Caso millonario: la Procuraduría de Sunat denuncia a los fiscales Lava Jato por los delitos tributarios de Odebrecht en relación al caso Tren Eléctrico
Resulta evidente que, con su estrategia, Odebrecht busca maximizar sus beneficios y neutralizar contingencias tributarias millonarias como estas a partir del secreto acuerdo de colaboración.
El amparo presentado por la Procuraduría de la Sunat contra los fiscales Rafael Vela -coordinador del equipo especial- y José Domingo Pérez tiene en realidad una larga historia. CARETAS advirtió el entretelón del caso en noviembre de 2019.
En realidad, la Procuraduría de Sunat interpuso la demanda el 5 de marzo de 2020 y fue, inicialmente, declarada improcedente. La decisión fue apelada y casi un año después ha sido admitida y notificada por el 11º Juzgado Especializado en lo Constitucional con Subespecialidad en Temas Tributarios, Aduaneros e Indecopi de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El ente tributario busca anular las resoluciones de la Fiscalía que excluye a los ex ejecutivos de Odebrecht Jorge Barata, Raymundo Trindade y Carlos Nostre de las denuncias por delitos tributarios formuladas por SUNAT. Esto se dio en virtud a la resolución firmada tres meses antes por la fiscal de Nación, Zoraida Ávalos, para ampliar la competencia del Equipo Especial en materia de investigaciones por delitos tributarios.
El caso está vinculado a la deuda tributaria de alrededor de S/1000 millones que se encuentra en condición de no exigible. Son S/203 millones en apelación y S/798.6 millones en proceso concursal. Se trata del caso de los “dividendos diferenciados” por los cuales, en 2012, Graña y Montero redujo su participación en el proyecto del Tren Eléctrico. A partir de ahí tomó fuerza la hipótesis sobre la metodología que usaron los brasileños para repartir las coimas pagadas por la obra.
La Procuraduría de Sunat llegó a sus conclusiones sobre la comisión de delito a partir de sus propias acciones de fiscalización y no del contenido del acuerdo de colaboración eficaz, al que no han tenido acceso. Resulta evidente que, con su estrategia, Odebrecht busca maximizar sus beneficios y neutralizar contingencias tributarias millonarias como estas a partir del secreto acuerdo de colaboración.
Según la Procuraduría de Sunat, cuando el fiscal José Domingo Pérez y el entonces procurador Sergio Ramírez firmaron el acuerdo de colaboración eficaz no tenían competencia para delitos tributarios y aduaneros. Para que ello sucediera, la negociación debió contar con la participación de la Fiscalía y Procuraduría especializadas en Delitos Tributarios y Aduaneros, lo que no ocurrió.
El acuerdo no ha sido hecho público, pero si es que incluye delitos tributarios, este extremo sería nulo. El acuerdo fue firmado entre la Fiscalía y Odebrecht en febrero de 2019 y las atribuciones del Equipo Especial para intervenir en delitos tributarios fueron otorgadas cuatro meses después.
El acuerdo de colaboración eficaz no incluye reparación civil en materia tributaria, lo que confirmaría la argumentación de la Procuraduría de Sunat. En ese orden de ideas, la Fiscalía no tendría autoridad para excluir a los brasileños de esas investigaciones.
Si bien es cierto los trámites de apelación y de proceso concursal de la deuda siguen en marcha, es claro que sacar a como dé lugar de la candela a los responsables de los presuntos delitos le mete un tremendo cabe al fisco. Ahí está el detalle.
Fuente: Revista CARETAS.El 2017 Petroperú emitió bonos por US$2,000 millones, el 2018 obtuvo un financiamiento por US$1,300 millones y el 2019 se planeaba emitir bonos US$600 millones, pero nunca se hizo.
Autorizan endeudamiento externo de Petroperú por US$1,000 millones para Nueva Refinería de Talara
El ministro de Economía, Waldo Mendoza, autorizó a la empresa estatal Petróleos del Perú– Petroperú realice una operación de endeudamiento externo por US$1,000 millones para financiar parcialmente el proyecto de Nueva Refinería de Talara (NRT). La Resolución Ministerial N° 023-2021-EF/52 que aprueba esta operación, señala que la operación será “sin garantía del Gobierno Nacional” como fueron las anteriores operaciones de endeudamiento.
Los objetivos de la NRT son producir gasolina y diésel con menos de 50 partes por millón (ppm) de azufre, incremento de la capacidad de la refinería de 65 a 95 mil barriles por día (bpd), procesamiento de crudos pesados, convertir residuales en combustibles de mayor valor y obtener gasolinas de alto octanaje.
La inversión total en la NRT aprobada por el directorio de Petroperú (26/2/18) asciende a US$4,999.8 millones. Para cumplir con las necesidades financieras del NRT, Petroperú ha utilizado recursos propios por US$671 millones, aportes de capital del Estado por US$325 millones, en junio del 2017 realizó una emisión internacional de bonos por US$2,000 millones y en noviembre del 2018 obtuvo un crédito con garantía de la Agencia de Crédito a la Exportación Española (CESCE) por US$1,300 millones. Para el 2019 o 2020, se planeaba una emisión internacional de bonos por US$600 millones, pero parece que esta cifra se amplió a US$1,000 millones.
A setiembre 2020, Petroperú ha estimado que el valor recuperable de NRT asciende a US$4,679 millones, en tanto que el valor de los activos en libros asciende a US$4,472 millones.
En los primeros nueve meses del 2020, Petroperú tiene ingresos por US$2,257 millones y tiene una pérdida neta por US$-66.2 millones.
Fuente: www.gatoencerrado.net
Martín Vizcarra revendió terrenos por S/13 millones
Uno de los beneficiarios de la venta de terrenos fue la minera Angloamerican- Quellaveco
Según documentos de Registros Públicos de Moquegua, en la zona conocida como Pampa Estuquiña, Martín Vizcarra hizo un negocio millonario mediante una empresa familiar, al comprar terrenos que luego vendió para un proyecto minero.
Jesús Paredes, presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, mostró los papeles donde se refiere que, en 1998, en el referido lugar del centro poblado Los Ángeles (distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto), Agrotécnica Estuquiña se hizo de 131 hectáreas que correspondían a lo que era entonces el proyecto especial de irrigación Pasto Grande.
“Era un área piloto, un campo experimental para jóvenes de universidades e institutos tecnológicos, para que fomenten el aprovechamiento de diferentes plantas como damascos. Eran propiedad del proyecto Pasto Grande, y hubo dos postores. Uno era Agrotécnica Estuquiña, propiedad de Martín César, Mario y Doris Vizcarra”, indicó.
Fuente: Diario EXPRESO.
Renzo Navarro y George Forsyth tienen más de 20 años de amistad. Para el exprocurador Iván Montoya, su contratación en la Municipalidad de La Victoria tendría implicancia penal (Foto: Facebook).
Renzo Navarro, el hombre de confianza de George Forsyth que recibió más de S/100 mil de la Municipalidad de La Victoria
El candidato presidencial contrató a su amigo y socio para diversos servicios en la entidad, a pesar de no contar con estudios concluidos ni experiencia en gestión pública. Navarro ahora integra el equipo de campaña a la presidencia.
Por Delsy Loyola Jorge– Unidad de Investigación del Diario El Comercio.
Durante su paso por La Victoria, George Forsyth tuvo como brazo derecho en la municipalidad a su amigo y socio en una empresa de seguridad, Renzo Navarro. El hombre de confianza del ahora candidato presidencial por el partido Victoria Nacional recibió más de S/100 mil de esa comuna por servicios como especialista en administración, en gestión y comunicación, pese a no tener estudios universitarios ni técnicos, ni tampoco experiencia en el sector público. Ahora Navarro es uno de los principales colaboradores de su campaña a la presidencia.
El Comercio accedió a todas las órdenes de servicio que la Municipalidad de La Victoria (MLV) suscribió con Navarro. En febrero del 2019, a un mes de haber asumido la alcaldía, Forsyth lo contrató como asesor de su despacho y le pagó S/16,000. Ese mismo mes, fue contratado por la Secretaría General como especialista en administración por 15 días y recibió S/8,000 más. Desde el inicio hasta el final de la gestión, fueron 12 contratos por un total de S/107,500.
Navarro, quien fue contratado como locador, recibió pagos entre S/4,500 y S/8,000 por mes, incluso más que los sueldos de los subgerentes que -según información de la entidad- ganan en promedio S/6,900.
Amigos y socios
Forsyth y Navarro son amigos desde hace más de 20 años. Ninguno cuenta con estudios técnicos y superiores concluidos, pero juntos fundaron una empresa de seguridad: GRT Seguridad y Control. Navarro cursó estudios de Gestión de Recursos Humanos en la Universidad San Martín de Porres (USMP) solo hasta quinto ciclo. Tampoco terminó la carrera de Administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
En su curriculum vitae, además de la primera empresa, registra como experiencia laboral el cargo de “gerente general adjunto” en Inversiones FBG S.A.C., de propiedad de Forsyth, un gimnasio ubicado en el Jockey Club.La amistad entre Navarro y Forsyth se mantiene desde hace más de 20 años. Juntos han abierto varios negocios. (Foto: Facebook)
En el 2018, junto con el exarquero, intentó postular como teniente alcalde de La Victoria. Fue inscrito en la lista de Somos Perú, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente su candidatura, porque no pudo sustentar su domicilio en el distrito victoriano. En esa ocasión, Navarro acompañó a Forsyth en casi todas sus actividades y, según fuentes de este Diario, era quien lo apoyaba en la toma de decisiones como parte de su equipo de campaña. Esta vez, en las elecciones generales del 2021, repite la historia.
Forsyth y Navarro posan juntos en el gimnasio del exarquero ubicado en el Jockey Club (Foto: Facebook).
Los contratos
Las otras diez órdenes que la MLV pagó a Navarro consignan como área usuaria la alcaldía, es decir, fueron solicitadas exclusivamente por Forsyth. En marzo del 2019, requirió a su amigo como especialista en administración. Sus funciones fueron: organizar la agenda del alcalde, coordinar sus reuniones, mantener los directorios actualizados, redactar y formular “documentos diversos” y para el “registro en SISDOC”, según se detalla en el informe de locador. Por estos servicios, realizados en un mes, se le pagó S/8,000.
Renzo Navarro reportó en el informe de locador sus funciones realizadas (Foto: El Comercio).
Los siguientes meses, su socio fue contratado como especialista en gestión, especialista en gestión de comunicación y asistente administrativo, a través de nueve órdenes de servicio de manera continua desde agosto del 2019 hasta setiembre del 2020, semanas antes de que Forsyth renunciara a la alcaldía.
Durante ese periodo, según los informes de locador revisados por El Comercio, se encargó de implementar proyectos para mejorar la atención al ciudadano en la Oficina de Gestión Documentaria, optimizar procesos técnicos y de contribuir a la mejora de “la gestión de procesos de Imagen institucional”. Por esos servicios, recibió montos por S/11,000, S/5,500, S/4,500, entre otros, que sumaron un total de S/67,500.
Si bien Navarro fue contratado bajo la modalidad de locación de servicios, para la designación de personas en un cargo similar, pero a través del régimen CAS, se exige contar con título universitario de abogado para laborar en la Secretaría General, e incluso título profesional y especialización en gestión municipal para la Alcaldía, tal como consta en el Manuel de Organización y Funciones (MOF) de la municipalidad.
Además, los profesionales contratados reciben S/3.000 como honorarios, lo que equivale a la mitad de lo que se le pagaba al amigo de Forsyth mensualmente por los servicios que brindó como locador.
Estos fueron los contratos a favor de Navarro en La Victoria.
Funcionarios clave
Sin la firma ni el sello del subgerente de Abastecimiento y Servicios Generales, las órdenes a Navarro hubiesen sido consideradas nulas. El exalcalde designó en ese puesto a Jimmy Olmedo, quien, para su cargo, no cumplía con tener el título profesional de abogado ni de administrador, ni la experiencia mínima de 4 años, requeridos por el MOF del municipio.
Además, durante su paso por la municipalidad de San Juan de Miraflores, la Contraloría General de la República le encontró a Olmedo presunta responsabilidad penal por dos procesos de contratación que se habrían realizado de forma irregular en dicho municipio, según consta en los informes N° 644-2018-CG\LICA y N° 010-2018-2-2182.
Olmedo también tiene tres procesos abiertos en la fiscalía por delitos cometidos por funcionarios públicos, concusión y peculado. Por este último caso, el Ministerio Público ya ha presentado acusación.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la MVL había advertido en abril del 2019, a través del informe N° 008-2019-OCI/2155-SVC, sobre su contratación así como la de otros funcionarios que Forsyth mantuvo en el cargo pese a las observaciones.
El cuadro que el OCI de La Victoria adjuntó en el informe de visita de control que realizó a la municipalidad sobre la designación de funcionarios en puestos de confianza.
Uno de ellos es Gerardo Farfán, quien fue designado subgerente de Registro y Orientación al Contribuyente en abril del 2019. Tan solo tres meses antes, Farfán había suscrito el certificado de trabajo, a nombre de la empresa GRT Seguridad y Control —de propiedad de Forsyth— que Navarro presentó al municipio para sustentar que contaba con experiencia laboral en cargos administrativos.
Según ese documento, Farfán había tenido el cargo de jefe de Recursos Humanos en la empresa del exalcalde victoriano.
Este el certificado de trabajo que presentó Renzo Navarro y que firmó Gerardo Farfán, quien fue contratado en la municipalidad como subgerente (Foto: El Comercio).
Este Diario contactó a Olmedo, quien aseguró que “hubo un tema que se va a aclarar, [pero] las órdenes están de acuerdo a ley”. Buscamos a Farfán en su domicilio consignado en el Reniec, pero en el lugar indicaron que no vive ahí.
Descargos
El Comercio también intentó comunicarse con George Forsyth; sin embargo, su asesora de prensa nos indicó que el exalcalde no daría declaraciones. En su representación, habló la exgerenta municipal de La Victoria Yanina Abanto, ahora integrante de su equipo de campaña, quien señaló que, al margen de la amistad con Forsyth y de la falta de estudios, Navarro “es una persona con mucha experiencia en el rubro de seguridad” y por eso fue requerido.
“Al margen del título profesional de una persona, se resalta la experiencia, esa visión de gestión que el sector privado te da en la cancha. [Se lo contrata] porque es un especialista en seguridad y el gran problema que encontramos en La Victoria era el tema de las mafias”, indicó a este Diario.
“Seguridad ciudadana es un tema técnico y es un problema de fondo, estructural. Teníamos que ver el enfoque de gestión desde la operatividad de los órganos de la municipalidad internos, porque tenemos que cuidar mucho y ordenar todos los procedimientos que él, al tener una empresa de seguridad que manejaba perfectamente bien, tenía todos los conocimientos”, agregó.
Al consultarle si la elaboración de la agenda del alcalde guardaba relación con temas de seguridad, Abanto aseguró que “la agenda de George la teníamos que manejar personas muy cercanas por las constantes amenazas” y que el tópico principal de las actividades era “el de seguridad”.
Este Diario intentó comunicarse con Renzo Navarro, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras reiteradas llamadas ni mensajes.
Una posible investigación penal
El exprocurador Yván Montoya consideró que “un fiscal podría abrir investigación preliminar” para indagar presuntos hechos delictivos. “[Pareciera] que se hubieran contratado a muchas personas para condicionar esta facilitación de la contratación y pagos. Entonces uno podría hablar similar al caso de Vizcarra y Swing, desde un tráfico de influencias, en el que -en este caso- un alcalde habría incidido en autoridades que ha designado antes para que lo contraten y acepten los informes para los pagos que tenga que hacer […] hasta una posible negociación incompatible”, sostuvo.
En diálogo con El Comercio, indicó que también “está en juego evaluar si el Código de Ética, tipificado en la Ley 27815, se ha infringido, sobre todo el principio de neutralidad y la prohibición de mantener situaciones de conflicto”.
“La evaluación sobre el cumplimiento del perfil para poder designar a alguien entra en conflicto cuando interviene un sujeto con el que uno mantiene una amistad cercana […] Y la neutralidad igualmente, porque si él mismo requirió una orden de servicio a alguien que conoce y que sería su amigo, ¿dónde está la objetividad?”, señaló.
Además, advirtió que, si bien para los contratos en la modalidad de locación de servicios no se exige cumplir estrictamente los requisitos del MOF, estos sí deben servir como referencia para los procesos.