Cuando, en junio de 2016, el gestor de fondos de inversión Brookfield compró el 57% de las acciones de Rutas de Lima a la empresa brasileña Odebrecht, esta última ya era investigada por corrupción en nuestro país desde el 2015 y en Brasil desde el 2013.
Sin embargo, Brookfield ha anunciado el inicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de un arbitraje contra el Perú, para demandar el pago de 2 mil 700 millones de dólares.
Para ello argumenta que la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales le han expropiado tramos concesionados mediante ordenanzas y otras acciones.
INVESTIGACIONES
El escándalo Odebrecht estalló en 2013 en Brasil, cuando la justicia de dicho país descubrió una red de corrupción que operaba desde hace dos décadas y que se había extendido al resto del continente incluyendo el Perú.
Dos años después, en octubre de 2015, el Congreso formó una comisión para investigar el accionar corrupto de esta empresa en nuestro país.
Dicha comisión presidida por el congresista Juan Pari, presentó su informe en junio de 2016, el mismo mes que Brookfield compró a Odebrecht el 57% de acciones de Rutas de Lima.
Tras dicha transferencia las acciones de Rutas de Lima se distribuyeron de la siguiente manera; 57% de Brookfield y sus socios institucionales, 25% de Odebrecht Latinvest y 18% de Sigma.
La concesión entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima se firmó el 13 de enero de 2013 (cuando la hoy procesada Susana Villarán era alcaldesa de Lima) y corresponde a 115 kilómetros que comprende a los tres principales accesos y salidas de Lima: Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé.
“Cártel delictivo”
El informe de la llamada “Comisión Pari” extrañamente solo emitió un informe en minoría firmado por Juan Pari.
No obstante, el informe de 650 páginas era revelador y señalaba el “cartel de carácter delictivo” formado en Brasil por las empresas investigadas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, UTC, Queiroz Galvao y otras).
Estableció que dichas empresas “habrían trasladado sus operaciones y procedimientos ilegales al Perú” y “perjudicando al erario público y convirtiendo al Perú en una suerte de paraíso tributario-financiero”.
Fuente: Diario Correo.
Ejecutivo emplaza al Poder Judicial iniciar juicio contra Susana Villarán tras constantes críticas
Una posible sentencia contra la exalcaldesa de Lima ocasionaría el fin de Odebrecht y el Perú no se enfrentaría a más demandas internacionales.
Han pasado cuatro meses desde que el Poder Judicial (PJ) dictó el “auto de enjuiciamiento” contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y corrupción de funcionarios, al haber aceptado sobornos de Odebrecht, y aún no existe fecha para el inicio del juicio oral contra la exfuncionaria, motivo por el cual el Ejecutivo intervino.
Por esta demora, la mandataria Dina Boluarte emplazó a la Corte Suprema de Justicia a iniciar los procesos penales contra Villarán, en respuesta a las constantes críticas tanto de sus opositores como de la opinión pública en contra de la actual gestión presidencial.
“Se los digo en negrita y resaltado, pueden inventarme todo lo que quieran, pero nunca acusarme de recibir coimas como han reconocido algunos corruptos que siguen libres. A propósito, ¿la exalcaldesa de Lima (Villarán) sigue libre, no? Tarea para el sistema de justicia”, reclamó.
Boluarte Zegarra en la ceremonia del buen inicio del año escolar 2025 en la I.E. 3049 Imperio de Tahuantinsuyo, en Independencia.
El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa por los delitos mencionados al inicio de este artículo. Se indicó que la acusación contra la exautoridad edil y los demás implicados supera los cuatro mil medios probatorios.
Según el PJ, estas acciones están referidas a hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de las empresas transnacionales Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en el 2013 y la reelección municipal del 2014.
La decisión judicial también alcanzó a otras 20 personas naturales, entre las que destacan los nombres de José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano y Guillermo Loli, entre otros.
De igual modo, incluyó a 10 personas jurídicas, entre las que se encuentran Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson y otras.
Al respecto, el juez Jorge Chávez dispuso remitir la causa al juzgado penal colegiado nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley, a fin de que se decida aleatoriamente cuál de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará del juicio oral.
Cabe resaltar que el caso Odebrecht y OAS podría caerse si Susana Villarán es sentenciada por el Poder Judicial, lo que liberaría al Estado peruano de someterse a pagos millonarios a empresas corruptas, según lo señalado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Fuente: Diario EXPRESO.