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Ciencias sociales y económicas

Odebrecht pagó a un exdirectivo de PetroPerú

Por JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO– Diario El País.
Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pagó a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) al exvicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera, según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exdirectivo acumuló 900,000 dólares (757,512 euros) en una cuenta de este pequeño país pirenaico regido hasta el pasado enero por el secreto bancario.
El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1,000 personas en el mundo”
Qué es el ‘caso Odebrecht’ y cómo afecta a cada país de América Latina
Atala Herrera fue número dos de esta compañía entre 2008 y 2011, durante el mandato de Alan García como presidente de Perú. La petrolera pública firmó en 2011, cinco meses después de la salida de la empresa del directivo, un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3,000 millones de dólares (2,510 millones de euros). Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Atala Herrera.
La BPA, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
Acta interna de la BPA que menciona la cuenta del exvicepresidente de Petróleos del Perú Miguel Atala HerreraActa interna de la BPA que menciona la cuenta del exvicepresidente de Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera EL PAÍS.
Petróleos del Perú –la compañía más importante del país- firmó en 2011 un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht, para analizar la construcción de una planta de producción de polietileno (plástico) valorada en 3,000 millones de dólares. La instalación se concibió para abastecer a Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
Las actas internas y secretas del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA revelan que Atala Herrera utilizó la sociedad Ammarin Investment para ocultar sus fondos. Los citados documentos incluyen un estadillo contable. Y precisan que la cuenta se abrió en octubre de 2007, diez meses antes del desembarco de Atala Herrera en la petrolera. “Sociedad presentada por Klienfeld (Odebrecht) como socio estratégico en Perú. La cuenta se abrió el 16/10/2007, recibió un traspaso de Klienfeld y su actividad ha sido escasa. En su día se miraron todas las listas y la información de Internet sin que apareciera ningún dato negativo”.
Los empleados de la BPA prosiguen: “Actualmente, se han vuelto a realizar las búsquedas y encontramos que el primer representante de la cuenta, Faresh Miguel Atala Herrera, aparece procesado por fraude en 2007; el cliente ha presentado varios recursos ante la justicia que han sido denegados”.
Los gestores de la institución financiera andorrana se percatan además de que Atala Herrera es directivo de la petrolera. Y dejan constancia escrita: “Además, actualmente es PEP [Persona Políticamente Expuesta, que es el término que utilizan los bancos para referirse a cargos públicos] (vicepresidente de Petróleos del Perú SA)”, recoge el acta. La BPA exigió a su cliente documentación para acreditar que sus ingresos no procedían de la petrolera pública. “Todavía no hemos recibido [los documentos]”, añade.

Cuenta para el árbitro

Odebrecht pagó también 435,000 dólares (363,282 euros) a través de la BPA al abogado peruano Jorge Horacio Cánepa Torre mediante la sociedad Maxcrane Finance Sa Perú.
Acta interna de la Banca Privada d'Andorra (BPA) que menciona el depósito del abogado peruano Jorge Horacio Canepa TorreActa interna de la Banca Privada d’Andorra (BPA) que menciona el depósito del abogado peruano Jorge Horacio Canepa Torre EL PAÍS.
Cánepa Torre, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), emitió 17 laudos favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras. Las decisiones generaron a la constructora beneficios de “millones de dólares”, según el diario Perú 21. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con este letrado que fue asesor de Presidencia del Gobierno regional de Lima en 2002.
Las actas internas de la BPA recogen también un pago de 500,000 dólares (418,235 euros) a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, que fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht. Los informes incluyen transferencias de 250,000 dólares (209,170 euros) a Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult; y a Víctor Enrique Muñoz Cuba, que acumuló 4.5 millones de dólares (3.7 millones de euros), a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.El banco andorrano refleja en sus actas el temor de que los ingresos de Odebrecht a estos directivos y abogados respondan a comisiones. “Acordamos informar al gestor de que para poder aceptar a los clientes, tendríamos que verificar que no se trata de comisiones ilícitas (corrupción) y es necesario tener algún documento justificativo de la actividad realizada y el origen de los fondos”, precisa el informe.
Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó 29 millones de dólares (24.2 millones de euros) en sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse obras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).
Humala, precisamente, se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo por recibir supuestamente fondos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011.

IX Cumbre BRICS Xiamen

En la ciudad costera los cinco líderes se tomaron la foto oficial de la cumbre.

El presidente de China, Xi Jinping, señaló que la cooperación entre los países de los BRICS se vuelve aún más importante ante los profundos y complicados cambios que están produciéndose en el mundo.
Xi hizo estas declaraciones en un discurso pronunciado en la IX Cumbre de los BRICS que se celebra en Xiamen, una ciudad de la provincia suroriental de Fujian.
“La cooperación de los BRICS satisface las demandas comunes de desarrollo de nuestras cinco naciones y se ajusta a las tendencias históricas”, indicó el presidente chino, que destacó la búsqueda común de asociación y desarrollo próspero a pesar de las diferencias en sus situaciones nacionales.
“Esto nos ha permitido trascender las diferencias y desacuerdos y hacer realidad los beneficios mutuos”, dijo.Los pueblos de los países BRICS cuentan con nosotros para aumentar la cooperación para mejorar su bienestar y la comunidad internacional espera que salvaguardemos la paz mundial y promovamos conjuntamente el desarrollo común, manifestó Xi.
“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para profundizar en la asociación de los BRICS y dar paso a una segunda década dorada”, señaló.
Acuñado por el antiguo economista de Goldman Sachs Jim O’Neill en 2001, el término BRIC se refería a Brasil, Rusia, India y China, cuatro economías emergentes con un rápido crecimiento y un gran potencial.
El grupo se creó formalmente en 2006 y en 2010 se unió Sudáfrica, por lo que el acrónimo pasó a ser BRICS.
Fuente: www.spanish.xinhuanet.com

Refinería de Talara

Puerto de Talara es el destino de decenas de embarques de petróleo ecuatoriano desde enero del 2015.Puerto de Talara es el destino de decenas de embarques de petróleo ecuatoriano desde enero del 2015.

En Talara salta el chupo

Por Fernando Villavicencio Valencia (*)-Revista CARETAS

Perú enciende alerta de corrupción petrolera en Ecuador. Registro oficial de Petroperú documenta millonarias comisiones para brockers ligados al gobierno de Rafael Correa.

Entre enero de 2015 y junio de 2017, la empresa estatal petróleos del Perú –Petroperú– adquirió 15,4 millones de barriles de crudo Oriente, en 42 cargamentos que salieron desde el puerto ecuatoriano de Esmeraldas hasta la refinería de Talara. La entrega estuvo a cargo de las compañías intermediarias Gunvor, Core Petroleum y Petrochina. Según información hasta ahora no revelada, esta operación dejó una pérdida de $ 51,1 millones a Ecuador, y es apenas un capítulo de la mayor trama de corrupción que salpica al gobierno del expresidente Rafael Correa. Esta historia se cuenta así:
Tras ganar la presidencia en 2006, Rafael Correa enarboló un discurso contra los intermediarios a quienes calificó de mafiosos: “Ahora se acabó la intermediación de los crudos. Petroecuador es la única empresa de producción de crudo que yo conozco que no vende al consumidor final, que es la refinería, sino al intermediario“. Pero, los humos radicales solo quedarían en palabras, en la práctica, un agresivo endeudamiento con China a ser pagado con petróleo, resultaría en el mayor banquete para los intermediarios.
Xi Jinping y Rafael Correa, en 2013. Ecuador se comprometió a pagar deuda china con barriles de petróleo a descuento.

Xi Jinping y Rafael Correa, en 2013. Ecuador se comprometió a pagar deuda china con barriles de petróleo a descuento.

DEUDA CARA PAGADA CON PETRÓLEO DESCONTADO

Entre 2009 y 2016, el correísmo impulsó líneas de crédito por $ 18,020 millones, con intereses del orden del 7%, garantizadas con la provisión de 1,310’400,000 barriles de petróleo, hasta el 2024. Estas operaciones con China se basan en una alianza estratégica (contratos sin licitación) y en el decreto 466 suscrito por Rafael Correa, que garantiza la deuda con petróleo. Según información de Petroecuador (junio de 2017), resta por cubrir 536.6 millones de barriles, hasta el 2024. El petróleo no es utilizado en las refinerías chinas como fue el objetivo de Rafael Correa, sino revendido en los mercados de Estados Unidos, Perú, Chile y Panamá.
Para la facturación de los crudos de Ecuador se tiene como referencia el crudo West Texas Intermediate WTI, al cual se le aplica un diferencial (castigo) que incluye el flete en buques. Una investigación de Focus de 2016, reveló un sobreprecio de casi 2 dólares por barril, en fletes, además de otras pérdidas por primas inferiores a las del mercado.
Un reciente informe de la Contraloría puso en la superficie algo difícil de creer: la fórmula de precios aprobada por el gobierno de Correa fue elaborada por Petrochina, la compradora del petróleo. De esta forma Petrochina, Unipec y PTT, se aseguraban un precio inferior al del mercado en el cual sería revendido ese crudo.
CASO PETROPERÚ ENCIENDE LA ALERTA
Según información revisada, los precios de facturación de los 42 embarques recibidos en la refinería de Talara, entre 2015 y 2017, a través de Gunvor, Core Petroleum y Petrochina (en los que se aplicaron los precios del mercado), son superiores a los precios de entrega (sin licitación) de los cargamentos de Petroecuador a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, en el puerto de Esmeraldas. Por ejemplo: el 10 de agosto de 2015, el buque Chimborazo descargó 376 mil barriles de crudo, el precio facturado por Petroperú fue de $ 16.4 millones, mientras el reportado por Petroecuador del mismo embarque, fue de $ 12.7 millones. La diferencia de $ 3.6 millones fue al bolsillo del intermediario. Esta diferencia de precios se origina en la manipulación del diferencial por parte de Petroecuador/ Petrochina, en particular al haber inflado los fletes.
Desde el 2015, las compañías Petrochina, Unipec (China) y PTT Tailandia revendieron 15,4 millones de barriles de crudo del Oriente de Ecua  dor a Petroperú generando un beneficio a los intermediarios de US$ 51,1 millones como resultado de la aplicación del diferencial de precio.

Desde el 2015, las compañías Petrochina, Unipec (China) y PTT Tailandia revendieron 15,4 millones de barriles de crudo del Oriente de Ecuador a Petroperú generando un beneficio a los intermediarios de US$ 51,1 millones como resultado de la aplicación del diferencial de precio.
Durante 2015, Petroperú adquirió 5 millones de barriles, en este año el perjuicio fue de $ 22,8 millones. En 2016 se comercializaron 6.9 millones, la pérdida llegó a $ 18.1 millones. En lo que va de 2017, se entregaron 3.4 millones, el perjuicio fue de $ 10.2 millones. En total, de acuerdo con la información revisada, el beneficio de los intermediarios, llámese pérdida para Ecuador, fue de $ 51.1 millones.
Perdidas de petróleo de Ecuador comercializado a Perú by RevistaCARETAS on Scribd.
Si proyectamos el esquema de pérdidas en la operación con Perú, al conjunto del negocio con China y Tailandia, considerando una diferencia mínima de 2 dólares por barril, sobre un volumen de 1,310’400,000 barriles, los intermediarios acumularon una fortuna no menor a $ 2,620’800,000 millones.
 Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y abogado Bayardo Poveda, cuando todo era felicidad.  Glas acaba de ser imputado por la Fiscalía en el caso Odebrecht.

Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y abogado Bayardo Poveda, cuando todo era felicidad.  Glas acaba de ser imputado por la Fiscalía en el caso Odebrecht.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, resulta grave que se haya contratado crédito chino carísimo, pagado con petróleo descontado, además, que una empresa china contratada por el gobierno de Correa, subcontrate intermediarios vinculados al propio gobierno, para revender el petróleo en los buques del Estado (Flopec) a nuestro vecino (Perú), cuando lo elemental era hacer un acuerdo con Perú y entregar el crudo directo. García anuncia la formalización de una acción penal en contra de los responsables, entre los que incluye al expresidente Rafael Correa, el delito principal sería el peculado.
UN LABERINTO DE EMPRESAS OFFSHORE
Según el libro Ecuador made in China, a partir de 2009 se montó un entramado de reventa del petróleo, utilizando intermediarias como Gunvor, Castor Petroleum, Taurus Petroleum, Core Petroleum, que actúan en calidad de pantallas de Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Después de revisados varios Bill of Lading (Conocimientos de Embarque) se verificó que, cargamentos consignados a Petrochina, fueron endosados al consumidor final por el apoderado de la empresa Taurus Petroleum, el abogado Bayardo Poveda, primo hermano de Rafael Poveda, quien fue ministro de los Sectores Estratégicos, una persona de confianza del Vicepresidente Jorge Glas.
Enrique Cadena. Derecha, Fernando Villavicencio.
Enrique Cadena. Derecha, Fernando Villavicencio.
Con la filtración de los Panamá Papers se confirmó la investigación de 2013. De acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca MF, la empresa Castor Petroleum, de propiedad de Gunvor Group (vinculada a Vladimir Putin, según informe de EE.UU.),  pagó una comisión de un dólar por barril a los ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar (detenido y luego liberado en Perú). Los pagos se hicieron desde Waterway Petroleum, subsidiaria de Gunvor, a la offshore Eston Trading, de Nevada, a solicitud de Baquerizo.
Según la misma información el pago para la creación de Eston Trading, fue realizado por la compañía ecuatoriana Naparina Corp., cuyo titular es Enrique Cadena. Una parte de la comisión de Eston Trading ($ 0,20) se transfiere a Naparina y a otra empresa ecuatoriana, Oil Services & Solution (0SS), de Jaime Baquerizo. Los restantes $ 0,80 por barril, pasan a la firma Livingston Financial Corp., domiciliada en Dubái, la cual transfiere ese dinero a los Estados Unidos. Livingston también está relacionada con Cadena y Baquerizo, según MF. Por primera vez se publica el documento completo.
(*) Autor de El Feriado Petrolero y otras investigaciones  sobre la corrupción en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, en cooperación con Focus Ecuador.

Padres en acción

Imagen referencial. Foto: ANDINA/Archivo.

El Poder Judicial de Perú dio la razón al colectivo Padres en Acción en su demanda contra el Ministerio de Educación, para evitar el adoctrinamiento con ideología de género de los niños en las escuelas.
Al presentar su demanda, a inicios de este año, los padres criticaron que el Ministerio de Educación había establecido su currículo educativo, con nociones de ideología de género, sin la debida consulta con los padres de familia.
En la resolución 30, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró “fundada en parte” la demanda interpuesta por el colectivo de padres, y calificó de “nula” la Resolución Ministerial que aprueba el Currículo Nacional “respecto al Enfoque de Igualdad de Género”.
La justicia peruana exigió al gobierno que elimine del currículo educativo el texto en el que se consigna que “si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones”.
El Poder Judicial exhortó además al Ministerio de Educación que “promueva y/o implemente un mecanismo, específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo, para que la Sociedad y los Padres de Familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas en educación”.
En un comunicado, Padres en Acción saludó el fallo judicial y destacó que se ha dado “la razón a los padres de familia” y se ha resuelto que el Ministerio de Educación “ha vulnerado múltiples derechos constitucionales, leyes de educación y procedimientos democráticos, al querer imponer un enfoque no científico de la sexualidad”.
El colectivo ciudadano hizo un llamado al órgano del gobierno peruano “para que detenga inmediatamente la arbitraria ideologización de los niños y que cumpla la sentencia del poder judicial que ha resuelto se convoque a una mesa de diálogo con la participación de los padres de familia y sociedad civil para definir un enfoque de la sexualidad basado en la realidad, las ciencias, las virtudes y a la cultura de la vida y la familia que es parte de la identidad cultural de la mayoría de peruanos”.
A fines de 2016, en medio de gran controversia, el Ministerio de Educación del Perú presentó su Currículo Nacional del 2017. En enero de este año, la Conferencia Episcopal Peruana alentó al gobierno a retirar del documento “aquellas nociones provenientes de la ideología de género”.
En marzo de este año, más de un millón y medio de peruanos se manifestaron en diversas ciudades del país en contra del adoctrinamiento de niños con ideología de género, bajo el lema #ConMisHijosNoTeMetas.
Por su lado, diversas personalidades televisivas y ministros del gobierno participaron en campañas de respaldo al Currículo Nacional. El Arzobispo de Arequipa, Mons. Javier del Río, criticó que el Ministro de Cultura, Salvador del Solar, “manipuló de un modo grosero las Sagradas Escrituras” para defender el documento educativo.
En declaraciones para ACI Prensa, Rodolfo Cotrina, vocero de Padres en Acción, destacó que “el Poder Judicial ha actuado conforme a las leyes, a la Constitución y a los procedimientos y esperábamos que eso sucediera”.
“Eso va a servir de precedente para que el Estado, el Ministerio de Educación y otras dependencias cuando hagan un cambio de enfoque, cumplan la ley y que respeten los derechos constitucionales en este caso de los padres de familia”, dijo.
“No puede el Estado seguir vulnerando e ir en contra de la propia ley y de la libertad, de pensamiento, enseñanza y educación”, demandó.
Cotrina reiteró el llamado al gobierno para que “paren la ideologización, no apelen, no hagan más largo esto, no sigan vulnerando el derecho de los padres y por favor nos llamen para participar conforme se debe hacer en una sociedad democrática”.
Por su parte, el abogado Juan Puertas, de la asociación Antonin Scalia, que se sumó al proceso con un amicus curiae –un tercero interesado en el caso y que presta ayuda al tribunal–, destacó que la sentencia judicial destruye “el corazón del enfoque de género”.
“Esto está destruyendo lo que nos preocupaba, que era incorporar la ideología de género en el currículo”, indicó.
El jurista explicó que el Poder Judicial declaró nulo este enfoque en el currículo “porque al ser un elemento tan importante, que construye la identidad personal del niño, esto ha debido ser consultado con los padres”.
Puertas destacó además que se ha producido una gran victoria de los padres de familia frente al “establishment” mediático y gubernamental a favor de la ideología de género en el país.
“Considerando la presión enorme que ha desplegado el gobierno en todas las declaraciones de los ministros, la presión enorme del establishment mediático sobre esta sala lo consideramos todos los que estamos en contra de este enfoque de género una gran victoria judicial”.
“No es fácil pelear contra toda la maquinaria estatal”, destacó.
Para el abogado peruano, la sentencia favorable a los padres de familia contra el gobierno peruano “significa que todavía existen organismos jurisdiccionales que son independientes, que no están al vaivén de lo que opinan los medios, de las coyunturas de gobierno, sino que se toman en serio verificar la legalidad y la constitucionalidad de todas estas resoluciones que afectan a los padres”.
Fuente: www.aciprensa.com

Sobornos OAS

CITARÁN A SUSANA VILLARÁN A COMISIÓN LAVA JATO POR PRESUNTOS SOBORNOS DE OAS

También será convocada exjefa de SUNAT y prima de Nadine Heredia, Tania Quispe, por no denunciar defraudación tributaria detectada a constructora brasileña
Se les viene la noche. Las informaciones respecto a unas “consultorías fantasma” que la SUNAT detectó en la empresa OAS, y que estarían ligadas al pago de coimas y sobornos por obras públicas, llevarían a la comisión parlamentaria que investiga el llamado caso lavajato a citar a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a quien fuera jefa del ente tributario en el humalismo, Tania Quispe.
Según el diario La Razón, la congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular, anunció que ambas serán convocadas al grupo de trabajo que integra y, en el caso de Quispe -quien además es pariente directo de Nadine Heredia, excarcelada exPrimera Dama-, tendrá que responder por las defraudaciones tributarias que realizó la empresa brasileña OAS durante su gestión.
Respecto a Villarán, la parlamentaria indicó que esta exautoridad ya estaba dentro de los próximos invitados por la comisión, y aseguró que no solo deberá responder por los presuntos contactos con OAS, también deberá hacerlo por más obras y presuntas irregularidades.
Congresista Karina Beteta pedirá citar a Villarán y Quispe
“Habrá que citar no solo a la prima de Nadine Heredia, también al actual presidente de la SUNAT, a los trabajadores durante la gestión de Ollanta Humala y a los nuevos jefes… La señora Villarán ya en cualquier momento va a ir a la comisión, y no solo por la Línea Amarilla, está el alza de los peajes, y por los ‘doleiros’ dijeron que trajeron dinero para la campaña de revocatoria”, declaró.
Cabe señalar que todo esto guarda relación con las denuncias de la SUNAT contra trece funcionarios de OAS por defraudación tributaria, debido a que la compañía desvió 32 millones de soles a través de “consultorías fantasma” pagadas a empresas extranjeras en bancos de Andorra. La Fiscalía presume que estos pagos esconden en realidad coimas o actos de corrupción.
En este tema están implicados el gerente general de OAS en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro, y los ejecutivos Leonardo Fracasi Costa, Alfonso Agra de Víctor, Alexandre Alves de Mendoza, Clayton Goncávez Holanda, Fernanda Maima Mathia, Barros Goncalves Meneses, Zaida Salas Santa Cruz, entre otros.

CORRUPTA OAS TAMBIÉN HABRÍA PAGADO MILLONARIO SOBORNO A OLLANTA HUMALA

Fiscalía también corrobora información de MANIFIESTO respecto a que constructora brasileña pagaba “consultorías” a Nadine Heredia a través de su amiguísima Rocío CalderónInformación periodística aparecida esta semana da cuenta de un acuerdo que ya existiría entre la constructora brasileña OAS y la Fiscalía de la Nación, que permitiría acceder a detalles respecto a unnuevo soborno que habría pagado esa firma a favor de Ollanta Humala y su espsa Nadine Heredia a cambio de obras públicas y licitaciones en su gobierno.
Este acuerdo permitiría profundizar la hipótesis planteada por el fiscal Germán Juárez Atoche respecto a los pagos realizados por OAS ascendentes a US$ 3 millones, una parte en efectivo y otra en forma de pagos de publicidad para la campaña del año 2011.
OAS se adjudicó millonarios proyectos de inversión en el gobierno humalista, entre ellos la construcción del Centro de Convenciones de Lima, un edificio en el distrito de San Borja que costó casi 500 millones de soles. A ello se suma la carretera Lima-Canta, la vía Quilca-Matarani, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, entre otras que suman más de 1,687 millones de soles en contratos.
Rocío Calderón, también implicada en la relación entre OAS y los Humala-Heredia
A ello se añade que la Fiscalía también ha encontrado indicios para presumir que la constructora brasileña pagaba mensualmente US$ 9 mil a Nadine Heredia antes de las elecciones de 2011, por concepto de “consultorías” que eran facturadas a nombre de Rocío Calderón Vinatea, su amiga y quien se desempeñara como jefa de OSCE en el régimen humalista.
Una pista sobre el registro de estos pagos aparece en las agendas de Heredia que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, y que dan cuenta que los pagos se produjeron hasta finales de 2010, poco antes de iniciar la campaña electoral en la que Humala lograría la presidencia.
Fuente: www.manifiesto.net.pe

X Congreso Nacional de Sociología

La Comisión Organizadora del X Congreso Nacional de Sociología está presidida por el colega Gustavo Reyna, Decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) e integrada por dos docentes de la mencionada Facultad; dos de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú; y dos del CSP-Región Centro. Asimismo el delegado nacional Dr. Víctor Nomberto Bazán, elegido por la Asamblea Nacional del CSP.

¿Debería Perú construir una cárcel presidencial?

Por Sonia Goldenberg- The New York Times.
Mientras Perú se prepara para el bicentenario de su independencia de España en 1821, en lugar de esperar este momento con optimismo, se encuentra ante un paisaje político lúgubre: cuatro de sus expresidentes están en prisión o prófugos de la justicia por delitos de violaciones a los derechos humanos o corrupción. ¿Es un récord mundial? Tal vez, pero no uno que se quiera celebrar.
En respuesta, el mes pasado, en su mensaje anual a la nación a fines de julio, el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, prometió una cruzada para reconstruir al país tras las inundaciones devastadoras y un enorme escándalo, que en conjunto acabaron con las posibilidades de crecimiento económico y minaron aún más la confianza de los peruanos en el presidente mismo.
Estos cuatro presidentes han dejado su huella en la historia —y la justicia— del país.
Primero, Alberto Fujimori, el autócrata que gobernó de 1990 a 2000, fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en la lucha contra los guerrilleros de Sendero Luminoso, y después también por malversación y corrupción. Recientemente, se le unió en el Penal de Barbadillo, en Lima, Ollanta Humala, el predecesor de Kuczynski, después de que un juez ordenara que él y su esposa, Nadine Heredia, debían estar en prisión preventiva por 18 meses antes de su juicio, mientras se les investiga por lavado de dinero y delitos de asociación delictuosa. A Humala también se le acusa de haber cometido asesinatos extrajudiciales cuando fue capitán del ejército en la base ubicada en una selva remota en la década de los noventa.
Otro expresidente, Alejandro Toledo, quien gobernó de 2001 a 2006 y devolvió la democracia al país después de Fujimori, está luchando contra la extradición a Perú, presuntamente desde su casa en Palo Alto, California, donde alguna vez fue profesor visitante de la Universidad de Stanford. A Toledo se le acusa de haber recibido sobornos por un monto de 20 millones de dólares del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se encuentra en el ojo del huracán del escándalo de corrupción que sacude a Brasil.
Por último, en enero una corte de Roma sentenció a Francisco Morales Bermúdez, dictador militar entre 1975 y 1980, a cadena perpetua por su participación en las muertes de 23 personas de ciudadanía italiana que vivían en América Latina. Estas ocurrieron durante la Operación Cóndor, una campaña de terrorismo militar que llevaron a cabo dictadores de derecha en Sudamérica con la asistencia técnica y militar de Estados Unidos. Morales, quien no será encarcelado debido a su avanzada edad, es el único presidente sentenciado que no fue elegido.
Los peruanos están consternados por haber votado por tantos presidentes que acabaron siendo enjuiciados como criminales. El único exmandatario con vida que no ha sido acusado hasta ahora es Alan García, quien estuvo en el poder durante dos periodos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, y a quien, irónicamente, desde hace décadas lo persigue la reputación de corrupto. No obstante, está siendo investigado por irregularidades financieras en la construcción del Metro de Lima, la cual, una vez más, corrió por cuenta del conglomerado brasileño Odebrecht.
Esta crisis en Perú es la réplica de lo que está ocurriendo en Brasil, donde la investigación Lava Jato no solo encarceló a una gran cantidad de empresarios y políticos, sino que además reveló los sobornos generalizados de las empresas de construcción brasileñas en al menos otros doce países de América Latina.
En una región con una larga historia de corrupción e impunidad, Perú probó ser tierra fértil para los sobornos. Durante casi tres siglos de gobierno colonial, España recibía el oro y la plata de las zonas montañosas de los Andes. En 1821, en medio de la guerra que devastó al país y lo dejó en quiebra, se fundó una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero desde el comienzo, en la construcción de sus vías férreas y la explotación de nuevas riquezas como el guano de sus islas y el caucho de sus selvas, Perú fue testigo de cómo su esplendor económico se desvaneció rápidamente, malgastado en un pantano de corrupción.
La venalidad alcanzó nuevas profundidades durante los años noventa con Fujimori, cuando el infame jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos, sobornó a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas. Las videograbaciones (o “vladivideos”) de todos los que cayeron en sus redes sirven como un legado visual de la manera en que el abuso de poder y el engaño tienen lugar a puertas cerradas. Desde entonces, Montesinos cumple cadena perpetua, pero la deshonestidad continúa. Actualmente, más de la mitad de los gobernadores regionales de Perú se encuentran en prisión o están siendo enjuiciados.
La falta de control de financiamiento ilegal o extranjero en las elecciones presidenciales, aunada a la crisis en los partidos políticos, ha convertido las campañas en una forma fácil para que aventureros políticos se hagan millonarios incluso antes de llegar al poder. Los candidatos presidenciales en Perú han recibido financiamiento de George Soros y Venezuela, así como de Brasil, y el financiamiento de este último se vinculó con la asignación de enormes contratos para obras públicas a empresas de construcción brasileñas seleccionadas cuidadosamente con anterioridad. Con este sistema, no sorprende que los peruanos sigan eligiendo a ladrones como presidentes.

Manifestantes de Partido Nacionalista Peruano exhiben carteles de apoyo a la pareja expresidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Credit Mariana Bazo /Reuters.
Perú no es más corrupto que otros países de América Latina ni sus tribunales son un modelo de legitimidad y eficiencia. Sin embargo, a medida que en el extranjero surgen pruebas de sobornos que aceptaron presidentes a todo lo largo del espectro político, los jueces peruanos se encuentran bajo una enorme presión para reaccionar. En consecuencia, se está viendo un cambio en el desprestigiado sistema judicial del país: está recobrando algo de credibilidad e independencia. Apenas la semana pasada, un tribunal confirmó una sentencia para que Humala y Heredia permanezcan en prisión. Sin embargo, el encarcelamiento de jefes de Estado que alguna vez fueron poderosos todavía se puede revertir, retrasar o detener.
Un poder judicial débil no puede salir adelante por sí mismo.
Una decidida campaña  anticorrupción  requiere de un liderazgo fuerte para cambiar el sistema electoral y construir instituciones estatales sólidas que hagan cumplir el Estado de derecho. En su discurso ante la nación, el presidente Kuczynski no ofreció una estrategia clara para enfrentar este reto y como el partido de Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del dictador encarcelado, cuya campaña estuvo plagada de acusaciones de financiamiento ilícito, tiene la mayoría en el Congreso, el cambio tan necesitado quedará estancado.
Incluso después de dos siglos, Perú sigue siendo una república frágil. En su defensa, sin embargo, hay que decir que en los últimos 25 años puso fin a una guerra civil, resolvió los conflictos con sus vecinos, se sobrepuso a la hiperinflación, se convirtió en una democracia y, a pesar de su predicamento actual, logró hacer crecer su economía y redujo la pobreza. Ahora que sus líderes políticos corruptos ya no gozan de impunidad, quién sabe, tal vez todos los presidentes anteriores se reúnan para ver los fuegos artificiales del bicentenario tras las rejas.

Diario EL PAÍS se retracta por artículo de Máxima Acuña

Por Ricardo Escudero- Posicion.pe
La respuesta de la defensora del lector se produjo luego de que Roberto del Águila, gerente de Comunicaciones de la minera Yanacocha, escribiera una carta dirigida a ella y al responsable de la sección donde se publicó la noticia, quejándose por el tono sesgado de la misma.
Este hecho representa una evidencia clara de manipulación de la información por parte de la corresponsal del diario EL PAÍS en el Perú. Ante ello, la defensora del lector del diario sostuvo lo siguiente:
“Veo varios problemas en el artículo de Jacqueline Fowks. En primer lugar, reporta un suceso del que no ha sido testigo presencial dando por buena la versión de una de las partes: la de la familia Chaupe-Acuña. Es cierto que recoge también el comunicado de Yanacocha, en el que la compañía explica las razones por las que ha destruido los sembrados de Acuña, pero lo hace sin conceder el menor valor a esta versión ni en la argumentación del texto, ni en los titulares. En segundo lugar, la noticia se documenta con referencias al enfrentamiento entre la minera Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña, desde la óptica exclusiva de la familia y quienes defienden su caso. El texto está lleno de acusaciones contra la minera”.
A continuación compartimos el artículo completo publicado hoy en el diario EL PAÍS.
La distancia requerida, en una controversia peruana
Por: Lola Galán
La edición de América de este periódico publicó el pasado lunes 19 de septiembre, en su versión digital, una larga nota, (resumida al día siguiente en la versión impresa) titulada: Empleados de una empresa minera atacan a la premio Goldman de Perú. El subtítulo precisaba: “Decenas de hombres con escudos destruyen el sembrío de Máxima Acuña, quien al intentar detenerlos fue agredida”. La empresa minera en cuestión, Yanacocha, me ha hecho llegar una queja por considerar que ni los titulares ni la noticia se ajustan a la verdad de los hechos.
El artículo, firmado por la corresponsal en Lima, Jacqueline Fowks, reconstruye un suceso ocurrido el domingo 18 de septiembre, a partir de las declaraciones de los hijos de una de las implicadas en el mismo, Máxima Acuña, -un personaje popular en Perú, galardonada este año con el premio medioambiental Goldman-, aunque también recoge en el texto el comunicado que Yanacocha difundió la tarde de ese mismo día.
Fowks escribía: “La empresa afirma que realizó la “defensa posesoria pacífica de sus derechos”, removiendo “unos sembríos ubicados en un área de 200 metros cuadrados, dentro de la propiedad de Yanacocha y a 300 metros de la casa que actualmente ocupa la familia”. También cita la siguiente frase del comunicado: “Esta nueva invasión [por parte de la familia ChaupeAcuña] fue detectada el 5 de septiembre y, amparada por la ley, Yanacocha realizó la defensa posesoria retirando lo sembrado de manera pacífica con presencia de su personal de seguridad”.
Roberto del Águila, gerente de Comunicaciones de la minera Yanacocha se ha dirigido a mí y al responsable de la sección donde se publicó la noticia, para quejarse de lo que califica tono “sesgado” de la misma. “Digo que la información es sesgada porque el articulo menciona que “la familia Chaupe-Acuña ha sido objeto de numerosas agresiones por parte de Yanacocha y la Policía Nacional”, que “la empresa ha perdido el juicio en el Poder Judicial”, que la señora Acuña y su esposo “probaron con documentos la propiedad de su terreno”, que la empresa “continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chaupe-Acuña”, que la señora Acuña, “defiende su propiedad frente a la compañía que ansía su terreno hace cinco años”, entre otros datos incongruentes con la información oficial y de acceso público sobre este caso en proceso judicial”.
Y prosigue: “Nada de lo anterior es cierto. Y no sólo era fácil verificarlo comunicándose con nosotros, sino que es información que está debidamente sustentada en nuestro sitio web”. Del Águila concluye su mensaje con estas palabras: “Lamento muchísimo tener que dirigirme a ustedes en estas circunstancias, pero creo que los lectores de EL PAÍS merecen recibir información objetiva y de calidad, y este no ha sido el caso”.
En el mismo correo, el señor Del Águila me envía dos enlaces a vídeos de Youtube en los que se documenta gráficamente el suceso relatado en el artículo de Jacqueline Fowks. Uno de los vídeos (https://www.youtube.com/watch?v=va8KJ4n0Bro&feature=youtu.be), de 18 minutos de duración, recoge íntegramente la intervención de empleados de la empresa la mañana del 18 de septiembre, objeto de la crónica publicada por EL PAÍS. En el vídeo, de poca calidad, no se aprecia ninguna agresión a la señora Acuña, aunque la cámara no la sigue durante la totalidad de grabación.
El enfrentamiento entre Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña está ampliamente documentado en Internet, según he podido comprobar al investigar la queja. La página corporativa de la propia empresa dedica un apartado entero al caso, con abundante documentación, gráficos y vídeos. La tesis de la empresa es opuesta a la de la familia de Acuña.
Yanacocha les acusa de haber iniciado un proceso de usurpación de parte de su propiedad, en 2011. Razón por la que la compañía minera llevó el caso a los tribunales. En primera instancia la justicia dio la razón a la empresa, pero la familia recurrió la sentencia, y en segunda instancia, la justicia negó que hubiera usurpación de los terrenos de Yanacocha.
Hay que explicar antes de proseguir, que en Perú hay dos conceptos a tener en cuenta: la propiedad y la posesión. La minera es propietaria de una amplia zona, pero los Chaupe-Acuña presentaron documentos que supuestamente acreditan la posesión, desde 1994, de una parte del territorio. La empresa asegura que el caso sigue en los tribunales, y ha emprendido también acciones por la vía civil.
Jacqueline Fowks, autora del texto, me ha enviado un largo correo en el que responde a la queja de Yanacocha reafirmandose punto por punto en su información, y justificando el título de la misma. “El lunes 19, el fiscal provincial de Cajamarca solicitó a la División de Medicina Legal de Cajamarca “el reconocimiento médico legal de Máxima Acuña” y de Jaime Chaupe, para la investigación penal abierta contra los responsables por la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones, y por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, en agravio de los esposos.
“El certificado médico emitido por el médico legista [tras examinar a Máxima Acuña] reporta escoriaciones en el tórax anterior y la mano derecha, y equimosis violáceo (hematoma) en el hombro y brazo izquierdos. En las conclusiones refiere “lesiones producidos (sic) por agente contundente y uñas humanas”, e indica incapacidad médico-legal de dos días. El resultado coincide con la descripción de las agresiones reportadas el domingo por Isidora Chaupe la tarde y la noche del domingo a EL PAÍS”.
Fowks señala también: “La versión de Yanacocha, de que no hubo agresión, fue consignada en la pieza publicada. Pero los empleados de la minera ingresaron a un terreno ajeno, destruyeron un sembrío, e impedían a dos personas defender su plantío, con la barrera de 20 hombres que los empujaban con sus escudos y varas en mano”. Respecto al vídeo grabado por empleados de la empresa minera que yo le hice llegar, añade: “en dos momentos la cámara no filma a Máxima Acuña, ya sea porque la colocan fuera del objetivo (entre los minutos 7’43” y 8’24”), o porque quien filma se aleja y otros tapan el objetivo (entre los minutos 9’09” y 11’09”). En el segundo trecho se ve, a lo lejos, que los hombres con escudos rodean a la agricultora. Sería extraño que una empresa muestre un video nítido del momento en que sus trabajadores agreden a una mujer que ha recibido el principal premio medioambiental internacional de 2016”.
Veo varios problemas en el artículo de Jacqueline Fowks. En primer lugar, reporta un suceso del que no ha sido testigo presencial dando por buena la versión de una de las partes: la de la familia Chaupe-Acuña. Es cierto que recoge también el comunicado de Yanacocha, en el que la compañía explica las razones por las que ha destruido los sembrados de Acuña, pero lo hace sin conceder el menor valor a esta versión ni en la argumentación del texto, ni en los titulares.
Fowks defiende la veracidad del titular en el que habla de ‘agresión’ y ‘ataque’ del que habría sido víctima Acuña, basándose en un dictamen médico que no estaba a su disposición cuando redactó el texto, en el que escribe respecto a la situación de Acuña: “Su esposo e hijos reportaron que debido a los golpes que sufrió la mañana del domingo, por parte de trabajadores de la minera, requería urgente atención médica en la ciudad”. De la conversación telefónica mantenida con la hija mayor de la premio Goldman, Isidora, recoge lo siguiente: “Mi papá me dijo remítanse a enviar una movilidad para llevar a su mamá porque está grave”. Afirmaciones que agravan la realidad de las lesiones (arañazos y dos hematomas) que constan en el dictamen médico posterior.
En segundo lugar, la noticia se documenta con referencias al enfrentamiento entre la minera Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña, desde la óptica exclusiva de la familia y quienes defienden su caso. El texto está lleno de acusaciones contra la minera. Se dice, por ejemplo que la compañía, “ansía su terreno [el que ocupa Acuña] hace cinco años para el proyecto minero Conga, encarpetado por la matriz Newmont desde mayo”. Líneas más adelante se añade: “La familia Chaupe-Acuña ha sido objeto de numerosas agresiones por parte de Yanacocha y la Policía Nacional desde 2011”. Y en otro párrafo se afirma: “continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chaupe-Acuña, alegando que la familia siembra en su propiedad”.
Creo que lo correcto hubiera sido recoger en el titular los hechos: “La premio Goldman de Perú denuncia una agresión de empleados de una compañía minera”. Y en el subtítulo la versión de la compañía. Y en cuanto a la documentación del litigio que se aporta en el texto, el Libro de estilo deja claro que en casos de controversia hay que recoger las dos versiones de la misma, aportando al lector la mayor cantidad posible de datos sobre el caso.
Caso Acuña de Chaupe: ¡desinformación nacional e internacional!

Caso Acuña de Chaupe: ¡desinformación nacional e internacional!

El País es sorprendido por un información sesgada en contra de minera
Con el objeto de liquidar a la minería moderna y conducirnos al estatismo, el radicalismo antiminero ha construido relatos poderosos. Una de aquellas falsedades es la lucha “injusta” y “desigual” entre Máxima Acuña de Chaupe y la empresa minera Yanacocha, una supuesta lucha entre David y Goliat. No obstante, estas falsas narrativas no tendrían la fuerza que ahora tienen si no hubiera periodistas que despliegan —a nivel nacional e internacional— las inexactitudes del radicalismo antiminero. Ya sea por anteojeras ideológicas o por ingenuidad, algunos periodistas se han parcializado con la estrategia desarrollada alrededor del caso de Máxima Acuña de Chaupe, “La hija de la laguna”.
El día 19 de setiembre un artículo firmado por la periodista peruana Jacqueline Fowks apareció en el prestigioso diario El País de España. Se puede leer completa la nota aquí: (http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/19/actualidad/1474243756_657060.html) El título del artículo es “Empleados de una empresa minera atacan a la premio Goldman de Perú”. Como usted se habrá dado cuenta —desde el título— la “investigación” de la periodista Fowks es parcializada y sesgada hacia la señora Máxima Acuña de Chaupe. Lo que intenta la periodista Fowks con ese titular es igualar este caso con el de la activista ecológica hondureña Berta Cáceres, ganadora también del premio Goldman y asesinada por causas no esclarecidas hasta ahora.
No obstante, no es la única información inexacta que contiene dicho artículo periodístico. También se leen los siguiente párrafos: “Una vez más la empresa minera Yanacocha destruyó sembríos en el terreno de Máxima Acuña, la agricultora peruana que recibió este año el más importante galardón medioambiental, el premio estadounidense Goldman”, “La empresa ha perdido el caso en el Poder Judicial pues Acuña y su esposo probaron con documentos la propiedad de su terreno de 18 hectáreas, adquirido en 1994”, “Decenas de hombres con escudos destruyen el sembrío de Máxima Acuña, quien al intentar detenerlos fue agredida”, “La familia Chaupe-Acuña ha sido objeto de numerosas agresiones por parte de Yanacocha y la Policía Nacional desde 2011”.
Es evidente el objetivo del artículo: construir una heroína utilizando mentiras y desinformación. Al terminar de leer el texto de Fowks cualquier incauto terminarían solidarizándose con la señora Máxima Acuña. Pero, como se dice, las mentiras tienen patas cortas. El día 25 de setiembre la defensora del lector del diario El País, Lola Galán, publicó un texto en respuesta a las aclaraciones que los funcionarios de Yanacocha solicitaron se desarrolle. En la respuesta titulada “La distancia requerida en una controversia peruana” (http://blogs.elpais.com/defensor-del-lector/2016/09/la-distancia-requerida-en-una-controversia-peruana.html). Lola Galán reconoce que ve “varios problemas en el artículo de Jacqueline Fowks”. Galán también afirma que “el texto está lleno de acusaciones contra la minera”.
La respuesta de Galán y del diario El País es un examen de todas las inexactitudes que se dicen en el artículo de Fowks, su corresponsal en el Perú. Galán también señala que ve dos serios problemas: “En primer lugar, reporta un suceso del que no ha sido testigo presencial dando por buena la versión de una de las partes: la de la familia Chaupe-Acuña”. En otra parte del artículo la defensora del lector indica “En segundo lugar, la noticia se documenta con referencias al enfrentamiento entre la minera Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña, desde la óptica exclusiva de la familia y quienes defienden su caso”.
Como es evidente el diario El País y su defensoría del lector no podía avalar las inexactitudes que se despliegan en la investigación de la periodista, como aquellas que señalan que la señora Acuña de Chaupe ganó el juicio sobre una propiedad de 18 hectáreas o que los familiares de la señora Máxima han sido golpeados y maltratados por la seguridad de la empresa. De allí que felicitamos al diario El País por demostrar rigurosidad para tratar el caso, ejemplo que deberían seguir otros medios de comunicación en nuestro país.
¿Cómo la periodista Fowks ha escrito semejante artículo sin detenerse a investigar los sucesos desde ambas partes? ¿Qué tipo de periodismo practica Fowks? No es la primera vez que algunos periodistas ayudan a construir falsos relatos seguramente influenciados por su opciones ideológicas. Sin embargo, el periodismo que niega la verdad deja de ser periodismo para convertirse en propaganda a favor de determinado objetivo político.
Fuente: El Montonero.

Congreso Pre-ALAS 2017

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La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) se reúne en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la presencia del Rector Dr. Orestes Cachay Boza.

Grupo de Trabajo 14: Medio ambiente, sociedad y desarrollo sustentable

No automatic alt text available.1) Dr. Víctor Nomberto Bazán y Sheila Yanira Ruiz López- UNFV
Ponencia Conflicto Socioambiental en Cerro de Pasco.
2) Soc. Carlos Adolfo Rojas Mendoza- Universidad  Alas Peruanas Puno
Ponencia Matrices teóricas para transformarnos en una sociedad de bienestar decolonial y andina
3) Ant. Esteban Escalante- PUCP
Ponencia Perspectivas de jóvenes rurales frente a los extractivismos mineros en las provincias altas de Cusco y Apurímac: notas para un diálogo crítico.
4) Soc. Gualberto Poma Castellanos- Universidad Nacional del Centro del Perú
Ponencia Neoextractivismo minero en el territorio de la comunidad campesina de Palca- Huancavelica 2015.
5) Ing. Walter Andía Valencia- UNMSM
Ponencia La responsabilidad empresarial: del enfoque social al enfoque integral sostenible.
6) Mag. Andrea Patricia Fuentes Aguilar- Universidad de Concepción Chile
Ponencia Significados socioambientales y brechas de poder detrás de la actividad hidroeléctrica y forestal en comunidades de la región del Biobío.Image may contain: 15 people, people sitting and indoor

¿Quién educa al MINEDU?

La imagen que muestra el error del Minedu. (PerúEduca)

Esa es la pregunta que se hicieron millones de internautas al ver una publicación de Perú Educa, una comunidad del Minedu que brinda herramientas a docentes y alumnos. Como parte de sus publicaciones por el mes patrio, el fanpage decidió colocar lo dicho por San Martín aquel 28 de julio de 1821.
“Desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de sus pueblos y por la causa que Dios defiende”, manifestaba la imagen.
Pero el error, increíblemente, estuvo en la foto que acompañaba la frase. En ella aparecía Simón Bolívar, figura venezolana que participó en la reorganización del Perú independiente. José de San Martín nunca aparece.
Ante la avalancha de comentarios por el error, Perú Educa borró la publicación y posteriormente hizo una errata, la cual fue compartida por la propia página del Ministerio de Educación.
Fuente: Diario Perú21.

9 años para Lula

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Lula, condenado a nueve años de cárcel por corrupción

El expresidente puede recurrir la condena en primera instancia por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero

Por Tom C. Avendaño- Diario El País.

El caso Petrobras se ha cobrado su mayor víctima en los tres años que lleva desgranando la corrupción en las élites brasileñas. El expresidente más popular del país, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este miércoles a nueve años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero. Lula, que en los últimos meses no ocultaba su ambición por presentarse de nuevo a las elecciones generales de 2018, podrá recurrir la sentencia, lo que evitará ahora un ingreso en prisión. Una confirmación del fallo de culpabilidad implicaría también la inhabilitación política.
El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras en la primera instancia judicial, ha declarado al expresidente culpable de haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de São Paulo por valor de 3,7 millones de reales (1,1 millones de euros), todo ello pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos. Es el peor comienzo que podía tener la resolución de la lista de causas judiciales a las que se enfrenta Lula da Silva, que fue presidente de Brasil entre 2002 y 2010, en dos legislaturas de bonanza económica y un gran crecimiento que aún hoy mantienen el buen recuerdo que dejaron. El exmandatario tiene pendiente otras cuatro sentencias en manos del juez Moro, uno de sus más enconados rivales, y aunque pueda recurrirlas todas a una instancia superior, también puede correr el riesgo de ser inhabilitado y no poder presentarse a las elecciones de 2018, como pretendía.
Es el mayor giro en la saga del regreso del dirigente a la política, algo que tiene a Brasilia en vilo desde hace más de un año. Su comienzo podría situarse en el pasado 4 de marzo, cuando, ante los ojos atónitos del país, la policía obligó a Lula da Silva a ir hasta una comisaría de São Paulo para prestar declaración por acusaciones de corrupción.
Aquella denuncia no fue muy lejos en el terreno judicial, pero lanzó la sospecha de que Lula da Silva, el carismático expresidente que sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza y que juraba dar su espalda a las élites, no estaba tan limpio como parecía. Diez días después, la entonces presidenta Dilma Rousseff le ofreció un puesto en su Gobierno, supuestamente para ayudar con la crisis económica -la peor en 30 años- y la política, que amenazaba con paralizar el país. Pero también era cierto que el puesto le concedía el aforamiento y con ello le protegía de futuras acusaciones en la primera instancia. El Tribunal Supremo canceló ese nombramiento 24 horas después.

Recurso ante el Supremo

Desde entonces, la pesadilla judicial de Lula da Silva y sus ambiciones políticas se convirtieron en dos historias paralelas que, aunque estuviesen condenadas a colisionar algún día, discurrían de forma independiente. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue cobrando relevancia en las calles según el orden político brasileño se desmoronaba, con la destitución de Rousseff y la presidencia sobrevenida de Michel Temer, alguien aún menos popular que ella. De repente, Lula era una solución más que atractiva. Las encuestas le situaban a la cabeza de la intención del voto para las elecciones de 2018.
Pero también se fortalecieron los problemas jurídicos. La fiscalía brasileña comenzó a presentar demandas contra él. Moro llegó a aceptar cinco, tres de ellas dentro del caso Petrobras.
La opinión pública brasileña comenzó a entender al expresidente en estas dos vertientes. Lula el corrupto, que en septiembre fue acusado por la fiscalía de estar al frente del escándalo de sobornos de la petrolera estatal. Y Lula el candidato, que en febrero conmovió al país enterrando a su fiel esposa. El primero tuvo que ir a declarar ante el juez Moro el pasado mayo. El segundo organizó un mitin nada más salir de la comisaría para mostrar cuánta fuerza política tiene aún en la calle. Si alguien más quiere presentarse en 2018, tiene todavía en Lula da Silva un poderoso enemigo.
Y el dirigente tiene un poderoso enemigo en ese apartamento de São Paulo tan citado por la fiscalía. La investigación no le deja en buen lugar. En 2005, su mujer adelantó dinero a la cooperativa Bancoop para que lo construyera. Luego, Lula se convirtió en inversor de Bancoop, que en 2008 pasó a manos de OAS, la empresa que, según Moro, reformó la vivienda, se la regaló y le ha llevado a un paso de la cárcel.