En contra del avance del populismo en Ejecutivo y Congreso

A través de una carta abierta al Perú, líderes de opinión, intelectuales, empresarios, políticos y periodistas realizaron un pronunciamiento luego que pasaran más de dos meses del inicio del estado de emergencia por el COVID-19.
En el pronunciamiento defienden que se preserve la la disciplina fiscal y un modelo no estatista, en medio de la grave situación que vive el Perú a causa del coronavirus.
1. A la luz de algunas políticas que se vienen impulsando desde el gobierno y de las propuestas legislativas que se presentan y aprueban en el Congreso sin la suficiente difusión, estudio, reflexión, ni debate, percibimos un alejamiento a las líneas maestras del desarrollo social y el crecimiento económico que nuestro país ha venido experimentando en las últimas décadas.
2. La desesperación frente a los efectos perniciosos de la pandemia no puede hacernos retroceder a esquemas que ya hemos experimentado en nuestro país y que sólo nos trajeron pobreza y atraso. Regresar a discursos que promueven la confrontación no nos conducirá a retomar la senda del crecimiento y de la reducción de las desigualdades, ni menos aún a la necesaria reactivación económica que las familias peruanas esperan.
3. Por ello, con el mayor respeto y convicción democrática, exhortamos a los referidos poderes de Estado a dejar de lado iniciativas y tentaciones de corte populista que tanto daño han causado a lo largo de nuestra historia y que no generan un clima necesario de estabilidad y seguridad jurídica.
4. Las medidas que se proponen y adoptan tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo deben pasar por un debido análisis técnico, convocando a todos los actores, a fin de lograr decisiones justas, oportunas y equilibradas, y respetando las libertades civiles y económicas protegidas por la Constitución.
5. Hoy, más que nunca, se necesita unidad, transparencia, reflexión y madurez en el tratamiento de las políticas públicas. En esta dificilísima hora, permitamos que el país retome al camino del progreso y desarrollo que, con mucho esfuerzo, juntos, habíamos logrado.
Hagamos realidad el lema que acuñaron los próceres fundadores de nuestra República: Firme y Feliz por la Unión.

Ricardo Calderón Villegas, director de investigaciones de Semana, la revista colombiana que reveló el escándalo. Crédito Carlos Ortega/EPA vía Shutterstock.

Mucho más que manzanas podridas: hay que reformar la inteligencia militar colombiana

Por Daniel Coronell, Noticias Univisión- www.nytimes.com
Los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, jueces, activistas de derechos humanos y políticos de oposición han vuelto a surgir en Colombia. Y no solo a ciudadanos colombianos.
Con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, destinado a luchar contra el narcotráfico y las guerrillas, el ejército colombiano ha ejecutado operaciones ilegales de espionaje también a ciudadanos estadounidenses en Colombia.
Hace unos días, la revista Semana mostró copias de los archivos hallados en una operación de registro a militares de inteligencia que, contrariando la ley, venían recopilando información sobre movimientos y fuentes noticiosas de reporteros de The New York Times, The Wall Street Journal, NPR y una prominente fotógrafa que fue a hacer un reportaje para National Geographic a ese país.
El informe forense que realizó la Procuraduría General de Colombia de la operación de registro afirma que en el escritorio de un sargento de inteligencia encontraron —bajo las denominaciones “Caso especial” y “Trabajo especial”— fotografías y reportes sobre contactos, lugares de residencia, actividad en redes sociales y desplazamientos de periodistas estadounidenses y de decenas de reporteros colombianos, incluyéndome. Además, en los archivos hay información sobre defensores de derechos humanos, políticos de la oposición y militares.
Las unidades de inteligencia involucradas en estos hechos han recibido recursos en tecnología y dinero del gobierno de Estados Unidos. La ayuda estaba destinada a combatir el terrorismo y reducir el tráfico de cocaína desde Colombia, el principal productor mundial de esta droga. Sin embargo, una parte de esos recursos fueron desviados para recabar ilegalmente información de inteligencia sobre periodistas, activistas y políticos.
Las actividades de inteligencia, por su propia naturaleza, están cubiertas por un manto de opacidad. En Colombia, los controles civiles son limitados y prácticamente nulos. El secreto de seguridad nacional que ampara las acciones de estos militares se ha usado como pretexto para evadir responsabilidades. La discreción, a veces necesaria, se ha prestado para que, en distintos momentos de los últimos años, se hayan fomentado violaciones a los derechos humanos, excesos de poder y abuso de los recursos públicos.
El más reciente escándalo lo destapó una operación ordenada por la Corte Suprema de Justicia que allanó una instalación militar para establecer si desde allí se ejecutaban monitoreos ilegales de inteligencia y si el receptor de esa información era el líder del partido del gobierno en turno —Centro Democrático (CD)—, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia y senador. Uribe es el jefe político del actual presidente, Iván Duque, quien lo ha llamado públicamente “presidente eterno”.
La operación encontró que los militares estaban recopilando información sobre 130 personas, algunas de quienes han tenido una posición crítica frente al gobierno o son políticos de la oposición. Pero también había una sorpresa: entre los “perfilados”, como se ha llamado a los reseñados en los archivos de inteligencia, está Jorge Mario Eastman, quien fue uno de los funcionarios más cercanos de Duque.
Eastman, hoy embajador de Colombia ante el Vaticano, fue el secretario general de la presidencia durante los primeros nueve meses del gobierno de Duque. Había sido consejero presidencial de comunicaciones y viceministro de Defensa del gobierno de Uribe. El Tiempo, el principal periódico de Colombia, afirmó sobre la salida de Eastman que, de acuerdo a sus fuentes, “el presidente Duque recibía reclamos sobre la actitud distante de Eastman, incluso con el expresidente Álvaro Uribe y otros pesos pesados del uribismo”.
También fue “perfilada” la ganadora del premio Pulitzer Lynsey Addario, quien visitó las selvas colombianas para hacer un reportaje fotográfico con las guerrillas del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) para National Geographic. Con información de sus redes sociales y usando un programa de análisis identificaron sus posibles contactos en Colombia.
También fueron seguidos varios reporteros colombianos, entre ellos el prestigioso periodista de investigación Ricardo Calderón Villegas, quien, paradójicamente, terminó revelando las actividades ilegales de los oficiales de inteligencia.
Otro de los blancos de estos seguimientos fue Nicholas Casey, quien cubrió Colombia como jefe de la corresponsalía de los Andes de The New York Times. En mayo de 2019, Casey hizo pública la existencia de instrucciones escritas del ejército pidiendo doblar el número de bajas de enemigos en combate.
Para muchos esa orden significaba el retorno de los falsos positivos, como fueron llamados los asesinatos de jóvenes civiles por parte de militares que los presentaban como guerrilleros abatidos en enfrentamiento con el ejército para recibir recompensas en efectivo, ascensos y descansos remunerados, una serie de premios establecidos en una directiva ministerial de 2005 que estimulaba la política del conteo de cadáveres (body count).Nicholas Casey, periodista de The New York Times, fue vigilado por la inteligencia militar colombiana. Crédito Josh Haner/The New York Times.
Inmediatamente después de que el reportaje de Casey fue publicado, miembros del partido del gobierno señalaron al corresponsal como simpatizante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La senadora María Fernanda Cabal, una de las legisladoras más radicales del CD, sugirió, sin pruebas, que Casey recibía dinero de las Farc para escribir noticias falsas.
Cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la peligrosa estigmatización del reportero, el expresidente Álvaro Uribe respondió por Twitter que la FLIP se desdibujaba al “defender el sesgo de ‘periodistas’ que terminan en la protección del narcoterrorismo y en la difamación contra las FFAA [Fuerzas Armadas] de Colombia”.
Los técnicos judiciales que revisaron los metadatos de los archivos de inteligencia sobre Casey, encontrados en el allanamiento a las instalaciones militares, establecieron que fueron creados un día después del primer señalamiento del CD contra él.
Los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y críticos de los gobiernos se volvieron recurrentes en Colombia desde hace más de 15 años. En 2009, durante el segundo mandato de Uribe, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —una agencia de inteligencia civil que dependía de la presidencia— espió ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban vínculos entre jefes políticos y grupos paramilitares, incluso se plantaron micrófonos ocultos en las sesiones reservadas del tribunal. Fueron interceptados y seguidos ilegalmente activistas de derechos humanos, políticos de la oposición y periodistas para identificar sus fuentes.
Como consecuencia de esas actividades, varios altos funcionarios fueron condenados por la justicia. Entre ellos, el secretario general de la presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, y la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado. El DAS fue disuelto en 2011 y remplazado por la Dirección Nacional de Inteligencia.
Esa fue la excepción. Lo normal ha sido otra: cada vez que estalla un escándalo, el presidente en turno y su ministro de Defensa se declaran sorprendidos y algunos oficiales subalternos son reemplazados y señalados como “manzanas podridas”. Después los ánimos se aplacan y todo regresa a la calma hasta que vuelve a pasar.
Sucedió también en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando fue descubierta la llamada Operación Andrómeda, donde miembros de la inteligencia militar trataban de hackear las comunicaciones de los negociadores de paz con la guerrilla de las Farc, reunidos en La Habana, Cuba.
Adicionalmente, el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares durante cuatro años del gobierno de Santos, fue señalado por subalternos de haber ordenado interceptar comunicaciones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien pedía que los autores de los llamados falsos positivos respondieran ante la justicia internacional.
La reciente revelación de una operación de contrainteligencia puso al descubierto graves actos de corrupción militar, entre otros: un general que le vendió información a las Farc, hoy desmovilizadas; otro alto oficial del ejército que le entregaba armas a la Oficina de Envigado —un grupo de cobranzas criminales, sicariato y narcotráfico—, y otro mando de la marina que enviaba anticipadamente cartas navales y rutas de patrullaje a la banda de Los Pachencas para que pudieran mover fácilmente los embarques de droga.
También es justo decir que la inteligencia colombiana, tanto militar como de policía, le ha dado grandes golpes al narcotráfico y ha diezmado el poder de las guerrillas hasta llevar a negociar a las Farc, que llegó a ser el grupo guerrillero más numeroso de Colombia y el más longevo del mundo. Así mismo ha reducido notablemente la capacidad de daño del aún activo ELN.
Por todo eso, la inteligencia seguirá siendo esencial para la seguridad de los colombianos. Sin embargo, para que sobreviva, y sea respetada, es necesaria una cirugía mayor.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos —que desde el año 2000 ha fondeado con al menos 10,000 millones de dólares de sus contribuyentes los programas de cooperación en seguridad y defensa colombianas—, deben garantizar que la inteligencia militar esté efectivamente subordinada al poder civil y cumpla con las leyes.
La ley de inteligencia necesita dientes para que el gobierno dirija de modo efectivo las acciones de los organismos de inteligencia y sus presupuestos. Hasta ahora el papel de los civiles ha sido puramente decorativo y la escasa inspección solo se ejerce dentro de la jerarquía militar. El gobierno debe asumir la responsabilidad política por lo que hagan o dejen de hacer los militares. Y también es necesario que la comisión legislativa de inteligencia y contrainteligencia tenga una mejor y más activa presencia de los partidos de oposición.
Solo así existirán controles contra la corrupción y el uso que algunos políticos hacen de la fuerza para perseguir adversarios, reducir el escrutinio público y restringir el trabajo de la prensa nacional e internacional.
De lo contrario, pronto habrá más manzanas podridas que buenas.

A propósito del libro “Chavín de Huántar: el legado”

Por CECILIA BÁKULA- ElMontonero.pe
El 22 de abril recordamos un aniversario más de la extraordinaria gesta militar de rescate de los 72 rehenes que habían permanecido 126 días bajo permanente amenaza de muerte de terroristas del MRTA, en la que fuera la sede diplomática del Japón en Lima. ¡Gloriosa operación “Chavín de Huántar”! Y en esta semana llegó a mis manos un ejemplar del libro escrito por uno de los más destacados participantes de esa operación de rescate, cuya perfección milimétrica y exitosa conclusión la convirtieron en una acción de antología para el mundo entero. Actor y testigo, el autor nos ofrece un relato detallado y documentado del proceso.
Hoy, en su condición de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas –es decir, en el zénit de su carrera profesional y habiendo alcanzado la más alta posición en toda la estructura administrativa del Ejército del Perú–, el general César Augusto Astudillo Salcedo nos entrega una publicación cargada de contenido, con exclusiva información, imágenes, referencia documental y gráfica. Y en un gesto que lo califica con honores, incluye el testimonio de muchos de quienes, como él, participaron en la operación militar y así ingresaron a los anales de nuestra historia.
De esta publicación, titulada Chavín de Huántar. El legado. 1997-2019, quiero resaltar varios aspectos. El primero de ellos, sin duda el más relevante y de interés para quienes, como yo, accedemos por primera vez a información “desclasificada” de un hecho que conocimos con estupor, tensión, inquietud y alegría final (a pesar de las dos pérdidas de oficiales), es la riqueza de datos y la explicación de los detalles de táctica, estrategia, planificación, comunicación, claves, gestos y riesgo constante. Con gran humildad se señala cómo todo el proceso, día a día, constituyó un permanente aprendizaje y, por qué no, un permanente proceso de ajuste y corrección a la propuesta inicial.
El libro aporta detalles que nos permiten un acercamiento a la vivencia de esos momentos, a la adrenalina que cada comando debió tener en las venas, la intensidad de sentimientos frente al reto, la percepción tangible del peligro que les soplaba cada instante en la nuca, el recuerdo de los seres queridos y la necesidad de sacar a relucir las enseñanzas en la formación militar, ejercer control absoluto sobre sus sentimientos y voluntad, Todo ello junto a la certeza de que estaban escribiendo páginas en la historia de nuestra patria y que tenían la responsabilidad de lograr el triunfo, aun cuando ese se presentara a ratos esquivo y lejano. Leyendo el libro que reseño, no solo revivimos la historia de esos 126 días, también volvemos nuestros ojos al heroísmo de los 195 comandos, lamentando con dolor la muerte heroica de Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, caídos con honor y gloria: un alto precio que se cobró la victoria ese 22 de abril de 1997.
Un segundo aspecto indispensable de mención es el horror del terror que nuestro país vivió durante un largo período, en manos de grupos de fanáticos que quisieron imponer la muerte y la destrucción como doctrina. Y que estuvieron a punto de llevar al Perú al abismo social y político, habiéndose cobrado miles de vidas inocentes y dejado secuelas de dolor y calamidad de las que aún no logramos recuperarnos, pues pareciera que esa sombra maldita del terrorismo amenaza con reaparecer y envolvernos bajo el velo del caos.
En tercer lugar, me parece destacable el hecho de que la narración ha sido escrita en primera persona. El uso del “yo”, en este caso no solo es indispensable, sino que también remarca la calidad de testigo de excepción del autor. Tal como aquellos oficiales que participaron en la operación militar y a los que el autor concede un espacio para que compartan con el lector su propia vivencia, que a todos ellos ha de haber marcado a fuego.
No quiero dejar de referir las características a nivel de edición. Se trata de un libro que, sin desmerecer ni reducir en nada la gravedad y seriedad del tema que aborda, opta por una diagramación cargada de dinamismo, haciendo uso de viñetas, tipos de letra, etc. Incluye diagramas, planos, fotos y elementos que no buscan el preciosismo, sino ser recursos de apoyo para que el lector se vaya adentrando con pasión, sorpresa y reconocimiento profundo a lo que esa gesta significó.
Diría que se trata de una publicación que aporta lo que debemos recordar. Es ajena a expresiones de odio o resentimiento, sin dejar de ser certera y directa en el juicio hacia las causas de la Operación Chavín de Huántar. Y guarda un valiente silencio respecto al dolor que deben significar los procesos legales y penales que tuvieron que sufrir quienes, en esa operación y cumpliendo órdenes, dieron muerte a los 14 terroristas, en defensa de los rehenes, de su propia vida y la de todos nosotros. Cosas curiosas del derecho y de la comprensión de la justicia, en tiempos en los que pareciera que la vida de los valientes y aguerridos comandos vale menos y, por ello, tienen derecho al juicio de la ley y de los tribunales.
¡Gloria a los comandos! Y he aprendido que, cuando se es comando, se es por siempre. Será la historia de larga duración la que les alcance la corona del triunfo y el juicio recto. La sociedad y el país ya se las brindó.
La fragilidad ética de la progresía

LA SOLEDAD DE SUSANA VILLARÁN

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Un tema que ocupó en los últimos días a la opinión pública fue el cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario de la lideresa marxista Susana Villarán de la Puente.
Causó numerosas críticas el hecho que desde que el Poder Judicial diera la orden, el INPE se tardara doce días en acatarla. Como se sabe Villarán es una persona de alto riesgo ante la pandemia que nos aqueja. Reflexión aparte nos merece que si siendo un personaje público y mediático como ella, el INPE tarda doce días, qué pueden esperar los demás reclusos en las mismas condiciones al no estar en la mira de la opinión pública, la situación es muy preocupante.
La distancia ideológica que me separa de la señora Villarán es pública y evidente, sin embargo, eso no impidió que en su momento me haya manifestado a través de las redes sociales en favor de su excarcelación.
A nuestro entender, en su caso se cumplieron todos los requisitos para que la exalcaldesa cumpla arresto domiciliario, su avanzada edad y las enfermedades preexistentes, así como la imposibilidad de fuga, hacían de simple sentido común apoyar el cambio de su modalidad de prisión. Las diferencias políticas no nos pueden cegar, siempre debe primar un principio, que es defender la vida.
Lo que ha llamado mucho la atención en todo este proceso ha sido el silencio cobarde de sus camaradas. Incluso de quienes la acompañaron en su gestión municipal.
Como se sabe según las investigaciones de la fiscalía, las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS habrían aportado hasta 10 millones de dólares a sus campañas contra la revocatoria (2013) y reelección (2014). Villarán ya aceptó (en parte) haber recibido este dinero, en ese caso se configurarían una serie de delitos: lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir, entre otros. En cualquiera de los casos la exalcaldesa no puede haber actuado sola y esa sería una de las razones del silencio y distanciamiento de sus antes públicos y afectivos aliados.
Ya ha quedado claro que se manejó oscuramente estos fondos, incluso han saltado cuentas en paraísos fiscales, según varios penalistas han opinado Villarán encabezaría una asociación ilícita para delinquir (u organización criminal) destinada a blanquear activos provenientes de Brasil.
Esa sería la razón de la soledad de Villarán, algunos personajes como Marisa Glave o Indira Huilca, que se lanzaron a la arena política como regidoras de Villarán destacan en esta lista. Ambas locuaces comunistas, dispuestas al discurso para defender causas feministas, disparates socialistas y cuanta aberración se preste al debate, callan inmisericordemente. No recuerdan ya a su mentora, no recuerdan sus inflamadas arengas contra la revocatoria, no recuerdan que eran de las más cercanas colaboradoras de Villarán. Es frágil la memoria revolucionaria, como es frágil su moral y sus principios.
Augusto Rey, el caviar aristócrata, bisnieto nada menos que de Víctor Andrés Belaunde, es otro desmemoriado que desde su exilio dorado en Europa vive pontificando en redes y medios y que convenientemente ha olvidado sus tratos con la corrupción y su amistad con la señora Villarán. Quedan para una antología de la desvergüenza sus correos pidiendo colaboraciones a los proveedores de la municipalidad.
Como se recuerda, durante la campaña del No a la Revocatoria, apareció un grupo de artistas conocidos como “Rostros del No”, quienes apoyaron a Villarán para que no sea retirada del cargo de burgomaestre. Era la farándula progre, encabezada por Mónica Sánchez, que se desgañitó vociferando en la campaña contra la revocatoria, aquel coro en el que destacaban claramente Magaly Solier, Gustavo Bueno, Christian Thorsen y Jason Day, entre otros, ahora calla.
Quedaron atrás los brazos cruzados, las consejas moralizantes, las vocecillas melifluas de aquellos indignados contra la corrupción que voluntariamente “prestaban” su imagen y su prestigio para apoyar a quien consideraban la más honesta y trabajadora funcionaria. Luego se supo que hubo algunas “contraprestaciones”, algunos servicios no personales, pagos bajo la mesa, que, esta “espontánea” participación de la farándula no era otra cosa que parte de una estrategia de Luis Favre, el factótum de la campaña, hombre de Lula y asalariado de Odebrecht. No era la franca y sincera reacción de artistas comprometidos con un ideal, eran unos vulgares raspamonedas.
No deja también de llamar la atención la distancia y el silencio de IDL, institución de la que Villarán fue fundadora y que siempre está muy presente en temas judiciales, al respecto es importante recordar que IDL y sus representantes cobraron grandes cantidades de dinero de la Municipalidad de Lima cuando Susana Villarán era alcaldesa y negociaba con Odebrecht y OAS.
Se sabe que IDL facturó por la suma de 462,810 soles entre el 2011-2013, y su presidente y representante legal Carlos Rivera recibió 157,030 soles durante el período de la alcaldesa Susana Villarán.
Rivera es muy activo en las redes y tiene gran presencia mediática, siempre se muestra como un abanderado de la anticorrupción y es implacable en sus juicios, sin embargo estuvo muy involucrado en la corrupta gestión municipal de la izquierdista Susana Villarán. Ahora por supuesto calla.
También cercana a IDL (fundadora de IDL Reporteros y discípula del inefable Gorriti), es Paola Ugaz. La controvertida periodista, que trabajó como “asesora” de imagen, pero que en realidad habría sido encargada de crear una base de troles al servicio de levantar la imagen de Villarán y destruir a sus opositores, ahora también calla.
Como es sabido Paola Ugaz tuvo una extraña contratación en la Municipalidad de Lima pues aparece en la planilla de Serenazgo en la que cobraba diez mil quinientos soles mensuales para manejar redes sociales, es así que entre el 2013 y el 2014, mientras figuraba como contratada en la Municipalidad Metropolitana de Lima y recibía su jugoso sueldo, viajó en reiteradas oportunidades a Centroamérica, Panamá, EE.UU., Chile y Colombia. Hasta el día de hoy no se ha aclarado si la periodista pidió licencia sin goce de haber ya que no fueron vacaciones. Tampoco está clara para que fueron esos viajes. La verdad que nadie puede tapar es que Panamá es un paraíso fiscal y era centro de operaciones de la gente de OAS.
Tratar de limpiarse, de alejarse políticamente y sobre todo no levantar polvo que la vinculen judicialmente serían las razones del infame silencio de Paola Ugaz.
Otro de los personajes que encarnan la deslealtad y la desvergüenza progrecaviar es Anel Townsend. La mujer de las mil camisetas. No merece un párrafo, ni acotación alguna. Su solo nombre enfanga esta página, por lo que nos relevamos de mayor comentario. Sabemos que nuestros lectores nos habrán de comprender.
Esa es la real situación de Susana Villarán. Sufre prisión en su domicilio de Lurín. Pero mayor es la prisión que sufre en la soledad a la que la han llevado sus malos pasos, la soledad de su doble moral que le permitió “transar con la mafia, para proteger a Lima de la corrupción”, la soledad de la ética marxista en la que todo vale y solo importa el poder.
Susana Villarán está sola. Esa es la moral de los grandes amigos, aliados, socios y defensores de la otrora alcaldesa. Hoy callan y le dan la espalda. Esta deslealtad también es interesada. No olvidemos que vienen las elecciones y todos buscarán reubicarse.

Sin calco ni copia

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
No se necesita ser general después de la batalla para usar el sentido común, a no ser que este sea el menos común de los sentidos. El presidente Vizcarra ha entrado en trompo, arremetiendo contra los que lo critican en su desempeño de combate contra el coronavirus.
No sé por que se esponja tanto el presidente, si según las encuestas de Ipsos y Datum sus índices de popularidad se asemejan a los de Corea del Norte, con 99.9% de aprobación… bromas más bromas menos. Tampoco debería importarle mucho la crítica, ya que la mayoría de los medios de comunicación se prestan sin chistar a unas “conferencias de prensa” sin periodistas, invención sin “calco ni copia”, made in Perú. En cualquier país en el que la prensa se hiciera respetar y existiera de verdad este derecho y libertad, los profesionales hubieran dejado sus micrófonos, libretas y cámaras de TV en la puerta de Palacio de Gobierno, a modo de protesta, hasta que el presidente los deje ingresar para hacerle una conferencia de verdad, con preguntas y repreguntas en vivo y donde dé las explicaciones que el país requiere.
Nada que temer pues ni de qué molestarse tanto con la crítica si además de las “conferencias de prensa” a la peruana, el presidente tiene como jefa de prensa oficiosa de Palacio a Mávila Huertas y Clara Elvira Ospina, que le dedican 50 minutos de los 60 que dura el programa de las 9 pm a “entrevistar” al destajo al premier, más furibundo aún que el presidente a la hora de echarle la culpa de todos sus males al nuevo Congreso (para variar), bajo la cara complaciente y solícita de la funcionaria oficiosa. ¡Y los otros diez minutos del programa se despacha la ministra del Ambiente! Así por el estilo de lunes a viernes.
¿Por qué, entonces, tanto bululú del presidente si tiene a todo el país reventándole cohetes por lo bien que hace las cosas su ministro de Salud, con 2000 infectados por día y más de 2000 muertos desde que empezó la peste? Además, si como dice el presidente, ahora estamos mejor que antes porque contagiamos menos (aunque el burro que le hace los guiones palaciegos enseña una cara bastante fea de los mercados, con 80% de comerciantes apestados), ¿de qué se podrían quejar los peruanos?
Por último, si la eminencia en todología que es el doctor Huerta afirma desde Washington que tiene documentos secretos (for your eyes only) que afirman que ya estamos en la meseta pero que esta nunca se va a parecer a la del resto del mundo (sin calco ni copia, recuerden), ¿cuál es el problema de tanto vinagre en las palabras del presidente de su última alocución a un país que lo ama? No me venga a decir, señor presidente, que usted va a tener el mal gusto de convertirse en tirano suprimiendo al 1% de los pobres tontos que lo critican? ¿O sí?

Seis médicos han renunciado al comité de expertos del COVID-19 que apoya al Minsa

La primera renuncia fue del médico Ciro Maguiña. Los neumólogos Ricardo Sánchez y Félix Llanos, de la Sociedad Peruana de Neumología, se sumaron. Les siguieron el médico intensivista Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y el infectólogo Eduardo Ticona. La última renuncia fue enviada por la médica intensivista Rosa López Martínez.
Por Giovanna Castañeda Palomino– Unidad de Investigación Diario El Comercio.
“¿Voy a dejar de luchar por mis pacientes? No. Mañana tengo guardia. Sigo trabajando”, nos dijo la médica intensivista Rosa López, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Trasplantes en el Hospital Guillermo Almenara de Essalud, donde actualmente hay 60 personas en UCI por COVID-19.
Una hora antes de responder la llamada de El Comercio, López había renunciado al comité de expertos que formó el Ministerio de Salud (Minsa) para la atención y el manejo del COVID-19 en el país. Su renuncia es la sexta presentada en los últimos días: seis de los primeros 14 convocados han dejado este grupo de trabajo.
“Ves decisiones que no se dan. Se produce la catástrofe, pides que se haga más, ves si en tu hospital hay espacio para recibir a tus colegas y encuentras una expresión de desprecio. El Gobierno dice cifras que no son ciertas y se ampara en expertos. Yo no quiero ser de ese grupo convidado de piedra”, señaló. “Eso no quiere decir que no continúe en la lucha”, aclaró.
Los detonantes
El comité de expertos del Minsa se formó el 12 de marzo mediante una resolución ministerial, seis días después de haberse reportado el caso cero de coronavirus en el Perú.
Este grupo de trabajo temporal –como lo especificó el sector en la norma– tiene como objetivo asesorar en materia de prevención, atención y manejo clínico de los casos del COVID-19. Entre sus funciones está recomendar medidas para reducir el impacto sanitario, así como vigilar y controlar el avance del virus. En un principio, lo integraron 14 expertos de diferentes especialidades y sociedades médicas. El 30 de abril, se sumaron nueve más.
La primera renuncia fue de Ciro Maguiña, infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú. El motivo, dijo, fue por las declaraciones del ministro de Salud, Víctor Zamora, sobre los médicos infectados de COVID-19, quienes luchan por ser atendidos en regiones como Loreto, donde los hospitales han colapsado.
“Todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro son muy difíciles de tomar”, afirmó Zamora aquella vez. A partir de entonces, las renuncias se incrementaron.
Los neumólogos Ricardo Sánchez y Félix Llanos, de la Sociedad Peruana de Neumología, renunciaron. Les siguieron el médico intensivista Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y el infectólogo Eduardo Ticona. La última renuncia fue enviada por la médica López Martínez al mediodía de ayer. Todos lo hicieron a través del chat de WhatsApp que tiene el comité con las autoridades del Minsa.
La declaración del ministro, según lo que han señalado los médicos, fue uno de los detonantes de su decisión. Otro fue el traslado de los ventiladores mecánicos del hospital Dos de Mayo y las camas UCI que no son utilizadas. Para muchos, este nosocomio es un símbolo de la medicina peruana.
“Más me ha indignado a mí lo ocurrido con los ventiladores en el hospital Dos de Mayo. Es comprensible que puedan salir a otros lugares, pero llevarlos sin previo aviso desconcierta”, dijo a este Diario el infectólogo Ticona. “Estoy desde la época del cólera y estuvimos ahí abanderados en la lucha. Esto (la renuncia) no es una desidia del personal de salud”, recalcó.
Decisiones sorpresa
El comité se creó con Elizabeth Hinostroza, la antecesora de Zamora. La primera reunión fue la única presencial y en adelante todo fue virtual, casi a diario: correos electrónicos, WhatsApp, entre otros medios tecnológicos, fueron los canales de comunicación. “Todo empezó muy cordial”, recuerdan los médicos. Los entrevistados para este informe coinciden en que cuando entró el actual ministro, la dinámica del grupo varió.
“Cuando entró el ministro Zamora, se notaron ciertos cambios. Las reuniones se hicieron más distantes, las normas no salían como las conversábamos”, contó Valverde. El médico y su colega López señalaron que el uso obligatorio de los guantes publicado en “El Peruano” –que de inmediato fue corregido con una fe de erratas– no se había acordado en el comité, sino todo lo contrario.
“En el comité nos planteábamos el porqué de los cambios si se habían discutido (de otra manera). Eran sorpresas. Algunos colegas se empezaron a sentir muy incómodos”, agregó.
Lo mismo ocurrió, contaron, con la propuesta del uso de profilaxis para COVID-19, entre otros temas. Por este motivo, en una de las cartas de renuncia, la del médico Llanos, se puso que había sentido que la función del comité “nunca estuvo clara”.
Puertas abiertas
A través de su oficina de prensa, el Ministerio de Salud respondió a El Comercio que han conocido de las renuncias de los expertos por los medios y el WhatsApp, pero que aún no se han formalizado “por las dificultades administrativas”.
“Todos suman, las puertas están abiertas para todos. Por ejemplo, uno de ellos que mencionó su retiro sigue enviando mensajes y aportes”, indicaron.“Continuaremos llamando a otros expertos, a los que salieron y los que sean necesarios”, añadieron.
Al respecto, los renunciantes manifestaron que el comité tiene “gente muy capacitada y valiosa” y que ellos están llanos a seguir aportando. “Esto es una manera de decirles que hagan mejor las cosas. No se están haciendo bien. Deberían reflexionar”, dijo Valverde.
Para ellos, las puertas también siguen abiertas y continuarán atendiendo a los pacientes de COVID-19 en los hospitales donde algunos están hace más de 20 años. “Yo estaré siempre al pie del cañón”, escribió uno de ellos en su renuncia.

¿La peste mató las matemáticas?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
La percepción no refleja la realidad de las cifras, dice el gobierno. El desastre que vemos en Iquitos –donde ni siquiera existe un sistema de salud que pueda contar los muertos– o el colapso de los hospitales en Chiclayo, Ica o Lima –donde según el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, doctor Jesús Valverde, los médicos han llegado al dilema moral de salvar a los más jóvenes en desmedro de los más viejos que tienen menos posibilidades de resistir un tratamiento– es, según el gobierno, la “meseta” del coronavirus en el Perú.
Vizcarra y Zamora ya han perdido cualquier escrúpulo en decir que lo que vemos no es real sino una deformación de la realidad, y que las matemáticas son las que cuentan. ¿Las matemáticas? ¿Cuáles? Se presenta en una entrevista el Dr. Huerta, al que la prensa le rinde pleitesía como si fuera Hipócrates, y nos dice primero que él conoce de un informe secreto, hecho por tres especialistas de la UNI, UPCH y México, que certificaría que el Perú llegó ya al pico de la enfermedad y que ahora solo toca bajar.
Con ese propósito, el doctor –convertido en el principal vocero de salud oficioso del gobierno– entrevista desde Washington al ingeniero que dice ser el responsable del modelo matemático que nos pone ya en la “meseta”. Como es un poco complicado creer que estamos allí, de acuerdo con lo que ven nuestros ojos y la experiencia de cientos de médicos que combaten la peste en el día a día y no desde Washington, el especialista de la UNI tiene que justificar el hecho de que los picos aumentan todos los días (lo que desmentiría, para el sentido común, tal “meseta”) diciendo que en realidad ya están “previstos” en el “modelo” matemático.
¿Así cualquiera, verdad? O sea, todo lo que sigue subiendo es meseta porque “ya está previsto” y, por lo tanto, “hemos triunfado”. O, mejor dicho, Vizcarra y Zamora han triunfado sobre la pandemia. Por eso es que seguramente necesitan más médicos cubanos, de los que algunos son enviados por ese gobierno comunista para espiar y la mayoría para ser explotados como esclavos, indisponiendo, una vez más, al cuerpo médico peruano.
Pero lo curioso es que, si el Gobierno quisiera hablar de matemáticas, algún medio que no sea IRTP o América TV –los únicos canales oficiales a los que Vizcarra concede “entrevistas”– tendría que preguntarle por qué las estadísticas internacionales publicadas por el NYT o Reuters, o el Washington Post, ¡afirman que POR CADA MILLÓN DE HABITANTES el Perú es el primer país en el mundo en la escala de contagios! Y lo mismo si se compara ciudades peruanas con las de países como España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia o Francia.
¿Qué modelos matemáticos han usado ellos que difieren tanto del “modelo” peruano que ahora viene a decirnos que los picos de la peste china serán por regiones y diferentes en el tiempo? ¡Qué graciosos, verdad? ¿No es esto una típica mañosería de Vizcarra para justificar el permanente aumento de los contagios en el Perú? ¿O cree que somos tontos y ciegos o que el virus ya nos comió el sentido común? Señor Vizcarra, señor Zamora: que a su incompetencia no se sume el descaro de la mentira… que siempre tiene patas muy cortas.

¿Qué es la olla común y por qué podría ayudar en tiempos de cuarentena en Perú?

Conoce el significado y la relevancia de la olla común, una opción entre los grupos de ciudadanos más azotados por el avance del coronavirus en nuestro país.
En épocas de coronavirus y cuarentena obligatoria, una alternativa entre los grupos de ciudadanos más golpeados dice presente: la olla común. Similar al concepto de comedor popular, es una instancia de participación comunitaria –ya sea entre vecinos y pobladores- que apela a solucionar la necesidad básica de comer.
Las ollas comunes se pueden realizar de distintas maneras, entre ellas con la recolección de alimentos entre los vecinos o mediante colectas de dinero en parroquias, capillas y reuniones de vecinos para adquirir comida.

¿Qué significa olla común?

De acuerdo con el oficial Diccionario de Americanismos (2019), la expresión olla común se documenta en países como Perú, Chile, Bolivia y Paraguay para dar sentido a “comida que se prepara con el aporte de varias personas, para indigentes o víctimas de algún desastre natural”.

¿En qué consiste hacer una olla común?

Las ollas comunes nacen en los contextos sociales en los que campea la pobreza y el desempleo, como lo es ahora que con el apogeo del coronavirus en el Perú y el mundo. Estas se forman como organizaciones de subsistencia popular que buscan satisfacer una necesidad básica y funcional: el hambre. A grandes rasgos, esto se da cuando existe necesidad y falta de recursos.

¿Por qué se ha comenzado a practicar la olla común entre vecinos?

El avance del coronavirus en nuestro país ha obligado a las personas desempleadas y de bajos recursos que realicen ollas comunes en sus zonas. Entre los distritos están San Martín de Porres o San Juan de Miraflores, donde Zaida, una mujer embarazada, ha logrado organizador a su comunidad con 120 platos de cau cau para los vecinos.
“Nos juntamos y decidimos hacer una olla común. Desde ese día las personas que pudieron dar un sol, y cincuenta céntimos, se llegó a 69 soles”, relató Zaida en conversación con Panamericana Televisión.
En provincia la historia es similar. Esta semana, más de 20 familias del distrito arequipeño de Alto Selva Alegre se congregaron para hacer una olla común y así subsistir en los próximos días de la cuarentena social.
Fuente: Diario La República.

Sacerdote recauda más de S/1 millón para implementar una planta de oxígeno en Iquitos

Por Lupe Muñoz– Diario El Comercio.
Iquitos es una ciudad enclavada en uno de los pulmones del mundo, pero por estos días agoniza por falta de oxígeno. Ante esta paradoja, el sacerdote Raymond Portelli, natural de Malta, pero con varios años de servicio en la capital loretana, decidió liderar una campaña de solidaridad para reunir fondos e implementar una planta local de producción de oxígeno medicinal en el menor tiempo posible, y así reforzar la atención a los enfermos de coronavirus.
La pandemia ha golpeado con toda su furia a Loreto. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en esta región hay 1,502 contagiados, la mayoría en Iquitos, una urbe con un sistema hospitalario precario y obsoleto.
La meta que se trazó el sacerdote era recaudar S/400 mil para instalar una planta con capacidad de producir 40 balones diarios de oxígeno. Sin embargo, el llamado trascendió y en solo 24 horas se recaudó S/1 millón. El último reporte del dinero recolectado era de S/1’290,878 y las donaciones continuaban. El plan de Portelli es ahora instalar una planta que pueda producir 100 balones al día.
“En Iquitos, la gente está muriendo todos los días por el COVID-19, en muchos casos por falta de oxígeno. Esto lo vivimos desde hace dos semanas. Coordinando siempre con el obispo de Iquitos, se me vino la idea de que podíamos hacer un llamado por redes sociales. El loretano es una persona preocupado y generoso”, contó ayer el religioso a El Comercio, por teléfono.
Situación crítica
El decano del Colegio Médico de Iquitos, Luis Runciman Soplin, explicó que para una adecuada atención durante esta crisis sanitaria, el hospital regional (donde funciona el centro COVID-19) y el nosocomio local de Essalud necesitan de 400 a 500 balones de oxígeno al día. Solo en la UCI del regional se usan unos 32 balones cada día.
Sin embargo, la producción en la planta de Iquitos solo alcanza los 160 balones diarios. La situación es tan crítica que el domingo último dos médicos loretanos fallecieron con insuficiencia respiratoria y muchos pacientes seguían agonizando sin recibir oxígeno.Portelli es también médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y es muy activo en las redes sociales. No ha dejado de transmitir la misa un solo domingo por Facebook. Precisamente, en la liturgia del fin de semana convocó al pueblo loretano. Bastó un solo post suyo para que su mensaje, en cuestión de minutos, llegara hasta Suiza, Italia y Estados Unidos, desde donde también llegaron los aportes. Deportistas como Jefferson Farfán y Aldo Corzo, y varios chicos ‘reality’ compartieron en sus redes el pedido de Portelli.
“El dinero para la planta de oxígeno está; lo que tenemos que hacer ahorita es la parte logística. Estoy en coordinación con especialistas de Lima de diferentes empresas para que se haga realidad lo más pronto posible”, señaló.
El religioso detalló que está coordinando con dos empresas de Lima la pronta implementación de la planta, así como las autorizaciones del Ministerio de la Producción.

Regiones gastaron S/1,900 millones en 14 hospitales que hoy están inconclusos y paralizados

Por Magali Estrada (Áncash), Alba Rivas (Apurímac), Claudia Chávez (La Libertad), Alicia Tovar (Lambayeque), Gustavo Callapiña (Arequipa) y Karin Chacón (Puno)- OjoPúblico.
El coronavirus ha expuesto las debilidades del sistema sanitario en el Perú. La falta de hospitales modernos, equipos especializados, camas, y personal de salud son solo una muestra de un problema tan antiguo como las infraestructuras de salud. En este contexto, la Red Investigativa Regional de OjoPúblico elaboró una radiografía de los principales proyectos y obras de nosocomios que están paralizados en el país, debido investigaciones por corrupción, incumplimiento por parte de los contratistas, irregularidades o fallas técnicas.
El análisis identifica 14 obras en siete regiones que no han sido concluidas. En conjunto estos proyectos están valorizados en S/1,924 millones.
Los elefantes blancos de Arequipa
Arequipa, la región más próspera del sur peruano, tiene tres hospitales inconclusos pese a que empezaron a construirse hace cuatro años. Se trata de las obras de mejoramiento de los hospitales de Camaná, Chala y Cotahuasi, valorizadas en conjunto en S/189 millones, y que por contrato debieron estar concluidas el 2018. Sin embargo, como lo reveló OjoPúblico en enero de este año, las contratistas incumplieron sus obligaciones y el Gobierno Regional de Arequipa rescindió los contratos.
El hospital de Camaná está paralizado luego de que en diciembre del 2019 el gobierno regional resolviera el contrato con el Consorcio Salud Camaná II. No obstante, una de las empresas de dicho consorcio, Eralma Constructora, consiguió en enero de este año una medida cautelar contra dicha resolución. La entidad regional ha apelado, y mientras espera una decisión al respecto, la obra continúa paralizada.
El gobernador regional Elmer Cáceres dijo que el hospital, cuyo avance físico es del 67%, carece aún de servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, y que no puede ser utilizado ni siquiera provisionalmente para atender a los pacientes con Covid-19. Añadió que pidió al gobierno que le autorice concluir el proyecto por administración directa, pero le respondieron que primero debe resolverse la medida cautelar.
AREQUIPA TIENE TRES HOSPITALES INCONCLUSOS PESE A QUE COMENZARON A CONSTRUIRSE HACE CUATRO AÑOS.
“La falta de un hospital nos dificulta y afecta la atención. Hemos improvisado un centro de atención en el terminal terrestre, pero no está implementado. Necesitamos camas, balones de oxigeno, veladores”, dijo a OjoPúblico Enrique Neyra, director de la Red de Salud Camaná- Caravelí.
Otra de las obras hospitalarias paralizadas en Arequipa es la del hospital de Chala, ubicado en la provincia de Caravelí. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registra un avance del 98%, y todavía le falta los acabados y la implementación con equipos médicos.
Guillermo Valcárcel, gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, explicó que luego de rescindir el contrato con el Consorcio Chala II, alistaban un expediente técnico del saldo de obra para concluirlo por contratación directa, pero la emergencia sanitaria paralizó todo el proceso.
Por último, el mejoramiento del hospital de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, también está paralizado, con un avance de obra física del 86%. El Gobierno Regional de Arequipa rescindió el contrato con el Consorcio Salud Cotahuasi, y buscaba concluirlo por contratación directa, pero el consejo regional aún no ha evaluado el pedido.
El director de la Red de Salud Castilla-Condesuyos-La Unión, Luis Flores, dijo a OjoPúblico que el incumplimiento de la empresa ha perjudicado la atención de la pandemia, puesto que la provincia de La Unión no tiene hospital, solo centros de salud.
En Arequipa se designó al hospital Honorio Delgado como exclusivo para atender a pacientes con Covid-19. Sin embargo, un informe de Contraloría determinó que dicho nosocomio no contaba con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y los pacientes eran atendidos provisionalmente en la zona de emergencia. El establecimiento de salud tiene solo 5 ventiladores mecánicos funcionando y seis inoperativos.
Cusco: la pesada herencia de Lava Jato
En Cusco también hay hospitales inconclusos. El hospital Antonio Lorena comenzó su construcción en abril del 2013, con un costo inicial de S/191 millones y buscaba beneficiar a casi medio millón de personas. La obra debía concluirse en octubre del 2014, pero actualmente está paralizada por corrupción. Su avance físico, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de 64% y su costo ahora, luego de varias adendas al contrato, se ha incrementado en un 75%: S/335 millones.
Se trata de uno de los proyectos paralizados a causa de los actos de corrupción de las constructoras brasileñas involucradas en el caso Lava Jato. La obra fue adjudicada al Consorcio Salud Lorena, conformada por las empresas Dextre+Morimoto Arquitectos, Motlima Consultores y la brasileña OAS, y la supervisión estaba a cargo de la empresa Cesel.
En junio del 2019, el equipo especial Lava Jato reveló que OAS había confirmado el pago de S/15 millones en sobornos relacionados con este hospital. Además, calculó que este proyecto ocasionó al Estado un perjuicio de S/231 millones.
EL EQUIPO ESPECIAL LAVA JATO REVELÓ QUE OAS CONFIRMÓ EL PAGO DE S/15 MILLONES EN SOBORNOS POR EL HOSPITAL DE CUSCO.
El año pasado el gobierno regional del Cusco firmó un convenio con el Minsa para que el proyecto sea concluido mediante el mecanismo de contratación de Estado a Estado. “Ahora solo está pendiente la firma con el gobierno francés. A raíz de esta pandemia del coronavirus es que se ha paralizado todo”, dijo a OjoPúblico Grimaldo Gutiérrez Gayoso, director del hospital de contingencia Antonio Lorena.
Para hacer frente a la pandemia, las autoridades del Cusco habilitaron parte de este hospital para atender a pacientes críticos con Covid-19. “Si hubiera estado terminado el nuevo hospital, la respuesta hubiera sido mejor. No habríamos tenido que hacer estas inversiones adicionales, de 1.6 millones, en la compra de equipos”, agregó Gutiérrez.
Irregularidades en Apurímac y Puno
En Andahuaylas, la provincia con más población de Apurímac, se comenzó la construcción de un nuevo hospital categoría II-2 para reemplazar al hospital Docente “Hugo Pesce Pescetto” en 2013. Esta nueva obra proyectaba atender a más de 200 mil personas y debía ser concluida en octubre del 2014, pero hasta hoy sigue paralizada.
La ejecución de este proyecto, valorizado inicialmente en S/59 millones, pero que ahora cuesta más de S/160 millones, fue adjudicado al Consorcio Andahuaylas, conformada por la constructora Mediterráneo, empresa que también integró un consorcio que ejecutó hospitales en Piura, y que ahora enfrenta denuncias de irregularidades.
La obra del hospital de Andahuaylas tuvo 20 ampliaciones de plazo y está paralizado desde diciembre del 2018, cuando tenía un avance físico del 53%. En enero del 2019, el Gobierno Regional de Apurímac resolvió el contrato por “incumplimiento injustificado”, y ahora el caso está en arbitraje.
“A VECES MALOS CONTRATOS O MALOS CONTRATISTAS GENERA QUE SE PARALICEN LAS OBRAS”, DIJO EL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA AL SER CONSULTADO SOBRE ESTE HOSPITAL.
Cuando se paralizó la obra, en diciembre del 2018 la Contraloría advirtió fisuras en los acabados de muros y columnas, manchas en los cielos rasos y otros deterioros que el ente de control consideró que “ponen en riesgo la calidad y vida útil de la estructura”.
El equipamiento de este nuevo hospital incluía 24 respiradores mecánicos que se encuentran guardados en un almacén en Lima. OjoPúblico conoció que existen solo 5 respiradores mecánicos en el Hospital de Andahuaylas, instalados en los módulos prefabricados entregados por el Ministerio de Vivienda y donde funciona la atención diferenciada para atender a pacientes con Covid-19.
“Imagínense si hubiéramos terminado ese proyecto a tiempo, hace algunos años estaría ya en funcionamiento y en servicio para su población. A veces malos contratos o malos contratistas genera que se paralicen las obras”, dijo el presidente Martín Vizcarra al ser consultado sobre esta obra.
Más al sur, en Puno, también existen obras retrasadas: el Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca y el Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo de Ilave, que debido a los casos confirmados de coronavirus en esta región, las autoridades evalúan habilitar para atender a pacientes con Covid-19.
En marzo pasado, antes de la declaratoria de emergencia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac intervino las oficinas del gobierno regional e incautó documentos relacionados con esta obra. El fiscal a cargo, Jorge Bandera Ninancuro, dijo a OjoPúblico que existen tres investigaciones fiscales en curso: una sobre el proceso de selección, otra sobre la ejecución contractual y una tercera investigación por la presunta irregularidad en el manejo de S/2 millones.
La construcción del Hospital Materno Infantil de Juliaca no concluye pese a que ya han pasado cuatro períodos de gobierno regional. Se inició en el 2010, en la gestión del expresidente regional Hernán Fuentes Guzmán con irregularidades en la elaboración del expediente técnico, materiales que no llegaron a la obra y problemas en el terreno. Por este caso, la exautoridad regional afronta un proceso judicial por peculado.
Otro proyecto que no concluye es el Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, en la provincia de el Collao, que comenzó en el 2018 durante el periodo del exgobernador Juan Luque Mamani, con un plazo de ejecución de 18 meses a cargo del consorcio El Altiplano. Actualmente esta obra tiene un avance físico de solo el 18%, y su costo es de S/125 millones.
Los hospitales del centro del país
En Huánuco, el Hospital de Tingo María inició costando S/101 millones, pero en la actualidad la inversión pública ya supera los S/178 millones, es decir S/77 millones más que su presupuesto inicial. La construcción de este nosocomio de categoría II-2 está a cargo del gobierno regional, comenzó en el 2015 y debió concluir a finales del 2018. Sin embargo, la ahora la obra sigue inconclusa y paralizada desde el año pasado.
En plena ejecución de la obra se aprobó varias ampliaciones de plazo y adicionales; y en el 2016 la Contraloría halló una serie de deficiencias en la obra, como el uso de drywall en las paredes de áreas críticas, cuyo uso no estaba contemplado.
El consorcio paralizó la obra en diciembre del año pasado, aduciendo una deuda no cancelada por la autoridad regional. La entidad, por su parte, resolvió el contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales. De acuerdo al MEF, la infraestructura quedó con un avance de 93%. No obstante, el gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio, señaló que este porcentaje es menor.
EN HUÁNUCO, EL HOSPITAL DE TINGO MARÍA INICIÓ COSTANDO S/101 MILLONES, PERO EN LA ACTUALIDAD SU PRECIO ES DE S/178 MILLONES
“Según ellos, estaba en un avance de 92%, pero cuando se ha llegado a hacer la valorización tiene un avance de 72,9%, es lo real. Hemos disuelto el contrato debido a que la empresa no ha cumplido con los plazos. Además se han hecho valorizaciones no proyectadas, lo que no nos permitía continuar”, dijo la autoridad regional a OjoPúblico.
Aunque el hospital no está concluido, ante la crisis originada debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se ha puesto en funcionamiento para la atención de pacientes con esta enfermedad.
Una situación similar atraviesa el Hospital Regional Hermilio Valdizán, de nivel III-1 y ubicado en la provincia de Huánuco. Este proyecto fue licitado durante la gestión del exgobernador regional, Luis Picón Quedo (2011-2014), médico condenado el 2017 a 11 meses de prisión suspendida por incumplimiento de deberes.
La obra, que beneficiará a 780 mil personas, presentó problemas desde el inicio. El contrato con el Consorcio Obrainsa-Joca fue suscrito en junio de 2014 por un monto inicial de más de S/162 millones y comprendía la demolición de la antigua infraestructura y la edificación y equipamiento del nuevo hospital.
EN JUNÍN, LA REGIÓN VECINA DE HUÁNUCO, HAY CUATRO MILLONARIOS PROYECTOS DE HOSPITALES PARALIZADOS.
Sin embargo, recién comenzó a ejecutarse en junio del 2017, tres años después de la firma de contrato. Para entonces, se estimaba que el hospital sería entregado a finales de 2018. Actualmente la obra presenta un avance físico del 72,9%, según el MEF. El consorcio a cargo de su construcción ha solicitado nuevos adicionales, que están pendientes de aprobación.
En Junín, la región vecina de Huánuco, hay cuatro millonarios proyectos de construcción de hospitales paralizados. Se trata de las obras de mejoramiento de los hospitales de Satipo, San Martín de Pangoa, Pichanaki y el Materno Infantil El Carmen, que en conjunto están valorizados en más de S/506 millones, todos financiadas por el gobierno central y su ejecución está a cargo del Gobierno Regional de Junín.
El mejoramiento del Hospital de Apoyo “Manuel Higa Arakaki” de Satipo de Nivel II-1 fue adjudicado en junio del 2019 al Consorcio Arakaki II, por un monto de inversión de más de S/115 millones. El proyecto debió construirse en el distrito de Satipo, pero lo iniciaron en el distrito de Río Negro.
Actualmente el proyecto, que comenzó a ejecutarse en agosto del año pasado reporta un avance de 0.7%. El consejero regional de la provincia de Satipo, José Villazana Flores, dijo OjoPúblico que solo se ha colocado un cerco provisional en el área de construcción.
Otra obra paralizada en Junín es la del Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo, de nivel III-1, cuyo costo es de S/210 millones y comenzó a ejecutarse en diciembre del 2015 a cargo del Consorcio El Carmen II. Se estimaba que concluiría en octubre del 2018, pero hasta ahora registra un avance del 65%, según el MEF.
El proyecto tuvo varias interrupciones, la última desde octubre del año pasado, así como seis ampliaciones de plazo por causas como “cambio de ubicación de terreno”; además de una adenda para sumar de S/13 millones adicionales el 2016 por supuestas deficiencias en el expediente técnico.
OTRA OBRA PARALIZADA EN JUNÍN ES LA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EL CARMEN DE HUANCAYO.
En un informe del 2019, la Contraloría determinó que los problemas con este proyecto fueron el cambio de terreno, la licitación sin tener disponible el área para la obra (realizada durante la primera gestión del gobernador Vladimir Cerrón) y la entrega de adelantos sin justificación. La autoridad fiscalizadora determinó que todo ello generó un perjuicio económico de S/18 millones, e identificó como responsables a 21 funcionarios.
El contralor regional de Junín, Percy Gutiérrez Enciso, comentó a OjoPúblico que esos hallazgos están en investigación fiscal y que no han podido realizar una auditoría general porque el proyecto está en arbitraje.
Pese a que en octubre del 2018 se firmó el contrato, el proyecto de mejoramiento del Hospital San Martín de Pangoa, valorizado en más de S/89 millones, también está paralizado desde marzo del 2019 y tiene 0% de avance, según el MEF.
La obra de mejoramiento del Hospital de Apoyo de Pichanaki, cuya ejecución comenzó en febrero del 2018 a cargo del Consorcio Selva Central, también está detenida. Esta obra, valorizada en más de S/92 millones debió concluirse en junio del 2019, pero según el MEF, tiene un avance a la fecha de solo el 47%. La obra está paralizada desde diciembre de 2019.
OjoPúblico solicitó una entrevista con el gobernador Fernando Orihuela, pero aunque solicitaron el cuestionario y se les remitió, hasta el cierre de este reportaje no respondieron.
Los hospitales del norte
En La Libertad, la construcción del Hospital de Pacasmayo, valorizada en más de S/71 millones (MEF) y que se ejecuta mediante un convenio entre Minsa y el gobierno regional, también se encuentra paralizada. Este proyecto debió finalizar en diciembre de 2019, pero en la actualidad tiene un avance de 78% según el MEF.
El consejero regional Edwin Castellanos García indicó a OjoPúblico que los retrasos en la entrega del millonario proyecto están directamente relacionados con la demora en trámites presupuestales. “Hubo algunos problemas de coordinación, algunos temas económicos, no se habían depositado partidas y es por eso que la empresa paralizó. Llegaron a un acuerdo en aplazar el tiempo de ejecución y de culminación”, señaló.
EN LA LIBERTAD, LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE PACASMAYO, VALORIZADA EN MÁS DE S/71 MILLONES TAMBIÉN ESTÁ PARALIZADA.
Aunque inicialmente la licitación la ganó el Consorcio Estrella, tras la anulación del contrato porque no subsanó algunas observaciones, este proyecto hospitalario de nivel II-E fue adjudicado en febrero de 2018 a la sucursal peruana de la trasnacional IBT Group.
El alcalde del distrito de Pacasmayo, César Milla Manay, sostuvo que la implementación de este hospital hubiera facilitado la atención de pacientes con coronavirus.
En Piura, la región con la más alta tasa de letalidad en el país, existen tres hospitales que aún no concluyen pese a que empezaron en la gestión regional anterior. Se trata de los hospitales de Huancabamba, Ayabaca y Huarmaca, como lo explicamos en un informe anterior de OjoPúblico. En la actualidad esta región enfrenta la pandemia con hospitales colapsados y golpeados por el Fenómeno El Niño costero del 2017.
En Áncash se aguarda por la reconstrucción del Hospital La Caleta, valorizado en S/260 millones, y del Hospital de Alta Complejidad de EsSalud de Chimbote por S/474 millones.

Y ahora que el martillo no chancó, ¿qué hacemos?

Por Alfonso de la Torre, Piero Ghezzi y Alonso Segura- Diario La República.
Pronto empezaremos a salir de la cuarentena. No por haber suprimido la epidemia, sino porque la economía de las familias y empresas no da más. Debemos aceptar que el “martillo” no chancó y entender por qué, para buscar otra estrategia de salida que comprenda salud pública y economía. Acá algunas propuestas de contención y blindaje en esa dirección.
Pronto empezaremos a salir de la cuarentena. Lamentablemente, no porque hayamos tenido éxito suprimiendo la epidemia, sino porque ya no podemos sostener más el confinamiento. La población, de facto, lo está abandonando.
No es cuestión de privilegiar la economía sobre la salud. Es realismo. Con la mitad de los peruanos preocupados más por el hambre que por el contagio (las migraciones de retorno son una muestra), y con dificultades para entregar rápidamente la ayuda social, el cumplimiento de la cuarentena es cada vez menor.
En este artículo, proponemos algunos cambios inmediatos para intentar romper la dinámica actual. Para ello, aceptemos que el martillo no chancó y entendamos por qué.
Aceptemos lo evidente
Es comprensible que hace dos semanas, cuando indicamos que el martillo no había chancado (Qué hacemos cuando el martillo no chanca), fuéramos recibidos con incredulidad. Hoy, no se puede negar lo evidente: la epidemia sigue avanzando aceleradamente.
A pesar de ello, todavía se esgrimen tres razones para argüir que no estamos tan mal:
Primero, que estamos como otros países de la región. No es verdad. Países que, como el nuestro, tomaron en serio el Covid-19, como Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, tienen una evolución mucho más controlada (véase el gráfico). La del Perú se asemeja a la de países cuyos presidentes han tenido actitudes negacionistas frente a la epidemia, como Brasil y México.
Segundo, que nuestra tasa de letalidad es baja. Este es un indicador crudo que se estima dividiendo el número de fallecidos entre el de infectados. Ambos están subestimados. Es imposible hacer comparaciones en tiempo real, particularmente cuando los infectados siguen creciendo con rapidez. Lo que importa son los muertos. Nuestra tasa es menor que la de Argentina, ¡pero en un solo día tenemos la mitad de todos sus muertos!
Tercero, que aunque el número de muertos por fecha de registro está subiendo con rapidez, el número por fecha de fallecimiento cae los últimos días. Es una caída artificial, consecuencia de los días que toma registrar a los muertos. Tanto es así que se reportan diariamente revisiones hacia arriba en el número de muertes de los días previos. Dada la evolución de todo el resto de las series, nuestras muertes diarias seguirán creciendo.
Este aumento sostenido tras casi 50 días de iniciado el confinamiento es incompatible con una cuarentena exitosa. En los países o regiones que la han tenido, se alcanza el máximo de muertes diarias entre 20 y 25 días después del inicio de esta. Este lapso no es casualidad. Es lo que toma, en promedio, que la inmediata reducción de contagios se refleje en el menor número de muertes registradas (contagio, infección, hospitalización, UCI, muerte, registro).
Es imposible pronosticar. La epidemia podría evolucionar con dinámicas extrañas, pero cualquier proyección que use la evolución reciente de variables en modelos epidemiológicos es espeluznante (ver por ejemplo https://web.stanford.edu/~chadj/Covid/PER-ExtendedResults.pdf). Y no se necesitan cálculos sofisticados para darse cuenta de que, si los contagiados y las muertes se duplican cada semana, el número efectivo de reproducción R –el número de personas a las que un infectado típico contagia–, está bastante por encima de 1. Eso es lo único que importa
Insistir con el martillo no va a cambiar las cosas. Necesitamos una estrategia distinta y rápido. Una que incorpore los retos en la salud pública y en la economía. El problema es, ahora, uno y el mismo, y de largo aliento.
Entendamos, primero, qué pudo haber fallado. Un error ignorado es un error repetido.
¿Qué falló?
Regresemos al número efectivo de reproducción R, resultado de multiplicar cuatro cifras: (a) la tasa de contactos de la población, (b) la probabilidad de que la infección se transmita durante el contacto, (c) la duración en la que el infectado promedio está contagiando y (d) el porcentaje de la población susceptible al contagio.
Concentrémonos en las primeras tres variables. La última depende de inmunidad de grupo (natural o por vacuna).
Primero, la tasa de contactos. Nuestra condición inicial era precaria. Hogares numerosos en condiciones de hacinamiento y que necesitan salir frecuentemente para abastecerse. Incluso con una cuarentena generalizada, los contactos son múltiples. Algunas decisiones del Gobierno potenciaron este problema al inducir aglomeraciones. La más obvia (expost) es un toque de queda estricto que comienza a las 6 p.m. (¡y a las 4 p.m. en la costa norte y Loreto!). También, la prohibición de entregas a domicilio. Este servicio es privilegio de una minoría, pero se perdió una oportunidad de reducir los incentivos para no salir y buscar ampliarlo a más hogares.
La revelación reciente de que una de cada cinco pruebas a comerciantes en el mercado de Caquetá dio positivo ratifica lo obvio: que los mercados son focos de contagio. Lo mismo ocurre con las colas para cobrar los bonos.
Segundo, la probabilidad de infección. Reducirla depende en buena medida del uso de mascarillas (y del lavado de manos con agua y jabón). El Gobierno estuvo en lo correcto en hacer obligatorio el uso de mascarillas, pero ni se usan bien, ni son de materiales adecuados. También se demoró (y se sigue demorando) en abastecer adecuadamente al personal en riesgo, incluidos salud, policía y FFAA.
Tercero, la duración de la infección. Su duración biológica no es controlable, pero sí se puede reducir sustancialmente la cantidad de días en que un infectado está contagiando. La estrategia de testear, rastrear y aislar busca precisamente esto, pero no se implementa bien.
Este recuento no busca culpar al Gobierno por todo. Las capacidades de nuestro Estado son limitadas y era inevitable cometer errores. Pero era evitable persistir en ellos. Y sí se debe reclamar que se corrija lo que no está funcionando. Estamos en el peor escenario que podíamos imaginar cuando, hace casi 50 días, correctamente, iniciamos la cuarentena: una epidemia que continúa avanzando y una economía pulverizada. Y el Gobierno no ha cambiado ni de curso ni de discurso.
Necesita hacerlo con urgencia. La narrativa de las primeras dos semanas de cuarentena ya está desconectada de la realidad. Esto ha contribuido a que nuestra población no haya tomado plena conciencia de la gravedad de lo que vivimos. Los comportamientos en espacios públicos son testimonio de ello.
No podemos esperar a tener 500 muertos diarios para reaccionar. Necesitamos suprimir de otra manera. Migrar a una estrategia más sostenible. Hace dos semanas, sugerimos pasar del “martillo” al “dique”. Hay que hacer un nuevo esfuerzo por contener la epidemia. Y, en paralelo, “blindar” a los más vulnerables. Todo ello sin perder de vista la economía.
Nada garantiza el éxito. Relajar la cuarentena con R por encima de 1 es muy arriesgado. Pero no queda de otra.
La estrategia del dique: contención
Empecemos por las medidas de contención. Son nuestra “nueva normalidad” (ver también “Perú y la cuarentena; ¿cuándo y cómo salimos?, 5 de abril).
Para alterar el curso de la epidemia, necesitamos una combinación de cambios de estrategias y mejor implementación. Algunas cosas ya las hacemos, pero solo en el papel. Todos hemos visto las colas y aglomeraciones en el Banco de la Nación en Iquitos al lado de los círculos vacíos en la pista.
Las FFAA y el sector privado, con sus capacidades logísticas y alcance nacional, deben cumplir un papel importante para ejecutar estrategias. Y todo tiene que darse “ayer”. Los tiempos normales del sector público no bastan.
Primero: asegurar el uso masivo y efectivo de mascarillas. Como dice Tomás Pueyo, el solo hecho de que la mayoría de la población use de manera correcta mascarillas adecuadas puede parar la epidemia. No basta con declarar su uso obligatorio. El Estado debe facilitarlas y subsidiarlas. Puede ser la inversión con mayor retorno de todo el gasto público. La masificación de las mascarillas mediante entrega directa del Estado aseguraría que tengan las especificaciones y condiciones de uso adecuadas, mejorando su efectividad. Se necesita una campaña #UsaBienTuMascarilla para promover su uso correcto.
Segundo: testeo rutinario y protección de personal clave. Personal médico, policías y militares deben ser sometidos a pruebas cada dos semanas como mínimo. Aquellos positivos o sintomáticos, incluso sin prueba, deben ser aislados de inmediato. Sus contactos también. Naturalmente, se debe asegurar que tengan condiciones adecuadas y equipamiento clave.
Tercero: identificar, organizar y vigilar focos evidentes de contagio. Esto incluye mercados, bancos, galerías y centros comerciales. Se deben adoptar medidas sanitarias exigentes (ver recomendaciones de Fort y Espinoza para mercados), controlar aforos y abrir puntos alternativos de suministro (los mercados itinerantes del Minagri con estrictos controles son buenos ejemplos para escalar). También se debe fomentar el traslado de actividades a espacios abiertos (donde el clima lo permita). Para asegurar el cumplimiento, el Estado debe desplegar toda su capacidad logística, de la mano de gobiernos locales y las FFAA.
Cuarto: implementar los protocolos de operación para actividades económicas, incluyendo trabajo remoto. La mayoría de los protocolos con mitigación de riesgos de contagio para el sector privado formal están avanzados. Es necesario un esfuerzo por implementar y corregir cuando corresponda. Lo de Antamina (más de 200 trabajadores infectados) no puede repetirse. Produce debe ayudar a las mypes a preparar protocolos adecuados a su realidad. Asimismo, impulsar decididamente la digitalización y el trabajo remoto.
Quinto: implementar protocolos para descongestionar el transporte público. Se debe reducir aforos al interior de las unidades, ordenar estaciones y paraderos masivos, implementar horarios laborales escalonados y ampliar capacidades. Esto último incluye la incorporación de unidades de transporte turístico y la promoción del uso de scooters, bicicletas y motocicletas que limitan riesgos de contagio.
Sexto: masificar donde sea posible los servicios de entrega a domicilio, en particular, de alimentos. No deben ser un privilegio de una minoría. Al reducir aglomeraciones, generan beneficios a la sociedad en su conjunto. El Gobierno debe considerar esquemas de subsidio selectivos que faciliten su uso generalizado y seguro.
Séptimo: se deben reducir sustancialmente (o eliminar) las horas de toque de queda. El toque de queda, como está diseñado, induce a las aglomeraciones. No tiene sentido, dado que ese es el mayor problema que buscamos evitar. Se requieren horarios extendidos, inclusive permitir actividades 24/7, cuando sea posible.
Todas estas medidas deberán ser evaluadas periódicamente. Las lecciones aprendidas deben refl ejarse en decisiones rápidas y coordinadas (es decir, diques).
Pero se necesita más. La contención se complementa con el blindaje, estrategia no para reducir el contagio, sino para hacerlo menos letal.
La estrategia del dique: blindaje
Reducir la letalidad requiere seguir aumentando aceleradamente las capacidades UCI: tanto el equipamiento como el capital humano posible a corto plazo.
Además, es clave comprender que sí importa quién se enferme. La letalidad promedio del Covid-19 –ajustada– es del 0,66%. (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext). Pero hay gran diferencia por edades. La probabilidad promedio de muerte para un adulto mayor de 80 años contagiado es 4.850 veces la de un niño menor de 10 años.
Debemos proteger a las personas mayores y con condiciones preexistentes. La reapertura económica debe ser liderada por los grupos de menor riesgo. Más del 55% de nuestra PEA tiene entre 20 y 40 años. Podría empezar a trabajar, pero con estrategias de blindaje a segmentos de mayor riesgo.
¿Cómo? Necesitamos tres cosas:
Primero: fortalecer el testeo (sobre todo de pruebas moleculares) y seguimiento. Esto debe incluir triaje digital y contratación masiva de “seguidores”. Se debe desplegar más espacios (vigilados) para el aislamiento de casos. Las personas sospechosas que han dado negativo en la primera prueba serológica deben ser aisladas. El protocolo de testeo tiene que cumplirse. Mucho es gestión.
Segundo: reducir la probabilidad de transmisión a miembros del hogar. Se podría evaluar programas de vivienda temporal masivos para personal de alto riesgo (personal de salud y policías), utilizando la capacidad ociosa de hoteles, hostales y otros con previsible desocupación. También campañas (#CuidaATusViejitos) para que la población que vuelve a trabajar reduzca contagios con padres mayores o abuelos.
Tercero: los mayores deben quedarse en casa. La cuarentena, quizás con flexibilizaciones puntuales, no puede terminar para los mayores de 65. El riesgo es demasiado alto. Como mencionamos en marzo debe expandirse temporalmente Pensión 65 (entre otros) para mantener a este grupo de alto riesgo en casa. (http://hacerperu.pe/ideaspara-una-estrategia-de-salida/).
No es posible enfatizar lo suficiente la gravedad de la situación. El reto por delante tanto para la salud pública como para el bienestar de los peruanos es enorme. Aceptarlo es el primer paso.
“Verla salir de la cárcel, en ese sentido, será como verla volver del infierno, con su atadito de ropa chamuscada y oliendo todavía a azufre” (Ilustración: Giovanni Tazza).

El presagio

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
El título de la película “The Omen” nunca estuvo bien traducido. Y decimos nunca porque el filme tuvo secuelas, remake y demás, y el nombre de todas esas producciones giró siempre en el mundo hispanohablante alrededor de la palabra “profecía”. La verdad, no obstante, es que una mejor traducción castellana de lo que el término original expresa en inglés es “presagio”.
A diferencia de una profecía, un presagio no tiene que materializarse a través de un discurso escrito o hablado. Puede estar sugerido sencillamente por un cuervo posándose en una rama, un cometa cruzando el cielo o una señora saliendo de prisión preventiva. Y todo indica que pronto seremos testigos de esto último.
De no presentarse incordios burocráticos y pagar los 70 mil soles de caución que le han impuesto, Keiko Fujimori dejará en efecto su encierro en los próximos días; y aunque tendrá que cumplir con las mismas limitaciones de movimiento que hoy todos padecemos (y algunas más), su situación habrá variado de manera dramática. No está canjeando ella la prisión preventiva por un arresto domiciliario, como Susana Villarán, sino por una orden de comparecencia con restricciones. Es decir, por un régimen que no le permitirá salir de Lima y la obligará a reportarse ante las autoridades cada 30 días, pero que, por lo demás, le dejará dedicarse a todo lo que cualquier otro hijo de vecino puede hacer en estos tiempos de cuarentena. Y eso incluye la política.
–‘Comeback’ obtuso–
No nos imaginamos, desde luego, a la lideresa del fujimorismo lanzándose un manifiesto en la puerta del penal ni prestando declaraciones belicosas en las primeras semanas de libertad. Lo previsible es una temporada inicial de estampas familiares y declinaciones a cualquier intento de la prensa de arrastrarla a la arena en la que tantas iniquidades y conductas necias protagonizó tras su última derrota electoral.
Conforme transcurran las jornadas y el clima vaya cambiando, sin embargo, irá sin duda recuperando el habla. Sobre todo si la curva de contagios del COVID-19 en el territorio nacional no cede y el apuro económico estrecha su cerco sobre la gente. En un contexto así, la estrella del presidente Vizcarra comenzará a palidecer y el espacio para hacer oposición capitalizando sus errores y apocamientos asomará poco a poco.
Con las elecciones del 2021 a la vuelta de la esquina, varios serán de seguro los que se aventarán a tratar de cumplir ese rol, pero a muchos de ellos la circunstancia de haber ocupado asientos preferenciales entre la claque gobiernista durante estos últimos meses les dificultará la operación.
Es verdad que con todo lo que se sabe ahora sobre el financiamiento de sus campañas y el efecto perverso del ejercicio que hizo de su enorme dosis de poder del 2016 en adelante, la señora Fujimori no estará en la mejor posición para convertirse de pronto en Miss Simpatía para una mayoría de peruanos. Pero, al mismo tiempo, después de haber tenido a Becerriles y Betetas de voceros, de haber blindado a canallas y ‘desblindado’ al padre, y de haber transformado, en fin, su presunto liderazgo en una prolongada venganza por unos resultados electorales que le produjeron berrinche, uno pensaría que su imagen ya no puede empeorar. Verla salir de la cárcel, en ese sentido, será como verla volver del infierno, con su atadito de ropa chamuscada y oliendo todavía a azufre.
Por lo pronto, el que Fuerza Popular haya obtenido 12 curules en los comicios de enero después de tanto despropósito es una indicación de que Keiko tiene un público cautivo y dispuesto a hacerse el ciego ante la evidencia. Pero eso es solo un capital-semilla. Su futuro político dependerá de lo que haga a partir del momento en que ponga un pie en la calle. Porque en lo que a la acusación que tiene pendiente respecta, está visto que los fiscales a cargo la continuarán postergando hasta que caiga el meteorito que se ocupe de hacer justicia por ellos.
¿Qué podría hacer la señora Fujimori para empezar a mejorar sus opciones? Pues domeñar a una bancada cuya vocación populista compite de igual a igual hasta ahora con la de Podemos (contagiarte) o Acción Popular sería un buen principio. Pero quién sabe. Ella ha demostrado que su talento para desbarrar no puede ser subestimado y en una de esas nos sorprende con un ‘comeback’ de la performance obtusa que le hemos conocido hasta ahora y se termina de liquidar solita.
Nada de eso, sin embargo, modifica el carácter de oscuro presagio o mal augurio político que la revocación de su prisión preventiva reviste para Vizcarra.
–Inventario de miseria–
Al presidente, efectivamente, el tiempo ya comienza a agotársele. Como granos cayendo en un reloj de arena, sus puntos de aprobación en las encuestas van pasando, sin prisa pero sin pausa, hacia el “no sabe/no opina”, y de ahí transitarán paulatinamente al territorio de la desaprobación. Los problemas que mencionábamos antes –sumados a las demoras en las compras de pruebas, la corrupción en las compras que sí se hicieron apuradas, el intento de barajar las razones de la salida de Morán, la pusilanimidad para observar la ley aprobada por el Congreso con relación a los fondos de las AFP y la ausencia absoluta de nociones sobre cómo volver a poner en marcha la actividad económica en el país– se encargarán de eso.
Solo hace falta que aparezca alguien que haga el inventario de tanta miseria con persistencia y oportunidad. Y daría la impresión de que en el umbral de cierto penal en Chorrillos va a asomar en estos días alguien que podría hacerlo.

¡Mario Bryce vuelve a la tele y lo hace en Digital TV Perú!

Muy pronto “La Casa del Jabonero con Mario Bryce”

Club de la Construcción: Indecopi inicia proceso sancionador contra Odebrecht, Graña y Montero y otras 33 constructoras

Esta instancia encontró evidencia que las constructoras se repartieron 112 procesos de contratación pública para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país, cuyo valor fue superior a los S/13,000 millones.
El Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, inició un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos por un presunto acuerdo (cártel) para repartirse entre sí diversas licitaciones convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Provías) y otras entidades del Estado para la adjudicación y contratación de diversas obras públicas a nivel nacional.
Las empresas implicadas son las integrantes del llamado ‘Club de la Construcción’ integrado por Odebrecht, Graña y Montero, OAS, entre otras.
La presunta infracción -sostiene Indecopi- se habría implementado entre noviembre de 2002 y diciembre de 2016, a través de una serie de reuniones entre las empresas involucradas con la finalidad de evitar competir entre ellas y determinar, de antemano, a las ganadoras de cada proceso de selección.
Estas reuniones se habrían llevado a cabo en distintos hoteles, restaurantes, clubes y oficinas de aquellas empresas.
Indecopi alega que la evidencia obtenida por la presunta conducta anticompetitiva infractora, revelaría que las empresas investigadas se repartieron 112 procesos de contratación pública para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país.
La evidencia consiste principalmente en documentos, declaraciones, archivos y correos electrónicos obtenidos durante la investigación llevada a cabo por Indecopi, así como información vinculada con las propuestas, características y resultados de los procedimientos de contratación analizados.
La presunta infracción investigada habría distorsionado las condiciones en las que se adjudicaban dichas obras públicas a nivel nacional, generando que el Estado incurra en mayores gastos.
La suma de los valores referenciales de las 112 obras objeto de investigación fue superior a los S/ 13,000 millones
Indecopi aclaró que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa en la existencia de indicios razonables sobre la realización de una presunta conducta anticompetitiva y no constituye un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de los investigados o el resultado del procedimiento.
-Fecha-
La institución precisó que tanto las empresas como los ejecutivos cuentan con un plazo de treinta días hábiles para presentar sus descargos. Vencido dicho plazo, se abrirá un periodo de prueba de siete meses, conforme al artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (“Ley de Libre Competencia”).
Estas son las empresas comprendidas en la pesquisa de Indecopi:
N°           Empresas Constructoras
1             Altesa Contratistas Generales S.A.
2             Andrade Gutiérrez Engenharia S/A. Sucursal del Perú
3             Aramayo S.A.C. Contratistas Generales
4             Conalvías Construcciones S.A.C.
5             Construcción y Administración S.A.
6             Construcciones Civiles S.A. Sucursal Perú
7             Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Perú
8             Constructora Málaga Hnos. S.A.
9             Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú
10           Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.
11           Constructora TP S.A.C.
12           Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú
13           Constructora Upacá S.A.
14           Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C.
15           Construtora OAS S.A. Sucursal del Perú
16           Construtora Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú
17           Cosapi S.A.
18           E. Reyna C. S.A.C. Contratistas Generales
19           EIVI S.A.C.
20           Energoprojekt Niskogradnja S.A. Sucursal del Perú
21           G y M S.A.
22           Grupo Plaza S.A.
23           Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
24           J. Alva Centurión Contratistas Generales S.A.C.
25           J.C. Contratistas Generales E.I.R.L.
26           JJC Contratistas Generales S.A.
27           Johe S.A.
28           Montes Hnos. S.R.L.
29           Mota-Engil Engenharia e Construcao S.A. Sucursal Perú
30           Mota-Engil Perú S.A.
31           Obras de Ingeniería S.A.C.
32           San Martín Contratistas Generales S.A.
33           Superconcreto del Perú S.A.
34           TyT S.A.C. Contratistas Generales
35           Construtora Aterpa S/A. Sucursal Perú
Fuente: Diario Gestión.

¿ODEBRECHT CONSEGUIRÁ REVIVIR SU CONTRATO?

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
El viernes 07.02 la abogada Rosa María Ortiz (RMO) publicó un artículo en el que critica mi último artículo sobre el Gasoducto Sur Peruano (GSP).
En relación a la oferta del proyecto precisa que afirmar que no hay gas es una falacia porque sí existen reservas. Sin embargo RMO oculta lo más importante. Aún cuando existieran reservas suficientes, la decisión de cual ducto usar para su producción (el de TGP o el GSP) es del operador del Lote 58 (CNPC), como lo reconociera el VMH Eduardo Guevara en Gestión. Y hasta hoy no existe ningún compromiso al respecto. Lo cual es lógico porque el transporte por el ducto existente sería casi 5 veces más barato que el del ducto al sur. Por lo que se puede concluir que NO hay oferta.
En lo que se refiere a la demanda del proyecto, RMO afirma que cuando se reactive la demanda, la falta de gas en las centrales del Nodo Energético del Sur generará que éstas comiencen a trabajar con diésel. Y que de estar construido el gasoducto, el consumo de gas de estas centrales superaría los 300 MMPCD.
El argumento que las centrales del Nodo justificarían la demanda del GSP se viene utilizando desde el 2014. Lo que no se dice es que cuando RMO y sus colegas del Comité de ProInversión le otorgaron la concesión del gasoducto a Odebrecht por más de 30 años, éste estaba previsto para iniciar operaciones en marzo de 2019. Si ese hubiera sido el caso, dichas centrales, ubicadas en el sur, no hubieran despachado nada,porque las centrales térmicas del centro norte son mucho más eficientes . Y esta situación se prolongaría por lo menos hasta el 2023. Por lo que los consumidores hubiéramos tenido que subsidiar nada menos que $900 millones por año. Que solo en ese período serían poco menos de $4,000 millones. Ya que el contrato obliga que sino se llega a 500mmcd en el ducto, se tendrá que subsidiar, exista o no existan reservas y exista o no gas para transportar.
Una cosa es que a partir del 2022 se pueda comenzar a utilizar diesel durante las horas de punta y otra que se tenga que usar de forma permanente. Y luego del 2023 hay que considerar que se encuentran en desarrollo, con estudios de operatividad aprobados, más de 1,000 MW entre proyectos solares y eólicos. Y el costo de desarrollar un proyecto eólico es de solo $27 por Mwhora, por lo que solo los ciclos combinados muy eficientes podrían competir. Y el Ministerio de Energía señala en su plan energético que al 2030 tendrá el 30% de la matriz eléctrica con energía renovable no convencional. Con lo cual, por lo menos para el sector eléctrico, no se requerirá que las centrales del nodo operen. Y al no operar con carga suficiente, el gasoducto tendrá que pagar subsidios. Y si el ducto no tiene asegurada ni la oferta ni una demanda suficiente, el proyecto simplemente no tiene viabilidad económica
Odebrecht en su propuesta del 07.02.2020 plantea que puede suspender su arbitraje ante el CIADI si se reinicia el GSP. Pretende revivir el abusivo contrato ya cancelado. Por lo pronto Vizcarra anunció el viernes que se retomaba la licitación Y el ahora ex ministro Liu ha dicho que en el gobierno existe el ánimo de darle celeridad al proyecto.
Si los argumentos esgrimidos por RMO en su artículo fueron los utilizados por ella y sus colegas para otorgar la concesión a Odebrecht ésta no estaría adecuadamente sustentada. RMO asimismo insinúa que mi artículo apoya a los generadores de electricidad. Mis artículos criticando al GSP vienen desde el 2014, poco después que se otorgara la concesión del GSP. Y en los últimos 5 años me he abstenido de efectuar consultoría alguna. Mi trayectoria profesional es limpia. Nunca he sido acusado y menos investigado. ¿Usted puede afirmar lo mismo?

TURISMO GENERADO POR LOS PANAMERICANOS 2019 FUE UN COMPLETO FRACASO

Estudio encargado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo arroja que no llegaron 100,000 visitantes internacionales, como proyectaba el ministro Edgar Vásquez, sino apenas poco más de 21,000.
A inicios de julio de 2019, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, proyectó que llegarían al Perú cerca de 100,000 turistas al Perú con motivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Sin embargo, un informe preparado a pedido del propio gobierno lo deja mal parado y pone en duda los beneficios que el evento deportivo dejó al Perú.
El documento, difundido por el diario Gestión, es el estudio de investigación de mercado elaborado por Consulting Partners para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que arroja que los Juegos Panamericanos llegaron 19,500 turistas extranjeros; mientras que a los Parapanamericanos llegaron 1,630 visitantes foráneos.
En total, la cita deportiva generó la llegada de 21,130 turistas extranjeros, casi la quinta parte de turistas proyectados por el ministro Vásquez y solo el 2.8% del total de asistentes al evento.
La cifra también se queda corta si se revisan las proyecciones de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), quienes esperaban la llegada de, al menos, 50,000 turistas para el evento.
Por otro lado, los turistas nacionales, que viajaron a Lima procedentes de otras regiones y asistieron al evento deportivo, alcanza los 26,625 turistas nacionales para el caso de los Juegos Panamericanos y 2,698 para el caso de los Juegos Parapanamericanos. En total, 29,323 turistas nacionales, es decir el 3.9 por ciento de los asistentes a Lima 2019.
Según el estudio, más del 90 por ciento de asistentes al evento fueron residentes locales. Esto es 700,547 mil tickets vendidos para personas residentes en Lima.
El 52 por ciento de turistas extranjeros que asistieron a los Juegos Panamericanos lo hicieron desde países de Sudamérica. Solo el 26 por ciento de turistas provino de Norteamérica y el 15.6 por ciento llegó desde Centroamérica y el Caribe.
El gasto promedio por turista extranjero, sin incluir el transporte internacional para llegar al Perú, alcanza los US$1,238 por persona. Además, entre los hospedajes favoritos elegido por los turistas destacan los hoteles 3 estrellas (27.8 por ciento), hoteles de 1 y 2 estrellas (16.7 por ciento) y hospedajes de Airbnb (16 por ciento).
En tanto, los turistas locales asistieron a 2.9 competencias de los Panamericanos, pernoctaron un promedio de 6 noches en la capital y en su mayoría se quedaron en la vivienda de un familiar o amigo.
El gasto promedio por persona fue de S/655 por persona. Es decir, el gasto promedio del turista internacional fue seis veces mayor al gasto promedio del turista nacional.
Fuente: www.manifiestoperu.com

“Fiscales delinquieron contra periodista María Teresa García”

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
En su intento de incursionar en la vivienda de la periodista María Teresa García, editora de Política de EXPRESO, los fiscales Víctor Novella Secada (titular) y Magnolia Huertas (adjunta) habrían cometido los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, abuso de autoridad y contra la libertad personal, por los cuales tendrían que responder en instancias penales.
Así lo evidencian documentos que el mismo Ministerio Público elevó al juez Renzo Subiria, para que este autorice el allanamiento en la casa ubicada a una cuadra de la Municipalidad Provincial del Callao.
“El tiempo de duración de la medida no deberá ser mayor a dos semanas, debiendo realizarse antes del 23 de enero, a efectos de evitar que dicho material pueda perderse”, señalaba Novella, en su aparente deseo de obtener videos del robo de una cartera a una joven, ocurrido días antes.
Sin embargo, la intervención se hizo el miércoles 29, seis días fuera del plazo.
El penalista Humberto Abanto sostuvo que es una intervención absolutamente sospechosa por la extemporaneidad del acta, la desproporcionada presencia de 40 policías porque se otorgó sin que exista una razonable negativa de acceso al domicilio y por la exageración en una medida para obtener información.
“Se ha procedido como si estuvieran yendo a un laboratorio de cocaína. La resolución refiere que hasta el 23 de enero se podía realizar el allanamiento y descerraje, pero van seis días después. Eso es delito contra la inviolabilidad del domicilio, es un abuso de autoridad y además un delito contra la libertad personal”, sostuvo.
Incoherencia
En la resolución del juez Subiria, se señala que los policías tocaron la puerta de la casa de García Valenzuela, y no había nadie.
Con base en ello, el fiscal Novella aseguró que “existen motivos razonables para considerar que se oculta la persona evadida”.

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
Vamos a cantarles un corrido muy mentado. Y que lo será más todavía en el futuro, porque del episodio biográfico de Julio Guzmán que conocimos el domingo pasado se seguirá hablando por mucho tiempo. O, bueno, quizás no por tanto, pero sí hasta el 2021 y eso es suficiente. Porque para nadie es un secreto que lo que el presunto líder del Partido Morado quiere en esta vida es postular a la presidencia y las imágenes que vimos esa noche en “Panorama” sin duda afectarán tal pretensión.
De seguro tendrán también algún impacto en los resultados del acto electoral de mañana (razón por la cual el corrido ya debe estar siendo mentado por los candidatos morados al Congreso), pero para quien tiene auténtico apetito por el poder estos comicios son apenas un bocadillo. Y los que prestaron atención en el reportaje a la cantidad de comida que el incendio obligó a dejar sin consumir sabrán que, por apetito, Guzmán no se queda.
Inevitablemente lo que más ocupará a quienes comenten la historia en las semanas y meses venideros serán los detalles del ‘rendez-vous’ en el departamento de Ocharán y la evidente circunstancia de que esos globos en forma de corazón no estaban siendo almacenados allí para utilizarlos luego en la ceremonia de clausura de algún congreso de cardiología. Pero en verdad eso no es lo importante. La cuestión no es si Guzmán es valiente y arriesgado en el amor, sino si tiene el coraje y la entereza para liderar –olvídense ya del país– siquiera un partido como pretende. Y en lo que concierne a ese particular, las imágenes del reportaje fueron demoledoras.
—¡A la vela!—
Nos referimos, por supuesto, a la parte en la que lo vimos avisarle a la volada al conserje del edificio que se había desatado un incendio en el tercer piso y ganar rápidamente la calle. No tuvo tiempo de montar en su caballo; eso ya lo sabemos. Pero ni falta que le hizo, porque el hombre se pegó una carrera que bien podría haberle valido un premio en algún clásico de Monterrico.
Pero dejemos por un momento el arrebato veloz para evaluar dos argumentos que se han esgrimido en estos días con el afán de restarle gravedad al episodio. Se ha dicho, por un lado, que el portaestandarte del Partido Morado no tuvo responsabilidad en el origen del fuego y, por otro, que el incendio no fue serio.
Con respecto a lo primero, sin embargo, habría que apuntar que si todo se inició con una vela encendida en el departamento de la cita, la cosa no admite muchas especulaciones. ¿A quién se va a culpar? ¿A la vela?
Y a propósito de lo segundo, es obvio que si los bomberos y la policía hicieron evacuar el edificio y cerraron las calles aledañas para poder neutralizar la emergencia, no estábamos hablando de una chispita fugaz.
Con esos conceptos claros, volvamos ahora al pique que ha hecho leyenda. Según ha sostenido Guzmán, él dejó a la joven con la que estaba almorzando en el lugar donde todavía ardían las llamas para buscar un extinguidor y pedirle ayuda a su “seguridad”, que lo espera habitualmente a las puertas de los sitios a los que acude.
“Salgo, busco y mi seguridad no está. Voy a las dos esquinas para buscarlos porque no estaban estacionados. Y después de minutos lo que recibo es una llamada de la señorita en la que me dice: Julio, todo está controlado”, fue lo que declaró textualmente en la entrevista que dio la noche del domingo en “Cuarto poder”. Una versión de los hechos que merece por lo menos algunas observaciones.
En primer lugar, cabe suponer que su “seguridad” fue despedida ese mismo día, porque, al no estar donde debía, estaba faltando a la más elemental de las tareas que justifican su existencia. Luego, es lícito preguntarse por qué, en lugar de peinar la zona al galope como se ve en los videos, no optó por llamar a sus guardaespaldas desde su celular. Y que no nos vaya a contar que no lo tenía a la mano, pues si, como dice, después de unos minutos recibió una llamada de la señorita a la brasa, es porque lo llevaba en el bolsillo.
Todo sugiere, pues, que lo que vimos en la filmación de las cámaras cercanas al edificio fue una huida antes de que llegasen los bomberos y la policía. Una huida para evitar que su imagen de futuro candidato se viera afectada por la asociación con los eventos ígneos. Y, paradójicamente, fue justo en ese trance que se quemó todito.
—Candidato mercurial—
Para empezar, Guzmán tendrá que lidiar ahora con el problema de la ausencia de coraje que evidenció en aquella escena (la próxima vez que quiera pregonar que ha venido a “tumbar dinosaurios”, la gente se va a reír en su cara, convencida de que, a la primera lagartija, saldrá corriendo como alma que lleva el diablo).
Pero mucho más serio que eso es lo que la fuga ha revelado sobre la manera en que está dispuesto a resolver el dilema entre la vocación de servicio (que supuestamente anima a todo postulante a la presidencia) y la preocupación por cómo luce frente a los votantes. En otras palabras, ha dejado la nítida sensación de que es incapaz de hacer algo realmente útil para el prójimo (como ayudarlo a ponerse a salvo en un incendio), si ello supone que su popularidad se vea mellada. Sin duda, un aplicado discípulo de Vizcarra.
Así, si antes su mayor defecto era la naturaleza mercurial que anunciaba su postura cambiante sobre la consulta previa o los impuestos, ahora parecería haberse transformado en Mercurio mismo (ver ilustración), volando sobre el viento hacia ninguna parte, mientras sus chances de llegar a Palacio se consumen.
Si de verdad salió esa tarde a buscar un extinguidor, todavía no lo consigue.