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Ciencias sociales y económicas

Alias jilguerito

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El presidente Vizcarra y Antonio Camayo en el Hotel Country, Los Eucaliptos 590, San Isidro, Lima, Perú (San Isidro).

Martín Vizcarra sí se reunió con Antonio Camayo

El presidente Martín Vizcarra negó en más de una oportunidad haberse reunido con el empresario Antonio Camayo, quien fue acusado por el Ministerio Público de pertenecer a la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, reveladoras imágenes a las que accedió Correo demuestran que mintió al país. Al menos fueron dos los encuentros que pudimos corroborar.
El caso podría ser considerado como otra de las mentiras a las que ha apelado Vizcarra en los últimos tiempos. A fines de julio de 2018, el mandatario negó que haya tenido una cita con el citado empresario: “No es la primera vez. Ya con esta es la tercera vez que hacen mención irresponsablemente al presidente de la República, personas con las cuales no nos hemos reunido, que nunca han estado en Palacio de Gobierno”.
El jefe de Estado dio esa versión tras conocerse audios en los que el exjuez supremo César Hinostroza y el propio Camayo coordinaban una posible reunión con Vizcarra a fin de que el magistrado le presente “proyectos para el (Ministerio de) Justicia”.
También se conoció un audio en el que Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, le dice a su esposa: “El flamante presidente (de la República) que acaba de juramentar al cargo, chupa con Toñito (Antonio Camayo) Ron Zacapa puro”.
Sospechas
A fines del año pasado, Correo tenía indicios de estas reuniones y contactó a personas que participaron en ella. Una de las citas -registrada en imágenes- en la casa de Camayo se dio en los últimos días de julio de 2016, tras haber juramentado como ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Esta reunión no duró más de dos horas y cerca a las 10 de la noche, el jefe de Estado abandonó la casa de Camayo.
La otra imagen muestra a Vizcarra en un ambiente distinto, en salones que muestran mesas y vajillas propios de una recepción, almuerzo o ágape. El presidente tiene colocada una escarapela en su saco. El lugar sería el hotel Country Club de San Isidro. La fecha y el contexto está aún por descifrar.
Cabe recordar que luego de conocerse los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto en los que se aludía a una relación entre Camayo y Vizcarra, este negó hasta en tres oportunidades que conociera al dueño de Iza Motors.
El 11 de julio de 2018, en una conferencia de prensa, el presidente respondió así a las consultas: “No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personajes que no conozco y con quienes jamás me he reunido”.
Fuente: Diario Correo.

Representantes del consorcio ICCGSA-Incot hicieron el pago ilícito a cambio de la buena pro para millonario proyecto cuando Vizcarra era gobernador regional, según declararon aspirantes a la fiscalía.

Tres aspirantes a colaboradores eficaces afirman que consorcio pagó S/1’300 000 a Vizcarra por hospital de Moquegua

De acuerdo a la declaración de tres nuevos aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía, las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), e Incot pagaron S/1’300.000 al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional para obtener la buena pro de la construcción del Hospital Regional de Moquegua, según informó este domingo el diario El Comercio.
La publicación señala que los tres aspirantes a colaboradores eficaces declararon al fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, y respaldaron sus declaraciones con una serie de documentos.
El aspirante N° 01-2018 afirma que días después de presentadas las ofertas para la construcción del hospital regional de Moquegua en el 2013, un emisario de Martín Vizcarra se comunicó con Rafael Granados, representante de ICCGSA, y le manifestó que el actual jefe del Estado “solicitaba aproximadamente S/1′300 000 para proceder a dar la aprobación a la oferta presentada y que si no se aceptaba no daría su conformidad para firmar el contrato”.
De acuerdo, al mismo aspirante, Granados se comunicó con Javier Jordán Morales, representante legal de ICCGSA, quien consultó con Incot “y se vieron obligados a acceder al pedido con la finalidad de no perder el contrato”.
Cabe indicar que en el 2013, dos consorcios estaban interesados en la construcción del referido hospital: Consorcio Moquegua I, conformada por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Mantenimiento y Proyectos Generales SAC y Kukova; y el Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA e Incot.
El Comercio precisa que la mayoría de los pagos que realizó el consorcio ICCGSA-Incot fueron a través de Granados, entre el 2014 y el 2016, y que estos también se hicieron a través del mismo emisario de Martín Vizcarra. Según la publicación, este sería un exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Además, el aspirante a colaborador eficaz N°01-2018 asegura que cuando Martín Vizcarra era vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016, su emisario llamó a Fernando Castillo de ICCGSA para solicitar cancelar el saldo pendiente sobre la buena pro de la obra en Moquegua.
La publicación indica que la entrega de este dinero, S/200 000, se realizó en la casa de este emisario en La Molina donde también estuvo presente Martín Vizcarra. El monto se colocó dentro de un sobre de manila y se ubicó en una repisa por parte de Fernando Castillo.
“Minutos después, Vizcarra se levanta de su lugar y se dirige a la repisa donde se encontraba el dinero y lo guarda”, agregó el aspirante a colaborador.
Asimismo, el aspirante a colaborador eficaz N°013-2018 también aseguró al fiscal Juárez la existencia del monto de S/1’300 000 que solicitó Martín Vizcarra a ICCGSA para dar “aprobación de la oferta” por la obra en la región Moquegua.
Mientras que el tercer aspirante a colaborador eficaz confirmó “el acuerdo ilícito” entre Granados, representante de ICCGSA, y Martín Vizcarra por el hospital y lo afirmado por los otros aspirantes a colaboradores.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Exministro Hernández corrobora coima de ICCGSA por S/ 1.3 millones a Martín Vizcarra.

El ingeniero José Manuel Hernández, exministro de Agricultura 2016-2018, en las últimas horas del viernes 17 de octubre, habría confesado ante el fiscal del equipo Lavajato, Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación del Club de la Construcción, según La República, corroborando la existencia de una coima, hasta por S/1.3 millones que había pactado el empresario Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA (asociado con INCOT), con Martín Vizcarra Cornejo por la obra del Hospital Regional de Moquegua por S/123.5 millones (18/12/13) durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014), cifra que menciona El Comercio.
Según la confesión ante el fiscal de Castillo Dibós a comienzos de semana, la coima pactada que comenzó con una cuota inicial de S/1.3 millones con Vizcarra se entregaría en ocho partes pero ICCGSA se demoró en cumplir con las cuotas restantes.
Vizcarra y Castillo si bien coincidieron en la universidad (UNI), afianzaron su relación comercial entre el 2005 y 2011 cuando la empresa del presidente y sus hermanos C y M Vizcarra se convirtió en proveedor del consorcio Conirsa, conformado por Odebrecht, ICCGSA y Graña y Montero a cargo del tramo 2 y 3 de la Interoceánica del Sur.
DISPUTA EN LA FISCALÍA
El fiscal Juárez, apelando a su conciencia y a la historia, acaba de abrir investigación directa a Martín Vizcarra, dejando de lado a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, que había dispuesto el último viernes que sea la fiscalía Anticorrupción, léase, el fiscal Omar Tello y el fiscal Elmer Chirre quiénes investiguen este explosivo caso que involucra al jefe de Estado. Como se recuerda Juárez y Chirre antes tuvieron problemas con la colaboración de Martín Belaúnde, en que se filtraron algunas grabaciones de los interrogatorios.
Ante este conflicto de competencia, según la norma, tendría que dirimir un Fiscal Supremo -que no incluye a la Fiscal de la Nación- por lo que serían: Pablo Sánchez o Betsabé Revilla que verían con buenos ojos que siga investigando el equipo Lavajato.
Vizcarra firmó el contrato con el consorcio ICCGSA-INCOT, el 18/12/2013  que también, como el de Obrainsa Lomas de Ilo y otras tres obras de su gestión en la región- fue santificado por la agencia de las Naciones Unidas (UNOPS), cuyo funcionario Fernando Cotrim participó del proceso.
El adelanto de S/24.7 millones se entregó el 30/12/2014 sin que el postor haya cumplido con terminar el expediente técnico del proyecto, pero la empresa supervisora Asesores Técnicos Asociados (ATA) de José Manuel Hernández dio la “luz verde” requerida.
Un hombre clave en la relación de las empresas del Club de la Construcción con UNOPS es Aldo Belaunde Gensollén (implicado por la Comisión Investigadora de los Recursos de los Vladimiro Montesinos- Congreso 2002), sindicado además por el colaborador eficaz de la brasileña OAS, Valfredo de Assis, en el caso Hospital Lorena del Cusco como el “operador de UNOPS” que les habría cobrado el 8% del presupuesto de esta obra para repartirlos entre los actores claves que facilitarían que la agencia internacional les allanará el camino hacia la buena pro.
El hospital fue la gran obra de la gestión de Vizcarra en Moquegua. El gerente general del gobierno regional era el ingeniero Edmer Trujillo, exministro de Vivienda y Transporte 2016-2019, que fue el que autorizó los desembolsos, mientras que el jefe del proyecto del hospital era Carlos Estremadoyro, hoy flamante ministro de Transporte y Comunicaciones, que fuera sindicado como “el cajero” por la exsecretaria del presidente Karen Roca.
Un año después (30/12/2014), coincidentemente también en los últimos días del año, la empresa supervisora ATA; de José Manuel Hernández, volvió a dar el visto bueno para que ICCGSA-INCOT, cobrarán un adelanto para adquisición de materiales por S/41.9 millones.
Edmer Trujillo, al día siguiente, el 31 de diciembre, el último día del año 2014 y último día de la gestión de Vizcarra como presidente regional, cuando los empleados se preparaban para celebrar el advenimiento de un nuevo año se dedicó a emitir velozmente 131 comprobantes de pago de un promedio de S/310 mil, un alegre “pitufeo” que ascendió a S/41.9 millones a favor de ICCGSA-INCOT.
Curiosamente, también se emitieron otros misteriosos comprobantes de pagos por las siguientes sumas: uno por S/256,217, otro por S/31 mil y otros comprobantes que sumaron S/971,686. La Contraloría General de la República (Informe No.1297-2018) observó que un pedido de adelanto de pagos por materiales generalmente dura semanas en su tramitación, pero ICCGSA-INCOT lo tramitó en solo un día.
Además, que los dos adelantos entregados representaban el 53.9% del valor de la obra, cuando ni siquiera se había entregado el terreno para la construcción del hospital. Todas estas movidas contaron con el visto bueno obligatorio del supervisor ATA de José Miguel Hernández.
VIZCARRA COMO MINISTRO DE TRANSPORTE FAVORECIO A ICCGSA PARA COBRAR SUS SALDOS
Cuando Vizcarra fue elegido primer vicepresidente y luego ministro de Transportes (28/07/16-22/05/17), según Hernández ante el fiscal, aprovechó para ajustarle las clavijas a Castillo Dibós por los pagos pendientes de la coima, sin embargo, el empresario consiguió voltearle la tortilla, exigiéndole a cambio más obras para ICCGSA, esta vez, en la Cartera de Transportes.
Las cuentas se empezaron a saldar en una cena que organizó el 25 de agosto del 2016 el “emisario” en su Casa en la Molina, a donde acudió el entonces ministro Martin Vizcarra para coger “de una repisa un sobre manila que contenía seis paquetes de US$10 mil sujetados con ligas”.
ICCGSA durante la gestión de Vizcarra como ministro de Transporte, prácticamente se “abrochó” con la construcción de 28 puentes de reemplazo en Arequipa, Ayacucho, Ica y Tacna y otros 29 puentes en Ancash y Junín. En todos esos consorcios tuvo como socio a la empresa Obras de Ingeniería SA (Obrainsa) de los hermanos Tejeda, que también han reconocido que le entregaron sobornos a Vizcarra por S/1 millón.
El otro socio de ICCGSA en los puentes de la zona Centro Sur fue la constructora brasileña Aterpa, que aportó S/200 mil a la campaña de Alejandro Toledo el 2011. Los socios de ICCGSA para los puentes de Ancash y Junín, además de Obrainsa, fueron la española Construcciones y Promociones Balzola y la peruana Constructora Durán SA (Codursa).
La construcción de esos 57 puentes en los participó ICCGSA fueron contratados por S/404.5 millones, que equivale al 22% del presupuesto para obras que manejó Vizcarra como ministro.
Es decir, del mismo cuero salieron las correas para completar los S/5 millones del Hospital de Moquegua.
HERNANDEZ LLEVO DE LA MANO A VIZCARRA ANTE PPK.
José Manuel Hernández entró con fuerza a la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a principios del 2015, aportando la casa situada en la calle Barcelona 275, San Isidro, como local de Plan de Gobierno. Y, alrededor del mes de octubre del 2015, llevó a Vizcarra de la mano ante PPK para presentarlos como precandidato a congresista por Moquegua. En esos momento PPK barajaba una plancha electoral con Meche Araoz y Pedro Olaechea, sin embargo, le hicieron reparar que necesitaba un líder regional, en frase poco feliz de Carlos Bruce “necesitábamos provincianos” y por eso acabó de primer vicepresidente desplazando a “Meche” y a las pocas semanas terminó jefaturando el comando de campaña. Hernández y Vizcarra, colegas y amigos fueron elegidos ministros y como PKK confundieron los temas de estado con sus negocios privados.
Así las cosas, todos los presidentes regionales de la promoción “Martín Vizcarra” 2011-14, que recurrieron a estas artimañas, salvo el de Madre de Dios, están en calidad de sentenciados, presos, fugados, o a punto de la condena. Desde Tumbes hasta Tacna.
A ambos políticos se los asocia principalmente con las empresas constructoras CASA, ICCGSA y OBRAINSA, miembros VIP del Club de la Construcción que fueron favorecidas cuando Vizcarra ocupó el ministerio de Transporte 2016-18.
El viernes 10 José Manuel Hernández almorzaba con su familia en el restaurante Fiesta de Miraflores sabiéndose acorralado y tomando impulso necesario para la confesión que daría una semana después.
Fuente: www.gatoencerrado.net

Transacción sospechosa

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Fiorella Molinelli era la segunda del entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra y vicepresidente de la República, que se convirtió en Jefe de Estado en marzo de 2018 tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder en medio del escándalo del caso Lava Jato. Foto: Gestión.

FinCEN Files: La transacción sospechosa de la contratista del proyecto Chinchero

Por Shirley Cayetano y Milagros Salazar Herrera, de Convoca.pe (Perú)/ Emilia Delfino, del diario Perfil (Argentina), La Nación (Argentina) y el Semanario Búsqueda (Uruguay).
Convoca.pe identificó una transacción reportada como sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos por más de US$98 mil de Proyecta & Construye, la principal contratista del consorcio Kuntur Wasi que ganó la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero- Cusco. La transacción involucra a una financiera uruguaya, cuya subsidiaria es investigada por lavado de dinero y a una compañía argentina. Conoce una nueva historia de los ‘FinCEN Files’, proyecto liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La mañana del 17 de marzo de 2017, el fiscal José Domingo Pérez Gómez llegó presuroso junto a un equipo de la Policía Anticorrupción a un edificio ubicado en la cuadra seis de la Av. Pardo y Aliaga, en el distrito de San Isidro, considerado el emporio empresarial de Lima. Pérez allanó las instalaciones de Kuntur Wasi S.A, consorcio conformado por el grupo peruano Andino Investment Holding y el conglomerado argentino Corporación América del multimillonario Eduardo Eurnekian, que dos años atrás ganó la licitación para construir el aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
El megaproyecto, valorizado en más de 500 millones de dólares en sus diversas etapas, enfrentaba en esos días duras críticas luego que la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, firmara la adenda Nº1 del Contrato de Concesión el 3 de febrero de 2017, seis semanas antes del allanamiento del fiscal Pérez a las oficinas de Kuntur Wasi.
Los cuestionamientos a la modificación del contrato original se centraban en que existía una desequilibrada estructura del financiamiento de la obra: el Estado se comprometió a financiar el 80.73 por ciento del costo total del proyecto, ya no el 28.6 por ciento como lo establecía el contrato original y a adelantar 40.6 millones de dólares en un etapa del proyecto que no le correspondía para que así Kuntur Wasi iniciara las obras de construcción del aeropuerto, según un informe de la Contraloría General de la República.
En ese escenario movedizo, el fiscal Pérez fue en busca de respuestas a las instalaciones de Kuntur Wasi, donde incautó una serie de documentos que daban cuenta de préstamos millonarios al consorcio en 2016 provenientes de empresas relacionadas principalmente a Corporación América como Liska Investments Corp, representada por Martín Eurnekian con sede en Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal.
Para José Domingo Pérez esas transacciones evidenciaban que Kuntur Wasi no contaba con el financiamiento económico necesario para el proyecto que debía ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público Privada. Pero, además, detectó que al mismo tiempo se realizaban decenas de desembolsos que no guardaban relación con los estados financieros del consorcio entre 2014 y 2016, a favor de una compañía: Proyecta & Construye.
Esta empresa fue creada en el Perú por Andino Investment Holding y Corporación América en 2011, las socias de Kuntur Wasi. Pocos años después, este consorcio terminó contratando a Proyecta & Construye para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero.
Pérez abrió una investigación por lavado de activos, crimen organizado y presuntos sobornos por la obra del aeropuerto en el que incluyó a los representantes de Kuntur Wasi y diversos funcionarios públicos. Pero en noviembre de 2018 fue apartado del caso tras discrepancias con Pedro Chávarry, entonces Fiscal de la Nación.
El caso fue derivado a la fiscal Zoila Sueno Chirinos del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien formalizó la investigación el 23 de agosto de 2019 ante el Poder Judicial imputando a funcionarios peruanos por colusión agravada.
La investigación por el delito de lavado de activos, no obstante, fue archivada por la fiscal Sueno el 15 de enero de 2020. Pero este reportaje da nuevas pistas sobre la forma en que Proyecta y Construye, de la mano del consorcio Kuntur Wasi, manejaba sus operaciones hacia el exterior.
Hacia un paraíso fiscal
Entre los más de 2 mil 100 reportes de actividad financiera bajo sospecha de la filtración ‘FinCEN Files’, Convoca.pe identificó una transferencia por 98 mil 85 dólares realizada por Proyecta & Construye S.A. el 23 febrero de 2015, diez meses después de que el consorcio Kuntur Wasi obtuviera la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
La operación se realizó de la siguiente manera: salió del Banco de Crédito del Perú (BCP) a través del Bank of New York Mellon (banco corresponsal o intermediario) hacia una cuenta en DMS Bank & Trust ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán a nombre de la financiera uruguaya Columbusnet S.A.
La Ruta del Dinero
El reporte, que incluía más de 3 mil transferencias además de la operación vinculada a Proyecta & Construye, fue presentado por el Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos (FinCen por sus siglas en inglés) al considerar que las transacciones estaban vinculadas a “empresas fantasmas o no podían ser identificadas”.
Los fondos y el propósito de estas operaciones “estaban vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo”; no existía información verdadera de la persona o empresa que ordenó la transacción o el beneficiario final”, entre otras razones señaladas por el banco estadounidense.
Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento de EE.UU. Fuente: FinCen Files / ICIJ-BuzzFeed News.
Conexión con Uruguay
En la calle Sarandí, ubicada en la ciudad de Montevideo, cerca a una tienda de lencería y de joyas, se encuentra Columbusnet, la financiera que aparece en el reporte de operaciones sospechosas y a la que Proyecta & Construye transfirió más de 98 mil dólares a inicios de 2015 a través de una cuenta en DMS Bank & Trust con sede en las Islas Caimán.
Columbusnet es subsidiaria de Columbus S.A., una casa de cambio en Argentina, investigada desde finales de 2018 en el Juzgado Penal Económico N°3 de Buenos Aires por presunto lavado de activos y delitos tributarios relacionadas a actividades sospechosas en la compra de moneda extranjera, según indican las fuentes judiciales de Argentina.
Columbusnet S.A., ubicada en Uruguay, es una empresa de servicios financieros que funcionó anteriormente como casa de cambio. Foto: Columbusnet.
La actividad ilegal relacionada a la compra de moneda extranjera es conocida como ‘coleros’, que consiste en la organización de personas de bajos recursos, que forman largas filas en las afueras de financieras como Columbus para cambiar dólares o euros con fondos entregados por cabecillas de redes ilícitas que buscan ocultar la procedencia del dinero. A cambio, los ‘coleros’ reciben una pequeña comisión.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos–Procelac (la unidad encargada de investigar el lavado de activos, evasión tributaria y fraude bancarios en Argentina) solicitó también que se investigue a los dueños de la financiera Columbus S.A. para determinar si habían actuado en complicidad con los reclutadores de los ‘coleros’.
“Nuestra empresa tiene licencia desde 1967 y respondiendo a su inquietud, los descargos correspondientes serán presentados debidamente al juzgado cuando corresponda”, señaló al diario perfil, Sergio Polite, director de Columbus S.A.
“En el caso de la transferencia de Proyecta & Construye que salió desde el Perú, figuraba como uno de los destinatarios una financiera uruguaya: Columbusnet”.
Actualmente, la fiscalía argentina analiza la documentación que incautó en 2019 en las instalaciones de Columbus para investigar si el origen del dinero de los ‘coleros’ era ilícito y si la financiera actuó en complicidad.
Pero la historia de la transferencia que salió desde la cuenta bancaria de Proyecta & Construye, no termina con Columbusnet.
Un estudio bonaerense y un ingeniero huidizo
En la ciudad de Buenos Aires, en la calle Juan Domingo Perón, funciona una empresa dedicada a brindar asesoramiento técnico en obras civiles e industriales llamada Estudio GF. Las iniciales corresponden a los apellidos de sus principales socios: Carlos Grinberg y Néstor Feliz. ¿Qué tiene que ver esta empresa con la operación bajo sospecha de la principal contratista del proyecto Chinchero?
En el reporte del Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, no solo aparece Columbusnet, al lado figura ‘Estudio GF’ como si se tratara del nombre de una sola compañía.
Convoca.pe se comunicó con la gerente legal y de asuntos corporativos de Andino Investment Holding, Giuliana Cavassa, para corroborar si el Estudio GF fue realmente el beneficiario final. Entre diversas llamadas, mensajes por WhatsApp y correos electrónicos, Cavassa, una abogada que lleva trabajando hace siete años en el holding y aparece como directora de Proyecta & Construye, empezó a hacer memoria.
Cavassa aseguró que Estudio GF fue contratado para tareas previas al proyecto de ingeniería definitivo del aeropuerto Chinchero-Cusco y la certificación LEED, que se otorga a proyectos amigables con el medio ambiente. Esta certificación es otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).
Pero una pregunta seguía en el aire: ¿por qué se transfirió el dinero a la financiera uruguaya Columbusnet y no directamente a Estudio GF? “Nosotros hacemos lo que el proveedor nos dice: págame en Argentina o págame en Uruguay”, respondió a Convoca.pe.
Carlos Grinberg. Foto: La Nación.
La periodista argentina Emilia Delfino buscó al presidente de Estudio GF, Carlos Grinberg, quien respondió que no cobró ni tramitó la certificación LEED del proyecto Chinchero. El ingeniero industrial explicó que Corporación América, la socia argentina de Kuntur Wasi, lo contactó para dar el servicio pero éste no se concretó.
“Nuestra empresa se encarga de tramitar la certificación LEED, pero nunca cobramos nada por el trabajo, ni un peso, sólo gastos, porque la obra (la construcción del aeropuerto) no se hizo”, afirmó Grinberg.
En efecto, Proyecta & Construye no llegó a ejecutar las obras de construcción del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco. Tras la firma de la cuestionada adenda al contrato de concesión, el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, hoy Presidente de la República, renunció a su cargo a fines de mayo de 2017, dejando sin efecto el contrato y la adenda. Un año después, Kuntur Wasi inició un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones–CIADI por la cancelación del contrato.
Grinberg insistió en que no conoce la ruta que siguió la transferencia reportada como sospechosa. “No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán ni en ningún otro país extranjero. No conocemos a la financiera Columbusnet”, remató.
El ingeniero argentino aseguró que el monto de los ‘gastos’ no alcanzó de ninguna manera los más de 98 mil dólares. Ante esta respuesta, se le entregó los números de las facturas que Corporación América aseguró que Estudio GF entregó como respaldo del servicio brindado.
Carlos Grinberg dijo que revisaría la información en sus archivos pero nunca más respondió nuestros mensajes y llamadas.
Giuliana Cavassa de Andino Investment Holding tampoco ha entregado los comprobantes del pago del servicio que se le atribuye a Estudio GF porque aseguró que “la política de la empresa prohíbe difundir documentos sobre terceros”. Lo que sí señaló es que las facturas tienen fecha 9 de enero de 2015: la primera por un monto de 71 mil 925 dólares y la segunda por 26 mil 160 dólares. En ambos casos el concepto de los comprobantes aparece como “Certificado Nº1 LEED”, indicó.
Convoca.pe preguntó a Cavassa por qué se le pagó a Estudio GF en febrero de 2015 por el trámite de una certificación que recién realizaría años después, es decir, cuando el proyecto esté concluido. Al respecto, la abogada señaló que el ingeniero argentino se involucró en el proyecto desde las tareas iniciales antes de que se presente el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) al Ministerio de Transportes y que incluso Grinberg entregó un CD con planos como parte de su servicio. Pero esta documentación tampoco fue entregada a este medio.
¿Se realizaron otros desembolsos para Estudio GF? La abogada respondió que “es posible”.
El viaje de la fiscal
Las investigaciones relacionadas a las compañías del consorcio Kuntur Wasi no solo se realizaron en Perú.
A finales de 2018, Corporación América y tres miembros de la familia Eurnekian fueron denunciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la justicia federal Argentina por “soborno trasnacional” vinculados al caso Chinchero.
Procelac señaló que había recolectado “suficientes pruebas como para afirmar que las personas a cargo de Corporación América”, como parte de la Sociedad Aeroportuaria de Kuntur Wasi, “habrían intervenido en actos de sobornos en calidad de coautores” ofreciendo “sumas de dinero, dádivas u otras compensaciones a funcionarios públicos peruanos” para la suscripción de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto.
Cuando el caso se abrió en Argentina, la fiscal Zoila Sueno solicitó reunirse con su colega Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación en dicho país, y viajó a su encuentro en febrero de 2019 para intercambiar información y averiguar si existía evidencia de pago de sobornos por parte de los representantes de Corporación América.
Fiscal Zoila Sueno Chirinos. Foto: Gestión.
Durante esta visita, la fiscal peruana también se reunió con el juez federal Claudio Bonadio, quien tenía información relacionada a Hugo Antranik Eurnekian, hermano menor de uno de los directores de Kuntur Wasi y Proyecta & Construye, sobre ‘Los cuadernos de la corrupción’, un caso que reveló una serie de anotaciones que vinculaban a funcionarios argentinos con el pago de sobornos por obras públicas.
La investigación en Argentina, sin embargo, fue archivada el 10 octubre de 2019 a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Una de las razones: no había imputados argentinos en la investigación de la fiscal Zoila Sueno, según quedó registrado en el acta del fiscal Pollicita tras su reunión en febrero con la fiscal, como pudo corroborar Perfil para este reportaje.
Vaivén de millones
En las indagaciones preliminares del fiscal José Domingo Pérez se registraron millonarios movimientos de dinero de Kuntur Wasi vinculados a las compañías de Corporación América, que revelaban que el consorcio no contaba con suficientes recursos para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero, y por lo tanto, cumplir con el contrato suscrito con el Estado peruano.
Cedicor (Uruguay) y Liska Investments (Islas Vírgenes Británicas), compañías relacionadas al conglomerado argentino, y Aeropuertos Andinos (Perú) realizaron préstamos por 3 millones 800 mil dólares a Kuntur Wasi en 2016.
El último préstamo otorgado a Kuntur Wasi fue de Aeropuertos Andinos por la suma de 1 millón 200 mil dólares, el 23 de diciembre de 2016, seis semanas antes de que se suscribiera la adenda Nº 1 al contrato de concesión del aeropuerto Chinchero.
Sin embargo, la fiscal Zoila Sueno consideró que estos préstamos por casi 4 millones de dólares otorgados a Kuntur Wasi durante 2016 fueron una práctica empresarial común debido a que el consorcio no generaba liquidez y debía realizar pagos relacionados al proyecto Chinchero como los estudios de ingeniería.
Pero no solo Kuntur Wasi tenía problemas de financiamiento sino también su principal contratista: Proyecta & Construye.
En marzo de 2014, la empresa tenía un patrimonio de apenas S/. 609 mil 088 soles (unos 217 millones de dólares) y activos por S/1 millón 374 mil 413 soles (cerca de medio millón de dólares), según informaron sus accionistas a la Bolsa de Valores de Lima. (El tipo de cambio utilizado es 2.81 correspondiente a marzo de 2014).
Proyecta & Construye fue contratada bajo una modalidad conocida como “llave en mano”, en la que el contratista asume la responsabilidad del proyecto para luego entregárselo al contratante, en este caso Kuntur Wasi, una vez que la obra se encuentre operativa.
Los movimientos económicos entre el consorcio y su contratista fueron objeto de investigaciones fiscales. Según la disposición no 72 de la fiscal Zoila Sueno, Kuntur Wasi realizó una serie de pagos a Proyecta & Construye por cerca de 9 millones de dólares por “conceptos de adelanto” y “valorización de trabajos de ingeniería”, entre 2014 y 2016.
Según indagaciones preliminares del fiscal Pérez, el monto por dichos conceptos podría ser superior por varios millones y no guardaban relación con los estados financieros del consorcio.
Un banco en Armenia
Otras transacciones vinculadas a empresas en paraísos fiscales son los préstamos otorgados al consorcio Aeropuertos Andinos, conformado por las mismas empresas que integran Kuntur Wasi. Según las investigaciones fiscales, entre 2016 y 2017 Aeropuertos Andinos, encargado de ejecutar obras cinco aeropuertos del sur del Perú, recibió dos préstamos por US$2 millones de Converse Bank CJSC, un banco en la República de Armenia.
En dichos contratos de préstamos, Santa Catarina Corporation y Liska Investment, domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, actuaron de garantes, y Mario Gálvez Abad, exgerente de Aeropuertos Andinos y apoderado de Proyecta & Construye, según registros públicos.
Al igual que Liska Investment y Santa Catarina Corporation, Converse Bank se encuentra afiliada a la multimillonaria familia argentina Eurnekian y a su emporio comercial: Corporación América, dueña de más de 52 aeropuertos en 7 países.
Converse Bank CJSC ubicado en la República de Armenia. Créditos: MLL Industries.
“Converse Bank era un banco que nos financiaba de todas maneras”, señaló Gálvez Abad, quien aseguró a Convoca.pe que a pesar de su cargo en Proyecta & Construye no tuvo ninguna participación en el proyecto Chinchero y que desconoce la transacción que presuntamente iba dirigido a Estudio GF.
Entre 2014 y 2017, durante el proceso de licitación y firma de la adenda del contrato del aeropuerto Chinchero, Mario Gálvez Abad viajó a Argentina cinco veces, coincidiendo en tres fechas entre octubre 2016 y noviembre del 2017 con Carlos Vargas Loret de Mola, director de Kuntur Wasi, y José Balta del Río, gerente general del consorcio.
En esos días, quien estaba a cargo de la parte operativa de Proyecta & Construye era el portugués Rui Pedro Varanda Guimaraes. Él fue contratado por dicha empresa en noviembre de 2013 para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto del aeropuerto Chinchero.
Antes de trabajar para la principal contratista de esta megaobra, Guimaraes fue presidente y director ejecutivo de Mota Engil Perú, una de las empresas que integraba el Consorcio Aeroportuario Imperial y que competía en el proceso de adjudicación del aeropuerto del Cusco contra Kuntur Wasi y el Consorcio Aeropuerto Chinchero, integrado por Graña y Montero.
La oferta económica del consorcio peruano-argentino fue más atractiva para los funcionarios del gobierno de Ollanta Humala en abril de 2014: estaba por debajo de las compañías competidores, algunas de ellas investigadas por su participación en el ‘Club de la Construcción’, aquel cártel de empresas que se repartían las obras adjudicadas por Provías Nacional, del Ministerio de Transportes.
Chinchero Crédito: Shutterstock

Fincen Files: acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

Por Iván RuizMaia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon– Diario La Nación Argentina.*
El proyecto de un nuevo aeropuerto para Cusco y Machu Picchu, emblema del turismo andino. Una obra valuada en US$500 millones que nunca comenzó, pero provocó un escándalo político en Perú. Y una investigación judicial archivada en la Argentina. El “caso Chinchero” obligó al presidente peruano, Martín Vizcarra, a dar explicaciones en el congreso. Pero fue un giro menor de esa trama, por apenas US$98,000, lo que encendió las alarmas del sistema financiero de los Estados Unidos.
Dos años antes de que el escándalo estallara en Perú, un banco de Nueva York analizó ese giro por US$98.000 de febrero de 2015 y puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América -el grupo que lidera Eduardo Eurnekian- y a su socia peruana para el aeropuerto en Cusco, Andino Investment Holding.
El Bank of New York Mellon envió un reporte de operación sospechosa al organismo antilavado de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), en junio de 2015, con detalles sobre 3239 transferencias. Entre ellas, la referida al giro por US$98,000 que terminó en una cuenta en las islas Caimán de la financiera uruguaya Columbusnet SA.
El giro no salió, sin embargo, de las cuentas de Corporación América o de su socia, Andino, sino por cuenta y orden de una subsidiaria de ese consorcio. ¿Su nombre? La peruana Proyecta & Construye SA, según surge de los 2100 reportes que bancos de todo el mundo enviaron a la FinCEN , obtuvo BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACIÓN.
Aeropuerto Internacional Chinchero- Cusco, un proyecto que nunca se concretó Crédito: Captura de video.

El contrato

La sociedad entre Corporación América y Andino Investment Holding nació en 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco, con la modalidad público-privada.
Corporación América y Andino Investment Holding fundaron una subsidiaria, Proyecta y Construye, a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos, explicaron ambas empresas ante la consulta del equipo de ICIJ para esta nota, integrado por Convoca.pe (Perú), el Semanario Búsqueda (Uruguay) y Perfil y LA NACIÓN (Argentina). En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto “llave en mano”. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.
Ante la consulta de los miembros de esta investigación, Giuliana Cavassa (gerenta de Asuntos Institucionales Andino Investment Holding) y voceros de Corporación América defendieron la legalidad de su proceder. Indicaron que la transacción señalada como “sospechosa” en el reporte de FinCEN fue por “el pago de unas facturas a Estudio GF SA, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED”.
Estudio GF SA es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. ¿Por qué se usó la cuenta de una financiera uruguaya con cuenta en Islas Caimán para realizar esos pagos? “Probablemente porque en el momento fue solicitado así por el proveedor”, respondió Cavassa.
“No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán y no conocemos a la financiera Columbusnet”, sostuvo, sin embargo, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF SA ante la consulta del equipo de ICIJ. “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”, aseguró Grinberg.
Andino asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF SA, con fecha 9 de enero de 2015, con el concepto: “Certificado Nº 1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera fue por US$71.925.76 y la segunda factura US$26.160 (total, US$98.085,76). El titular de Columbusnet SA, Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar sus cliente y las actuaciones que se estén realizando”.
Fragmento del reporte de operación sospechosa con el giro de Proyecta&Construye a Columbus Net

La pesquisa judicial

En Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de Perú, la adenda podía perjudicar las arcas públicas al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado peruano y un presunto perjuicio de unos U$40 millones.
No sólo eso. Pese al replanteo contractual, las obras en el aeropuerto de Cusco -que ya deberían estar concluidas- nunca comenzaron y el Estado terminó por suspender el contrato. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado peruano.
Para entonces, hacía cuatro meses que la fórmula presidencial Pedro Pablo Kuczynski – Martín Vizcarra había llegado al poder. Vizcarra tenía doble cargo: además de vicepresidente, era ministro de Transporte. Pero la firma de la adenda desató un escándalo que conllevó su interpelación en el Congreso y su posterior renuncia como ministro, aunque continuó como vicepresidente y terminó asumiendo la presidencia cuando Kuczynski dimitió por los coletazos del Lava Jato.
El proyecto fallido del Aeropuerto Internacional Chinchero Crédito: Captura de video.
En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.
Consultados por LA NACIÓN, desde Corporación América rechazaron de plano esa hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. “Las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales)”, agregaron.
En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era “lesiva” para el erario público peruano porque establecía que el Estado “asumía el riesgo por financiación de la obra”, algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.
La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y a si la adenda de 2017 terminó perjudicando al Estado, algo que tanto Vizcarra como Andino y Corporación América han negado. Ante la consulta del equipo de ICIJ, Corporación América dijo que la adenda “no trajo cambios respecto del riesgo financiero” y que “el Estado salía beneficiado y no así el consorcio”. “Lamentablemente, como estas cuestiones se encuentran discutidas en el CIADI, no podemos dar información al respecto”, afirmaron. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra ($265 millones) y que la adenda “solo cambió el mecanismo de financiamiento”.
Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato. Abarca a 13 personas, aunque entre los imputados no figuran ni Vizcarra, ni directivos de Corporación América.
Chinchero, cerca de Cusco Crédito: Shutterstock.
En la Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Corporación América ante la Justicia local en 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato “permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto”. La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal peruana, incluso, llegó a viajar a Buenos Aires para intercambiar información con Comodoro Py.
A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que “no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana”. Aclaró, sin embargo, que no correspondía sobreseer a los argentinos denunciados por la Procelac porque parte de la investigación sigue su marcha en Perú.
*Con la colaboración de Emilia Delfino (Perfil www.perfil.com), Milagros Salazar y Shirley Cayetano (Convoca.pe), Guillermo Draper (Semanario Búsqueda) y Ricardo Brom (LN Data).

La hora de la verdad

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Por  – LimaGris.com
Empezó el zafarrancho. Los postes tambalean, la carpa se viene abajo, los cirqueros salen en desbandada y los policías y fiscales van detrás de ellos. Los periodistas están en su garbanzal, sacan fotos, toman notas, entrevistan a los payasos, y el pueblo al fin se entera que cuando necesitaba ser conducido por el mejor ciudadano, estuvo al mando de un papanatas que suplió sus incapacidades con mentiras. Un pobre chapucero que instruía a sus subalternos en cómo engañar al Congreso, a la Fiscalía, pero, cuando la verdad tomó cuerpo y estos se le torcieron, no supo taparles la boca para que no lo delaten. Y ahora todo el Perú lo sabe: en la peor circunstancia de su historia, tuvo al peor Presidente, rodeado de la peor gente.
Desde un principio, consciente de su falta de idoneidad para enfrentar la pandemia, el mandatario dio la orden de maquillar la realidad. Todo un ejército de burócratas se dedicó a controlar las cifras y manipular las estadísticas con el propósito de que nadie pudiera ver hacía dónde, con sus desatinos, empujaban al país. Ese fue el meollo de su estrategia. Y cada cierto tiempo, cuando sus errores saltaban a la vista, salía a buscar culpables. Le echaba la culpa a los otros, a los marginales, a aquellos a quienes el Estado nunca prestó atención. Se volvía loco cuando la gente, acuciada por el hambre, salía a las calles a vender sus baratijas. Y cuando la brutalidad policial causó la muerte de una docena de muchachos que se divertía en una discoteca, no supo qué hacer para dar vuelta a la tortilla; ordenó que les busquen antecedentes, que les hagan toda clase de pruebas a los cadáveres. En su mente obtusa solo afloró una idea: convertir a las víctimas en victimarios.
Fiel a su estilo, desechó a los científicos y se rodeó de politiqueros y fanfarrones. De esa manera, cada medida que daba, era más descabellada que la anterior. Sometió a la población a una reclusión absurda, ilógica, en la que los sanos tuvieron que encerrarse, en viviendas precarias y reducidas, con los covid positivos, y el saldo fue de familias enteras arrasadas por el virus. No hubo una sola familia, un solo barrio (claro, me refiero a los de los pobres), en que no hubiera víctimas que lamentar.
Ordenó que, de todas las provincias, las pruebas sean llevadas a un laboratorio de Lima. De esa manera, los resultados, que debían de darse en 24 horas, terminaron dándose en 8 días. En ese lapso, como era de esperar, los positivos (que aún no lo sabían) contagiaban a medio mundo. El Gobierno siempre lo supo, pero nunca descentralizó las pruebas; en su afán de manipular la información, prefirió esa práctica perversa, infame, antes que salvar vidas.
Y cuando se trató de comprar los test, sus ministros de Salud y de Economía escucharon a quienes les dijeron que las pruebas chinas eran las mejores del mundo, y desecharon a los especialistas que les advirtieron que estas no servían, que eran pura engañifa. Siguieron el ejemplo de su jefe. Así hicieron negocios. Y lo que produjeron fue el infierno. Miles y miles de peruanos murieron con resultados negativos. Murieron en sus casas, en las calles, porque, como técnicamente estaban libres del covid, los hospitales se negaban a recibirlos. Y como esos muertos no eran tomados en cuenta en las estadísticas, el Presidente salía triunfante, mostraba su sonrisa macabra por televisión y decía que todo iba bien, que estábamos venciendo a la enfermedad.
Se podría argumentar que fue producto de la pandemia, que los demás países pasaron por lo mismo, pero no fue así. Eso se pudo haber evitado. Estando de por medio vidas humanas, se debió haber hecho un estricto control de calidad. Pero se prefirió el negocio, la ganancia. Esa es la única explicación para que, al mismo tiempo, sistemáticamente, el Gobierno pusiera trabas a los científicos que procuraban pruebas y vacunas nacionales. Hicieron las cosas al revés. Hicieron lo contrario, por ejemplo, que Uruguay, donde se apostó por los científicos y, antes de que llegara el virus, ya tenían una prueba propia. No tuvieron necesidad de comprar nada. El Perú sí. Pero eso no justifica que se haya comprado pruebas inservibles y desencadenando, con ello, la mortandad. Y eso no fue gratis. Para cometer tamaña barbaridad, no basta la incompetencia; se necesita también de la corrupción. Y quienes lo hicieron, tienen que acabar con sus huesos en la cárcel.
Después vino la pitanza de los gallinazos. Los dueños de las clínicas, de las farmacias, de las plantas de oxígeno medicinal y demás mercenarios de la salud, acogotaron a la población desesperada. Un tratamiento del covid llegó a costar hasta un millón de soles (unos 300 mil dólares), una pastilla subió diez veces su precio, un balón de oxígeno que antes costaba 200 soles pasó a costar más de mil. Y todo ello con la complicidad del Gobierno. Incapaz de chocar con sus amigotes los empresarios, los funcionarios se hicieron de la vista gorda. Pero esa vuelta de ojos también tuvo un precio. Para efectos de una investigación, es preferible pensar que no fueron idiotas sino corruptos. Y que la incapacidad, la mentira y la corrupción mataron más gente que el virus.
Y luego el festín de Reactiva Perú. Una repartija inmoral, sádica, delante de los moribundos. El Gobierno regalando miles de millones de soles a sus socios los empresarios (sí, a los mismos dueños de las clínicas, las farmacias y el oxígeno que se lucraron con la pandemia), premiandolos por ser tan desalmados. Y también dándoles su alita, como se acostumbra en las mafias, a los buenos muchachos de las empresas corruptas de la construcción. Toda una orgía con el dinero de todos los peruanos, y que difícilmente será devuelto, pues el Presidente ya puso al Estado como garante. Es decir, que a la larga esa deuda será pagada por los más pobres, por aquellos que no recibieron ni un cobre, por quienes, en los distritos, en los caseríos, tuvieron que hacer colectas públicas para comprar una planta de oxígeno.
Pero todo tiene un límite, hasta la mendacidad. Y el accionar criminal, genocida del Gobierno ha sido descubierto. Los muertos empezaron a clamar dentro de sus nichos, debajo de la tierra, y los mismos delincuentes e inmorales, asfixiados por sus propias mentiras, rompieron la maraña para salir huyendo. La verdad entonces salió a la luz, y el mundo entero pudo ver el rostro horripilante, el cuerpo contrahecho de la desgracia. El Perú ha sido masacrado, arruinado, y los muertos ya deben sobrepasar los 100,000. En siete meses, ha quedado más quebrado que con la guerra con Chile, que duró cinco años. Y han fallecido más peruanos que en la guerra con Sendero Luminoso, que duró veinte. Eso no debe quedar impune. Es la impunidad, y no la delincuencia, el tobogán que conduce hacia un Estado fallido. Corresponde a los peruanos salir en auxilio del Perú. Es urgente, vital, exigir sanción para quienes condujeron al país a lo que ahora ya es inocultable: la catástrofe humanitaria.
Hace poco, Pablo Casado, líder del PP, dijo, respecto a la pandemia del covid, que solo el Perú estaba peor que España. Dijo la verdad. Pero el embajador peruano en ese país se molestó y le envió una carta manifestando su malestar. El pobre creía que aún seguía en funciones; no se dio cuenta de que el circo ya se había caído. Días después, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, nos mostró cómo el país que peor ha manejado la crisis de la pandemia. Y ya nadie dijo nada. Claro, hubiera sido ridículo salir a decir lo contrario, pues ya todo el mundo estaba enterado de lo que había ocurrido en nuestro país. Por eso, ante los ojos de la comunidad internacional, el Perú debe levantarse, rehacerse, nombrar una Comisión de la Verdad que haga trizas la ominosa maraña de mentiras y devele todo lo sucedido durante la pandemia. Hoy más que nunca es necesario conocer la verdad. Y que se haga justicia. Solo así nuestros muertos podrán obtener paz, y nosotros, los sobrevivientes, encaminarnos con dignidad hacia el futuro.

Fiscal Reynaldo Abia solicita a Martín Vizcarra que fije fecha para brindar su testimonio por el caso Mirian Morales

El fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó al presidente de la República, Martín Vizcarra, que fije el lugar, la fecha y la hora para que brinde su testimonio por los «presuntos actos de corrupción o irregularidades en las contrataciones que habría realizado Mirian Morales», exsecretaria general de Palacio de Gobierno.
Recordemos que Abia investiga las contrataciones de Jorge y Claudia Mere Vidal, expareja y excuñada de Morales, con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respectivamente.
En el oficio en que formaliza el requerimiento a Vizcarra, el representante del Ministerio Público señala que el mandatario deberá elegir si la declaración se toma de forma presencial en su domicilio, en su despacho, o de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.
En entrevista con Exitosa, Reynaldo Abia dijo que Vizcarra Cornejo no tiene un plazo fijo para responder ante su despacho, pero invocó que se programe «lo más pronto» posible.
«Hay una serie de delitos que todavía estamos indagando, no podemos precisar todavía las imputaciones. Incluso, hay investigaciones que tienen carácter de secreto y nosotros no podemos tocar esos hechos con el fin de que las investigaciones tengan un resultados», apuntó Abia.
Antes de ello, el dignatario había enviado una carta a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, requiriéndole que recoja su declaración en torno al caso Richard Swing.
«Solicito que recabe mi declaración o se contemple mi participación en cualquier otra diligencia, o mi aporte de algún otro tipo de información útil para los fines de la investigación. Expreso mi total disposición, en el marco de las garantías del proceso penal y el derecho fundamental al debido proceso», afirmó el jefe de Estado en el oficio.
Agregó que, si bien el artículo 117 de la Constitución Política del Perú establece que, en su calidad de presidente, la investidura presidencial implica no ser acusado durante todo el mandato, «en aras de la transparencia y el esclarecimiento de la verdad, he tomado la determinación de colaborar con las investigaciones que los representantes del Ministerio Publico hayan iniciado» sobre la irregular contratación de Swing en el Ministerio de Cultura.
Fuente: Diario EXPRESO.

Morales bajo la lupa

Editorial Diario El Comercio.
Cuando todavía nadie ha proporcionado explicaciones convincentes sobre cómo Richard Cisneros consiguió nueve contratos con el Ministerio de Cultura para realizar tareas de dudosa utilidad desde que Martín Vizcarra llegó a la presidencia, otro problema de contrataciones en el Estado en las que parecería haber existido un favorecimiento más que cuestionable roza de cerca al mandatario.
Si en el caso anterior lo que llamaba a sospecha era la circunstancia de que el personaje favorecido hubiese estado asociado al hoy presidente de la República durante la campaña electoral del 2016 (un hecho que, según el propio jefe de Estado permitió que tuviese “una participación en algún nivel del Gobierno”), esta vez la información comprometedora llega hasta el despacho presidencial, pues es la secretaria general del mismo quien ha sido señalada en un reportaje periodístico como la responsable de una serie de contrataciones que beneficiaron a la hermana de su expareja (o, si se quiere, a la tía de su hija).
La señora Mirian Morales fue, en efecto, hasta el 2017 pareja de Jorge Mere Vidal, con quien tiene una hija; y ese mismo año, mientras era funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contrató a la hermana de este, Claudia Teresa Mere Vidal, para que trabajara directamente con ella. En ese momento la señora Mere Vidal, que se había registrado como proveedora del Estado solo 20 días antes, no tenía título profesional (ahora es ingeniera industrial) y trabajaba como coordinadora de proyectos en un establecimiento comercial. Se le asignó un sueldo de S/4,500 para realizar encuestas por 45 días.
Meses más tarde, cuando Morales llegó a la Secretaría General del despacho presidencial, las perspectivas laborales de Mere mejoraron sensiblemente: nuevamente el MTC le extendió una orden de servicios por S/22,500 por tres meses de servicios profesionales. Su relación con el mencionado sector se prolongó hasta el 2019, pues se le pagaron S/6,750 por ofrecer capacitaciones y charlas informativas en Piura a lo largo de 27 días; y existen, asimismo, otras órdenes de servicios por 88 días y que alcanzan los S/25,500.
Entretanto, la situación de Jorge Mere Vidal, que prestaba servicios al Estado desde el 2009, también mejoraba. De haber tenido un sueldo de S/2,000, registró bajo este Gobierno pagos de entre S/15,000 y S/20,000 por órdenes de servicios por tres meses en el Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mere Vidal es diseñador gráfico especializado en publicidad.
La pregunta clave en todo esto es, por supuesto, si la secretaria general del despacho presidencial tuvo algo que ver con las contrataciones de estas personas evidentemente allegadas a ella. En lo que concierne a la primera de ellas –la de Claudia Teresa Mere Vidal por el MTC a fin de que trabajase directamente a su lado–, las dudas son pocas. Y en todos los otros casos, la cercanía de Morales con el presidente Vizcarra y el poder que ese vínculo le contagia, demandan una investigación con lupa.
Resulta muy inquietante, desde ya, el hecho de que, días atrás, al ser citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre su reunión con el ya mentado Richard Cisneros, la señora Morales, ante la pregunta de si había influido para la contratación de algún familiar o amigo en entidades del Estado, respondiese: “No, en absoluto”.
De acuerdo con los hechos aquí consignados, no parece ser esta una respuesta que se ajuste a la realidad, y eso es particularmente grave no solo en la medida en que compromete a la señora Morales, sino también por la sombra que arroja sobre lo que ocurre en el entorno del presidente.
Ojalá que las distracciones y las salidas políticas altisonantes desde el Ejecutivo no sirvan para acallar investigaciones que no por incómodas se hacen menos necesarias en este momento. La fiscalía y el Parlamento tienen la palabra.

Palacio de Gobierno: Mirian Morales y los contratos de su ex pareja con el Estado

Todo comenzó con los más de 175 mil soles que el Ministerio de Cultura le pagó a Richard Swing en diversas órdenes de servicio desde el año 2018 al 2020. La ruta de las contrataciones nos fue dando más nombres de los involucrados. Hoy, no solo es Richard Swing quien se benefició de sus contactos para lograr jugosos pagos. En esta historia también aparece Mirian Morales Córdova, Secretaria General del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, y en este informe te contaremos, cómo Jorge Mere Vidal, ex pareja y padre de la hija de Mirian Morales, consiguió diversas contrataciones con el Estado, a pesar de no contar con grados o títulos académicos.
¿QUIÉN ES MIRIAN MORALES?
Para entender más sobre el caso, debemos conocer su formación y el recorrido de Morales Córdova en el Estado. La señora Morales es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magíster en Política y Gestión Medio Ambiental por la Universidad Carlos III de Madrid, con estudios de doctorado en Antropología. Antes de trabajar con el presidente Vizcarra, Morales Córdova ocupó diferentes puestos en diversos ministerios en el Gobierno de Ollanta Humala.
Su primer trabajo en el Estado fue en el Ministerio de Energía y Minas, donde tuvo el cargo de “Especialista en Resolución de conflictos de Gestión Social”, entre diciembre del 2010 y junio de 2012. Luego pasó a trabajar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo el cargo de “Experta en Misión. Proyecto de Prevención de Conflicto en el uso de Recursos Naturales”, de julio de 2012 a septiembre de 2014.
En agosto de 2014, Mirian Morales llega al Ministerio de Agricultura y Riego, ahí es colocada como “Coordinadora de la Unidad de Prevención de Gestión de Conflictos y Asesora de Alta Dirección” en la Autoridad Nacional del Agua, institución adscrita al MINAGRI. Puesto que ocupó hasta agosto del año 2016.
Con la llegada de PPK a la presidencia en el 2016, Martín Vizcarra se convierte en Vicepresidente del Perú y en ministro de Transportes y Comunicaciones. Otra de las personas que llega al Ministerio de Transportes en agosto de 2016, es Mirian Morales, designada por Vizcarra como Directora de Asuntos Socio Ambientales.
Presidente Martín Vizcarra y Mirian Morales. Foto: Caretas.
Con el escándalo del caso Chinchero, Martín Vizcarra se va del país y se convierte en embajador del Perú en Canadá, pero Morales Córdova permanece en su puesto hasta el 24 de marzo de 2018. En dicha fecha el exministro del MTC Bruno Giuffra Monteverde, aceptó su renuncia y horas después con la llegada de Martín Vizcarra a la presidencia del Perú, Mirian Morales se convirtió en Secretaria General del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, nuevamente designada por Martín Vizcarra.
Sin duda, durante la época del Ministerio de Transportes, Morales Córdova supo ganarse la confianza del presidente Vizcarra.
LA EX PAREJA (JORGE MERE VIDAL)
La ex pareja y padre de la hija de Mirian Morales, es Jorge Mere Vidal. Curiosamente Mere Vidal no cuenta con grados o títulos académicos, como lo confirma la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
A pesar de eso, el señor Mere Vidal comienza a ser contratado por el Estado el 24 de octubre de 2013. Su primera orden de servicios fue por el monto de 6 mil soles con el Ministerio de Agricultura y Riego.
El 28 de enero de 2015 Jorge Mere, consigue una nueva orden de servicio por el monto de S/ 6 750 soles, en SERFOR, órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. En esta oportunidad es contratado para el “Servicio de Apoyo al Archivo de SERFOR”. Recordemos que esa misma fecha Mirian Morales Córdova ocupaba el cargo de “Coordinadora de la Unidad de Prevención de Gestión de Conflictos y Asesora de Alta Dirección” en la Autoridad Nacional del Agua, institución adscrita al Ministerio de Agricultura.
Cinco meses después, Jorge Mere conseguiría otra orden de servicio con SERFOR, con la diferencia que el monto se elevó a S/10,125 soles. ¿Qué tenía que hacer esta vez? lo mismo que meses atrás: “Servicio de Apoyo en el Archivo de SERFOR”. En esta fecha Mirian Morales continuaba en su cargo en el Ministerio de Agricultura.
Tres meses después, Jorge Mere conseguiría su cuarta orden de servicio con el Gobierno. El 14 de septiembre de 2015, aparece un contrato por el monto de S/10,500 soles. Por tercera vez para las labores de “Servicio de Apoyo de Archivo” en SERFOR. ¿Quién era la Directora Ejecutiva de SERFOR en el 2015, año en que Jorge Mere conseguía las órdenes de servicio? nada menos que la actual ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ella ocupó el cargo de Directora Ejecutiva de SERFOR, entre Julio de 2014 y Octubre de 2016. Es decir, esos contratos para la ex pareja de Mirian Morales fue precisamente cuando Fabiola Muñoz y Morales Córdova trabajan en el Ministerio de Agricultura. ¿Casualidades?
Viceministra Patricia Balbuena, Lita Verástegui y ministra Fabiola Muñoz.
Como mencionamos, Fabiola Muñoz deja el cargo en octubre de 2016 en SERFOR. Pero un hecho grave sucede en su gestión como Directora Ejecutiva. Se trata de la denuncia por fraude presentada por Edgard Lázaro Alcántara, representante legal del Banco GNB Perú, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima. Un fraude que sufrió el Banco GNB Perú, por un monto aproximado de 12 millones de soles. Dentro de los investigados en dicho caso, aparece Lita Aimé Verastegui Soto, ella se desempeñaba como Directora de la Oficina General de Recursos Humanos en SERFOR, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Riego entre el año 2015 y 2016.
Lita Verástegui, luego fue designada por Patricia Balbuena como Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Luego pasó a PRONABEC del MINEDU, y finalmente terminó trabajando al lado de Patricia Balbuena en el Ministerio de Inclusión Social en plena cuarentena. ¿Por qué mencionamos a Lita Verastegui Soto? sucede que la mencionada funcionaria también fue citada para el 23 de junio por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, por el caso Richard Swing.
Aquí el documento de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.
De igual forma la actual ministra Fabiola Muñoz fue involucrada directamente por tres presuntas irregularidades, debido a la exoneración del proceso de selección para las contrataciones por un monto aproximado de un millón setecientos mil soles, tal como lo señala el informe de Auditoría N° 017-2016-2-0052.
JORGE MERE Y LOS CONTRATOS EN LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE VIZCARRA
El 17 de mayo de 2016, 11 de julio de 2016 y el 01 de agosto de 2016, Jorge Mere Vidal consiguió tres órdenes de servicio en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El monto de cada orden de servicio fue de 2 mil soles. Pero su suerte cambiaría con Mirian Morales como Secretaria General de Palacio de Gobierno y con Martín Vizcarra como presidente de la República.
Posteriormente, Jorge Mere Vidal inició el año 2019 con pie derecho, ya que el 17 de enero consiguió una orden de servicio por el monto de 5 mil soles. En el detalle del contrato aparece “Contratación de Consultor como Asistente para Archivo del Programa de Agua Potable y Saneamiento”. Esta orden de servicio fue realizada por el Ministerio de Vivienda.
Un mes después, exactamente el 20 de febrero de 2019, la ex pareja de Mirian Morales consiguió otra orden de servicio por 5 mil soles. Nuevamente para trabajar como asistente del archivo en el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. 13 días después, Morales Córdova viajó a Canadá para una convención anual de minería.
Después de 30 días, Jorge Mere es beneficiado con una nueva orden de servicio, pero aquí comenzaría también un nuevo ascenso económico. El 21 de marzo del año 2019, el Programa Nacional de Saneamiento Rural contrató al padre de la hija de Mirian Morales por el monto de 15 mil soles por el servicio de “Encargado de Archivo para la Coordinación Administrativa Financiera”. Esa sería su tercera orden de servicio con el Ministerio de Vivienda.
Pero la ex pareja de Mirian Morales seguiría con la buena racha, ya que 70 días después, conseguiría un nuevo contrato por un monto de 20 mil soles. Tal como figura en la orden de servicio del 12 de junio de 2019. La entidad que contrata nuevamente es el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. ¿Quiénes estuvieron como ministros de Vivienda cuando Jorge Mere logró esos contratos? fueron dos funcionarios conocidos: Javier Román Piqué del Pozo y Carlos Bruce Montes de Oca. Todas las órdenes de servicio del señor Jorge Mere suman un total de S/84,375 soles.
MIRIAN MORALES EN LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO
Morales Córdova aparte de ser Secretaria General en Palacio de Gobierno, actualmente también es parte del directorio de ElectroPerú, y es conocida en el ambiente palaciego como la mano derecha del presidente Martín Vizcarra.
El viernes 26 fue citada a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por el caso Richard Swing. Esta vez Morales Córdova se presentó de forma presencial y respondió aunque algo incomoda, las diversas preguntas de los congresistas que integran la Comisión de Fiscalización. Una de las preguntas fue ¿existe algún grado de afinidad con Richard “Swing” Cisneros? a lo que respondió “No me une ningún grado de parentesco ni afinidad”. Pero cuando el parlamentario y presidente la Comisión de Fiscalización Edgard Alarcón, le preguntó sobre el señor Jorge Mere Vidal, Mirian Morales confirmó que el señor Mere Vidal es el padre de su hija.
Mirian Morales en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
La pregunta la tomó por sorpresa, porque su expresión y esos segundos en silencio antes de responder reflejaron su preocupación y nerviosismo. Otra confirmación que hizo la misma Morales Córdova, es que conoce y se reunió en Palacio de Gobierno con el señor Luis Rivera Talledo, a quien hemos denominado el Richard Swing del Ministerio de Educación.
Los personajes y las evidencias saltan a la vista. Conocer o tener relaciones con el poder de turno permite buenos beneficios económicos. No solo Richard Swing sería uno de los beneficiados; en la lista también aparece el nombre de Luis Rivera Talledo, Jorge Mere (ex pareja de Mirian Morales), Edgar Zapata Yactayo (esposo de Karem Roca Luque), Odaliz y Alejandro Paul Roca (hermanos de Karem Roca). También se confirmó que trabajan en el Estado tres hermanos de Mirian Morales. Se trata de José Antonio (PerúPetro), Mary Lucerina (DIRESA) y Luz Marina Morales Córdova (OSCE).
Declaración Jurada de Mirian Morales.
Para finalizar, otra de las personas que también consiguió órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes fue Claudia Mere Vidal, hermana de Jorge Mere. Ella registra dos órdenes de servicio en el MTC. La primera orden tiene fecha de 20 de septiembre de 2017, por el monto de S/4,500 soles. La segunda orden de servicio es por S/22,500 soles, con fecha de 01 de octubre de 2018. El segundo contrato, ya con Martín Vizcarra como presidente del Perú.
Luego de ser cuestionado en conferencia de prensa sobre el caso Richard Swing, el presidente Martín Vizcarra mencionó: “…El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento, con tu experiencia, te lo ganas solo y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público…”.
Lamentablemente son solo palabras. La realidad es otra.
Fuente: LimaGris.com

Fiscal morada

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Rocío Sánchez: Control Interno abre investigación a fiscal por chat con asesor de Julio Guzmán

Por – Diario Perú21.
La Fiscalía de Control Interno abrió indagación preliminar a la fiscal del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez, por los mensajes que compartió vía WhatsApp con Carlo Magno Salcedo, asesor del líder del Partido Morado, Julio Guzmán.
El dominical Panorama publicó un chat del 17 de agosto en el que Salcedo le consulta a la fiscal si la llamada telefónica que recibió Guzmán, investigado por aportes de Odebrecht, “tiene alguna relación con lo que hemos estado coordinando”.
“No, no tiene nada que ver, no será de esa carpeta, por eso yo no envío oficio a ningún despacho. Antes que vaya y le hagan un show mediático verifiquen qué número de carpeta es y yo lo veo en el sistema”, respondió la fiscal.
Minutos después, el asesor político dijo que quien llamó a Guzmán fue la fiscal Lily Romualdo Jaque, adjunta del fiscal José Domingo Pérez en el caso Lava Jato, y le envió a Sánchez Saavedra el número de la carpeta 92020. “Lo busco (la carpeta), estoy en declaración con testigo”, contestó Sánchez.
Precisamente, el 17 de agosto que se registró el chat, el fiscal Pérez dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Guzmán para aclarar los presuntos aporte irregulares que habría recibido de la empresa Odebrecht en 2016.
La fiscal superior Rosario Velazco inició la investigación a Rocío Sánchez al advertir que esta, de acuerdo a la resolución a la que accedió Perú21, “se ofreció a averiguar sobre la carpeta” que dio cuenta Salcedo. Asimismo, investigará a Lily Romualdo. Ambas fiscales tiene un plazo de cinco días para brindar sus descargos.
Este diario conoció que el excandidato presidencial fue citado como testigo por Sánchez para que declare sobre la presunta injerencia de los Cuellos Blancos en la campaña del 2016 en la que él participó.
Guzmán manifestó que, a través de intermediarios, le pidieron dinero en tres oportunidades para que no sea separado de carrera por el Jurado Nacional de Elecciones, un hecho que finalmente sucedió.
Fuente: Diario Correo.

Carolina Lizárraga renunció al CEN y al Comité Político del Partido Morado

La congresista Carolina Lizárraga renunció al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y al Comité Político del Partido Morado. A través de una carta dirigida al líder de la referida agrupación, Julio Guzmán, la legisladora indicó que mantendrá su condición de militante del partido, del cual es fundadora.
Asimismo, la también presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia precisó en el documento difundido por El Comercio que mantendrá su “lealtad” a los principios del Partido Morado, pese a su dimisión en los cargos partidarios referidos.
“Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y comunicarle mi renuncia al cargo de miembro del CEN y del Comité Político del Partido Morado, debiendo manifestar expresamente que mantendré mi condición de militante del partido, del cual soy fundadora, y mi lealtad a sus principios”, se lee en el oficio escrito por Lizárraga al excandidato presidencial.
La parlamentaria fue candidata a la primera vicepresidencia el 2016 acompañando a Julio Guzmán en la plancha que presentó el partido Todos por el Perú.
Dicha plancha presidencial fue excluida de dicho proceso el 9 de marzo de dicho año por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones debido a observaciones realizadas respecto a los requisitos previstos en el reglamento de la Ley Electoral en los comicios internos de ese partido.
En el movimiento político de Julio Guzmán hay dos fracciones enfrentadas. Las opiniones y órdenes del excandidato presidencial suelen caer en saco roto.

Populistas versus Oficialistas: ¿qué está pasando al interior del Partido Morado?

Por Michael Machacuay– ElFoco.pe
Las cosas no marchan bien al interior de la bancada Morada. La reciente votación por la devolución de los aportes de la ONP ha evidenciado algo que era un secreto a voces: existen marcadas diferencias políticas entre sus integrantes. El Foco ha conocido que la posición del líder del Partido Morado, Julio Guzmán, era votar en contra de la propuesta, pero solo tres congresistas le siguieron la línea: Gino Costa, Alberto de Belaunde y Daniel Olivares. A favor de la ayuda económica para los pensionistas estuvieron Zenaida Solís, Carolina Lizárraga, Miguel Gonzales y Angélica Palomino; mientras que Francisco Sagasti y José Núñez decidieron marcar en abstención.
“Es inconstitucional” y “no podemos apoyar eso” fueron las directrices que Guzmán dio a su bancada horas antes de la votación. Las indicaciones cayeron en saco roto. La mayoría de los congresistas morados no le hizo caso y optó por votar según su conciencia. Angélica Palomino, incluso, hizo pública su postura a favor antes de que el vocero Francisco Sagasti lea el recuento de los votos. Lo puso en un tuit, que luego borró. “La liviandad del líder se ha contagiado a su partido y a la bancada. Las votaciones que son pragmáticas, como las vinculas a las AFP u ONP, no revela una liberalidad moderna, sino una inconsistencia”, sostiene el periodista y analista político Juan Carlos Tafur.
El Foco ha conversado con congresistas, asesores y militantes del Partido Morado para saber qué está pasando al interior del movimiento político de Guzmán. Y la respuesta es que hay dos bandos enfrentados. De un lado están Lizárraga y los congresistas provincianos (Gonzales, Palomino y Núñez), y, del otro, el trío conformado por Costa, Olivares y De Belaunde. “Los invitados” y “los oficialistas” son los adjetivos que en el grupo de Lizárraga utilizan para referirse a los del otro bando. Del lado de Costa, Olivares y De Belaunde, por su parte, llaman “los populistas” al grupo que encabeza la exzarina anticorrupción.
¿Y Zenaida Solís? ¿Y el vocero Francisco Sagasti? Ambos congresistas, por el momento, han optado por mantenerse al margen de la pelea interna. Solís y Sagasti a veces votan con uno u otro grupo. “Julio Guzmán dice que el Partido Morado es de centro. ¿Existe, realmente, el centro? Nosotros creemos que no. El Partido Morado debe ser de centro izquierda. Olivares, Costa y De Belaunde quieren lo contrario: un movimiento de derecha, alineado con las grandes empresas y con el Gobierno. Ellos le han vendido la idea a Julio Guzmán que puede capitalizar las cosas buenas que ha hecho la gestión de Martín Vizcarra”, dijo un congresista provinciano a El Foco.
La rivalidad al interior de la bancada Morada ha saltado también a las redes sociales. Y, como no faltaba más, con trolls incluidos. El miércoles 26 de agosto, un día después de la votación de la ONP, la cuenta anónima @smartbeteta revivió en Twitter una vieja denuncia contra Carolina Lizárraga: la adquisición de un departamento que hizo en el 2000 mediante una empresa offshore. El troll, que se caracteriza en Twitter por defender casi siempre a Julio Guzmán, estuvo todo el día –con buena acogida, ciertamente– atacando a Lizárraga. En uno de sus tuits, incluso, colocó: “Desde que ingresó al Partido Morado se ha dedicado a elaborar toda clase de conspiraciones con tal de erigirse como la candidata presidencial”.
La respuesta de Lizárraga al inesperado ataque también se dio vía Twitter. “Si por defender la vida y la dignidad de los que aportaron años sin recibir nada dicen que soy ignorante, populista e irresponsable, pues a mucha honra lo seguiré siendo, aunque les duela”, escribió Lizárraga. Desde el entorno de la exzarina anticorrupción sospechan que los ataques contra ella vienen del bando de los “invitados”, el grupo con el que Guzmán hoy se siente más cercano y coordina casi todo.
Lizárraga es fundadora del Partido Morado, integra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y es la secretaria nacional de Asuntos Legales del movimiento político. En el 2016, además, fue la candidata a la segunda vicepresidencia de Guzmán. ¿Lizárraga de verdad quiere ser la propuesta presidencial de los morados? Desde el entorno de ella niegan esa intención. Y, sostienen, que su postura díscola se debe únicamente a que busca que el partido gire un poco a la izquierda y se distancie del Gobierno de Martín Vizcarra.
Las riñas al interior de los morados no son recientes. Los primeros desencuentros se produjeron en noviembre del año pasado, cuando Guzmán decidió incluir a media docena de invitados –con números preferentes– en la lista de candidatos al Congreso. De ellos, solo Gino Costa y Alberto De Belaunde consiguieron una curul. También Olivares, quien, pese a frecuentar el partido desde su fundación, todavía no se ha inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. El descontento con Guzmán por la imposición de invitados se acrecentó cuando, una semana antes de los comicios del 26 de enero pasado, se reveló lo del incendio del departamento de Miraflores. Un sector del Partido Morado exigió que Guzmán pida licencia, lo cual no se concretó por decisión mayoritaria del Comité Político.
Las peleas partidarias no demoraron mucho en trasladarse a la novel bancada Morada. Y es que, una vez instalada la legislatura, la orden que vino desde la cúpula del partido fue que cada parlamentario tenga, al menos, un asesor que sea militante. La indicación incomodó a algunos, como Lizárraga y Sagasti. Si bien la imposición no se concretó del todo, Guzmán sí pudo colocar a dos de sus incondicionales como asesores principales de la bancada: Rodolfo Pérez y Carlo Magno Salcedo.
Pérez es el secretario general del Partido Morado y es el principal consejero de Guzmán. Salcedo es el secretario de Doctrina del movimiento. Entre Pérez y Salcedo deciden qué proyecto va y cuál no. En los últimos meses las iniciativas legislativas del sector de “los independientes” son las que más fácil han tenido luz verde. Además de la presencia de Pérez y Salcedo, otra molestia en el grupo provinciano de los morados es la decisión de Guzmán de mantener como personero legal del partido a Marco Zevallos, quien es investigado por la Fiscalía en el caso de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
Alberto De Belaunde, Daniel Olivares y Gino Costa: los “invitados oficialistas” de la bancada Morada. (Foto: Facebook)
El primer desencuentro en una votación de la bancada Morada se dio en abril, cuando por insistencia el Congreso promulgó el retiro del 25% de fondos de las AFP. Los morados se fraccionaron y cuatro votaron en contra (De Belaunde, Olivares, Sagasti y Solís), tres a favor (Gonzales, Lizárraga y Palomino) y dos no asistieron (Costa y Núñez). Esa conducta se ha repetido en los últimos plenos. En la reciente admisión de las mociones de interpelación contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva, nuevamente un grupo votó a favor y otro en contra. Lo mismo sucedió cuando se aprobó la nueva norma que regula la presentación de declaraciones juradas de intereses de funcionarios públicos.
“Cuando hay posiciones de emoción social dejamos que cada miembro vote de acuerdo con su criterio”, dijo a El Foco el portavoz, Francisco Sagasti, quien acotó que su “ideología republicana” les permite tener espacios “ligeramente distintos” en temas económicos y sociales. Sin embargo, hay que recordar que otro fue el mensaje que dio Julio Guzmán cuando se conoció los resultados a boca de urna de las elecciones de enero: “Vamos a ser una bancada unida”.
“Nosotros prometemos eso, trabajar como un equipo de verdad. Además, el Partido Morado va a ser una bancada constructiva con el Ejecutivo, el Partido Morado va a apoyar todas las iniciativas constructivas que tenga el presidente Martín Vizcarra. Los peruanos ya están hartos de que los políticos se peleen y no se pongan de acuerdo. El Partido Morado va a ser una bancada que se va a presentar de una forma propositiva y de la mano con las iniciativas que sean buenas”, dijo Guzmán en ese entonces.
A nivel de bases, la división morada también está presente. Una parte de la militancia de Lima Metropolitana se siente identificada con la facción cercana al Gobierno de Martín Vizcarra, que enarbolan Costa, De Belaunde y Olivares. En la interna morada son conocidos como “las bases pitucas” y están ubicadas en Miraflores, Surco, Barranco, Jesús María, San Isidro, San Miguel y Lince, las cuales llamativamente en el Partido Morado son designadas como “Lima Centro”.
Empero, los que sí manifiestan su desacuerdo con una agenda gobiernista están replegados en las zonas periféricas del Partido Morado, como algunos distritos de Lima Norte y Sur. En las regiones de Junín, Ayacucho, Áncash, Cusco y Huancavelica también se han visto reflejadas las discrepancias. “Las bases entendieron que la votación de la ONP fue muy complicada. Lo ideal hubiera sido que voten unidos como bancada, sabiendo que este proyecto lo van a observar. Esto no será un buen precedente”, dijo a El Foco el secretario general de las bases de Comas, Max Peralta.
Carolina Lizárraga, José Núñez, Angélica Palomino y Miguel Gonzales: quieren que el Partido Morado sea de centro izquierda. (Fotos: Facebook)
Los líos internos que vive el Partido Morado es un capítulo en la política peruana que, para el analista político y periodista Juan Carlos Tafur, “se veía venir”. Tafur sostiene que lo que viene sucediendo en este partido muestra que “no existe la consistencia ideológica” que tanto pregona el líder de la organización, Julio Guzmán.
El analista político afirma que las votaciones por razones de conciencia se justifican en un partido cuando lo que se somete a debate colisiona con asuntos de raigambre moral y, en consecuencia, resulta válido para el parlamentario no someterse al mandato político ideológico. “De cara a las elecciones del próximo año, la falta de unidad en la bancada morada es un hecho que sin duda le costará caro al que postule con los colores del partido de Guzmán”, dice Tafur.
El periodista agrega que, si la postura del bloque continúa a la deriva, ese descrédito se hundirá con el desprestigio que acumula Congreso por el desempeño del resto de bancadas. “Yo creo que el Partido Morado no parte en buen pie. Quienes creían que su desempeño parlamentario podía compensar el descrédito de su candidato, yo creo que se van a dar de bruces porque no está ocurriendo eso”, apunta Tafur.
Julio Guzmán ingresó a la política, según él, para “acabar con los dinosaurios” y “enseñar una nueva forma de hacer política”. Las riñas internas, las imposiciones de candidatos y asesores y los golpes bajos no están, ciertamente, en esas líneas. El reloj electoral ha empezado a correr y quedan tres meses para que los partidos definan a sus candidatos. El desempeño de una bancada puede ser, para la ciudadanía, el reflejo de lo que ponga en marcha un partido en un eventual gobierno. ¿Guzmán se echará a andar y pondrá orden en casa?

¿Qué quiere Soros del Perú?

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Por JORGE MORELLI- ElMontonero.pe
Un europeísta y antinacionalista, parece el epítome de lo que en el habla local se llama un “caviar”. Millonario de ideas progresistas es la definición misma de caviar. Considerando los supuestos proyectos que tiene en el país, la pregunta es qué quiere Soros del Perú.
Enemigo del Estado moderno –el del siglo XVII, nacido de la obra política del cardenal Richeliu, cuyo libro de cabecera era el Leviatán de Thomas Hobbes–, uno sospecharía que Soros se opone y actúa política y militantemente no solo contra el autoritarismo o la demagogia, sino contra la idea misma del Estado nacional.
El lector puede echarle la culpa si quiere a Karl Popper, autor de La sociedad abierta y sus enemigos”, a quien Soros adoptó como tutor en el London School of Economics, y de cuyo libro sacó el nombre para su ONG, Open Society. Soros puede pensar, quizá, que unos organismos supranacionales gobernarían el mundo mucho mejor que las sociedades cerradas con Estados nacionales. Siempre, claro está, que esas organizaciones supranacionales sean privadas. O casi.
Es posible que Soros sienta afinidad con los grupos étnicos y otras formas de reivindicación subnacional –como las de Cataluña o Quebec–, como formas viables de organización política para el futuro de la humanidad. A las cuales, es de suponer, quiere empoderar ahora mismo con la propiedad de los recursos naturales del siglo XXI: cobre, litio, tierras raras y también, por un tiempo más todavía, petróleo y gas y, sobre todo, oro, la única reserva de valor global si los Estados nacionales dejaran de existir con sus monedas y sus ejércitos.
Soros debe pensar que, eventualmente, es más fácil para el capitalismo contratar con los aymaras la extracción del litio, o la del gas con la etnia machiguenga, que tratar con la burocracia y la clase política corrupta de un Estado nacional como el nuestro. No debe preocuparnos a los peruanos. Eso no va a pasar. Es una apuesta demasiado larga para el jugador de bolsa en “corto” que en 1992 desbancó a la libra esterlina. Para su desmayo, existen unos 200 Estados nacionales en el planeta y 5,000 grupos étnicos que lo único que quieren –igual que Cataluña y Quebec– es convertirse en Estados nacionales con su propia moneda y su ejército.
La lucha de Soros –su “misión”– tiene incorporada una prueba ácida que mide su éxito o su fracaso: se juega todo en el destino de la Unión Europea. Es una unión incompleta, reconoce Soros, que puede no sobrevivir ante el recio empuje de China, a la que llama “sociedad cerrada”. Soros tiene serias dudas sobre la capacidad de la Unión Europea de sobrevivir con gobiernos de derecha en Polonia, Hungría o Italia, que podrían eventualmente salir de ella, como el Reino Unido. Sin ir más lejos, no hay Unión Europea sin Roma. La gran esperanza blanca para su “sociedad abierta” es Estados Unidos. Lástima que la América de Trump o de Biden sea una sociedad insuficientemente abierta aún, y una potencia global cuya metrópoli es un Estado nacional que no va a dejar de serlo.

Casuística

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EL CASO PEDRO SALINAS” DE PERCY GARCÍA CAVERO UN ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO
Por Daniel R. Pastor*
El Caso Pedro Salinas (“el Caso”) es un libro que contiene dos historias, ambas igualmente fascinantes, y una serie de preguntas teóricas de extraordinaria actualidad e importancia. Los hechos que trata la obra sucedieron en la República del Perú y Percy García Cavero, su autor, nos presenta, por un lado, a Monseñor Eguren, un hombre al que el infortunio de haber estado en el lugar y el tiempo equivocados le significaron un costo muy elevado por sus creencias religiosas. Por el otro, el escritor nos acerca su historia personal, la de un abogado que vivió en carne propia los pesares de su cliente, al representarlo en la controversia judicial que es objeto del libro. Bajo las circunstancias, el crimen cometido por este jurista fue el de atreverse a sostener una idea tan franca como impopular: que los derechos deben ejercerse con prohibición de abuso y que los loables objetivos perseguidos por un individuo libre no pueden ser una carta blanca para llevarse por delante la protección jurídica de los demás. El núcleo de este dilema es desde hace tiempo un proverbial dolor de cabeza en las sociedades libres de la democracia moderna: el ejercicio del derecho a informar y ser informado es especialmente importante para dejar al descubierto prácticas sociales disvaliosas, pero que si no están debidamente comprobadas, dañan de un modo injusto, destructivo y casi siempre irreversible, la reputación de la persona involucrada, que es un presupuesto esencial para que los seres humanos puedan desarrollar su vida en sociedad sin el estigma de haber sido indicados, sin razón pero con todos sus efectos, como autores de comportamientos intolerables para la convivencia comunitaria.
Las dos narrativas provocan, incomodan, desafían e invitan a pensar sobre los contornos de la libertad de la expresión, el dañino efecto de los prejuicios, el valor de la dignidad humana y lo imperioso de replantearnos nuestras asunciones más básicas en momentos de tanta euforia punitiva como los que vivimos, como parte de la cual —y como consecuencia de esa visión— la sociedad premia no solo al que castiga penalmente, sino también al que sospecha, al que denuncia, no importa si difamatoriamente.
Esta reseña bibliográfica es, en realidad, únicamente una excusa. Un pretexto que intenta responder a la necesidad de repensar algunos de los entendimientos más básicos de nuestra democracia. El surgimiento de las redes sociales, la proliferación de fake news, el creciente poder de la prensa, sus efectos destructivos para los afectados, el cada vez mayor interés de la ciudadanía en asuntos criminales y la paradojal amenaza para las personas en la que se ha transformado el ejercicio irresponsable de la libertad de expresión en los últimos años, me impulsan a plantear este estudio a partir del sugerente texto del colega García Cavero que conocí por razones profesionales.
Pienso que la fascinante historia de Monseñor Eguren puede servir como ejemplo, tanto de los peligros que enfrentamos, como de las formas en las que un estado de derecho debería responder a ellos. Los personajes e intereses involucrados tienen el potencial para poner en juego nuestro sistema de garantías. No es casual que me procure examinarlo a la luz de un caso que, en apariencia, se debate entre la libertad de prensa y el bien común, por un lado, y la dignidad humana y los derechos individuales, por el otro. Es precisamente en este tipo de casos difíciles en donde nuestras convicciones se ponen a prueba.
Por último, corresponde hacer una aclaración preliminar sobre los hechos. Estos bien podrían haber sucedido como los relata el autor del libro o bien podrían haber ocurrido de otra forma. Lo importante, a los efectos de este ejercicio, es suponerlos como axiomáticos. No es mucho lo que se puede decir sobre eventos de los que tenemos solo el conocimiento que nos brinda el libro, pero es sobre esa plataforma fáctica, que reputamos sólida —no en última instancia por nuestro conocimiento personal de los valores también morales del autor del libro—, que edificaremos nuestras hipótesis acerca de la forma en la cual el orden jurídico de una democracia constitucional debe tratar estos conflictos sociales.
Primera Parte: la historia del caso
El Caso está dividido en seis capítulos y un anexo que contiene cuatro documentos legales. Trataré de mediar entre el libro y el lector para ofrecer una versión tan breve y clara como sea posible de los hechos que dieron lugar al proceso judicial que es objeto del libro, así como del posterior desarrollo de este.
1. SALINAS
El libro comienza con una introducción de quien será el gran protagonista de la trama, en el primer capítulo.
Si hay una noción que describe al Pedro Salinas del libro es cierta ambivalencia: periodista premiado, pero también condenado por difamación, en el desempeño de su profesión; exintegrante de una sociedad de vida apostólica y enfático detractor de la religión; figura relevante en el combate de trágicas prácticas al interior de la Iglesia Católica y amigo cercano de algunos de los involucrados. El gran valor de García Cavero es poder presentar el intrincado mundo de este hombre, con sus sombras, pero sin negar sus luces, incluso a pesar de la disputa que los llevó a enfrentarse en una encrucijada.
Según se nos presenta, entonces, Salinas es un periodista que formó parte de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y que, tras su salida, en el año 1987, dedicó la mayor parte de su vida profesional a denunciar múltiples abusos ocurridos dentro de este tipo de grupos religiosos. Es curioso, sin embargo, que, tras su partida del SVC, mantuvo una amistosa relación con Virgilio Levaggi, a quien luego acusaría de ser un depredador sexual. Además, en el 2001, agradeció en un artículo publicado en el Diario El Correo la formación que recibió en el sodalicio. Incluso, al siguiente año, cuando publicó su primera novela, “Mateo Diez”, decidió narrar la historia de un hombre que pertenecía a un grupo similar, pero señalando que se trataba de una obra puramente ficcional.
Recién a partir del año 2010, comienza su investigación que culminaría con la publicación, en octubre de 2015, de Mitad monjes, mitad soldados, libro que lo posicionó como una figura de autoridad en el combate contra los abusos cometidos por figuras eclesiásticas y que produjo en coautoría con su colega Paola Ugaz.
El capítulo concluye con la presentación de un elemento que podría explicar este repentino cambio de actitud. Según García Cavero, el periodista Salinas estuvo siempre vinculado al grupo Ending Clergy Abuse (ECA) que, como su nombre en inglés lo indica, es un organismo dedicado a la lucha para que los sacerdotes involucrados en causas de abuso sean efectivamente sancionados. En 2017, reunidos en Varsovia, sus integrantes habrían diseñado un plan para que, durante la visita del Papa Francisco a Chile y Perú en 2018, alguna figura del alto clero de la Iglesia Católica sea asociada con abusos sexuales. Esta sería la estrategia para llevar a la Iglesia Católica, como institución, a los tribunales internacionales y, en lo que a Salinas concierne, darle un golpe crítico a la religión en sí misma. Documentado con diversos pasajes de notas y entrevistas, García Cavero trata de demostrar que quien aparentaba ser un enemigo de los abusadores sería, en realidad, un enemigo de la religión.
Para el lector del libro, y me incluyo en esta categoría, es imposible saber cuáles de estos dos extremos son ciertos. Tal vez ambos lo sean; o, quizás, ninguno. Bien podría ser que toda la labor periodística hubiese estado impulsada por una tercera razón, totalmente extraña a nosotros. Sin embargo, es lo contradictorio de estas dos alternativas lo que torna interesante el análisis subsiguiente.
El desafío será, precisamente, atrevernos a pensar en las reglas que mejor procesen esta tensión. Al final de cuentas, es inevitable que en una sociedad libre ambos personajes existan: el heroico comunicador comprometido con la lucha por desenmascarar los abusos más perversos y el infame operador que utiliza su poder para socavar la libertad de credo y mancillar la honra de personas inocentes.
2. LOS HECHOS
El segundo capítulo presenta los puntos centrales de la disputa que luego daría lugar a las acciones judiciales entre Monseñor Eguren y Salinas.
El primer foco de conflicto surgió, en línea con la hipótesis planteada por el autor del libro, a raíz de la llegada a Perú del Papa Francisco y, especialmente, por el hecho de que fuera Monseñor Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, el encargado de recibirlo en una reunión con religiosos en la ciudad de Trujillo. Contra esta decisión, Salinas publicó, el 20 de enero de 2018, una nota titulada “El Juan Barros Peruano”1.
Seguramente para muchos esta referencia no signifique nada. De hecho, recién luego de conocer el caso e informarme acerca de quiénes eran estos personajes, pude entender el agravio implícito en este paralelismo. Juan Barros es un sacerdote chileno que fue duramente criticado por sus conexiones con Fernando Karadima Fariña, un alto eclesiástico condenado canónicamente por abusos sexuales a menores de edad. Barros es, entonces, sinónimo de encubridor.
Pero el artículo dirigido contra Eguren fue más allá de las metáforas y los giros indirectos. En esta nota, así como en una entrevista subsiguiente que dio sobre el tema, el periodista llegó a sostener que:
i. Eguren, por ser de la generación fundacional del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), era consciente de todos los hechos cometidos al interior del grupo y, por tanto, también de los abusos cometidos por Luis Fernando Figari, su máximo referente.
ii. Junto a otros líderes del grupo y Figari habían creado esa “cultura de poder en esta institución, vertical y totalitaria” y que, por eso, “él es corresponsable de las cosas que han ocurrido en el Sodalitium con estos abusos de poder, maltrato físico, maltrato psicológico y que han tenido como corolario, en algunos casos, el abuso sexual”.
iii. Conforme se desprendía de “diversos reportajes de investigación (…) [Eguren es señalado] como presuntamente implicado en casos de tráfico de terrenos en la ciudad de Piura y vinculado a la organización criminal La Gran Cruz”. Estas palabras, originalmente referidas en la nota escrita, luego fueron complementadas con la siguiente declaración: “las dos investigaciones van, matices más, matices menos, apuntan a lo mismo y el hombre clave en esta operación era José Antonio Eguren Anselmi”. Las investigaciones aludidas son las que fueran materia de un programa de la cadena Al Jazeera y el libro “El Origen de la Hidra”, de Charlie Becerra.
Solo en este momento aparece el último integrante de la tríada protagónica, que es también el narrador de la historia. Monseñor Eguren, se pone en contacto con un jurista, Percy García Cavero, para dirimir judicialmente la situación con el periodista Pedro Salinas. Pero queda todavía un último acto antes de pasar a los tribunales.
En marzo de 2018, el mencionado comunicador social recibió una carta del agraviado en la que se le pedía que rectificara sus dichos. Los argumentos, al menos a simple vista, parecían innegablemente sensatos:
i. Los dichos concernientes a su participación en diversos abusos no tenían sustento probatorio. El 3 de mayo de 2016, Salinas había formulado una denuncia por estos hechos, pero para el 31 de mayo del mismo año, el acusador público ya la había rechazado liminarmente por entender que no había elementos suficientes ni siquiera para iniciar una investigación. La disposición, además, fue luego confirmada por la fiscalía superior, tras un pedido de revisión presentado por el mismo periodista. Sobre este punto, deben notarse dos aspectos que serán centrales para el análisis posterior:
A. No existían elementos suficientes para se abra una investigación en sede fiscal, pero si para que un periodista acuse. Es cierto, el archivo pudo haberse debido a hechos meramente formales que no implican que lo denunciado no ocurriese. También es posible que las dos fiscalías estuvieran en connivencia con la iglesia. Pero estos no parecieran ser los argumentos en torno a los cuales surgió la posterior controversia. Antes bien, parece suponerse que los estándares de prueba para una acusación mediática son distintos que los necesarios para una imputación judicial. Más adelante veremos si esto es así y qué relación debería existir entre estos estándares.
B. Los hechos denunciados ni siquiera podían ser subsumidos claramente bajo algún tipo penal. ¿Los abusos atribuidos contra el obispo no constituyen delito? Al parecer, no. La explicación es sencilla, pero lo que encierra el desconcierto tras la afirmación será también objeto de análisis posterior.
Los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura delictual porque lo denunciado no son abusos sexuales ni mucho menos. En esta causa se trató de establecer si Monseñor Eguren había participado en dos situaciones específicas, ambas durante la década de 1980. La primera, el haber acercado una tostada a la boca de un joven en ayunas a modo de escarmiento, lo que habría representado un tormento psicológico. La segunda, haber hecho comer arroz con leche y kétchup a otro joven, quien dijo que los primeros platos fueron de su agrado, pero luego le dieron nauseas.
En realidad, poca importancia tiene ahora si estos hechos ocurrieron o no. En cambio, haber asumido durante más de 50 páginas del libro que el término abusos refería a incidentes sexuales, es suficiente para debatir sesgos y heurísticos, la distinción entre decir y sugerir y, finalmente, el potencial poder devastador de la prensa. Cuestiones abordadas en la segunda parte de este trabajo.
ii. Por el otro lado, sostuvieron que no podía servir de base para imputar el encubrimiento de un delito el solo hecho de haber pertenecido a una organización, de la que, por lo demás, tanto acusador como acusado habían formado parte en tiempos no muy distantes. Tal vez que una persona frecuente desde una posición prominente un ambiente por muchos años haga más probable que conozca algunos secretos internos y hasta detalles sórdidos de su funcionamiento. Pero la verdadera pregunta es si esta es una inferencia posible para un profesional de la comunicación. Si la respuesta es afirmativa, entonces también debemos preguntarnos si existe alguna presunción de inocencia extrajudicial o, a la inversa, si es razonable que exista una presunción de culpabilidad por la mera pertenecía a un espacio (guilt by association). En cualquier caso, resulta llamativo que uno de los fundadores y máximas autoridades del Sodalicio, Luis Cappelletti, formara parte del círculo íntimo de Salinas y no fuera nunca denunciado por este, con base en los mismos argumentos.
iii. Sobre la relación con la organización La Gran Cruz, vinculada a la usurpación de tierras, hubo objeciones similares. La prueba era débil —el informe de Al Jazeera se apoyaba en un único testigo, cuya credibilidad estaba seriamente cuestionada— y el libro “El Origen de la Hidra” no mencionaba ni una vez al arzobispo agraviado. Por otro lado, jamás había existido una causa judicial que imputara a Eguren por estos hechos.
Aunque parece obvio que no tiene por qué haber identidad estricta entre lo judicial y lo periodístico, subsiste también en este punto la pregunta sobre cuán disímiles pueden ser los deberes de uno y otro poder. En otras palabras, ¿cuánta ligereza pueda permitírsele al periodismo en sus afirmaciones, dichas en modo asertivo y sin pruebas, so pretexto de defender el interés público? Especialmente si se considera el daño que esas afirmaciones ocasionan ¿Modifica el análisis de esta pregunta el hecho de que la justicia haya desestimado una denuncia dependiente de instancia privada o no iniciado una causa de acción pública? Y, por último, ¿tiene esto algo que ver con la creciente transformación del periodismo en una forma de entrenamiento mediático? Estas son algunas de las preguntas que también serán abordadas en la segunda parte.
La respuesta de Salinas fue la contraria a la pretendida. No solo no se retractó de sus dichos, sino que radicalizó su discurso. Hizo pública la carta que le enviaron, ratificó lo que había sostenido públicamente, denunció que trataban de amedrentarlo, desafió a Eguren a verse las caras en los tribunales y, finalmente, arremetió con una serie de ataques personales por diversas redes sociales2.
Este ida y vuelta poco dice sobre la materialidad de los hechos, pero sí aporta mucho a la posterior discusión sobre el aspecto subjetivo requerido por el tipo penal. En principio, la posición dominante protege los dichos de la prensa contra personas públicas y exige probar un especial elemento subjetivo: la real malicia. Independientemente de si este estándar es correcto, lo cierto es que a medida que la disputa escalaba, era cada vez más difícil pensar en un mero actuar poco diligente.
3. EL CASO
Eguren, representado por García Cavero, querella3 a Salinas por el delito de difamación agravado.
Esta figura del derecho penal peruano prevé una sanción privativa de libertad “no menor de uno ni mayor de dos años” para quien, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuya falsamente a otro un delito. Y castiga el hecho, además, “con noventa a ciento veinte días-multa”. El código también prevé una agravante, aplicable a estos hechos, cuando el delito se cometiere por medio de un libro, de la prensa o de otro medio de comunicación social, indicando que en tal caso “la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa”.
Algunas páginas sobre la inmediata reacción mediática del querellado (cap. III) preceden a los últimos tres capítulos del libro que, a los fines de este análisis, conforman una unidad: el juicio (cap. IV), la condenación (cap. V) y el desistimiento (cap. VI).
El juicio presentó todas las dificultades que habrían de suponerse en un caso como este, que son, al mismo tiempo, todas las que no deberían interferir con el normal desarrollo de una contienda ideal. El proceso giraba en torno a la determinación de si el imputado había ejercido apropiadamente su libertad de expresión o si, por el contrario, había desempeñado su oficio de forma abusiva y lesiva a la dignidad de un tercero. Paradójicamente, lo que fue una pregunta respecto a las partes, no lo fue luego respecto al sistema judicial.
La mayor dificultad que debió sortear la jueza competente para el caso, que desde lo probatorio no presentaba grandes complicaciones, fue el controversial papel de los medios a lo largo del proceso. Los ejemplos de los siguientes párrafos sirven para ilustrar el tono de esta cobertura.
El proceso se inició, tal como dicta el artículo 1°, inc. 2, del Código Procesal Penal de Perú, con la querella particular como única parte acusadora en el ejercicio de una acción penal privada. Los medios de comunicación, sin embargo, alertaban sobre las graves irregularidades en un proceso en el que “ni siquiera se había permitido la presencia de un fiscal”. Este es, sin dudas, un caso de negligencia sorprendentemente grave en la comunicación, que solo se explica por una malintencionada campaña para defender unos intereses particulares o por una ignorancia deliberada respecto al derecho aplicable. Por lo demás, es inentendiblemente absurda, por no ser realista, la convicción de que un imputado estaría mejor con dos acusadores que con uno solo.
Estas diferencias entre el mundo del derecho y el mundo de la comunicación continuaron incluso luego de recaída la sentencia4. El ejemplo más paradigmático de ello fue el amicus curiae5 elaborado por la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, que tomó notoriedad en los medios en defensa de la labor periodística, pero que mal pudo ser un documento elaborado por un amigo del tribunal cuando se presentó con el proceso ya terminado. Tal vez se trató simplemente de un problema con el latín y lo que en realidad intentaron elaborar fue una evaluación más indulgente de los mismos hechos. Es decir, lo que se esperaría que dijera un tribunal amigo o curia amicissimum.
Como ya se dijo, en lo estrictamente procesal, el caso no era particularmente complejo. Los dichos de Salinas se encontraban todos registrados en grabaciones o documentos de acceso público y que habían sido acompañados en la querella. Su autoría no fue negada o cuestionada por el querellado. El juicio, en rigor de verdad, no era la instancia para probar si lo que se había dicho, en efecto, había ocurrido. Por el contrario, la conducta que se estaba analizando ahora era la del periodista y lo que se debía determinar era si existían elementos fácticos que le permitieran a un profesional de la comunicación afirmar públicamente que alguien había cometido hechos tan terribles, en contra de la posición adoptada por los fiscales de su país y tras una carta de rectificación en la que se le explicaba que sus creencias eran incorrectas.
La condena contra el periodista fue, de cualquier modo, una gran sorpresa. No era discutible que las aseveraciones habían existido, ni que Salinas había actuado cumpliendo los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal al momento de manifestarse, ni que eran insuficientes las comprobaciones en las que se basó para atribuir, hechos que afectaban su honor, a otras personas. Sin embargo, el caso había sido inteligentemente planteado por la defensa como una amenaza contra la libertad de prensa y, consiguientemente, contra la democracia.
Lo que la jueza debía resolver, entonces, era si existía algún ámbito de privacidad frente a quien dice promover los más nobles objetivos, como lo es, sin dudas, el combate de los abusos en el seno de la iglesia católica. Poco importaba si Eguren había o no participado de los hechos, si Salinas tenía o no este interés o si la libertad había sido ejercida de forma razonable. Conforme a una cosmovisión enamorada de las dicotomías totales, de la iglesia se es partidario u opositor; de la libertad de expresión se está a favor o en contra; para los buenos, todo, y para el enemigo, ni justicia. Lo sorpresivo fue que alguien dijera, en este contexto, que sí había libertades y que también había límites.
La resolución final dispuso: a) condenar al acusado como autor penalmente responsable del delito de difamación e imponerle un año de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por idéntico período de prueba; b) imponer el pago de una multa, a favor del Estado, equivalente al 25% del ingreso diario del imputado, por el término de ciento veinte días; y c) establecer, en concepto de reparación civil, el monto de S/80,000.00 soles a favor del agraviado.
Los riesgos que se avizoraban en el horizonte se materializaron de inmediato tras la sentencia. La condena contra Salinas vino acompañada de un escandaloso contrataque por parte de la prensa, una suerte de apelación por los medios. Quizás profundamente convencidos de que la libertad de expresión no debía ser nunca responsabilizada, o tal vez por simpatía personal o corporativa con el condenado, o quizás por una lectura diferente de los mismos hechos. Por la razón que fuera, la decisión fue presentada como una tragedia para el estado de derecho y defenestrada en consecuencia. Tan graves fueron las repercusiones que, preocupados por cómo podía afectar esto a su imagen, la propia Iglesia Católica se vio afectada por estos ataques y se solidarizó con el periodista.
Eguren, quien, según el relato, querelló con el único fin de limpiar su nombre, se transforma ahora en objeto de críticas, incluso más feroces que las que sufrió antes del proceso, y de inesperados reproches por parte de sus pares eclesiásticos. La pretensión ya no tiene ningún sentido, poco importa si lo que dicen que hizo es cierto o no. El presunto hecho de la tostada lo marcará como abusador, su pertenencia a un grupo lo hará un encubridor y, encima, su deseo de que se determine judicialmente que fue calumniado lo hará enemigo de la democracia.
La pírrica victoria se consuma a los pocos días cuando el arzobispo instruye a su abogado para que desista de la querella. Ya había sido demostrado que lo que se decía de él no estaba respaldado con pruebas serias, suficiente, de modo que para descomprimir las indebidas y exageradas reacciones renunció a la reparación civil y logró que, por medio del desistimiento de la acción penal, se dejara sin efecto la pena en suspenso que se le había impuesto al acusado. Pero el efecto, de todos modos, fue el contrario. Inmediatamente después, Salinas se ocupó de dejar en claro la nueva posición que habría de adoptar la opinión pública: la sentencia debía tenerse por no dictada y eso significaba que sus especulaciones eran ciertas.
La sentencia, mal que le pese al condenado, existió, de modo que sus afirmaciones fueron consideradas difamatorias, por la autoridad judicial competente, después de un juicio completo llevado a cabo en legal forma. Sin embargo, el arzobispo, así, solo pudo limpiar parcialmente su nombre, pues los ataques a su honra, tras el proceso, fueron peores que los anteriores. Además, quedó en evidencia la perversión de un sistema en el que una condena supone un ataque a la libertad de expresión y un desistimiento, la confirmación de que los periodistas no se equivocan. Finalmente, el propio Poder Judicial terminó deslegitimado en vano. El Estado y las partes realizaron una enorme inversión en tiempo, recursos y esfuerzos. El terror por la opinión pública dejó todo sin efecto y el conflicto final acabó por ser más grande que al comienzo.
Al terminar esta primera parte, queda claro que el libro va más allá de dos historias con cuya presentación comenzó este análisis de la obra. No se trata solo de la controversia entre Eguren y Salinas, por un lado, y de los avatares de García Cavero, por el otro. El caso muestra también lo difícil que resulta actualmente para toda sociedad democrática dar respuesta a los nuevos conflictos, muestra, al respecto, una tensión irresoluble entre libertades individuales y derechos colectivos, muestra las dificultades para la correcta resolución legal de las controversias, pues la opinión pública, dirigida por expertos del entretenimiento masivo ha modificado los métodos para decidir qué es verdadero, inaugurando una era en la cual la verdad la decidimos entre todos, de modo que esta se ajuste a nuestras creencias, independientemente de las pruebas de los hechos.
Esta es la plataforma fáctica de “El Caso Pedro Salinas”. Un relato que, con personajes, lugares y tiempos distintos, se repite a lo largo de la historia. Pero uno que brinda ocasión para plantear algunos interrogantes que contribuyan a encontrar un equilibrio entre los intereses en pugna y también a proponer quién debe tener la preferencia en los casos en los cuales es inalcanzable el equilibrio.
EL CASO DE LA HISTORIA
I
En cualquier sociedad liberal que uno mire podrá encontrar un consenso casi unánime respecto al valor fundamental que se le otorga a la libertad de expresión6. Los argumentos ofrecidos en apoyo de esta posición pueden variar insustancialmente, según la región, el jurista o el tiempo del que provengan, pero casi siempre se reconocerá, al menos, dos valores centrales en este derecho: el expresivo y el democrático.
La faz expresiva del derecho se vincula con la necesidad que los seres humanos tienen de manifestarse y proyectarse en el mundo que los rodea. Por eso se protegen manifestaciones como música7, películas8, enciclopedias sobre hongos9 y hasta parches usados en la vestimenta10. Todo esto, en principio, poco tiene que ver con el valor que expresarse tiene para la formación del debate político y de la opinión pública. Cuando nos encontramos en esta dimensión, es claro que estamos ante un derecho individual, por lo que se lo debe ponderar con idéntico peso relativo frente a otros derechos personales, como la dignidad, la propiedad o la vida.
En su faz comunicativa, en cambio, el foco no se pone ya en lo puramente individual, sino que lo que se valora es la importancia que tiene la protección de los mensajes que contribuyen a la deliberación democrática y al fortalecimiento de un sistema liberal de gobierno. Esta es la dimensión que más interés ha suscitado en la literatura especializada y, además, la que se ha invocado como supuestamente en peligro por Salinas11y sus colegas12.
En efecto, la reacción mediática tras la sentencia dictada por la jueza de Piura no se relacionaba con un temor a que los periodistas del Perú hubieran perdido su capacidad de opinar libremente cuanto quisieran o se temiera una reducción de su margen de valoración. De hecho, casi no existe discusión en el mundo en cuanto a que las frases puramente valorativas no son susceptibles de ser falseadas y, por lo tanto, no podrían constituir delito13. La excepción a esta regla, claro, la representan los dichos cuya finalidad es meramente agraviante14.
Antes bien, el miedo que Salinas y sus colegas de la prensa trataron de infundir al público se fundaba en el riesgo de que, en lo sucesivo, no hubiera más libertad para comunicar información esencial para la vida en comunidad. El descontento de estos informadores al descubrir que no era posible agraviar gratuitamente a otra persona se justificaba, según ellos, en que esta prohibición le haría perder a la sociedad la posibilidad de enterarse de hechos tan graves como los abusos clericales u otros actos de igual relevancia que la prensa pudiera denunciar. Es decir, si se ponían límites, habría un importante desincentivo a reportar y bajaría drásticamente la cantidad de información disponible.
Pero, lo cierto es que tanto este derecho, por fundamental que sea, como casi todos los otros, reconoce límites y debe ser ejercido de forma razonable. La dignidad de las personas, el honor, la intimidad y la privacidad son algunos de los intereses con los que la libertad para expresarse puede colisionar y es en función de estos que se ha tratado de establecer algunas regulaciones, totalmente aceptables, para asegurar la convivencia pacífica.
Las directrices y normas que regulan la coexistencia entre todos estos intereses han dado desde siempre lugar a controversias, aunque, especialmente en el último tiempo, han entrado en crisis y, por ello, el argumento central de esta sección es que deben ser revisadas.
II
Todos los países del mundo ofrecen algún tipo de protección frente a expresiones lesivas al honor y prevén en sus ordenamientos sanciones de tipo penal, civil o una combinación de ambas para quienes las profieran. En el delicado balance entre la libertad de expresión y la dignidad humana, los países occidentales recorrieron un sinuoso camino que lentamente fue decidiéndose, predominante pero no absolutamente, en favor de aquella.
Estados Unidos ha marcado desde siempre el camino a seguir en materia de libertad de prensa y los estándares judiciales allí propuestos fueron de enorme influencia para la mayor parte de las naciones del mundo. Es llamativo, sin embargo, que lo que originalmente fue materia de gran polémica terminó asumido como evidente en otros territorios y, hasta hace relativamente pocos años, adoptado casi sin cuestionamientos. Para entender mejor el contexto, expondré brevemente la evolución que ha tenido el tema en ese país y, principalmente, replicaré algunas de las críticas formuladas, que hoy tienen más vigencia incluso que entonces.
La primera enmienda a la Constitución norteamericana, en la que se encuentra incluida la cláusula que consagra el freedom of speech, fue pensada como una forma de defensa de los ciudadanos frente al gobierno. No solo se pretendía cuidar a las personas de intromisiones indebidas en ámbitos de absoluta reserva, sino que se pensaba que, sin esta garantía, sería imposible tener un pueblo que se autogobernara15. La noción general consistía en que la única forma de que las personas pudieran elegir a sus representantes y decidir las políticas que se debían adoptar, era si existía un mercado en el que las ideas y opiniones circularan libremente16.
No sorprende, entonces, que a la difamación y a la injuria se las tuviera como no protegidas por esta cláusula17. Es decir, hasta la década del sesenta, había un consenso bastante importante en cuanto a que no contribuía de ninguna forma a la democracia la protección contra agresiones verbales o las imputaciones de hechos falsos. Sin embargo, en el año 1964, la Corte Suprema de Estados Unidos, por unanimidad, tomó un camino que comenzó a cambiar el curso de la historia.
En el célebre precedente “New York Times Company v. Sullivan”18 se discutía la constitucionalidad de una ley con la cual se había determinado resarcir económicamente al Comisionado de Seguridad Pública de Nueva York, L. B. Sullivan, por una publicación con contenido falso vinculada al desempeño de miembros de la oficina que estaba a su cargo. En una decisión escrita por el juez William J. Brennan Jr. se estableció por primera vez la doctrina de la real malicia19. Según esta, no bastaba con demostrar la mera negligencia de un periodista cuando se trataba de una frase referida a un oficial público. Para lograr una reparación civil era necesario probar que había existido, cuanto menos, un desinterés temerario por los hechos.
Según se explicaba, había un valor supremo en que las personas discutieran el carácter y las cualificaciones de sus candidatos para poder votarlos. Tan importante era permitir este tipo de discusión, que debían tolerarse ciertos inconvenientes para las personas y hasta permitirse que, ocasionalmente, se dañara la reputación de algunos. El beneficio era demasiado grande y la lesión individual tan menor que se estableció un auténtico privilegio para hablar de estos temas. Pero en ningún momento se negó la existencia de un dilema o se sostuvo que la cuestión fuera sencilla.
A esta altura debe explicarse algo que suele ser usualmente pasado por alto por quienes sostienen que la protección más elevada de la libertad de expresión llevará, necesariamente, a una democracia mejor. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, la protección a la intimidad, dignidad y honor son meros intereses legítimos, reconocidos por leyes locales, que están comprometidos en casos de difamación. Esa tendencia se explica por una forma muy particular de constitucionalismo, según la cual los derechos constitucionales se poseen únicamente frente a las entidades gubernamentales. Ante un caso de difamación, entonces, el conflicto no debe ser percibido como uno de tipo constitucional, sino como uno entre un interés gubernamental y un derecho fundamental20. Esta percepción no supone que el derecho constitucional individual deba siempre prevalecer, pero explica, en parte, la inclinación más favorable hacia uno de los dos polos de la tensión.
Exactamente diez años después, una cuestión similar llegó otra vez al máximo tribunal de ese país. Esta vez, a diferencia de la anterior, no eran funcionarios públicos los involucrados, sino que se trataba de personas que eran públicamente conocidas21. En una votación dividida, una mayoría entendió que debía aplicarse este estándar elevado también a este tipo de casos. El argumento era que quienes tenían notoriedad en su comunidad debían de haber aceptado, aunque sea implícitamente, someterse a un escrutinio mayor. Además, esta notoriedad les daba acceso a canales idóneos para responder a las eventuales difamaciones en su contra. De cualquier manera, el argumento funcional que justificaba este estándar era el mismo que el ofrecido con relación a los funcionarios públicos: las normas sociales de una democracia se definen referenciándose en figuras conocidas por todos y existía un valor social muy importante que justificaba esta equiparación.
Aunque hoy se pretenda presentar a esta interpretación como natural o necesaria, lo cierto es que fue objeto de importantes críticas, incluso en aquel momento, en otras decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. Por ejemplo, el juez Byron White, explicaba que: “el sentido principal de New York Times, y para mí el sentido de la primera enmienda en cuanto se relaciona con leyes de difamación, es que la difamación sediciosa –la crítica al gobierno o a oficiales públicos– caiga más allá del poder de policía del Estado. En una sociedad democrática como la nuestra, los ciudadanos tienen el privilegio de criticar al gobierno y a sus oficiales. Pero ni New York Times ni sus descendientes sugieren que la primera enmienda tenga la intención, en todas las circunstancias, de impedirle a los ciudadanos particulares el ejercicio del histórico recurso para remediar las falsas publicaciones que dañen su reputación, ni tampoco creo, contrario a nuestra historia y precedentes, que la enmienda deba ahora así ser interpretada. De forma sencilla, la primera enmienda no confiere una licencia a difamar a los ciudadanos…”22.
Rever la historia de una jurisprudencia puede ser útil para recordar las razones que llevaron a su creación y, especialmente, para mitigar el halo de permanencia que las rodea. Suele suceder que lo que en un principio es una tesis discutida, a fuerza de repetición se transforma en un dogma inobjetable23. Pero, si una lección nos ha enseñado la historia, es que nada es permanente y que el progreso sucede de la mano de la revisión constante de nuestra asunciones y creencias.
Las Cortes de Derechos Humanos de Europa y América han tendido a adoptar posiciones similares a la expuesta, aunque con algún grado de reconocimiento mayor del aspecto dilemático que encierra balancear bienes tan importantes como la dignidad humana y la libertad de expresión. Como es natural en cortes que pretenden gozar de legitimidad en múltiples naciones, es frecuente que las exigencias que se trazan sean sólo mínimos y que se les reconozca un cierto margen de maniobra a los países.
En Europa, ciertamente se ha hecho notar el rol esencial que la prensa tiene para la formación del debate político y para el buen funcionamiento de las democracias24. Por eso mismo, también aquí se reconocen especiales protecciones para la prensa cuando lo que se halla involucrado es el accionar de un funcionario público25. Para determinar si una sanción por difamación es violatoria del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Corte utiliza tres criterios: primero, los límites deben estar previstos en una ley; segundo, deben perseguir uno o más intereses legítimos de los previstos en el Convenio; y, tercero, esos límites deben ser necesarios en una sociedad democrática para alcanzar los objetivos invocados.
Dado que la protección de la reputación de otras personas está expresamente reconocida como un fin legítimo26, no han sido pocos los casos en los que la Corte entendió que las condenas por difamación eran compatibles con lo prescripto por las normas convencionales de la Unión Europea27. De hecho, si uno se detiene en la regulación que luego hacen algunos países en particular, como Alemania o Francia, podrán apreciarse rápidamente los diferentes caminos seguidos, con posiciones mucho más balanceadas sobre los intereses en pugna28.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó pautas idénticas a las de su par europea. Por un lado, se reconoció siempre que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que debe existir la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Pero, por el otro, se repite que las restricciones deben tener carácter excepcional y que no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Por eso, como en el modelo europeo, se exige que las restricciones: 1) estén expresamente fijadas por la ley; 2) estén destinadas a proteger, ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) sean necesarias en una sociedad democrática29.
Pero, a diferencia de los países europeos, los latinoamericanos se inclinaron por elevar las protecciones y seguir el modelo anglosajón. En Perú, por ejemplo, la posición dominante tiende a alinearse con la doctrina estadounidense que, como consecuencia necesaria de su más elevado rigor, cumple también con los criterios menos exigentes que establece la Corte Interamericana.
Para comprender la regulación peruana es necesario mirar, en primer lugar, las directivas sentadas por su Corte Suprema en el acuerdo plenario del año 2006.30 Allí se señala que tanto la libertad de expresión como el derecho al honor gozan de igual rango constitucional31 y que ninguno tiene carácter absoluto respecto del otro, por lo que se deben establecer criterios ponderativos que aseguren la vigencia de ambos y la proporcionalidad de las reacciones frente a la invasión de alguno.
En esta línea, se sostuvo que no están amparadas las frases objetiva o formalmente injuriosas, los insultos o las insinuaciones insidiosas, pues difícilmente puede decirse de ellas que tengan alguna finalidad informativa. La Corte, además, se ha ocupado claramente de diferenciar las opiniones valorativas, por más críticas que estas sean, del uso de calificativos innecesarios que proyectan animosidad o menosprecio. Para un ejemplo claro del tipo de frases que no reciben protección constitucional basta simplemente con remitir a la nota al pie número 2 del presente trabajo.
Cuando, en cambio, lo que se pretende es dar un mensaje de tipo informativo, el Tribunal Constitucional32 determinó que únicamente las frases veraces deben tener protección. De este modo se excluyen todas las manifestaciones hechas con consciencia o, al menos, dolo eventual de su falsedad. Dicho de otro modo, solo se castigan las frases falsas que sean el resultado de un obrar con real malicia. Con algunas variantes menores, esta también es la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia argentina33.
Este breve resumen de derecho comparado me permite adelantar algunas reflexiones: (i) la doctrina de la real malicia, tal como se la aplica en nuestros países, no es una exigencia convencional ni pareciera ser tampoco un estándar necesario para el derecho continental; (ii) la tendenciosa concepción que favorece sistemáticamente un interés por sobre el otro es más difícil de explicar cuando los derechos que se hallan en colisión son de raigambre constitucional; (iii) la doctrina que fue ampliamente discutida en su país de origen, parece presentarse en nuestras tierras como una condición necesaria para la democracia real; (iv) la exigencia de un estado subjetivo tan elevado, como argumentaré a continuación, es una de las razones que han conducido a que nuestras democracias se debiliten, mientras que indefensos ciudadanos deben enfrentar costosos y largos procesos en su contra.
III
La ponderación entre derechos fundamentales nunca es sencilla. Si uno se toma en serio los valores en juego, tendrá que reconocer que, sea cual sea el balance escogido, habrá que asumir ineludiblemente costos y beneficios. Por eso, los lineamientos que se sugieren son solo parte de una propuesta que, sin desconocer los méritos de las teorías anteriores, pretende reducir algunos de los enormes problemas a los que hoy nos enfrentamos como consecuencia de los abusos de los medios masivos de información. Estas propuestas deben ser leídas como complemento de las que ya he sugerido en trabajos y presentaciones anteriores34.
El estándar de la real malicia – o actual malice – aplicado tanto a funcionarios y figuras públicas, como a temas de interés social, hallaba su justificación en una concepción muy particular del estado de derecho y de la democracia deliberativa. Como ya se explicó, se temía que reglas más equitativas entre agraviado y comunicador inhibieran a estos últimos de hacer su trabajo, lo que repercutiría en una reducción de la información disponible y esto, a su vez, incidiría en un debilitamiento del sistema de gobierno.
Pero para que esta doctrina pueda mantenerse en pie, deberían tenerse por ciertas varias premisas. Primero, que la ciudadanía se encuentra mejor cuando se multiplica la información disponible, independientemente de su calidad. Segundo, que existen buenas razones para mantener la equiparación entre funcionarios públicos y figuras o temas de interés social. Tercero, que un estándar de imprudencia, como el usado para evaluar el ejercicio de casi todos los saberes profesionales, afectaría negativamente el trabajo de la prensa y repercutiría en la calidad de información resultante. Como se verá, todas estas creencias son, al menos, discutibles.
1. Más información no es más democracia
La afirmación del este subtítulo no debe ser entendida de forma terminante. En realidad, siempre depende de la cantidad de información base con la que se comience el análisis. Puede pensarse en un foro de gobierno como el ateniense. Si se encuentran reunidos tres ciudadanos, es posible pensar que más voces podrán mejorar la calidad del debate y aportar miradas interesantes. En cambio, si en un foro absolutamente convulsionado ya contamos con cien mil ciudadanos gritando enardecidos, es un poco más difícil pensar que una nueva incorporación vaya a contribuir mucho.
El auge de las teorías de libertad de expresión reseñadas se corresponde con un crecimiento de los estados de bienestar y una paulatina incorporación de más personas al juego político. Todavía los medios de información confiables eran pocos y significaban casi la única fuente de conocimiento con la que las personas contaban. La gente, además, se interesaba por asuntos de su pequeña comunidad y el discurso público se construía en torno al análisis del comportamiento de las figuras notables del momento.
El principio general importaba crear y gestionar estructuras que facilitaran la exposición a la máxima cantidad de ideas posibles y, para esto, había que promover todos los derechos de los que hablaban y de los que escuchaban en la esfera púbica35. Por esto mismo, no era suficiente con reconocer la faz expresiva-individual de la libertad de expresión, sino que también era fundamental la protección de la comunidad en su derecho a oír información relevante. En este sentido, se afirmaba que “el punto de máximo interés no son las palabras expresadas, sino las mentes que oyen… lo que es esencial no es que todo el mundo hable, sino que todo lo que es valioso que sea dicho, se diga” 36.
Las protecciones establecidas en aquel entonces aún sirven para defender los derechos individuales de los que se manifiestan, pero cada vez contribuyen menos a asegurar el derecho colectivo a contar con información fidedigna.
Los medios digitales, incluso a pesar del entusiasmo inicial con los que fueron recibidos, no han mejorado la calidad y diversidad del discurso público ni de nuestras democracias. Vivimos en tiempos en los que cada ciudadano puede ser autor, periodista o productor de contenidos. La audiencia, sin embargo, es cada vez menor y se encuentra más fragmentada. La facilidad con la que se pueden producir mensajes genera una suerte de cacofónica Torre de Babel en la que es cada vez más difícil escuchar la voz del resto37.
Al mismo tiempo, nos encontramos en pleno conflicto entre quienes dicen que estamos invadidos por fakes news y quienes dicen que esa designación es solo una forma demagógica de negar la información reportada. Pero, como quiera que sea, lo cierto es que la credibilidad de la prensa es cada vez menor. La consecuencia lógica de este fenómeno es la polarización de las sociedades, quienes confundidas e inseguras sobre qué información creer, tienden a refugiarse en aquellos medios que les dicen lo que igual deseaban escuchar38. Los especialistas alertan incluso sobre la proliferación de filtros burbuja o echo chambers39, que nos conducen a relacionarnos y a vincularnos en redes, únicamente con los datos que se alinean con nuestros preconceptos40.
En tiempos en los que ha crecido exponencialmente la información circulante, parece claro que la prioridad debe estar ahora en mejorar su calidad y en brindarle herramientas útiles a las personas para que discriminen la información confiable de las fábulas. No es sensato pensar que alguien pueda estar más informado si debe tomarse el trabajo de descartar todas las noticias falsas antes de poder acceder a las publicaciones con contenido veraz.
Existe otra razón más por la que debe ponerse en duda la creencia de que a más información la gente podrá decidir mejor. No solo la inundación de contenidos ha confundido a la gente, sino que hemos experimentado en los últimos años un cambio en la mirada antropológica dominante, lo que también debe impactar en este debate. Me refiero al cambio de concepción del homo economicus al ser humano que opera en un intrincado complejo de argumentos lógicos, sesgos y heurísticas41.
Si hombres y mujeres eran considerados entes racionales que decidían siempre lo mejor con base en la información disponible, podía tener sentido aumentar la información circulante y casi no limitar su contenido. Al final de cuentas, serían las personas las que separarían lo confiable de lo irrelevante y usarían este poder de filtro para conducir sus vidas de la mejor forma. Pero debe invariablemente ser otra la postura si, como ha demostrado la evolución de la ciencia del comportamiento, las personas operan la mayor parte de las veces en modo automático42, son propensas a confiar en lo que leen o escuchan43 y pueden ser fácilmente engañadas, incluso por sus propios sentidos44.
Por ejemplo, en el caso contra Pedro Salinas, no deja de asombrar que, tanto la prensa, el público y hasta el lector del libro, asuman, sin más, que cuando se habla de abusos con relación a un clérigo, se debe estar refiriendo a abusos sexuales. Es cierto que, cada vez más, ese término suele usarse con una connotación de este tipo. Sin embargo, es claro que no representa lo mismo hablar de un “marido abusador”, de un “periodista abusador” o de un “arzobispo abusador”. En el primer caso nos imaginamos a un hombre que golpea a su mujer; en el segundo, a alguien que publica información sin pruebas; y, en el tercero, a un eclesiástico que abusa sexualmente de menores de edad.
Estas asociaciones pueden explicarse por lo que se conoce como “heurística de la disponibilidad” 45. Con este nombre se indica a la estrategia cognitiva según la cual las personas estiman la probabilidad de un evento por la facilidad con la que recuerdan hechos similares. Así, cuando a una persona se le pregunta si una situación puede suceder en el futuro, la respuesta suele estar directamente influenciada por la calidad y la cantidad de ejemplos similares que uno puede recordar. Pero el método es, por desgracia, no muy preciso. El error recae en asumir que la única razón por la que uno podría recordar mejores ejemplos es porque eso sucede con más frecuencia. Kahneman y Tsversky, los científicos a quienes se le atribuye el nombre del fenómeno explican que “la disponibilidad es una pista ecológicamente válida para juzgar la frecuencia porque, en general, los eventos más frecuentes son más fáciles de recordar o imaginar que los poco frecuentes. Sin embargo, la disponibilidad también está afectada por otros factores no relacionados con la frecuencia real (…) En consecuencia, el uso de la heurística de la disponibilidad conduce a un sesgo sistemático”.
Es decir, la estrategia mental utilizada no es necesariamente mala, pero conduce erróneamente a asumir que existe una conexión inexpugnable entre ser clérigo y ser abusador sexual de menores. Este terrible prejuicio, combinado con la mala fe periodística, no contribuyen en lo más mínimo al debate democrático ni aportan un ápice de información relevante al debate público. Por el contrario, afirmaciones temerarias como las de Salinas, solo permiten arraigar más profundamente preconceptos dañinos y, al final del día, herir de forma irreversible la honra de una persona.
Poco tiempo después de que la querella fuera desistida, Salinas fue entrevistado y preguntado por los hechos de este caso. En esta ocasión se le preguntó si él pensaba que había ido demasiado lejos con los agravios contra Eguren, a lo que el querellado respondió que él jamás había insinuado ningún tipo de abuso sexual y que esta interpretación era el solo producto de la arbitrariedad del arzobispo46. Sea que el uso de las palabras haya sido parte de una estrategia malintencionada o de un torpe uso del lenguaje, lo cierto es que debería ser esperable un mayor cuidado por parte de los profesionales de la comunicación, dado que disponen de medios con una potencialidad de daño tan significativa para la reputación de los afectados. Defender la libertad de expresión en abstracto está muy bien, pero la sociedad, la democracia y la ciencia han avanzado demasiado para que continuemos la repetición de perimidos dogmas del pasado siglo.
2. La defensa del más débil
En el camino hacia una regulación de la libertad de expresión que sea más acorde a nuestros tiempos y realidades, es necesario preguntarnos cuál es el objetivo que debemos promover. La respuesta no puede nuevamente ser la de maximizar la cantidad de voces en el foro. Ya hemos visto cómo este criterio puede repercutir de forma negativa sobre la calidad de la comunicación. El principio rector debe ser, como lo han venido sosteniendo desde hace mucho tiempo distintos juristas en el mundo, tales como Luigi Ferrajoli47 y Andrés Perfecto Ibáñez48, y como yo mismo he planteado en anteriores ocasiones49, la protección de la parte débil de la relación50.
Nuestros ordenamientos jurídicos se construyeron en torno a garantías que protegen a los individuos de los tres poderes del Estado. Esta concepción ilustrada fue pensada para asegurar la libertad de las personas y evitar que esta se transforme en una simple voluntad abstracta frente a posibles abusos de las autoridades. Por eso, no es aceptable la tesis que equipara a los funcionarios con las figuras públicas. Mientras que los primeros se acogieron voluntariamente a ser el objeto de debates y cuentan, además, con innúmeras protecciones y recursos que el Estado concede, los segundos se encuentran a merced del cuarto poder que es, muchas veces, más abusivo, amenazante y destructivo que los otros tres.
Para ilustrar este punto, es conveniente retomar el caso de Monseñor Eguren. Los supuestos defensores de la libertad de expresión explican que Eguren debía tolerar que, en todo caso, se lo difamara por el alto interés público de las acusaciones y porque la fama del agraviado permitía presuponer que había consentido implícitamente estos ataques, a los que, por lo demás, seguramente contaba con medios para replicar.
El primero de los argumentos, el del interés el público en discutir ciertos asuntos, es tan débil como peligroso. Si bien es cierto que hay un valor social en que se descubran los delitos cometidos en la comunidad, esto no puede ser el fundamento para que cualquier sujeto se transforme en el blanco de afirmaciones infundadas que menoscaban su reputación. De hecho, si se tomara este razonamiento con seriedad, la consecuencia lógica sería afirmar que, cuanto más grave sea el delito imputado, menos protección debería tener la persona que ha sido agraviada. Al final de cuentas, dado que la sociedad tiene derecho a conocer quiénes son las personas que cometen atrocidades, debemos cuidarnos de no desincentivar estas imputaciones por parte de la prensa, aunque ellas no cuenten con ningún sustento probatorio.
Tampoco se explica este deber de tolerancia que se impone a Eguren, por el solo hecho de haber alcanzado un cargo con cierta notoriedad. Es posible decir de un actor de Hollywood que debió prever que se hablaría de él y que, al optar por esa profesión, consentía los elogios y las críticas por igual. Pero me es muy difícil pensar lo mismo de una persona que se dedica a la vida apostólica y llega a ser arzobispo. Dudo que tenga interés en que se hable de él o que disponga de canales idóneos de comunicación para responderle a medios de comunicación que tienden a agruparse de forma corporativa y especializados en el manejo de escándalos.
Esto no quiere decir que debamos demonizar a la prensa o que se deban trazar reglas que perjudiquen a los periodistas. Los medios de comunicación cumplen una función absolutamente esencial en nuestras vidas. Tanto como la cumplen los demás poderes del Estado, a los que les imponemos límites y controles. Por eso, no se trata de ponderar en abstracto la libertad de expresión frente a otros derechos fundamentales, sino de ver cuáles son las reglas que mejor ayudan a que vivamos en armonía, con la tranquilidad de que podremos enfrentarnos a los eventuales excesos en nuestra contra.
Hoy más que nunca la palabra adquirió un poder de destrucción descomunal51. Primero, los medios de diseminación masivos ya no están únicamente en manos de personas que forman parte de alguna organización seria con altos estándares de calidad. Cualquier individuo puede expresar su opinión en un blog personal, un canal en YouTube, un hilo e Twitter o una entrada en Facebook. Si la persona tiene cierta popularidad o buen manejo de la informática, le tomará solo minutos hacer que sus dichos recorran todo el mundo, y sean leídos por miles o incluso millones de personas. Y esto no es ciencia ficción. Ya existen bots que replican la información en internet de forma automática e individuos que, casi sin explicación, acumulan millones de seguidores en sus redes. Por si fuera poco, una opinión, una vez publicada en internet, permanece allí disponible indefinidamente52 y reaparece cada vez que alguien realiza una búsqueda online o que otro medio decide hablar de la misma persona.
Hace cincuenta años, tal vez, los peligros de limitar la libertad de expresión eran mayores que los riesgos que suponía una protección tan alta. Hoy, en un mundo donde los grandes medios de comunicación permanecen concentrados en manos de grupos con más poder e influencia que algunos gobiernos y donde todo el mundo es, al mismo tiempo, receptor, productor y emisor de contenido, esos temores parecen infundados. Los riesgos para las personas y para nuestra democracia, en cambio, son cada vez más grandes, y entregarle una carta blanca de esta envergadura a la prensa no parece ya una buena idea53.
3. Una revisión de la real malicia
Con miras a proteger a la parte débil de la relación, es decir, a los particulares que son objeto de abusos periodísticos, es necesario repensar el tan repetido estándar que domina la materia. Como se explicó anteriormente, la proliferación de más información de baja calidad no es un objetivo que debamos defender con tanto celo. Una opción más razonable sería, entonces, imponer a esta industria exigencias similares a las que se establecieron para todas las restantes54.
Siempre que se publique una noticia acerca de un individuo existirá el riesgo de cometer un error y, consiguientemente, de dañar injustificadamente su honra o interferir en su privacidad más allá de lo necesario. Este peligro, sin embargo, debe ser sopesado junto con las enormes ventajas que la actividad periodística trae consigo. En otras palabras, el daño a inocentes no debería hallarse justificado como consecuencia del ejercicio de un derecho55, sino que se lo debería comprender entre los riesgos permitidos al considerar la imputación objetiva de este delito. El delito, por eso, debería regularse como uno imprudente, de modo que quien incumpla los deberes de su oficio y eleve de este modo el peligro jurídicamente tolerado, reciba una condena por el resultado ocasionado.
La razón central por la que se evitaba condenar por imprudencia a los trabajadores de este sector era para no desincentivar la producción de noticias. Pero, como ya hemos visto, el mundo en el que esta doctrina se creó era completamente distinto. En aquel mundo, donde los medios de comunicación eran pocos y representaban el único canal de acceso a los acontecimientos, el riesgo era comprensible. Hoy, en cambio, debemos preguntarnos cómo comenzar una transición desde un medio saturado de noticias de baja calidad, a uno con abundantes publicaciones de alto rigor.
Las opciones son únicamente dos: o bien se regula la actividad o bien se crean incentivos para la autorregulación. Aunque ambas técnicas podrían funcionar bien de forma complementaria, pienso enfocarme más en la segunda de estas opciones. La forma de lograrlo, que no es otra que regular al delito como uno de tipo culposo, ya fue enunciada y ahora será desarrollada.
La doctrina creada por New York Times se apoya sobre la noción de que el mercado de ideas funcionará mejor sin la supervisión de los tribunales. Pero la afirmación opuesta parece igualmente plausible56. Aunque es innegable que leyes más duras con el periodismo podrían operar como un limitante a ciertos discursos valiosos, tampoco puede ignorarse que el mismo efecto se produciría sobre los discursos que, al final del camino, acaben por ser probados como falsos. Este cambio, entonces, reduciría la cantidad de información en un mundo sobreinformado, pero elevaría la confianza en lo que finalmente se haga público57. La discusión común podría fortalecerse enormemente si la gente pudiera confiar en que lo que lee o escucha fue publicado conforme a rigurosos estándares elaborados por expertos, y no por individuos que tal vez escribieron con cierta liviandad, pero sin intención de hacer daño.
El cambio propuesto encierra, adicionalmente, una gran ventaja. Para la configuración de un delito imprudente, no es suficiente con solo mostrar que se ha producido un resultado disvalioso, que, en el caso, sería la lesión al honor. Estas figuras requieren probar que la persona se apartó de las reglas y deberes que se imponen en su propio medio. Así como sucede con los médicos, los abogados y demás profesionales, gran parte de las expectativas legales estarían definidas por la propia industria y, al final de cuentas, por el mercado.
Actualmente, se requiere demostrar que el demandado publicó con “serias dudas”. Si el demandado no investigó, no puede hallársele responsable. El deber de investigar, cuya omisión puede dar base a la imposición de responsabilidad, surge sólo después de que el demandado tenga “serias dudas”. El paradigma objetivo del periodista prudente y responsable pasa a un segundo lugar58. Ejercer el derecho a expresarse se transforma en una causa de justificación que habilita casi cualquier actuar negligente. Para los periodistas, hoy, “la ignorancia es el paraíso”59.
La doble ventaja de esta reforma debe ser, a esta altura, ya evidente. Los periodistas podrán definir ellos mismos las buenas prácticas esperadas antes de hacer una afirmación, de modo que los medios de información serios elevarán el estándar para aquellos que no lo sean. Pero, además, el público podrá protegerse y participar en este proceso, al optar por aquellos que más rigurosamente se dediquen a informar. Si la hipótesis se corrobora, ciudadanía y prensa podrían ingresar en un círculo virtuoso en el que se premie a los medios con criterios más estrictos y estos, a su vez, lleven a sus colegas a seguir sus protocolos.
Finalmente, debe destacarse una virtud adicional. Hoy los procesos penales por delitos contra el honor son tan largos como costosos60, como resultado de la imposible exigencia del tipo subjetivo61. La regulación actual no solo obliga a las personas a ingresar en agobiantes procedimientos en donde se discute un elemento de casi imposible comprobación, sino que acaba por correrse el foco de lo que realmente importa, que es la falsedad de los hechos y el deficiente comportamiento profesional del querellado.
Volvamos nuevamente al caso de Pedro Salinas. Un periodista afirma tres hechos sobre los que, como lo demostró el proceso respectivo, no tenía pruebas suficientes. El agraviado se ve obligado a probar en juicio no solo su propia inocencia, sino también un elemento de intencionalidad, casi incomprobable, en cabeza del periodista. Para esto, entra en un proceso judicial largo y costoso, del que sale con éxito únicamente por haber tenido la fortuna de enviar una carta de rectificación al querellado y por lo absolutamente infundado de las afirmaciones62. El proceso acaba y el condenado dice no haber dicho lo que dijo, que el desistimiento prueba la veracidad de lo que ahora desconoce, y que la sentencia dejada sin efecto es un ataque contra la democracia.
Un sistema en el que se castiga el incumplimiento de deberes en el oficio ni siquiera publicaría notas en las que un periodista:
a) omite mencionar que la acusación que formula fue también presentada ante el poder judicial por él mismo y archivada dos veces.
b) utiliza términos de forma ambigua para confundir a los lectores y aumentar el sensacionalismo.
c) sostiene acusaciones innegablemente agraviantes apoyadas solo en inferencias absurdas, como la pertenencia a un determinado grupo por un cierto tiempo.
d) acusa por hechos que vio en un documental de bajísimo rigor periodístico y que jamás fueron siquiera de interés del poder judicial.
e) insulta a otro, lo invita a “verse las caras”.
En definitiva, si los estándares se racionalizaran, el proceso habría durado mucho menos tiempo, la jueza habría determinado muy rápidamente que no se cumplieron los deberes mínimos de un periodista y la sentencia habría sido correctamente leída por el público como un reproche frente a un pobre desempeño de deberes profesionales, de modo que nadie albergaría dudas de que la democracia, en rigor de verdad, se vio fortalecida. A la larga, una sucesión de decisiones como esta causaría, además, una disminución significativa de notas como las que motivaron el pleito del cual da cuenta el libro y, con ello, mejoraría sustantivamente la información disponible y el debate colectivo.
IV
El relato en análisis ilustra a la perfección las consecuencias de aplicar una regulación que ha devenido obsoleta. Por eso, me propongo examinar ahora nuevamente el caso a la luz del modelo propuesto y ver cómo pudieron haberse desarrollado los eventos.
El periodista Pedro Salinas realizó dos tipos de afirmaciones dirigidas contra Monseñor Eguren. Por un lado, una serie de agravios cuya formulación no encuentra protección constitucional. Por el otro, una serie de imputaciones concretas mediante las que se vinculaba al arzobispo con conductas delictivas: maltratos físicos y psicológicos, asociación ilícita, usurpación y encubrimiento de abusos sexuales.
Por un momento olvidémonos de la intención del periodista y sólo concentrémonos en los estándares mínimos que serían esperables de un profesional de la comunicación para no lesionar injustificadamente la reputación de las personas. Posiblemente la adopción de un estándar imprudente conllevaría a una evolución de mejores prácticas en la industria, pero incluso hoy no debería haber dudas de que las siguientes pautas mínimas deberían ser exigibles:
A. En primer lugar, si un periodista desea imputarle a un particular un delito que fue objeto de un proceso, en el que se determinó que no hubo delito, debería esperarse que se exhiban pruebas adicionales o que se supere un umbral mayor que si no hubiese existido actuación jurisdiccional. Este recaudo no solo evita que la misma persona sea dos veces atormentada por un hecho idéntico, sino que reconoce al poder judicial como el ámbito idóneo para la determinación de culpabilidades. El pretenso interés social que podría invocar un periodista se ve debilitado cuando funcionarios que sirven a la misma comunidad ya han dictado una decisión firme al respecto.
B. Esto no quiere decir que la prensa no pueda criticar el funcionamiento institucional. Más bien todo lo contrario. Cualquier particular que crea que el poder judicial cometió un error al juzgar a alguien debería decirlo y explicar por qué. Esto permitiría que los ciudadanos puedan realizar sus propias evaluaciones, no solo sobre el acusado sino sobre el funcionamiento de los poderes estatales. Lo que bajo ningún aspecto es admisible es ocultar que existió una resolución firme, que, si bien por el tipo de decisión no tiene las características de la cosa juzgada material, sí tiene esos alcances formales.
C. La prensa debería tener por finalidad principal la de informar y esta debería ser la función que goce de la más alta protección. Cuando, en cambio, se compruebe que las notas en materia criminal forman parte de un proyecto de entretenimiento, se las debería someter a un escrutinio mayor. Por ello, cuando se promueva el sensacionalismo con afirmaciones asertivas sobre hechos aun no probados o se utilicen términos confusos para causar impacto, se debería también responsabilizar al profesional que ocasione daños.
D. Aunque hay un gran valor en que un periodista deslice una conjetura sobre la posible implicancia de una persona en un delito de acción pública, debería ser bajo su propio riesgo la decisión de afirmar abiertamente la participación en una organización criminal, basándose únicamente en un documental que vio en televisión.
E. Por último, no debería permitirse en una democracia liberal que personas utilicen medios de comunicación masivos para invertir la carga probatoria sobre los individuos y endilgarles hechos criminales sobre meras inferencias. En concreto, no debería suceder que una persona deba responder a una acusación tal como “el símil con Barros le cae como un guante”.
Este tipo de inferencias obligan a sus destinatarios a proveer explicaciones sobre un hecho negativo, como lo es no haber sabido de los comportamientos de otros, por la sola razón de haber formado parte de una agrupación religiosa. Tal atribución no solo viola el principio de inocencia y de libertad de culto, sino que coloca a los individuos en una posición de imposible defensa frente a la opinión pública. Si existen hechos concretos para denunciar, estos deberían estar apoyados en evidencia refutable y que permita al acusado defenderse de forma adecuada.
Como puede verse, en nombre de la libertad de expresión no deberíamos enfocarnos en castigar la real maldad y permitir cualquier otra clase de impericia, justamente por el bien individual (la reputación) que se sacrifica con toda ligereza en el altar de este nuevo falso ídolo. Esta libertad merece tutela como forma de garantizar contenidos de calidad y confiables. Y los contenidos serán confiables sólo cuando así lo sea el proceso epidémico que los precede. Por supuesto que puede haber errores y los medios podrán equivocarse. Si operamos en márgenes razonables, este debería ser un riesgo permitido.
Con el estándar actual de real malicia el efecto es el contrario. Podemos incluso estar ante información verdadera, pero difícilmente será confiable. Un periodista que sostiene, sin pruebas, que alguien cometió una serie de delitos y luego se desdice, no contribuye al debate democrático, aunque casualmente hubiera acertado con su afirmación. La libertad de expresión, en su capacidad performativa, y la democracia, como proceso de toma de decisiones, se verían ambas a la larga fortalecidas por más rigurosos estándares de responsabilidad.
Lo mismo puede decirse de las partes involucradas en el caso, quienes seguramente se habrían beneficiado con una legislación diferente. Eguren, probablemente no habría sufrido agravio alguno, pues notas como las objetadas no habrían siquiera sido publicadas, dado que se exigiría un filtro mayor que habría permitido descartar las imputaciones. Pero, lo interesante, es que también Salinas habría tenido un mejor final.
El proceso en su contra comenzó en julio de 2018, con la interposición de la querella y concluyó nueve meses después, en abril de 2019, con el dictado de la sentencia y el posterior desistimiento. Este plazo, que para el derecho penal parece breve, es sin embargo largo si se piensa que todo el caso giraba en torno a manifestaciones de orden público. Hasta llegar a su punto final, ambas partes tuvieron que desembolsar importantes sumas de dinero en viajes y abogados –lo que incluso llevó al periodista a promocionar una fiesta masiva con el objetivo de recaudar fondos para gastos de litigio–.
Conforme al modelo sugerido, todo esto tendría que haber sido evitado muy fácilmente. Los delitos de injurias, calumnias y difamación deberían prever estándares objetivos y penas mucho menores a las que hoy tienen. El trámite de estos juicios debería ser mucho más expeditivo y no se debería perder el tiempo en la demostración de un absurdo elemento subjetivo ni en exigir pruebas de hechos negativos, como la inocencia en un delito. Lo central debe ser probar que no se cumplieron los deberes mínimos para un profesional e indicar el daño concreto irrogado, quedando la exceptio veritatis en cabeza del periodista.
De modo que, como virtud adicional, la prensa podría tener la tranquilidad de que los juicios que potencialmente podrían afrontar tenderían a ser breves y económicos. Si adicionalmente cumplieran los protocolos del medio, los comunicadores podrían estar seguros de que nadie intentaría indagar en su posible maldad al momento de realizar una publicación. Puede ponerse como ejemplo lo que sucede con cualquier ciudadano cuando conduce su auto. Es ciertamente más seguro ser juzgados por el incumplimiento de parámetros objetivos, como el respeto por la velocidad máxima o el uso de cinturón de seguridad, que habilitar un margen de discreción para que el Estado resuelva si existió conducción temeraria tras la producción de un resultado.
Finalmente, este cambio de paradigma podría jugar un papel central en la forma en como estas sentencias son percibidas por el público. A mi modo de ver, la repercusión que generó una resolución cuya respuesta era claramente correcta se explica por una concepción errónea que, como sociedad, hemos permitido que se difunda en torno a las teorías reseñadas.
Preocupados por proyectar la existencia de un valor intrínseco en permitir la circulación de cualquier afirmación, se pervirtió la libertad de expresión hasta transformarla en un bien que debe siempre imponerse a la protección del honor, al respeto de la reputación. Pero como he sostenido, el derecho a manifestarse y el derecho a la propia honra no son de distinta jerarquía, por lo que debemos encontrar sistemas que los protejan por igual, pues ambos son de raigambre constitucional. Es necesario, entonces, comenzar un lento proceso formativo mediante el cual se explique que el objetivo central del derecho a expresarse no es el mensaje en sí, sino el fortalecimiento de la arena política. Los filtros, entonces, no son en desmedro del pueblo, sino únicamente en su beneficio.
La objeción más importante que podría hacerse en este punto se relaciona con el peligro de que una autoridad central designe cuáles mensajes son verdaderos y cuáles falsos. Comparto este temor y por eso, en el sistema promovido, no debe ser el Estado el que decida qué es cierto y qué no. Los encargados de esta misión serán los particulares afectados, quienes podrán atacar las manifestaciones falsas de bajo rigor epistémico. Si esto sucede, los periodistas y las empresas de medios, preocupados por la posible falsedad de sus dichos, no necesariamente dejarían de decir las cosas que dicen, sino que tenderían a elevar sus métodos de averiguación de la verdad.
Esto es exactamente lo que sucede con el sistema penal, por citar un ejemplo. Las nulidades por vicios en el proceso no llevaron a que el sistema dicte menos sentencias. Las sanciones por vicios formales contribuyeron, en cambio, a que los funcionarios sean más cuidadosos de no cometer tantos atropellos.
El gran desafío que tenemos por delante es transmitir estos conceptos a nuestros conciudadanos que han sido atemorizados con falsas ideas de libertad. Ideas que, en última instancia, los perjudican más de lo que los protegen. El objetivo es particularmente ambicioso si se piensa, además, que se trata de poner a prueba la posición hegemónica de los últimos cincuenta años; y que, en la misión, difícilmente contaremos con el apoyo de los grandes medios de comunicación.
V
A lo largo de ese comentario bibliográfico, me propuse acercarles a los lectores una historia con elementos trágicos y vicisitudes cada vez más frecuentes: periodistas descuidados, procesos largos y costosos, particulares debiendo justificar su inocencia frente a la opinión pública y un pueblo enardecido que reclama reglas con propensión a causar más daño del que se quiere evitar. Tras describir los síntomas, ofrecí un posible diagnóstico de las causas y propuse un remedio para estos males. A modo de reflexión final, solo resta formular algunas aclaraciones.
La discusión actual acerca de la libertad de expresión se halla sesgada y obturada en favor de permitir, en muchos casos, el uso abusivo de un derecho que se presenta como superior, y en nombre del cual casi cualquier tropelía debe ser soportada. Esta, claro, no fue la concepción inicial con la que se desarrolló la teoría. En Estados Unidos, país del que heredamos esta mirada, hay un consenso sin precedentes en cuanto a que los cánones deben ser revisados. Esta posición fue adoptada por jueces conservadores63 y liberales64, académicos respetados65 y, llamativamente, incluso por periodistas66.
Ciertamente, en la ponderación tampoco debe ser adoptada la posición antagónica y no seré yo quien promueva la hipótesis opuesta. El rol de los medios de comunicación para nuestras democracias es absolutamente fundamental. La mayor parte de la información relevante con la que contamos los ciudadanos para hacer nuestras evaluaciones proviene de los grandes medios de comunicación y es preeminentemente a través de ellos que podemos juzgar el accionar de nuestros representantes. De hecho, una de las más significativas funciones de este cuarto poder es el control sobre los otros tres67. Por esto mismo, es esencial que los periodistas critiquen, opinen, denuncien e investiguen.
En los casos en los que un particular hubiera sido investigado por el poder judicial, esto de ningún modo debería precluir el debate público o impedir que la prensa continúe sosteniendo una visión diferente de los resuelto. De hecho, es precisamente esta función de “perros guardianes”68 la que más firmemente debe ser protegida. La crítica al poder judicial debe ciertamente estar permitida y no existe ningún problema con que se expliquen las razones por las que una decisión debió ser distinta. Esta función, parece innecesario decirlo, no se cumple en absoluto cuando la prensa oculta que existió un proceso ni se apoya en alguna prueba sustantiva idónea para superar la alta presunción de legitimidad de la que una decisión estatal debe gozar.
De lo que se trata en el ámbito de la libertad de prensa, es de promover todas las funciones de contralor que este poder tiene, pero de reducir y limitar su tendencia al entretenimiento sensacionalista a costa de la dignidad de las personas. Andrés Perfecto Ibáñez, por ejemplo, alerta con gran precisión acerca de la capacidad de esta industria para dañar indebidamente a las personas, violar la vida privada y atentar contra la presunción de inocencia en nombre del deber de informar69. Cada vez más, las salas de audiencia de los tribunales se han transformado en escenarios televisivos que nutren a programas que subsisten a expensas del tratamiento frívolo de asuntos judiciales70.
La doctrina de la libertad de expresión no puede ser únicamente considerada en términos deónticos o absolutos. Debemos con urgencia mirar las consecuencias que su mal ejercicio está teniendo en nuestras vidas. La regulación de los medios que hemos sostenido por los últimos años ha tenido un costo demasiado elevado: democracias dominadas por líderes que gobiernan con mentiras, medios de comunicación cuya credibilidad está en crisis, un poder judicial cada vez más más presionado, ciudadanos sometidos a ignominiosos procesos para entretener al público e industrias que operan con presunciones de culpabilidad y licencia para dañar a inocentes.
Hemos permitido que se ataque a nuestra democracia en nombre de la libertad y a nuestra libertad en nombre de la democracia. Todas las actividades peligrosas autorizadas en nuestra sociedad deben reconocer límites y ningún valor en abstracto puede autorizar el daño injustificado a terceros. Con enorme esfuerzo nuestros antepasados han luchado para construir delicados equilibrios y sistemas de control que nos permitieron vivir en paz, protegidos de los tres grandes poderes del Estado. Llegó el momento de tomarse en serio la defensa de los débiles. Llegó el momento de construir garantías jurídicas nuevas para proteger la dignidad y la reputación de las personas también frente al poder de la difusión de afirmaciones por los medios de comunicación masiva. Garantías que deberán operan solo cuando la información difundida, como sucedió en el caso Salinas, tenga capacidad destructiva para la reputación de una persona, Eguren en este supuesto, sin que en modo alguno se cuente con una verificación intersubjetivamente aceptable de lo afirmado ni, mucho menos, con una refutación, basada en pruebas, que desmienta una decisión judicial firme por la cual se había establecido, después de un proceso tramitado en legal forma, que, en el caso, los delitos atribuidos a Eguren no habían existido.
*El autor agradece la colaboración brindada para el desarrollo del texto por Martín Haissiner y Marcos Aldazabal.
Notas:
1 https://lavozatidebida.lamula.pe/2018/01/20/el-juan-barros-peruano/pedrosalinas/
2 Por mencionar sólo algunos: “este figurón de los tiempos aurorales del Sodalitium”, “el obispo se hace el cojudo”, “dice que es manso corderito a los que los lobos se lo quieren manducar porque está gordito”, “no jodas pues José Antonio Eguren, no jodas José Antonio Eguren, a mí no me vas a agarrar de idiota”, “le jode que haga referencias a investigaciones periodísticas”, “tremendo hipócrita, tremendo cínico, eso es José Antonio Eguren, eso es José Antonio Eguren, un cínico, un hipócrita”, “el obispo ultrajado nunca llegó”, “el cínico de Eguren”, “Eguren busca salvar el culo”, “A ver José Antonio, aquí entre nos, decime la verdad. ¿Qué tanto sabías de lo que pasaba al interior de las comunidades sodálites? Andá a cagar, boludo, si pensás que me voy a creer todo lo que me decís. Bueno, José Antonio, gracias por la visita. Siempre habrá un boludo que se la trague”.
3 La copia completa de la querella está disponible como primer documento del anexo del libro.
4 Se puede ver una copia completa de la sentencia como segundo documento del anexo.
5 Se puede ver una copia completa de la presentación como tercer documento del anexo. También se acompaña una copia de la contestación realizada por el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro.
6 El proceso de elaboración y ratificación de la Constitución de Estados Unidos de Norte América, precursora de las demás constituciones de nuestro continente, estuvo signado por una enorme tensión con relación a la ausencia de derechos fundamentales dentro del texto escrito. En efecto, tomó cuatro años formar un gobierno común a todos los Estados parte. La controversia principal se vinculaba con que los llamados Federalistas se oponían a la inclusión de una lista de derechos, pues estos eran innecesarios bajo un sistema en el que el pueblo retenía todas las prerrogativas no cedidas al gobierno central. Los Anti-Federalistas, por el contrario, temían el poder que podría acumular este nuevo gobierno central y se negaban a ratificar la constitución sin una enumeración de algunos derechos básicos. Al final, el sentimiento popular fue decisivo. Recién liberados de la monarquía inglesa, los norteamericanos exigían certezas de que su gobierno jamás intervendría en algunos ámbitos de plena la autonomía ciudadana. En este sentido, por ejemplo, Thomas Jefferson argumentaba, en una misiva enviada a James Madison, el 20 diciembre de 1787, que una carta de derechos es la garantía de libertad que el pueblo tiene frente a cualquier gobierno de la tierra, general o particular, y lo que ningún gobierno debería negar o ignorar indiferentemente. La redacción, entonces, que finalmente estuvo a cargo del Madison, debía incluir solamente aquellos contenidos mínimos que fueran absolutamente indiscutibles. El primer artículo que se incluyó en ese elenco de derechos fue el que consagraba la libertad de culto y expresión. Ambos representaban el ámbito más sagrado de reserva de los particulares y, al mismo tiempo, las condiciones mínimas para que pudiera hablarse seriamente de un autogobierno. Su lugar en esta lista no hace que la libertad de expresión sea más importante que las otras, pero sí indica cuán esencial debe ser para el funcionamiento de una democracia, al menos a los ojos de estos hombres.
7 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Nevada en los EE. UU. en el caso Judas Priest v. Second Judicial Dist. Court, 104 Nev. 424, 760 P.2d 137 (1988).
8 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Mut. Film Corp. v. Indus. Com. of Ohio, 35 S. Ct. 387 (1915).
9 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno de Circuito de los EE. UU. en el caso Winter v. G.P. Putnam’s Sons, 938 F.2d 1033 (9th Cir. 1991).
10 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Spence v. Washington, 418 U.S. 405, 94 S. Ct. 2727 (1974).
11 https://elcomercio.pe/peru/pedro-salinas-esto-condena-me-inhibir-continue-asunto-noticia-ecpm-625946-noticia/.
12 https://www.radiocutivalu.org/colegio-de-periodistas-de-piura-se-pronuncia-tras-condena-a-pedro-salinas/.
13 TEDH, caso Lingens v. Austria (No. 9815/82), del 8 de julio de 1986; CIDH, caso Kimel v. Argentina, decidido el 2 de mayo de 2008.
14 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Chaplinsky v. Nuevo Hampshire, 315 U.S. 568 (1942). Este es la decisión pionera en la materia y la que ha servido de referencia para las posiciones adoptadas en el resto del mundo.
15 “Un gobierno popular sin información popular o los medios para adquirirla es solamente el prólogo de una farsa o de una tragedia, quizás de ambas. El conocimiento gobernará por siempre a la ignorancia; y la gente que quiera ser su propio soberano debe armarse con el poder que el conocimiento otorga”. Madison, James, The Writings of James Madison, New York, G.P. Putnam’s Sons, 1910, vol. 9, p. 103.
16 Este concepto fue capturado en la noción de “Mercado de las ideas” o Marketplace of ideas, y su creación le es atribuida al juez Oliver Wendell Holmes Jr., en el caso de la CS de EE. UU. Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919).
17 Sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250, 72 S. Ct. 725 (1952).
18 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 84 S. Ct. 710 (1964).
19 Se entendió que, bajo la primera enmienda, el actor debía demostrar que el defendido sabía que la declaración era falsa desde un comienzo o, al menos, que fue temerario al decidir publicar la información sin siquiera investigar si era correcta.
20 Álvarez González, José, “Colisión entre los derechos fundamentales de la libre expresión y a la intimidad y dignidad humana entre Estados Unidos y Puerto Rico”, Derecho y Humanidades, Núm. 11 (2005).
21 Sentencias de la Corte Suprema de EE. UU. en los casos Curtis Pub. Co. v. Butts, 388 U.S. 130, 87 S. Ct. 1975 (1967) y Associated Press v. Walker, 389 U.S. 28, 88 S. Ct. 106 (1967).
22 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Gertz v. Robert Welch, 418 U.S. 323, 94 S. Ct. 2997 (1974).
23 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Harte-Hanks Commc’ns v. Connaughton, 491 U.S. 657, 109 S. Ct. 2678 (1989) (Stevens, J.) (“Hoy no hay ninguna duda de los casos de difamación contra una figura pública quedan sujetos al estándar de New York Times”).
24 TEDH, caso Castells v. España (No. 11798/85), del 25 de junio de 1992. § 43 “… no debe ser olvidado el preeminente rol de la prensa en un estado de derecho. Aunque no debe sobrepasar varios límites fijados para, entre otras cosas, prevenir el desorden y proteger la reputación de otros, es sin dudas su incumbencia principal la de acercar información e ideas sobre cuestiones políticas y sobre otros temas de interés público. La libertad de prensa representa para el público una de las mejores maneras de descubrir y formar opiniones de las ideas y actitudes de sus líderes políticos. En particular, le da a los políticos la oportunidad de reflexionar y comentar sobre las preocupaciones de la opinión pública; y así le permite a todos participar en el debate político libre que se ubica en al centro del concepto de una sociedad democrática”.
25 TEDH, caso Oberschlick v. Austria No.1 (No. 11662/85), del 23 de mayo de 1991. § 59 “Los límites de lo que constituye una crítica aceptable son consecuentemente más amplios con respecto a un político actuando en ejercicio de sus funciones, que con relación a un individuo particular. Aquel se presta inevitable y conscientemente para un cercano escrutinio de cada una de sus palabras y actos, tanto por periodistas como por el público en general, y debe mostrar un grado mayor de tolerancia, especialmente cuando sea él mismo quien haga comentarios susceptibles de ser criticados. Un político tiene ciertamente derechos a la protección de su reputación, incluso cuando no se encuentre actuando como ciudadano privado, pero las condiciones para esta protección deben ser sopesados contra el valor de una discusión a abierta en materia de cuestiones políticas”.
26 TEDH, caso Tolstoy Miloslavsky v. United Kingdom (No. 18139/91) del 13 de julio de 1995.
27 Ver, por ejemplo, TEDH, caso Perna v. Italia (no. 48898/99) del 6 mayo 2003 y TEDH, caso Radio Francia y otros v. Francia (No. 53984/00) del 30 de marzo de 2004, entre otros.
28 Whitman, James Q., Enforcing Civility and Respect: Three Societies, Yale Law Journal, Vol. 109: 1279 (2000).
29 CIDH, caso Kimel v. Argentina, del 2 de mayo de 2008 y CIDH, caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, del 2 de julio de 2004.
30 Acuerdo plenario n° 3-2006/CJ-116 del 13 de octubre de 2006.
31 Ver, en igual sentido, por ejemplo, el voto del juez peruano Diego García-Sayán en el caso Kimel: “No se trata de categorizar estos derechos ya que ello colisionaría con la Convención. El carácter unitario e interdependiente de los derechos se vería confrontado con el intento de establecer derechos de “primera” y de “segunda” categoría. De lo que se trata es de que se definan los límites de cada cual buscando armonizar ambos derechos. El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse, así, con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese proceso de armonización, como se dice en la sentencia, le cabe un papel medular al Estado buscando establecer, a través de las vías judiciales adecuadas, las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal propósito”.
32 Sentencia n° 0905-2001-AI/TC del 14 de agosto de 2002.
33 Ver, por ejemplo, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en los casos “Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/Martínez, José Carlos s/ daños y perjuicios” (Fallos: 342:1777), del 29 de octubre de 2019 y “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios” (Fallos: 342:1665), del 17 de octubre de 2019, entre muchos otros.
34 Pastor, Daniel, Juicios Paralelos y Actores Extraprocesales, ponencia presentada en el XXX Congreso de Nacional de Derecho Procesal (2019).
35 Post, Robert, Constitutional domains: Democracy, community, management, Harvard University Press (1995).
36 Meiklejohn Alexander, Free speech and its relation to self–government, Harper (1948).
37 Macedo Junior, Ronaldo Porto, Fake News and the new menace to free speech, conferencia presentada en el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA) (2018). Cada vez más personas se comunican con menos usuarios. Cada individuo se transforma en fuente de información para grupos pequeños y saturan el mercado con datos en los que es cada vez más difícil confiar. Fuente: NetCraft and Internet Live Stats, 2014.
38 Kahan, Dan M., Misconceptions, Misinformation, and the Logic of Identity-Protective Cognition, Cultural Cognition Project Working Paper Series No. 164 (2017).
39 Sunstein, Cass R., Republic.com 2.0., Princeton University Press (2007).
40 https://www.technologyreview.com/2018/08/22/140661/this-is-what-filter-bubbles-actually-look-like/.
41 En efecto, tan importante fue el cambio de paradigma que entre el año 2002 y 2017, se otorgó dos veces el Premio Nobel de economía a científicos que trabajaban con psicología cognitiva y que proponían una visión del mercado más acorde con humanos no racionales.
42 Simon, Herbert A., Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, Free Press (1976); Kahneman, Daniel, “A Perspective on Judgment and Choice: Mapping Bounded Rationality”, American Psychologist 58, no. 9 (2003).
43 Levine, T. R., Truth-Default Theory (TDT): A Theory of Human Deception and Deception Detection, Journal of Language and Social Psychology, 33(4) (2014).
44 Ittelson, William H., y Kilpatrick, Franklin P., Scientific American, Vol. 185, No. 2 (1951).
45 Tversky, Amos y Kahneman, Daniel, Availability: A heuristic for judging frequency and probability, Cognitive Psychology, 5, 207–232 (1973).
46 Entrevistador: Usted afirma ahí que monseñor Eguren pertenece a la generación fundacional del Sodalicio y que “le conoce todas sus cosas” a Figari. ¿A qué se refiere? Salinas: Miembro de la generación fundacional supone que junto a Figari y otros fue colaborador principal y corresponsable del diseño de esta organización donde se instaló una cultura de abuso de poder durante 40 años. En ningún momento, y él ha forzado la cosa para llevarla por ese lado, he hablado de encubrimientos sexuales. En el contexto que yo escribo la columna, nadie sabía quién era Juan Barros ni quién era Eguren. Entrevistador: La acusación contra Barros en Chile es que encubrió casos de violencia sexual. Salinas: Había testigos en el caso chileno que señalaban a Barros como encubridor de abusos en general. Los sexuales también estaban ahí implícitos. A mí no me constaba en ese momento que Eguren había encubierto abusos sexuales, pero los otros no los podía negar. Entrevistador: Para ser claros: ¿usted no ha señalado que Eguren encubrió abusos sexuales? Salinas: En esa columna no. Esa es la interpretación de él. Una interpretación arbitraria, caprichosa y antojadiza. La entrevista completa se puede encontrar en: https://elcomercio.pe/peru/pedro-salinas-esto-condena-me-inhibir-continue-asunto-noticiaecpm-625946-noticia/?ref=ecr.
47 Ferrajoli, Luigi, Poderes Salvajes, Ed. Trotta (2011).
48 Ibáñez, Perfecto Andrés, Tercero en Discordia, Ed. Trotta (2015).
49 Ponencia oportunamente citada en la nota 34.
50 Un ejemplo notable de la falsa dicotomía entre libertad de expresión y democracia lo representa la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfG), de fecha 9 de junio de 2020. En esta resolución se limitó la libertad de expresión el Ministro del Interior que publicó en la página web de ese Ministerio una entrevista en la que respondía a un contendiente político. El Tribunal entendió que este accionar limitaba el principio de neutralidad estatal e impedía la competencia leal entre agrupaciones. En abstracto, la decisión es una que limita el derecho a expresarse. Pero un análisis detenido de la cuestión permitirá ver en práctica las ideas que aquí se sugieren. Lo que el Tribunal hizo, en realidad, fue proteger a la parte débil de la relación, que frente al Estado siempre serán los particulares, y asegurarse de que el debate democrático se vea enriquecido. Para esto último, la clave fue reconocer que no siempre debe ser escuchado el que grita más fuerte (en https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-045.html).
51 Ver, por ejemplo, TEDH, caso Radio Francia y otros v. Francia (No. 53984/00) del 30 de marzo de 2004, en el que el Tribunal sostuvo expresamente al considerar los deberes y responsabilidades de un periodista, no se puede perder de vista el impacto potencial del medio empleado y que, en ese sentido, los medios audiovisuales tienen cada vez un impacto más inmediato y poderoso.
52 Por esta misma razón, varios países ya han comenzado a discutir el derecho al olvido. En la Unión Europea, la Regulación General de Protección de Datos la dispone expresamente en su artículo 17. En Argentina, este derecho surgió como creación pretoriana a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y otros/ daños y perjuicios (Fallos: 337:1174) del 28 de octubre de 2014.
53 Fiss, Owen M., Liberalism Divided: Freedom of Speech and The Many Uses of State Power, Routledge (1996).
54 La profesora Lillian R. BeVier, por ejemplo, explica en su artículo The Invisible Hand of the Marketplace of Ideas publicado en el libro Eternally Vigilant del año 2001, que “la prensa es la única industria mayor en toda la economía de Estados Unidos que no es responsabilizada de forma rutinaria por los daños que los defectos en sus productos ocasionan, tanto al electorado en su conjunto como a las víctimas particulares damnificadas”.
55 Algunos jueces al tratar el delito entienden que los peligros no tolerados podrían estar igualmente justificados como parte del derecho a la libertad de expresión. Esto es claramente un error pues, la libertad que es constitucionalmente valiosa es aquella que se ejerce de forma prudente y conforme a cánones razonables de calidad y rigor.
56 Monaghan, Henry P., Of Liberty and Property, 62 Cornell L. Rev. 405 (1977).
57 Nagel, Robert F., How Useful es Judicial Review in Free Speech Cases?, 69 Cornell L. Rev. 302, 323 (1984).
58 “Colisión entre los derechos fundamentales de la libre expresión y a la intimidad y dignidad humana entre Estados Unidos y Puerto Rico”, oportunamente citado en la nota 14.
59 Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, The Foundation Press (2ª Ed. 1988).
60 Epstein, Richard A., Was New York Times v. Sullivan Wrong?, 53 U. Chi. L. Rev. 782, 797, 804 (1986).
61 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Dun & Bradstreet v. Greenmoss Builders, 472 U.S. 749, 105 S. Ct. 2939 (1985) (White, J., en voto concurrente).
62 Algunos académicos habrían aceptado una condena incluso sin esta carta previa. Entre otros, Peter H. Schuck, profesor emérito de Yale Law School, sostiene que la falta de pruebas opera como presunción de real malicia. Ver, por ejemplo: Trump’s ‘Horrifying Lies’ About Lori Klausutis May Cross a Legal Line, publicado el 28 de mayo 2020, en el New York Times.
63 https://www.vox.com/2020/5/12/21250988/supreme-court-clarence-thomas-free-speech-first-amendmentsineneng-smith.
64 https://www.nytimes.com/2018/06/30/us/politics/first-amendment-conservatives-supreme-court.html.
65 Catharine A. MacKinnon, sostiene, por ejemplo, que “Otrora una defensa para los menos fuertes, la primera enmienda se ha transformado en un arma muy ponderosa en los últimos cien años. Legalmente, lo que fue, hacia principios del siglo 20, un escudo para radicales, activistas, socialistas y pacifistas, los excluidos y los desposeídas, se ha transformado en la espada de los autoritarios, racistas y misóginos, nazis y supremacistas blancos, pornógrafos y corporaciones que compran elecciones”. Ver MacKinnon, Catharine A., The First Amendment: An Equality Reading, en Stone, Geoffrey R. y Bollinger, Lee C., The Free Speech Century, Oxford University Press (2018). En igual sentido, el profesor Cass Sunstein, dijo recientemente que la base sobre la que se apoya la decisión alcanzada en New York Times v. Sullivan no está enteramente firme y, por eso, afirmó que es cada vez más necesario un pensamiento nuevo y creativo, diseñado para proteger a la gente de que su reputación sea destruida. Ver https://www.twincities.com/2019/02/25/cass-sunstein-clarence-thomas-has-a-point-about-free-speech-law/. Otra de las voces más reconocidas en este punto es el también profesor de Harvard, Alan Dershowitz, que ha venido advirtiendo en los últimos años acerca del uso de la primera enmienda como un arma de doble filo. Ver Dershowitz, Alan, Guilt by Accusation: The Challenge of Proving Innocence in the Age of #MeToo, Hot Books (2019).
66 https://www.cjr.org/the_media_today/trump_shooting_looting_facebook_zuckerberg.php.
67 Herman, Edward S. y Chomsky, Noam, Manufacturing consent. The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York (1998).
68 Tercero en Discordia, oportunamente citado en la nota 48., p. 522.
69 Ibíd.
70 Ibíd. p. 528

La estrategia del miedo

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Ahora Vizcarra es don terror: “Este virus va a atacar a todos, nadie se va a salvar. Unos más temprano otros más tarde, pero nadie se salvará. Hay que estar preparados porque no tenemos otra alternativa”, dijo en radio Americana, de Moquegua. No son frases fortuitas sino milimétricamente calculadas y sugeridas, sin duda, por su asesor peronista Maxi Aguiar, y podrían tomarse como indicio de que las elecciones 2021 serán pospuestas; y es que históricamente el miedo ha sido usado como arma de control social por quienes buscan perpetuarse en el poder.
El filósofo político y jurídico Carl Schmitt (1888-1985) sirvió diligentemente a Adolfo Hitler, el monstruo a quien Perón admiraba por encarnar los grandes “valores” alemanes (por cierto, Hitler no era alemán sino austríaco). Schmitt propuso los argumentos más sólidos contra el Estado Constitucional, desvirtuando la validez del Estado de Derecho, la ilegitimidad del parlamentarismo moderno, y los “peligros políticos” del Liberalismo-Democrático. Para Schmitt dirigir y manipular a la población pasaba por mantener vigente la imagen de un enemigo. Cuando Vizcarra dice “Este virus va a atacar a todos, nadie se va a salvar”, convierte a la democracia y al Estado liberal en enemigos del pueblo por su incapacidad de protegerlos del virus chino.
Intentar crear un enemigo, para el caso la institucionalidad democrática, como lo ha hecho Vizcarra radialmente, es el primer paso para instaurar una dictadura definitiva. La recientemente inaugurada estrategia del miedo lanzada vía una radio de Moquegua, ¡oh casualidad su terruño!, llevará a los ciudadanos a desconfiar de sus pares, a debilitar su resistencia emocional ante la anormalidad de la pandemia y a sentirse abandonados por el Estado, democrático y liberal. Se abona, así, el terreno para un tirano, un gobierno antiparlamentario, un Estado interventor en todos los aspectos de la vida social, cultural y económica.
La ideología del miedo no es nueva, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) la define como: “perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario”. Es el miedo como arma de dominación, una construcción ideológica para generar conflicto con el “culpable” de lo que supuestamente ocurrirá: “nadie se salvará. Hay que estar preparados porque no tenemos otra alternativa”, dijo Vizcarra intentando sumarse al grupo de afectados por la ineptitud de su propio gobierno. “No tenemos otra alternativa”, sostiene, aunque sí la hay: que suelte el poder para no continuar con su destrucción del Perú y la tranquilidad de sus gentes.

Compra de tablets no se concretará hasta que se presente garantía por el 10% del monto a contratar

En la tercera semana de abril, el presidente Martín Vizcarra anunció que “para cerrar una brecha en materia digital y educativa” su Gobierno adquirirá más de 840,000 tablets para destinarlas a los estudiantes de la zona rural y urbana en situación de pobreza.
El mandatario precisó que se autorizaba al Ministerio de Educación a adquirir 719,000 tablets con servicio de Internet móvil para alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria y toda secundaria del ámbito rural; así como 123,780 tablets para la zona urbana en situación de pobreza. Luego de tres meses de hacerse el anuncio, ¿cómo avanza este proceso?
A inicios de este mes, luego que la edición impresa de Gestión informará que el Ministerio de Educación (Minedu) no había ejecutado el presupuesto asignado para la lucha contra el COVID-19, la jefa de la Secretaría de Planificación Estratégica del Minedu, Gabriela Carrrasco, explicó que el presupuesto para el COVID-19 tiene dos grandes componentes.
El primero dirigido a la compra de un millón de tabletas por S/650 millones, de los cuales S/144 millones están dentro de los recursos del COVID-19 y el resto en reasignaciones de la entidad.
“En el caso de la tabletas, el proceso ya se concretó esta semana (primera semana de julio) y durante el mes de julio deberíamos entregar los adelantos, que son 30% y luego se hacen los pago contra las entregas programadas entre julio y setiembre”, dijo.
El segundo componente son S/ 93 millones para 10,000 becas y 3,000 créditos estudiantiles.
Sobre el proceso de compra de las tabletas, una investigación realizada por el portal El Foco da cuenta que las tabletas de la marca Lenovo que el Gobierno está comprando a la empresa Topsale SAC no tienen el aval ni la garantía de la compañía fabricante, según un documento que la filial Lenovo Perú envió el 10 de julio al Minedu.

“Hemos hecho las averiguaciones con el área comercial encargada de las ventas de Lenovo en China, los cuales nos han confirmado el no haber emitido ninguna carta a favor de la empresa Topsale SAC para la venta de Tablets Lenovo por el proceso en cuestión”, dice la carta.
La misiva indica además que Lenovo Limited Sucursal del Perú no se hace responsable del cumplimiento de las características y funcionamiento de las tablets, así como de las condiciones de pre y post venta, las cuales incluyen las garantías y servicios asociados a las mismas.
La adquisición -refiere la pesquisa periodística- es vía contratación directa y, hasta el momento, no está registrado en el Sistema de Contrataciones, según reconocieron voceros del Ministerio de Educación. La licitación comenzó el 7 de junio, la que ha tenido dos convocatorias. A lo largo del proceso, empresas como Telefónica y Claro pidieron ampliar el plazo de la licitación para poder participar, pero el Ministerio de Educación se negó. La empresa ganadora de la licitación (Topsale) se fundó con S/ 10,000 de capital, apena tiene 16 trabajadores y se acogió a la suspensión perfecta, según la Contraloría.
El 9 de julio, el Ministerio de Educación le pidió a Topsale la carta fianza para comenzar con la primera entrega de las tabletas, pero hasta ahora no la envía.
-Minedu responde-
Sobre la denuncia, el Minedu asegura que Topsale ha acreditado su vínculo comercial con la casa matriz de Lenovo (China). Para ello presentó una comunicación oficial en la que también se señala expresamente que Lenovo China otorga a Topsale SAC la representación para proveer la garantía de fábrica y el soporte técnico correspondiente para todas las tabletas que ha ofrecido, dentro del periodo de 18 meses previsto como garantía.
En ese sentido, afirma que Lenovo Perú (Asia Pacific) Limited Sucursal del Perú no es parte del proceso. “La responsabilidad de los servicios de garantía y posventa corre por cuenta del proveedor que obtiene el contrato”, refiere.
“Al respecto Minedu ha tomado todas las acciones para comprobar el vinculo comercial de Topsale SAC con Lenovo, lo que incluye reuniones con los representantes de la casa matriz de Lenovo, en China. A dicha empresa se la solicitado que curse comunicación a sus distribuidores en el Perú para conocimiento”, indica el ministerio en su cuenta de twitter.
Agrega que se ha solicitado a Lenovo Perú (Asia Pacific) Limitad Sucursal del Perú se sirva a remitir la documentación a través de la cual se sustentaría su afirmación de que Lenovo China no brindaría el soporte técnico requerido para las tablets. “Hasta la fecha no se ha recibido respuesta al respecto”, sostiene.
El Minedu añadió que la ejecución de la prestación no se iniciará hasta que no se presente la garantía solicitado por el 10% del monto a contratar, la misma que es de realización inmediata a favor de la entidad. “En caso el contratista solicite adelanto, deberá presentar una garantía similar por el total del monto que requiera. Estas garantías respaldarán la operación hasta que se culmine su ejecución”, puntualiza.
Fuente: Diario Gestión.

Huamachuco

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PRELATURA DE HUAMACHUCO
NOTA DE PRENSA
Tras la publicación de un artículo de la Sra. Melissa Goytizolo en el diario La República, el 12 de julio del 2020, a raíz de la visita realizada en el año 2018 por un sacerdote, sobre presuntos casos de abuso sexual a menores por parte de algunos sacerdotes de la Prelatura de Huamachuco, me veo en la necesidad de aclarar a la opinión pública lo siguiente:
1. Los hechos descritos, fueron en su momento judicializados y sobre estos hechos se ha pronunciado la Fiscalía Mixta Corporativa Sánchez Carrión. La misma que fue Apelada y el Fiscal Superior Titular de la Libertad, dispone declarar infundada la queja de derecho interpuesta. En el caso de Mendoza sigue en curso.
2. La Prelatura al tomar conocimiento de estos hechos de manera inmediata suspendió a los Sacerdotes involucrados el 1 de marzo del 2016, mientras duraba la investigación en el fuero eclesial, para lo cual, se formó una Comisión Indagadora, garantizando el respeto a la persona humana, a tener un debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, sus conclusiones fueron elevadas a la Congregación para la Doctrina de la fe; la misma, que indica iniciar un Proceso Penal Administrativo contra los presbíteros. Para dichos procesos se nombraron consultores externos a la Prelatura de Huamachuco; que emitieron sus conclusiones y en su momento se resolvieron y notificaron en su debido momento a las partes involucradas.
3. Lamentamos que, este medio de comunicación, Periódico la República, comparta información de forma confusa, que a la fecha ya ha sido investigada, tanto en el fuero civil como en el fuero eclesiástico; llevando a la población a equívocos, más que a ser informados.
4. Cabe mencionar que en todo lo expuesto no hay más casos nuevos pues desde que llegué a la Prelatura en octubre del año pasado no he recibido denuncia concreta y actualmente no existe investigación ni procesos en el ámbito eclesial, solamente en el fuero civil el caso Mendoza que sigue en curso.
5. Deseamos que nuestro presente y nuestro futuro, en la Prelatura de Huamachuco, venga marcado por el decidido esfuerzo por la justicia y la fraternidad que anuncia y realiza la Iglesia, en el nombre de Cristo. Trabajamos y trabajaremos por una Iglesia que se vea libre de cualquier acción contra la dignidad de las personas, y en especial de los menores y los indefensos.
Monseñor Pascual Benjamín Rivera Montoya TOR
Administrador Apostólico de la Prelatura de Huamachuco
Prelatura de Huamachuco, La Libertad. 14 de julio de 2020.

Denuncian corrupción sexual de sacerdotes y encubrimiento

Un reciente informe del diario peruano La República denuncia una presunta red de acoso y abusos sexuales de sacerdotes contra diversos jóvenes y seminaristas, así como el supuesto encubrimiento y negligencia de obispos, entre ellos el Arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte.
Si bien el informe hace equivocadamente referencia a casos de “pederastia” -el abuso sexual específico de niños-, el centenar de denuncias se refieren a adolescentes y jóvenes –efebofilia-, que señalan a una docena de sacerdotes de la Arquidiócesis de Trujillo y de una de sus sufragáneas, la Prelatura de Huamachuco, en el norte del Perú.
Según la investigación, fue un grupo de sacerdotes que acogió las denuncias y las llevó ante las autoridades eclesiásticas y civiles, y ahora ante la prensa local. Sin embargo, de acuerdo al informe, los denunciantes fueron sancionados por la jerarquía eclesial.
Los supuestos abusos se remontan a la década de 1990, pero otras denuncias fueron presentadas en 2005, 2010 y 2015.
En una carta remitida en julio de 2010, una presunta víctima denunció ante el entonces Prelado de Huamachuco, Monseñor Sebastián Ramis Torrens, que durante una reunión en la que bebieron alcohol “el Padre Marco Antonio Tito Valle me besó, abrazó y llevándome a su habitación realizando las mismas actitudes frente a mi persona”. El joven huyó a su habitación y se encerró: “puse cadena para que no pudiera ingresar a pesar que tocó y tocó con insistencia”.
De acuerdo a La República, una investigación encomendada por la Prelatura de Huamachuco concluyó que el Padre Tito Valle no habría cometido delito, porque el joven no era menor de edad, así que no presentaron la denuncia ante las autoridades civiles.
En 2016, Monseñor Ramis Torrens reincorporó al Padre Tito Valle a su parroquia.
En 2015, el Padre Manuel Mendoza Ruiz, entonces secretario de Cancillería de la Prelatura de Huamachuco, fue acusado de tocar los genitales de un adolescente de 15 años.
Según recoge La República, el joven recordó que durante un viaje, en el marco de un retiro espiritual, “me desperté porque el padre estaba metiendo su mano debajo de mi pantalón. Yo lo primero que hice fue moverme para que retirara su mano. Él se sobresaltó y me pidió perdón. La segunda vez me volví a despertar porque él volvía a intentar meter sus manos. Dijo: ‘perdón, hijo, te desperté’. Asumí que no era un accidente y simplemente no pude dormir”.
De acuerdo al diario peruano, otra de las denuncias, de un sujeto identificado como “Andrés”, hoy de 39 años, apunta a que entre 1996 y 1998, los sacerdotes Tulio Montenegro, Emeterio Castañeda, Segundo Fernández, William Costa y Ricardo Angulo habrían organizado o participado “de fiestas, los fines de semana por las noches, en distintas parroquias de Trujillo y en la casona de un ciudadano llamado Daniel Hoyle –ya fallecido–, donde tenían sexo con menores de edad a cambio de dinero”.
El Padre Esteban Desposorio Fernández, uno de los principales denunciantes de los presuntos abusos y encubrimiento, dijo a La República que “son muchas víctimas que nos han contado cosas horribles de muchos, mal llamados, sacerdotes. Tanto de Huamachuco como de Trujillo”.
“No me importa si me botan de la Iglesia. Lo que quiero es que todo esto se sepa”, señaló.
Las acusaciones incluyen supuestas fiestas sexuales organizadas por sacerdotes de Huamachuco y Trujillo junto a menores de edad, a quienes se les habría pagado entre 6 y 10 dólares por tener relaciones.
Consultada por ACI Prensa, la Prelatura de Huamachuco señaló que está trabajando en un comunicado que podría hacerse público en las próximas horas.La Arquidiócesis de Trujillo aseguró el 12 de julio en un comunicado que “siempre ha actuado de manera inmediata” ante denuncias de abusos, y aseguró que desde que Monseñor Cabrejos Vidarte “ha llegado al Arzobispado de Trujillo en septiembre de 1999, no ha recibido ninguna denuncia concreta”.
Además, señaló que las denuncias de abusos presuntamente cometidos por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Trujillo “habrían sucedido en la década del 90 siendo Arzobispo de Trujillo Monseñor Manuel Prado Pérez-Rosas SJ, de los cuales no existe ningún informe sobre el particular”.
Además, “en junio del 2017 la Congregación para la Doctrina de la Fe con sede en Roma, órgano competente para atender este tipo de casos, nos hizo saber que había cerrado el caso de ambos sacerdotes de Trujillo”.
En el caso del Padre Ricardo Angulo Bazauri, que fue Vicario General de Monseñor Cabrejos Vidarte y a quien en el informe de La República se le señala como uno de los supuestos participantes en fiestas en las que se habría prostituido a menores, se asegura que no se ha recibido “denuncia de ningún tipo, y no ha sido denunciado ni en lo civil ni en lo canónico”.
El Padre Angulo Bazauri ha ocupado otros importantes cargos bajo el gobierno pastoral de Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, llegando a ser presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo en 2014.
Por ley, en Perú las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tienen que incluir en su directorio un representante del clero, designado por la diócesis local.
Actualmente, el Padre Angulo Bazauri es Gerente de Desarrollo Institucional de la Universidad Católica de Trujillo, cuyo fundador y Gran Canciller es Monseñor Cabrejos Vidarte.
A pesar de las explicaciones publicadas el 12 de julio, el informe de La República asegura que el Arzobispo de Trujillo no respondió las consultas realizadas por una comisión del Congreso del Perú que investigó en 2018 denuncias de abusos sexuales en el país.
Sobre el caso del Padre Angulo Bazauri, La República indicó que un representante del Arzobispado de Trujillo “se comprometió a entregarnos ‘todo lo que tenemos’, pero hasta el cierre de esta investigación no había entregado un solo documento”.
Los denunciantes destacaron ante la prensa peruana el apoyo que han recibido de parte del Nuncio Apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli, y aseguraron que seguirán buscando justicia, porque “esto es algo que debe terminar de una vez”.

Lux Mundi y Vademécum

El 1 de junio de 2019 entró en vigor el motu proprio del Papa Francisco Vos estis lux mundi (Ustedes son la luz del mundo), que sirve como norma para denunciar los abusos sexuales y su encubrimiento en la Iglesia Católica.
Una de las principales novedades del motu proprio es el papel que se le otorga al arzobispo metropolitano, el obispo principal en una provincia eclesiástica, cuando se presenta una denuncia de abusos.
El arzobispo metropolitano preside una provincia eclesiástica de la cual en cierto modo dependen las otras diócesis que son conocidas como sufragáneas. La Prelatura de Huamachuco es sufragánea de Trujillo.
Una de las finalidades del arzobispo metropolitano es la de integración, coordinación pastoral y servicio mutuo. El metropolitano es un primo inter pares (primero entre iguales). Si se presenta un problema en su provincia, este debe tener solicitud pastoral y fraterna para ayudar a resolverlo.
Al explicar las novedades del motu proprio en 2019, el Cardenal Marc Ouellet afirmó que “la Santa Sede, al encomendar al metropolitano la investigación preliminar de informes que parezcan tener algún fundamento, involucra y responsabiliza a la Iglesia local. Como siempre en la Iglesia, procedemos con reformas y con importantes innovaciones como de la que estamos hablando, pero siempre en la tradición”.
El Cardenal dijo que este papel que la Santa Sede asigna al metropolitano “encaja de alguna manera en una tradición que hace que la Santa Sede envíe a un obispo externo como un ‘visitador apostólico’ para llevar a cabo investigaciones y verificaciones en una diócesis”.
“Si bien la figura del metropolitano juega un papel muy importante, y para informar un papel esencial, si un metropolitano en particular no fuera idóneo para hacer una consulta (por ejemplo, si hay un conflicto de intereses), el Dicasterio competente tiene la libertad para nombrar a otra figura eclesiástica”, precisó entonces el Cardenal.
Por su parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó ayer 16 de julio un “vademécum para los procesos de menores de edad por parte de clérigos” que es un “manual de instrucciones” para guiar a los obispos y a los superiores religiosos en el momento que reciben denuncias en casos de abuso de menores por parte de diáconos, presbíteros y obispos.
Según indicó la oficina de prensa de la Santa Sede, la solicitud de documento surgió tras la reunión sobre “la protección de menores en la Iglesia” realizada en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019, a la cual el Papa Francisco convocó a obispos y superiores generales. En esta se remarcó la necesidad “de la unidad de los obispos en la aplicación de parámetros que tengan valor de normas y no solo de orientaciones”.
El documento tiene 18 páginas y “queda abierto a futuras actualizaciones, también sobre la base de la legislación vigente”.
Fuente: ACI Prensa.

Esto fue lo que pasó con las denuncias de abuso sexual en contra de párrocos en La Libertad

En la ciudad de Huamachuco, región La Libertad, se registraron varias denuncias de abuso sexual en los últimos años. Estas involucran a los sacerdotes Tulio Armando Montenegro Infante; William José Costa Serrano; Segundo Asunción Fernández Haro; Emeterio Mariscal Castañeda Muñoz; Marco Antonio Tito Valle y al mismo obispo, Sebastián Ramis Torrens.
– Sobre caso Tulio Montenegro Infante
El sacerdote Esteban Leónidas Espinoza Rojas, señala en su denuncia que en diversas oportunidades, el padre Montenegro, ingresó a su habitación para intentar tener relaciones sexuales entre los 1988 y 1991.
Sobre el tema, la Fiscalía aduce que la imputación no fue comunicada en su debido momento durante tantos años y se encuentra fuertemente afectada en su convicción, a eso se suma que al rendir su manifestación el agraviado, cambia de versiones sobre el hecho.
Del mismo modo, y respecto a la acusación de Ángel Bernardino Cachay Malo contra Montenegro, quien dijo que este habría ingresado a su habitación para intentar mantener relaciones sexuales, la fiscalía dijo que también la denuncia es fuertemente afectada por no haber sido comunicada en su momento.
– Sobre caso Marco Antonio Tito Valle
En este caso el agraviado Ángel Antero Salazar Chávez, refiere que cuando tenía 23 años y cursaba el segundo año de teología, fue enviado por sus superiores a la parroquia San José de Marcabalito, en la provincia de Sánchez Carrión, es allí, cuando Tito Valle, se le acercó haciéndole tocamientos que le parecieron extraños. El hecho ocurrió en 2009. Luego, en otra oportunidad, también lo abrazo y le tocó su miembro viril.
Con esos elementos, y otros testimonios, recién a finales de 2016, la Fiscalía dispuso continuar la investigación preparatoria contra Marco Antonio Tito Valle, quien tuvo que rendir sus manifestaciones. Cabe señalar que el caso está en la carpeta fiscal N°473-206 del Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, siendo el fiscal responsable Henry José Espinoza Urbina.
Sobre el caso del obispo
La figura de la máxima autoridad de la Prelatura de Huamachuco, Sebastián Ramis Torrens, al no haber dispuesto el procesamiento en el ámbito eclesiástico de Montenegro Infante y Marco Antonio Tito Valle, por los presuntos hechos cometidos en agravio de diferentes personas o en todo caso por haber omitido comunicar la noticia de los mismos a las autoridades encargadas de la persecución penal.
Según la investigación Fiscal, no se logró establecer un mínimo de respaldo de acreditación razonable que Ramis, haya sido informado de los hechos en su momento, antes del vencimiento de su plazo de suscripción. Por lo que la Fiscalía, no dio lugar a formalizar y continuar investigación preparatoria con la autoridad católica, por el delito de omisión de denuncia en agravio de Esteban Espinoza Rojas, Ángel Salazar Chávez, Ángel Cachay Malo, Marco Rodríguez del Águila y del Estado.
Fuente: Macronorte.pe

El sórdido norte

Por Fernando Vivas Sabroso– Diario El Comercio.
“Monseñor Cabrejos debe explicar qué hizo para que la impunidad del abuso sexual no campee”.
Leo escandalizado la respuesta del Arzobispado de Trujillo a una investigación de Melissa Goytizolo, publicada por “La República” y la red Connectas, sobre abusos sexuales del clero en La Libertad. Antes que dolor por los hechos descritos, hay lavado de manos y mención a procesos judiciales que fueron iniciados por los denunciantes sin colaboración de la iglesia. En la lógica de esta respuesta eclesial, pareciera que los culpables son las víctimas y los periodistas; no los sacerdotes retorcidos que aprovechaban la confianza de sus fieles.
Las alertas empezaron en la prelatura de Huamachuco, provincia de La Libertad, con abusos denunciados por las víctimas y por tres sacerdotes, Esteban Desposorio, Nery Tocto y Agustín Díaz. Lo terrible es que el obispo local, Sebastián Ramis, no solo minimizó los reclamos de estos religiosos, sino que tampoco los protegió cuando fueron amedrentados.
Da rabia saber que Ramis quedó prácticamente indemne y ahora ya está de retiro en su país natal. Pero el escándalo pasó a la capital de la región, Trujillo, cuyo arzobispo hoy es monseñor Miguel Cabrejos, a quien hay que ponerle los reflectores encima porque es nada menos que presidente de la CEP (Conferencia Episcopal Peruana) y también del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano). O sea, es la máxima autoridad de la iglesia latinoamericana.
¿Qué hizo Cabrejos tras leer una carta el 6 de enero del 2016 donde los curas denunciantes le cuentan lo de Huamachuco? Pues, muy poco. Le escribió a Ramis pidiéndole que arregle su prelatura y promovió investigaciones canónicas, de esas que acaban en suspensiones blandas. Sin embargo, sus voceros (este no accedió a hablar con la periodista, sino a través de terceros), no han aportado ninguna prueba de que el arzobispo haya colaborado con la judicialización de los casos, que ya no solo involucraban a Huamachuco, sino a sacerdotes de Trujillo.
Al revés, Melissa consigna una carta, en la que Cabrejos le da licencia a su exvicario general, Ricardo Angulo, para dejar su cargo en el arzobispado, y batallar legalmente con quienes lo aludían entre los sacerdotes que habrían asistido a fiestas donde había comercio sexual con menores. Angulo procedió a interponer una denuncia por asociación ilícita para delinquir.
Vamos, no acuso a Angulo pues no hay mayores pruebas más allá de lo referido por testigos en la investigación; pero permitirle batallar legalmente sin siquiera abrir un proceso interno (lo reconoce el comunicado) va contra el clamor del Vaticano respecto al rol proactivo judicialmente, jamás encubridor, que debe tener la iglesia ante la más mínima sospecha de abuso. Monseñor Cabrejos debe explicar qué hizo de eficaz y reparador para que la impunidad de clérigos abusadores no campee en el norte.

ABUSO Y HOMOSEXUALIDAD EN LA IGLESIA TRUJILLANA

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Graves denuncias sobre abuso sexual al interior de la iglesia han sido revelados en los últimos días por el diario La República. (https://especiales.larepublica.pe/pederastia-en-peru/).
Se trata de diversos abusos que se habrían cometido a lo largo de años en la Prelatura de Huamachuco y el Arzobispado de Trujillo. Como se sabe, desde 1999 Miguel Cabrejos Vidarte es el arzobispo de Trujillo y es también presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Se trata de un representante de los sectores progresistas de la iglesia, gusta de ejercer el poder y sueña con ser Cardenal.
El informe periodístico se inicia con el testimonio del padre Esteban Desposorio y otro religioso que no revela su identidad. En ella, se menciona a 12 curas (nueve de Huamachuco y tres de Trujillo) que estarían implicados en casos de abuso sexual. Los testimonios son muy gráficos y la información abundante. Queda claro que la Prelatura de Huamachuco y el Arzobispado de Trujillo no han cumplido con proteger a las víctimas ni con sancionar a los culpables.
Monseñor Cabrejos a través de su Vicario General ha hecho público un pronunciamiento que no pasa de ser un lavado de manos. Parece olvidar que la Prelatura de Huamachuco es de menor jerarquía que el arzobispado, y más aún, que él preside la Conferencia Episcopal Peruana y por encima de todo eso es presidente nada menos que del CELAM, con lo cual tiene el peso y la autoridad suficiente para actuar con energía.
La historia se remonta hasta fines de los años ochenta, pero se hizo parcialmente pública en 2016 cuando la televisión nacional dio cuenta de una serie de denuncias sobre actos de violación sexual que involucraba a más de un sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Las denuncias involucraban a los sacerdotes Tulio Armando Montenegro Infante, William José Costa Serrano, Segundo Asunción Fernández Haro, Emeterio Mariscal Castañeda Muñoz, Marco Antonio Tito Valle y al mismo obispo de la Prelatura de Huamachuco Sebastián Ramis Torrens.
Oportunamente se realizaron denuncias ante el Ministerio Publico de la Provincia de Sánchez Carrión. El caso más grave era el de Tulio Montenegro Infante, acusado del delito de violación de la libertad sexual en agravio de Esteban Leónidas Espinoza Rojas, Ángel Bernardino Cachay Malo y Marco Antonio Rodríguez del Águila. Pero estos no eran simples ciudadanos, eran exseminaristas y actuales sacerdotes de la misma circunscripción. La modalidad siempre fue la misma, los denunciados ingresaban a la habitación de los jóvenes seminaristas para intentar obligarlos a la fuerza a mantener relaciones sexuales, la mayoría de los ataques se realizaron entre los años 1988 y 1991.
La respuesta que ha dado el presidente de la Conferencia Episcopal peruana ante estos escándalos es por demás indecorosa: “no es mi circunscripción”. Sin considerar que algunos de los sacerdotes involucrados luego han pasado a su arzobispado.
Lo cierto es que muchos fieles de Trujillo ya están cansados de la situación a la que Cabrejos ha llevado la iglesia. Se habla mucho de que habría también manejos irregulares de las arcas de la iglesia, hipotecas de sus bienes e incluso la desaparición de obras de arte y hasta altares. Se habla por ejemplo sobre que a raíz de ciertos arreglos de la catedral han desaparecido varios elementos históricos como el gigantesco vitral de entrada que durante siglos era el distintivo de la catedral, en la última remodelación hace unos años desapareció y nadie sabe dónde está, igual sucedió con el hermoso altar que tenía y que en la mencionada remodelación desapareció, al igual que cuadros que fueron a restauración y nadie supo más de ellos. Se espera un pronunciamiento al respecto.
También ha trascendido que el señor arzobispo habría construido un bunker en los jardines del arzobispado en los que se realizarían diversas reuniones sociales con algunos sacerdotes de su entorno en las que se habrían cometido algunos excesos que son motivo de investigación.
Lo cierto es que la iglesia atraviesa una crisis muy grave. Se habla mucho de pederastia, incluso el informe de La República se titula PEDERASTIA EN PERÚ – BATALLA AL INTERIOR DE LA IGLESIA. Pero como se sabe la pederastia es la práctica sexual con niños o la atracción sexual de la persona adulta hacia niños de su mismo o de distinto sexo. En este caso no existe ningún niño. Lo que nos lleva a concluir que el problema es más bien la homosexualidad. Este caso se repite en el mundo. Se calcula que el 80% de los casos de abuso sexual por parte del clero es cometido contra hombres jóvenes o adultos.
Recordemos que el exnuncio del Vaticano en los Estados Unidos, el arzobispo Carlo Maria Viganò, acusó a las “redes homosexuales” de cardenales estadounidenses de trabajar en secreto para proteger a los abusadores. Tal vez estaríamos ante casos similares.
Sin embargo, para la Iglesia los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida y no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual por lo que no pueden recibir aprobación en ningún caso. (Ver Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2357). Sin embargo hay un numero creciente del clero progresista que busca una flexibilización de estos conceptos.
Es el caso, por ejemplo del cardenal Danneels, recientemente fallecido que una vez escribió una carta al gobierno de Bélgica a favor de la legislación sobre el “matrimonio” entre personas del mismo sexo para poner fin a la discriminación contra los grupos LGBT. El cardenal Danneels también aconsejó una vez al rey de Bélgica que firmara una ley de aborto en 1990. También dijo una vez que el “matrimonio” entre personas del mismo sexo era un “desarrollo positivo”.
Personajes como este o el Cardenal Blase Joseph Cupich, arzobispo de Chicago que en una oportunidad dijo “Creo que los términos gay y lésbico, LGBT. Deben ser respetados … Las personas deberían ser llamadas de la forma en que quieren ser llamadas en lugar de que se nos ocurran términos con los que quizás nos sintamos más cómodos”, o el jesuita James Martin, consultor del Dicasterio para la Comunión del Vaticano y controvertido por sus declaraciones a favor de la comunidad LGTBI.
Sin embargo, pese a estos dislates está la auténtica pastoral para personas homosexuales que se basa en lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que considera que la persona homosexual debe ser plenamente respetada en su dignidad, y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo especial en el ejercicio de la castidad. Este respeto no significa la legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral ni, mucho menos, el reconocimiento de un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con la consiguiente equiparación de estas uniones con la familia.
Esto es lo que dice el Catecismo al respecto:
2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición.
2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.
Habría que recordar al Monseñor Cabrejos que proteger quienes no quieren abandonar las prácticas homosexuales y las llevan al interior del clero se opone a la enseñanza de la Iglesia y con todo respeto recomendarle la lectura de la Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas de la Congregación para la Educación Católica, de noviembre de 2005, que prescribe:
La Tradición y el Magisterio confirman el homosexualismo como pecado grave, intrínsecamente inmoral, y su impedimento fundamental para acceder a las Órdenes Sagradas.
Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy diversos documentos del Magisterio y especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica han confirmado la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. El Catecismo distingue entre los actos homosexuales y las tendencias homosexuales. Respecto a los actos enseña que en la Sagrada Escritura éstos son presentados como pecados graves. La Tradición los ha considerado siempre intrínsecamente inmorales y contrarios a la ley natural. Por tanto, no pueden aprobarse en ningún caso. […] La Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir al Seminario y a las Órdenes Sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay. Dichas personas se encuentran, efectivamente, en una situación que obstaculiza gravemente una correcta relación con hombres y mujeres.
De ningún modo pueden ignorarse las consecuencias negativas que se pueden derivar de la Ordenación de personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas.

Mermelada Ledesma

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LEDESMA ADELANTA OPINIÓN

Ante la primera votación en el Congreso para eliminar la inmunidad en todos los poderes del Estado, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, y el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, se mostraron en contra, aunque luego tuvieron que modificar sus argumentos.
A pesar de que el presidente Martín Vizcarra había señalado que el TC podría eventualmente actuar ante esta situación, la titular del TC adelantó su posición en RPP Noticias.
“Lo que veo acá es una práctica que va degenerando en vez de construir y fortalecer la democracia respectiva. Eso me preocupa. El modelo democrático se está debilitando con estas actuaciones”, expresó.
Agregó que se reunirá con los demás miembros del TC para interpretar lo ocurrido en el Congreso, con base en la Constitución.
Luego de unos minutos, Ledesma añadió que podrían apelar a cortes internacionales, porque aprobar un texto sustitutorio para recortar la inmunidad va contra los derechos fundamentales.
Fuente: Diario EXPRESO.

En el 2004 Fernando Tuesta renunció a la ONPE para evitar que lo destituyan tras contratar a su pareja Tatiana Mendieta Barrera con un sueldo de 10 mil soles.

Ministro de Justicia contrata a Tatiana Mendieta Barrera como Directora General de Justicia

Tuesta Soldevilla, un sociólogo de la PUCP y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, renunció a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para evitar que lo destituyan en noviembre de 2004 por haber incorporado como asesora personal, que es un cargo de confianza y obviamente no necesita concurso público, a su pareja Tatiana Mendieta Barrera, con un sueldo de 10 mil soles en ese entonces. Tuesta indicó que la madre de su hijo llegó a ese cargo por “méritos propios”.
El escándalo, como es público, estalló en junio de 2004, cuando Tuesta era el todopoderoso jefe no solo de ONPE sino el hombre fuerte de todo el sistema electoral unificado que incluía –aparte de la entidad que dirigía–, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Tuesta Soldevilla tuvo que renunciar ante esta insólita contratación de su pareja para impedir una sanción mayor por nepotismo, pero de todas maneras el Consejo de la Magistratura de ese entonces lo sancionó con destitución e inhabilitación por 5 años en la función pública por vulnerar los incisos 1 y 2 del artículo 8 del Código de Ética de la Función Pública.
Actualmente Fernando Tuesta Soldevilla preside la “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política”.
¿Qué sucedió con la señora Tatiana Mendieta Barrera?
Tatiana Mendieta ha seguido laborando en el Estado, pero exclusivamente en cargos de confianza, como jefa de la Oficina de Apoyo Técnico de la Defensoría del Asegurado, secretaria general de Devida, y hasta el mes pasado como secretaria general del Reniec.
En el 6 de Marzo del 2020, mediante resolución Ministerial Nº 556-2019-MINEDU designa a la señora Tatiana Irene Mendieta Barrera en el cargo de Secretaria General del Ministerio de Educación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda designa  a a la señora Tatiana Irene Mendieta Barrera, en el cargo de confianza de Directora de Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Directora General de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0169-2020-JUS.
Fuente: www.informateperu.pe

Fernando Tuesta se volvió tendencia por amenazar al portal Infórmate Perú

Por – LimaGris.com
Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la ONPE y ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, se hizo tendencia luego de la publicación de una llamada telefónica grabada por un periodista del portal Infórmate Perú.
La llamada telefónica y las amenazas se debieron a la publicación que el portal tituló «Ministro de Justicia contrata a Tatiana Mendieta Barrera como Directora General de Justicia». En la nota se menciona a Tatiana Mendieta Barrera, pareja de Fernando Tuesta Soldevilla. Como se recuerda, en el año 2004 Tuesta Soldevilla «renunció a su cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por haber incorporado como asesora personal, que es un cargo de confianza, a su pareja Tatiana Mendieta Barrera, con un sueldo de 10 mil soles de ese entonces. Tuesta indicó que la madre de su hijo llegó a ese cargo por “méritos propios”».
El portal recordó este hecho de conflicto de interés y además señaló que «Tatiana Mendieta ha seguido laborando en el Estado, pero exclusivamente en cargos de confianza, como jefa de la Oficina de Apoyo Técnico de la Defensoría del Asegurado, Secretaria General de Devida, y como Secretaria General del RENIEC.
Pero también Tatiana Mendieta fue designada en el cargo de Secretaria General del Ministerio de Educación el 6 de Marzo del 2020 mediante la resolución Ministerial Nº 556-2019-MINEDU. Y recientemente el 30 de junio de 2020 el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda designó  a la señora Tatiana Irene Mendieta Barrera en el cargo de confianza de Directora del Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Directora General de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante la Resolución Ministerial Nº 0169-2020-JUS.
Fernando Tuesta fue designado el 21 de diciembre de 2018 como Presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política por el mandatario Martín Vizcarra, cargo que ocupó hasta marzo de 2019. Es decir, actualmente no ocupa ningún cargo en el Gobierno.
Si bien no existe un directo conflicto de interés en la actualidad, lo que existe es un antecedente. Nos preguntamos ¿Por qué el gobierno no apuesta por profesionales que no tengan antecedentes de escándalo de conflicto de interés? ¿Acaso no existe gente capacitada con un historial probo sin antecedentes de escándalo para ocupar esos cargos en el Gobierno?
En la grabación se le escucha a Fernando Tuesta decir: «Te exijo que borres esa mierda», «¿Tú tienes, cuántos, 10 mil seguidores? Yo te aplasto en redes sociales, yo te saco la mierda en redes sociales si yo hablo mal de tu maldito informate.pe».
El periodista del mencionado portal le pregunta: ¿Qué es lo falso en la noticia? Tuesta rotundamente señala «Vete a la mierda. Te voy a denunciar».
Nos comunicamos vía telefónica con Carlos Torres, editor del portal Infórmate Perú. Esto fue lo que nos comentó sobre la publicación.
«Si ella no hubiera estado involucrada en un escándalo del 2004, hubiera pasado desapercibida; pero como ella estuvo inmersa en el escándalo publicamos que el Ministerio de Justicia la contrató. Eso es lo que hemos querido resaltar. En la publicación nosotros hemos sido cuidadosos, no hemos mencionado que haya sido bajo sus influencias (de Fernando Tuesta)».
El señor Fernando Tuesta el día de ayer llamó en dos oportunidades al portal Infórmate Perú, para amenazar e insultar como se escucha en el audio. El día de hoy, hasta el cierre de esta nota, Carlos Torres nos confirmó que no han vuelto a recibir más llamadas y tampoco algún documento o carta de parte de Tuesta Soldevilla.
«Tampoco hemos recibido nada el día de hoy, pero imagino que en cualquier momento va a enviar una carta. La cual nosotros tenemos que responder», agregó Torres.
«El señor Tuesta dice ¿por qué no me han llamado?, es que no hay una denuncia contra él, o que se diga que fue contratada bajo su influencia. Simplemente lo que se confirma es que la señora es contratada luego del escándalo que tuvo», menciona el editor de Infórmate Perú.
También nos comunicamos vía telefónica con Fernando Tuesta Soldevilla para recoger su descargo sobre el hecho ocurrido. En una primera llamada a las 9:22 am me presenté como periodista de Lima Gris y me dijo que lo volviera a llamar ya que se encontraba dictando clases. La segunda llamada fue a las 11:09 am, pero no nos respondió. La tercera llamada la realizamos a las 12:08 del mediodía, tampoco nos contestó. La cuarta llamada la realizamos a las 4:55 de la tarde, nuevamente no nos respondió.
Luego de revisar la información y escuchar el audio queríamos preguntarle al señor Tuesta Soldevilla ¿Qué era lo que consideraba falso en la información? y lo segundo ¿amenazar e insultar a los periodistas es una práctica constante?

2M ANALYTIC: TUESTA GANÓ CERCA DE 1 MILLÓN DE SOLES EN EL ESTADO

Según 2M Analytic el notable Sr. Tuesta Soldevilla cobró al Estado peruano 921 mil soles desde 1999, los últimos seis años fueron más de 799 mil soles.
Según el cuadro estadístico: en el gobierno de Alberto Fujimori ganó S/129,800, en el gobierno de Ollanta Humala S/498,051 mientras que en el gobierno de PPK-Vizcarra S/244,620. Sin embargo Analityc aclara más adelante que la cifra total asciende a 921,000 soles como consta en el portal de transparencia.
Entre las consultorías que ofrece en su cuenta de Facebook Tuesta & Consultores son: Vacancia y suspensiones, inscripción de candidaturas, financiamiento de partidos políticos, elecciones de partidos políticos entre otras.
Fernando Tuesta Soldevila fue tendencia en redes sociales tras cuestionar con lisuras a un periodista quien le consultaba sobre la contratación de Tatiana Mendieta Barrera como Directora General de Justicia.
Fuente: ManifiestoPeru.com

Trata de personas

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Exministro de Cultura es denunciado por acoso, explotación sexual y abuso de poder

El periodista estadounidense Michael Balter publicó en su blog una seria denuncia contra Luis Jaime Castillo Butters, exministro de Cultura del gobierno de Martín Vizcarra entre el 8 de julio y el 30 de septiembre de 2019.Las denuncias recopiladas por Balter son de cinco estudiantes mujeres que estuvieron bajo la tutela de Castillo Butters en diversos trabajos de campo, e incluyen “relaciones sexuales en serie con estudiantes que estuvo supervisando directamente durante muchos años; intimidación y represalias; actitudes sexistas severas, comentarios y acoso sexual; y explotación sexual de estudiantes que trabajaban en San José de Moro”.
Una de ellas cuenta lo siguiente: “Comencé a presenciar una gran cantidad de comportamiento inapropiado y una cultura de masculinidad tóxica reproducida en todos los niveles… Todos estaban durmiendo con todos los demás, el consumo excesivo de alcohol era la norma, y ​​los profesores afiliados sabían sobre esto y se sumaron a este comportamiento”. Ella comenta sobre dos aspectos de la cultura en el sitio arqueológico que le molestaron: que Castillo comentara que las mujeres usaran menos ropa en las excavaciones y el trato que se le daba a los trabajadores peruanos de parte de los arqueólogos peruanos y estadounidenses. También recuerda fuertes burlas y actos despectivos hacia estudiantes LGTBIQ+, y al quejarse de todo esto recibió represalias, Castillo empezó a acusarla de problemática y poco colaboradora ante otros arqueólogos. Ella decidió abandonar su profesión.
Otra estudiante señala que Castillo la presionó de forma persistente para que se acueste con él, prometiéndole mayores responsabilidades en el sitio de excavación si accedía a sus pedidos, lo que le generó terror a pesar de tener la fuerza para rechazarlo. Ella también abandonó la carrera de arqueología.
Un tercer testimonio describe el modus operandi de Castillo Butters para conseguir subvenciones de organizaciones. Según la estudiante, ellas usaban ropa corta por el calor extremo de la zona de excavación, y este las instaba a usar aún menos. Una vez ella usó un sostén deportivo y un short, y Castillo Butters se le acercó para decirle que use ese atuendo para que reciba a los visitantes de una organización que consideraba darles una subvención. En otra ocasión le pidió que se vistiera y bailara con visitantes, dignatarios y otros personajes que llegaban a San José de Moro. “También me pedía que me sentara con los hombres en la cena o el almuerzo e incluso lo acompañara a otras fiestas para ayudar a entretener“, comenta. “Fui utilizada como acompañante. Nunca fui agredida, pero él me puso nerviosa. Me usó de maneras realmente inapropiadas“.
Los otros dos testimonios señalan coqueteos persistentes, incluso en clase, invitaciones a salir a tomar, a pesar de que Castillo Butters estaba casado en esos tiempos, comentarios sobre los cuerpos y el peso de las estudiantes, homofobia, maltrato a trabajadores del sitio, abuso de poder y miedo a las represalias.

Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual PUCP investigará a Luis Jaime Castillo Butters

La Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP, luego de reunirse el 30 de junio, publicó un pronunciamiento sobre las denuncias contra el profesor principal y exministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Butters, quien fuera denunciada por cinco exestudiantes peruanas y extranjeras que tuvieron relación con él en el sitio de excavación San José de Moro.
Las denuncias, que incluyen acoso sexual, burlas, humillaciones, comentarios sexistas y homofóbicos, y explotación sexual, fueron publicadas en el blog del periodista Michael Balter el 29 de junio, generando que la defensa de Castillo Butters le iniciara un proceso penal por difamación si no se retractaba.
Ese día, colectivos feministas de la PUCP también se pronunciaron exigiendo a la Comisión de Hostigamiento que inicie de manera inmediata y de oficio la investigación contra el que es considerado “el arqueólogo más poderoso del Perú” por varias generaciones de estudiantes.
El Centro Federado de Letras y Ciencias Humanas PUCP también se pronunció rechazando la violencia machista, apoyando a las denunciantes y respaldando a la Comisión Especial de Intervención frente al Hostigamiento Sexual PUCP:

Las denuncias

Acá transcribimos lo escrito por Balter, luego de investigar con sobrevivientes, testigos y documentación lo que ellas habían vivido, varias terminaron renunciando a sus sueños en la carrera de arqueología.
El 2 de junio, a pocos días de publicada la historia de los acosos perpetrados por Gary Urton en The Harvard Crimson, fui contactado por una persona que pertenecía a un colectivo de mujeres que se estaban organizando para denunciar los abusos en la arqueología, de manera particular, en el Perú. El grupo nuclear tiene un aproximado de 15 integrantes de Perú, Estados Unidos y otras partes del mundo. El colectivo ha crecido y se le han sumado un número importante de apoyo alrededor del mundo, actualmente este grupo tiene cientos de mujeres que han extendido su solidaridad al grupo nuclear.
El primer acercamiento que tuve con una de las personas de este colectivo fue con una profesora. Describió a Luis Jaime Castillo Butters, exministro de Cultura del Perú y actual miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (U.S. National Academy of Sciences,) como “probablemente el arqueólogo peruano más poderoso, sino el más poderoso”. Esta profesora me comentó que Castillo no solo “es conocido como un acosador sexual” que mantuvo relaciones con estudiantes, sino también es muy conocido por ser una persona “extremadamente vengativa y política”. La implicancia, aquí, es que nadie se atrevía a meterse con él, por lo menos hasta ahora. Esta persona me puso en contacto con otras fuentes, quienes en su momento me introdujeron a más personas. Otras (os) se aproximaron a mí de manera independiente después de que hiciera público, en mis redes sociales, la presunta mala conducta de Castillo. Más víctimas, sobrevivientes y testigos me siguen contactando en el transcurso de estas semanas.
Lo que se narrará a continuación está basado en testimonios directos de sobrevivientes y testigos; asimismo, se incluye declaraciones de personas que corroboran la historia de las víctimas ya que las mismas acudieron a ellas al momento de sucedidos los hechos. Como siempre, mis reportajes no están basados en rumores o información obtenida de segunda mano. Sin embargo, las personas que han compartido sus historias conmigo han decidido hacerlo de manera anónima, ya que la reputación de Castillo en torno a amenazas y represalias han sido evidenciadas con acciones contra colegas peruanas(os) y contra este reportero, con quien ha iniciado acciones legales. Es por eso que no es de extrañar que las víctimas de abuso sientan reparos de hacer sus denuncias de manera pública.
Es difícil de fechar cuándo Castillo Butters inició a tener contactos sexoafectivos con estudiantes, pero su comportamiento parece remontarse -por lo menos- al 2003, cuando recién había comenzado a trabajar en San José de Moro. De acuerdo con una testigo directo de estos hechos, Castillo Butters habría tenido -al menos- dos affairs con estudiantes mientras él estaba casado con su primera esposa: una de ellas, una estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo y la otra una estudiante doctoral francesa que venía haciendo su investigación en Lima. La testigo -quien trabajó en San José de Moro- cuenta que la marca registrada de Castillo Butters era alentar a los estudiantes a beber en exceso y promover comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, lo cual ha tenido como resultado comportamientos similares por parte de otros individuos dentro del proyecto y otros sitios arqueológicos creando una cultura profundamente sexista que hasta el día de hoy se mantiene vigente.
“Estas actitudes se han convertido en cosas normales, se han normalizado, son esperadas y alentadas” en la arqueología andina, dice una de las informantes, quien trabajó en San José de Moro por muchos años.
Es sabido que Castillo ha colocado a estudiantes peruanos(as) en programas de posgrado de primer nivel en los Estados Unidos, muchos de los cuales trabajaron con él durante años. Algunos(as) de mis fuentes peruanas alegan que le dice a estudiantes jóvenes que si quieren ir a alguna universidad grande en Estados Unidos, como Harvard, Yale y Stanford, el puede hacer que suceda siempre y cuando trabajen para él. Otros testigos alegan que incluso ha sostenido una relación sexoafectiva de larga data con una de sus estudiantes, la misma que -junto a otros de sus estudiantes- no desean hablar sobre esta situación, así que he decidido mantener el anonimato de estas personas. Sin embargo, Castillo Butters frecuentemente se ha referido a esta estudiante como “mi mujer”, a veces inclusive, hablando con otros(as) arqueólogos(as) a quienes no conoce tan bien.
Ahora revisemos algunos testimonios individuales e historias personales de algunas de las estudiantes que han trabajando con Castillo a lo largo de los años. Estas estudiantes serán identificadas con letras. A su vez, quisiera resaltar que las personas incluidas abajo no son las mismas personas que ya fueron mencionadas. Para proteger la identidad de estas personas, de la mejor manera posible, no voy a incluir los años en los cuales estos episodios transcurrieron. Todos sin embargo son después del año 2005.
Estudiante A: es una académica latina nacida en Estados Unidos. Mientras realizaba sus estudios de postgrado en una universidad de Estados Unidos se interesó en la cultura material de culturas andinas prehispánicas y decidió viajar a Perú para trabajar en San José de Moro por sugerencia de varios de sus asesores, quienes le dijeron que “tenía” que trabajar con Castillo Butters si deseaba convertirse en una arqueóloga andinista. “Cuando llegué comencé a ser testigo de comportamientos inapropiados y una cultura masculina tóxica que se extendía en todos los niveles del proyecto”, declara ella. “Todo el mundo se acostaba con todo el mundo en ese proyecto. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas era la norma y los profesores que tenían a su cargo estudiantes lo sabían y consentían estos comportamientos”. Pero fueron dos aspectos que, en particular, le resultaron alarmantes: el primero, relacionado a las frecuentes solicitudes de Castillo Butter a las mujeres del proyecto -incluida ella- de que “usen menos ropa mientras excavaban”; y la forma en que trataba a los trabajadores que laboraban dentro del proyecto.
La Estudiante A también recuerda la forma en que Castillo Butters se ensañó con un estudiante peruano LGTBIQA+, quien -en reiteradas ocasiones- le contó los comentarios denigrantes y comportamientos ofensivos contra él, lo que incluían bromas persistentes, donde Castillo Butters alentaba a sus estudiantes a actuar de la misma manera.
Frente a toda esta situación, la estudiante A decidió confrontar a Castillo Butters y, junto a él, a otros profesores y asistentes de profesor que trabajaban en el proyecto. Como resultado, Castillo tomó serias represalias contra ella tratando de cerrarle las puertas de la arqueología andina. Castillo se encargó de diseminar la idea con otros directores de proyecto que dicha estudiante era “problemática” y que no era “colaborativa” en las labores de campo. Cuando la Estudiante A se dio cuenta de que este era un problema profundamente enraizado dentro de la arqueología, decidió dejar la profesión y perseguir otras metas. Ella menciona: “Nada de lo que comparto contigo es un secreto. Todo esto es de conocimiento público”.
Otra integrante del colectivo de mujeres explica que Castillo Butters tiene el poder para bloquear a estudiantes e, incluso, a colegas más senior, y que -regularmente- lo hacía: “A nosotras nos dijeron que él era la persona que teníamos que impresionar y contentar si queríamos tener una carrera en Perú, él era la única puerta”
Profesora A: fue una de las asesoras de la estudiante A en la universidad donde estaba realizando estudios de posgrado. A principio de junio, durante una conversación telefónica, la profesora A respaldó el testimonio anterior. Me contó que la estudiante A reportó todos estos eventos en el momento que transcurrieron. “Peleó por mucho tiempo” para mantenerse en la arqueología, dice la profesora, pero finalmente fue inútil. “Después de su segunda temporada con Castillo, ahí fue cuando finalmente decidió que era suficiente. Estaba muy molesta. Estaba tan emocionada de estar en una excavación arqueológica. No dejaba de llorar, no podía creer que esta era la forma como funcionaba la arqueología”.
Estudiante B: trabajó en San José de Moro por varios años, incluyendo la temporada en la que la estudiante A estuvo ahí. Ella ha sido testigo de todos los episodios descritos por la estudiante A, los cuales incluyen el constante sexismo por parte de Castillo Butters, las burlas homofóbicas y el trato lamentable a los trabajadores del proyecto. Ella manifiesta que -en múltiples ocasiones- los trabajadores del proyecto acudieron a ella para que interceda por ellos, ya que tenían miedo a represalias en su contra. Asimismo, la estudiante B dice que, si bien no fue víctima de abuso sexual por parte de Castillo, frecuentemente este realizaba comentarios acerca de su cuerpo, su peso, además de sugerencias sobre el uso de menos ropa. Asimismo, él actuó contra ella a través de obstaculizar su trabajo para obtener su doctorado.
Profesora B: es miembro del colectivo de mujeres y conoce hace varios años a la estudiante A y a la estudiante B. La profesora B confirma todo lo mencionado por ambas estudiantes acerca de la conducta de Castillo Butters. Esta profesora compartió conmigo la forma en que Luis Jaime Castillo adquirió poder en Perú: “Sus primeras conexiones con la academia norteamericana comenzaron cuando él era uno de los pocos estudiantes que accedió a estudios de postgrado en Estados Unidos, ahí comenzó a ganar poder. Él ha cultivado relaciones internacionales, por ejemplo, con Gary Urton de Harvard y otras personas reconocidas en el ámbito académico. Utilizando su poder sustentado en la conexión con redes de prestigio, él era capaz de atraer estudiantes a su órbita, prometiéndoles un futuro en la arqueología”.
Estudiante C: es una exestudiante peruana de arqueología que trabajó en San José de Moro solo un año. Durante este tiempo, me comentó, Castillo la presionaba persistentemente para acostarse con él. Le prometía abiertamente que le daría más responsabilidad en las excavaciones si es que aceptaba. La estudiante C rechazó a Castillo, aunque con gran dificultad, ya que no se sentía cómoda contándole lo que estaba pasando a otros(as) estudiantes o a sus colegas mayores. (“Estaba realmente aterrorizada”, me contó). La estudiante C dejó la arqueología poco tiempo después de esta experiencia y nunca le contó a sus amigas(os) hasta que vio mis posts en las redes sociales.
Estudiante D: es una exalumna peruana de la PUCP, donde Castillo Butters es profesor principal. Ella manifiesta que si bien Luis Jaime nunca la presionó para que se acostara con ella, él -de manera persistente- coqueteaba con ella, incluso durante clases. La estudiante D narra que Castillo Butters le pidió “ir por un trago” fuera de la universidad, a lo cual ella accedió en una ocasión, pero logró manejar la situación para que no volviera a pasar evadiendo a Castillo.
La estudiante E es otra estudiante de Estados Unidos que trabajó en San José de Moro. La Estudiante E trabajó ahí relativamente al mismo tiempo que las estudiantes A y B. “Castillo realmente sabe cómo utilizar su poder y cómo asustar a la gente”, refiriéndose a las amenazas legales contra testigos, al igual que su comportamiento pasado.
La estudiante E, quien era calificada como una “chica blanca guapa”, dice que ella y otras estudiantes mujeres utilizaban ropa ligera que creían sería decente, por el exceso de calor mientras excavaban -en temperaturas que llegaban cerca de los 38°C. Pero Castillo a menudo las instaba a usar aún menos ropa. Un día, me dice la estudiante E, estaba excavando en shorts y un sujetador deportivo cuando Castillo se le acercó y le dijo que ese día vendrían algunos representantes de una organización que estaban considerando darles financiamiento. “Necesito que tengas esa ropa puesta cuando vengan”, la estudiante E menciona que por el miedo, obedeció.
En otras oportunidades, la estudiante E dice que Castillo le pediría que se ponga ropa bonita y que bailara con los visitantes masculinos, autoridades y otras personas notables, quienes iban a San José de Moro. “También me pedía que me sentara con los hombres a la hora de la cena o del almuerzo, también me pedía que lo acompañara a otras fiestas para ayudar a entretenerlos”.
“Fui utilizada como una dama de compañía” la estudiante E dice, “nunca fui agredida, pero me utilizó de maneras muy inapropiadas”. La estudiante E me cuenta que se siente culpable de lo que aceptó hacer, pero sintió que tenía que hacerlo para seguir adelante. Siente que tiene algo de culpa sobre lo que pasó al no resistir las demandas de Castillo.
Además de la explícita explotación sexual y el comportamiento de represalia ejemplificado en los testimonios anteriores, numerosas fuentes me han informado sobre otros ejemplos de abuso de poder por parte de Castillo.
En 2009, por ejemplo, Castillo y un colega estadounidense fueron nombrados coeditores de la revista Latin American Antiquity, publicado por la Sociedad de Arqueología Americana (SAA). Después de un corto tiempo, algunos(as) arqueólogos(as) comenzaron a sospechar que Castillo estaba utilizando enfoques sesgados para el proceso de revisión de artículos. La SAA creó un pequeño comité que fue mantenido en secreto (hasta del comité editorial de la revista). Según un miembro con información interna de lo sucedido, el comité encontró que Castillo había estado favoreciendo o desfavoreciendo a algunos(as) investigadores(as) e institutos. Fue removido del cargo en los siguientes años encubriendo las razones de su retiro.
Asimismo, hablé con una exestudiante que fue alumna de Castillo en la PUCP el año 2013, cuando este era Viceministro de Cultura: “Él faltaba mucho a clases en la PUCP por sus viajes al extranjero. Él nos amenazó a toda la clase para que no nos quejemos a la facultad, diciendo que si algún día queríamos un posgrado en el extranjero íbamos a necesitar su carta de recomendación”.
Un(a) arqueólogo(a) estadounidense que ha trabajado en el Perú por más de una década menciona: “El abuso de Luis Jaime ha sido sabido por todos(as) nosotros(as). Es una vergüenza que ninguno(a) de nosotros(as) lo haya expuesto hasta ahora”.
Como resultado de las acusaciones en contra de Castillo, Urton y otros profesores de la PUCP, un número de organizaciones estudiantiles y activistas en el Perú han publicado declaraciones condenando el acoso sexual y otras formas de mala conducta. Como mencioné anteriormente, Castillo, a través de su abogado, ha amenazado a colegas que hablan de él, incluyéndome. Abajo estoy colocando la carta que recibí donde me amenaza legalmente, me da 24 horas para eliminar todo comentario sobre él en mis redes sociales.
Fuente: Mano Alzada.

Pronunciamiento

Las y los docentes abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente a las graves denuncias de hostigamiento sexual y otros actos de abuso de poder atribuidos al doctor Luis Jaime Castillo Butters, Profesor Principal del Departamento de Humanidades (sección de Arqueología), contenidas en un artículo del periodista estadounidense Michael Balter publicado el 29 de junio del presente año en su blog, dedicado al tema de los abusos de renombrados profesores en el ámbito de la arqueología andina. Al respecto:

  1. Recordamos que la violencia de género se da en el marco de relaciones desiguales de poder que explican el justificado miedo que sienten muchas de las víctimas a revelar su identidad y denunciar.

  2. Solicitamos a las autoridades de la Universidad su apoyo pleno, firme y claro para la investigación de oficio abierta por la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual cumpla con su finalidad.

  3. Pedimos que se garanticen las condiciones necesarias para que las estudiantes que hayan sido víctimas de hostigamiento sexual puedan formalizar sus denuncias sin temor a represalias que pudieran afectar sus estudios o su futuro profesional.

Lima, 2 de julio de 2020
Walter Albán
Elena Alvites
Armando Alzamora
Luis Andrade
Mónica Arakaki
María Elena Arce
Maribel Arrelucea
Alejandra Ballón
Roxana Barrantes
Violeta Barrientos
Marissa Béjar
Martha Bell
Violeta Bermúdez
Aurea Julia Bolaños
Mónica Bonifaz
Renata Bregaglio
Enrique Bruce
José Burneo
Juan Carlos Callirgos
Themis Castellanos
Mario Cepeda
Miguel Costa
Luis Fernando Chueca
Marcela Chueca
Norma Correa
Augusto del Valle
José Antonio de la Riva Fort
Francesca Denegri
Rossana Díaz
Fabián Drenkhan
Álvaro Ezcurra
Adriana Fernández
Lucía Fernández
Marisol Fernández
Mari Fernández Flecha
Patricia Fernández
Jacqueline Fowks
Ramón Gabriel
Nadia Gamboa
Carolina Garcés
Erika García
Camila Gianela
Fernando González Hunt
Agustín Grández
Victoria Guerrero
Alexandra Hibbett
Marcela Huaita
Luis Fernando Jara
Iris Jave
David Lovatón
Sofía Macher
Betzabé Marciani
Carlos Mejía
Rubén Merino
Flor Mallqui
Yván Montoya
Félix Morales
Angélica Motta
Fanni Muñoz
Andrés Napurí
Cirle Neira
Arón Núnez-Curto
María Eugenia Ulfe
Iván Ormachea
Franco Osorio
Myriam Pajuelo
Giannina Paredes
Nani Pease
Omar Pereyra
Patrizia Pereyra
Giovanna Pollarolo
Florencia Portocarrero
José Rau
Sara Rondienel
Susana Reisz
Ana Teresa Revilla
María Gracia Ríos
Domingo Rivarola
Carmen Robles
Julio Rodríguez
Carla Sagástegui
Miriam Salas
Elizabeth Salcedo
Carlos Daniel Salinas
Cynthia Silva
Rocío Silva Santisteban
Evelyn Sotomayor
Ana María Talavera
Griselda Tello
María Eugenia Ulfe
Arelí Valencia
Rocío Villanueva
Lucía Watson
Carmen Yon

La estrecha relación de Gary Urton con Luis Jaime Castillo Butters y la PUCP

El 2 de junio, días después de que aparecieran las primeras denuncias contra Gary Urton, director del Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard, por acoso y abuso sexual contra sus alumnas, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Departamento de Humanidades publicaron un comunicado conjunto en donde limitan y minimizan su relación con Urton señalando que este no está vinculado a la universidad desde el 2013.
En el pronunciamiento, intentan desligarse de cualquier vínculo con el defenestrado especialista en quipus, y personaje muy validado en el Perú, incluso con un doctorado honoris causa de la Universidad de Trujillo.
Según Luis Jame Castillo Butters, el arqueólogo más prestigioso del Perú en la actualidad y exministro de Cultura, quien fue muy cercano a Urton y con quien compartió el trabajo del proyecto de San José de Moro en Chepén (La Libertad), en declaraciones para la revista Science, “hasta la semana pasada, fue uno de los investigadores más respetados del mundo… Urton es una autoridad mundial en quipus, ha recibido el premio MacArthur para genios y la beca Guggenheim. En los viajes de trabajo que ha habido no han existido incidentes, ni quejas“.
Aunque en el mismo reportaje colocan la denuncia de la antropóloga Carrie Brezine, quien cuenta que al leer el informe realizado por The Crimson, pasó el día temblando y no pudo dormir. Ella había vivido violencia sexual de parte de Urton en Perú, y vivido las fuertes consecuencias de este como cambiar su tema de tesis, la poca ayuda e interés de las autoridades de Harvard, y la completa impunidad de Urton: “Brezine alega que Urton la sedujo en un sitio de campo remoto en Perú en 2003. Tenía 32 años y dice que Urton la había contratado para crear una base de datos de ejemplos de quipu, tejidos anudados complejos que el Inca utilizó como un sistema de registro numérico. Brezine dice que ella y Urton tuvieron una aventura entre 2003 y 2009 mientras él era su empleador y más tarde su Ph.D. asesor. Ella alega que su trabajo e investigación sobre los quipus dependían de la buena voluntad de Urton, que estaba condicionada al sexo”.
En el correo electrónico de Brenzine enviado a Science señala: “Si conocías mi pasión por los quipus incas y te preguntabas por qué no estaban en mi disertación, la condición de acceso a la base de datos de quipus era el sexo… Gary dejó en claro que podía revocar mi acceso y lo haría en cualquier momento si no me desempeñaba adecuadamente… Yo dependía de él para el empleo y referencias continuas, asignaciones de asistente de enseñanza… La mayor parte de mi energía fue para manejar mi relación con Gary … manteniendo su lado bueno … asegurándome de no haberlo ofendido”.
Excavaciones San José de Moro 2011. alumnos de la PUCP y extranjeros junto a Urton.

Trabajo con la PUCP

Según señalan en su comunicado, el proyecto de San José de Moro fue compartido entre la PUCP y Harvard hasta el 2013, año en que pasó a manos solo de Harvard, cuando habría entrado Urton en acción, aunque en diversas fotos se ve a Castillo y Urton compartiendo trabajo de campo ese mismo año, y posteriormente seguir promocionado la Escuela de Campo juntos.
Anunciando programa de verano 2013 con la dirección de Castillo y Urton.
Nuevamente Castillo y Urton como parte del staff para el 2013 de San José de Moro.
La escuela, a cargo de la PUCP, continuó hasta el 2016 a diferencia de lo que dice el comunicado, como se muestra en el Catálogo de Grupos de Investigación PUCP 2016:
El costo para un alumno extranjero para participar de este proyecto era de 3 mil dólares, sin incluir los tickets aéreos, por un mes aproximado de excavación: Escuela de Campo Programa en Perú.
En julio de 2019, Urton fue invitado a dar una charla para la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP julio del 2019. En primera fila, Luis Jaime Castillo.
Por último, en mayo de este año, el especialista fue invitado por la especialidad de Arqueología de la PUCP para que brinde una charla virtual sobre los quipus.
2014: Luis Jaime Castillo es acompañado por Gary Urton a inaugurar iniciativas en el sitio arqueológico de Bandurria.

Colegas

La cercanía entre Luis Jaime Castillo Butters, “el arqueólogo más prestigioso del Perú”, y Gary Urton es evidente en diversas actividades que han compartido, a parte del proyecto de campo de San José de Moro.
Entre 2011 y 2012, Castillo es nombrado “fellow Dumbarton Oaks, Harvard University” para terminar de escribir su tesis de doctorado y donde Urton tenía el importante puesto de Board of Senior Fellow.
En 2015 fue invitado por Harvard a dictar Drones, Photogrammetry and 3D Modeling in Archaeology.
Cuatro años después, cuando Castillo finalmente logró su doctorado en UCLA, se le nombró profesor visitante en Harvard el 2016.
Así también, mientras Castillo era viceministro del Ministerio de Cultura financió la publicación del libro Quipus de Pachacamac de Urton.
Y en julio del año pasado estuvieron juntos en el Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Andalucía, España) firmando el libro de honor de la comunidad.
Fuente: Mano Alzada.