Archivo de la categoría: Debate latinoamericano

Ciencias sociales y económicas

Soborno Characayo

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El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, habla sobre la captura del exministro Edwin Characayo, quien se ve en la pantalla.MINISTERIO DE GOBIERNO BOLIVIA.

El presidente de Bolivia pierde a su ministro de desarrollo rural, detenido por soborno

La policía grabó el momento en que Edwin Characayo, nombrado en el cargo en diciembre, recibía 20,000 dólares en una calle de La Paz

Por FERNANDO MOLINA– Diario El País.
Por primera vez en la historia reciente de Bolivia, un ministro en funciones es detenido por aceptar un soborno. El titular de Desarrollo Rural y Tierras del Gabinete de Luis Arce, Edwin Characayo, fue filmado y fotografiado por la policía mientras recibía algo más de 20,000 dólares en una céntrica calle de La Paz. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció este jueves la detención, que describió como un “hecho ejemplar” de la voluntad del presidente para combatir la corrupción “con tolerancia cero y caiga quien caiga”.
Del Castillo explicó que existe una red de corrupción que comercia fallos sobre propiedad de tierras rurales, una de las materias de las que estaba encargado el ministro detenido. “La cabeza de esta red ha caído”, aseguró. Respaldó su acusación mostrando fotografías en las que se ve a unas personas intercambiando algo debajo de un árbol, frente a la iglesia María Auxiliadora de El Prado, en pleno centro de La Paz. Junto al ministro Characayo estaba el director de Desarrollo Rural del Gobierno. Del Castillo afirmó que tiene en su poder grabaciones de llamadas telefónicas, lo que indica que la policía estaba investigando a los funcionarios desde hace algún tiempo.
El soborno era parte de un pago de 380,000 dólares que supuestamente exigieron las personas involucradas en este caso para conceder un título de propiedad a la hacienda El Triunfo II, ubicada en San Ramón, un municipio de la región ganadera de Beni. Hasta donde se sabe, los propietarios de esta hacienda fueron extorsionados, pero, en lugar de ceder, denunciaron lo que les estaba pasando ante otras dependencias gubernamentales.
En Bolivia, la mayor parte de la tierra cultivable y productiva está en manos de distintos tipos de propietarios, pero solo una porción de ellos posee títulos de propiedad, los cuales son emitidos por el Gobierno. En teoría, estos títulos son transitorios, solo válidos mientras el predio sea productivo, pero en los hechos conceden un derecho definitivo a sus poseedores y permiten la participación de estos en el mercado de tierras.
Este es el caso más llamativo de destitución de un ministro de la historia moderna del país, aunque en el pasado varios dignatarios han pasado directamente de sus despachos a alguna de las cárceles del país. El caso más reciente fue el del ministro de Salud de la antecesora de Arce, la presidenta Jeanine Áñez, que fue responsabilizado por la compra con sobreprecio de un lote de respiradores destinado a las salas de terapia intensiva de los hospitales públicos.
No es la primera vez que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras le causa dolores de cabeza al presidente Arce. También tuvo que despedir al anterior ministro porque había contratado a su pareja sentimental como su jefa de equipo. Esta cartera del Estado es uno de los espacios reservados para las organizaciones campesinas que constituyen la columna vertebral del partido oficial, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde hace tiempo que dirigentes de este partido, como el ex vicepresidente Álvaro García Linera, han expresado dudas sobre el comportamiento moral de algunos dirigentes campesinos, obreros y vecinales que han encontrado en el MAS un medio de acceso al poder y a recursos económicos. Estos dirigentes tienen una fuerte influencia sobre la actuación del Gobierno, así que algunos analistas han interpretado la impactante acción contra Characayo como un gesto político de Arce para establecer o reafirmar su control sobre todas las áreas gubernamentales.
“No vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Esta era una frase, pero ahora hemos probado que era cierta. Cualquier acto de corrupción, sea del MAS [o de cualquier otro partido político] va a ser sancionado. Porque no hemos sido elegidos para gobernar para un partido, sino para todos y cada uno de los bolivianos”, dijo el ministro Del Castillo en conferencia de prensa.

Cáncer al riñón

Arce fue ministro de Economía del expresidente Evo Morales por casi 12 años, pero se vio obligado a dejar el cargo por el cáncer que le obliga a trasladarse periódicamente a Brasil. A pesar de su estado de salud reasumió la cartera de Economía en enero de 2019 y obtuvo la Presidencia de la República en las ultimas elecciones.

Vacunas chinas

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China admitió que la eficacia de sus vacunas contra el COVID-19 no es alta

El director de los Centros de Control de Enfermedades, Gao Fu, reveló que las autoridades están considerando distintas opciones como modificar los intervalos de aplicación e incluso nuevas tecnologías para buscar elevar la inmunización

La efectividad de las vacunas chinas contra el coronavirus es baja y el gobierno está considerando combinarlas, según dijo el domingo la máxima autoridad de la agencia china de control de enfermedades, en una inusual admisión oficial de la debilidad de las vacunas chinas.
Las fórmulas chinas “no tienen tasas de protección muy altas”, admitió el director de los Centros chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, en una conferencia el sábado en la ciudad suroccidental de Chengdu.
Beijing ha distribuido cientos de millones de dosis en otros países y tratado de fomentar las dudas en torno a la efectividad de las vacunas occidentales.
“Ahora se considera oficialmente si deberíamos utilizar diferentes vacunas de distintas líneas técnicas para el proceso de inmunización”, dijo Gao. Beijing aún no ha aprobado ninguna vacuna extranjera para su uso en China.
Los expertos señalan que mezclar vacunas, o la inmunización secuencial, puede impulsar las tasas de efectividad. Varios ensayos en distintas partes del mundo estudian el efecto de mezclar las vacunas o administrar una dosis de recordatorio tras un largo periodo de tiempo. Investigadores en Reino Unido estudian una posible combinación de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca.
Otra opción planteada en China, además de combinar las fórmulas, es modificar el intervalo entre las inoculaciones, añadir una tercera dosis al programa de vacunación o modificar la tecnología usada.
Las vacunas fabricadas por dos farmacéuticas estatales, Sinovac y Sinopharm, se han exportado a 22 países, como Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, Turquía, Indonesia, Hungría, Brasil y Turquía, según el Ministerio de Exteriores.
Investigadores en Brasil concluyeron que la efectividad de la vacuna de Sinovac para evitar infecciones sintomáticas era de apenas el 50,4%, cerca del umbral del 50% en el que los expertos consideran útil una vacuna, aunque el estudio fue realizado en personal médico, más expuesto a la enfermedad que la población general. Además, los investigadores destacan que sí tiene una eficacia más alta para evitar cuadros graves de la enfermedad. Pero en comparación, la vacuna de Pfizer-BioNTech ha mostrado una efectividad de hasta 97%.
Gao no dio detalles de posibles cambios en la estrategia científica, pero mencionó el ARN mensajero, una tecnología antes experimental utilizada por fabricantes occidentales de vacunas, mientras que las farmacéuticas chinas emplearon técnicas asentadas. “Todo el mundo debe considerar los beneficios que pueden traer a la humanidad las vacunas de ARN mensajero”, dijo. “Debemos seguirlo con cuidado y no ignorarlo sólo porque ya tengamos varios tipos de vacunas”.
El propio Gao había cuestionado en el pasado la seguridad de las vacunas de ARN mensajero. La agencia oficial de noticias Xinhua citó en diciembre unas declaraciones suyas en las que dijo que no podía descartar efectos secundarios negativos porque era la primera vez que se empleaban las vacunas en personas sanas.
Funcionarios que ofrecieron una conferencia de prensa no respondieron directamente a preguntas sobre los comentarios de Gao o posibles cambios en los planes oficiales. Pero otro miembro del centro de control de enfermedades señaló que se estaba trabajando en vacunas de ARN mensajero. “Las vacunas de ARN mensajero desarrolladas en nuestro país también han entrado en la fase de ensayos clínicos”, dijo el funcionario, Wang Huaqing, que no dio plazos para su posible distribución.
Medios estatales chinos y blogs populares de ciencia y salud han cuestionado también la seguridad y efectividad de la vacuna de Pfizer, que utiliza ARN mensajero.
Para el 2 de abril, unos 34 millones de personas habían recibido las dos dosis requeridas de las vacunas chinas, mientras que unos 65 millones de personas se habían puesto ya una dosis, indicó Gao.
La pandemia de coronavirus, que comenzó en el centro de China a finales de 2019, ha planteado la primera ocasión en la que la industria farmacéutica china ha jugado un papel en la respuesta a una emergencia sanitaria global. Expertos sanitarios ven improbable que las vacunas chinas se vendan a Estados Unidos, Europa occidental y Japón debido a la complejidad del proceso de aprobación legal.
Fuente: Associated Press.

Fuera Odebrecht del Perú

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Tomás Gálvez: Rafael Vela y José Domingo Pérez terminarán presos

Fiscal supremo señala que coordinador de equipo Lava Jato viajó varias veces a Brasil cuando investigación a Odebrecht estaba a cargo de otro magistrado.

En una entrevista sostenida ante la Red de Estudiantes de Derecho Penal (REDPP), el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez señaló que los fiscales del grupo Lava Jato José Domingo Pérez y Rafael Vela finalmente serán enviados a prisión por presuntamente favorecer a la empresa Odebrecht.
“Estos señores solo están trabajando para encubrir y generar impunidad para estas empresas delincuentes y corruptas. Si evaluamos la actuación de los fiscales es absolutamente delictiva y entiendo que serán investigados y van a terminar presos”, indicó.
Gálvez está siendo investigado por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, al haber sostenido conversaciones con el ex juez supremo César Hinostroza para que interceda ante miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura y favorecer a terceros con una plaza de fiscal. Él lo atribuye a una represalia de los aliados de los brasileños.
El fiscal supremo añadió que existió un plan para favorecer a Odebrecht.
ANDAMIAJE
“Pablo Sánchez fraudulentamente nombró como fiscal de lavado de activos a Rafael Vela y a pesar de ser fiscal superior dirigía las diligencias y, como se sabe, quien hace ese trabajo es un fiscal provincial”.
“Él (Vela) viajaba a Brasil ¿para qué? Si el que realizaba las diligencias era el fiscal provincial (Pérez), no el superior, pero pusieron a este fiscal superior Vela para que controle la investigación y encubra a estas personas.
Obviamente para que tienda cortinas de humo sobre diversos aspectos, filtrando información a los medios de prensa, diciendo que están haciendo la mejor investigación de la historia, cuando solo era encubrir a estas empresas delincuentes”, enfatizó.
Fuente: Diario EXPRESO.

Verónika Mendoza, sin títulos válidos en Perú

Candidata de Juntos por el Perú indicó al JNE estudios de pregrado y maestría pero no tramitó su registro en el país. También cuestionan información laboral.

Además de la transferencia de una propiedad en el distrito limeño de Jesús María, hay otros datos que generan más dudas respecto a la idoneidad de la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza: sus estudios y su trabajo.
Así, aunque la líder de izquierdas declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estudios de pregrado y posgrado en dos universidades de Francia, ninguno de sus dos títulos figuran en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Mendoza Frisch declaró ante el JNE al presentar su candidatura, ostentar los títulos de licenciatura en Psicología, otorgado por la hoy fusionada universidad Denis Diderot-París VII, el 2003, y maestra en investigación de Sociedades Contemporáneas, por la Universidad de la Sorbona Nueva-París III, el 2006.
Sin embargo, ninguno de estos títulos ha sido convalidado en el Perú, al menos no registrado en la Sunedu, y por lo tanto no tendrían valor oficial en nuestro país, según exige la Ley 30320, Ley Universitaria y el reglamento de la propia Sunedu.
Sorprende por ello que el mismo puntillismo y exigencia que mostró el organismo electoral al verificar la información que algunos candidatos brindaron al momento de su inscripción -tanto así que muchas candidaturas quedaron en riesgo-, no haya mostrado el mismo rigor respecto a los grados y títulos que muestran algunos aspirantes, como fue también el caso del candidato Yonhy Lescano.
Fuente: Diario EXPRESO.

Cierres de campaña

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Elecciones 2021

Los 18 candidatos a la presidencia de la República realizaron sus cierres de campaña este jueves, como último día permitido para las actividades proselitistas antes del domingo 11 de abril, día de las elecciones generales.
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) de las elecciones generales 2021 recomendó previamente a los partidos políticos que prioricen las plataformas virtuales para la realización de sus cierres de campaña, con la finalidad de proteger y resguardar la salud de la población ante la pandemia  de la COVID-19 que afecta al país.
Algunos candidatos realizarán pasacalles y recorridos en diversos puntos del país y otros cerrarán sus campañas en eventos virtuales. A continuación las actividades finales de la mayoría de los candidatos a la presidencia:

Rafael López Aliaga- Renovación Popular

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, realizó su cierre de campaña virtual. El evento fue transmitido por todas las redes sociales con la participación de Armonía 10, Corazón Serrano y Fernando Armas.

Yonhy Lescano- Acción Popular

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, hizo el cierre de su campaña electoral en el local de Acción Popular luego de un pasacalle.

Verónika Mendoza- Juntos por el Perú

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, cerró su campaña virtualmente con el “Vero Raymi”, una transmisión en Facebook de ella y su plancha presidencial. Además realizó en Cusco el pasacalle ‘Tinkuy del cambio- Cusco va con Vero’ y tuvo una repentina caída.

Julio Guzmán- Partido Morado

El aspirante al sillón presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, realizó tres actividades proselitistas: visitó el módulo del emoliente ubicado en el cruce de la avenida Abancay con jirón Junín, donde no fue reconocido por uno de sus candidatos. En San Juan de Lurigancho, inició un recorrido por las estaciones del Metro de Lima, teniendo como punto de partida la estación Caja de Agua. Finalmente, su cierre de campaña fue en el teatro Leguía, cuadra 8 de la avenida Arequipa.

Keiko Fujimori- Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial, Keiko Fujimori, cerró su campaña con una caravana que unió el norte y el sur de Lima. En la noche se realizó un mitin virtual.

Alberto Beingolea- PPC

El postulante a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, dio fin a su campaña electoral con la llamada ‘Caravana Verde por el Sur’. Se trata de un recorrido por el sur chico del Perú, el que inició en Ica y concluyó en Lima.

Hernando de Soto- Avanza País

El postulante a la presidencia por Avanza País, Hernando De Soto, cerró su campaña en su natal Arequipa, a la cual arribará a la una de la tarde. Su equipo anunció que “en la Ciudad Blanca realizará su recorrido en caravana por diversos sectores”.

César Acuña- APP

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, cerró su campaña electoral con un concierto virtual, según lo anunció en sus redes sociales. El evento fue transmitido en vivo por Facebook.

George Forsyth- Victoria Nacional

El aspirante al sillón de Pizarro, George Forsyth, no pudo estar presente físicamente en el cierre de campaña electoral de Victoria Nacional, ya que aún se recupera de la COVID-19. El partido realizó un mitin virtual desde el teatro Leguía, el cual se trasmitió por Facebook. El evento tuvo como invitado especial al popular ‘Cachuca’ de los Mojarras, quien subió a un escenario junto a su banda después de un año.

Marco Arana- Frente Amplio

El líder del Frente Amplio y candidato a la presidencia, Marco Arana, tendrá actividades en Tacna con diversos medios de comunicación de la ciudad. En la mañana, ofreció una conferencia de prensa, y cerró su campaña electoral con una ‘caravana de la esperanza’ en el Óvalo La Cultura, diagnosticado con COVID 19.

Pedro Castillo- Perú Libre

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, realizó una marcha como cierre de campaña a la que ha denominado “La toma de Lima” comenzando en la Plaza San Martín y culminando en la Plaza Dos de Mayo.

Ollanta Humala- PNP

El aspirante al sillón presidencial del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, cerró su campaña en la plaza de armas de Huaycán, en el distrito de Ate.

Daniel Salaverry- Somos Perú

El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, realizó su cierre de campaña en la ciudad de Iquitos, en Loreto, con una caravana. No estuvo acompañado por el expresidente Martin Vizcarra, número uno en la lista de su partido al Congreso por Lima, debido a que no puede salir de la capital del país por orden judicial.

Andrés Alcántara- Democracia Directa

El candidato presidencial de Democracia Directa, Andrés Alcántara, cerró su campaña en San Juan de Lurigancho. El miércoles hizo una caravana en las calles de Lima, la que finalizó con un pequeño mitin en el distrito de Jesús María.

Rafael Santos- Perú Patria Segura

El candidato Rafael Santos, acompañado por Renzo Reggiardo, fundador del partido Perú Patria Segura (PPS), se desplazo con sus simpatizantes desde Plaza San Martín con dirección al Jirón de La Unión.

Ciro Gálvez- Renacimiento Unido Nacional  (Runa)

El partido Renacimiento Unido Nacional (Runa) cerró su campaña con un acto partidario en su local institucional de la plaza Bolognesi y una caravana partidaria. Con la presencia del candidato Ciro Gálvez, quien se recuperó de un  contagio por coronavirus.

José Vega Antonio- Unión por el Perú

El candidato de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, cerró su campaña con caravanas patrióticas en Áncash. En la mañana, una caravana en Huaraz, teniendo como punto de concentración la zona de Monterrey. Y en la tarde, otra caravana en Chimbote, siendo diagnosticado con COVID-19.

Daniel Urresti- Podemos Perú

El exministro y general retirado del Ejército Daniel Urresti, candidato del partido Podemos Perú, realizó un mitin en Ate y defendió un cambio radical en la educación con un salto “cuántico”, es decir, a escala atómica, pues la mecánica cuántica estudia las partículas más pequeñas del universo.
Fuente: Radio Programas del Perú y Agencia Andina de Noticias.

Comisión Permanente aprobó informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete

La Comisión Permanente aprobó el informe final del caso ‘Vacunagate’ elaborado por una comisión especial del Parlamento en el que se recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Martín Vizcarra, por ocho años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año a la excanciller Elizabeth Astete.
La votación del Congreso contra Martín Vizcarra tuvo un resultado de 26 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, contra Elizabeth Astete tuvo una votación de 24 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, mientras que la recomendación contra Pilar Mazzetti tuvo un respaldo de 25 votos en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Al final de la sesión en la que previamente se escuchó la defensa del expresidente Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete, la Comisión Permanente aprobó que el congresista Jim Mamani sea el encargado de sustentar ante el Pleno del Congreso el informe final que recomienda estas inhabilitaciones.
Días atrás, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había aprobado por mayoría este informe antes de que pueda pasar a la Comisión Permanente. Tras su aprobación en este grupo parlamentario, el documento será elevado al Pleno del Congreso para su debate y votación.
El congresista Jim Mamani (Unión por el Perú) presentó el informe donde se encuentra responsabilidad del expresidente por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 fuera de los ensayos clínicos y por haber gestionado que su esposa y su hermano también se inmunicen.
Para Mamani, Martín Vizcarra habría infringido la Constitución y habría quitado la vacuna a trabajadores del ensayo que sí la requerían. Además, tomó en cuenta factores como el expresidente mintió al haber asegurado que fue voluntario del ensayo de Sinopharm y que se inmunizó secretamente en Palacio de Gobierno.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Aprueban informe de la Comisión Multipartidaria que determina responsabilidad de Martín Vizcarra y exministras

La Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra la COVID-19 concluyó, en su informe final entregado al Pleno del Congreso de la República, que se “ha determinado una estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm, dirigido desde el Ministerio de Salud” y “con la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Esta colaboración, en palabras de Otto Guibovich Arteaga (AP) y que se creó mediante las mociones de orden del día 13833 y 13817 en la sesión plenaria del marzo de 2021, se efectuó “mediante diferentes eventos que no tuvieron equivalencia para otros cinco ensayos clínicos fase III, que se están llevando a cabo en nuestro país”, y que “en algunos casos implicó el empleo de recursos públicos”.
El parlamentario señaló algunos indicadores que sustentan esta conclusión. Por ejemplo, la modificación sucesiva de los protocolos del Ensayo Clínico 51-20 a pedido de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y sin mayor escrutinio sobre su impacto en el ensayo mismo ni en sus fines utilitarios.
La recepción de la delegación de Sinopharm, que coordinaría el EC 51-20, por parte de dos entonces ministros de Estado, Mario López Chávarri (ministro de Relaciones Exteriores) y Pilar Elena Mazzetti Soler (ministra de Salud), fue una situación única e irrepetible para otros laboratorios”.
El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Comité Transitorio de Ética aprobaron un protocolo de ensayo clínico irregular que contenía una cláusula de negociación comercial futura con el laboratorio de Sinopharm”.
Y el hecho de que la “Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) emitió autorizaciones cuando ya los productos de Sinopharm habían sido embarcados y se encontraban en ruta hacia el Perú. Denotando acuerdos oficiosos previos e incumpliendo con sus funciones de ley”.
Producto de la investigación, continuó el parlamentario, “se ha determinado la existencia de responsabilidades de los servidores públicos, por la comisión de ilícitos penales e infracciones constitucionales”.
El expresidente Martín Vizcarra Cornejo habría cometido los delitos de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo, ya que, “en su condición de más alto funcionario, intervenía en todas las operaciones que tenían como objeto la adquisición de vacunas para el Perú, y estaba al tanto de todas las operaciones relacionadas con el ensayo clínico 051-20”.
La exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, habría incurrido en los delitos negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo y colusión, puesto que “accedió a la inoculación de la dosis de Sinopharm, mientras ejercía el cargo de ministra de Salud, sin haber sido voluntaria del ensayo clínico; quien además ha tenido injerencia directa en las negociaciones para la adquisición de las vacunas, y en uso de su poder solicitó la inoculación de personal allegado a su despacho”.
La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, habría incurrido en el delito de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo, porque “accedió a la inoculación de las dosis de la vacuna de Sinopharm, sin haber sido voluntaria del ensayo clínico y formó parte de la comisión encargada de realizar el seguimiento de las acciones”.
Asimismo, el exministro de Relaciones Exteriores, Mario Juvenal Chávarri, habría incurrido en el delito de colusión, porque “intervenía en todas las operaciones que tenían como objeto la adquisición de vacunas para el Perú, y estaba al tanto de todas las operaciones relacionadas con las “vacunas de emergencia”.
Entre los que se beneficiaron con las vacunas, el informe ha determinado que ascienden a 116 servidores públicos y 354 personas particulares, que, en algunos casos son familiares, amigos o colaboradores de los servidores públicos. Entre ellos resaltan la esposa y el hermano del expresidente Vizcarra Cornejo.
El informe recomienda denunciar, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, al expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo; a la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez; y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler, por la presunta comisión de delitos desarrollados en la conclusión 23, y por las infracciones a los artículos 2, inciso 2, 7, 9, 38, 39, 118, inciso 1 de la Constitución Política del Perú.
Se recomienda remitirla parte pública del informe al Ministerio Publico para que investigue y determine las responsabilidades de los funcionarios públicos, así como de las personas que sin tener la condición de voluntarios del EC 051-20, se inocularon con las vacunas de emergencia.
También, que el Instituto Nacional de Salud reestructure el Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la evaluación y supervisión ética de los ensayos clínicos de la enfermedad por COVID-19, para evitar que sus integrantes tengan vínculos con los centros de investigación que se encuentran a cargo del desarrollo de estos en el país.
El informe debe remitirse además a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), para que pueda evaluar las responsabilidades en que hubiera podido incurrir la Universidad Peruana Cayetano Heredia y las consecuentes sanciones, respecto al desarrollo del EC 051-20, en el cual se permitieron el uso irregular de “vacunas de emergencia”.
Así también, propone que el Instituto Nacional de Salud conforme una comisión que se encargue de elaborar una propuesta para la actualización del Reglamento de Ensayos Clínicos, aprobado por DS 021-2017-SA.
Hacia la parte final de su informe, Guibovich Arteaga enfatizó en la recomendación de que el Congreso de la República apruebe un proyecto de ley para extender los alcances del artículo 411 del Código Penal, respecto a la falsa declaración o perjurio, “en vista de que los funcionarios públicos que fueron citados a su comisión, pese a prestar juramento, dieron versiones que se desvirtúan con la documentación a la que se ha tenido acceso”.
Con 84 votos favor, 1 en contra y 9 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria, presidida por el parlamentario Otto Guibovich Arteaga (AP), encargada de investigar el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra la COVID-19, que concluyó –según el informe– en una estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm, dirigida desde el Ministerio de Salud y con la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual manera, producto de la investigación, se determinó la existencia de responsabilidades de servidores públicos como del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, que habría cometido los delitos de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Asimismo, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, habría incurrido en los delitos de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo y colusión, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, quien habría incurrido en el delito de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo.
DEBATE
El primero en intervenir fue el legislador Carlos Mesía Ramírez (FP), quien insistió en que se debe investigar “a la mal llamada Comisión Multisectorial” de Ejecutivo, toda vez que la Comisión del Congreso obtuvo las actas de 16 sesiones de información.
«Es una simple fachada para avalar los estudios clínicos, y descubierto estas irregularidades y lo que nos extraña que seis de las actas no han sido entregadas (…) es una comisión técnica y política que tenía lugar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia», expresó.
Por su parte, el parlamentario de Podemos Perú, Luis Castillo Oliva, señaló que se ha hecho un informe contundente y que han mantenido la reserva del caso y, a la vez, han actuado responsablemente.
«Se ha comprobado el ingreso de vacuna de emergencia que está en el acta de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo y que no es posible que se haya cambiado el tenor de la investigación», dijo.
En tanto, el parlamentario Carlos Fernández Chacón (FA) planteó que presentará un proyecto de ley para que los privados compren las vacunas porque, según dijo, el negociado se puso al descubierto.
A su turno, Manuel Merino De Lama (AP) destacó el esfuerzo del grupo de investigación del Congreso por haber tenido un trabajo eficiente, a la vez lamentó que el Gobierno no haya tenido contrato con empresas que garanticen la vacuna.
El legislador tumbesino insistió en que debió haberse invitado a las enfermeras que han participado en las vacunaciones irregulares para conocer la verdad.
A su vez, la legisladora Martha Chávez Cossío (NA) indicó que está de acuerdo con el informe, pero remarcó que tiene conclusiones preliminares, porque “señala el camino de la responsabilidad del Gobierno actual, el cual no se ha determinado en este informe (…) En ese contexto por decoro el señor (Francisco) Sagasti, luego de las elecciones debería dar un paso al costado. Yo votaría a favor de este informe, pero falta mucho por investigar», señaló.
Por su parte, el congresista Gino Costa Santolalla (PM) aclaró que a su esposa se le menciona en el informe y se le vincula con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estando ella trabajando como parte del equipo de investigadores.
Finalmente, la legisladora María del Carmen Núñez (Frepap) indicó que este informe “va más allá de quién se ha vacunado, sino que se debe saber quién está detrás de los negociados”.
Fuente: Congreso de la República.

Fraude inVEROsímil

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Nuevo Perú- Profesionales, la plataforma de Roberto Rodríguez Rabanal para el Congreso, con Eduardo Arroyo Laguna Decano del CSP y candidato a la reelección, así como Rosendo Felipe Vivanco Cuzcano, integrante del Comité Electoral Nacional.

A LAS Y LOS COLEGAS DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ

CARTA NOTARIAL A EDUARDO ARROYO LAGUNA Decano Nacional CSP Zepita Oficina Lima 2do piso REDACTADA EN LA NOTARIA ROCÍO CALMET Lima, diciembre 2020

El 28 de noviembre último la Junta Directiva del Colegio realizó una Asamblea General para el nuevo Estatuto, con el planteamiento de aprobar ese día el documento propuesto sin lugar a debate ni introducir modificación alguna a su contenido.
En mi calidad de Delegada Nacional, estuve presente desde minutos antes de las 8 am, hora de la primera citación y también a las 8.30 am hora de la segunda citación.
Al abrir el Decano la Sesión, llamé la atención sobre el incumplimiento de normas del Estatuto que afectan la validez de los acuerdos. No se tenía la relación de las personas convocadas a la Asamblea, para comprobar su identidad, asistencia, quórum y el registro de su votación nominal, ni su condición de decanas/os y delegadas/os nacionales, necesario conforme el artículo 14 y artículo 6 literal a). Asimismo, precisé que no se podía impedir a las y los asambleístas presenten las objeciones y aportes que consideraran pertinentes al nuevo Estatuto propuesto.
Como cuestión previa expresé lo anterior, para preservar la validez de la sesión, más aún, siendo una Sesión Virtual manifesté que se debía tener claras y aprobadas las reglas y el procedimiento para su normal desarrollo. Desestimando mi cuestión previa, el Decano prosiguió tomando los acuerdos.
La Sesión se inició y desarrolló sin apego al Estatuto vigente. En diversos momentos expresé mi oposición, pedí que esta constara en Actas y manifesté que procedería a presentar una demanda de Nulidad del Acuerdo.
La base de toda organización democrática es la participación garantizada de sus integrantes, la transparencia, el apego a las normas del país y a las propias normas que la rigen, así como el respeto y acatamiento de las formas y procedimientos para la toma de decisiones institucionales.
Como delegada nacional, me debo a las y los colegas que dieron su voto y en general a todas y todos los que forman parte de nuestra Orden, por ello, he solicitado al Decano nacional mediante carta notarial, entregue el Acta y la grabación digital de la Sesión virtual con el registro de nuestras objeciones planteadas, las denegaciones de la palabra, denegaciones a pedidos reiterados de sustentar y debatir los puntos en divergencia con el proyecto de nuevo Estatuto, la votación nominal, el Chat, así como los medios por los cuales se verificaron los requisitos de validez de la Asamblea y de los Acuerdos, conforme a los artículos 6 y 14 de los Estatutos.
Adjunto copia de la carta notarial dirigida al Decano Nacional.
¡Por un Colegio de Sociólogas y Sociólogos democrático, transparente, comprometido y al servicio del desarrollo del país!
Russela Antonieta Zapata Zapata Delegada CSP

Impugnación del proceso electoral

PRONUNCIAMIENTO
LOS REPRESENTANTES DE LAS LISTAS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ, 2021 – 2023, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE, NOS DIRIGIMOS A LOS Y LAS COLEGIAD@S y al público en general para manifestar que a la fecha estamos impugnando este proceso eleccionario por lo siguiente:
1. Se ha violado el derecho universal al voto libre y secreto, por cuanto las claves brindadas a los electores para ejercer el voto electrónico no han sido implementadas con la metodología Aleatoria.
2. Se ha violado el padrón electoral, conformado por 353 electores hábiles en la Región Lima y Callao, ya que al final se contabilizó 354 electores. La persona que ingresaron se llama Zumaeta Escobedo, Carito Eduarda, Nº de colegiatura 1237. Por tanto, se procedió a impugnar la votación en esta Región.
3. No se incluyó en el padrón a colegiados que se encontraban debidamente habilitados como por ejemplo en Lambayeque el colega Miguel Ángel Marrufo Condorachay, Nro. de Colegiatura 2715, habilitado hasta el 31 de Marzo del 2021.
4. L@s colegas de la Región Centro no pudieron sufragar por la renuncia del Comité electoral, anunciado por el Comité Electoral Nacional. Sin embargo se está contabilizando votos, que corresponderían a dicha región donde no hubo ningún acto electoral.
5. Se excluyó aproximadamente al 80% de colegiados a nivel nacional
POR TANTO:
En la medida que se ha reiterado interna y externamente todos estos hechos, recurriremos ante los organismos reguladores de justicia.
Lima, 27 de marzo de 2021
FIRMANTES:
FRENTE INSTITUCIONAL DESCENTRALISTA SOCIÓLOGOS DEL PERÚ
SOCIÓLOGOS DEMOCRÁTICOS LLAMPAYEC DE LAMBAYEQUE
SOCIÓLOGOS DEL BICENTENARIO
SOCIÓLOGOS REGIÓN CENTRO

Excluyen a Perú Nuevo en Lima y Sociólogos del Bicentenario de Huánuco

Lima, 01 de marzo del 2021
Solicitud N°006-2021-PN/MDLR
Señor
Jorge Luis Salas Arenas
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones
Av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima
consultas@jne.gob.pe
Presente.
Asunto de Referencia: Resolución N°006-02-2021
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlos y en atención al asunto informar que el Comité Electoral Nacional por aprobar un Reglamento vulnerando los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, ha usurpando competencias que por Estatuto le corresponde a la Junta Directiva Regional de Lima y Callao.
Asimismo, el Comité Electoral Nacional desarrolla un proceso electoral para la elección de su junta directiva regional y delegados para la Asamblea Nacional en la jurisdicción de Lima y Callao, sin respetar el debido proceso.
Argumentos que han sido comunicados al Decano Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú, Decana Regional del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, Directivos de la Junta Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú, Directivos de la Junta Regional del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao.
A quienes hicimos de su conocimiento las irregularidades que viene cometiendo el actual Comité Electoral Nacional conformado por Sandra Cruzatt Mendoza (Presidenta), Kelly Diana Chinguel Cajo (Secretaria) y Rosendo Felipe Vivanco Cuzcano (Vocal), en el actual proceso electoral para elegir dirigentes de Junta Directiva Nacional, Junta Directiva Regional y Delegados miembros a la Asamblea General Nacional, para el periodo 2021-2023. Al respecto presento los fundamentos de hecho y de derechos, que sustentan dichas solicitudes:
ANTECEDENTES

  • De acuerdo con los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú aprobados recientemente en el mes de diciembre de 2020, establece literalmente en su TITULO VI “DE LAS ELECCIONES”, los siguientes artículos:

Art. 69°. – “El acto eleccionario es conducido por un Comité Electoral Nacional designado por la Junta Directiva Nacional. El Reglamento aprobado por el Comité Electoral norma todo el proceso Nacional y Regionales.
El Comité Electoral Nacional tiene a su cargo verificar si las Listas reúnen los requisitos exigidos en el Estatuto y Reglamento, resuelve las tachas que se interpongan contra las Listas de candidatas/os a la Junta Directiva Nacional, actúa como mecanismo de segunda instancia para resolver las tachas de las Listas de candidatas/os a las Juntas Directivas Regionales y Listas de candidatas/os a la Asamblea General, dirige el escrutinio nacional, proclama a la Lista ganadora de la Junta Directiva Nacional.
El acto eleccionario en cada Sede Regional es conducido por un Comité Electoral Regional designado por la Junta Directiva Regional. Resuelve en primera instancia las tachas que se interpongan contra las listas de candidatas/os, dirige el escrutinio regional, y proclama a la lista ganadora”.
Art. 72°. – “Las Listas de Candidatas/os se inscriben hasta diez (10) días antes de la fecha del acto eleccionario. La elección es por lista completa…”.
“…El Reglamento fija la modalidad y condiciones de la inscripción, sin desnaturalizar las normas previstas en el presente Estatuto”.
Art. 75°. – “El Comité Electoral Nacional proclama a la Junta Directiva Nacional. Cada Comité Regional proclama a su respectiva Junta Directiva Regional y a las/os Delegados a la Asamblea General del Colegio de Sociólogos del Perú”.
Art. 76°. – “El acto electoral se efectúa en el local que designe el Comité Electoral Regional y se realiza de 09 a 16 horas del mismo día, con presencia de la ONPE de inicio a fin…”.

  • el 04 de enero del 2021, el Comité Electoral Nacional conformado por Sandra Cruzatt Mendoza (Presidenta), Kelly Diana Chinguel Cajo (Secretaria) y Rosendo Felipe Vivanco Cuzcano (Vocal), aprueban el REGLAMENTO ELECTORAL NACIONAL 2020, para elegir dirigentes de Junta Directiva Nacional, Junta Directiva Regional y Delegados miembros a la Asamblea General Nacional, para el periodo 2021-2023.En dicho Reglamento establecen los siguientes artículos:

Art. 6°. – “Son órganos electorales del Colegio de Sociólogos del Perú:
a) Comité Electoral Nacional.
b) Comité Electoral Regional”.
Art. 7°. – “El Comité Electoral Regional, es la máxima autoridad en lo concerniente al proceso electoral en su respetiva jurisdicción territorial, sus fallos son inapelables.
Art. 11°. – “En la presente elección, el Comité Electoral Nacional y el Comité Electoral
Región Lima y Callao estará constituido por los mismos integrantes”.
Artículo 34°. – “Requisitos para inscribir Delegados a la Asamblea General Nacional: a) Solicitud (digital o físico) dirigida al Comité Electoral Regional. b) Ser peruano o ser residente por dos (2) años como mínimo. c) Tener la condición de colegiado ordinario activo. d) Tener mínimo un (1) año en el ejercicio de la profesión de sociólogo. e) Copia DNI o carnet de extranjería. f) No haber recibido sanciones disciplinarias, por parte del tribunal de Honor”.

  • El Comité Electoral Nacional publicó el 19 de febrero de 2021, el Comunicado N°07-02-2021/CEN “Publicación de Listas Recepcionadas en Proceso de Revisión, adjuntando las siguientes relaciones de listas inscritas:

Lista Denominada “PERÚ NUEVO”
Candidatos a Delegados para la Asamblea General Nacional
Lista Denominada “UNIÓN SOCIOLÓGICA EN ACCIÓN”
Candidatos para la Junta Directiva Nacional
Candidatos para la Junta Directiva de la Región Lima y Callao
Candidatos a Delegados para la Asamblea Nacional General
Lista Denominada “FRENTE INSTITUCIONAL DESCENTRALISTA SOCIÓLOGOS DEL PERÚ”
Candidatos para la Junta Directiva Nacional
Candidatos para la Junta Directiva de la Región Lima y Callao
Candidatos a Delegados para la Asamblea Nacional General

  • El Comité Electoral Nacional publicó el 24 de febrero de 2021, la Resolución N° 004-02-2021/CEN, resolviendo NULA la solicitud de inscripción de la Lista “PERÚ NUEVO”, señalando literalmente:

Artículo único. – en vista que la lista denominada Perú Nuevo, de los 14 postulantes, 9 de ellos no han modificado la condición de colegiados pasivos a colegiados ORDINARIOS ACTIVOS a pesar de gozar de 48 horas hábiles para levantar las observaciones. Se resuelve NULA la solicitud de inscripción de lista de candidatos para postular a Delegados a la Asamblea Nacional del CSP para la región Lima y Callao (artículo 38°).
ANÁLISIS

  • De acuerdo con artículos de los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú:

Artículo 69.- En ese sentido, se concluye que, el Comité Electoral Nacional es designado por la Junta Directiva Nacional y estos aprueban el Reglamento que norma todo el proceso Nacional y Regional.
Asimismo, establece que, el Comité Electoral Nacional “…actúa como mecanismo de segunda instancia para resolver las tachas de las Listas de candidatas/os a las Juntas Directivas Regionales…”
Finalmente, señala que, el acto eleccionario en cada Sede Regional es conducido por un Comité Electoral Regional designado por la Junta Directiva Regional, y es este quien resuelve en primera instancia las tachas que se interpongan contra las listas de candidatas/os, entre otros.
Artículo 72.- Considerando que, las elecciones se realizarán el 27 de marzo, se pueden inscribir las Listas de Candidatas/os hasta el 17 de marzo de 2021. Asimismo, el Comité Electoral Nacional debe aprobar el Reglamento respetando las normas previstas en el Estatuto del Colegio de Sociólogos del Perú.
Artículo 75.- El Comité Electoral nacional sólo proclama a la Junta Directiva Nacional, mientras cada Comité Regional Electoral proclama a su respectiva Junta Directiva Regional.
Artículo 76.- El acto electoral se efectúa en el local que designa el Comité Electoral Regional.

  • De acuerdo con artículos del Reglamento Electoral Nacional, para elegir dirigentes de Junta Directiva Nacional, Junta Directiva Regional y Delegados miembros a la Asamblea General Nacional, para el periodo 2021-2023, se concluye que:

Artículo 6.- Existen dos órganos electorales del Colegio de Sociólogos del Perú, a) Comité Electoral Nacional; y, b) Comité Electoral Regional”.
Artículo 7.- La máxima autoridad electoral, es el Comité Electoral Regional en el proceso electoral en su respetiva jurisdicción territorial, sus fallos son inapelables.
Artículo 11.- Establece que, para la presente elección, el Comité Electoral Nacional y el Comité Electoral Región Lima y Callao estará constituido por los mismos integrantes.
Artículo 34.- Establece que un requisito para inscribir Delegados a la Asamblea General Nacional, es una solicitud (digital o físico) dirigida al Comité Electoral Regional.

  • El Comité Electoral Nacional publicó el 19 de febrero de 2021, el Comunicado N°07-02-2021/CEN, donde evidencia que recepcionó lista de candidatos que postulan a cargos de Junta Directiva Regional y Delegados de Lima y Callao, cuya competencia, según los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, está a cargo Comité Electoral Regional por la Junta Directiva de la Región Lima y Callao:

  • Candidatos a Delegados para la Asamblea General Nacional por la Lista “Perú Nuevo”.
  • Candidatos para la Junta Directiva de la Región Lima y Callao, por la Lista “Unión Sociológica en Acción”
  • Candidatos a Delegados para la Asamblea Nacional General por la Lista “Unión Sociológica en Acción”.
  • Candidatos para la Junta Directiva de la Región Lima y Callao, por la Lista “Frente Institucional Descentralista Sociólogos del Perú”.
  • Candidatos a Delegados para la Asamblea Nacional General por la Lista “Frente Institucional Descentralista Sociólogos del Perú”.
  • El Comité Electoral Nacional publicó el 24 de febrero de 2021, la Resolución N° 004-02-2021/CEN, resolviendo NULA la solicitud de inscripción de la Lista “PERÚ NUEVO” para postular a Delegados a la Asamblea Nacional del CSP para la región Lima y Callao, cuya competencia, según los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, está a cargo Comité Electoral Regional por la Junta Directiva de la Región Lima y Callao.

  • CONCLUSIONES
  • Corresponde al JNE de acuerdo a su Reglamento de Organización y funciones: Fiscalizar “los procesos de elección de alcance institucional conforme a las solicitudes provenientes de diversas organizaciones que cuenten con reconocimiento oficial”, como es el caso del Colegio de Sociólogos del Perú, creado por Ley e inscrito en la SUNARP. Así como “denunciar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en la ley”; y “Realizar otras funciones y atribuciones inherentes y afines a su competencia, conforme a la Constitución Política del Perú y la legislación electoral vigente”.

  • De acuerdo con artículos de los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, el Comité Electoral Nacional conformado por Sandra Cruzatt Mendoza (Presidenta), Kelly Diana Chinguel Cajo (Secretaria) y Rosendo Felipe Vivanco Cuzcano (Vocal), aprobaron el REGLAMENTO ELECTORAL NACIONAL 2020, que norma todo el proceso Nacional y Regional.

  • En el artículo 69 de los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, establece que, el Comité Electoral Nacional “…actúa como mecanismo de segunda instancia para resolver las tachas de las Listas de candidatas/os a las Juntas Directivas Regionales…”; asimismo, establece que, el acto eleccionario en cada Sede Regional es conducido por un Comité Electoral Regional designado por la Junta Directiva Regional, y es este quien resuelve en primera instancia las tachas que se interpongan contra las listas de candidatas/os, entre otros. Por otro lado, establece que el Comité Regional Electoral proclama a su respectiva Junta Directiva Regional (artículo 75) y que, el acto electoral se efectúa en el local que designa el Comité Electoral Regional (artículo 76).

  • En ese sentido el Reglamento Electoral Nacional establece que existen dos órganos electorales del Colegio de Sociólogos del Perú, a) Comité Electoral Nacional; y, b) Comité Electoral Regional” (artículo 6); así también, que la máxima autoridad electoral, es el Comité Electoral Regional en el proceso electoral en su respetiva jurisdicción territorial, sus fallos son inapelables (artículo 7); y que es un requisito para inscribir Delegados a la Asamblea General Nacional, es una solicitud (digital o físico) dirigida al Comité Electoral Regional (artículo 34).

  • Sin embargo, el Comité Electoral Nacional establece en su artículo 11 del Reglamento Electoral Nacional que, para la presente elección, el Comité Electoral Nacional y el Comité Electoral Región Lima y Callao estará constituido por los mismos integrantes, con lo cual el Comité Electoral Nacional:

  • Ha aprobado un reglamento electoral, cuyo artículo en mención vulnera los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú y contradice los artículos 6 y 7 del Reglamento Electoral Nacional que ellos mismos han aprobado.

  • Se ha iniciado un proceso electoral irregular para elección de la nueva Junta Directiva Regional de Lima y Callao y Delegados para la Asamblea Nacional, sin contar con un Comité Electoral Regional de Lima y Callao.

  • No ha considera que, el Comité Regional Electoral proclama a su respectiva Junta Directiva Regional (artículo 75) y que, el acto electoral se efectúa en el local que designa el Comité Electoral Regional (artículo 76).

  • Se han atribuido competencias, que le corresponde a la Junta Directiva Regional de Lima y Callao, tal como lo establece el artículo 69 de los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, y los artículos 6 y 7 del Reglamento Electoral Nacional establece que se debe conformar un Comité Electoral Regional designado por la Junta Directiva Regional, en este caso de Lima y Callao.

  • Al establecer en el Reglamento Electoral Nacional que ellos se harán cargo del proceso eleccionario en la región de Lima y Callao, han vulnerado el derecho de apelación en segunda instancia para resolver las tachas de las Listas de candidatas/os a la Junta Directiva Regional de Lima y Callao y sus Delegados a la Asamblea Nacional consagrado en los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú.

  • Considerando que, las elecciones se realizarán el 27 de marzo de 2021, se ha limitado el derecho a la participación de los Colegiados limitando la inscripción de las listas de postulación para los cargos directivos del Colegio de Sociólogos del Perú y de sus Colegios Regionales, sólo hasta el 17 de febrero de 2021 y no hasta el 17 de marzo de 2021 como corresponde. No respetando menos tomando en cuenta que, el artículo 72 de los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú establece que: “Las Listas de Candidatas/os se inscriben hasta diez (10) días antes de la fecha del acto eleccionario. La elección es por lista completa…”. Y que “…El Reglamento fija la modalidad y condiciones de la inscripción, sin desnaturalizar las normas previstas en el presente Estatuto”.

  • La atribución indebida de competencias que no le corresponden se consumó al publicar el 19 de febrero de 2021, el Comunicado N°07-02-2021/CEN, donde evidencia que recepcionó lista de candidatos que postulan a cargos de Junta Directiva Regional y Delegados de Lima y Callao, cuya competencia, según los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, está a cargo Comité Electoral Regional designado por la Junta Directiva de la Región Lima y Callao:

  • Asimismo, el Comité Electoral Nacional consumó su atribución de competencias que no le corresponde publicado el 24 de febrero de 2021, la Resolución N° 004-02-2021/CEN, resolviendo NULA la solicitud de inscripción de la Lista “PERÚ NUEVO” para postular a Delegados a la Asamblea Nacional del CSP para la región Lima y Callao, cuya competencia, según los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, está a cargo Comité Electoral Regional por la Junta Directiva de la Región Lima y Callao.

  • Esperando la inmediata atención al presente, por ser de justicia, al evidenciarse la vulneración de los derechos de los Colegiados y consumarse un proceso irregular de parte del Comité Electoral Nacional que no respetó los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú.

Por lo que solicitamos la tacha del Comité Electoral Nacional por no respetar los Estatutos del Colegio de Sociólogos del Perú, usurpando competencias de la Junta Directiva Regional de Lima y Callao, así como haber dispuesto la nulidad de la Inscripción de la lista Perú Nuevo.
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.
Atentamente,
LIC. MARCO DARIO LAGOMARCINO RODRIGUEZ PERSONERO CSP: 2140 DNI 41323249
ADJUNTO:
a.- Resolución 004-02-2021/CEN
b.- Resolución 006-02-2021/CEN
c.- Cuadro de candidatos Lista Perú Nuevo
Cuadro de candidatos de la lista Perú Nuevo al día en cotizaciones a enero-febrero 2021.

NOMBRES Y APELLIDOS Pago colegiatura 2021 Condición
1 VICTOR RAUL NOMBERTO BAZAN 53 HABIL
2 MARIA ISABEL SULEMA LOAYZA ALATRISTA 783 002451

(22FEB2021)

HABIL
3 JOHNNY RICK MEJIA CABALLERO 2308 HABIL
4 LIZ PUMA ALMANZA 2797 002457 (22FEB2021) HABIL
5 ALIDA ISIDORA DIAZ ENCINAS 132 Voucher de pago 2075 (22FEB2021) HABIL
6 EVA HILDA RIQUEZ VILLARROEL 216 002454

(22FEB2021)

HABIL
7 GENNARO JOSSE ZAPATA MACERA 2572 HABIL
8 JULIO CESAR BARDALES MEDINA 2565 HABIL
9 PILAR BEATRIZ MENDOZA CASTRO 2214 HABIL
10 DENISSE PAOLA CANCHAYA FERNANDEZ 2113 HABIL
11 PEGGY ELIZABETH SOSA OBREGON 3071 002459 (23FEB2021) HABIL
12 ANGELA ELENA CCAPA QUISPE 2977 002330 (19FEB2021) HABIL
13 FELIPE BERNALES PINEDO 3991 HABIL

27 de marzo: Impiden la votación de la Dra. Alida Díaz y todos los colegiados de la Región Central

Huancayo, 27 de marzo del 2021.
Señores
COMITÉ ELECTORAL NACIONAL DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS DEL PERÚ CEN.
A través de la presente, hago llegar mi extrañeza ante lo sucedido por el actuar del Comité Electoral Nacional, no sin antes presentarme, Yo PERCY MICHAEL QUINTO ENRIQUEZ, identificado con DNI N° 20115470, y con número de colegiatura del Colegio de Sociólogos del Perú N°1419, y domiciliado en el Jr. Ica N°1191 – Huancayo, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, y expongo lo siguiente:
1.- En el Colegio de Sociólogos del Perú, se viene llevando el proceso electoral con fecha 27 de marzo del 2021, motivo por el cual mi persona viene participando como candidato al cargo de Director de Actividades Científicas y Culturales en la LISTA NACIONAL N° 2 por la agrupación “Frente Institucional Descentralista – Sociólogos del Perú”, sin embargo, se me ha limitado el DERECHO AL SUFRAGIO, al excluirme con la emisión del usuario y password al correo personal la cual fue registrado y actualizado oportunamente de acuerdo a las indicaciones establecidas para poder ingresar a la plataforma y realizar mi derecho al sufragio.
2.- Tengo conocimiento que el Actual DECANO del CSP-RC, ha remitido el padrón de agremiados bajo la condición de hábiles, la cual mi persona figura como miembro hábil, y por ende mi persona es declarado como APTO para participar como candidato por la LISTA N° 2 de la agrupación “Frente Institucional Descentralista – Sociólogos del Perú”.
3.- De fecha 27 de marzo del 2021, el actual DECANO del Colegio de Sociólogos del Perú – Región Centro, ha posteado en el GRUPO INSTITUCIONAL CSP -RC el siguiente comunicado que a la letra dice: Comité Electoral Nacional 2020-2021 “En simultaneo los colegios regionales de Ancash, Arequipa, Cajamarca; Huánuco; Lambayeque, Lima y Calla, lima provincia, Piura y Puno, se desarrollaran las elecciones de la Junta Directiva Regional, y de Delegados a la Asamblea General Nacional; con excepción de la región Junín (centro), por renuncia del comité Regional en pleno, se reprogramará en una elección complementaria según las recomendaciones recibida por la ONPE (captura de imagen).
En ese sentido, ante lo descrito en el COMUNICADO, debo manifestar que la comunicación debió haber sido anticipado para dar a conocer a los agremiados y no el mismo día de las elecciones 27 de marzo del 2021, a horas 10:50 am., llegando a generar confusión a los agremiados. (Adjunto pantallazo).
Finalmente, insto al Comité Electoral Nacional, se me facilite el ingreso a la PLATAFORMA para realizar el derecho a sufragio, amparado bajo el Estatuto de nuestra ORDEN Profesional que rige. En su Art. 67° y 68°.
En espera de su atención, me suscribo de ustedes.
LIC. PERCY MICHAEL QUINTO ENRIQUEZ DNI 20115470
CSP N° 1419

CARTA DE RENUNCIA

Huancayo, 23 de marzo del 2021
Lic. Carlos Rolando Soto Zavala
DECANO DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS –REGION CENTRO.
Av. Huancavelica Nº435-El Tambo
Presente. –
Por medio de la presente reciba un cordial saludo a nombre del Comité Electoral Región Centro, y al mismo tiempo presentar formalmente nuestra RENUNCIA IRREVOCABLE a los cargos de Presidente, Secretaria y Vocal del Comité Electoral de la Región Centro que venimos ocupando dentro del colegio de Sociólogos.
Cabe señalar que nuestra decisión obedece a los siguientes motivos:
La lista Integración Regional ha apelado a nuestras resoluciones en 3 ocasiones, pese a que el Artículo 7° del Reglamento Electoral Nacional señala taxativamente que el Comité Electoral Regional es la máxima autoridad en lo concerniente al proceso electoral en su respectiva jurisdicción territorial y sus fallos son INAPELABLES.
En respuesta a la segunda Apelación el Comité Electoral Nacional emitió la Resolución N°007- 03-2021 en la cual le otorgaba a la lista Integración Regional un plazo menor de 48 horas para subsanar las observaciones; como Comité Regional, nos vimos desautorizados respecto a nuestro primer Fallo (Resolución N°003-2021), y sin embargo aceptamos el Fallo del Comité Nacional, y se le remitió a la personera de la referida Lista la Carta N°004-2021 en la cual se especificaban las observaciones que debían levantar, no obstante, la Lista en mención, no subsanó todas las observaciones, incumpliendo de esta manera el Artículo 38° del Reglamento Electoral Nacional.
En consecuencia y, siendo parte de nuestra competencia validar las listas aptas, se remitió la Resolución N°005-2021 en la cual se declaraba IMPROCEDENTE a la lista en mención por no cumplir con los requisitos establecidos.
Finalmente, la referida Lista decidió APELAR nuevamente a la Resolución N° 005-2021, y por NO ser ya de nuestra competencia emitir un fallo, se derivó la apelación al CEN.
En ese sentido, manifestamos que como Comité Electoral siempre nos hemos pronunciado acorde a los lineamientos que se estipulan en el Reglamento Electoral Nacional, y que no hemos infringido ningún Artículo. Pero nos vemos en la obligación de ser consecuentes y coherentes con nuestros fallos.
Por último, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la actual Junta Directiva del Colegio de Sociólogos Región Centro por la oportunidad que nos brindaron y por la confianza que depositaron en nosotros.
ROLANDO MOISÉS MONTALVO HUAMÁN DNI N°44353585
SALY EMELIN MARTICORENA ROJAS DNI N°44176173
CRISTINA ISABEL GÁLVEZ GUTIÉRREZ DNI N° 40525384

Denuncias constitucionales ahora

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Congreso: Aprueban informe final sobre Denuncias Constitucionales contra Daniel Salaverry

El informe imputa al candidato de Somos Perú haber presentado información falsa respecto a sus actividades en la semana de representación cuando ejercía como legislador.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) aprobó el informe final sobre las Denuncias Constitucionales acumuladas 375, 284 y 344 contra el excongresista y candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry. Dicha medida fue aprobada con 16 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
Cabe mencionar que el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga Pajares votó en abstención debido a que el acusado es miembro de la plancha presidencial de su partido.
El informe final, presentado y sustentado por el legislador del Frente Amplio, José Luis Ancalle, imputaba a Salaverry el presentar información falsa sobre sus actividades en semana de representación cuando ejercía como congresista por La Libertad. Por esa razón, al extitular del Parlamento se le atribuye la comisión de los delitos de colusión grabada, peculado doloso y falsedad genérica.
Sobre las Denuncias Constitucionales contra Martín Vizcarra
Finalmente, el congresista Jim Mamani (Nueva Constitución) señaló a la SCAC que presentó el informe de determinación de hechos y pruebas sobre las denuncias Constitucionales que contemplan el juicio político contra el expresidente, Martín Vizcarra. Asimismo, señaló haber recibido varios escritos de Vizcarra Cornejo, los mismos que están incluidos en dicho informe.
Fuente: Revista CARETAS.

El presidente Martín Vizcarra asiste al Congreso de la República para ejercer su derecho a la defensa ante el segundo pedido de moción de vacancia.

Las nuevas leguleyadas de Martín Vizcarra

Por Eloy Marchán– ElFoco.pe
El expresidente petardea con escritos las denuncias que hay en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el escándalo Vacunagate. Vizcarra también intenta algo inaudito: detener, vía el Poder Judicial, la inhabilitación política que se le viene.
“Yo siempre pongo el pecho” es una de las frases que Martín Vizcarra más repitió cuando era el presidente de la República. Cuatro meses después de dejar Palacio de Gobierno, la expresión es hoy solo una anécdota. Debido al escándalo Vacunagate, Vizcarra está enfrentando en el Congreso una serie de acusaciones constitucionales y, en vez de responder a las denuncias, lo que está haciendo con sus abogados es petardear con escritos las investigaciones y recurrir al Poder Judicial para detenerlas.
EL FOCO accedió los expedientes completos de Vizcarra que están en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Hasta el momento contra el candidato congresal de Somos Perú hay diez denuncias constitucionales formuladas por parlamentarios de distintas bancadas. Ocho de ellas solicitan que Vizcarra sea inhabilitado por diez años en el ejercicio de la función pública debido a que supuestamente violó tres artículos de la Constitución al vacunarse irregularmente.
Las otras dos denuncias que pesan contra Martín Vizcarra son pedidos para que sea sometido a antejuicio político por delitos penales que, de aprobarse en el Pleno del Congreso, harán que la Fiscalía de la Nación enjuicie directamente al expresidente. Carlos Pérez Ochoa, de Acción Popular, es el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, por lo tanto, el encargado de ordenar las denuncias que han llegado a su despacho contra Vizcarra.
Registro de ingreso del pedido de acción de amparo solicitado por Martín Vizcarra para detener las acusaciones constitucionales en su contra. La demanda está en el 6º Juzgado Constitucional, que dirige la jueza Rocío Rabines Briceño.
Por ahora Ochoa ha decidido agrupar las denuncias de juicio político -las que buscan una inhabilitación por violar la Constitución- bajo el paraguas de la primera que llegó: la número 423. Esta denuncia fue formulada por María Bartolo Romero, congresista de Nueva Constitución. En el caso de las denuncias de antejuicio político -las de índole penal y que se dan solo con altos funcionarios-, la acusación principal es la número 422, y fue de autoría de María Teresa Cabrera, de Podemos Perú.
En el despacho de Ochoa están trabajando a todo tren en las acusaciones constitucionales contra Vizcarra. La meta es que ellas sean aprobadas por el Pleno del Congreso antes del próximo 11 de abril, día las elecciones generales. ¿Les alcanzará el tiempo? Para que una acusación constitucional prospere, primero debe ser aprobada al interior de la subcomisión, luego ser revisada por la Comisión Permanente y, finalmente, llevada a votación en el Pleno del Parlamento.
Las acusaciones contra Vizcarra hoy están en la mitad del camino: tienen informe procedente del equipo técnico de la subcomisión, visto bueno de la Comisión Permanente y congresistas designados para elaborar el informe acusatorio. En el caso del pedido de inhabilitación por diez años contra Vizcarra el encargado es Jim Mamani, de UPP. En el antejuicio político, es decir para que el expresidente sea procesado por delitos penales, el responsable es Carlos Mesía, de Fuerza Popular.
Congresistas Jim Mamani y Carlos Mesía: son los encargados de elaborar los informes contra Martín Vizcarra. (Fotos: Congreso)
Tanto Mamani como Mesía recibieron el encargo de hacer los informes contra Vizcarra en la sesión de la subcomisión del pasado 4 de marzo. Ellos tienen la misión de recoger los descargos de Vizcarra sobre las acusaciones en su contra, contrastarlos con las denuncias formuladas contra él y elaborar un informe concluyente. Jim Mamani y Carlos Mesía han notificado a Vizcarra hace una semana, pero, hasta el cierre de este informe, el expresidente no había respondido.
Sin embargo, lo que sí ha hecho Vizcarra es comenzar a petardear -con leguleyadas y maniobras legales- las dos investigaciones constitucionales contra él. El último 25 de febrero, antes de que se designe a los encargados de los informes y se le notifique que está siendo procesado, Martín Vizcarra presentó dos escritos ante la subcomisión “advirtiendo” que están vulnerando su derecho al debido proceso y pidiendo que las denuncias constitucionales en su contra vuelvan a foja cero.
Los documentos enviados por Vizcarra están firmados por él y sus dos abogados: Fernando Ugaz Zegarra y Jonathan Correa Arias. Sobre la denuncia por infracción constitucional, Vizcarra y sus defensores legales dicen textualmente: No establece los hechos que configuran cada uno de los elementos típicos del tipo infractor (…) El informe anuncia de manera gratuita el término vacuna del Covid-19, cuando por las fechas el objeto era una ‘muestra experimental’.
Arriba: documento enviado por los abogados de Martín Vizcarra señalando que el expresidente no cometió una infracción constitucional porque lo que se inoculó fue una “muestra experimental”. Abajo: lista de congresistas que, según la defensa de Vizcarra, adelantaron opinión.
Es decir, Vizcarra sostiene que no cometió ninguna infracción constitucional porque lo que se inoculó no era una vacuna, sino un “muestra experimental”. Asimismo, dice que están violando su derecho al debido proceso debido a que no le han informado los artículos de la Constitución que violó al vacunarse a escondidas del país. En la denuncia constitucional de la congresista Bartolo se detalla que los artículos que Vizcarra infringió son el 38, 39, 41 y 118, que tratan sobre la función del presidente de velar por el bien de todos los peruanos y no por el suyo propio.
En el caso del escrito que Vizcarra presentó para detener el antejuicio en su contra, el expresidente y sus abogados sostienen: No hay una incriminación directa determinada en tiempo y lugar, modo de cómo se realizaron los hechos (…) no se menciona con qué funcionario de Sinopharm supuestamente se habría coludido el imputado, o cuál es el documento cierto falsificado por dicha persona, menos aún se dice cuál es el contrato público relacionado con el ‘inoculación de muestras experimentales’.
En resumen: Vizcarra dice que no ha cometido delito penal alguno debido a que la vacuna que se inoculó no era un bien público, no pidió a un ejecutivo de Sinopharm que le aplique la dosis y no existía un contrato del Estado peruano con el laboratorio chino cuando fue inmunizado. Lo delitos penales que, según la congresista Cabrera, cometió Vizcarra al vacunarse a escondidas son: colusión, concusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, falsificación de documentos y organización criminal.Arriba: conclusiones preliminares de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: sí procede antejuicio contra Vizcarra por los delitos de organización criminal, colusión, cohecho y otros. Abajo: conclusiones iniciales sobre las infracciones a la Constitución cometidas por Vizcarra, y que lo llevarían a que sea inhabilitado por diez años.
En los escritos, los abogados de Vizcarra también presentan una colección de declaraciones públicas de congresistas donde condenan que el expresidente se haya vacunado irregularmente y a escondidas del país. Los parlamentarios citados son Marcos Pichilingue, Ricardo Burga, Matilde Fernández, María Retamozo, Edgar Alarcón, Otto Guibovich, José Luis Ancalle, Erwin Tito, Wilmer Bajonera y Posemoscrowte Chahua. Según la defensa de Vizcarra, todos ellos adelantaron opinión.
Al mismo tiempo que presentan escritos para que las investigaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vuelvan a foja cero, Vizcarra y sus abogados han ido también al Poder Judicial. El último 5 de marzo solicitaron una acción de amparo para detener todo que viene actuando el Congreso contra él. La demanda está en manos del 6º Juzgado Constitucional, que dirige la jueza Rocío Rabines Briceño, y, según el sistema del Poder Judicial, todavía está “en calificación”.
Intentar detener o invalidar una acusación constitucional vía una acción de amparo es algo inaudito en el Perú, según especialistas consultados por EL FOCO. En el 2013, el expresidente Alan García consiguió una acción de amparo, pero solo para retrotraer la investigación que en su contra estaba haciendo la Megacomisión. Si Vizcarra consigue su objetivo vía el Poder Judicial, marcará un nuevo hito en la larga historia peruana de la impunidad.

Caso ‘Cuellos Blancos’

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Las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez fueron removidas del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, tras revelarse su reunión con el expresidente Martín Vizcarra, en la que participó el mayor Manuel Arellanos. Foto: La República.

¿Qué función clave cumple el policía que estuvo con dos fiscales en la reunión irregular con Martín Vizcarra?

Por Miguel Gutiérrez R.- Convoca.pe
El funcionario del Ministerio del Interior y las dos fiscales provinciales del Callao que se reunieron con Martín Vizcarra -días después de que este asumiera la presidencia- para supuestamente comunicarle la trascendencia del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, estaban enterados que las cabezas de la red criminal mencionaban al mismo Vizcarra como amigo del grupo investigado y que incluso ya se reunían con él en Palacio de Gobierno. Por su nivel de acceso a la sala de escuchas telefónicas, el mayor PNP Manuel Arellanos podía saber al instante los nombres que surgían en las conversaciones interceptadas legalmente a los miembros de la organización. Desde 2017, seis ministros del Interior y cuatro directores de la Dirección General de Inteligencia del sector renunciaron por escándalos y otros tuvieron salidas formales, pero el mayor Arellanos y su jefe inmediato, el experimentado hombre de inteligencia conocido como “El Conejo”, siguieron inamovibles en la entidad ministerial desde aquella reunión con Vizcarra en 2018.
La versión del mayor PNP Manuel Arellanos Carrión, jefe del equipo que recolectaba información de inteligencia sobre los miembros de la organización llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, resulta clave para determinar la real motivación que llevó a las fiscales provinciales del Callao, Sandra Castro y Rocío Sánchez, a reunirse -entre marzo y abril de 2018- con el entonces flamante presidente Martín Vizcarra, en plena labor secreta de la investigación y a espaldas de sus superiores. Por esa reunión, ambas fiscales fueron removidas del Equipo Especial del caso “Cuellos Blancos”, el miércoles último.
A fines de 2017, un juez había autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones a los integrantes de una organización criminal, investigación que estaba a cargo de la fiscal contra el Crimen Organizado del Callao, Rocío Sánchez. El caso “Las Castañuelas de Rich Port” relacionaba a criminales con personajes del sistema judicial de la región chalaca.
La labor fiscal era apoyada por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, bajo la jefatura del coronel PNP Harvey Colchado, y de un equipo de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), que manejaba el mayor PNP Manuel Arellanos, de la División de Búsqueda (Divbus) por decisión de su jefe directo, el experimentando hombre de inteligencia, Martín Gonzales Sánchez, conocido como “El Conejo”.
Arellanos ya gozaba de experiencia en escuchas telefónicas cuando laboraba en la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas -creada por el entonces oficial Carlos Morán-, por lo que fue convocado a reunir y operativizar si fuera necesario las evidencias que surgieran durante las grabaciones legales autorizadas del programa Constelación.
Para la labor de vigilancia electrónica se dispuso la sala de interceptación de comunicaciones auspiciada por la agencia de inteligencia británica (National Crime Agency) destinada hasta ese momento para casos relacionados con tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. El administrador del programa de escuchas, el entonces comandante PNP Luis Vicente López (“Lu”) -fundador de Constelación junto con Carlos Morán, quien meses después se convertiría en el ministro del Interior de Vizcarra- estaba al tanto del caso y recibía la visita periódica del mayor PNP Arellanos.
Arellanos comenzó a trabajar estrechamente en el caso con la fiscal Sandra Castro, convocada por su colega Rocío Sánchez para que se encargase de la recolección de la información de la sala de Constelación. Cualquier información muy relevante como nombres de nuevos personajes o probables hechos ilícitos que pudieran surgir en las comunicaciones, los responsables de Constelación, el oficial de la sala de interceptación telefónica o el mismo comandante “Lu”, se comunicaban en cualquier momento del día, no solo con la fiscal Castro sino con el mismo mayor Arellanos para que acudieran a oír las grabaciones.
Así, las primeras conversaciones registradas por las escuchas de Constelación se efectuaron desde setiembre de 2017 y correspondieron a abogados vinculados con la defensa legal de criminales. Semanas después, cuando surgieron conversaciones de otros personajes, como el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y del propio vocal supremo César Hinostroza sugiriendo intercambio de favores y arreglos extrajudiciales, los investigadores se percataron que la red delictiva se componía de magistrados del Poder Judicial y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Cada conversación de las decenas que iban ingresando a esa sala de interceptaciones, eran monitoreadas atentamente por tres escuchas que cumplían su labor por días pares e impares. Si había información clasificada y sensible era comunicado por estos policías inmediatamente al capitán responsable de la sala de grabaciones para cuidar su trabajo y descartar suspicacias. Ningún detalle podía escapársele.
Para marzo de 2018, luego de cuatro meses de grabaciones relacionadas a Los Cuellos Blancos del Puerto, la fiscal Castro y el mayor Arellanos ya tenían identificado a las presuntas principales cabezas de la red criminal dentro del Poder Judicial del Callao, entre ellos el presidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, el magistrado supremo César Hinostroza y el empresario automotriz Antonio Camayo.
El 21 de marzo de ese año, dos días antes de que Martín Vizcarra asumiera la presidencia de la República, Constelación captó un diálogo telefónico en el que el chofer de Walter Ríos comentaba a otro personaje investigado que Vizcarra en el poder les convenía porque había amistad con él. “Nos conviene que entre Vizcarra. Hay allí amistad con Vizcarra”, dijo John Misha.
En un segundo audio, del 23 de marzo, el mismo día de la asunción al poder de Vizcarra, el propio juez Walter Ríos comentó a su esposa que “el flamante presidente que acaba de juramentar ‘chupa’ en casa de Toñito (el empresario Antonio Camayo) ron Zacapa”.
En un tercer audio, el mismo 23, Walter Ríos le recordó al juez supremo César Hinostroza que el nuevo presidente era amigo de Camayo y propuso estrechar un puente con Vizcarra: “Como Toñito (empresario Camayo) es gran amigo del que acaba de juramentar sería bueno estrechar lazos”.
Para que no quedara dudas de esa amistad, una nueva conversación es registrada por los policías escuchas de Constelación, el 5 de abril del 2018, un día después de la juramentación del Consejo de Ministros que presidió César Villanueva.
Esta vez, el diálogo telefónico era entre el propio Camayo y el juez Hinostroza. El empresario automotriz le contó que se encontraba “saliendo de Palacio de Gobierno” para luego prometerle que la siguiente reunión de trabajo con Martín Vizcarra, establecerá un estrecho canal de comunicación. Incluso refirió a César Hinostroza que el entonces nuevo ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, era su conocido.
Audio del 5 de abril de 2018:
César Hinostroza (CH): Ya. Y en Interior no salió tu pata Remigio.
Antonio Camayo (AC): No, pero ha salido Walter pe’. Este Walter es mi pata.
CH: ¿Cómo se llama? ¿Guimaraes?
AC: Sí, hoy día hemos estado almorzando con él.
CH: ¿Has almorzado con él?
AC: Sí, me agradeció por el tema, por todo ¿no?
Fuente: IDL Reporteros.
Para esa fecha, el oficial del caso y la fiscal Sandra Castro sabían que Antonio Camayo era una suerte de operador logístico y coordinador de almuerzos y fiestas de jueces y miembros de la desaparecido CNM sino también un contacto importante de Vizcarra antes que fuera presidente.
Sin embargo, entre marzo y abril de 2018, cuando las acciones contra Los Cuellos Blancos del Puerto se desarrollaban con extrema discreción, los investigados no sabían que eran vigilados electrónicamente, la cadena de custodia de la información se mantenía en estricto secreto, las fiscales y el mayor Arellanos acudieron a una reunión secreta con el entonces nuevo presidente para clamar, según argumentan ellos mismos, por seguridad.
Pese a las inconsistencias y contradicciones en los detalles de la reunión, lo que sí está claro es que ese encuentro con Vizcarra marcó una relación entre el gobierno y los funcionarios de inteligencia que podrían explicar por qué el mayor Arellanos y su jefe, el coronel PNP Martín Gonzales Sánchez conocido como “El Conejo”, siguieron en sus cargos en los siguientes tres años.
El coronel PNP Martín Gonzales Sánchez, “El Conejo”, es jefe de la División de Búsqueda (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), desde 2018. Foto: Andina.
A pesar de que la Digimin es fuente permanente de conflicto y apetitos personales por la información sensible que acumulan y el presupuesto que manejan, los jefes de la División de Búsqueda se han mantenido inamovibles pese a los cambios en la institución. Desde el 2017, por la cartera del Interior han pasado hasta seis ministros; y por la jefatura de la Dirección General de Inteligencia, cuatro funcionarios. No obstante, permanecen en sus puestos Martín Gonzales, jefe de la División de Búsqueda, y el mayor Arellanos.
El 5 de octubre del 2018, César Hinostroza logró salir del país por la frontera norte y llegar hasta España, donde pidió asilo, a pesar de a la vigilancia ordenada por el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el investigado. El entonces ministro del Interior, Mauro Medina, puso su cargo a disposición y Martín Vizcarra aceptó su renuncia inmediatamente.
Paralelamente, la Inspectoría de la Policía Nacional abrió investigación al comandante Martín Gonzales y al equipo de agentes a cargo de Arellanos, por suspender la videovigilancia durante esos días en que Hinostroza se escabulló hacia Ecuador.
La inspectoría de la institución policial determinó que el jefe de la División de Búsqueda de la Digimin —liderada por Arellanos— procedió con negligencia en la conducción y la supervisión del personal bajo sus órdenes. Pese a ello, le aplicaron una leve sanción que no llegó a imponerse debido a que se publicó cuando ya había prescrito.
Instalaciones del Ministerio del Interior en San Isidro, donde están las oficinas de la Dirección General de Inteligencia del sector. Foto: Difusión.
Meses después el coronel Roger Arista fue ascendido a general y colocado como nuevo jefe de la Digimin por el ministro del Interior Carlos Morán. La única condición era que no se efectuara cambios en los equipos de la División de Búsqueda, bajo el control de Martín Gonzales, “El Conejo”, y que habían visto el caso “Cuellos Blancos”.
Desde entonces al interior de la comunidad de inteligencia del sector Interior quedó claro que la decisión de mantener a estos hombres de inteligencia era por la relación estrecha que tenía principalmente el mayor Manuel Arellanos con Palacio de Gobierno, desde que estuvieran directamente vinculado con el caso originado en el Callao.
Ese mismo año, se le negó formalmente el ascenso por acción distinguida al jefe de la División de Búsqueda, comandante Martín Gonzales. No obstante, meses después fue finalmente ascendido al grado de coronel mediante una resolución firmada por el ministro Carlos Morán y el presidente Vizcarra. Incluso, se sabe que en su foja de servicios constaría una condecoración por su participación en el caso “Cuellos Blancos” entregado por el mismo Vizcarra, la cual no se ha hecho pública.
Consultados para este reportaje, los oficiales de inteligencia rechazaron ofrecer una versión de los hechos relacionados con el encuentro en el que participó el entonces presidente Vizcarra.

Beto Ortiz muestra contrato con Sinopharm y evidencia que Gobierno negoció con 2 intermediarios

“¿Cómo puede el presidente Francisco Sagasti decir que no hay intermediarios cuando por lo menos hay 2”, se preguntó Beto Ortiz al mostrar el contrato de compra-venta del Gobierno con el laboratorio chino Sinopharm.
El periodista señaló que la revelación del acuerdo para la adquisición de inoculantes chinos pone al descubierto la mentira de Sagasti, quien, recordó Ortiz, había dicho que el Gobierno no podía negociar con intermediarios.
“Es falso, mentira, porque en este contrato lo que se lee es que hay dos intermediarios”, agregó.
Fuente: www.willax.tv

NO HUBO FRAUDE EN ELECCIONES DEL 2000

En la ONPE de Toledo no sólo se cuecen habas… también se tuestan. Es por eso que su jefe, el Sr. Tuesta, debe presentar su renuncia lo antes posible. La ONPE no puede seguir siendo manejada por una persona que sólo vela por los intereses políticos de su jefe, el Presidente de la Republica (Alejandro Toledo). La ONPE no puede seguir siendo manipulada por una persona ignorante de la soberana voluntad popular.
El Sr. Tuesta, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, luego de 4 años de silencio cómplice recién dijo esta boca es mía en relación a la denuncia de “la existencia de un software que adultero los resultados del proceso electoral del 2000”.Conociendo su recalcitrante posición anti fujimorista, debe haber sido muy difícil para este funcionario de la ONPE tener que admitir que jamás se pudo comprobar tal denuncia, que no hubo ninguna adulteración de los resultados de las elecciones del 2000.
Fuente: Diario La Razón.

JNE paga 54 mil soles a Fernando Tuesta Soldevilla por asesoría en plena pandemia

Por Jhon Rojas Cabrera- InformatePerú.pe
Luego de que el periodista Ricardo Uceda revelara que miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cambiaran sus votos para favorecer a Martín Vizcarra para que no sea excluido de la contienda electoral, se conoció que Fernando Tuesta Soldevilla, ha cobrado 54 mil soles del máximo ente electoral por un servicio de asesoría en plena pandemia.
El exjefe de la ONPE, desde el mes de enero, se está llevando de las arcas del estado este sueldazo como asesor de la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones, asesorar al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, gracias a una orden de servicio número 618 como se puede comprobar en la página web de Transparencia.
Cabe indicar, que Tuesta Soldevilla es un personaje que se las ingenia para vivir del Estado a lo largo de los años y en distintos gobierno. En diciembre del 2000 fue nombrado Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), cargo que ocupó por 4 años.

El lagarto venenoso

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Por Martha Meier M.Q.– Diario EXPRESO.
Pocas personas como Vizcarra exhiben tal orfandad de virtudes y tanto veneno. Traicionó a Pedro Pablo Kuczynski para hacerse del poder, pese a que este lo llevó como vicepresidente. En los casi tres años que nos hundió con su (des)gobierno no mostró un solo signo de grandeza, solo se dedicó a mentir sobre todo tema imaginable e inimaginable. Negó a su amigo Swing; juró que luchaba contra la corrupción cuando se revuelca en ese muladar.
Buscó cómplices para cada una de sus fechorías, pretendiendo diluir responsabilidades o señalar a terceros. Recurrió a consejos de “videntes”, mientras no movió un dedo para tratar de frenar la pandemia. Se trajo abajo las negociaciones con todas las farmacéuticas salvo con la china Sinopharm, y así terminamos con una pésima vacuna y la más cara del mercado. Hay que ser muy imbécil o maldito para pagar cerca de tres mil millones de dólares al país responsable de la covid-19. Ordenó el apoyo peruano a la elección de Cuba, trituradora de todo derecho, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En Arequipa huyó de Celia Capira, aquella mujer que nos conmovió a todos, al correr tras el vehículo oficial implorando por la ayuda presidencial, porque su esposo Adolfo Mamani Tacuri (57) se moría en una carpa, sin oxígeno, sin atención debido al calamitoso estado del sistema de salud. El señor Mamani murió como cien mil otros peruanos, según cifras extraoficiales, por el peor manejo planetario de la pandemia, el de Vizcarra, que no construyó ningún hospital pese a prometerlos ni plantas de oxígeno. Fueron los privados quienes financiaron y brindaron su logística para abastecer de oxígeno, trasladar medicinas y médicos contagiados; mientras él infestaba las instituciones públicas con su chusma para asegurarse protección frente a potenciales denuncias por corrupción y hasta genocidio; y, de paso, vacunarse secretamente con sus “amigues”.
El Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y la Diviac, son manejados a distancia por el bebedor de Zacapa. Pocos hombres han dañado y dividido tanto al Perú, como Vizcarra. Ha destruido el sistema de Justicia y las carreras de jueces y fiscales probos para colocar a sus guardianes. Como escribió ayer la periodista Mariella Balbi: “La demolición de Chávarry fue inversamente proporcional al copamiento de la Fiscalía por Vizcarra.
Logró colocar a Zoraida Ávalos, quien funge de fiscal de la Nación. Ella trata con guantes de seda al exmandatario en el tema de su vacunación clandestina [y] no involucra a Vizcarra”.
La lista de presuntos delitos perpetrados por este endriago político llenaría el largo de un ancho rollo de papel higiénico. En prisión terminará, si algo de justicia queda en nuestro dolido terruño, y si Sagasti sigue jugando al no sabe/no opina podría acabar haciéndole compañía.

Juicio político

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Fiscalía allana viviendas de 12 investigados por venta de gasolina del Ejército

Entre ellos al actual Jefe del Comando Conjunto de las FF. AA, César Astudillo Salcedo

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó esta mañana las viviendas del general César Astudillo Salcedo y otros 11 investigados por la sustracción y venta de combustible asignado al Ejército Peruano.
A Astudillo se le investiga del presunto delito de encubrimiento real y personal y peculado doloso, por lo que la Fiscalía solicitó también la detención preliminar por 7 días de los imputados, informó la institución en sus redes sociales.
Fuente: Diario El Peruano.

Subcomisión de Acusaciones aprobó informes de denuncias contra Vizcarra y exministras

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por unanimidad los informes de calificación respecto a las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por infracción constitucional y antejuicio político.
En declaraciones a la Agencia Andina, el legislador José Luis Ancalle (Frente Amplio) informó que la aprobación fue con cargo a redacción a fin que los informes de calificación sean separados, uno para las denuncias constitucionales que clasifican como juicio político y otro para las denuncias que van a devenir en antejuicio político.
El parlamentario señaló que se optó por separar los informes a fin de tener una uniformidad sobre la materia de la acusación constitucional.
Indicó que tras la aprobación de los informes de calificación sobre las denuncias constitucionales, éstos deben derivarse a la Comisión Permanente del Congreso.
“Los informes van a la Comisión Permanente y de aprobarse se daría un plazo de 15 días para escoger un delegado y se pueda solicitar el descargo del acusado o acusados y luego presentar el informe final para que nuevamente se debata y sea aprobado o archivado”, expresó.
Los informes de calificación fueron aprobados con 15 votos a favor y ninguno en contra.
Las denuncias constitucionales se presentaron tras revelarse que el expresidente Vizcarra, así como las exministras de Estado y otros funcionarios se inocularon fuera del ensayo clínico de Sinopharm que estuvo a cargo de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de San Marcos.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Aprueban informe de calificación respecto de denuncias constitucionales contra Vizcarra, Mazzetti y Astete

La Subcomisión de Acusaciones Constituciones aprobó, con 15 votos a favor y con cargo a redacción, el informe de calificación respecto de las siete denuncias constitucionales presentadas por congresistas de diversas bancadas en contra del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por su accionar en torno al caso llamado “vacunagate”.
En la sesión se tomó la decisión de elaborar dos informes de calificación, uno de ellos por juicio político y el otro por antejuicio político, según corresponda a cada denuncia constitucional.
El primer informe considera acumular las DC 423 y 427 por presuntas infracciones constitucionales a los artículos 1, 2 (inciso 2), 7, 9, 38, 39, y 118 (inciso 1). Se declaró improcedente la presunta infracción del artículo 41 de la Constitución.
El segundo informe contempla acumular las DC 422 y 424 por los presuntos delitos de función tales como las siguientes: organización criminal (artículo 317 del CP), concusión (artículo 382 del CP), colusión agravada (artículo 384 del CP), peculado doloso (artículo 387 del Código Penal), malversación (artículo 389 del Código Penal), cohecho pasivo propio (artículo 393 del CP), negociación incompatible (artículo 399 del CP), tráfico de influencias (artículo 400 del CP) y falsificación de documentos (artículo 427 del CP). Se declaró improcedente la figura de falsa declaración en procedimiento administrativo.
El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que se realizó el lunes 22 y que fue conducida por su presidente, el congresista Carlos Pérez Ochoa (AP).
Durante la votación, la congresista Martha Chávez Cossío dijo que en la redacción de la parte resolutiva se debe incluir la precisión de “acumulación de las denuncias”; en tanto que, su colega Guillermo Aliaga Pajares (SP) expresó su voto a favor “con cargo a hacer la revisión del texto final y en aras de que la investigación avance”.
“Señores congresistas, con la atingencia señalada por la congresista Chávez, respecto a que ya en la parte resolutiva del informe va la acumulación de las denuncias y también como lo ha requerido el congresista Aliaga de que se les va a hacer llegar lo más inmediato posible para que puedan dar lectura y dar alguna observación antes de correr las firmas de los informes, y poderlos elevar a la Comisión Permanente”, dijo Pérez Ochoa.
Enseguida –dijo– que queda pendiente la evaluación o la calificación de los informes que tienen naturaleza mixta, es decir, aquellos que contemplan en la materia de la acusación el juicio político y el antejuicio político.
Antes fue expuesto y debatido el informe de Calificación N°60-2021-SCAC/CP/CONG, respecto de las denuncias constitucionales 422 (presentada por la congresista María Teresa Cabrera Vega), 423 (parlamentarios María Isabel Bartolo Romero, Hipólito Chaiña Contreras, Jesús Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana), 424 (legisladores Jesús Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana), 425 (parlamentario José Alejandro Vega Antonio), 426 (legisladores Manuel Merino de Lama, Luis Andrés Roel Alva y Leonardo Inga Sales), 427 (congresistas Miguel Gonzales Santos, Angélica Palomino Saavedra, Alberto de Belaunde de Cárdenas, José Núñez Salas, Zenaida Solís Gutiérrez, Daniel Olivares Cortés y Carolina Lizárraga Houghton) y 430 (parlamentario Yván Quispe Apaza). En un solo informe se incluía las siete denuncias.
El presidente de la comisión explicó que luego de reunirse con la asesoría técnica quedaron en conducir la investigación, por un lado, para lo relacionado al antejuicio y, por el otro, al juicio político. Sin embargo –dijo– que era imposible con las características de las denuncias presentadas tener un expediente en ambos grupos.
“Hemos quedado en hacer un informe de calificación que admita a todas las denuncias en un solo informe en los extremos que tiene la consistencia debida y que luego de esta admisión podamos hacer la separación en dos cuadernillos, uno relacionado a antejuicio y el otro concerniente a juicio político”, señaló Pérez Ochoa al tiempo de aseverar que “nosotros necesitamos garantizar el debido proceso en la investigación”.
En cuanto a las denuncias constitucionales que tienen contenido mixto (425, 426 y 430) de juicio y antejuicio político serán vistas próximamente.
Fuente: Centro de Noticias del Congreso de la República.

Los montesinos de Martín Vizcarra

Antes de llegar a librerías El perfil del Lagarto: Radiografía de un político con sangre fría (Planeta, 2021), el reportero de investigación Carlos Paredes desató una potente crisis política al revelar que el expresidente Martín Vizcarra, exministros y funcionarios de su Gobierno se habían vacunado en la clandestinidad con el mismo producto chino que luego se terminó por comprar. En el siguiente adelanto del libro, Paredes relata cómo dos personajes palaciegos sin mayores méritos conocidos, Maximiliano Aguiar y Hayimy Jesús Aleman Herrera, influenciaron en las decisiones de Vizcarra.
Fuente: Diario La República.
Por Carlos Paredes- El perfil del lagarto.
Maximiliano Aguiar salió del país tres días antes de que cerraran los aeropuertos y las fronteras por la pandemia. Regresaba a su tierra, San Juan, en los Andes argentinos, como había sido su rutina cada quince días desde marzo del 2018, cuando se convirtió en consejero principal del presidente Vizcarra. Este regreso a casa, sin embargo, no tenía fecha de retorno a Lima. Más que por razones sanitarias o para protegerse de la propagación exponencial del nuevo coronavirus en el Perú, su alejamiento progresivo del primer círculo vizcarrista tenía que ver con otro virus, el de los celos intestinos, las cuitas internas promovidas por Mirian Morales, quien había adquirido un inusitado poder con el aval de Vizcarra. Aguiar, un sociólogo argentino dedicado al marketing y la comunicación política, carente de la locuacidad o el narcisismo característico de sus paisanos porteños, ha sido gravitante en las decisiones que tomó el expresidente en los dos primeros años de su interrumpida presidencia de treinta y dos meses.
Pero Aguiar no fue el único asesor fundamental que tuvo el expresidente Vizcarra. Al segundo solo lo conocían tres personas del círculo de confianza más estrecho del ex primer servidor de la nación. Este segundo asesor ingresaba sigilosamente a Palacio de Gobierno por la puerta trasera y era recibido por Karem Roca. Nunca dejó registro de su presencia, ni quedó grabado en video, por órdenes estrictas del presidente. Pero no era un fantasma, sino un hombre de gruesa figura siempre dispuesto a escucharlo y a responder sus preguntas, a veces angustiadas o urgentes. Era el ciudadano Hayimy Aleman Herrera, conocido en los medios de comunicación y en la farándula local simplemente como Hayimy, el vidente.
Cada vez que le preguntaban al expresidente Vizcarra quiénes eran sus principales asesores, él respondía que todos sus ministros, cada quien en su sector. Salvo contadas excepciones, sus sucesivos gabinetes han sido una escala de ministros grises, con poca o nula experiencia política, sin liderazgo. Varios de ellos fueron viceministros en el Gobierno de Humala o funcionarios públicos con años acumulados en el sector en el que nunca hubieran podido llegar a ser siquiera directores generales. Vizcarra aplicó su máxima desde cuando era presidente regional: prefería la lealtad incondicional que la capacidad o preparación técnica. Son contados con los dedos de una mano los ministros con gran perfil político o profesional. Aunque lo negó tres veces ante la prensa, César Villanueva juramentó como su primer jefe del gabinete con el único mérito de haber promovido la segunda vacancia del presidente Kuczynski. Un detenido y procesado por corrupción fue el primer abanderado del autodenominado. César Villanueva Arévalo negó tres veces en entrevistas periodísticas que sería el primer presidente del Consejo de Ministros de Martín Vizcarra como premio a ser promotor de la segunda moción de vacancia presentada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski; sin embargo, terminó juramentando como tal, el 2 de abril del 2018. Su gestión terminó un año después, el 8 de marzo del 2019. Al poco tiempo fue detenido, acusado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando fue gobernador de San Martín (1).

Gobierno de la anticorrupción

En la era Vizcarra, los ministros que defendían su autonomía rápidamente eran relevados. Sus hombres de máxima confianza, casi todos de Moquegua, fueron los ministros de los tres sectores especialmente controlados por Vizcarra: Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Saneamiento, y Agricultura y Riego. Los que no lo eran, renunciaban a los pocos días. Ninguno de sus ministros, ni los cinco presidentes del Consejo de Ministros, fue realmente su asesor político o estratégico.
En buena parte de su mandato, Vizcarra escuchaba solo a dos personas. Uno era, como ha quedado claro para propios y extraños, el argentino Maxi Aguiar, quien hacía que mantuviera una gran popularidad y números envidiables en las encuestas de aprobación de gestión. El otro era un vidente. Hayimy no tenía como herramientas a la sociología, la psicología de masas o la comunicación política; lo suyo eran las ciencias ocultas. Era el guía que intentaba satisfacer una de las obsesiones de Vizcarra: la futurología o, en lenguaje común, adelantarse a la jugada.

Un argentino discreto

Mercedes Araoz presentó a Maximiliano Aguiar con Martín Vizcarra. Fue al empezar la campaña electoral del 2016, cuando el argentino venía a Lima como profesor de un diplomado en Imagen Política en ESAN. Cecilia Ames Tineo, amiga de Araoz y esposa del exministro de Educación Jaime Saavedra, conocía a Aguiar de la Universidad de Salamanca, en España, donde ambos estudiaron una Maestría en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política. Ella se lo recomendó a Meche, que además de ser la candidata a la segunda vicepresidencia de la fórmula presidencial de PPK, también postulaba al Congreso de la República por Lima. Araoz ha contado en su libro, donde recoge sus memorias políticas (2), que aceptó la asesoría de Aguiar porque sus consejos le parecían sensatos y sus pretensiones económicas concordaban con los pocos recursos que tenía para su campaña. Ante los sorpresivos cambios de estrategas extranjeros de PPK, en medio de la lid electoral, Aguiar asumió por breve tiempo la conducción, aupado por Araoz y Vizcarra, quien era el jefe de campaña en la segunda etapa de la elección. Después de esa experiencia, Vizcarra mantuvo contacto con el asesor argentino. Parece que le encandiló su perfil bajo, su asertividad para traducir lo que la gente quiere y su interpretación fina de lo que ocultan las encuestas. La comunicación constante por WhatsApp cambió cuando desde Canadá Vizcarra le pidió a Aguiar que viajara a Lima para llegar antes de que el avión de Air Canada que lo traía de regreso al Perú desde Toronto aterrizara en el aeropuerto Jorge Chávez, antes de que se convirtiera en el nuevo presidente constitucional del Perú tras la renuncia obligada de PPK. Fue cuando se extinguía su cumpleaños número 55, el jueves 22 de marzo del 2018. Vizcarra salió del aeropuerto saludando a un grupo de personas que habían ido a recibirlo con una torta de cumpleaños. Maxi, como le dicen los que trabajan con él, ya lo estaba esperando en su departamento en Lima, en compañía de Mirian Morales. Los tres revisaron el discurso inaugural de Martín Vizcarra, leído horas más tarde en el hemiciclo del Congreso donde los fujimoristas fueron los que más aplaudieron. Maximiliano Aguiar Masuelli es un experto interpretando lo que develan las encuestas, eso que en la jerga sociológica se podría llamar «análisis cualitativo de las expectativas populares». El libro se titula Meche. Fue escrito por la exvicepresidenta Mercedes Araoz Fernández y publicado en la colección Primera Persona, del sello editorial Crisol, en diciembre del 2020. Martín Vizcarra fue un gobernante ávido de hacer lo que fuera para complacer esas expectativas populares. No le interesaba implementar políticas públicas sostenidas: solo ganarse a la gente, a la gran masa. Y para eso estaba dispuesto a cumplir con lo que la calle pidiera. En términos de la ciencia política, podríamos decir que estaba lejos de ser un estadista; presentaba signos inequívocos de un político populista de tendencia ideológica indescifrable. Le interesaba mucho más la encuesta del mes que la historia.
Una vez instalado como asesor de Vizcarra, Aguiar cumplía básicamente dos funciones: reconocer al enemigo público de turno y diseñar la estrategia para que el presidente se enfrentara a él, momento en el cual el apoyo popular subía como la espuma. Asimismo, traducirle al presidente los resultados de las encuestas y focus groups que se hacían exclusivamente para el Gobierno. Vizcarra tomaba decisiones sobre la base de lo que pensaba, quería o anhelaba la mayoría de peruanos. Desde su pequeña oficina, en el segundo piso del ala oeste de Palacio, Aguiar necesitaba tener una herramienta básica para su trabajo. Solicitó que la Secretaría de Comunicación Social de la PCM contrate a una compañía encuestadora con experiencia, una de las tres más importantes del mercado, para que hiciera mediciones periódicas y sostenidas de la opinión de la gente en temas clásicos de interés público y otros de coyuntura inmediata. Las encuestas se hacían mensualmente, mientras que los focus group de modo quincenal, con públicos objetivos más segmentados y sobre temas puntuales. La idea era medir cualitativamente el pulso específico de los peruanos y las peruanas de Lima y del interior del país constantemente. Aguiar, que mantenía una compañía consultora en su país, había establecido una rutina mensual de trabajo como asesor de Vizcarra. Pasaba quince días en Lima y los otros quince en su natal San Juan, donde lo esperaban su esposa, que también se dedica a la consultoría en comunicación política, y sus dos menores hijos. Cuando no estaba en Lima, mantenía comunicación con el presidente con llamadas telefónicas o de WhatsApp. Vizcarra no solía utilizar herramientas de comunicación audiovisual como FaceTime u otras plataformas para reuniones virtuales como Zoom, después popularizadas en estos tiempos de pandemia.
Aunque el discurso de asunción del mando que Vizcarra leyó el 23 de marzo del 2018 contenía dos elementos para granjearse el apoyo de la mayoría fujimorista en el Congreso -acusó de corrupción, sin presentar prueba alguna, al Gobierno de PPK, del que él formó parte, y se negó a ratificar a algún ministro del gabinete Araoz-, muy pronto fue claro para Maxi que el sentir popular le daba una gran ventana de oportunidad para que Vizcarra se emancipara del yugo fujimorista al que se había sometido para llegar a la presidencia. Fue el escándalo de los Cuellos Blancos del Puerto o «Lava Juez», como lo bautizó el equipo periodístico que tuvo acceso a los audios que desnudaron el nivel de putrefacción del sistema de administración de justicia, el que le terminó de mostrar el camino a seguir. La evidencia oral de cómo actuaba la banda de crimen organizado en la que se había convertido un grupo de magistrados del más alto nivel, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y algunos políticos y personajes periféricos era abrumadora y debía capitalizarse. Sobre todo porque este escándalo alcanzaba también a la misma Keiko Fujimori por su conexión con el «hermanito» mayor, el juez supremo César Hinostroza Pariachi. Si había un momento para atacar era ese, porque la gente lo iba a apoyar. Solo tenía que asegurarse de negar sus encuentros y desaparecer los rastros de conversaciones telefónicas con el empresario automotriz Antonio Camayo, inmiscuido en esta trama.
Vizcarra dio el golpe en su discurso a la nación con motivo de las Fiestas Patrias del 2018. Aguiar le mostró claramente la ruta a seguir: enfrentarse a los fujimoristas, presentar un plan de reformas del sistema de administración de justicia y del sistema político-electoral, y reclamar para diciembre de ese año la realización de un referéndum sobre cuatro temas de arraigo popular -uno de ellos era eliminar para siempre la reelección de congresistas-. Este golpe de impacto acorraló al Congreso con apoyo de la gente, hasta su contundente triunfo en la consulta popular. Hay que reconocer que la mayoría fujimorista y sus socios en el parlamento le facilitaron la tarea con reacciones hepáticas, matonescas, sin un mínimo de estrategia política de cara a los peruanos.
Hasta que llegó la pandemia, Maxi fue el asesor político y estratégico de Vizcarra que condujo todas sus batallas, aquellas que lo llevaron a consolidarse como el ganador absoluto en un país crispado y polarizado. Pero su relación con el argentino no estaba exenta de celos. Vizcarra renegaba cada vez que la prensa atribuía solamente al argentino las jugadas de su estrategia de choque. A su círculo moqueguano solía decirles: «Pero si esto se me ocurrió a mí, Maxi nada tiene que ver». Sobre la base de la traición, Vizcarra logró ser un sobreviviente de la crisis inacabable, iniciada en el 2016, cuando Keiko Fujimori decidió no aceptar su derrota y enfrentar abierta y duramente al Gobierno de PPK.
Hay batallas en esta guerra de baja intensidad que son titánicas para Maxi, como cuando le aconsejó abandonar la ceremonia de toma de mando en Brasil y retornar de inmediato a Lima, para defender al Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, defenestrado por el cuestionado fiscal Chávarry el último día del 2018. Otro golpe efectista fue su propuesta de solucionar la crisis política adelantando las elecciones a diciembre del 2019. Fue un gesto contundente de supuesto desprendimiento del poder por parte de Vizcarra. Irse antes para lograr un fin superior: acabar con la crisis política que hacía ingobernable el país… Pura estrategia. Eso de que el pueblo decida con su voto a quién le da la confianza para tomar las riendas de la administración del Estado no pasó nunca de ser solo un discurso. Apagaba las críticas incandescentes que lo acusaban de planear su entornillamiento en la silla presidencial, e incluso lo tildaban de autoritario, pero nunca dio señales de estar realmente convencido de que esa era la solución. Podría ser que sus fantasmas, los de su gestión como presidente regional de Moquegua, desataban sus inseguridades. Sabía que en cualquier momento podrían delatarlo, mostrar el cúmulo de pruebas que tenían sus corruptores del pasado, sus socios y cómplices de ayer y hoy. Eso lo aterraba. Prefería irse con una popularidad rebosante, con un capital político intacto, como para regresar en el 2026, antes que en medio de acusaciones graves de corrupción. Lo que más le quitaba el sueño era arruinar su prestigio. La obsecuente mayoría fujimorista del Congreso le ayudó en esa tarea. También, la presidencia.
Otra batalla ganada por la dupla Martín-Maxi fue la sociedad con Daniel Salaverry, quien fue elegido presidente del Congreso con los votos fujimoristas y apristas en julio del 2018, como premio por haber capitaneado con éxito el «Operativo Mamani», la grabación subrepticia de conversaciones entre Kenji Fujimori y otros congresistas apodados los «Avengers», asunto que aceleró la caída de PPK. Una vez convertido en presidente de un poder del Estado, Salaverry pensó que era el momento de abandonar el barco naranja, encallado en el desprestigio político y embarrado con acusaciones de corrupción de su lideresa y de varios de sus más conspicuos integrantes.
Salaverry decidió traicionar a Keiko, como antes lo había hecho Vizcarra con PPK. De este modo, sellaron una alianza que ha perdurado en el tiempo, tanto que ahora son la dupla de la camisa blanca en las elecciones del 2021. Esa alianza posibilitó el desgaste imparable de Fuerza Popular, erosionado por dentro, y, finalmente, la disolución fáctica del Congreso cuando los fujimoristas habían retomado el control de la mesa directiva con su aliado Pedro Olaechea, exministro y congresista de PPK. Ese fue el acto estelar de la estrategia de Maxi: hacer lo que tanto clamaba la gente en las calles, lo que exigían a gritos los peruanos: cerrar de una vez ese circo romano en el que había terminado convirtiéndose, para muchos, el hemiciclo del parlamento. Lo decían las encuestas y focus group que leía diligentemente Aguiar. Vizcarra disolvió el Congreso la tarde del lunes 30 de setiembre del 2019, con el aplauso del 84% de los peruanos que asociaban a la tremendamente desprestigiada clase política solo con los inquilinos de ese viejo edificio de la plaza Bolívar. Por lo menos eso decían las encuestas.
Hubo, también, consejos de Aguiar que no atendió el expresidente Vizcarra. El más importante en la era prepandemia fue crear su propio partido político, sus bases reales de apoyo aprovechando el gran caudal de popularidad que lo acompañó en buena parte de su gestión. Lo conversaron varias veces con el primer círculo de mujeres y hombres de confianza desde que decidió romper con el fujimorismo. La primera oportunidad para hacerlo fue apenas pidió el referéndum, en el segundo semestre del 2018. Había dos opciones: pactar con algún partido ya inscrito, hacerse de esa nomenclatura y cambiarle de rostro para que sea el partido vizcarrista; una tarea más fácil, teniendo en cuenta lo oneroso que era recaudar 240,000 firmas válidas de adherentes para inscribir un partido político. Al asesor Oscar Vásquez se le encargó explorar los partidos disponibles en el mercado que estuvieran interesados en entregar su organización a la nueva ola vizcarrista de la política peruana. Las negociaciones más avanzadas fueron con los partidos Avanza País-Partido de Integración Social, representado por su secretario general Edwin Ibáñez, y el partido Perú Nación, de Francisco Diez Canseco Távara. No se llegaron a concretar acuerdos finales con ninguno de los dos. El trencito, símbolo de Avanza País, ahora es del economista Hernando de Soto, que después de estar cerca de monarcas y presidentes como asesor transnacional, ahora se postula para ser uno de ellos. Diez Canseco Távara también decidió postularse por primera vez a la presidencia en el 2021, después de cuatro décadas de actividad política ininterrumpida, aunque no visible para la gran mayoría de peruanos.
La segunda opción, la de buscar firmas para hacer su partido propio, también se echó a andar. El encargado fue Walter Chirinos Purizaga, un hombre de confianza de Vizcarra, excandidato al Congreso por el partido PPK en el 2016, que había sido designado jefe de la Dirección General de Gobierno Interior (Onagi) del Ministerio del Interior. Era el jefe de prefectos y subprefectos del país. En esa calidad, se comprometió a pedir el apoyo de todos ellos para recolectar el medio millón de firmas válidas que se necesitaban para inscribir un partido propio para el presidente Vizcarra. Chirinos fue relevado del cargo el último día de diciembre del 2018, con él se fue el proyecto de inscribir el partido propio.
El operador político en este cometido, el de inscribir o coaptar un partido político para el vizcarrismo, fue el premier César Villanueva. Él también fue relevado del cargo en marzo del 2019. Fuera de la PCM abandonó esa responsabilidad, y poco tiempo después también perdió su libertad al ser alcanzado por el escándalo de corrupción Odebrecht.
Aunque Aguiar consideraba que el Gobierno permanecía frágil sin una estructura de apoyo partidaria orgánica a nivel nacional, Vizcarra sobrestimaba su popularidad personal. Creía que le bastaba y sobraba para terminar su mandato hasta julio del 2021. Cuando cerró el Congreso de la República, en setiembre del 2019, los analistas y voces amigas del régimen pensaban que era el momento de que Vizcarra presentara su lista propia. Tampoco lo hizo, simplemente porque estaba convencido de que no lo necesitaba. Según su lectura, el próximo Congreso, aunque atomizado, no iba a tener capacidad de opacar su liderazgo avasallador en la escena política nacional. Sentía que exponía demasiado capital político para un Congreso efímero, que solo iba completar un mandato interrumpido por el clamor popular, hecho realidad por él. Se volvió a equivocar.
*
Cuando la pandemia estalló, sorprendió a un cada vez menos escuchado Maxi Aguiar en Lima. Él pudo regresar a su país a tiempo, justo antes del inicio de la emergencia sanitaria, pero desde ese momento sus contactos virtuales con el presidente se hicieron cada vez más espaciados. Los consejos o papers que mandaba directamente al presidente no eran tomados en cuenta. Aunque al principio lograba comunicarse por WhatsApp y hablar casi a diario con el presidente, sentía que cada vez sus silencios eran más explícitos en las conversaciones, señal inequívoca de que Vizcarra pensaba diferente a su asesor de cabecera, o de que estaba escuchando a otros más que a él. La discrepancia principal de Aguiar sobre la estrategia comunicacional en pandemia era que el presidente no podía ser el único, el omnipresente vocero del Estado. Maxi explicaba que lo que había funcionado en las primeras semanas del confinamiento obligatorio no podía continuar indefinidamente. Era mejor tener un vocero con autoridad en el tema, epidemiólogo, buen comunicador, que respondiera la batería de preguntas de los peruanos intimidados por el nuevo virus, preocupados por una economía inducida al coma profundo, para evitar la propagación de la COVID-19. Según Aguiar, la figura presidencial se tenía que guardar para hacer los grandes anuncios, no para responder la artillería rutinaria. Creía que la oportunidad era en abril, cuando se anunció la primera prórroga de la larga cuarentena que pasamos. Pero Vizcarra había sido infectado por el virus del figuretismo, creía que era el padre esforzado y preocupado que todos los días nos aconsejaba y cuidaba al mediodía. Las dos mujeres que lo rodeaban en su primer círculo, después de la salida de Iván Manchego y la lejanía de Max Aguiar, lo aplaudían y lo felicitaban diariamente. Llegaron a decirle que era como el «hermano Pablo» que todos los días nos daba su mensaje a la conciencia. Así se sucedían diariamente las ruedas de prensa sin prensa, ni preguntas de los periodistas en tiempo real, ni posibilidad de repreguntas. Hubo anuncios erráticos de antología, a veces porque llegaba el mediodía y Vizcarra no tenía la información completa o porque no lo habían preparado para preguntas o situaciones difíciles. Había un filtro para las preguntas que se «sorteaban» de los periodistas acreditados, pero algunos temas eran imposibles de evitar. En la quincena de mayo aseveró que habíamos llegado a la cima de contagios, que comenzaba el descenso, lento, pero que la ansiada meseta estaba a la vista. Nunca hubo meseta: lo que vino en adelante fue un incremento exponencial de los contagios. Los fallecidos se multiplicaron en todo el país. También aseveró varias veces que las vacunas llegarían en el último trimestre del 2020, y que todos los miembros de mesa iban a ser vacunados antes de las elecciones, entre otras afirmaciones más. Cuando le preguntaron por el escándalo de Richard Swing, dijo que posiblemente había logrado un empleo en el Estado porque participó en campaña del partido PPK en el 2016.
Maxi entendió que había dejado de ser escuchado: la estrategia estaba ahora en manos de Mónica Moreno. Así se lo hizo saber al presidente. Vizcarra lo escuchó y aceptó a medias su renuncia: le pidió que no se fuera, que apoyara al premier Vicente Zeballos y a la joven ministra de Economía que empezaba a agarrar protagonismo en el manejo de la pandemia. Aguiar continuó cobrando, trabajando a distancia solo con Toni Alva, porque Zeballos ni lo escuchó. Harto de la situación, tomó la decisión de filtrar su renuncia al diario El Comercio para desvincularse de manera amistosa pero definitiva. No quería exponerse a que le indilgaran una estrategia que no era suya o, lo que es lo mismo, a que lo despidieran antes de que él decidiera irse. Su alejamiento oficial se conoció en agosto del 2020, unos días después de que el Congreso le negara el voto de confianza al nonato gabinete Cateriano, que languideció a los veinte días de haber juramentado.
NOTAS
(1) César Villanueva Arévalo negó tres veces en entrevistas periodísticas que sería el primer presidente del Consejo de Ministros de Martín Vizcarra como premio a ser promotor de la segunda moción de vacancia presentada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski; sin embargo, terminó juramentando como tal, el 2 de abril del 2018. Su gestión terminó un año después, el 8 de marzo del 2019. Al poco tiempo fue detenido, acusado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de recibir sobornos de la empresa brasilera Odebrecht cuando fue gobernador de San Martín.
(2) El libro se titula Meche. Fue escrito por la exvicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández y publicado en la colección Primera Persona, del sello editorial Crisol, en diciembre del 2020.

Esotérico rufián

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Martín Vizcarra inspecciona los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Convoca.pe

Procuradora pide detención de los que negociaron compra de vacunas

El embajador Jorge Arturo Jarama Alván, conocido como el zar de las vacunas, y el exasesor del Ministerio de Salud Carlos Castillo están en la mira de la justicia. En el pedido también se incluye al médico Germán Málaga, encargado de los ensayos clínicos.

Un equipo de la Fiscalía y de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) se distribuyó por Lima para intervenir las sedes de cinco entidades que estuvieron relacionadas con los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en el Perú.
La operación fue dirigida por el fiscal anticorrupción Marco Carrasco Campos, quien recabó documentación en el Ministerio de Salud (Minsa); el Instituto Nacional de Salud (INS); el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares); y las universidades San Marcos y Cayetano.
Según la disposición fiscal emitida el 15 de febrero, a la que accedió Perú21, Carrasco requirió la relación exacta de personas que recibieron las dosis sin haber sido parte de la primera línea de defensa contra la pandemia, los contratos y convenios firmados con Sinopharm, los registros de ingresos y salidas de cada entidad, y los videos que muestren el procedimiento de aplicación de vacunas.
La investigación fue abierta por 60 días contra los que resulten responsables de posibles delitos de corrupción. Lo que el fiscal Carrasco advierte es que la vacunación de servidores públicos sucedió cuando el Estado aún negociaba la compra de vacunas con distintos laboratorios.
El peso de la ley
“Las vacunas utilizadas habrían sido parte del lote que el laboratorio en mención (Sinopharm) habría donado al Estado y que se encontraban bajo la dirección y custodia de la Universidad Cayetano Heredia, y desde donde se habría dispuesto inocular a funcionarios y particulares, todo ello en el contexto de la evaluación para la adquisición de las vacunas para hacer frente a la emergencia sanitaria”, se lee en la disposición.
Fueron 3,200 vacunas chinas las que ingresaron al país en un lote aparte, en agosto de 2020. A pedido de la Universidad Cayetano, 2 mil de ellas iban a ser usadas entre los investigadores que conducían y dirigían los ensayos clínicos.
Las 1,200 dosis restantes fueron requeridas por la Embajada de China en el Perú para aplicarles a sus trabajadores.
La San Marcos y la Cayetano, por ejemplo, fueron las universidades que ayudaron en los ensayos clínicos de la vacuna china. El jefe del programa era el doctor Germán Málaga.
Las instituciones se encargaron de acoger a los 12 mil voluntarios para poner a prueba en la población peruana la efectividad de lo que era la candidata a vacuna.
Sin embargo, las más altas autoridades de ambas casas universitarias se vacunaron en silencio con las dosis dirigidas a los investigadores, sin ser parte de los estudios clínicos.
El rector de la Cayetano, Luis Varela; el vicerrector académico, José Espinoza, y el vicerrector de Investigación, Alejandro Bussalleu, renunciaron a sus puestos tras conocerse que fueron parte de los beneficiados.
Por el lado de San Marcos, el rector Orestes Cachay y el vicerrector de Investigación, Felipe San Martín, también recibieron las dos dosis pero no dimitieron a sus puestos.
El caso del fiscal Carrasco es diferente al que tiene a su cargo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Debido a su jerarquía, la titular del Ministerio Público ha comprendido a altos funcionarios que se vacunaron en secreto y a espaldas del país.
Ávalos investiga al expresidente Martín Vizcarra, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete. Y aún puede incluir a otros funcionarios que podrían haber seguido esos pasos.
Para el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, la principal línea de investigación es esclarecer si las vacunas fueron parte de un pacto ilegal entre estos funcionarios para que el Estado contrate con el laboratorio Sinopharm.
“Lo que hay que aclarar es si la vacunación de estos exfuncionarios que estuvieron para negociar las compras guarda relación con el contrato de Sinopharm; esta no será una investigación que tome mucho tiempo porque ya hay muchas cosas establecidas, pero lo importante es tener evidencias para avanzar”, expresó Vargas Valdivia a Perú21.
El Estado, como se recuerda, compró un primer lote a China de 1 millón de vacunas. Veremos qué hubo detrás.
La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, confirmó ayer que la Cancillería fue la encargada de requerir oficialmente a China las 2,000 dosis extras que llegaron al Perú junto a los insumos que se usaron en los ensayos clínicos.
Son 1,200 dosis para la embajada china; es decir, 600 vacunas eran para su personal y “personas vinculadas a la embajada”.
Fuente: Diario Perú21.

Vacunagate: Investigadores, funcionarios del Minsa y Cancillería decidían a quiénes aplicaban dosis experimental contra el COVID-19

Por Convoca.pe 
El asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Carlos Castillo Solórzano, y el embajador Jorge Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería peruana, fueron señalados por Germán Málaga, investigador a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm, como el personal de enlace de ambos ministerios que señalaban a qué funcionarios públicos, personas de su entorno e invitados debía aplicarse la candidata a vacuna contra el COVID-19, y cuyos nombres figuran en la lista de 487 inmunizados que la Universidad Peruana Cayetano Heredia entregó al Instituto Nacional de Salud.
Además del expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano, personal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm, consultores, directivos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), funcionarios de los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores, familiares o entorno cercano de los vacunados e invitados figuran en la lista de las 487 personas que recibieron las dosis de la vacuna, pese a que no eran voluntarios en los estudios experimentales.
El asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Carlos Castillo Solórzano, y el embajador Jorge Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería peruana, fueron señalados por el doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador responsable de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna, como los funcionarios de enlace que le indicaban a qué personas debían aplicarles la dosis experimental.
“¿Cómo se hacía la asignación de las vacunas? Les pedíamos a los funcionarios de enlace del Minsa, el doctor Carlos Castillo, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Jarama, que nos señalaran a quiénes debíamos vacunar”, manifestó Germán Málaga ante la Comisión Especial COVID-19, del Congreso de la República, en la sesión virtual de hoy martes, que se inició en horas de la mañana.
“No revisamos esas listas, no tomamos la decisión, creo que fue un error”, dijo Málaga, al referirse a las listas que le enviaron los funcionarios de enlace del Minsa y la Cancillería.
En la lista remitida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia al Instituto Nacional de Salud (INS) además de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y los viceministros de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, y el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Víctor Bocángel Puclla, figuran altos funcionarios de dicho sector, como Aldo Lucchetti Rodríguez, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud; y Aída Palacios Ramírez, directora del Hospital Cayetano Heredia.
En el caso de familiares del exviceministro Suárez, fueron inmunizados su cónyuge Inés Caro Kahn, los hijos Juliet y Luis Suárez Caro; y su hermana María del Carmen Suárez-Ognio.
Entre el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, además del embajador Jorge Jarama, figuran su esposa, Darlene Roxanna Mendizábal Quiñones, y su cuñado, Victor Francisco Mendizábal Quiñones. También se encuentran en la nómina Manuel Augusto Gonzáles Chávez, ministro del servicio diplomático, subdirector a cargo de los temas de la península coreana y el Japón en la Dirección General de Asia en la Cancillería.
Otros nombres de la lista
En la búsqueda que hizo Convoca.pe, también se encontró que el servidor público Juan Carlos Asencio Bermúdez, quien laboraba como chofer del despacho del MINSA, figura en el casillero 30 de la misma relación de nombres.
Asencio Bermúdez de 38 años, recibió dos dosis de la vacuna experimental. La primera, fue el 12 de setiembre y la segunda, el 3 de octubre, casi tres meses antes que su jefa, la entonces ministra Pilar Mazzetti, decidiera vacunarse. El chofer se desempeña como trabajador del Minsa desde noviembre de 2016.
Convoca.pe además encontró que el médico Manuel Cedano, actual pareja de la congresista Tania Rodas, de Alianza Para el Progreso (APP), fue inmunizado, según la lista enviada por la Universidad Cayetano Heredia a la PCM. Cedano trabaja como asistente en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de La Libertad.
La hija del mencionado doctor, Claudia Cedano Burga (32 años), también recibió las dosis de las vacunas de prueba de Sinopharm. Ambos fueron vacunados en las mismas fechas, el 12 de setiembre y el 3 de octubre de 2020.
Asimismo, está el caso del exconsultor de la PCM, Jean Pierre Baca Balarezo, quien fue ocupó ese cargo durante la gestión del expremier Walter Martos.
Baca Balarezo, de 32 años, fue vacunado en calidad de “invitado”. La primera dosis se la inyectaron el 18 de noviembre y la segunda, el 10 de diciembre. Un mes después, el 11 de enero último, la PCM resolvió su contrato.
De otro lado, el empresario César Loo Cárdenas, dueño del conocido restaurante de comida china Royal, figura como “consultor” en la relación de inmunizados contra el virus SARS-CoV-2​, de acuerdo con el documento de la UPCH.
Además, en la misma lista aparecen el exlegislador fujimorista Alejandro Aguinaga, aspirante al Congreso por Fuerza Popular, y su esposa Fabienne Weber.
Y como “invitada”, fue vacunada la lobbista Cecilia Blume Cillóniz, quien fue jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo, y del entorno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
El nombre del Nuncio Apostólico en el Perú, Nicola Girasoli, se encuentra con el rótulo “consultor” en la relación de inmunizados fuera de los ensayos clínicos. El religioso recibió la primera dosis de la vacuna china el 21 de enero y la segunda, el 11 de febrero reciente.
Destino de las dosis
Según el doctor Málaga, el lote de 3,200 vacunas que recibieron de Sinopharm no forman parte del ensayo clínico, “de modo que su administración no es registrada y no interfiere con los 12 mil voluntarios” de los ensayos clínicos.
Málaga detalló que se las 3200 dosis que importaron de China, 1200 fueron entregadas a la embajada china, a pedido de la farmacéutica Sinopharm. Sin embargo, no supo explicar por qué dichas dosis fueron importadas de China a nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y, luego, fueron a la delegación diplomática.
La Universidad Peruana Cayetano Heredia se quedó con 2000 dosis. De estas, le dio 200 dosis a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Eduardo Ticona, a cargo de los ensayos en dicha casa de estudios, decidía a quiénes le aplicaban, según Málaga.
Vacunas y Vizcarra
Finalmente, la Universidad Peruana Cayetano Heredia se quedó con 1800 dosis. De ese total, 803 dosis quedaron en stock y usaron 907 dosis.
De las 803 dosis en stock usaron 247 dosis en voluntarios de los ensayos clínicos que trabajaban en primera línea, a quienes les habían tocado placebo en vez de vacuna. Estas dosis están inmovilizadas por no tener registro sanitario.
El investigador no aclaró el destino de las 907 dosis. Dijo que 680 dosis se aplicaron a 340 trabajadores del ensayo clínico y 120 a personal cercano al estudio. No detalló el destino de las 107 dosis sobrantes, que habrían sido aplicadas a funcionarios públicos, personas de su entorno cercano e invitados.
Embajador Jorge Jarama será investigado por la Cancillería. Además de él, se inmunizaron su esposa, cuñado y hasta su suegra.
Fiscalía investiga a Vizcarra y altos funcionarios
El 15 de febrero, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y otros funcionarios que recibieron la vacuna experimental contra el COVID-19.
La Fiscalía adelantó que recibirá las declaraciones indagatorias del expresidente Vizcarra, su esposa Maribel Díaz Cabello, el doctor Germán Málaga y del expresidente del consejo de ministros, Walter Martos, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti y el excanciller Mario López, entre otros.
Fiscal en Universidad Peruana Cayetano Heredia
El 16 de febrero, el fiscal adjunto supremo Ramiro González, a cargo del Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, fue a la sede de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, para verificar el procedimiento y los sistemas de registro del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm. Este 17 de febrero, el fiscal González hizo lo mismo en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Cercado de Lima.
Horas después, la Fiscalía de la Nación amplió la investigación preliminar sobre las vacunas de Sinopharm e incluyó a las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

“Nos duele sobremanera que Nuncio Apostólico Nicola Girasoli esté en la lista”, afirma Arzobispo de Lima

Carlos Castillo señaló que el hecho de que Nicola Girasoli se haya vacunado es un hecho grave y que espera que dé explicaciones más detalladas sobre su rol en el ensayo clínico.

El Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, señaló que su institución ha sufrido un “dolor profundo” luego de que se conociera que el Nuncio Apostólico, Nicola Girasoli, figura en la lista de personas que se vacunaron con la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm.
“Estamos entristecidos e indignados porque es una persona tan buena y cercana a nosotros. Él se ha vacunado por motivos que él tiene que explicar, me parece que su explicación hasta ahora no es suficiente. Que figure en la lista nos duele sobremanera, esta participación es un signo de que nos toca a nosotros también superar la indiferencia hacia los problemas de la gente”, aseveró a RPP.
Informó también que le ha enviado un mensaje indicando que rechaza de manera tajante su accionar y que está a la espera de que dé explicaciones más detalladas. Dijo también que son este tipo de cosas las que promueven que se señale a la Iglesia Católica como elitista.
“Le he dicho que esto es grave. Estos signos de privilegios son las cosas que la gente critica de la iglesia. No nos podemos permitir nada, tenemos que ser la esperanza, todos podemos caer en errores, pero tenemos que tener cuidado en lo que hacemos”, agregó.
Girasoli aseveró en un comunicado que fue vacunado con las dosis desarrolladas por el laboratorio chino Sinopharm debido a que participó de los ensayos clínicos de esta vacuna como “consultor en temas éticos”.
“A través de mi médico personal he sido convocado como consultor de la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia en temas éticos sobre este proceso y a motivo de mi condición de convaleciente por las consecuencias que todavía tengo del COVID-19″, se lee en su pronunciamiento.
Según la lista de las personas que se inocularon con las dosis del laboratorio chino, Girasoli recibió la primera dosis el 21 enero y la segunda el 11 febrero del 2021.
Fuente: Diario Perú21.