protagonista en esta historia. Foto JZM.
“Confrontar la posverdad después de 56 años es lo que nos corresponde como periodistas. Nosotros cumplimos con entregarles los mejores testimonios recogidos durante todos los tiempos”, precisa la autora en esta publicación.
“En los zapatos de Javier Heraud” es una nueva forma de comprender y desarrollar el periodismo de investigación, en los enrevesados caminos de la Literatura. Está disponible en la librería “El Virrey” en Miraflores, y en Amazon.
Yo no me río de la muerte. Sucede simplemente, que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles— Javier Heraud.
Fuente: https://jennyzunigamouraohome.wordpress.com/