El resultado de las elecciones en Ecuador. (AFP).

Por Roger Zuzunaga Ruiz– Diario El Comercio.
Analistas ecuatorianos describen la serie de errores cometidos por el correísmo y su candidata Luisa González que terminaron por facilitarle el triunfo al presidente Daniel Noboa.
El presidente Daniel Noboa ganó las elecciones en Ecuador con una ventaja de 12 puntos sobre su rival la correísta Luisa González. La candidata de izquierda había sumado la adhesión de buena parte del movimiento indígena, cuyo representante se ubicó en el tercer lugar. ¿Qué pasó? ¿De qué manera se fortaleció el presidente y qué errores cometieron González y el partido Revolución Ciudadana?
Noboa, de 37 años, estará cuatro años más en el cargo que asumió hace 17 meses, al ganar la elección que siguió a la convocatoria de comicios adelantados efectuada por el presidente Guillermo Lasso.
Una vez oficializada la victoria de Noboa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), González y el expresidente Rafael Correa denunciaron fraude, aunque no mostraron pruebas.
El claro triunfo de Noboa se dio a pesar de que Ecuador registra un repunte de la criminalidad. Solo en enero se contabilizaron 781 asesinatos, convirtiéndolo en el mes más violento en la historia del país.
La seguridad es el tema que más preocupa a los ecuatorianos y Noboa ha hecho de la mano dura contra el crimen el eje central de su gestión. En enero del 2024, declaró terroristas a más de 20 bandas criminales. Además, decretó que en el país hay un conflicto armado interno, lo que permitió el despliegue de militares para hacer labores policiales.
Durante la campaña electoral, Noboa habló de permitir que Estados Unidos envíe fuerzas especiales a Ecuador y ha recibido al exmilitar Erik Prince, fundador de la empresa de mercenarios Blackwater y quien en la actualidad asesora a las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
En el lado del correísmo, la derrota del domingo fue la peor desde que Rafael Correa dejó el poder en el 2017.
Las razones de la victoria de Noboa
Simón Pachano, sociólogo y analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), le dijo a El Comercio que en primer lugar Noboa ganó porque en esta segunda vuelta se fortaleció el voto anticorreísta.
Agregó que una serie de errores de la campaña de Luisa González en esta segunda vuelta fueron claves para ese fortalecimiento del anticorreísmo.
“Hablaron de ir a una desdolarización, cuando la gran mayoría de ecuatorianos apoya la dolarización. Además, las personas tenían temor a limitaciones a las libertades, a la persecución política por una serie de declaraciones de Rafael Correa. También fueron negativas las declaraciones de la candidata sobre Venezuela, lo que hizo temer una situación similar a la de ese país, incluso llegó a decir que Venezuela está mejor que Ecuador”, agregó Pachano.
El analista consideró que otro error de la Revolución Ciudadana fue elegir a una candidata a presidente y al vicepresidente, Diego Borja, sin arrastre electoral.
“Borja incluso es muy cuestionado en las filas del correísmo. Fue ministro de Correa, después se fue totalmente a la oposición, salió en manifestaciones públicas callejeras en contra de Correa y gritando ¡fuera Correa fuera! Y ahora vuelve de esta manera. Entonces, eso generó mucho rechazo”, sostuvo.
“Rafael Correa escogió muy mal a sus candidatos. Él los escoge, no hay una democracia interna en ese partido, él impone y él quiere evitar que el candidato o la candidata se convierta en un nuevo Lenin Moreno, es decir, que actúe por su cuenta. Él quiere tener un títere”, explicó.
Pachano mencionó que en los últimos días circularon unos chats entre los hermanos Augusto y Abraham Verduga, que están en poder de la Fiscalía y en donde se habla de presuntas coordinaciones con figuras claves del correísmo para influir en nombramientos de autoridades públicas y de estrategias para consolidar su poder dentro del Estado.
Agregó que el llamado de las autoridades electorales para que las personas mayores de 65 años acudan a votar también terminó favoreciendo la candidatura de Noboa.
Por su parte, el analista político Farith Simón le dijo a El Comercio que no considera al anticorreísmo como clave para el triunfo de Noboa, pues sostuvo que se trata de un voto fijo que aparece en cada elección.
“A partir de esa realidad se construyen las campañas: sobre el voto fuerte correísta y sobre el voto fuerte anticorreísta. Desde ese momento las campañas buscan captar a quienes no están en esos bandos. En realidad, en las últimas semanas desde el correísmo se cometieron demasiados errores”, anotó.
“La acumulación de errores, más la revelación de los audios famosos entre partidarios de Correa que daban cuenta de su control político o su intento de uso de los espacios de representación para nombramiento de gente cercana hicieron la diferencia”, indicó.
Entre los errores Simón también mencionó en primer lugar a la desdolarización.
Segundo, el discurso sobre los gestores de paz como propuesta frente a la inseguridad, y donde se iba a gastar 72 millones de dólares. En este punto, el analista sostuvo que la gente asoció la propuesta con la Milicia Bolivariana implementada por el chavismo en Venezuela.
En tercer lugar, Simón resaltó el discurso que adopta el correísmo cuando está a punto de triunfar, que es de enojo, de odio, de venganza, algo que asusta a los votantes.
“Entonces, mucha gente que había decidido votar nulo, en rechazo a Noboa porque el presidente tampoco ha aparecido como un demócrata respetuoso del Estado de derecho, cambió de opinión y lo respaldó. Por esos errores del correísmo terminaron escogiendo el mal menor“, aseveró.
El candidato de la seguridad
En cuanto a las fortalezas de Noboa, Simón dijo que la estrategia que le funcionó fue presentarse como el candidato capaz de enfrentarse a la delincuencia organizada.
“Pero repito, yo creo que él gana por esos votos de rechazo a las últimas acciones del correísmo, no como una adhesión a sus propuestas”, insistió Simón.
“La gente que votó en primera vuelta por él fue por adhesión a sus propuestas y a su discurso, claramente. Pero mucha gente que votó en segunda vuelta no lo hizo por él, sino por miedo a la otra alternativa”, remarcó.
Pachano sostuvo que tanto Noboa como González apuntalaron un discurso de mano dura, “pero él tenía algo más que presentar, como ir a visitar a Donald Trump, traer a Ecuador al mercenario de Blackwater”.
Sin embargo, Pachano sostuvo que ninguno fue más allá, con propuestas relacionadas con diezmar al narcotráfico mediante el seguimiento de la ruta del dinero, neutralizar la penetración del crimen en la política, en las empresas, en el Poder Judicial. “Se quedaban en el bukelismo”.
¿Tiene Noboa cheque en blanco?
Farith Simón dijo que Noboa debe entender que la amplia ventaja que sacó no significa que va a tener cheque en blanco.
“Él no puede decir que ha ganado porque la gente está totalmente a favor de su propuesta, pues hay mucha gente que tiene temor por ciertos rasgos autoritarios de Noboa, de irrespeto al ordenamiento jurídico”, dijo.
“Si Noboa entiende que la elección la ganó porque hay un conjunto de personas con temor al autoritarismo, al abuso, a regresar a viejas prácticas políticas, entonces entenderá que hay un discurso básico que debe asimilar: el respeto a las reglas del juego”, enfatizó.
Por su parte, Pachano cree que Noboa va a tener un gobierno difícil, pues no tiene un partido político, es una figura aislada, y ganó por el anticorreísmo. Resaltó que en la Asamblea Nacional hay casi un empate entre su bancada y la del correísmo, lo que le puede traer problemas a la hora de pasar leyes o reformas que sean necesarias.
Además, dudó de que pueda seguir empujando su idea de convocar a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de Correa. “No creo que vaya a seguir con esa idea, fue una cosa muy de campaña y no pensada, lo que lanzó hasta ahora no tiene ningún contenido”.

Las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) se han consolidado en las últimas décadas como la institución dominante en el ecosistema de la sociedad civil, acaparando una cantidad desproporcionada de recursos y poder en el ámbito internacional. Los actores locales siguen siendo marginados y, en gran medida, excluidos de la toma de decisiones. Muchos actúan a menudo como simples subcontratistas del sector de las ONGI o se enfrentan a la competencia directa, ya que estas han buscado establecer sus propias organizaciones “locales“. Sin embargo, esta posición dominante se ve amenazada.
Las ONGI se encuentran al borde del declive, al tener que afrontar una serie de desafíos en los últimos años: desde escándalos de explotación sexual hasta acusaciones de salvacionismo blanco, lo que ha dado lugar a demandas cada vez más audibles de “descolonización” y desviar el poder y los recursos de forma más directa hacia los actores locales. En algunos casos, los financiadores están atendiendo estas demandas, alejándose por completo de las ONGI.
“El Problema de las ONGI” explora estos desafíos, basándose en la experiencia personal del autor, y profundiza en las historias de líderes de todos los sectores de la sociedad civil global. Se basa en el trabajo del Proyecto RINGO, una iniciativa de cambio sistémico para «Reimaginar las OING» y sus relaciones con las organizaciones locales de la sociedad civil. El proyecto explora cuestiones complejas en torno a la raza y el poder, y ofrece ideas para nuevos sistemas de rendición de cuentas, gestión de riesgos, financiación, gobernanza y más.

Paola Ugaz, John Allen Jr., su esposa Elise, Pedro Salinas, Jordi Bertomeu y Renzo Orbegozo.

Las ‘amistades peligrosas’ de monseñor Jordi Bertomeu Farnós, el agente 007 del Vaticano: conflictos de interés y borrado de webs

Las informaciones publicadas  por EL ESPAÑOL sobre Manel Riera, mano derecha de Bertomeu en Perú, han provocado una limpieza de pruebas y una campaña mediática que desvela conflictos de interés en la investigación sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.

Por Luciano Revoredo- LaAbeja.pe
El caso del Sodalicio ha destapado una trama que va más allá de los abusos denunciados: un escándalo de supuesta corrupción, conflictos de interés y una red de relaciones que cuestionan gravemente la imparcialidad de quienes lideran la investigación desde el Vaticano. En el centro de esta controversia está Jordi Bertomeu, conocido como el “007 del Vaticano” por su rol en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, cuya reputación de objetividad se desmorona ante evidencias contundentes de su cercanía con personas interesadas en los casos que “investiga” y su asociación con figuras de reputación dudosa.
El 19 de marzo de 2025, el diario El Español destapó la primera pieza de este rompecabezas en un artículo titulado “Bertomeu, el sacerdote del Papa contra el abuso a menores, se asocia en el Perú con un ex de CiU investigado por corrupción”. Este reportaje expuso la estrecha relación entre Bertomeu, el cardenal Carlos Castillo y Manel Riera, su mano derecha en el Perú. Riera, un exmilitante de Convergència i Unió (CiU) investigado por irregularidades urbanísticas en Moià (Barcelona), fue designado por Bertomeu como liquidador de organizaciones ligadas al Sodalicio. Su única “experiencia” en el ámbito es haber gestionado Company for the Protection of Minors and Vulnerable People Ltd., una empresa fantasma en el Reino Unido con empleados ficticios generados por inteligencia artificial, y We Are Free, una web opaca que pedía donaciones para combatir abusos en la Iglesia. Tras la publicación, ambos sitios fueron borrados en un intento descarado de eliminar pruebas. ¿Coincidencia? Difícilmente.
Pero la podredumbre no termina ahí. El 9 de abril de 2025, El Español dio un golpe aún más duro con “Las ‘amistades peligrosas’ de monseñor Bertomeu, el agente 007 del Vaticano: conflictos de interés y borrado de webs”. Este artículo reveló una fotografía comprometedora tomada en Roma, en la casa de los periodistas John L. Allen y Elise Ann Allen (Crux), un día después de la expulsión de miembros del Sodalicio por orden del Vaticano. En la imagen, Bertomeu aparece celebrando con vino junto a Pedro Salinas, Paola Ugaz, los Allen y Renzo Orbegozo, exmiembro del Sodalicio. Esta escena no es un simple brindis: es la prueba gráfica de una alianza entre el supuesto juez vaticano y los principales acusadores del Sodalicio.
Salinas y Ugaz, autores del libro Mitad monjes, mitad soldados, han convertido su cruzada personal contra el Sodalicio en una obsesión que habrá de redituar pingües beneficios económicos en su momento. Salinas, exmiembro de la organización hace cuatro décadas, fue condenado en 2019 por “difamación agravada” tras difamar al arzobispo de Piura, y su falta de rigor periodístico ha sido expuesto por el abogado Percy García Cavero en el libro El caso Pedro Salinas en la Justicia del Perú. Ugaz, por su parte, ha publicado decenas de artículos en La República —69 entre marzo de 2024 y febrero de 2025, según El Español— abogando por la disolución del Sodalicio, citándose a sí misma o a Salinas como fuentes principales. Esta coordinación mediática no es casualidad: es una estrategia orquestada.
La foto comprometedora adquiere un significado aún más siniestro cuando consideramos el contexto. Según Giuliana Caccia, víctima de una campaña difamatoria liderada por estos mismos periodistas, la imagen fue tomada justo después de que Bertomeu firmara un precepto que amenazaba con excomulgarla a ella y a Sebastián Blanco por denunciarlo por violación del secreto profesional. Aunque el Papa Francisco revocó esa amenaza en una audiencia privada, la celebración de Bertomeu con sus aliados sugiere una victoria anticipada, un brindis por el poder que esta red ejerce sobre el destino del Sodalicio y otras de sus víctimas.
¿Podemos confiar en la inocencia o imparcialidad de Bertomeu? Él niega haber filtrado información a estos periodistas, pero la evidencia habla por sí sola. Su alianza con Riera, un hombre envuelto en sombras de corrupción, y su intimidad con Salinas, Ugaz y los Allen —todos comprometidos en una campaña difamatoria contra el Sodalicio y sus críticos— apuntan a una conspiración. No se trata solo de conflictos de interés: es un complot para manipular el proceso vaticano, silenciar a los disidentes y garantizar un desenlace favorable a los intereses de este grupo. La limpieza de pruebas digitales tras las publicaciones de El Español y la feroz contraofensiva mediática, con ataques como los de Salinas calificando a este diario como “esa cosa” y a sus investigaciones como “manipulación orquestada por payasos”, solo refuerzan la sospecha de que hay mucho que ocultar.
El Vaticano debe responder sobre Bertomeu, si es el “007” de la justicia eclesial, ¿quién vigila al vigilante? Esta red de amistades peligrosas no solo pone en duda la legitimidad de sus actos, sino que mancha la credibilidad de la Iglesia en su lucha contra los abusos. La verdad merece salir a la luz, no ser enterrada bajo francachelas romanas con copas de vino y pactos en la sombra.
El Vaticano no puede seguir mirando al otro lado. Bertomeu, supuesto paladín de la verdad, parece más un titiritero de una red que mezcla corrupción, difamación y poder mediático. ¿Es este el hombre en quien confía el Papa para sanar las heridas de la Iglesia? La foto de Roma, los borrados de webs y las sombras de Riera revelan una sola cosa: aquí no hay justicia, hay complot. Es hora de que se investigue a los investigadores y se desenmascare esta farsa.

La foto: el 007 del Vaticano es 000 en honestidad

¿Qué hacía Monseñor Jordi Bertomeu celebrando la expulsión de sodálites junto con mis acusadores, cuando él debía ser un investigador imparcial nombrado por el Papa?

Por Alejandro Bermudez– www.hoyenlaiglesia.org
El diario El Español, que recientemente reveló las sospechosas conexiones entre un oscuro empresario catalán y Jordi Bertomeu —el funcionario vaticano al que su séquito gusta llamar “el 007” o incluso “el Van Helsing” (cazador de brujas) de la Iglesia—, ha publicado este 9 de abril un nuevo y explosivo artículo titulado: “Las ‘amistades peligrosas’ de monseñor Bertomeu, el agente 007 del Vaticano: conflictos de interés y borrado de webs”.
Firmado por Jorge Calabrés, subdirector del diario, el artículo gira en torno a una reveladora —y hasta ahora desconocida— fotografía que muestra a Bertomeu celebrando junto a la periodista peruana Paola Ugaz, John L. Allen (fundador del portal de noticias Crux), su esposa y periodista Elise Ann Harris, Pedro Salinas y Renzo Orbegozo, exmiembro del Sodalicio.
“Lo más llamativo son el lugar y la fecha: la fotografía fue tomada en la casa de la pareja Allen en Roma apenas un día después de la expulsión de varios miembros del Sodalicio de Vida Cristiana por orden del Vaticano”.
La imagen, en otras palabras, confirma lo que muchos ya sospechaban: que Bertomeu, en lo que respecta a honestidad e imparcialidad, es en realidad un “000”. En el caso del Sodalicio, ha actuado como juez, parte, jurado y ejecutor.
Calabrés detalla que, tras la publicación de su anterior investigación, no solo comenzó una “limpieza” digital de los rastros comprometedores del empresario Manel Riera —sospechoso colaborador de Bertomeu—, sino que: “se desató una campaña mediática en defensa de Jordi Bertomeu. El medio católico progresista Religión Digital aseguró que existía ‘una campaña de desinformación’ y acusó a diversos medios de ser ‘sicarios mediáticos’ que participan en la viralización de ‘fake news’ sobre Bertomeu“.
Pedro Salinas, autoproclamado periodista independiente, también se sumó a los ataques contra El Español. En un extenso video de dos horas subido a YouTube, se refiere al periódico como “esa cosa”, denuncia ataques “travestidos en plan drag queen” y califica la investigación como una maniobra de “payasos”.
Sin embargo, Calabrés responde con hechos: “Pedro Salinas fue condenado en 2019 por ‘difamación agravada’ tras atacar al arzobispo de Piura. Sus métodos han sido expuestos en detalle por el abogado peruano Percy García Cavero en el libro ‘El caso Pedro Salinas en la Justicia del Perú’, donde se examinan sus tácticas difamatorias y su evidente falta de rigor periodístico”.
Pero el periodista español regresa a la fotografía y a su gravedad, y apunta que Paola Ugaz es “colaboradora” del diario socialista La República, medio que ha publicado 69 artículos entre marzo de 2024 y febrero de 2025 en contra del Sodalicio o sus miembros, “la gran mayoría abogando por la disolución de la organización”.
“Paola Ugaz no solo es una de las principales autoras de estos artículos, sino que, cuando no los firma, es citada como fuente principal por sus compañeros. La otra fuente recurrente en estos artículos es, nuevamente, Pedro Salinas.”
Calabrés revela que, tras la publicación de su primer artículo —el que provocó la apoplejía de la “barrita brava” de Bertomeu— “varias fuentes anónimas han revelado datos concretos sobre la cercanía entre Jordi Bertomeu y los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz”.
“La fotografía muestra un claro momento de celebración con lo que aparenta ser vino, en una gran complicidad entre los invitados. La cercanía de Jordi Bertomeu con las voces más críticas del Sodalicio es evidente, pese a su papel encargado de una investigación por parte del Vaticano —una figura a medio camino entre un fiscal y un juez en el mundo civil—. Su proximidad manifiesta con los militantes de la disolución, una de las partes involucradas en el caso, suscita interrogantes sobre la imparcialidad y calidad del proceso de disolución“.

La parcialidad de Bertomeu

Yo fui uno de los acusados por Bertomeu cuya expulsión se estaba celebrando en esa imagen. Y puedo dar testimonio de que todo el proceso de investigación contra mí y mis hermanos fue opaco, arbitrario y violatorio de los más mínimos estándares del debido proceso. Bertomeu no fue solo ejecutor, sino titiritero escondido.
Para empezar, ningún documento emitido durante el proceso contra mí fue firmado por él. Jamás me dirigió una pregunta directa, ni ofreció oportunidad alguna para ejercer mi legítima defensa ante él.
Las acusaciones en mi contra llegaron en un documento firmado por Monseñor Philippe Curbelié, subsecretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y completamente desvinculado de la sección donde trabaja Bertomeu. Cuando un cardenal amigo le preguntó a Curbelié por qué había rubricado cartas que no correspondían ni a su departamento ni a su competencia, el prelado francés respondió, visiblemente incómodo: “porque me lo ordenaron”.
Las acusaciones —cuya grotesca naturaleza compartiré cuando Bertomeu sea destituido en el próximo pontificado y el proceso sea oficialmente reconocido como ilegítimo— fueron firmadas por Pedro Salinas, Austin Iverigh, Elise Ann Harris, Dawn Eden Bronstein, Christopher White y una periodista que pidió mantener el anonimato, identificada únicamente como “Mrs. X”. En la fotografía revelada por El Español, aparecen dos de mis acusadores brindando con Bertomeu.
Por exigencia de Mrs. X, la carta de Curbelié —es decir, de Bertomeu— estipulaba que las acusaciones de 17 páginas, redactadas en español, italiano e inglés, no debían serme entregadas, sino solo leídas en voz alta. En otras palabras, se me prohibió siquiera sostener en mis manos las acusaciones que debía rebatir.
Tan pronto como recibí el contenido verbal de las acusaciones, envié una carta a Curbelié (ya que figuraba como firmante), con copia al cardenal Víctor Manuel Fernández -en su calidad de prefecto-, a Bertomeu y al nuncio apostólico en el Perú, Paolo Gualtieri.
En esa carta, además de reclamar el elemental derecho a la legítima defensa, expresé mi profunda preocupación: “por un posible conflicto de intereses derivado de la relación entre algunos de mis acusadores y uno de los principales investigadores de mi comunidad en Lima, Monseñor Jordi Bertomeu.”
Cité el libro Sin noticias de Dios, en el que: “Pedro Salinas dedica más de un capítulo a describir en detalle su estrecha relación con Monseñor Bertomeu, a quien llama por su nombre de pila ‘Jordi’, desde principios de 2019. Su libro incluye descripciones de visitas a restaurantes romanos juntos, cervezas en la habitación de Monseñor Bertomeu en Roma y conversaciones íntimas que incluyen juicios compartidos y severos contra quienes ya consideran ‘culpables’ de ser ‘abusadores’, a pesar de que las investigaciones [del Sodalicio y de mí] aún estaban en curso.”
También señalé como “inquietante” que Elise Harris publicara en Crux un artículo en el que no solo revelaba la existencia de la investigación, sino que incluía la lista exacta de los acusados, incluido mi nombre… antes de que esa información llegara a las autoridades del Sodalicio.
Es decir, acusé a Bertomeu no solo de parcialidad manifiesta, sino de filtrar información confidencial de un proceso que, oficialmente, debía ser reservado.
La recepción de mi carta fue confirmada por los sellos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero jamás obtuve una respuesta.
La única contestación provino del Nuncio Apostólico en el Perú.

Expulsión y Celebración

Después de presentar mi defensa ante un investigador independiente aprobado por el Vaticano —quien me declaró inocente y no punible—, llegó, sin más explicación, el decreto de expulsión cocinado por Bertomeu. Nunca firmado por él, sino por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, bajo la prefectura de Sor Simona Brambilla… y rubricado por el Papa Francisco.
Mis acusadores —estos “periodistas” amigos de Bertomeu— incluso visitaron a Sor Simona para presionar por la supresión del Sodalicio. Aquí está la foto de esa reunión.
Los acusadores del Sodalicio tienen pleno derecho a opinar y presionar en los dicasterios que deseen. ¿Pero qué hace Bertomeu, supuesto investigador imparcial, participando de esa reunión?
Todo indica que el Van Helsing del Vaticano ya había decidido, de antemano, a quiénes iba a eliminar. Todo lo demás —las cartas, las visitas al Perú, los artículos elogiándolo— fue simplemente kabuki, el exagerado teatro ritual japonés.

Supresión de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación

Los miembros de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación confirmamos, como se ha hecho público en los últimos días, que hemos sido recientemente informadas que el Papa Francisco ha decidido suprimir nuestra comunidad, junto con las demás instituciones iniciadas por el Sr. Luis Fernando Figari, por considerar que estas carecen de carisma.
https://fraternas.org/…/comunicado-de-la-fraternidad…/
Después de que un enviado del Vaticano anunciara informalmente a principios de este año la noticia de su supresión, la Fraternidad Mariana de Reconciliación, con sede en Perú, dijo que el proceso ya se ha formalizado y ha comenzado un período de liquidación.
En un comunicado, la Fraternidad Mariana de Reconciliación (FMR) anunció que un día antes, el español monseñor Jordi Bertomeu, funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano y comisionado papal para la liquidación de la FMR, había “emitido un decreto de supresión” del grupo.
Fue firmado junto a la Superiora General del FMR, Luciane Vieira Urban, quien estuvo acompañada por la tesorera del grupo, Florencia Silva Cabrera.
El decreto que suprime el grupo había sido firmado previamente por la hermana italiana Simona Brambilla MC, Prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y aprobado en forma específica por el Papa Francisco el mismo día.
Este es el primero de cuatro decretos similares que eventualmente serán oficializados y publicados para suprimir las cuatro ramas del Sodalitium Christiane Vitae (SCV), una Sociedad de Vida Apostólica con sede en Perú que se ha visto envuelta en escándalos durante la última década.
“La supresión de la Fraternidad, junto con los otros tres institutos fundados por el laico Luis Fernando Figari Rodrigo, se debe a la falta de un carisma de origen divino en el fundador, así como a los abusos y comportamientos indebidos y abusivos de Figari y muchos de sus colaboradores”, dijo el FMR en su comunicado.
Se hicieron esfuerzos de reforma dentro de cada una de las comunidades, y esto “se tomó en cuenta en el acto de represión”, dijo el FMR, señalando que a pesar de su propio proceso de renovación, en curso desde 2011, ellos como institución “no han sido inmunes al abuso psicológico y al abuso de conciencia en su seno”.
Fundada en 1991 por el laico peruano Luis Fernando Figari, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR), se considera parte de la familia espiritual “Sodálite” más amplia, que consiste en el SCV, el Movimiento de Vida Cristiana (CLM), y una comunidad de monjas llamada Siervas del Plan de Dios (SPD).
Durante más de una década, el SCV se ha visto envuelto en escándalos que rodean a Figari y otros miembros de alto rango, 14 de los cuales fueron expulsados ​​del grupo el otoño pasado, antes de que se tomara la decisión de suprimirlo.
El otoño pasado, unas 30 ex miembros del FMR relataron a Crux experiencias similares de abuso y maltrato en su institución, así como abusos que dijeron haber sufrido por parte de miembros del SCV, incluido el abuso sexual de al menos cinco mujeres en el FMR.
El FMR recibió su aprobación canónica formal en 2011, el mismo año en que denunciaron el abuso sexual de miembros por parte de hombres pertenecientes al SCV, y después de que muchos ya habían comenzado a cuestionar sus métodos y una cultura interna, algunos en ese momento creyendo que eran parte de una secta.
En un comunicado anterior del 4 de febrero, el FMR expresó “su compasión y solidaridad con el dolor de todos aquellos que han sido afectados a lo largo de los años por el sistema sectario y las prácticas abusivas que se han producido dentro de nuestra comunidad”.
“Ofrecemos nuestra disposición a cooperar con el proceso de reparación y justicia para todas las víctimas, según lo indicado, y nos comprometemos a recordar a todas y cada una de ellas en nuestras oraciones diarias”, dijeron.
El FMR señaló que pese al dolor que ha causado la decisión de suprimir su comunidad, las mujeres pertenecientes al grupo “la han aceptado con docilidad y obediencia filial, y han manifestado su disponibilidad y colaboración durante todo el proceso de supresión y liquidación de bienes”.
Dijeron que se mantuvieron dos reuniones con Bertomeu en febrero, y que durante esas conversaciones ofreció garantías de que las mujeres pertenecientes al FMR pueden continuar su vida consagrada si lo desean “en las diversas formas previstas por el derecho canónico, ya sea de manera individual o en asociación”.
En una carta dirigida a cada uno de los miembros, dijeron, Bertomeu insistió en que “la Iglesia valora infinitamente la consagración de cada uno de ustedes y desea que la salvaguarden de la mejor manera posible”.
Bertomeu, dijeron, les dijo también que «la Santa Sede, a través de mi servicio que está estrechamente ligado a vuestra aceptación del mismo, está dispuesta a ayudaros y acompañaros para iniciar en cada uno de vosotros una nueva experiencia que recoja todo lo bueno que ha venido en estos años, purificando y modificando lo que sea necesario».
Dijeron que Urban ha sido nombrada como Delegado Adjunto de Bertomeu para el acompañamiento personal de los integrantes del FMR, mientras que Silva es Delegado Adjunto para asuntos administrativos y para transiciones de proyectos, “siempre que ambos estén dispuestos a hacerlo”.
Cerraron su comunicado asegurando sus oraciones por Bertomeu, quien dijeron les aseguró la suya, “para que el Señor lo ilumine y fortalezca en el camino que emprende, y les pido que oren por mí, para que pueda llevar a cabo esta tarea con caridad y justicia”.
Bertomeu había anunciado previamente la supresión de todas las ramas del SCV mientras celebraba la Misa en la parroquia principal del SCV en Lima en febrero.
La decisión del Papa Francisco de suprimir a toda la familia SCV llega después de una investigación del Vaticano ordenada por el Papa sobre el SCV que comenzó en julio de 2023, cuando el Papa envió a su principal dúo investigador, Bertomeu y el arzobispo maltés Charles Scicluna, en una “Misión Especial” para investigar las continuas acusaciones de abuso y corrupción financiera dentro de la organización.
Si bien no es necesariamente algo sin precedentes en la Iglesia Católica, la decisión de suprimir todas las ramas de una familia espiritual que comparten un fundador y se adhieren a un “carisma” es extremadamente rara y potencialmente marca un nuevo precedente para el manejo de casos similares cuando hay una acusación contra el fundador.
Dado el comunicado del FMR, es probable que los anuncios de supresión de las demás ramas del SCV se realicen en los próximos días.
Fuente: CruxNow.com

Sodalicio sería disuelto definitivamente: decisión del Papa Francisco será irreversible

El Papa Francisco ordenó que el monseñor Bertomeu, comisario para la liquidación de los bienes de la organización católica, continúe teniendo la condición de diplomático sin inmunidad

Por Ricardo Mc Cubbin– Infobae.com
El Sodalicio de Vida Cristiana sería disuelto definitivamente. En caso se completen para ese mes todos los trámites administrativos necesarios, se realizará la supresión de todos los entes fundados por Luis Figari. Esto incluye la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, las Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana.
Así lo indicó el portal Religión Digital, el cual también recordó que hay más de 25 mil personas que pertenecen a estas organizaciones. Cuando se haga la notificación al SVC se completará su supresión, la cual representa una decisión irreversible que tomó el Papa Francisco en diciembre del 2024.
Según el medio, los decretos de supresión fueron creados el martes 14 de enero de este año por el Dicasterio para la Vida Consagrada y aprobados por el sumo pontífice. En ese mismo día, el monseñor Jordi Bertomeu Farnós fue nombrado como único delegado plenipotenciario para apoyar en el proceso. También fungirá como comisario para la liquidación de los bienes y para gestionar los vínculos de los clérigos del Sodalicio.
Para ello, mencionan, Bergoglio ordenó que Bertomeu continúe teniendo la condición de diplomático, como viene siendo desde julio del 2023. Como se recuerda, en ese momento él fue designado junto con el arzobispo Scicluna como parte de la misión especial que investigó los casos de abuso sexual del Sodalitium.

La tajada de Ugaz

El Sodalicio se disuelve tras 52 años: los bienes del Sodalicio

Fuentes del Dicasterio para la Vida Consagrada del portal mencionaron que el proceso de supresión conlleva resolver problemas como la presencia de personas que se unieron a la organización, además de los bienes que podrían estar en manos privadas o sociedades civiles relacionadas de forma indirecta con la organización en cuestión.
En ese sentido, hay que distinguir las propiedades eclesiásticas de los que no lo son. De esto depende, señala el medio, una posible reparación económica justa para las víctimas.
Asimismo, se tiene que definir las responsabilidades civiles y penales que se pudieron haber incurrido respecto a la gestión de estos bienes.

Comentarios sobre Bertomeu

Religión Digital asegura que el principal objetivo de la liquidación no es entregar estos bienes del Sodalicio a la Santa Sede. Además, afirman que el monseñor Bertomeu tampoco tiene un equipo para el proceso, ya que ni siquiera ha empezado.
Fuentes del vaticano del portal mencionan que un grupo de personas podrían constituirse, incluidos expertos legales peruanos, bajo la dirección y coordinación del comisario, luego de que el SVC sea suprimido de forma definitiva.
Bertomeu tendrá que viajar a varios países para clarificar la condición de las propiedades. Entre ellos se encuentran Perú, Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Filipinas. También deberá dirigirse hacia Colombia, Australia, Brasil, Italia, Argentina y Chile. Una vez que se forme el equipo, algunos miembros nacionales de estos territorios podrán asumir la representación legal para dar validez a los actos jurídicos.

Bertomeu con la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath y su esposo, Ramnath Ramnath en Lima

En el estudio durante el proceso de supresión del Sodalicio que realiza el Vaticano está siendo una prioridad la definición de los límites de responsabilidad civil y penal que tales entes hayan podido incurrir en la gestión económica y financiera de sus bienes. De este análisis no están exentos las sociedades y otros entes civiles de la órbita del Sodalicio, algunos de ellos muy sospechosos de haber cometido presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de activos en Perú y en sociedades offshore de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Colorado (USA).
Por eso, antes de la supresión definitiva (en este caso la notificación de unos decretos ya firmados), es necesario clarificar la propiedad de todos los bienes en cuestión, distinguiendo netamente los que son eclesiásticos de los que no lo son. De ello depende la viabilidad futura de una reparación económica justa de todos los afectados por la existencia de tales grupos religiosos abusadores.
Prueba de ello está siendo la intensa labor que Monseñor Bertomeu está realizando estos tres últimos meses. Que se sepa, ha estado en Perú, Ecuador, EEUU, Brasil y, ahora mismo, en Filipinas, investigando y clarificando la condición de los bienes que, una vez notificados los decretos, servirán para la reparación económica de las víctimas.
Fuente: Religión Digital.

Keiko Fujimori se mantiene como líder de Fuerza Popular. Foto: Keiko Fujimori.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
En el laberinto del sistema judicial peruano, el caso “Cócteles” se presenta como una tragicomedia donde la obsesión reemplazó a la evidencia. El fiscal José Domingo Pérez convirtió una sospecha sin sustento en una cruzada personal: acusó a Keiko Fujimori de lavado de activos por organizar cócteles durante su campaña presidencial de 2011. Sin prueba sólida ni delito comprobado, solo quedó su obsesión, transformada en expediente.
En esta fábula judicial, Keiko fue perseguida por lo que Pérez imaginó —o alucinó— que pudo haber hecho. Mientras ella era enviada tres veces a prisión preventiva, atrapada en un enredo burocrático donde la ley se usaba como venganza política, el mismo fiscal trataba con guantes de seda al empresario José Graña, cómplice principal de Odebrecht en el Perú. Graña, delincuente confeso, no solo evitó la cárcel, sino que recibió trato VIP por “colaborar” con la justicia, después de mentir reiteradamente durante varios años ante el Congreso, la fiscalía, los jueces y su familia hasta el sexto grado. ¿Dónde están los millones que Graña ayudó a robar? Pérez no lo preguntó y el maleante no le dijo.
En lugar de investigar a los peces gordos del caso Lava Jato, Pérez dedicó años —y millones de soles de los contribuyentes— a cazar a Keiko, como quien busca un unicornio azul bajo la cama. Su caso fue un castillo de naipes en el aire: convertir entradas a un evento político en “prueba” de crimen organizado. En vez de pruebas, lo de él fue elucubración. En lugar de justicia, un espectáculo. Mientras Pérez trataba a Graña como si fuera un chihuahua que mueve la colita cuando su amo llega a casa, a Keiko la trató como la villana de la película que armó en su cabeza cana y desacomodada.
Todo esto ocurre dentro de un sistema judicial manejado por personajes a los que nadie eligió. ¿Democracia? No cuando fiscales y jueces no pasan por las urnas, y el Fiscal de la Nación es escogido por un grupo cerrado sin respaldo popular. ¿De qué separación de poderes hablan, si uno de ellos —el judicial— no es electo?
Keiko Fujimori fue víctima de esta maquinaria. Su “crimen”: liderar un proyecto político que defiende el libre mercado y combate al comunismo y al terrorismo sin medias tintas. Por eso fue atacada. Jamás se le imputó un delito concreto, ella nunca intentó fugarse, pero la encerraron tres veces. Justicia ideologizada, espectáculo político y circo mediático.
Mientras tanto, la prensa mayoritaria callaba o aplaudía. Lo menos buscado fue la verdad. El proceso se estiró, sin sentencia firme ni evidencia. Hasta que el caso finalmente se desplomó. ¿La reacción institucional? Silencio total.
Queda una pregunta inquietante: si esto le ocurre a una poderosa líder política, ¿qué puede esperar un ciudadano común? La respuesta es escalofriante. Con fiscales obsesivos y jueces serviles a corruptos, solo queda rezar por no terminar atrapados en esta tragicomedia judicial que, irónicamente, algunos aún insisten en llamar justicia.

Autoridad Nacional de Control del MP aparta al fiscal José Domingo Pérez del equipo Lava Jato por 6 meses

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió por seis meses de manera provisional al fiscal José Domingo Pérez del equipo de Lava Jato. Esto debido a presuntas infracciones administrativas que habría cometido en el caso de Arsenio Oré Guardia.
En la resolución emitida por dicho órgano del Ministerio Público, a cargo de José Fernández Jerí, advierte que Domingo Pérez está “impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal”.
“Conforme lo señala el artículo 72° del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”, se lee en la resolución.
La Autoridad Nacional de Control señala que “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan al fiscal provincial José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”.
El fiscal José Domingo Pérez tildó e “injusta y abusiva” la medida que lo suspende por seis meses de su cargo en el Ministerio Pública, además, lo retira del caso Lava Jato.

Confesión de parte: favoreció a Odebrecht

“En la actualidad vivimos tiempos difíciles y de resistencia, como en los 90 en el que muchos fiscales soportaban el abuso de Blanca Nélida Colán, hoy nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas”, declaró a RPP.
Asimismo, el fiscal responsabilizó a la Fiscal de la Nación por su nula acción contra dichas acciones.
“Lamentablemente la señora Delia Espinoza no solicitó las medidas cautelares respectivas para frenar el accionar del jefe de dicha autoridad de control, Fernández Jerí, por lo tanto me voy”, agregó.
Fuente: Diario Correo.

SNAP (Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes), los activistas Sarah Pearson, Peter Isely y el presidente Shaun Dougherty hablan con periodistas durante una conferencia de prensa en Roma, el martes 25 de marzo de 2025 (Fotos AP/Andrew Medichini)

Denuncia de Survivors Network of those Abused by Priests contra seis cardenales de alto rango

Por Elise Ann Allen.
Un grupo de defensa de las víctimas ha presentado una denuncia contra un cardenal de alto rango basándose parcialmente en un caso preparado y presentado por un ex sacerdote expulsado por cargos de conducta sexual inapropiada.
El ex sacerdote en cuestión, Ricardo Coronado, ha sido acusado de guardar rencor de larga data contra el cardenal estadounidense Robert Prevost, actualmente prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano, y quien también tiene vínculos con el Sodalitium Christiane Vitae (SCV), una sociedad peruana de vida apostólica recientemente suprimida por el Papa Francisco.
El grupo de defensa ha dicho que mantiene sus afirmaciones, insistiendo en que los intereses de la víctima no deben quedar de lado por cualquier historia de fondo que pueda existir, sin embargo, en comentarios a Crux, la oficina de Prevost cuestionó las afirmaciones hechas en su queja.
El propio Coronado ha negado los cargos que fundamentan su laicización en diciembre de 2024, diciendo a través de un abogado que “no hubo delito“.
El 25 de marzo, la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP) entregó denuncias contra seis cardenales al Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, en virtud de la norma Vos estis lux mundi de 2023 del Papa Francisco, acusando a los cardenales de encubrimiento y mal manejo de casos de abuso.
Uno de esos cardenales es Prevost, a quien SNAP acusó con base en dos casos. Uno se refiere a denuncias de poner en peligro a menores por la reclusión de un sacerdote acusado de abuso y retirado del ministerio por la Arquidiócesis de Chicago en un convento ubicado cerca de una escuela, durante el tiempo en que Prevost era superior provincial.
Prevost sirvió como Prior General de la Orden Agustina de 2001 a 2013, antes de ser designado para Chicago en 2014. Fue nombrado Prefecto del Dicasterio para los Obispos por el Papa Francisco en enero de 2023.
Un agustino de Chicago le dijo a Crux en forma anónima que la arquidiócesis había pedido permiso a la orden para que el Padre James Ray fuera ubicado en esa casa después de haber sido removido del ministerio porque su superior era un consejero autorizado que servía como supervisor de un plan de seguridad impuesto a Ray y, por lo tanto, Ray estaría bajo una mirada más vigilante.
El agustino dijo que la ubicación de una escuela a dos cuadras de distancia no se consideró un riesgo en ese momento, dado que existía un plan de seguridad y el criterio de no colocar a sacerdotes acusados ​​cerca de escuelas era producto de la Carta de Dallas de 2002, que aún no se había emitido cuando se tomó la decisión sobre Ray.
Esta decisión, dijeron, fue un acuerdo entre la arquidiócesis y el superior del convento, pero que Prevost tuvo que firmar formalmente, ya que era una casa comunitaria agustiniana.
El segundo caso involucra denuncias de tres mujeres que afirman haber experimentado una conducta sexual inapropiada por parte de dos sacerdotes en la Diócesis de Chiclayo en Perú antes de la llegada de Prevost, pero que presentaron su denuncia a la diócesis en 2022, durante su mandato.
Entre otras cosas, estas mujeres alegan que, tras denunciar, Prevost no abrió una investigación preliminar ni informó a las autoridades civiles sobre sus denuncias. Posteriormente, presentaron una denuncia civil.
La Diócesis de Chiclayo ha negado estas acusaciones, emitiendo una declaración de 10 puntos el 10 de septiembre de 2023, diciendo que Prevost había iniciado una investigación, había prohibido al sacerdote ejercer el ministerio y había enviado los resultados de la investigación al Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) en Roma.
El DDF y las autoridades civiles finalmente optaron por archivar el caso en 2023, alegando la prescripción de las autoridades civiles y la falta de pruebas por parte del DDF. Sin embargo, el caso fue reabierto posteriormente por el administrador apostólico de Chiclayo, quien asumió la dirección tras la salida de Prevost, cuando una de las víctimas presentó públicamente su denuncia. El caso sigue pendiente en el DDF.
El año pasado, un funcionario del Vaticano declaró a Crux en privado que «se investigó el asunto y no se halló que Prevost hubiera encubierto nada: Actuó conforme a la normativa vigente en ese momento».
La mayor parte de las acusaciones de SNAP contra Prevost se basan en las afirmaciones de las víctimas de Chiclayo, que fueron representadas por Coronado, un ex agustino, de mayo a agosto de 2024, cuando los obispos peruanos le prohibieron ejercer el derecho canónico debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Acusado por SNAP: Cardenal Mario Grech de Malta, secretario general del Sínodo de los Obispos.
Coronado anunció su propia destitución en su página de Facebook justo antes de Navidad, afirmando que había sido expulsado del sacerdocio por la fuerza. Aunque no explicó el motivo, el año pasado fue acusado de un “delito contra el sexto mandamiento” no especificado por su diócesis de Cajamarca, Perú.
En la jerga jurídica católica, un “delito contra el sexto mandamiento” implica alguna forma de mala conducta sexual.
Coronado, ex agustino, afirmó que el mismo decreto también le prohibía ejercer como abogado, afirmando que el objetivo era “proteger a algunos prelados muy eminentes“. En una publicación posterior en Facebook, Coronado dijo: “Por favor, no consideren la destitución promovida por un cardenal que encubrió como una vergüenza. Es una distinción. Me siento muy honrado“.
La mayoría de los observadores interpretaron las referencias como una alusión a Prevost, con quien se dice que Coronado tenía diferencias políticas y personales que se remontan a la época de Coronado en los Agustinos.
Varios observadores familiarizados con ambos dicen que Coronado albergaba resentimiento contra Prevost en el pasado, en parte por el crecimiento de la teología de la liberación en Perú y la creencia de Coronado de que la orden agustiniana se había vuelto demasiado progresista, acusando a Prevost de ser parte de un campo progresista que necesitaba ser reformado.
Tres personas con conocimiento de primera mano de Coronado desde principios de la década de 1990, cuando dirigía la casa de formación agustiniana en Lurín, Perú, le contaron a Crux sobre su resentimiento personal hacia Prevost y sus vínculos históricos con el SCV, así como lo que dijeron era una mala conducta sexual desenfrenada por parte de Coronado.
Cada uno habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de Coronado.
“Él [Coronado] despreciaba a Prevost muchísimo, porque decía que Prevost encarnaba el progresismo en la Iglesia, y esto es modernismo y cosas así. Siempre hubo mucha atención contra Prevost; [Coronado] lo despreciaba abiertamente”, dijo uno de ellos.
Dos de las personas que estaban en formación bajo el mando de Coronado relataron una actitud extremadamente competitiva con respecto a la casa de formación en Trujillo, que en ese momento dirigía Prevost.
Coronado, dijeron los hombres, consideraba que Prevost y la casa de Trujillo eran demasiado progresistas y llamaban a los seminaristas de allí “homosexuales”.
Estas dos personas describieron el ambiente de la casa de formación bajo el liderazgo de Coronado como dominado por reglas estrictas, favoritismo y constantes insinuaciones sexuales, donde Coronado infligía castigos humillantes y normalizaba connotaciones sexuales como la desnudez y los chistes verdes. Alegaron un patrón de comportamiento sexualmente inapropiado y agresivo por parte de Coronado hacia seminaristas adultos bajo su supervisión.
Un individuo que no estaba en la casa de formación con Coronado, pero que la visitaba con frecuencia y observó los mismos comportamientos, dijo que tuvo contacto con Coronado unos 20 años después, y que la conducta de Coronado no había cambiado.
Un individuo que estaba en formación bajo el mando de Coronado también subrayó sus vínculos con el ahora suprimido SCV, diciendo que era amigo personal de muchos miembros, y que mientras dirigía la casa de formación de Lurín, durante al menos un año fue mensualmente a servir como confesor a la casa de formación del SCV en San Bartolo, donde ocurrieron varios supuestos abusos físicos, al parecer con la aprobación del fundador del SCV, Luis Fernando Figari.
Coronado quería convertir la casa de Lurín en “otro San Bartolo”, dijo.
El otro individuo que estaba en formación con Coronado expresó su creencia de que la decisión de Coronado de acusar públicamente a Prevost de encubrimiento probablemente se debe a la presunción de que Prevost había actuado contra un prominente arzobispo del SCV, quien fue expulsado del liderazgo como parte de la investigación del Vaticano sobre el grupo, que fue realizada por una Misión Especial asignada por el Papa y compuesta por dos funcionarios del DDF.
No se había mencionado a Prevost hasta que Coronado intervino como abogado de las mujeres, dijo, diciendo: “Las víctimas no acusan a Prevost, piden ayuda. La forma de difamar y manchar a Prevost es algo que provino de Coronado”, dijo.
Coronado ha presentado múltiples demandas contra personas a las que acusa de difamación, incluyendo una por comentarios realizados durante una sesión de intercambio grupal como parte de un proceso de sanación interna. También ha demandado al obispo James Golka de Colorado Springs.
Después de dejar a los Agustinos en 2001, tras quejas a sus superiores sobre su conducta, Coronado recibió permiso del obispo Michael Sheridan en Colorado Springs para venir a trabajar como canonista, sirviendo allí como vicario judicial durante casi 20 años.
Dejó este cargo en 2022, aparentemente por diferencias con Golka, pero con el entendimiento de que todavía era un sacerdote en regla y, por lo tanto, podía celebrar los sacramentos durante su visita.
Sin embargo, el año pasado Coronado presentó una demanda contra Golka y su ex vicario general, monseñor Robert Jaeger, por supuestamente romper un memorando de entendimiento en el que las partes habían acordado no hacerlo público, después de que Jaeger emitiera una declaración en junio de 2023 diciendo que había sido informado de “ciertas acusaciones” con respecto a la conducta de Coronado, y que Coronado ya no era un sacerdote en regla.
Posteriormente, el Tribunal de Distrito del Condado de El Paso desestimó dicha demanda. Coronado apeló esa decisión.
Un portavoz de la Diócesis de Colorado Springs rechazó una solicitud de comentarios de Crux, citando litigios en curso.
Coronado rechazó una solicitud de entrevista de Crux para este artículo, sin embargo, su abogada canónica, Lucía Musso, dijo que ambos estaban “sorprendidos por la decisión de sacarlo del estado clerical porque no había evidencia de un delito”.
“La decisión firmada por el Santo Padre no se puede modificar y mi cliente no considera oportuno hacer ningún tipo de declaración”, dijo Musso, añadiendo que Coronado está preparando un libro que ofrecerá un “relato detallado de los hechos en los que estuvo involucrado, y hasta que no se publique no habrá más declaraciones”.
Otro de los acusados: el Cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF).
En comentarios a Crux, SNAP mantuvo su queja contra Prevost, insistiendo en la afirmación de que nunca informó a las autoridades civiles sobre la queja de las mujeres, a pesar de una disposición en el Vademécum del Vaticano que dice que esto debe hacerse “incluso en casos en los que no existe una obligación legal explícita de hacerlo“.
También cuestionan la afirmación de las mujeres de que no se les ofreció asistencia espiritual o psicológica, como lo exige la legislación del Papa de 2019, Vos estis lux mundi.
Prevost no es un obispo cualquiera. Ahora dirige uno de los dicasterios más poderosos del Vaticano, un dicasterio encargado de supervisar las investigaciones de obispos bajo la ley Vos estis lux mundi, y por lo tanto, está bajo mayor escrutinio, dijeron, cuestionando sus acciones.
En relación con la destitución de Coronado y la afirmación de un rencor personal contra Prevost, SNAP dijo: “Lo que importa son los hechos subyacentes del caso, y las motivaciones del canonista son irrelevantes”.
Esto cambia el tema, pasando de la conducta de Prevost en respuesta al testimonio de las víctimas a las acusaciones de conflicto interno entre el clero. Es impensable que, además de todo lo que han sufrido, las víctimas se encuentren en esta situación, mientras necesitan encontrar un nuevo canonista, dijeron.
Crux se comunicó con la oficina de Prevost en Roma para solicitar comentarios, y le dijeron que la afirmación de SNAP de que no había ofrecido asistencia psicológica a las mujeres era falsa.
Dijeron que Prevost puso a las mujeres en contacto con el centro de escucha diocesano, que les ofreció asistencia psicológica, y que una de las mujeres “sí aprovechó esos servicios”.
Respecto a la afirmación de que Prevost no contactó a las autoridades civiles, la oficina de Prevost dijo que habló con el abogado diocesano después de que las mujeres se presentaron y le informaron que el caso no sería investigado civilmente “debido al estatuto de limitaciones“.
La oficina de Prevost dijo que les aconsejó a las mujeres que presentaran una denuncia civil si creían que ayudaría, “lo que dos de ellas hicieron, pero de hecho los casos se cerraron porque había pasado mucho tiempo desde el momento de los presuntos delitos“.
Fuente: CruxNow.com

Proceso penal administrativo en Cajamarca

Presiones a monseñor Ricardo Coronado para su dimisión

Además de prohibirle ser abogado para representar a víctimas de abusos ante la inacción y ocultamiento de algunos obispos, el obispo de la diócesis de Cajamarca, monseñor Isaac Circuncisión Martínez Chuquizana, busca directamente su expulsión del sacerdocio.
En una carta fechada a mediados de agosto del 2024, a la que ha tenido acceso InfoVaticana, el obispo de Cajamarca asegura haber cursado una investigación previa contra monseñor Ricardo Coronado por un presunto delito contra el sexto mandamiento. Un extremo que el sacerdote niega y que está en los juzgados civiles.
Según el obispo de Cajamarca, el Dicasterio para el Clero ha determinado pertinente iniciar un proceso penal contra Coronado e incluso dice que el propio Dicasterio aconseja al sacerdote que presente voluntariamente al Santo Padre «el pedido de dispensa de las obligaciones inherentes al sacramento del orden, incluido el celibato». En caso de que declinase esta propuesta, «se dará inició a un proceso penal administrativo».
InfoVaticana ha podido confirmar la negativa de este sacerdote a presentar su renuncia voluntaria al Papa y asegura que seguirá luchando por defender a las víctimas de abusos sexuales a pesar de toda esta campaña orquestada desde Roma y Perú contra su persona.

Nuevo comunicado de la Conferencia Episcopal de Perú

Este pasado 14 de septiembre, la Conferencia Episcopal de Perú decidió volver a publicar otra nota contra el sacerdote Ricardo Coronado. Esta vez, fue firmada por el Consejo Permanente de el máximo órgano de los obispos de Perú.
En este nuevo comunicado insisten en que «según el canon 1483 del Código de Derecho Canónico, el Reverendo Coronado no puede recibir la aprobación para fundir como abogado en tribunales eclesiásticos, como consecuencia de lo cual tampoco puede continuar patrocinando causas en curso».
La Conferencia Episcopal peruana reitera que esto se debe a que este sacerdote defensor de víctimas de abusos sexuales está siendo a «procedimientos canónico-eclesiásticos en el ámbito penal, por denuncias que vienen siendo tramitadas en las instancias correspondientes».

La defensa de Coronado ante la Conferencia Episcopal

InfoVaticana.com ha tenido acceso al escrito de defensa presentado por el abogado del sacerdote ante el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte.
El abogado del sacerdote señala en su escrito que «el reciente comunicado del Consejo Permanente de la CEP vuelve a cometer nuevas imprecisiones, serias omisiones y, lo que es más grave, la violación de derechos fundamentales que corresponden a cualquier fiel católico». El abogado reprocha que desde la Conferencia Episcopal se airee públicamente una investigación contra un sacerdote que no tiene condena. «Esta trasgresión es causa de confusión de nuestros fieles y ocasiona mucho daño a la imagen interna y pública de la Iglesia», asegura.
En la carta enviada al presidente del episcopado peruano, se le recuerda de nuevo que la Conferencia Episcopal «no tiene jurisdicción sobre los sacerdotes individualmente». Además, añade que «la nota de la CEP no tiene validez jurídica porque no es foro judicial ni disciplinario, de ninguna manera es vinculante, sí es claramente más que difamatoria».

Recusación contra el obispo de Cajamarca

En el escrito enviado al presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, se detalla que con fecha del 31 de agosto de 2024 presentaron ante el Dicasterio del Clero la recusación contra el obispo Isaac Circuncisión Martínez Chuquizana por el «acoso» contra el sacerdote Ricardo Coronado.
Además, el abogado del sacerdote expone que la nota que publicó la Conferencia Episcopal peruana vulnera el derecho a la presunción de inocencia y que «destroza la fama y vida del sacerdote».
«¿Es costumbre de las conferencias episcopales publicar los procesos contra sacerdotes u obispos? ¿Por qué resultan incómodas las defensas de Ricardo Coronado Arrascue? ¿Solo permiten que los canonistas defiendan si están en disposición servil de algunos obispos?», se pregunta el abogado.

Respuesta del Dicasterio del Clero

Este medio también ha tenido acceso al decreto emitido a principios de septiembre por el cardenal Lazzaro You, prefecto del Dicasterio del Clero.
El decreto responde a la denuncia de un diácono de la diócesis de Callao que presentó en marzo por un asunto de índole económica contra su obispo Luis Alberto Barrera Pacheco. El prefecto coreano expone que no puede admitir a trámite el recurso presentado «porque no se ha observado el término perentorio establecido por el canon 1734 para presentar la Remonstratio, esto es, la solicitud dirigida a su autor de la revocación o enmienda del decreto».
Además el purpurado aprovecha este decreto para ratificar la polémica decisión de la Conferencia Episcopal de Perú de prohibir al sacerdote Ricardo Coronado ejercer como abogado canónico ya que también actuaba como defensor de este diácono.
«Dado que según la nota de la 127º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Peruana se le ha prohibido al Reverendo Ricardo Coronado Arrascue fungir como abogado eclesiástico, me permito sugerirle en el libre ejercicio de sus derechos que designe otro defensor», escribe el cardenal Lazzaro You.
Con este decreto, queda patente que en Roma ya están coordinados con Perú para buscar la expulsión de este sacerdote del estado clerical.

Epicentro de Clara Elvira Ospina auspiciado por USAID. La Encerrona de Marco Sifuentes por Vinci, la empresa de peajes. IDL de Gustavo Gorriti financiado por Open Society del accionista de Aenza (Graña y Montero).

Los Mermeleros

Hace unos días la nueva embajadora de Estados Unidos en Perú fue invitada a RPP para una entrevista. En sus primeras declaraciones, la diplomática Stepahnie Syptak-Rammath afirmó que las ONG son cruciales para una democracia fuerte. Según informó, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, que depende del gobierno federal norteamericano, tiene un presupuesto de más de 60 millones de dólares en el Perú. Ese presupuesto se utiliza, de acuerdo al portal de la embajada de los Estados Unidos para: “desarrollar una asociación estratégica que promueva los intereses compartidos de los Estados Unidos y el Perú. Estos esfuerzos están alineados con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, para promover la seguridad y el estado de derecho en las Américas y mantener un fuerte crecimiento económico y cultural”.
Pongámonos en el hipotético caso que estamos de acuerdo con este postulado y con la política internacional de los Estados Unidos. Desde esta columna preguntamos ¿Qué papel juegan RPP, La República, La Encerrona, Epicentro, Ojo Público, entre otros medios más en este esquema de cosas, para hacerse merecedores a recibir cientos de miles de dólares a través de IDEA Perú, otra ONG que dice no serlo?
Según información publicada en Expreso la semana pasada, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, a través de su director Percy Medina, le otorgó una “subvención” a estos medios por cientos de miles de dólares. Radio Programas del Perú, recibió 200,000 dólares; La República, 32,000 dólares; La Encerrona de Marco Sifuentes 104,603 dólares; Epicentro de la colombiana Clara Elvira Ospina 70,000 dólares y Ojo Público 53,350 dólares. Según el director de IDEA esta lluvia de dólares está perfectamente justificada, ya que ellos buscan crear “espacios plurales de encuentro y diálogo para encontrar puntos en común para enfrentar las distintas crisis: la política, la económica, la de valores democráticos”.
Por coincidencia, estos medios han sido lo más críticos en contra del proyecto de ley que se discute en el Congreso, mediante el cual se quiere transparentar el ingreso y uso de millones de dólares de la cooperación internacional que va directo a las ONG en nuestro país, sin ningún tipo de fiscalización. En resumidas cuentas, nadie sabe exactamente cuánto dinero entra y en qué se utilizan estos fondos.
¿Alguno de usted escuchó o leyó algún descargo por parte de estos medios, en los cuales informaban haber recibido miles de dólares de la cooperación internacional? ¿Qué pasó con el conflicto de intereses?
Desde esta columna preguntamos: ¿Qué derecho tienen otros países de interferir en la vida política de nuestro país? ¿Por qué los peruanos tenemos que bailar al ritmo de agendas extranjeras que no necesariamente son las que hemos escogido nosotros?
No negamos la importancia de la cooperación internacional, especialmente la ayuda humanitaria, para la promoción del desarrollo sostenible, en la lucha contra el tráfico de drogas, contra la deforestación, contra la trata de personas, etc.; pero muchas ONG desarrollan activismo político siguiendo agendas internacionales “progres” que buscarían influenciar la política interna e incluso menoscabar la seguridad nacional.
En países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra o Australia, existen leyes que exigen a las ONG a registrarse debidamente, sobre todo si reciben dinero de fondos extranjeros. Por ejemplo, en los Estados Unidos, existe la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Estas normas buscan transparentar el origen de los fondos que reciben del exterior, las actividades que realizan localmente y su influencia en políticos y sus decisiones.
Recordemos brevemente que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, está siendo investigado por haber sido miembro de la junta directiva de una empresa ucraniana, Burisma, desde el año 2014 hasta el año 2019, recibiendo la suma de 50,000 dólares mensuales. Durante los años 2009 al 2017 su padre Joe Biden, quien era vicepresidente de Barack Obama, fue designado por este último, como encargado en su gestión para manejar los asuntos de Estados Unidos con Ucrania en un claro conflicto de interés.
En el plano local, es más fácil encontrar ejemplos de conflictos de interés. Según información difundida el fin de semana, IDL, la ONG de Gustavo Gorriti, ha firmado varios convenios para “capacitar jueces” en diversas regiones del país en temas de “enfoque de derechos humanos” y “transparencia”. Sin embargo, se olvidaron de transparentar que el IDL es parte litigante de diversos procesos en el Poder Judicial, donde alguno de estos jueces puede llevar su caso.
Debemos predicar con el ejemplo. Desde esta columna informamos que nunca hemos recibido un dólar de ninguna fuente interna o externa y que nuestras opiniones no están influenciadas por ninguna ONG o gobierno extranjero.
No a los mermeleros.
Fuente: Altavoz.pe

George Soros compró acciones de Aenza-GyM

Open Society Foundations-OSF en el periodo 2016-2018 ha financiado al IDL con US$1.3 millones y a Proética US$200 mil para el proyecto “Lavajato Taskforce” (Hildebrandt en sus trece 5/4/19). Más aún, también viene donando al IEP, SER, Calandria, Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, Transparencia, IPYS, Convoca, Ojo Público, entre otros.
Soros Fund Management (SFM), Artisan Partners, Newfoundland Capital, Renaissance Technologies y Karp Capital adquirieron nuevas participaciones en la constructora peruana vinculada a Odebrecht.
George Soros, el millonario húngaro-estadounidense amigo del expresidente Alejandro Toledo, compró un paquete de acciones de Graña y Montero S.A.A. (GyM) en la Bolsa de Valores de New York (New York Stock Exchange-NYSE) a través de su gestora de fondos Soros Fund Management LLC.
El portal TickerReport.com señaló en su publicación que el millonario adquirió durante el primer trimestre de 2019 “una nueva participación en acciones” en la constructora peruana, según el reporte de Channel Holdings.
En un artículo titulado ‘Soros Fund Management LLC toma posición en Graña y Montero S.A.A.’, se indica que “la firma compró 727,932 acciones de la compañía de construcción, valoradas en aproximadamente $2’278,000”.
George Soros ha estado muy vinculado a Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp. Incluso se ha dicho que fue quien financió la denominada ‘Marcha de los 4 suyos’.
La Bolsa de Nueva York es el mayor mercado de valores de todo el mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas.
La publicación señala: “Otros inversores institucionales también han modificado recientemente sus participaciones en la compañía. Artisan Partners Limited Partnership ha elevado su posición en Graña y Montero S.A.A. en un 144.8% en el primer trimestre”.
Según TickerReport.com Artisan Partners ahora posee 423,944 acciones en la compañía de construcción, que están valorizadas en $1’327,000, “después de comprar 250,743 acciones adicionales durante el último trimestre”.
Además, se indica que Newfoundland Capital Management “adquirió una nueva posición en Graña y Montero S.A.A. durante el primer trimestre valuado en $669,000″.
Graña y Montero fue mencionada como participante de futuro proceso de reconstrucción de zonas afectadas por “Niño Costero”.
“Renaissance Technologies LLC elevó su posición en Graña y Montero S.A.A. en un 111.6% en el cuarto trimestre. Renaissance Technologies LLC ahora posee 316,289 acciones de las acciones de la empresa constructora valoradas en $2’261,000 después de comprar 166,789 acciones adicionales durante el último trimestre”, se indica.
También se hace alusión a una compañía que llama a suspicacias: Karp Capital Management Corp, la cual compró una nueva posición en Graña y Montero S.A.A. durante el primer trimestre valuado en $135,000.
“Finalmente, Deltec Asset Management LLC adquirió una nueva posición en Graña y Montero S.A.A. Durante el primer trimestre valuado en $110,000. El 12.87% de la acción es actualmente propiedad de inversores institucionales y fondos de cobertura”, menciona la publicación.
Sin embargo, las acciones de Graña y Montero S.A.A. (GRAM) cayeron 1.25% durante su cotización, alcanzando los 3.15 dólares. “Las acciones de la compañía tenían un volumen de negociación de 162,623 acciones”, se indica.
Fuente: Diario EXPRESO.

China ha declarado oficialmente a George Soros como un “terrorista global” y lo ha llamado “hijo de Satanás” y “la persona más malvada del mundo“

Por Medeea Greere.
En una declaración explosiva que repercute en la política mundial, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha calificado oficialmente al multimillonario George Soros de “terrorista global”, lo ha catalogado de “hijo de Satanás” y lo ha condenado como “la persona más malvada del mundo”. Este sorprendente ataque de uno de los regímenes más poderosos de la Tierra intensifica la guerra contra una de las figuras más controvertidas y polarizadoras de las finanzas globales. No nos engañemos, no se trata de una simple disputa verbal: China está apuntando con el tipo de potencia de fuego que podría reconfigurar las alianzas internacionales y preparar el terreno para una confrontación total.

George Soros: el maestro manipulador al descubierto

Durante décadas, George Soros ha operado desde la sombra, manipulando economías, apoyando revoluciones e inyectando dinero a movimientos diseñados para desestabilizar gobiernos de todo el mundo. Soros, un magnate multimillonario de los fondos de cobertura, ha sido aclamado durante mucho tiempo por sus partidarios como un filántropo y defensor de la democracia. Pero China, junto con un número cada vez mayor de estados autoritarios, lo ve como la encarnación del caos: un hombre cuya influencia desenfrenada ha causado devastación económica y agitación política en todo el mundo.
Seamos claros: Soros no es un empresario inocente. Su notoria reputación se debe a su participación en el derrumbe de economías enteras, como en la crisis financiera asiática de 1997, y en la financiación de movimientos de oposición que atacan a regímenes hostiles a sus ambiciones globalistas. La declaración del PCCh de que Soros es un terrorista global no es una hipérbole: es el ataque más directo hasta ahora contra un hombre al que muchos consideran un titiritero en los pasillos del poder global. Al llamarlo “hijo de Satán”, China está lanzando el guante y desafiando a Soros a desafiar su soberanía.
“Hijo de Satán”: Una metáfora de un mal sin igual
La etiqueta que el PCCh le ha puesto a Soros como “hijo de Satán” no es sólo dramática, sino también una condena letal. En la cultura china, esa metáfora es una acusación profunda, reservada para figuras consideradas fundamentalmente destructivas. La representación que hace China de Soros como vástago de Satán demuestra que lo consideran no sólo un rival, sino la fuente de la agitación mundial, que mueve los hilos de la anarquía desde detrás de su fortaleza de riqueza.
Soros ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de los regímenes autoritarios, financiando movimientos pro democracia, fomentando el malestar y promoviendo agendas que socavan los bastiones del poder. Pero la decisión de China de calificarlo de terrorista global representa un nuevo nivel de hostilidad. Esto es más que una maniobra política: es un grito de guerra ideológico. No están simplemente criticando a Soros; lo están posicionando como el enemigo máximo del Estado, la encarnación de la decadencia moral y política.
La marca terrorista global: no sólo palabras, sino guerra
Llamar a Soros terrorista global no es sólo una decisión audaz, sino un cambio político trascendental que podría desencadenar una cascada de consecuencias. El PCCh está dejando muy en claro que ve a Soros como una amenaza directa a la estabilidad de su nación y a sus ambiciones globales. Al ponerle la etiqueta de “terrorista”, China está preparando el terreno para graves repercusiones, que podrían significar acciones legales, congelamiento de activos y presionar a otros regímenes autoritarios para que hagan lo mismo. Y no lo olvidemos: China ejerce una enorme influencia. Adonde ellos van, otros los siguen.
La designación de terrorista global no es sólo un tirón de orejas, sino una declaración de guerra en toda regla contra Soros y todo lo que representa. Los países que se alinean con China pueden verse presionados a tomar medidas enérgicas contra las organizaciones respaldadas por Soros. Y seamos honestos: muchos países ya están hartos de la intromisión de Soros en sus asuntos internos. La medida de China les da a estos regímenes la excusa que han estado esperando para tomar medidas agresivas contra el multimillonario globalista.
Por qué China ve a Soros como una gran amenaza: la verdadera agenda
La venganza de China contra Soros va mucho más allá de las diferencias políticas. Las Open Society Foundations de Soros han financiado movimientos de oposición que amenazan a regímenes como el de China, promoviendo levantamientos democráticos, financiando a activistas y socavando las estructuras de poder autoritarias. A ojos del PCCh, Soros es el principal instigador de complots internacionales para derrocar gobiernos. Su influencia ha contribuido a alimentar el malestar desde Europa del Este hasta Asia, creando caos e inestabilidad: el entorno perfecto para que los enemigos de China prosperen.
No nos engañemos: China considera a Soros una amenaza directa a su dominio. Su poder financiero y sus conexiones políticas le dan la capacidad de desbaratar su narrativa cuidadosamente controlada. La historia de Soros de interferencia en Hong Kong, sus críticas a la política económica china y su incansable apoyo a los movimientos que desafían el dominio de China lo han convertido en el enemigo número uno. Al declararlo terrorista global, el PCCh está trazando una línea dura: desafíen a China y serán tratados como una amenaza a la estabilidad global.
¿Qué significa esto para la política global: un choque imparable?
Las repercusiones geopolíticas de la declaración de China serán enormes. El alcance de Soros se extiende a casi todos los rincones del planeta, desde los principales mercados financieros hasta los movimientos políticos de base. Su influencia en las democracias occidentales, en particular, es profunda. La declaración de China podría provocar una represión más amplia de las iniciativas respaldadas por Soros, no sólo en China sino en una franja de países de tendencia autoritaria. Es de esperar que otros gobiernos sigan su ejemplo, envalentonados por la audaz postura de China contra este poderoso agente global.
Esta declaración es más que una advertencia: es una señal al mundo de que China está dispuesta a luchar contra la influencia extranjera, en particular la de figuras como Soros. Las tensiones entre China y Occidente ya están en un punto de ebullición, lo que podría tensar aún más las relaciones, lo que podría llevar a sanciones más amplias y al aislamiento político de Soros. La retórica explosiva del PCCh es una declaración de guerra, y Soros –pese a toda su riqueza y poder– está ahora en la mira de la oposición.
La batalla final entre Soros y el autoritarismo
La decisión de China de calificar a George Soros de terrorista global e “hijo de Satán” es una dramática escalada en la batalla en curso entre regímenes autoritarios y fuerzas globalistas. Soros ha pasado décadas construyendo su imperio de influencia, pero ahora, con China a la cabeza, sus adversarios se están preparando para un enfrentamiento final. Se trata de una batalla de proporciones titánicas, que podría reconfigurar el panorama político en los próximos años.
Mientras se asienta el polvo, el mundo observa con expectación. ¿Seguirá Soros ejerciendo su considerable poder o la creciente ola de oposición acabará por cortarle las alas al provocador multimillonario? Una cosa es segura: este conflicto está lejos de terminar y lo que está en juego nunca ha sido tan importante.

Juicio Cócteles se cae por excesiva demora según Código Procesal Penal

En aplicación del artículo 360 del Código Procesal Penal, el juicio por el caso “Cócteles” ya se quebró, señaló el abogado José Pimentel, representante de Ana Cecilia Matsuno, quien fuera tesorera de Fuerza Popular.
“La norma indica como máximo de plazo entre audiencias, ocho días hábiles.  Ya vamos varias semanas sin audiencia, por lo cual se debe declarar la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio”, explicó a EXPRESO.
Agregó que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional debe tomar en cuenta la referida ley, para evitar más obstáculos.
“La sentencia del Tribunal Constitucional que excluye a José Chlimper del cargo de organización criminal debe ser aplicada a todos porque la imputación que le hace el Ministerio Público es a una cadena de responsabilidades. Sin un eslabón, la cadena se quiebra”, agregó el letrado.
Pimentel criticó los argumentos del coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, quien pidió no aplicar el principio “A igual razón, igual derecho”.
“Quiere forzar los argumentos, al parecer para limpiarse mediáticamente, pero en la retina pública ha quedado grabada la incompetencia de años”, señaló.
Fuente: Diario EXPRESO.

Poder Judicial declara prescrito caso contra militares por muertes ocurridas hace más de 30 años

Se aplicó Ley 32107, la cual precisa que hechos previos al 2002 no son considerados de lesa humanidad.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
En vista de que la Corte Suprema ya precisó que los jueces deben aplicar las normas vigentes, aunque no les gusten, el Poder Judicial declaró prescrito el proceso penal contra militares y policías acusados de muertes en 1991, durante la lucha contra el terrorismo.
Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, citó la exhortación a no hacer “activismo judicial”, en el caso Huaura, específicamente sobre Manuel Obando Salas y Arnulfo Roncal Vargas.
Sin activismo judicial
Ellos eran parte del Ejército peruano, instituto castrense que había sido emboscado por miembros del MRTA en Antahuampa. Los delincuentes les habían arrojado explosivos, matando a Raúl Bello Nina y a Leónidas Valerio Sánchez, quienes no superaban los veinte años de edad.
Días después, varios ciudadanos de la zona fueron asesinados por personas que se identificaban de Sendero Luminoso. Entre ellos, hubo un conocido cabecilla terrorista, por lo cual el Ministerio Público formalizó investigación en el 2022. Es decir, 31 años luego de los hechos.
El año pasado se había oficializado la Ley 32107, la cual precisaba que, como Perú recién el 2002 se había inscrito en convenios internacionales de imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, todo cargo penal por actos anteriores a esa fecha sí quedaban sin efecto, de acuerdo a nuestro Código Penal.
El juez Justiniano agregó que, además, “no se advierte un ataque sistemático y organizado” en las muertes de 1991.
Ante esta decisión, el fiscal Rubén Anicama anunció una apelación, luego de ser notificado formalmente de la sentencia respecto a este tema, el cual se manejó con el Expediente 332-2022. Es decir, una sala superior podría confirmar o cambiar esta situación.
“¡Muy bien!”
“Un juez ha cumplido con aplicar la Ley 32107 sobre lesa humanidad, como corresponde. ¡Muy bien!”, expresó el congresista Fernando Rospigliosi.
“Es el primer caso en que un juez declara fundada la prescripción”, añadió el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Arequipa se convertirá en la capital pro tempore de la Ciencia Política Peruana al ser la sede del VII Congreso Nacional de Ciencia Política- CONACIP, organizado por la Red Universitaria Nacional de Escuelas de Ciencia Política y la Universidad Católica de Santa María.
Evento académico certificado por la International Political Science Association, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en el campus de la casa Santamariana UCSM y reunirá a los máximos exponentes de la ciencia del poder, quienes analizarán la crisis política nacional con el aporte de expertos internacionales especializados en el contexto latinoamericano.

El cuestionado ‘operador político’ disfrazado de periodista Gustavo Gorriti, durante los últimos años ha detentado una oscura posición de poder que maneja a fiscales supremos y a otros agentes estatales, a través de su ONG IDL-Reporteros, que ha recibido financiamiento millonario no solamente del mayor accionista de Graña & Montero (hoy con el nombre de AENZA, a través de SF Management) la ‘Open Society Foundations’ de George Soros, sino también de la “desactivada” USAID.
Tras la publicación de Diario UNO, basada en la tenaz investigación de Gino Román, surge la pregunta, ¿por qué los traficantes de armas de Israel eligieron a Gustavo Gorriti y su familia para hacer negocios? El caso de Gorriti es más grave de lo que parece, no solo porque miembros de IDL como Gino Costa y Carlos Basombrío fueron ‘colocados’ estratégicamente como ministros del Interior por distintos gobiernos; sino porque implica a un miembro de su familia y a sus amigos más cercanos.
Israelí Leonardo Gleser amigo de Gorriti
Gustavo Gorriti es amigo de Leonardo Gleser, desde hace más de 40 años. Este dizque experto en seguridad es un ciudadano de doble nacionalidad, israelí y argentino y práctica judo todos los fines de semana con el director de IDL-Reporteros. El propio Gorriti lo afirmó en un artículo de IDL.
Como se recuerda, hace un año la vivienda de Leonardo Gleser fue alcanzada por un misil de Irán que atacó objetivos en Israel. Sin embargo, él y su familia sobrevivieron, pero ¿por qué Irán atacó la casa de Gleser? Sucede que Leonardo Gleser es un ‘alias’ para Leo Gleser, quien es un traficante de armas a nivel mundial, dueño de ISDS Ltd. (International Security and Defense Systems), una compañía con matriz en Israel y sedes en todo el mundo.
Irán había identificado la casa de un traficante de armas, en Tel Aviv, muy cerca del aeropuerto. Este sionista, bajo la fachada de abuelo amoroso, brinda capacitaciones en métodos de tortura, vende software a gobiernos autoritarios para hackear a investigadores independientes y trafica armas de forma legal e ilegal a quien quiera comprarlas.
Si uno indaga por el nombre de Leo Gleser o Leonardo Gleser, varias publicaciones nacionales e internacionales indican que se trata de un traficante de talla mundial. Ha vendido armas a Honduras, El Salvador, España, México y recientemente fue detenido en Gabón, África Central, en una operación del FBI por sobornar a ministros de Interior y Defensa de diversos países. No solo él fue detenido; también su gerente en Perú, Saúl Michkin Chlimper.
Hija de Gorriti trabajó para Gleser
Si bien Gorriti trató de hacer un intento de disclaimer en sus artículos, olvidó mencionar que su hija, Edith Gorriti, estaba en la planilla de ‘International Security and Defense Systems’, (ISDS), la empresa de Leo Gleser, que como fachada se encarga de la seguridad de megaeventos deportivos, como mundiales de futbol y olimpiadas. Hace algunos años, Wikileaks filtró un correo dirigido a la hija de Gustavo Gorriti, quien trabajaba para el traficante de armas israelí.
El correo indica que los representantes de Leo Gleser coordinaban una reunión en España con ‘The Hacking Team’, la mayor empresa proveedora de software espía de España, para agregar sus servicios a su cartera de clientes. Es que ISDS no solo vende armamento; también recomienda y revende productos de otras empresas como IWI, (quien tiene convenio con FAME en Perú) IMI, Septier, Smith & Wesson y The Hacking Team.
Tras revisar el historial de la página web de la empresa ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS), se puede visualizar que durante los años 2010 al 2015, Edith Gorriti figuraba en la sección de equipo como Jefa de Proyectos. Su correo con la arroba de ISDS fue incluido en los correos filtrados por Wikileaks.
Pero no solo la hija de Gustavo Gorriti trabajó para esta empresa. Revisando en años anteriores, figura que Edith Tsouri también cumplió la función de Edith Gorriti. Edith Tsouri es hija de Shay Tsouri, esposo de Edith Gorriti; es decir, se puede deducir que habría una conexión más cercana entre la familia Gorriti y el negocio de armas.
ISDS hizo negocios con gobiernos de Perú
Los contratos de ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS) en Perú no son nuevos. Desde principios de la década de 2000, desde el mandato de Alejandro Toledo esta empresa ha estado involucrada en múltiples contratos con el Estado, especialmente en la adquisición de equipamiento para las fuerzas del orden. Entre los productos más destacados que ISDS ha vendido en Perú se encuentran: -Vehículos blindados para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que realicen operativos de alto riesgo.
– Chalecos antibalas: Distribuidos a unidades especiales y policías en zonas de conflicto.
– Cascos y equipos de protección: Adquiridos en grandes cantidades durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Sin embargo, no todas estas compras han estado exentas de controversia. Informes de la Contraloría General de la República han señalado irregularidades en los procesos de adquisición, incluyendo la manipulación de términos de referencia y la falta de transparencia en las licitaciones. En algunos casos, estos contratos han sido anulados debido a sospechas de sobreprecios y favoritismo.
Miembros de IDL se convirtieron en ministros
Uno de los aspectos más preocupantes de esta historia es el papel que han jugado exmiembros de IDL en la facilitación de estos contratos. Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Gino Costa, director de IDL Seguridad Ciudadana, fue nombrado Ministro del Interior. Bajo su gestión, se realizaron varias compras de equipamiento a empresas vinculadas a ISDS. Luego, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Carlos Basombrío, fundador de IDL, también fue puesto en el mismo cargo como titular del Mininter. Durante su gestión, se continuó con la adquisición de armamento y equipos de seguridad, muchos de los cuales provenían de empresas israelíes representadas por ISDS.
Chávez Cresta y Santiváñez compraron miles de Fusiles Arad 5 y 7
Uno de los casos más recientes y polémicos es la compra sin licitación de 7,000 fusiles ARAD 5 por parte del Ministerio del Interior comandado por Juan José Santiváñez, en pleno mandato de Dina Boluarte. Pero en 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, también fue el responsable de la adquisición de 10,000 fusiles de asalto IWI ARAD 7 de 7.62 x 51 mm. por el Ejército del Perú. Lo que generó que sea cuestionado en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Estos fusiles, fabricados por FAME (Fábrica de Armas del Ejército), son en realidad una versión local del fusil israelí IWI Tavor, representado en Perú nada menos que por ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS) del israelí Leo Gleser. Este contrato ha sido criticado por la falta de transparencia y por el hecho de que FAME parece estar siendo utilizada como una fachada para ocultar el convenio entre el ejército peruano e IWI, la empresa más grande de armamento de Israel.
La conexión de Gustavo Gorriti con el tráfico de armas no es nueva; sin embargo, un gran grupo de aliados en el mundo de las comunicaciones callan y forman grandes cruzadas para hacer creer que la ONG IDL, es un medio de comunicación independiente que únicamente ejerce periodismo.
Fuente: LimaGris.com

Cuando, en junio de 2016, el gestor de fondos de inversión Brookfield compró el 57% de las acciones de Rutas de Lima a la empresa brasileña Odebrecht, esta última ya era investigada por corrupción en nuestro país desde el 2015 y en Brasil desde el 2013.
Sin embargo, Brookfield ha anunciado el inicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de un arbitraje contra el Perú, para demandar el pago de 2 mil 700 millones de dólares.
Para ello argumenta que la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales le han expropiado tramos concesionados mediante ordenanzas y otras acciones.
INVESTIGACIONES
El escándalo Odebrecht estalló en 2013 en Brasil, cuando la justicia de dicho país descubrió una red de corrupción que operaba desde hace dos décadas y que se había extendido al resto del continente incluyendo el Perú.
Dos años después, en octubre de 2015, el Congreso formó una comisión para investigar el accionar corrupto de esta empresa en nuestro país.
Dicha comisión presidida por el congresista Juan Pari, presentó su informe en junio de 2016, el mismo mes que Brookfield compró a Odebrecht el 57% de acciones de Rutas de Lima.
Tras dicha transferencia las acciones de Rutas de Lima se distribuyeron de la siguiente manera; 57% de Brookfield y sus socios institucionales, 25% de Odebrecht Latinvest y 18% de Sigma.
La concesión entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima se firmó el 13 de enero de 2013 (cuando la hoy procesada Susana Villarán era alcaldesa de Lima) y corresponde a 115 kilómetros que comprende a los tres principales accesos y salidas de Lima: Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé.
“Cártel delictivo”
El informe de la llamada “Comisión Pari” extrañamente solo emitió un informe en minoría firmado por Juan Pari.
No obstante, el informe de 650 páginas era revelador y señalaba el “cartel de carácter delictivo” formado en Brasil por las empresas investigadas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, UTC, Queiroz Galvao y otras).
Estableció que dichas empresas “habrían trasladado sus operaciones y procedimientos ilegales al Perú” y “perjudicando al erario público y convirtiendo al Perú en una suerte de paraíso tributario-financiero”.
Fuente: Diario Correo.

Ejecutivo emplaza al Poder Judicial iniciar juicio contra Susana Villarán tras constantes críticas

Una posible sentencia contra la exalcaldesa de Lima ocasionaría el fin de Odebrecht y el Perú no se enfrentaría a más demandas internacionales.
Han pasado cuatro meses desde que el Poder Judicial (PJ) dictó el “auto de enjuiciamiento” contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y corrupción de funcionarios, al haber aceptado sobornos de Odebrecht, y aún no existe fecha para el inicio del juicio oral contra la exfuncionaria, motivo por el cual el Ejecutivo intervino.
Por esta demora, la mandataria Dina Boluarte emplazó a la Corte Suprema de Justicia a iniciar los procesos penales contra Villarán, en respuesta a las constantes críticas tanto de sus opositores como de la opinión pública en contra de la actual gestión presidencial.
“Se los digo en negrita y resaltado, pueden inventarme todo lo que quieran, pero nunca acusarme de recibir coimas como han reconocido algunos corruptos que siguen libres. A propósito, ¿la exalcaldesa de Lima (Villarán) sigue libre, no? Tarea para el sistema de justicia”, reclamó.
Boluarte Zegarra en la ceremonia del buen inicio del año escolar 2025 en la I.E. 3049 Imperio de Tahuantinsuyo, en Independencia.
El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa por los delitos mencionados al inicio de este artículo. Se indicó que la acusación contra la exautoridad edil y los demás implicados supera los cuatro mil medios probatorios.
Según el PJ, estas acciones están referidas a hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de las empresas transnacionales Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en el 2013 y la reelección municipal del 2014.
La decisión judicial también alcanzó a otras 20 personas naturales, entre las que destacan los nombres de José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano y Guillermo Loli, entre otros.
De igual modo, incluyó a 10 personas jurídicas, entre las que se encuentran Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson y otras.
Al respecto, el juez Jorge Chávez dispuso remitir la causa al juzgado penal colegiado nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley, a fin de que se decida aleatoriamente cuál de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará del juicio oral.
Cabe resaltar que el caso Odebrecht y OAS podría caerse si Susana Villarán es sentenciada por el Poder Judicial, lo que liberaría al Estado  peruano de someterse a pagos millonarios a empresas corruptas, según lo señalado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Fuente: Diario EXPRESO.

Por José Ignacio Carrión- Diario EXPRESO.
Cuatro años después de salir de la Casa Blanca, y sin reconocer nunca su derrota, Donald Trump volvió como el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos. No solo es un triunfo histórico –solo Grover Cleveland entre 1885 y 1889, y luego entre 1893 y 1897, logró un segundo mandato no consecutivo–, sino que esta vez, a diferencia de 2016, nadie podrá poner en tela de juicio su legitimidad, pues no solo le ganó a Kamala Harris en los colegios electorales, sino que le sacó más de cinco millones de votos en la elección individual. Los estadounidenses le dieron a Trump una segunda oportunidad.
¿Qué significa este nuevo mandato de Trump para Estados Unidos y para el mundo?
En lo económico, la política proteccionista en el primer mandato de Donald Trump, enmarcada dentro de la narrativa de “America First”, se caracterizó por una serie de medidas y estrategias que buscaban restringir la competencia extranjera y favorecer la producción nacional.
La imposición de aranceles a productos chinos resultó en una guerra comercial, donde ambos países aumentaron sus tarifas, afectando cadenas de suministro globales y generando incertidumbre en los mercados.
Trump ha prometido aranceles sobre los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, México y China, una vez que tome posesión como presidente el 20 de enero.
En concreto, ha anunciado un gravamen del 60 % a las importaciones chinas, un 25 % a las procedentes de Canadá y México hasta que refuercen sus medidas contra el narcotráfico y la inmigración irregular y entre un 10 % y un 20 % a productos del resto del mundo, incluida la Unión Europea.
Respecto a la inmigración, su postura fue uno de los pilares de su campaña, un mensaje que se extendió por todo el mundo. Trump ha culpado a los inmigrantes de muchos problemas de Estados Unidos, como la delincuencia y el aumento del costo de la vivienda, y ha prometido llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva de la historia del país.
La nueva administración piensa implementar una serie de decretos en materia de inmigración horas después de que el presidente electo jure el cargo. El plan incluye barridos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en las principales áreas metropolitanas, el envío de más recursos del Pentágono a la frontera sur de EE. UU., la imposición de restricciones adicionales sobre quién tiene derecho a entrar en EE. UU., junto con el retroceso de las políticas de la era Biden.
En cuanto a política exterior, la relación de Trump con China estuvo marcada por un enfoque proteccionista y confrontacional. Las medidas adoptadas durante su administración, incluidas las tarifas arancelarias y las acusaciones de prácticas desleales, sentaron las bases para una nueva era de competencia estratégica y tensiones prolongadas en el ámbito internacional.
Respecto al futuro de Venezuela, el papel de Trump se perfila como un factor determinante. Durante su primer mandato, Trump estableció un precedente al liderar una coalición internacional que aisló al régimen de Maduro mediante sanciones económicas, políticas y financieras. En enero de 2019, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, movilizando un respaldo sin precedentes de la comunidad internacional.
¿Cuál será su postura en la guerra en Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania?, ¿cuál será el giro de su declaración de guerra a la “locura transgénero”, como él mismo la ha llamado?, ¿cómo afectará al Perú el proteccionismo de su economía?

Lluvia de millones para ONG Manuela Ramos: USAID y Europa financiaron proyectos cuestionables en Perú

Organización recibió más de 11 millones de dólares de la cooperación internacional para utilizarlos en sólo 8 iniciativas entre el 2008 al 2010.

Por María Teresa García– Diario EXPRESO.
Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió cerrar temporalmente USAID debido a sospechas de que la cooperación brindada estaba siendo utilizada para otros fines, se quedó corto, ya que en el Perú una ONG como Manuela Ramos recibió, en el 2008, casi 2 millones 700 mil dólares por un solo proyecto; en el 2009, más de 4 millones 700 mil dólares por 4 proyectos; y en el 2010, alrededor de 3 millones 630 mil dólares por 3 proyectos.
Como es de suponer, gran parte de esos fondos donados por países como Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), España, Italia, Holanda entre otros, se destinó al pago de personal y consultorías.
De esta forma, en el único proyecto tomado como referencia del año 2008, se destinaron 749,585 dólares en pagos de personal que no eran ni consultores ni trabajadores permanentes, es decir, eran locadores de servicios. Además, se asignaron 172,719 dólares a consultorías externas.
En el 2009, en solo cuatro proyectos que detallaremos a continuación, se gastaron más de 2 millones 167 mil dólares en pagos de personal y casi 472 mil dólares en consultorías. Mientras que, en el rubro “otros”, se consignó la cifra de 315,951 dólares.
Asimismo, en el 2010, la ONG Manuela Ramos destinó más de 1 millón 623 mil dólares en pagos de personal y casi 180 mil dólares en consultorías.