Keiko Fujimori y otros acusados del “Caso Cócteles” piden anular juicio oral por fallo del TC: los detalles y escenarios

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Keiko Fujimori y otros 12 acusados, entre personas naturales y jurídicas, solicitaron al Poder Judicial (PJ) que se anule el juicio oral que se les sigue por presuntos aportes ilícitos en el marco del “Caso Cócteles”.
Ello, como efecto de la sentencia de hábeas corpus que emitió el Tribunal Constitucional (TC) a favor de José Chlimper, anulando en parte la acusación que el Ministerio Público presentó en su contra por este caso.
Ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que lleva adelante el juicio oral, la lideresa de Fuerza Popular y sus co-acusados solicitaron la nulidad del juicio al considerar que, por extensión, se les debe aplicar el mismo beneficio resuelto por el TC.
El Tribunal Constitucional anuló la acusación de José Chlimper Ackerman en el extremo de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, pero no por presunta falsa declaración.
En esa línea, declaró nula la acusación del “Caso Cócteles” del 11 de marzo de 2021, y la Resolución 28, del 18 de abril de 2022, que dictó el auto de enjuiciamiento, en los extremos que comprenden a Chlimper.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, pidió 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y cinco meses de inhabilitación.
La fiscalía sostiene que, junto a sus co-acusados, habría integrado una red criminal que habría lavado más de US$17 millones y S/18,000. Parte de dicho dinero sería un presunto aporte de US$1 millón de la empresa brasileña Odebrecht y de empresas nacionales.
El dinero, señala fiscalía, se introdujo en sus campañas electorales de 2011 y del 2016, a través de falsos aportantes y actividades sociales como cenas y cócteles.

Alegan unidad de proceso y posición anterior de la sala de juzgamiento

Durante la audiencia de este lunes 6 de enero, Gonzalo del Río, abogado de José Chlimper, solicitó a la Sala de Juzgamiento que se aplique la sentencia que emitió el TC a favor de su patrocinado, declarando la nulidad de todo su juicio oral.
Para el abogado, se trata de un cúmulo de hechos irregulares que fueron detectados por el TC y por ello, toda la acusación debe retrotraerse hasta la etapa de investigación y, de ser el caso, la fiscalía deberá volver a pronunciarse en una sola acusación conjunta.
“Los considerandos de la resolución podrán ser tomados en cuenta por el señor fiscal para cuando emita la nueva acusación contra el señor Chlimper, en todos sus extremos; porque dividir las imputaciones lo único que hará es perjudicarlo”, señaló.
A este pedido se unió Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien requirió que “se extienda a los co-acusados el efecto de la nulidad de la acusación” para que se haga “una sola e integral” y que el juicio oral se reinicie cuando el fiscal haya cumplido con hacer una acusación que vaya en consonancia con los argumentos del TC.
Bajo su concepto, en el fallo a favor de Chlimper, el TC enumeró los excesos cometidos por la fiscalía y entre ellos, en el fundamento 37, sobre el presunto delito de organización criminal, se señala que este coordinó con su patrocinado Jaime Yoshiyama. Por tanto, expresó, la acusación no puede ser fragmentada.
“La acusación es un todo, aunque se la quiera fragmentar, es un requerimiento integral (…) el problema es que en esta acusación no está solo el señor Chlimper y el TC no puede exceder sus funciones y decir que estas cosas se han dado de manera extensiva a otras personas, pero el hecho innegable, desde el Código Procesal Penal, es que se ha acreditado una vulneración de derechos y que tiene efecto en las demás personas”. Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama.
A su turno, Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, indicó que el fallo del TC señala expresamente que se han detectado deficiencias en la imputación, “una acusación sorpresiva”, ya que se incluyeron hechos que no estaban contemplados en la investigación preliminar o formalización de la investigación preparatoria.
Además, señaló que se debe tener en cuenta el voto de la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien precisa que los errores atribuidos a la fiscalía “no hacen sino crear incertidumbre en el accionante y de sus co-imputados”.
Por tanto, continuó, la imputación fiscal “deficiente” no era únicamente contra Chlimper, sino que, al ser hechos imputados bajo la tesis de “pluralidad de agentes”, las afectaciones también son para esos co-imputados.
Loza señaló ante el tribunal que la “acusación sorpresiva” no solo es para Chlimper, sino para los co-acusados, por tanto, existe la necesidad de retrotraer el proceso, declarar la nulidad y que se corrija de manera inmediata, de cara a no seguir afectando los derechos fundamentales.
“En esa línea, esta defensa se une a la petición antes esbozada y solicita se sirva , en condición de establecer el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 2803-2023-HC, se extienda a los demás co-imputados a fin de no seguir generando indefensión y condiciones que pudieran traer a futuro la nulidad procesal”. Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.
David León, abogado de Fuerza Popular, también se adhirió al pedido, señalando que existía una vinculación entre los hechos imputados a Chlimper y su patrocinado, puesto que se le atribuyen aspectos como representante del partido político.
Entonces, debido a que la fiscalía presentó una “imputación en conjunto”, señaló León, “la suerte que caiga sobre su representante, el señor Chlimper, va a recaer inmediatamente en su representada, que era Fuerza Popular en su momento”.
José Nolasco, abogado de Ana Hertz, alegó, ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que ellos ya establecieron un criterio sobre la aplicación de las resoluciones del TC al extender los efectos del fallo a favor de Arsenio Oré Guardia, quien fue excluido del juicio por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
“Ya estableció la aplicación de la extensión a todos los procesados en el juicio oral, al aplicar la resolución del Tribunal Constitucional a favor de Arsenio Oré Guardia, extendiendo sus efectos a todos los acusados por el delito de obstrucción a la justicia”, sostuvo.
Por tanto, anotó que de acuerdo a las resoluciones 35 y 36 de agosto del 2024 que el mismo colegiado emitió, se debe extender el nuevo fallo del TC para todos los implicados y por todos los delitos acusados.
Julio Espinoza Goyena, abogado de Efraín Goldenberg, también solicitó aplicar el efecto extensivo de la sentencia del TC, al considerar que es “inviable” la continuación del juicio oral, “pues existe conexidad de las imputaciones” y el TC ya declaró que la acusación constituye un acto procesal nulo.
Agregó que, de acuerdo al Artículo 51 del Código Procesal Penal establece que la regla es la unidad del proceso, y excepcionalmente es procedente la separación.
Fanny Uchuya, abogada de Adriana Tarazona; Madelaine Reyes, abogada de Pier Paolo Figari; Guillermo Astudillo, abogado de Luis Barboza Dávila; Rafael Vega, defensa de Augusto Bedoya Camere; Jorge Jerí, abogado de Vicente Silva Checa; Sergio Huamán, defensa de Mark Vito Villanela y de la empresa MVV Bienes Raíces Sac; así como Mario Cáceres, abogado de Antonietta Gutiérrez Rosati, se adhirieron al pedido de extensión.

“La sentencia no establece un criterio vinculante para los otros acusados”

Ante las alegaciones, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que se rechace el pedido de Keiko Fujimori y otros co-acusados.
Además, remarcó que el Tribunal Constitucional no ha declarado nula toda la acusación de José Chlimper, puesto solamente se refiere a organización criminal, lavado y obstrucción de la justicia; mientras que en el fundamento 33 de la sentencia desestima el agravio en relación a dicho delito.
“El TC no ha amparado que se le hayan afectado sus derechos a Chlimper por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Entonces ¿cómo van a proceder? Tenemos una opción uno: anular el juicio. Si ustedes optan por esta propuesta del abogado, el criterio de esta fiscalía es que ustedes dejan de ser jueces independientes de un Estado constitucional de derecho y se convierten en una suerte de jueces de Estado legal de derecho, propias de dictaduras”, adujo.
Mientras que, la segunda opción, es que no anulen todo el juicio porque subsiste el mismo contra Chlimper por presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
“Es decir, los acusados, encabezados por Keiko Fujimori le solicitan a ustedes magistrados, que ustedes anulen este juicio. Entonces, el punto de controversia de la digna corte especializada de cara a lo que va a significar la historia de la lucha contra la criminalidad organizada es ¿Van hacer ustedes extensivos los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional para anular este juzgamiento?”. José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato.
En ese sentido, señaló, la facultad de la Sala de juzgamiento es aplicar la sentencia del TC (Exp. 2803-2023-HC) en sus propios términos. Es decir, actuando con la prudencia e imperatividad que el caso amerita; ya que “el TC no ha establecido que los efectos de la sentencia que favorece a José Chlimper, sean vinculante para los otros acusados”.
“He pedido a ustedes que actúen con esa prudencia e imperatividad que requiere el caso. Prudencia, porque la sentencia del TC que favorece a Chlimper no establece un criterio vinculante para los otros”. José Domingo Pérez, fiscal.
De otro lado, alegó que el colegiado de juzgamiento no tiene la competencia para evaluar cuestiones de congruencia procesal, señaladas por el TC, ya que ello corresponde a la etapa intermedia.
Además, recordó que con la sentencia del TC a favor de Arsenio Oré que dispuso su exclusión y la de los otros acusados por ese delito, se ha continuado con el juicio oral desde hace más de cuatro meses.
Por tanto, dijo que no es cierto que no se pueda seguir con el proceso bajo el argumento de existir una “afectación de unidad objetiva”.
Tras escuchar los argumentos, el tribunal concluyó la sesión y anunció que emitirá su pronunciamiento sobre el pedido de nulidad del juicio oral el lunes 13 de enero.

¿Corresponde la aplicación de la extensión de la sentencia del TC?

Andy Carrión, abogado especialista en derecho penal, señaló a El Comercio que sí se puede extender la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, tal como este mismo colegiado ya lo hizo con el caso de Arsenio Oré.
Es decir, excluyó del juicio no solo a Oré Guardia por obstrucción a la justicia; sino a todos los que estaban imputados por este delito. No obstante, remarcó que hacerlo por otros delitos más graves sería “radical”.
“¿Se puede extender? Sí, claro que sí, pero la pregunta es ¿Hasta dónde? Y creo que ese es el punto neurálgico de la discusión que se debe tener ahora ¿Por qué? Porque en el anterior caso únicamente se reconducía al tema de obstrucción a la justicia, y por tanto se retrotrajo por ese delito y para los demás imputados, pero el caso de Chimpler es muy radical (…) El problema es que aquí están casi todos los delitos porque allí están organización criminal, lavado de activos. Entonces, sería muy radical que el colegiado diga de que es inviable el juicio como tal”. Andy Carrión, abogado penalista.
Para el abogado, se presentan dos escenarios. Uno, en una interpretación restrictiva, excluyendo únicamente a Chlimper y manteniendo a los demás co-acusados en el juicio oral.
Ello, teniendo como ejemplo, el voto de la presidenta del TC, Luz Pacheco, donde ya se señalan irregularidades en “todo el caso”. Por tanto, si el colegiado decide avanzar con el juicio, “probablemente se termine cayendo con el paso de los meses, puesto que recursos de los co-acusados llegarán al TC”.
Mientras que, en el segundo escenario, siguiendo la lógica del caso de Arsenio Oré, y deciden aplicar la exclusión de todos los co-acusados por los mismos argumentos que Chlimper, “en realidad estás anulando todo el juicio”.
“Entonces, las dos soluciones son radicales. No sé si ellos quieran hallar un punto medio, pero tampoco creo que el tribunal se quiera comprar un pleito de anular todo el juicio, eso tendría un impacto sensible en todos los casos de Lava Jato”, advirtió.
Un punto medio, sostuvo Carrión, podría encontrarse en lo resuelto por el Colegiado de Juzgamiento en las primeras audiencias, donde los acusados alegaron la falta de imputación necesaria o de congruencia -es decir todo lo hallado por el TC en el caso de Chlimper- y anunció que ello sería resuelto junto con la sentencia.
Yo creo que ese sería el punto medio. Es decir, pueden decir: “excluyo a José Chlimper, no obstante tomamos en cuenta los considerandos del Tribunal Constitucional para el momento en que emitamos la sentencia condenatoria u absolutoria” Andy Carrión, abogado penalista.
El especialista en derecho penal, Miguel Reyes, consideró que la decisión que adopte el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional “será bien trascendente en este caso”.
Recordó que la sentencia del TC en el caso de Chlimper Ackerman detectó que hubo una “acusación sorpresiva”, porque se entiende que las personas solamente pueden ser acusadas por hechos que le fueron imputados a través de la formalización de la investigación preparatoria.
Además, mencionó que el TC, en la sentencia de Nadine Heredia (Exp. 5811-2015-HC) estableció que los procesos de hábeas corpus sí pueden extenderse otros implicados que no han sido parte del proceso de habeas corpus; siempre y cuando se encuentren en la misma situación de afectación.
Por tanto, explicó, el colegiado tendría que ver si la afectación que se ha detectado, también golpea a los demás co- imputados. Es decir, por ejemplo, si a Keiko Fujimori se le imputa A, B y C, debe verificar si en la acusación desarrolla “A, B y C”; porque si además encuentra “D,E y F”, entonces sí estaría en la misma situación que Chlimper.
“Entonces, para qué vas a continuar con un juicio oral que ya está nulo. Creo que el colegiado tiene que, primero, determinar que estén en las mismas condiciones y si determinan ello, pueden declarar la nulidad del juicio oral y devolver todo al juzgado de investigación preparatoria”. Miguel Reyes, abogado penalista.
Advirtió que los jueces que llevan adelante el juicio oral, no pueden ir contra lo que ya resolvió el TC. No obstante, indicó, si deciden no aplicar la extensión, cada uno de los co-acusados, deberán seguir su propio proceso de habeas corpus ante el TC.
“Ellos tendrían que continuar sus propios procesos. Lo que pasa es que no es tan sencillo como tan solo pedirlo. Porque para declararlo extensivo, tengo que tener la misma condición. Es decir, las defensas tienen que demostrar que hay la misma vulneración del derecho a la defensa”, añadió.

Ceremonia de instalación del pleno de la JNJ para el periodo 2025-2030

Se desarrolló la ceremonia de instalación del nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el período 2025 – 2030, integrado por los magistrados Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, María Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo.
En la ceremonia, que contó con la presencia de la presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dio lectura a la resolución que nombra al doctor Gino Ríos Patio, como presidente del organismo constitucional autónomo para el primer año de gestión. El presidente prestó juramento ante el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo, como representante del pleno.
Acto seguido, se dio lectura de la resolución que nombra a la doctora María Teresa Cabrera Vega, como vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia para el año 2025, quien juramentó ante el presidente.
En su discurso, Ríos Patio refirió que la independencia reclama principalmente una responsabilidad inalterable con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad, y es la sociedad que espera que la actuación de la JNJ sea impenetrable a la corrupción.
Agregó que las disposiciones de esta junta deben ser una demostración incuestionable de compromiso con el sistema de justicia y con los valores que inspiran un estado democrático y de derecho. Sobre la imparcialidad dijo que se concibe como una imperiosa exigencia ética, y no solo como un simple estándar técnico.
Finalmente, la presidenta de la república indicó que la Junta Nacional de Justicia como garante de la calidad del servicio judicial guía el camino hacia la mejora continua del sistema de justicia promoviendo la ética y la profesionalidad.
La ceremonia contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zegarra; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; entre otras altas autoridades.
Fuente: www.gob.pe

A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Por Luis Felipe Rodríguez Jiménez– Radio Programas del Perú.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio por concluida la designación del fiscal titular Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Así lo dispuso en una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada: “Dar por concluida la designación del abogado Jorge Wayner Chávez Cotrina, fiscal titular especializado contra la criminalidad organizada de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro -designado en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada- como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada“, indica la disposición en el artículo primero.
La funcionaria asumirá, además, la jefatura de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Cabe resaltar que Jorge Chávez Cotrina fue designado en el cargo en marzo del 2015, por el entonces fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.

¿Por qué el cambio?

Según se indica en la resolución, los cambios se hacen en el marco del proceso de modernización de la gestión pública y alineado con el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): “Incrementar la capacidad resolutiva de casos fiscales requeridos por la sociedad”; objetivo tal que se orienta a mejorar la celeridad del servicio que ofrece el Ministerio Público, con especial énfasis a su función constitucional como titular de la acción penal, lo cual importa la intervención del fiscal como ente encargado de conducir la investigación del delito; por tanto, con incidencia directa en la celeridad procesal“.
“En ese contexto, es de mencionar que, las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas, realizan labores que incluyen la atención de casos complejos que mantienen estrecha vinculación, los cuales requieren enfoques integrales y coordinados para garantizar resultados efectivos en la persecución de delitos que afectan gravemente los derechos fundamentales y la seguridad del Estado; dicha circunstancia, pone de manifiesto la necesidad de unificar esfuerzos y fortalecer estrategias en la investigación de estos delitos que tienen alta sensibilidad social“, indica el documento.
“Por ello, la actuación bajo una única coordinación contribuirá al deber que mantiene el Ministerio Público de garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos. Además, permitirá una mejor articulación de funciones entre los distintos despachos fiscales, maximizando el impacto positivo de sus actuaciones y asegurando una respuesta más eficiente, coherente y alineada con las demandas sociales“, puntualiza.

Por Martín Calderón– Diario El Comercio.
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la fiscalía hacer público, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en el 2019 con la constructora brasileña Odebrecht.
Una copia de ese acuerdo será entregada al conductor de televisión Phillip Butters, quien llevó el caso ante el TC luego de que el Ministerio Público y el Poder Judicial rechazaran que acceda al documento.
El tribunal declaró fundado un recurso de agravio constitucional presentado por Butters “por haberse vulnerado el derecho fundamental de acceso a la información pública”.
Con la resolución, se conocerá el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz de febrero de 2019 y el acuerdo complementario de mayo de ese mismo año. Estos fueron celebrados entre el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato, Odebrecht y los colaboradores Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre.
Desde el 2019, el Ministerio Público mantuvo como reservado el acuerdo con Odebrecht con el argumento de que el proceso especial de colaboración eficaz solo es de conocimiento de la fiscalía, el colaborador, su defensor, el agraviado y el juez a cargo del caso.
En su momento, el Ministerio Público también destacó que a una investigación fiscal solo pueden acceder los sujetos procesales; es decir, las personas o entidades que participan en un proceso judicial.
Además, entre el 2023 y este año, el Poder Judicial resolvió en dos instancias que el acuerdo de colaboración tiene carácter de reservado porque, entre otros motivos, “su develación podría tener efectos nocivos en la lucha contra la corrupción”.
El acuerdo permitió al equipo especial del Caso Lava Jato recibir información y documentos para las investigaciones de los casos Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde tramo Callao. En estos, Odebrecht admitió la entrega de sobornos.
El acuerdo estableció que Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con S/760 millones.
La sentencia judicial que lo homologó fijó que el monto sea pagado en quince armadas hasta el 2034.
No obstante, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional concluyó que con la emisión de la sentencia que aprobó el acuerdo de colaboración eficaz, “la finalidad legítima de la reserva ya no existe y en consecuencia, la reserva cesa, y no resulta oponible para su difusión pública”.
Además, la sala del TC destacó que los colaboradores eficaces del caso Odebrecht ya renunciaron a la reserva de su identidad.
Precisó que mientras un proceso judicial se encuentra en curso, el acceso al expediente es exclusivo de las partes y debe solicitarse de manera directa ante el juez a cargo del proceso. No obstante, una vez que este ha culminado, al contar con sentencia firme o ejecutoriada, “permite que se recobre su carácter público conforme al artículo 139, inciso 4 de la Constitución”.
El mencionado artículo establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos.
La segunda sala del TC concluyó que los fines del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht “ya han producido sus efectos, además de haberse revelado la identidad de los colaboradores con su anuencia”, por ello no encontró razones que justifiquen la restricción de su acceso.
La sala está integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich. Este último fue el ponente del caso.
El expediente de este caso ingresó a la sala segunda del TC el 16 de agosto pasado.
La vista de la causa se realizó el último 2 de diciembre.
La sentencia fue emitida tres días después y, finalmente, publicada este martes 17 de diciembre en la página web oficial del TC.

Ollanta Humala y Martín Belaunde

Por Thalía Cadenas– Diario El Comercio.
Martín Belaunde Lossio, ex asesor de Ollanta Humala, declaró en el juicio contra el expresidente y su esposa, Nadine Heredia, por los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista, que una de las supuestas valijas diplomáticas que llegaron de Venezuela contenía 850 mil dólares.
Indicó que esta información se la brindó la exfuncionaria venezolana Virly Torres y que las maletas fueron enviadas al Perú a través de la empresa de mensajería DHL.
“Virly Torres me contó que había 850 mil dólares que llegaron por DHL y que las recogió de las oficinas de DHL en el aeropuerto. Después de eso, si es que ingresaron más valijas, no sabría cuantificar el monto, pero ya he dicho que es entre 4 y 6 millones”, respondió a la consulta del abogado de Nadine Heredia, Julio Espinoza.
En el contra interrogatorio, Espinoza también le preguntó si le constaba la procedencia del dinero y el ingreso a través de valijas diplomáticas.
“Me consta el ingreso a través de dos mochilas, lo demás me lo han contado”, contestó Belaunde.
El empresario ratificó así la versión que dio en una audiencia anterior sobre el aporte del régimen chavista para la campaña de Humala. El dinero, de acuerdo con su testimonio anterior, fue utilizado para pagar la pauta publicitaria de la campaña del exmandatario en el 2006.
En otro momento, el ex asesor reiteró que recibió 400 mil dólares en el 2006 de la mano de Jorge Barata, entonces representante de Odebrecht en el país, para la campaña nacionalista de ese año.
Detalló que el día que recogió el dinero en las oficinas de Odebrecht en Chacarilla (Surco) también estaba presente Raimundo Trinidad, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de relaciones institucionales de la constructora.
A la consulta de por qué recién brinda ese detalle, respondió que no le pareció trascendente.
Además, volvió a afirmar que Jorge Barata no dijo la verdad cuando negó conocerlo. “No ha dicho la verdad porque a mí me conoció y entregó el dinero”, expresó.
De otro lado, indicó que la expareja presidencial le pidió suscribir un contrato para sustentar ingresos para su crédito hipotecario.
“Me pidieron un contrato para sustentar ingresos, pero no conozco las fechas ni nada del crédito hipotecario”, dijo. Dicho documento se suscribió con su empresa Centros Capilares.
Humala amplía su declaración
En la audiencia también participó Humala para brindar una ampliación de su declaración.
El expresidente negó que conozca a Belaunde desde fines del 2005, señaló que su vínculo con él se inició a fines de marzo del 2006.
Calificó de mentira que el hoy colaborador eficaz haya sostenido reuniones con Virly Torres y la entrega del dinero chavista. “Rechazamos de plano haber recibido aportes de Venezuela y de Odebrecht. Para acusar hay que hacerlo bien”, expresó.
Además, sostuvo que el testimonio de Belaunde sería una represalia por no haber impedido su extradición en el 2015 cuando era presidente, como se lo había solicitado el padre del empresario.
Martín Belaunde Lossio fue extraditado en el 2015.
“[Dijo que] Si no impedía la extradición de su hijo, nunca me lo iba a perdonar. Esto puede explicar la conducta de la familia Belaunde”, remarcó.
La fiscalía acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Se les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de las constructoras brasileñas Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente.
Por estos cargos, pide una condena de 20 años de prisión para el expresidente y de 26 años y seis meses para la ex primera dama. Además, se requiere la disolución del Partido Nacionalista.
Respuesta de la defensa
En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, afirmó que las declaraciones de Belaunde se sustentan solo en dichos y cuestionó que los acuerdos de colaboración eficaz “no tengan rigor”.
Asimismo, indicó que Belaunde se contradice en sus declaraciones sobre Jorge Barata y la entrega de los 400 mil dólares.
Añadió que el entonces representante de Odebrecht en el Perú ha afirmado que recién conoció a Humala a fines del 2006, en el Cade, y no cuando era candidato presidencial.
Finalmente, estimó que el juicio contra su patrocinado culminará a fines de febrero del 2025.

Por Mariella Balbi- Diario Expreso.
Quienes seguimos atónitos la asunción y caída del exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry, durante el gobierno del ‘Lagarto’ Vizcarra, vemos complacidos cómo la verdad sale a luz. El magistrado, de intachable reputación, honesto al 100%, cabal, íntegro, logró, por sus méritos, llegar al puesto más alto en su institución. Como en las novelas de intriga, jamás imaginó que el propio presidente de la República se encargaría de sacarlo malamente del cargo. La razón es simplísima: era demasiado honesto. Después de cuatro años, un colaborador eficaz, exministro de PPK, reveló lo que todos sabíamos. Vizcarra, quien ya había ‘comprado’ al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez para el caso Chinchero, no podía controlar a Chávarry, quien estaba dispuesto a revisar las 46 investigaciones fiscales que tenía en Moquegua.
Para bajárselo, Vizcarra logró el apoyo de los medios vinculados al latrocinio de Odebrecht y de los que ‘masajeaba’ con publicidad estatal. Previamente (julio de 2020), el IDL lanzó una bomba en una pecera: el caso ‘Los Cuellos Blancos’ y filtró audios convenientemente, teniendo al país en vilo más de cinco meses. Una conversación inocua de Chávarry con un vocal supremo, ‘el hermanito’, se convirtió en un escándalo de polendas. El ataque mediático en su contra fue brutal, pocas veces visto. Nadie puede enfrentar semejante avalancha de mentiras. Le dieron como a piñata. Con semejante campaña demoledora, su imagen quedó perforada.
Al mismo tiempo, Chávarry fue traicionado por el fiscal Vela, a quien nombró confiando en él. Este, a su vez, incorporó al equipo Lava Jato al desequilibrado fiscal Pérez. A Vela se le remarcó que la insania de Pérez desvirtuaría la lucha anticorrupción. Dijo: necesitamos un chacal. Su presencia solo sirvió para difamar a Chávarry y soliviantar a la institución, siempre apoyado por la campaña mediática.
Ahora que conocemos la verdad, el fiscal Chávarry debería ser desagraviado. El ridículo juicio que lleva debe finiquitarse y ser repuesto, aun sea por corto tiempo. Es un derecho. La infamia y la vejación vividas ya le causaron enorme daño: tiempo perdido, salud, dinero en su defensa legal, indignación, desánimo. Pero un resarcimiento público y la reposición simbólica son tareas que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debería emprender. La JNJ debe ser amonestada por su prepotencia y su abierta politización.
El caso Chávarry es emblemático; son muchas instituciones implicadas. El telón de fondo es la corrupción, esa plaga que crece y se extiende en cada rincón del país. Con acierto, la fiscal Espinoza desactivó el Eficcop, brazo político del Ministerio Público que, junto con la policía política DIVIAC, ha extorsionado y chantajeado a quienes han querido.
La presidenta Boluarte ha pedido, con razón, ser citada por la fiscal de la Nación para aclarar sus temas. Se volantean las declaraciones en su contra y la mandataria no puede hacer su descargo, denigrando su imagen. La campaña anti-Boluarte tiene un propósito político: sacarla del gobierno. Nuevamente, el telón de fondo es la corrupción, intereses que la quieren lejos del cargo. En los cuentos de hadas, los buenos siempre ganan. En la realidad, no. La decisión deshonesta de un funcionario público, municipal, judicial, regional, policial le arruina la vida al ciudadano. Lo sabemos quienes padecemos la corrupción. Esperemos que Vizcarra sea interrogado sobre el caso Chávarry.

Guerrillero que acompañó a poeta Javier Heraud está involucrado en caso de Odebrecht

El guerrillero Pedro Morote que formaba parte del grupo que ingresó al Perú con Javier Heraud, por la ciudad de Madre de Dios, en Puerto Maldonado, está involucrado en el caso de megacorrupción de Lava Jato, según reveló la periodista de investigación, Jenny Zúñiga Mourao.
Estas declaraciones fueron formuladas por la escritora, en la presentación del libro “En los zapatos de Javier Heraud, confrontando la posverdad”, que contiene sorprendentes revelaciones sobre la vida y el asesinato del poeta peruano.
Asimismo, Zúñiga Mourao explicó que en su investigación encontró muchos indicios del enriquecimiento ilícito de parte del exguerrillero Morote, quien acompañó a Heraud en la trágica aventura guerrillera. “Se perdió en un yucal el mismo día de la muerte de Javier Heraud. Todos recuerdan que él durmió a su lado, la misma noche que desaparecieron los pertrechos, el dinero y las cuentas de la guerrilla”.
Pedro Morote, exguerrillero y compañero de Javier Heraud.
Refiere la escritora que meses después de la muerte de Heraud, Morote se compró un carro nuevo y luego de algunos años aparece como dueño de La Palizada; un restaurante de moda en los años 70 y 80. Él afirmó que recibió una herencia, sobre la cual nunca mostró documentos. “Descubrí que llegó a tener un patrimonio de 2 millones de soles en un momento”, señala Jenny.
Resumen de adquisiciones de Pedro Morote. JZM
LA POSVERDAD DE LAS GUERRILLAS
“No ha sido fácil la investigación para escribir este libro. He encontrado la posverdad de las becas para estudiantes a Cuba, en el inicio de los 60´. Muchos jóvenes, como Javier, durante el gobierno en dictadura en el año 1962, realizaron muchos esfuerzos para salir del país, ilusionados para estudiar en el extranjero. No importaba el lugar. Lo principal era salir y convertirse en profesionales, lo cual no resultó para todos”, escribe Jenny Zúñiga.
“Detrás de todo estaba el guerrillero Fidel Castro, reconocido por sus ultimas victorias de esa época. Todos los jóvenes querían conocerlo, y por qué no, saborear de alguna forma sus logros y tal vez seguirlo. Por esta poderosa razón es que preferimos ponernos los zapatos de Javier Heraud para comprenderlo todo”, explica Zúñiga.
El poeta Javier Heraud y su padre.
En el libro, la escritora expone la forma en que se genera una apresurada operación de guerrilla en el Perú, al poco tiempo de recibir una obstruida instrucción militar, para formar guerrilleros, a jóvenes desde los 19 años. En Cuba, el mismo Fidel los agrupa con otros guerrilleros mayores, y con ellos se prepara la gran marcha como dijo el Che Guevara para el Perú, la cual sería liderada por Héctor Béjar.
Por alguna razón que todavía no esta clara, se separa la guerrilla en Bolivia y Javier Heraud y otros más cruzan la frontera. La hipótesis de Zúñiga que desarrolla en este libro, es que un traidor se encarga de dar detalles del ingreso al Perú de los guerrilleros que coincidía con un gran mitin de Belaúnde en la plaza central de Madre de Dios. Los delatan, y desde el primer momento que cruzan el río, los persiguen en la ciudad. Más tarde una historia con poco detalles, explica el asesinato de Javier en una pequeña canoa al lado del sobreviviente Alain Elías Caso.
El desafiante río Madre de Dios, otro protagonista en esta historia. Foto JZM.
“Confrontar la posverdad después de 56 años es lo que nos corresponde como periodistas. Nosotros cumplimos con entregarles los mejores testimonios recogidos durante todos los tiempos”, precisa la autora en esta publicación.
“En los zapatos de Javier Heraud” es una nueva forma de comprender y desarrollar el periodismo de investigación, en los enrevesados caminos de la Literatura. Está disponible en la librería “El Virrey” en Miraflores, y en Amazon.
Yo no me río de la muerte. Sucede simplemente, que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles— Javier Heraud.
Fuente: https://jennyzunigamouraohome.wordpress.com/

¿Cuál fue la razón que llevó al expresidente de la república Pedro Castillo a dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022?
La pregunta generó diversas especulaciones, pero detrás existía una historia que se mantuvo en secreto y que esta investigación de Umberto Jara revela a dos años de la caída del gobierno de Castillo.
Un Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú, integrado por sesenta y siete policías, hombres y mujeres, logró confesiones directas sobre actos de corrupción que se planificaban y ordenaban desde el Despacho Presidencial. La reacción del gobierno fue iniciar acciones de represalia, tratar de bloquear las investigaciones y, a la vez, organizar un Servicio de Inteligencia extraoficial y una Policía paralela con el objetivo de imponer una autocracia en el país.
Para hacer frente a ese grave peligro, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2022, el Equipo Especial PNP llevó a cabo una singular operación de Inteligencia que cambió el curso de la historia y permitió que se mantengan vigentes la democracia y la libertad en el Perú.
El ahora expresidente intentó adelantarse a ese escenario terminal para su débil gobierno y mediante un mensaje anunció su decisión de disolver el Legislativo de su país: “En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y la democracia”, afirmó. La intención de dar este golpe de Estado, rechazado por las Fuerzas Armadas, la Policía y por la institucionalidad peruano, tuvo un efecto contrario, pues el Congreso se reunió inmediatamente, lo destituyó y juró en su lugar la vicepresidenta Dina Boluarte, quien previamente se opuso a la interrupción del orden constitucional que quería ejecutar Castillo, quien hoy está detenido y acusado por el delito de rebelión.
En los 16 cortos meses que ha durado su gobierno, Castillo nombró cinco gabinetes conformados por 80 ministros y su administración fue una de las más inestables en un país que en los últimos cuatro años ha sido gobernado por seis presidentes.
La caída del expresidente peruano se debe a las numerosas denuncias de corrupción no sólo contra su régimen y sus familiares, sino principalmente contra él mismo, pues fue acusado de encabezar una organización criminal proyectada para adjudicarse contratos del Estado.
Otro factor que contribuyó a la defenestración de Castillo y de la mencionada serie de presidentes peruanos es el diseño constitucional, sobre todo cuando cae en manos de una oposición capaz de entablar alianzas para ejercer la facultad de la vacancia. Se trata, en realidad, de un sistema que intenta combinar un presidencialismo fuerte, con poder para disolver el Congreso -lo que intentó activar Castillo, pero sin éxito-, y un sistema parlamentario también dotado del derecho de poner en marcha la vacancia del presidente. Bajo estas prerrogativas, puede que no haya un escenario de gobernabilidad que saque a Perú de estos terremotos políticos de su sistema mixto.
Fuente: Editorial Planeta.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Todo lo que no es formal es ilegal. Si no fuera así, dejaríamos de pagar impuestos y seguiríamos operando nuestras empresas. ¿Qué tal? La hipocresía debe acabar, igual que las nomenclaturas que intentan suavizar lo intolerable: minería informal, ilegal, artesanal; todas operan fuera de la ley, y, por tanto, todas son ilegales. Por menos, cierran bodegas y persiguen a vendedores ambulantes a palazos.
La Amazonía sur agoniza, es una de las zonas megadiversas del planeta; el mercurio contamina los ríos, la trata de mujeres y menores es un abominable negocio más en los campamentos-ciudad mineros, y la tierra, violada una y otra vez, pierde su capacidad de regenerarse. Pero no es solo en Madre de Dios; en 21 de nuestras 25 regiones, esta plaga aniquila suelos agrícolas y envenena cursos de agua de los que dependen diversas actividades y millares de familias rurales para calmar la sed.
La minería ilegal no comenzó con este gobierno ni terminará con él. Hace falta un líder con la osadía de Nayib Bukele, alguien dispuesto a enfrentarse a una actividad que mueve mucho más que los ocho mil millones de dólares que reporta la Superintendencia de Banca y Seguros.
Bukele, presidente de El Salvador, dio un golpe a las Maras, pero un organismo multilateral le auguró un colapso económico si actuaba de manera radical. “El Salvador perderá 10% de su PIB”, le dijeron, pero Bukele no titubeó, asumió el riesgo. En cuestión de meses, su país dejó de ser el más peligroso del planeta y el PIB creció 3%. ¿Quién tiene esa convicción en el Perú? Nadie quiere enfrentarse a un negocio que involucra a más de medio millón de personas y, sumando familiares y asociados, más de tres millones de votantes.
¿Aquí las multilaterales, como el Banco Mundial, el BID o el FMI, asustan también lejos de respaldar y promover decisiones valientes y necesarias? La minería criminal tiene cómplices dentro del sistema, dentro de la formalidad. Hay mineras establecidas que prefieren comprar oro sucio, pues es más barato que extraerlo. En las zonas asoladas, una empresa de maquinaria pesada, varias veces denunciada, repone los equipos confiscados a los ilegales en cuestión de horas. Es un sistema perfectamente aceitado, y su dinero invisible es intocable.
Figuras reconocidas como el ingeniero Rómulo Mucho caen víctimas de este cáncer. “¿Qué resuelve mi censura?”, dijo tras su salida como ministro, gracias a la estupidez del Congreso. “Tenemos que gestionar para todos los estratos de la minería”. Pero nadie quiere escuchar. Y Hernando de Soto, quien advirtió hace décadas sobre la minería informal, sigue siendo desoído. ¿Y qué se hace? Operativos mediáticos combinados para dinamitar dragas mientras se dejan intactos los sistemas que son alimentados por esta actividad: los puti-bares, las tiendas que les abastecen, las marcas que lucran y los amigos de peso.
A grandes males, grandes remedios. Den un plazo para que abandonen las zonas y dinamiten todo. Si Bukele pudo enfrentar a las Maras, ¿los peruanos no podemos salvar nuestra tierra?
La respuesta es evidente: No.

El Dr. Víctor Raúl Nomberto Bazán, director de la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA, participó como Delegado Nacional del Perú en la COP29, realizada en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre de 2024. Este evento reunió a representantes de todo el mundo para debatir sobre la lucha contra el cambio climático, destacando la importancia de la agricultura en la seguridad alimentaria, la paz social y la mitigación de la crisis climática.
Uno de los temas centrales fue la necesidad de aumentar la financiación climática para los países en desarrollo. Actualmente, se han comprometido 100 mil millones de dólares anuales, pero se plantea elevar esta cifra a un billón anual. Según el Dr. Nomberto Bazán, países como Estados Unidos, China, India y Rusia mostraron disposición para alcanzar un nuevo objetivo colectivo de financiación que combine recursos públicos y privados.
La COP29 también discutió la reforma de la arquitectura financiera internacional y la transición hacia energías renovables, dejando atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, países dependientes del petróleo, como Rusia y Arabia Saudita, han frenado acuerdos más ambiciosos en este punto. Expertos como Catherine Abreu advirtieron que sin abandonar los combustibles fósiles, el calentamiento global seguirá siendo una amenaza seria.
Por último, se resaltó el papel de China, el principal emisor de carbono, como posible nuevo donante del fondo climático, algo valorado positivamente por varias delegaciones. No obstante, algunos países en desarrollo dejaron claro que no aceptarán compromisos en mitigación y transición energética si no se garantiza un acuerdo justo y transparente sobre la financiación climática.
Fuente: Fuerza Informativa de Apurímac.

Memorándum de entendimiento

“El Perú ratifica hoy su compromiso por fortalecer nuestras relaciones bilaterales, incrementar la cooperación comercial y económica para aprovechar nuestra mutua membresía en el acuerdo amplio y progresista de la Asociación Transpacífico, así como el foro APEC”, manifestó.
Asimismo, destacó la próxima suscripción del memorándum de entendimiento para establecer un mecanismo de consultas bilateral, en el marco de la visita de Estado, lo que contribuirá a incrementar la agenda bilateral, “dotándola de mayor contenido, además de contribuir al diálogo y cooperación en temas de interés común“.
“Manifiesto la firme voluntad del Perú de aprovechar esta nueva plataforma de diálogo, la que se abre con la suscripción de este memorándum, que permitirá la regularidad de sus sesiones“, agregó.
En otro momento, la mandataria destacó que Brunéi Darussalam y el Perú iniciaron relaciones bilaterales hace 34 años, tiempo en el que se desarrolló una relación bilateral fundamentada en intereses comunes en torno al comercio, la inversión y el desarrollo sostenible.
“Ambos países compartimos objetivos de política exterior, especialmente en temas del fortalecimiento del multilateralismo y la promoción del comercio internacional“, añadió.
El sultán de Brunéi Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, inició una visita de Estado a nuestro país, que comprende una reunión de trabajo de ambos equipos ministeriales y la suscripción de diversos acuerdos.
Fuente: Diario El Peruano.

Por Bruno de Ayala Bellido- Diario La Razón.
El Perú será sede por tercera vez del foro económico y comercial APEC 2024, que reúne a 21 economías de Asia-Pacífico, las cuales representan el 54% del PIB mundial y el 44% del comercio global. Si en 2016 la estrella de la cumbre fue el “zar” Vladimir Putin, presidente de Rusia, este año los reflectores se posarán en Xi Jinping, el todopoderoso líder chino. A él se le unirá en visita oficial el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con los mandatarios de Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Singapur y Brunéi. Ellos, junto a los representantes de otras 17 economías, colocan al Perú nuevamente en el centro del tablero geopolítico mundial. Si la mayoría de los peruanos comprendiera la importancia de este foro para el desarrollo del país y enfocara sus esfuerzos en aprovechar el impulso comercial que eventos de esta magnitud traen, demostraríamos ser un país maduro, responsable y con visión de futuro. Esto cobra aún mayor relevancia considerando que esta edición presenta un plato fuerte: la inauguración del mega puerto de Chancay y el potencial eje que se conformará junto al histórico puerto del Callao, ambos a una distancia de 73 km. Las disputas y los amagos de huelga deberían ser solo una anécdota; un país saca a su gente de la pobreza únicamente creando riqueza, y esta se genera trabajando, fomentando la inversión privada y potenciando nuestras mejores armas comerciales: la agroindustria, la minería, la pesca, el turismo, entre otros.
La APEC, comercialmente hablando, es el futuro del mundo. Los países que forman parte de este foro de cooperación marcarán la pauta en lo que resta del siglo y representarán una palanca de desarrollo para erradicar la pobreza en nuestras naciones. Con una población conjunta de más de 2,700 millones de personas, este es un mercado sediento de productos de todo tipo que, en mi opinión, no hemos explotado al 100%. Es necesario que este cónclave tome decisiones profundas. Además de las 21 delegaciones confirmadas, se espera la participación de más de 1,200 empresarios de esta región, dispuestos a invertir, exportar y, sobre todo, a conocer nuestro país. Las oportunidades son impresionantes y los retos aún mayores.
Si tuviéramos que ponerle un nombre a este desafío, sería el “mega puerto de Chancay”: una inversión privada entre Cosco Shipping Ports Limited y la minera Volcan, que cambiará el rostro del Perú para siempre y que ha despertado tanto envidias internas como externas, debido a sus cifras impresionantes y a un futuro aún por concebir. El gran reto del Estado peruano será crear la infraestructura necesaria para alcanzar el máximo potencial de esta zona. Esto incluye el tren de cercanías que conecte Chancay y el Callao, haciéndolos totalmente complementarios; la creación de una zona industrial para la manufactura y el empaque de productos; y dotar a la ciudad de todos los servicios básicos. Tengamos en cuenta que esta área experimentará un crecimiento exponencial, pasando de 60 mil habitantes a 500 mil habitantes en unos años. En pocas palabras, el Perú tiene que estar a la altura de su destino y de su historia.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
La victoria del Partido Republicano liderado por Donald Trump fue contundente: ganó tanto el colegio electoral como el voto popular y aseguró el control del Senado y, a saber, también la Cámara de Diputados.
Trump arrasó y pronto regresará a la Casa Blanca gracias a su mensaje claro, que representa los valores judeocristianos de Occidente. Su propuesta incluye crear millones de empleos, eliminar el impuesto federal a la renta, reducir el Estado al mínimo necesario y aplicar aranceles de hasta el 200% a productos importables que puedan producirse en suelo norteamericano. Además, tocó las fibras profundas de los padres y madres al anunciar que la religión volverá a las escuelas y que no se expondrá a los niños a la ideología de género en las aulas; erradicará lo “woke”, o neomarxismo, amén de proteger a la familia y al no nacido.
Donald Trump asumirá como el 47º presidente de EE. UU., tras haber sido el 45º, apoyado por figuras como Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard y empresarios como Elon Musk, Peter Thiel y Joe Rogan. Para muchos, solo es el único capaz de arrancar la costra dirigente y purulenta del ala izquierda demócrata que ha ido alejándose de la población y acercándose más bien a círculos de sectas, fiestas de pedofilia, perversiones, consumo de drogas, entre otros; de hecho, al menos dos de las voceras de la falsa afroamericana Kamala Harris, como Jennifer López o Beyoncé, están vinculadas al exrapero P. Diddy, preso por una serie de abominables delitos sexuales. La misma Kamala Harris guarda una vieja amistad desde sus tiempos de estudiante en la Universidad de Howard.
Según una nota de The New York Times: “Quienes ven en Trump un profundo rechazo a las convenciones actuales de Washington tienen razón. Es como un ateo que desafía las enseñanzas de una iglesia: el desafío que plantea no reside tanto en lo que hace como en el hecho de que pone en tela de juicio las creencias sobre las que descansa la autoridad. Trump ha demostrado que las ortodoxias políticas de la nación están en bancarrota, y los líderes de todas las instituciones -privadas y públicas- que basan su autoridad en su fidelidad a tales ortodoxias son ahora vulnerables”.
La ‘brisita bolivariana’ en poco tiempo será arrasada por el ‘ventarrón gringo’. Con Trump como presidente de los Estados Unidos veremos a un líder que no dejará que nadie toque sus fichas ni prevea sus movidas.
De la boca de Kamala solo salía la palabra “aborto” como si eso fuera una plataforma programática. Se la pasó riéndose como una hiena, como si eso captase votantes. A todo esto, verdaderos representantes de la comunidad afroamericana le espetaban por hacerse pasar por negra; y menos autoridad tenía para hablar a nombre de descendientes de esclavizados, siendo su padre un jamaiquino de familia de terratenientes -que fue propietaria de tales- y su madre, Shyamala Gopalan, médica de la India.
¿Qué podía ofrecer la vicepresidenta que nada hizo?

Departamento de Justicia EE.UU. anuncia cargos en un complot iraní para asesinar a Donald Trump

Por Hannah Rabinowitz– CNN.
El Departamento de Justicia anunció cargos federales en un complot iraní frustrado para matar a Donald Trump antes de las elecciones presidenciales.
Según documentos judiciales, funcionarios iraníes pidieron en septiembre a Farhad Shakeri, de 51 años, que se concentrara en vigilar y, en última instancia, asesinar a Trump. Shakeri sigue prófugo en Irán, según el Departamento de Justicia.
Se trata de un complot recientemente revelado y marca otro supuesto intento contra la vida de Trump por parte del régimen iraní.
Los fiscales sostienen que Shakeri, que participó en conversaciones grabadas con las fuerzas del orden, recibió originalmente la orden del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán de llevar a cabo otros asesinatos contra ciudadanos estadounidenses e israelíes dentro de Estados Unidos. Pero los funcionarios del CGRI le dijeron a Shakeri el 7 de octubre que se concentrara solo en Trump, según documentos judiciales, y que tenía siete días para formular un plan de asesinato.
Shakeri, un ciudadano afgano que reside en Teherán, dijo a los investigadores que si no podía presentar un plan en ese plazo, el CGRI esperaría hasta después de las elecciones presidenciales para seguir adelante, ya que creían que Trump perdería.
Otros dos individuos acusados ​​el viernes, Carlisle Rivera y Jonathan Loadholt, que son ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados en Nueva York y están acusados ​​de ayudar al gobierno iraní a vigilar a otro ciudadano estadounidense de origen iraní. Hicieron su primera comparecencia ante el tribunal, dijo el Departamento de Justicia, y están detenidos a la espera de juicio.
El fiscal general Merrick Garland y el director del FBI, Christopher Wray denunciaron las continuas amenazas del gobierno iraní contra individuos en Estados Unidos.
“Hay pocos actores en el mundo que representen una amenaza tan grave para la seguridad nacional de Estados Unidos como Irán”, dijo Garland. “El Departamento de Justicia ha acusado a un agente del régimen iraní a quien el régimen le encargó dirigir una red de asociados criminales para promover los planes de asesinato de Irán contra sus objetivos, incluido el presidente electo Donald Trump”.
Irán ha “rechazado categóricamente” la acusación del Departamento de Justicia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, en un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X, calificó las acusaciones de “totalmente infundadas y rechazadas”, y añadió que “en el pasado se han hecho acusaciones similares”, que Irán ha “negado firmemente y demostrado que son falsas”. Las acusaciones constituyen una “conspiración maliciosa” destinada a “complicar aún más las cuestiones entre Estados Unidos e Irán”, dijo el ministerio.
El gobierno de Estados Unidos ha expresado reiteradamente su preocupación por la posibilidad de que Irán intente tomar represalias por el ataque con aviones no tripulados estadounidenses de 2020 que mató al general Qasem Soleimani, un alto general del CGRI, intentando matar a Trump, que ordenó el ataque, o a sus antiguos asesores.
En una serie de cinco entrevistas con el FBI, Shakeri dijo que conoció a un alto funcionario del CGRI a través de su trabajo en el negocio del petróleo y el combustible iraní. Cuando el funcionario se enteró de que Shakeri había vivido anteriormente en Nueva York, pidió ayuda para “investigar” a personas en los Estados Unidos. Shakeri dijo que se reunió con el funcionario más de una docena de veces en reuniones en diferentes restaurantes.
Según documentos judiciales, Shakeri dependía de una “red de socios criminales” que conoció durante su estancia en el sistema penitenciario de Nueva York para suministrar agentes en Estados Unidos a funcionarios iraníes y ayudar a realizar tareas de vigilancia y planificar asesinatos en su nombre.
Shakeri pagaba a estos asociados criminales, al igual que a sus dos co-conspiradores, para que vigilaran a las víctimas que los funcionarios iraníes buscaban asesinar, según documentos judiciales. La periodista y activista política iraní-estadounidense Masih Alinejad que ella era una de las víctimas buscadas.
Alinejad ha sido objeto de varios complots de asesinato, según el Departamento de Justicia.
Los dos acusados ​​supuestamente vigilaron a Alinejad en un evento a principios de este año, así como en su casa en Nueva York.
En un mensaje de voz entre los acusados, Rivera les dijo a los demás: “Esta perra es difícil de atrapar, hermano. Y como es difícil de atrapar, no va a ser fácil atraparla, a menos que haya suerte. A menos que haya suerte”.
En otros memorandos, los acusados ​​discutieron dónde pasaba Alinejad el tiempo en su casa y cuál era la mejor manera de llevar a cabo un asesinato.
Según la denuncia, Rivera y Loadholt discutieron un pago de $100,000 con Shakeri para “ocuparse de eso ya”, pero querían el pago por adelantado.
Los fiscales afirman que los funcionarios del CGRI también pidieron a Shakeri que ayudara a planificar un tiroteo masivo contra turistas israelíes en Sri Lanka, lo que llevó a las autoridades estadounidenses y de Sri Lanka a advertir a los viajeros sobre las amenazas de un ataque. Shakeri también dijo que se le encomendó vigilar y asesinar a dos individuos descritos únicamente como empresarios judíos que vivían en la ciudad de Nueva York.

Kamala, la del aborto

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Uno de los tantos errores de la ignorancia y prejuicio de Kamala Harris, y de los encargados de su fallida campaña, es no tener idea de cómo somos los ‘latinos’. Y derrochar, en vano, parte de los más de mil seiscientos millones que recaudó Kamala para propagandearse. Un comercial en español, narrado por un hombre de acento boricua, intentó rechazar el supuesto “insulto” a Puerto Rico en un mitin de Trump, cuando un cómico la llamó isla de basura, esto pese a las disculpas del caso, desde la tienda republicana.
La intención era ganar el voto latino del estado de Pensilvania, con una gran colonia puertorriqueña, diciendo: “No somos basura, somos más. El 5 de noviembre, Trump comprenderá que la basura de unos es el tesoro de otros”. Por lo visto, la única basura de esta historia fueron los publicistas de Harris que le cobraron un tesoro para que Kamala fuera estrepitosamente derrotada.
Sonará feo, pero Puerto Rico es, realmente, una ‘isla de basura’. Desde hace al menos ocho años, los titulares de los diarios puertorriqueños replican constantemente esta grave problemática ambiental, mencionando estar al borde ‘del precipicio’. Los propios puertorriqueños consideran que las montañas de basura al aire libre, es decir, sus vertederos, son mal manejadas y causan el cáncer que prolifera en varias localidades, contaminando quebradas, acuíferos y suelos.
El adecuado manejo de la basura se ve cada vez más lejano, mientras esta aumenta y el reciclaje tiene tasas tan bajas de entre 3 % y 10 %, y esto solo después de una ley de 2022. Además, la gran mayoría de los vertederos no cumple con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Puerto Rico y las organizaciones locales han lanzado varias iniciativas como el Programa 3Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar) en San Juan, para animar a los residentes a reducir residuos, reciclar y reutilizar cuando sea posible. El programa espera aumentar las tasas de reciclaje del actual 10 % al 20 % para 2030.
“Limpiemos Nuestra Isla” es un programa comunitario de la organización sin fines de lucro Scuba Dogs Society. Se enfoca en la limpieza de playas en toda la isla. En 2023, más de 5,000 voluntarios recogieron más de 20,000 kilos de basura de playas, parques y ríos, zonas de atractivo turístico (esto es apenas el 30 % del total de basura que requiere recojo en esos lugares).
Así las cosas, quien mantiene contacto con la isla y viaja regularmente no se habrá sorprendido de la mención de la basura. La vocera kamalista, Jennifer López, que de Puerto Rico no sabe nada (es más, ni siquiera habla castellano); Ricky Martin, no se le conoce ninguna propuesta ni compromiso de corte ambiental y prefiere vivir en Los Ángeles, que en su isla donde se acumula la basura.
Jugar a la indignada ante una verdad que es obvia a simple vista es ser una candidata con cero olfato político, porque el resto de latinos tiene sus propios problemas en sus playas, ríos y cascadas.
Kamala jugó a ser afroamericana, presentó como única propuesta fomentar el asesinato de los niños por nacer y la “asignación” de género desde la más tierna infancia. Y resulta que hasta los amish salieron a votar, en sus carretas jaladas por caballos, por un hombre de Dios, como la mayoría del pueblo gringo, y no por una mujer cuya risa parece ser de quien necesita un exorcismo. Además, Robert Kennedy Jr., vapuleado por la élite zurda del Partido Demócrata, se fue con Trump, a quien solo un Kennedy podría haber superado en las preferencias de los electores.

Moscú y Ucrania sufren ataques con drones a una escala sin precedentes

Según el Kremlin, 32 de 70 drones fueron lanzados a la región de Moscú. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia disparó 145 drones contra Ucrania.
El Kremlin declaró haber interceptado y destruido 70 drones ucranianos, de los cuales 32 sobrevolaban la región de Moscú.
El ministerio de Defensa ruso confirmó que su sistema de defensa aérea neutralizó 70 drones ucranianos. Entre ellos, 36 fueron destruidos en las regiones fronterizas de Briansk, Orel y Koursk, así como en Kalouga y Toula.
Según medios locales citados por las agencias Reuters y AFP, el ataque provocó un incendio en una aldea del distrito de Ramenskoie, donde varias viviendas quedaron envueltas en llamas. Este incidente también afectó los aeropuertos de Domodedovo y Jukovski, que suspendieron temporalmente sus operaciones.
Es el ataque con drones de mayor envergadura desde el inicio del conflicto, tanto por el número de aparatos como por el hecho de que uno de los objetivos era la capital rusa. Rusia reporta incursiones de drones ucranianos casi a diario en su territorio, pero rara vez Moscú es el blanco de estas ofensivas.
Ucrania también ha repelido ataques. Su ejército anunció haber destruido 62 de los 145 drones rusos que sobrevolaron el país durante la noche, un “récord” según el mando ucraniano. Los drones fueron derribados en diversas regiones, incluyendo Odessa, Kiev, Jytomyr, Járkiv, y Donetsk.
Ucrania, en dificultades en el frente, teme perder el apoyo de EE. UU.
Mientras los ataques aéreos se intensifican, en el frente terrestre, Rusia sigue avanzando hacia Kurakhove y Pokrovsk. De acuerdo con el portal DeepStateMap, que monitorea los movimientos en la línea de frente, las fuerzas rusas avanzaron hacia Kurakhove y también en dirección a Hryhorivka, al norte de Pokrovsk. Estos avances fueron confirmados por el Estado Mayor ucraniano, que reportó 39 enfrentamientos en dirección a Pokrovsk y 40 hacia Kurakhove, sumando 158 combates entre ambos ejércitos.
Sin embargo, el avance ruso no ha sido sin costo. Los servicios de inteligencia británicos indican que el número de bajas rusas en septiembre alcanzó un récord, con una media de 1,354 soldados muertos o heridos diariamente, lo que suma unos 41,890 en el mes, según el ministerio de Defensa británico en un artículo publicado en The Telegraph.
En el ámbito internacional, la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos deja a Ucrania en una situación incierta. Si bien la victoria de Kamala Harris habría supuesto continuidad en el respaldo estadounidense, la de Trump podría marcar un cambio de rumbo, según lo expresado por él mientras era candidato republicano.
Tras la victoria de Trump, Zelenski felicitó al nuevo presidente estadounidense y expresó su aprecio por su compromiso con una “paz mediante la fuerza” en los asuntos mundiales, afirmando su esperanza de implementar juntos este enfoque en Ucrania.
No obstante, Trump ha criticado durante años la política de apoyo a Ucrania de Joe Biden y prometió que, de ser elegido, alcanzaría un acuerdo de paz con Rusia en “24 horas”, sin dar detalles.
El Kremlin ve en esta posición de Trump una señal positiva, según Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso: “Trump ha expresado que percibe el conflicto en Ucrania como una situación susceptible de acuerdos, y confía en alcanzar uno que lleve a la paz”.
Fuente: www.france24.com