Juan Luis Cipriani: una vida dedicada a la fe y a la patria

El 28 de diciembre Juan Luis Cipriani, cardenal y arzobispo de Lima, cumplió 75 años de edad y -tal como lo ordenan las normas de la iglesia- puso su cargo a disposición del papa Francisco, quien finalmente decidirá si continúa. Pero más allá de la decisión del Papa, que hasta el momento no es conocida, la ocasión es sumamente propicia para recordar la vida y trayectoria de Juan Luis Cipriani, el gran pastor de la Iglesia católica peruana que con su valioso trabajo y su valentía ha dejado una profunda huella no solo en el ámbito religioso  (ha contribuido decididamente al renacimiento de la fe y la vocación religiosa en nuestro país), sino también en la historia peruana de las últimas décadas. Sin duda, se trata de una de las más destacadas e influyentes personalidades del Perú actual.
Juan Luis Cipriani Thorne nació en Lima, el 28 de diciembre de 1943, en el seno de una familia muy religiosa y con importantes ancestros italianos y peruanos, entre los que se encuentra el prócer Hipólito Unanue. Pero su primera vocación no fue la religiosa, sino la Ingeniería Industrial, que estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería, combinando esos estudios con la práctica del básquet. Incluso llegó a integrar la selección peruana de este deporte, y hasta a ganar algún torneo internacional con esa selección (en 1969). Pero a inicios de la década del setenta dejó todo eso de lado para viajar a Europa, a estudiar en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Italia) y en la Universidad de Navarra (España), en las que obtuvo el título de Doctor en Teología. Fue ordenado sacerdote en la Basílica de San Miguel de Madrid, (España), el 21 de agosto de 1977.
Hay varios hitos importantes en la vida del Cardenal Cipriani. El primero, sin lugar a dudas es su labor como obispo de Ayacucho en los años más difíciles para esa ciudad, cuando era asolada por la violencia terrorista de Sendero Luminoso. “He predicado incansablemente que la violencia no constituye jamás una respuesta justa” ha dicho recientemente Cipriani, recordando esa dura experiencia. Y aunque la izquierda marxista (aquella que no supo deslindar a tiempo de la violencia senderista) ha cuestionado la labor de Cipriani en Ayacucho, lo cierto es que muchos jóvenes ayacuchanos se salvaron, gracias a él, de ser reclutados por Sendero. Como ha recordado recientemente Alfredo Gildemeister: “en las noches, durante los toques de queda en Ayacucho, (Cipriani) salía a hurtadillas por las calles oscuras a traerlos para esconderlos en su casa, a fin de salvarlos de los terribles reclutamientos de Sendero. Suerte que no lo vieran los senderistas o los soldados que patrullaban por allí”.
En mayo del año pasado, el Congreso de la República condecoró al cardenal Juan Luis Cipriani con la Medalla de Honor en el Grado de Gran Cruz (el grado más alto) como reconocimiento por su “destacada vida pastoral y labor evangelizadora, trayectoria como primado de la Iglesia Católica del Perú y por su compromiso con la paz en nuestro país”. En esa ocasión el embajador Alfonso Rivero destacó la labor pastoral del Cardenal, así como su aporte a la difusión de los más importantes valores (la paz, la familia, la solidaridad, la defensa de la vida) del catolicismo: “Lo he visto poner todo su peso e influencia para que las últimas cinco ediciones de la Marcha por la Vida sean el éxito que todos conocemos y para que el testimonio masivo del pueblo de Lima en defensa de la vida se haga patente realidad”. También señaló su preocupación por las vocaciones religiosas: “El Cardenal ha mudado su despacho al Seminario Santo Toribio y sigue la formación de los jóvenes que serán el futuro de la Iglesia. Para todos siempre tiene una palabra amable y generosa, y comparte las inquietudes de estos aspirantes al sacerdocio”.
A lo largo de su larga trayectoria, el cardenal Cipriani ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones, como la Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz (el más alto), que le fue otorgada en el 2009. En el año 2005, ante la muerte del papa Juan Pablo II, nuestro cardenal acudió a Roma y tuvo una relevante participación en el cónclave para la elección del sucesor del pontífice. Incluso estuvo entre los candidatos finales, ya que la Iglesia católica quería reconocer la importancia que para ella tiene actualmente Latinoamérica. Algo que recién se concretaría con la siguiente elección, la del papa Francisco. Nuestro querido Juan Luis Cipriani estuvo muy, muy cerca de ser el primer papa latinoamericano.
Fuente: El Montonero.pe

Otro problema ético y legal de la “católica”

Por Rafael Rey Rey- Lampadia.com
Hace pocos días se hizo finalmente público el escándalo económico de los cobros ilegales en la llamada “Pontificia Universidad Católica del Perú” y de la increíble “justificación” de la ilegalidad cometida por parte de su entonces rector. Como resultado del mismo han sido destituidos además del rector Marcial Rubio Correa, los Vicerrectores Pepi Patrón Costa y Carlos Fosca Pastor. Por algún motivo, que en su momento conoceremos, algunos periodistas y medios de comunicación trataron de minimizar el escándalo. No es la primera vez que eso sucede. Tampoco es la primera vez que las autoridades de esa universidad, ayudados por determinados periodistas y medios de comunicación, mienten sobre asuntos sobre los que no quieren que se conozca la verdad.
En las líneas que siguen resumo la verdad de otros hechos sobre los que se ha mentido sin escrúpulos en declaraciones, entrevistas, artículos y “reportajes ad hoc”. Se trata del problema legal entre la universidad todavía llamada “católica” y el Arzobispado de Lima. Una explicación más detallada se puede leer en el libro “La herencia de la Riva Agüero: Que la verdad se haga luz e ilumine sobre las tinieblas”, en el que Natale Amprimo Pla explica y relata con detalle la historia y donde se pueden revisar todos los documentos oficiales sobre este otro penoso escándalo que muestra a lo que pueden llegar algunos en su afán de poder y de manipulación.
Don José de la Riva Agüero (1985-1944) principal benefactor de la entonces Universidad Católica (en adelante “la universidad”), realizó varios testamentos. En el de 1933 estipuló que a su muerte cedía el usufructo de sus bienes a la universidad y que, si ésta seguía existiendo 20 años después de su muerte, le cedía también la propiedad de los mismos. Sin embargo, en su último testamento, de 1938, introdujo dos cambios radicales: eliminó el usufructo y el condicional sobre la existencia de la universidad y erigió a ésta en automática heredera y propietaria de sus bienes, pero, para la administración de los mismos, estableció como condición insustituible una Junta de Administración (en adelante “la Junta”), de carácter perpetuo, compuesta finalmente por el rector de la universidad y un representante del arzobispo de Lima.
Fallecido Riva Agüero algunos parientes suyos reclamaron la propiedad de los bienes argumentando que, según testamento de 1933, aunque su usufructo correspondía a la universidad, la propiedad de los mismos le correspondería recién al cumplirse 20 años de su muerte, es decir en 1964. Entonces la universidad hizo valer judicialmente la última voluntad de Riva Agüero expresada en el testamento de 1938 y, conforme al mismo, el Poder Judicial sentenció que la propiedad de los bienes correspondía a la universidad desde la muerte de Riva Agüero y su administración a la Junta. Durante 50 años la labor de la Junta fue ininterrumpida y fructífera, hasta que en 1994, sus integrantes, Salomón Lerner Febres y Carlos Valderrama Adrianzén, se arrogaron la atribución de “interpretar” el testamento, y, apartándose de la voluntad de Riva Agüero, de lo establecido por el Poder Judicial, de lo inscrito en los Registros Públicos y de la propia práctica ininterrumpida de la universidad, decidieron que en adelante fuera la propia universidad y no la Junta, la que administraría los bienes heredados.
Trascurrieron 11 años sin que se conociera lo anterior, y de pronto en 2005, siendo ya Arzobispo de Lima Monseñor Cipriani, se presentó un día a las oficinas del arzobispado el representante del Colegio Juan XXIII con la preocupación de haber recibido una comunicación del rector de la universidad en la que se exigía al colegio que comprara el inmueble por US$ 5.5 millones de dólares o que lo desalojara. Explicó entonces que, años atrás, el terreno había sido entregado en uso para la fundación y funcionamiento del mencionado colegio, no por la universidad sino por la Junta. Estudiados los documentos, los abogados concluyeron que correspondía solicitar al rector una reunión de la Junta. Para sorpresa de todos, el rector contestó que en 1994 la misma había decidido que, en adelante, sería la universidad la que se ocuparía de la administración de los bienes de la herencia de Riva Agüero.
Finalmente, cuando el representante del arzobispo insistió en que la Junta fuera convocada, puesto que, por voluntad testamentaria de Riva Agüero, ésta había sido instituida a perpetuidad, la universidad respondió con una demanda judicial contra el arzobispado de Lima aduciendo que éste amenazaba la propiedad de sus bienes y la autonomía universitaria. Tramitada la demanda, la universidad pierde en todas las instancias y el Poder Judicial sentencia a favor del arzobispado.
Perdida la causa en el Poder Judicial la universidad decide recurrir al Tribunal Constitucional (TC) mediante un recurso de agravio constitucional en contra el arzobispado.
Luego del estudio y análisis del caso, el TC sentencia a favor del Arzobispado de Lima afirmando: 1. que la propiedad de los bienes no ha estado ni está amenazada por el arzobispado.
2. que se debe convocar a la Junta de Administración, la misma que tiene el derecho de administrar a perpetuidad los bienes de la universidad heredados de Riva Agüero.
3. que la pretensión de la Junta de “interpretar”, el testamento es ineficaz y no tiene efectos jurídicos.
4. que el recurso de agravio interpuesto por la universidad es infundado.
Hasta el día de hoy, sin embargo, la universidad se niega a cumplir con la sentencia del TC y sigue administrando ilegalmente los bienes que recibió en legado condicionado.
Estos son los hechos reales. Es muy probable que el lector haya “conocido” una historia muy distinta. Falsa, por cierto. La que vendieron las autoridades de la universidad ayudados por muchos periodistas y medios de comunicación: Que el cardenal Cipriani había querido apropiarse de la universidad. Que él había denunciado a la universidad iniciando así el problema legal. Que el arzobispado pretendía tergiversar la voluntad testamentaria de Riva Agüero. Como se puede comprobar, es todo lo contrario.

El jueves 27 de diciembre, los sacerdotes de la Arquidiócesis de Lima celebraron el cumpleaños número 75 del Cardenal Juan Luis Cipriani. La reunión se inició con un momento de oración y agradecimiento a Dios en la renovada capilla principal del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Luego de ello los sacerdotes diocesanos y religiosos hicieron un brindis de honor en nombre del Arzobispo de Lima. Después se continuó con el almuerzo de confraternidad en los jardines del Seminario.

Sacerdotes, estén unidos

Al finalizar el almuerzo, los sacerdotes de Lima entregaron a su pastor dos obsequios significativos en nombre del pueblo católico limeño. El Cardenal agradeció estos gestos y pidió a sus sacerdotes a siempre mantenerse unidos ayudándose los unos a los otros: “En primer lugar, toda esta expresión de cariño. Les agradezco mucho y les digo a todos, ayuda mucho a perseverar sentir el cariño de los hermanos, no es solamente una cosa sentimental, sino que nos necesitamos unos a otros. Ojalá que todos, el día de su cumpleaños, el día en que tengan alguna preocupación, estemos rodeados del cariño de los sacerdotes, esto es el tesoro de la Iglesia y cuando falta no queda nada. Lo primero que les digo es gracias porque me ayudan a perseverar sintiendo la cercanía de su oración y el cariño de cada uno”.

A los 75 todo es alegría y acción de gracias

En otro momento, el Cardenal Primado afirmó que en la vida siempre hay que dejarse ayudar por Dios: “Cuando uno es más joven es más vehemente y entonces a esas edades uno dice: este me molesta, no estoy de acuerdo con este y hay discusiones, mejores y peores, y eso nos pasa a todos, pero al pasar el tiempo cuando uno llega a los 75, en que uno va resumiendo y saben que ya no queda ningún recuerdo de fastidio, no queda nada, este me cae mal, este me cae bien, no queda nada, la grandeza de Dios hace que a estas edades todo sea alegría y acción de gracias. Y todo esto es una ayuda de Dios”.
En la celebración estuvieron presentes los niños de la Orquesta Sinfónica de Manchay, quienes llevaron alegría y música a este momento especial. Entre los invitados destacaron la presencia del Nuncio Apostólico, Monseñor Nicola Girasoli; el obispo de Yauyos, Monseñor Ricardo García; el obispo de Carabayllo, Monseñor Lino Paniza; el obispo de la Prelatura de Ayaviri, Monseñor Kay Schmalhausen; el obispo de emérito de Chachapoyas, Monseñor José Ignacio Alemany; el obispo emérito de Juli, Monseñor Raimundo Revoredo; el obispo emérito de Cuzco, Monseñor Juan Antonio Ugarte; los obispos auxiliares de Lima, Monseñor Raúl Chau; y Monseñor Adriano Tomasi; entre otros.
Fuente: www.arzobispadodelima.org

HOMENAJE A UN GRAN PASTOR

Por Alfredo Gildemeister- www.laabeja.pe
Nunca imaginaría el sacerdote Juan Luis Cipriani Thorne, ingeniero, exjugador de la selección peruana de baloncesto, mientras era consagrado Obispo Auxiliar de Ayacucho aquella lejana tarde de julio de 1988, que su vida cambiaría de manera tan radical.
Han transcurrido más de treinta años. Mientras contempla unas viejas fotografías, por su mente van pasando muchos recuerdos familiares, rostros de amigos y de tanta gente de toda clase y condición social que conociera -desde políticos y empresarios, hasta terroristas inclusive-. Tal vez vinieron a su memoria aquellas palabras que tantas veces escuchara personalmente a San Josemaría Escrivá de Balaguer: “Soñad y os quedareis cortos”.
El problema era que él nunca soñó con ser obispo ni arzobispo -y que fuera destinado a Ayacucho en pleno auge del terrorismo senderista- y ¡Menos aún imaginó ser cardenal primado del Perú y arzobispo de Lima! Pero así actúa la Providencia Divina. Recordó uno a uno los rostros de aquellos jóvenes ayacuchanos que arranchaba de las manos a los senderistas cuando en las noches durante los toques de queda en Ayacucho, salía a hurtadillas por las calles oscuras de Ayacucho a traerlos para esconderlos en su casa, a fin de salvarlos de los terribles reclutamientos de Sendero. Suerte que no lo vieran los senderistas o los soldados que patrullaban por allí. ¡Si la gente supiera las angustias vividas! ¡Cuántas noches sin dormir, preocupado por tantas cosas! Recordaba aquellos emocionantes partidos de básquet con los muchachos. Jugaban de lo mas bien. ¡Cómo se entregaban al deporte! Mejor hacer deporte que asesinar gente. ¡Cuánto se lo agradecerían sus padres!
Recordó aquellas interminables conversaciones con los terroristas del MRTA cuando tomaron la residencia del embajador de Japón con rehenes hace más de 22 años. ¡Qué locura! Nunca se imaginó negociando con terroristas fanáticos, arriesgando su vida por tantos. Inclusive les hablaba de Dios ¡Mientras otros cobardemente evadían sus responsabilidades! Que familiar se hizo su figura caminando valientemente hacia dicha mansión, jalando su pequeña maletita negra con rueditas. ¡Si supieran los ornamentos y libros sagrados que guardaba!  Cuantos recuerdos, y así todo, “tan callando” como diría el poeta Manrique. Sin llamar la atención.
Cuantos enfrentamientos por decir tantas verdades desde el púlpito, ante un mundo que prefiere callar cobardemente o hacerse de la vista gorda. Pero él no es así. Nunca fue así. Cristo hablaba con la verdad ya que Él es la Verdad, por lo que Juan Luis siempre prefirió decir las cosas claras, sin rodeos, coger al toro por las astas, nada de medias verdades y menos mentir por quedar bien. Por más que lo criticaban e inclusive difamaban e injuriaban. Pero no es el discípulo más que su maestro. Si al Señor, al mismo Cristo lo criticaron y difamaron… “Lo mismo harán con ustedes”, ya lo había vaticinado el Señor.
Cueste lo que cueste, le duela a quien le duela. Aceptando calladamente y con humildad las bofetadas y difamaciones de enemigos que no faltan, Juan Luis valientemente proclamaba la verdad. “Seréis signos de contradicción” le había adelantado ya el Señor en el Evangelio. Así debe ser un pastor, así es Juan Luis y así lo será siempre, desde que lo conociera como un joven curita, profesor en el Seminario de Santo Toribio. Me recomendó unos libros para mi tesis de bachiller sobre Ética fiscal allá por 1985. Ya mi hermano Lalo me lo había recomendado. Fue su profesor en Santo Toribio. “Ese curita del Opus es brillante”, me había dicho. “Llegará muy lejos”.
Pero así es Juan Luis. Francote, sencillo y directo a la vena en sus opiniones y pareceres. No puede ser de otra manera. La Verdad es simple y clara, no se puede ser “diplomático” cuando se anuncia y dice la Verdad a la gente. En una sociedad como la peruana en donde el “qué dirán” y los dimes y diretes sobreabundan, se preferiría quizá a un sacerdote discreto, casi mejor que calle y que no “haga lío”. Pero Juan Luis no es así. ¡El mismo Papa Francisco pide hoy a los jóvenes que hagan lío! Juan Luis conoce su misión y sus obligaciones. El no puede callar la Verdad. ¡No debe! Y lo sabe. Menos aún en una época en que todo se dice y sale a la luz crudamente, hasta los peores errores y horrores de los seres humanos. “Signo de contradicción” dijo el Señor. De allí que cuando Juan Luis habla, guste a muchos su franqueza y claridad, pero también escandalice a otros que prefieren que calle y no denuncie ni diga nada. Pero así no es ni será Juan Luis. Es más, ¡No debe serlo!
Juan Luis es pastor. Esa es su misión y su razón de vivir. Siempre velando por sus ovejas, con un cariño infinito, pero también recriminándolas valientemente y cuidándolas, callando cuando hay que callar y diciendo valientemente las cosas cuando hay que decirlas mientras otros cobardemente callan.
En febrero del 2001 Juan Luis fue nombrado cardenal por San Juan Pablo II. La cruz pesa más sobre sus hombros y acepta la voluntad de Dios. En enero pasado, Juan Luis recibió y acompañó al Papa Francisco en su visita al Perú. Francisco no podía oculta su asombro, alegría y admiración por la feligresía católica peruana y la gran labor desempeñada por Juan Luis.
El próximo 28 de diciembre Juan Luis cumple 75 años de edad y tal como mandan las normas de la Iglesia, debe poner su cargo a disposición del Papa Francisco. Seguirá siendo cardenal, pero dejará de ser el arzobispo de Lima. Ya Su Santidad decidirá si acepta su renuncia de inmediato o le permite un tiempo más seguir en funciones mientras busca un sucesor.
En todo caso, da igual. Juan Luis está satisfecho con la misión cumplida. Nunca perdió la paz en los difíciles momentos de terrorismo, violencia, corrupción y tantos otros difíciles momentos más que vivió el país. El pastor cuida de sus ovejas. Ama y las conoce una a una. Así será Juan Luis hasta el día que el Señor le llame por su nombre y le agregue lo de “siervo bueno y fiel”, puesto que ha sido todo un privilegio para la Iglesia Católica peruana haber contado con un arzobispo de Lima como Juan Luis Cipriani. Muchos lo extrañaremos. Vayan estas sencillas líneas en homenaje y agradecimiento a este valiente y humilde pastor.

¿Por qué una cadena árabe como Al Jazeera tendría interés en financiar un reportaje contra la Iglesia Católica?

Luego de los atentados terroristas del 11 de setiembre en New York, la cadena de televisión internacional Al Jazeera cobró notoriedad en esta parte del mundo por transmitir los mensajes de Osama Bin Laden y Al Qaeda, y hasta la actualidad no ha estado exenta de polémica. Incluso Tayseer Allouni, uno de sus corresponsales, fue condenado en España a siete años de prisión por actuar como captador de financiamiento de la organización subversiva.
Para revisar este caso, haga clic aquí y lea bajo el subtítulo “La televisión de Al Qaeda”.
Cabe preguntarse, entonces, por qué este medio que enarbola la bandera de la libertad de expresión allí donde es señalada por “incentivar” la violencia y “apoyar el terrorismo” –como ocurrió el año pasado en Israel y que provocó, incluso, que el primer ministro Netanyahu pidiera su cierre en el país– no ha retirado un reportaje que financió aquí en Perú sobre el caso Sodalicio, luego de que los dos testimonios que fundamentarían de una de las acusaciones más graves que se vierten en él resultaran desvirtuados.
“Perú: el escándalo Sodalicio” señala directamente al obispo de Piura y Tumbes, monseñor José Antonio Eguren como cómplice de la La Gran Cruz del Norte basándose únicamente en los testimonios del líder de esta organización criminal, Samuel Alberca, y de Carmen Campodónico. Y resulta que Alberca ha sido sentenciado por difamación a un año de pena privativa suspendida, 120 días multa y 10 mil soles de reparación civil precisamente por esta declaración, mientras que Carmen Campodónico actualmente purga prisión por intentar ingresar droga al penal en Piura, además de ser acusada por usurpación de terrenos en esa misma localidad.
A pesar de lo anterior, el reportaje continúa en circulación sin haber sufrido la más mínima modificación. Ha tenido que ser Pamela Vértiz quien, luego de tomarlo como fuente hace unas semanas en Día D, se disculpara en la siguiente emisión señalando los hechos arriba descritos. ¿Y qué hay sobre los autores del contenido? Pues todo indica que –siguiendo la línea de un tristemente célebre exrector– han “elegido” no hacer caso a la justicia (o en todo caso a la ética periodística más elemental).
Pero la cuestión sería más compleja y motiva la presente nota. ¿Por qué una cadena árabe como Al Jazeera tendría interés en financiar a periodistas ligados a una empresa de comunicaciones en lobby permanente con el Estado, y que dedican la mayor parte de su tiempo y plataformas a atacar a la Iglesia Católica?
Fuente: Político.pe

¿QUIÉN DICE QUE SE REFIERE A TÍ? Pedro Salinas ahora quiere ser papista

Por Luciano Revoredo- LaAbeja.pe
Francisco en su tradicional discurso navideño trató extensamente el problema de los abusos sexuales. Dijo, con toda razón, que éstos deforman el rostro de la Iglesia y claman al cielo. En ese marco, el Pontífice dijo que le “gustaría agradecer sinceramente a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas” y criticó a “algunos, también dentro de la Iglesia, se alzan contra ciertos agentes de la comunicación”.
De las diversas consecuencias posibles que pudo haber tenido el discurso del Papa ha habido una que es realmente sorprendente. Quizá por una mezcla extraña entre la fuerza telúrica de nuestra tierra y sus delirios de grandeza, el periodista Salinas Chacaltana se ha atribuido el imperial título de “ombligo del mundo”. De otra forma no se puede entender en qué clase de sueño de opio ha podido imaginar que las palabras del Papa Francisco podrían remotamente referirse a su persona y pretender capitalizarlas a su favor en el contexto de la querella que enfrenta por difamación y como convalidación de sus “investigaciones”.
Tal vez la clave del asunto descanse en que Salinas -y su corte de aduladores como Tola o Rosa María Palacios- han pasado por alto dos palabras claves en el discurso pontificio en relación al trabajo de los comunicadores: honestos y objetivos.
Y vamos a referirnos específicamente a su trabajo periodístico en relación al caso que ha llevado a Monseñor Eguren a querellarlo por el delito de difamación. Desde el punto de vista periodístico, ¿el trabajo de Salinas ha sido honesto y objetivo? Las acusaciones de Salinas contra Monseñor Eguren son básicamente dos: haber sido el creador y responsable de un sistema de abusos cometidos en el Sodalicio y ser el personaje central en un caso de tráfico de terrenos en Piura. Lo ha llamado, “delincuente”.
En relación a lo primero, las acusaciones no se remiten a un hecho concreto ni se ha presentado ningún testigo. Todo se basa en una semblanza hecha por Martín Scheuch (de la que luego se desdijo) y el testimonio de una persona con pseudónimo. En un periodismo “honesto” y “objetivo”, ¿es esto suficiente para acusar públicamente a una persona de ser un “encubridor” y un “depredador con suerte”? Ciertamente no.
En cuanto a la segunda acusación, el sustento es un video reportaje preparado por la agencia Al Jazeera, bajo la dirección de la compañera periodística de Salinas Paola Ugaz. El eje del reportaje son los testimonios de dos personas que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, carecen de toda credibilidad. Una de ellas está presa y la otra acaba de ser condenada por delito de difamación justamente por el supuesto caso de tráfico de tierras.
Una vez más, ¿es esto una prueba de periodismo honesto y objetivo? En base a estas pruebas -si se les puede llamar así- Salinas no ha tenido ningún escrúpulo en embarrar la fama y el honor de una persona. Y eso no es “ejercicio de la libertad de expresión”. Por que baste el sentido común, y un poco de ética profesional, para saber que este derecho no es todopoderoso, como quieren presentarlo Salinas y su abogado Rivera. Es un derecho democrático, nadie lo duda, y se debe defender de toda coacción. Pero nunca puede ser la excusa para avasallar otro derecho fundamental, consagrado en la Constitución, como es aquel que custodia el buen nombre y la fama de toda persona.
Lo grave de esta situación es que Salinas ahora pretende cobijarse bajo las declaraciones del Papa Francisco para validar su labor periodística. Estamos seguros que hay muchos periodistas en el mundo que merecen los elogios del Papa por haber ayudado a la Iglesia Católica a enfrentar los casos de abusos que la aquejan.
No deja de ser curioso que Salinas no comente ni se aplique una parte igualmente relevante del discurso de Francisco donde también les pide a los periodistas: “…por favor, ayudemos a la santa Madre Iglesia en su difícil tarea, que es reconocer los casos verdaderos, distinguiéndolos de los falsos, las acusaciones de las calumnias, los rencores de las insinuaciones, los rumores de las difamaciones”. A juzgar exclusivamente por su desempeño profesional como periodista, Salinas no está ayudando en esta tarea y no tiene razones para atribuirse los elogios pontificios.

LEY Nº 29635: LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

Artículo 1º.- Libertad de religión
El Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano.
El ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como único límite tanto la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales como la protección del orden, la salud y moral públicos.
Artículo 2º.- Igualdad ante la ley
Toda persona natural es igual ante la ley. Se prohíbe toda acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas.
El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas. En igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios.
Artículo 3º.- Ejercicio individual de la libertad de religión
La libertad de religión comprende, entre otros, el ejercicio de los siguientes derechos:
a. Profesar la creencia religiosa que libremente se elija y cambiar o abandonar la que se tenga en cualquier momento, conforme al procedimiento propio de cada iglesia, confesión o comunidad religiosa. En todo caso, se respeta la libertad religiosa individual.
b. Practicar de forma individual o colectiva, en público o en privado, los preceptos religiosos de su confesión, sus ritos y actos de culto.
c. Recibir asistencia religiosa por su confesión. Las instituciones públicas competentes adoptan las medidas y normas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en las prisiones, en los centros públicos hospitalarios, asistenciales y otros bajo su dependencia.
d. Elegir para sí o para los menores o los incapaces sujetos a su patria potestad, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
e. Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas.
f. Conmemorar las festividades y guardar el día de descanso que se considere sagrado en su religión, debiéndose armonizar los derechos de los trabajadores con los de la empresa o administración pública para la que labore, y de los estudiantes con las instituciones educativas, conforme al reglamento de la presente Ley.
g. Prestar juramento según sus propias convicciones religiosas o abstenerse de hacerlo, pudiendo acogerse a la alternativa promisoria.
h. Recibir sepultura de acuerdo con las tradiciones y ritos de la propia confesión religiosa, respetando en todo caso las normas vigentes sobre salud e higiene públicas.
Artículo 4º.- Objeción de conciencia
La objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas.
Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo, moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece.
Artículo 5º.- Entidad religiosa
Se entienden como entidades religiosas a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. Estas entidades cuentan con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerio propios.
Las entidades religiosas no tienen finalidad de lucro.
No se consideran religiosos los fines o actividades relacionados con fenómenos astrofísicos, sicológicos, parasicológicos, adivinación, astrología, espiritismo, difusión de ideas o valores puramente filosóficos, humanísticos, espiritualistas u otro tipo de actividades análogas. Las entidades dedicadas al desarrollo de ritos maléficos, cultos satánicos o análogos se encuentran al margen de la presente Ley.
El Estado respeta y garantiza las expresiones religiosas de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, así como su derecho de ejercerlas de manera individual o colectiva.
Artículo 6º.- Dimensión colectiva de las entidades religiosas
Son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas, entre otros, los siguientes:
a. Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos, pudiendo establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política del Perú.
b. Crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social conforme a la legislación nacional.
c. Formar, designar o elegir libremente a sus ministros de culto, dirigentes religiosos y establecer su propia jerarquía, según sus normas internas. La condición de ministro de culto se acredita con documento auténtico expedido por la autoridad competente de la entidad religiosa.
d. Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con su religión y establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos.
e. Divulgar y propagar su propio credo.
f. Solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias.
g. Mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas, sea en territorio nacional o extranjero.
Artículo 7º.- Dimensión educativa de las entidades religiosas
Las entidades religiosas, inscritas en el registro al que se refieren los artículos 13º y 14º, pueden crear y dirigir autónomamente sus propios centros de formación para el ministerio religioso y para estudios teológicos.
El reconocimiento oficial de los títulos académicos expedidos por estos centros puede ser objeto de convenio entre el Estado, a través del Ministerio de Educación, y la correspondiente entidad religiosa, siempre que esta cumpla con los requisitos académicos establecidos por la Ley núm. 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Asimismo, aquellas que cumplen con los requisitos de la Ley núm. 23733, Ley Universitaria, pueden acceder a entregar dichos títulos.
Artículo 8º.- Exoneración del curso de religión
Las instituciones educativas, en todos sus niveles y modalidades, respetan el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos de religión por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas sin verse afectado su promedio académico.
En los casos de los menores de edad, la exoneración procede siempre y cuando así lo expresen los padres o quien tenga la tutela de los mismos.
Artículo 9º.- Protección del ejercicio de la libertad religiosa
El Estado garantiza a las personas, de manera individual o asociada, que desarrollen libremente sus creencias y actividades religiosas, en público o en privado.
No hay persecución por razón de ideas o creencias religiosas, debiéndose garantizar lo siguiente:
a. Nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa.
b. Los ministros de culto tienen derecho a guardar el secreto sacramental, ministerial o religioso.
Ninguna autoridad o funcionario público puede obligar a revelarlo.
c. Nadie puede ser obligado a participar en actos de culto, a recibir asistencia religiosa o a prestar contribuciones económicas o en especie a entidades religiosas.
Artículo 10º.- Patrimonio de las entidades religiosas
El patrimonio de las entidades religiosas se encuentra constituido por los bienes adquiridos conforme a ley.
Asimismo, por el patrimonio histórico, artístico y cultural que se haya creado, adquirido o esté bajo su posesión legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso se respeta su prevalente función de servicio al culto sagrado.
El Estado, a través de las instituciones públicas competentes, puede prestar cooperación técnica y/o económica para el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de las entidades religiosas.
Artículo 11º.- Donaciones y beneficios tributarios
Las entidades religiosas gozan de las donaciones y beneficios tributarios existentes siempre que cumplan con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico nacional.
Artículo 12º.- Destino del patrimonio en caso de disolución
En caso de disolución de una entidad religiosa, por acuerdo interno o por mandato de la ley, su máxima autoridad acuerda a qué entidad, de fines similares, es destinado el patrimonio resultante. En caso de omisión, lo determina el Ministerio de Justicia.
Artículo 13º.- Registro de Entidades Religiosas
A partir de la vigencia de la presente Ley, el registro creado en el Ministerio de Justicia por Decreto Supremo núm. 003-2003-JUS pasa a denominarse Registro de Entidades Religiosas y tiene como finalidad principal el reconocimiento de la personería jurídica civil de las entidades religiosas, así como facilitar sus relaciones con el Estado.
La inscripción en el mencionado registro es voluntaria.
Las entidades religiosas inscritas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Su organización, funciones, atribuciones y representación se rigen por esta Ley y su reglamento, así como por sus propias normas y estatutos.
Las entidades religiosas no inscritas en el registro continúan como asociaciones civiles.
Artículo 14º.- Requisitos para inscripción de entidades religiosas
Para inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas, se presenta una solicitud en la que consta fehacientemente lo siguiente:
a. Su fundación o establecimiento en el Perú, con indicación del número de fieles mayores de edad, lugares de culto y cuantos datos se consideren relevantes a efectos de poner de manifiesto su implantación.
b. Su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus bases de fe, actividades religiosas, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.
Tienen acceso al registro aquellas entidades religiosas que, por su trayectoria, ámbito, número de creyentes y/o desarrollo de actividades benéfico-asistenciales o educativas, ofrecen garantías de estabilidad y permanencia.
La inscripción requiere prueba, por cualquier medio admitido en derecho, del ejercicio constante de actividades religiosas propias, que determine la creación, fundación y presencia activa de la confesión en el Perú, por un período no menor de siete (7) años, así como de un número de fieles, mayores de edad, no inferior a lo que determine el reglamento.
La inscripción en el registro conlleva el reconocimiento de la personería jurídica, que se otorga cuando se acreditan debidamente los requisitos exigidos y no se vulnera algunos de los preceptos de la presente Ley o del ordenamiento jurídico general.
La denegación de la inscripción no impide su actuación en el marco de las libertades reconocidas en la Constitución Política del Perú ni el ejercicio de los derechos que se reconocen en la presente Ley.
La cancelación de los asientos relativos a una determinada entidad religiosa solo puede llevarse a cabo a petición de sus representantes legales, debidamente facultados, o mediante resolución judicial.
Artículo 15º.- Convenios de colaboración
El Estado peruano, en el ámbito nacional, dentro de sus competencias, amparado en el artículo 50º de la Constitución Política del Perú, puede suscribir convenios de colaboración sobre temas de interés común, de carácter legal, con aquellas entidades religiosas que, estando inscritas en el registro a que se refieren los artículos precedentes, hayan adquirido notorio arraigo con dimensión nacional y ofrezcan garantías de estabilidad y permanencia por su número de miembros y actividades.
Los convenios, para ser aprobados como norma legal, deben tener el informe favorable del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía y Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Sanción por impedir el ejercicio de la libertad religiosa
La persona natural o jurídica que, por acción u omisión, impida el ejercicio de la libertad religiosa en los términos recogidos en esta Ley o en los tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú es sancionada según las normas penales o administrativas vigentes.
SEGUNDA.- Sobre el tratado aprobado por Decreto Ley núm. 23211, que aprueba Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú
La presente Ley, su reglamento y cualquier otra norma complementaria no afectan lo dispuesto en el tratado aprobado por el Decreto Ley número 23211, que aprueba Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, y las normas, protocolos o notas que se deriven del mismo. La personería y capacidad jurídica de la Iglesia Católica y las entidades religiosas erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, de 19 de julio de 1980, se regulan por lo establecido en el citado tratado.
TERCERA.- Seminario Evangélico de Lima y Seminario Bíblico Andino
El Seminario Evangélico de Lima, fundado en 1933 y reconocido por el Decreto Supremo 048-85-ED, y el Seminario Bíblico Andino, fundado en 1935 y reconocido por Decreto Supremo 001-90-ED, se gobiernan por su propio estatuto; tienen la autonomía, los derechos y los deberes de las universidades y pertenecen al sistema universitario. Los grados y títulos que expidan deben ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para los fines pertinentes, bajo responsabilidad del director general o de quien haga sus veces.
CUARTA.- Reglamento
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley en un plazo no mayor de noventa (90) días útiles.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Plazo para reinscripción en el Registro
En un plazo de trescientos sesenta (360) días útiles, las entidades religiosas inscritas en el Registro de Confesiones Distintas a la Católica deben reinscribirse en el registro al que hace referencia el artículo 13º.
El incumplimiento de esta disposición da lugar a la cancelación de su inscripción. La cancelación de la inscripción no impide el ejercicio de los derechos constitucionales correspondientes, conforme al párrafo último del artículo 13º.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil diez.
CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República
ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG
Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diez.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación
Fuente: El Peruano: 21/12/2010

Prestidigitación jurídica

Por Padre Mario Arroyo-Lucidez.pe
Soy filósofo, y siempre me ha sorprendido la capacidad de los juristas para interpretar la ley en sentido inverso al que reza textualmente la norma y, obviamente, con un espíritu contrapuesto al que fue escrita. Me gusta llamarlo, “principio de libertad jurídica”, por el cual el juez, auténtico intérprete de la norma, no está condicionado por lo que esta afirma expresamente, ni por el espíritu del legislador, sino que puede darle un nuevo performance según su real parecer.
Lo de los “principios” es importante, pues sin estar escritos en ninguna parte, ni haber sido votados por los legisladores democráticamente electos, vienen a ser los criterios últimos según los cuales debe interpretarse toda norma escrita. Un juez los puede llamar en causa y le abren las puertas para reinterpretar la ley a su antojo. Son fundamentales para garantizar la “libertad jurídica” del juez respecto del legislador.
A esa maniobra me gusta llamarla prestidigitación. Es muy sencilla, es un juego intelectual semejante al del ilusionista que esconde la bolita. Es grandioso: “donde tú y todos pueden leer A en la Constitución, en realidad debe interpretarse como B”. Unas firmitas de los que saben del tema y basta. Así, un reducido grupo del Olimpo que funje como Tribunal Constitucional, es decir, el garante de la correcta interpretación de la Constitución, hábilmente le hacer decir precisamente lo contrario a lo que afirma.
Esto lo hemos visto muchas veces en la historia reciente. Debe haber una escuela donde le enseñan a los juristas cómo no sentirse vinculados por la letra de la Constitución, máxime si son los guardianes de la misma. Esto acaba de suceder, a la letra, en una resolución del Tribunal Constitucional, la cual determina, entre otras cosas, que es inconstitucional el financiamiento que el Estado Peruano ofrece a los colegios parroquiales, acorde con el tenor literal del artículo 50 de la Carta Magna y con los pactos internacionales firmados por el Perú, como puede ser el Concordato.
Pero no señores, donde la Constitución afirma taxativamente que “el Estado Peruano reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración”, en realidad está afirmando que es inconstitucional prestar cualquier colaboración a la Iglesia Católica. Sí, como lo leen. La constitución dice expresamente A, pero el Tribunal Constitucional, a través de una muy alambicada explicación (hábil prestidigitación donde uno no sabe donde quedó la bolita) nos explica que en realidad dice “no A”. El “principio de seguridad jurídica” desaparece colapsado por el de “incertidumbre jurídica”.
¿Cómo ha sido posible esta prestidigitación? A través de los invaluables principios inventados ad hoc para la ocasión. Así, sorpresivamente, el artículo 50 de la Constitución, que en su equilibrada redacción explica cómo el Estado Peruano no es confesional, pero reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración, la cual no es exclusiva con ella, pudiendo colaborar también con otras denominaciones religiosas. Redacción que explícitamente reconoce el papel del catolicismo en la formación histórica, moral y cultural del país, e implícitamente reconoce un valor positivo a la realidad religiosa en general, pudiendo colaborar con ella en beneficio de la entera sociedad. Cualquier persona que lo lea sin prejuicios se da cuenta de que eso es lo que afirma.
Pues resulta que estamos equivocados. Los especialistas nos dicen, según reza la sentencia, que en realidad el artículo 50 consagra “el principio de laicidad”. Dicho principio no aparece en la Constitución. Es sencillo darse cuenta, basta tener una versión digital de la misma y colocar en el buscador la palabra “laicidad”. Obtendra 0 resultados, 0 entradas, no aparece. La laicidad es, entonces, uno de esos principios “mágicos” que determinan toda interpretación ulterior de la Constitución. Son principios no escritos supra constitucionales, lo que es importante: nunca han sido votados democráticamente, se han saltado olímpicamente al poder legislativo, a la autoridad que dimana del pueblo, y son simplemente el lente con el que el especialista quiere releer y reinterpretar, porque ya ni siquiera es necesario reescribir (necesitaría poner de acuerdo al Congreso y eso es muy difícil) la Carta Magna de un país.
Pues bien, a la luz de ese principio supremo e incuestionable de “la laicidad”, del cual la sentencia va sacando cada vez más características, implicaciones y conclusiones, podemos interpretar el artículo 50 justo al revés de lo que afirma: donde dice “le presta su colaboración”, en realidad tenemos que interpretar, “no le presta su colaboración”. Más aún, “es inconstitucional que le preste su colaboración” a pesar de la Constitución misma y de los Tratados internacionales vigentes. ¿No es maravilloso este “principio de laicidad” que se da graciosamente por supuesto, y que sobrepuja a la Constitución y a los tratados vigentes?
Lo mejor es de dónde se agarran para concluir esto: un reclamo laboral por un despido en apariencia “injusto” de una profesora de Tumbes. Es decir, nada que ver. Lo peor es ver a quién perjudica: a miles de niños peruanos que prefieren el colegio parroquial al público, ¿por qué será? Vulnera además el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se vuelve inoperante, letra muerta, papel mojado, gracias a él omnipotente principio de “laicidad” que hábilmente se inventaron los jueces para tergiversar la constitución. ¿Es o no es prestidigitación jurídica?

Tribunal declara inconstitucional subvención del Estado a colegios parroquiales

El sacerdote Mario Arroyo Martínez-Fabre, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, criticó la manipulación realizada por el Tribunal Constitucional del Perú de una demanda interpuesta por una profesora despedida en 2012, para introducir el término “laicidad” en la interpretación de la Constitución y así declarar inconstitucional el financiamiento que hace el Estado peruano de los colegios parroquiales.
La sentencia publicada el 13 de diciembre de 2018 se refiere, en primer lugar, a la demanda de la profesora Darlyn Roxana Jurado Garay, que en enero de 2013 inició un proceso contra la Institución Educativa Parroquial San Agustín en el departamento de Tumbes, en el norte del Perú.
La demandante exigía la reposición en su trabajo y denunciaba que con el retiro de confianza de la institución, tras diez años de labor, se vulneraron “sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y la dignidad”.
El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Jurado Garay, ordenó su reposición en otro colegio de la UGEL de Zarumilla, bajo cuya jurisdicción estaba la escuela donde laboraba; y señaló que este centro y la UGEL deben pagar el costo del proceso.
La sentencia indica también que, si bien el pedido de la demandante tiene que ver con su reincorporación, es necesario verificar si eso “resulta compatible con el régimen de laicidad consagrado en el artículo 50 de la Constitución, que asegura la autonomía y la independencia del Estado con las organizaciones religiosas”.
El artículo 50 de la Constitución Política del Perú dice que “dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”.
Sin embargo, la sentencia del TC señala que “la laicidad como principio constitucional está recogido en el primer párrafo del artículo 50 de la Constitución”.
Dice además que “la consagración como Estado laico” es “un principio constitucional-político imponderable en el ejercicio de las competencias públicas”.
Para el Tribunal la laicidad debe entenderse con dos criterios: la separación, que implica que el Estado esté aparte de cualquier Iglesia o grupo religioso; y la neutralidad, que señala que el Estado no puede valorar positivamente a ningún credo.
La sentencia indica que el caso de Jurado Garay se refiere a colegios de acción conjunta, donde participa el Estado y la Iglesia, que en el Perú suelen ser los colegios parroquiales.
El numeral 60 de la sentencia señala que “este Tribunal considera que el tratamiento brindado a estos centros educativos es inconstitucional”, mientras que el numeral 68 deja al Ministerio de Educación “la decisión de optar por suspender el financiamiento estatal en un plazo razonable”.
La crítica del Padre Arroyo
El fallo del TC fue criticado por el sacerdote y doctor en Filosofía, Padre Mario Arroyo Martínez-Fabre, al denunciar la manipulación hecha por los magistrados para introducir el término “laicidad” que no existe en la Constitución peruana.
“Soy filósofo, y siempre me ha sorprendido la capacidad de los juristas para interpretar la ley en sentido inverso al que reza textualmente la norma y, obviamente, con un espíritu contrapuesto al que fue escrita”, escribe el sacerdote en un artículo titulado “Prestidigitación jurídica”, publicado en el portal Lucidez el 18 de diciembre.
A esta capacidad de interpretar la ley en sentido inverso, el doctor en Filosofía llama “libertad jurídica”, que se basa en “los criterios últimos según los cuales debe interpretarse toda norma escrita”.
Con este modo de proceder, prosigue el experto, se logra la “prestidigitación” que termina siendo un “juego intelectual semejante al del ilusionista que esconde la bolita. Es grandioso: ‘donde tú y todos pueden leer A en la Constitución, en realidad debe interpretarse como B’. Unas firmitas de los que saben del tema y basta”.
“Así, un reducido grupo del Olimpo que funge como Tribunal Constitucional, es decir, el garante de la correcta interpretación de la Constitución, hábilmente le hacer decir precisamente lo contrario a lo que afirma”.
En este caso, denuncia el sacerdote, “donde la Constitución afirma taxativamente que ‘el Estado Peruano reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración’, en realidad está afirmando que es inconstitucional prestar cualquier colaboración a la Iglesia Católica. Sí, como lo leen”.
“La Constitución dice expresamente A, pero el Tribunal Constitucional, a través de una muy alambicada explicación (hábil prestidigitación donde uno no sabe dónde quedó la bolita) nos explica que en realidad dice ‘no A’. El ‘principio de seguridad jurídica’ desaparece colapsado por el de ‘incertidumbre jurídica’”, escribe.
El Padre Arroyo explica que esto ha sido posible “a través de los invaluables principios inventados ad hoc para la ocasión” que ignoran la letra de lo que dice el artículo 50 de la Constitución que “reconoce el papel del catolicismo en la formación histórica, moral y cultural del país, e implícitamente reconoce un valor positivo a la realidad religiosa en general, pudiendo colaborar con ella en beneficio de la entera sociedad. Cualquier persona que lo lea sin prejuicios se da cuenta de que eso es lo que afirma”.
“Pues resulta que estamos equivocados. Los especialistas nos dicen, según reza la sentencia, que en realidad el artículo 50 consagra ‘el principio de laicidad’. Dicho principio no aparece en la Constitución”, afirma el doctor en filosofía.
“La laicidad es, entonces, uno de esos principios ‘mágicos’ que determinan toda interpretación ulterior de la Constitución”, prosigue.
Estos criterios como la “laicidad”, explica el Padre Arroyo, “son principios no escritos supra constitucionales, lo que es importante: nunca han sido votados democráticamente, se han saltado olímpicamente al poder legislativo, a la autoridad que dimana del pueblo, y son simplemente el lente con el que el especialista quiere releer y reinterpretar, porque ya ni siquiera es necesario reescribir (necesitaría poner de acuerdo al Congreso y eso es muy difícil) la Carta Magna de un país”.
“Lo mejor es de dónde se agarran para concluir esto: un reclamo laboral por un despido en apariencia ‘injusto’ de una profesora de Tumbes. Es decir, nada que ver”, dice luego.
“Lo peor –concluye el Padre Arroyo– es ver a quién perjudica: a miles de niños peruanos que prefieren el colegio parroquial al público, ¿por qué será? Vulnera además el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se vuelve inoperante, letra muerta, papel mojado, gracias a él omnipotente principio de ‘laicidad’ que hábilmente se inventaron los jueces para tergiversar la Constitución”.

SALINAS NO VERÁ LA CÁRCEL POR LA BUENA FE DE MONSEÑOR EGUREN

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
El pasado 18 de diciembre se realizó en Piura la audiencia de la querella interpuesta por Monseñor José Antonio Eguren al periodista Pedro Salinas por el delito de difamación agravada.
La audiencia, originalmente programada para el 14 de noviembre, tuvo que ser pospuesta debido a que el abogado del querellado, Carlos Rivera, no pudo acreditarse por estar en calidad de moroso en el Colegio de Abogados de Lima. Finalmente, la audiencia se realizó y la jueza Judith Cueva escuchó la presentación del caso por parte del Dr. García Cavero, abogado del querellante, y del mencionado Dr. Rivera. Luego de la audiencia, el Dr. García Cavero ha publicado en su cuenta personal de Twitter extractos de su presentación.
Nos comunicamos con el abogado quien aseveró que ha solicitado para Salinas una pena que se ubique en el extremo máximo del tercio superior porque concurren un conjunto de agravantes en el caso de difamación.
Entre los agravantes aludidos mencionó, entre otros, la pretensión compensatoria de Salinas, que pondría en entredicho su objetividad periodística, así como la reiteración delictiva. El abogado recordó hasta 4 ocasiones distintas de difamación en las que el periodista, incluso luego de haber recibido una carta notarial, continuó difamando a Monseñor Eguren.
Salinas ha llegado a afirmar, comenta García Cavero, que Monseñor Eguren es un “depredador con suerte”. Los agravantes del delito de difamación implicarían una pena privativa de la libertad de tres años y una sanción equivalente a 365 días multa.
A pesar de todo ello, el abogado expresó en su calidad de titular de la acción penal el deseo de su patrocinado de que la instancia judicial no emita condena a Salinas.
García Cavero confirma que ha solicitado a la jueza que, en aplicación del artículo 62 del Código Penal, se pronuncie con una reserva del fallo condenatorio. Lo único que busca Monseñor Eguren -explicó su abogado- es un pronunciamiento sobre la calificación del hecho, de manera que quede claro si lo que Salinas ha hecho efectivamente difama, ofende y lesiona el honor de una persona.
En relación a la reparación civil, que asciende en este caso a doscientos mil soles por daño moral y daño a la persona, García Cavero recordó que en el escrito de la querella está ya expresamente establecido que su defendido, en caso de ganar el juicio, ha efectuado una donación anticipada de la totalidad de la suma de la reparación civil al centro de reposo San Juan de Dios.
Con ello se desmiente la opinión expresada en algunos medios de que Monseñor Eguren estaría tras esa suma de dinero. Luego de conocer los hechos que han motivado la querella no queda duda de que Salinas merecería la pena condenatoria en su máximo extremo.
No se puede entender la pose que ha pretendido asumir de ser un supuesto “perseguido por la justicia”. Salinas tiene que enfrenar las consecuencias de sus hechos.
Encomiable -tal vez para algunos incomprensible- la decisión de Monseñor Eguren, de “ahorrarle” a Salinas Chacaltana la estadía en una calurosa cárcel piurana. Esperemos que el juicio efectivamente resulte en una clara calificación del hecho difamatorio y en algo pueda restablecer su mancillado honor.

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL COBRO DE MORAS ILEGALES EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La Agrupación Universitaria Riva – Agüero (AURA) reúne a estudiantes, graduados y docentes universitarios que buscan testimoniar la complementariedad de la fe y razón por medio del trabajo académico y profesional.
Surgimos en el 2011, en medio de los conflictos originados por la administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en contra de la Iglesia Católica y el Arzobispado de Lima por la adecuación estatutaria a las normas canónicas competentes y la administración de los bienes José de la Riva-Agüero según su testamento.
Ante los últimos hechos acontecidos al interior de la PUCP, queremos manifestar lo siguiente:
1.ACLARAMOS que, como agrupación católica, nuestro juicio se realiza  sobre hechos y no sobre conciencias; por lo tanto, lo expuesto busca ser una valoración respecto a los actos irregulares y moralmente malos sucedidos en la administración de la PUCP, así como la búsqueda de la responsabilidad de quienes lo ejecutaron.
2. LAMENTAMOS que haya existido por parte de las autoridades de la universidad la voluntad de mantener, al margen de la ley, una política institucional de cobro ilegal de moras académicas. Esta conducta contraviene los valores y principios sobre los que fue fundada y debiera guiarse la vida institucional de una universidad de origen católico.
3. EXPRESAMOS el profundo malestar que genera las declaraciones del exrector Marcial Rubio por indicar, en una entrevista, que la universidad no obedeció a la ley peruana por el problema económico que atravesó a raíz de las disputas legales con la Iglesia, cuando la realidad es que la administración demostró poca capacidad para asumir su responsabilidad y resolver este conflicto.
4.  EXIGIMOS que la nueva administración, expresada en un nuevo rectorado, investigue a fondo las responsabilidades legales que se deriven de estas políticas institucionales que han afectado moral y materialmente a la universidad y, principalmente, a las familias peruanas que confiaron en los principios cristianos sobre los que debería constituirse la PUCP.
5. SALUDAMOS el pronunciamiento del Vice Gran Canciller de la PUCP y los representantes del Episcopado ante la Asamblea Universitaria, dado que es necesario resarcir el daño ocasionado a todos los afectados por medio de la devolución oportuna del cobro excesivo de las moras académicas. Sin embargo, solicitamos a las autoridades eclesiales competentes acompañar la vida institucional de la universidad, velando activamente porque se respeten, en todos sus ámbitos, los principios católicos con los que fue fundada, así como los valores cristianos de las futuras personas que asuman el cargo.
6. EXHORTAMOS que, en un contexto como el que se vive en nuestra universidad, se dé el inmediato establecimiento de una política de transparencia coherente con la lucha anticorrupción que dicen impulsar las autoridades universitarias hacia la sociedad peruana, y se haga de público conocimiento las políticas administrativas concernientes al gasto, salarios, licitaciones y demás procesos que involucren bienes materiales de la universidad. Del mismo modo, solicitamos que se realice una auditoría externa financiera, contable y económica de la universidad, así como la revisión de planillas de los trabajadores de la PUCP, a fin de verificar que se esté cumpliendo los derechos laborales conforme a ley. El acceso de esta información es un derecho de todo miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, graduados y trabajadores), por lo que deberá estar a disposición de ella.
7. INSTAMOS a los miembros de la Asamblea Universitaria que, en este contexto, se favorezca la alternancia en el proceso electoral correspondiente para la renovación de autoridades en la PUCP. Desde hace más de una década, cada nuevo rector ha sido vicerrector previamente. Consideramos que una sola línea de sucesión administrativa ha sido uno de los factores que no ha favorecido al establecimiento de una política de transparencia y rendición de cuentas de autoridades de una institución Pontificia y Católica.
8. URGIMOS a los representantes estudiantiles gremiales y representantes ante la Asamblea Universitaria a estar a la altura de las circunstancias y mantener la ecuanimidad y respeto en el diálogo al interior de la comunidad universitaria. Entendemos y nos solidarizamos con todos los estudiantes afectados y sus familias, por lo que apoyamos el justo reclamo en un clima de respeto ajeno a la violencia verbal, física o de cualquier otra índole.
Finalmente, ratificamos nuestro compromiso en contribuir con el crecimiento de la PUCP a nivel global, en el marco de la vivencia plena de su identidad católica para que sea, realmente, el faro de cristiandad que la sociedad peruana demanda.
Pando, 13 de diciembre de 2018.

Comunicado del Vice Gran Canciller de la PUCP y la Comisión Episcopal para la PUCP

“La luz brilla en medio de las tinieblas”
El Vice Gran Canciller y la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú, ante los lamentables acontecimientos acaecidos en esta querida Universidad, se dirigen a la Comunidad Universitaria y al público en general, para expresar lo siguiente:
1. En las circunstancias actuales es preciso tener presente el lema de nuestra Universidad, legado por el fundador de esta casa de estudios: “La luz brilla en medio de las tinieblas” (Jn 1,5).
2. A la luz de la palabra evangélica, expresamos nuestro profundo rechazo a las acciones que causaron daños a los miembros de la comunidad universitaria y a tantas familias. Tenemos conocimiento que la reparación económica está en curso y debe continuar hasta lograr una solución justa para todos los afectados.
3. Con esperanza y orientados por los valores evangélicos, instamos como obispos a buscar una solución institucional al actual problema, escuchándonos los unos a los otros, discerniendo y caminando juntos como corresponde a esta Comunidad Universitaria.
4. Una transición ordenada, transparente y respaldada en las normas del Estatuto, pondrá en evidencia la valía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que sabrá salir dignamente de esta encrucijada.
5. Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado. Una postura institucional que nos compromete a todos, ajena al apasionamiento violento, debe ser el mejor testimonio que, en este momento podemos brindar al Perú, de nuestra identidad Pontificia y católica.
Lima, 12 de diciembre de 2018
+ Norberto Strotmann MSC Obispo de Chosica Secretario General de la CEP
+ Robert Francis Prevost OSA Obispo de Chiclayo Segundo Vicepresidente de la CEP
+ Salvador Piñeiro García–Calderón Arzobispo Metropolitano de Ayacucho
+ Cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Primer Vicepresidente de la CEP
+ Antonio Santarsiero Rosa OSJ Obispo de Huacho
+ Miguel Cabrejos Vidarte OFM Arzobispo Metropolitano de Trujillo Presidente de la CEP
Vice Gran Canciller de la PUCP 

El escándalo de la Católica

Por Luis Garcia Miró Elguera-Diario Expreso.
El exrector de una universidad antes llamada Pontificia y Católica finalmente se vio obligado a renunciar por una estafa perpetrada por dicho centro académico a miles de estudiantes. Marcial Rubio Correa tuvo que ceder y retirarse del rectorado, luego que sendas altas autoridades dimitieran, mientras él continuaba resistiéndose a hacerlo. Todo empezó hace pocos días, cuando estudiantes de dicha universidad expresaran públicamente su indignación porque su centro de estudios había venido cobrándoles intereses usureros por moras en pagos en las que eventualmente habían incurrido. Durante días el rector no dijo una palabra.
Incluso se enfrentó a los estudiantes en la puerta de la universidad, forzándole el brazo a una alumna y profiriendo destemplados gritos. Al final, la única –y vergonzante– explicación de Marcial Rubio fue esta: “Frente a la posibilidad de no pagar la planilla, la universidad se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. Es más, Rubio Correa culpó al Arzobispado de Lima de “la imposibilidad de pagar planilla (…) a raíz de las disputas legales.”  La estafa se estima en S/ 30 millones. Aunque los estudiantes demandan una auditoría a fondo, porque consideran que la cifra es mucho mayor. Según Rubio, el hecho de “carecer de fondos” para sufragar los gastos de la entidad fue suficiente motivo para robarle a los estudiantes. No obstante tanto el rector –Rubio–, la vicerrectora, el vicerrector, decanos, directores y demás cuerpo académico recibirían al día sus groseros emolumentos. El sueldo del rector bordearía los S/ 100,000.
La Fiscalía de la Nación debe tomar cartas en el asunto investigando anormalidades como: ¿de qué forma entraban al presupuesto de la universidad los millones de soles  fruto del saqueo a los estudiantes?¿Cómo se contabilizaron a los largo del tiempo? ¿Fueron registrados como ingresos extraordinarios? ¿Como cuentas por pagar? ¿Los balances reflejaban esta estafa? ¿Fueron maquillados? ¿Se institucionalizó acaso una caja negra en esta universidad? ¿Quién la administraba? Son preguntas que circulan en las redes sociales. Lo cierto es que una auditoría profesional e independiente no solo arrojaría una posible trama de corrupción producida al interior del multimillonario centro de estudios, sino es probable que incluso puedan aparecer importantes egresos ajenos al campo educacional.
La verdad es que esta universidad que, groseramente, ha pretendido constituirse en la reserva moral de los peruanos; en el magisterio de lo políticamente correcto; y en el meollo de toda justicia, particularmente la politizada justicia social –ocupando además espacios estratégicos en el Ministerio Público y el Poder Judicial, desde donde irradia una insufrible superioridad y fortaleza que doblega a niveles lamentables al campo de lo político y social– hoy aparece retratada como lo que es: un centro de poder, más que de estudios, que ha abusado en forma delictiva de sus alumnos Y que, además, habría incurrido en otros crímenes como la usura, pretendiendo justificarlos con malas prácticas contables y presupuestos probablemente adulterados. Dios perdonará el pecado. Pero jamás el escándalo del inmoral enfrentamiento de estos caviares contra la Iglesia Católica.

Denuncian a Marcial Rubio y exvicerrectores de PUCP

Por JOSÉ M. CARMEN MORÁN-Diario EXPRESO.
Los cobros indebidos que hizo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a sus estudiantes podrían tener consecuencias penales para el exrector, ex vicerrectores y el rector interino de esa casa de estudios.
De acuerdo a un documento al que tuvo acceso EXPRESO, el ciudadano Hugo Martín Rodríguez Alvarado formuló una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de “Marcial Rubio Correa (ex rector), Efraín Gonzales de Olarte (vicerrector académico), Pepi Patrón Costa (ex vicerrectora de investigación), Carlos Fosca Pastor (ex vicerrector de administración), y contra todas las persona que resulten responsables”.
“Por el delito de Lavado de Activos previsto y sancionado en los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo Nº 1106, en la modalidad de actos de conversión y ocultamiento y por los delitos de fraude en la administración de persona jurídica (Art. 198 del Código Penal), estafa (Art. 196 del Código Penal), usura (Art. 214 del Código Penal) y contabilidad paralela (Art. 199 Código Penal), en agravio del Estado y la Pontificia Universidad Católica del Perú”, se lee en el documento.
A esta denuncia, se suma la queja de un exdocente de la PUCP, quien, a través de un video propalado en las redes sociales, aseguró que esa situación podría configurarse como delito de lavado de activos.
Para el jurista Marcos Ibazeta, el caso de los cobros excesivos e indebidos podría ser investigado por el Ministerio Público, Indecopi y la Sunedu.
“Han estado sacándole plata, sin ningún fundamento ni derecho, a sus estudiantes. Lo hecho tiene que investigarse para establecer causa y consecuencia, los métodos, así como una serie de cosas (…) Creo que debe investigar la institución que fiscaliza a las universidades [Sunedu], Indecopi, pero sobre todo la Fiscalía”, afirmó.
Cabe precisar que el pasado miércoles Marco Rubio Correa renunció al cargo de rector de la PUCP luego de los reclamos de los estudiantes, quienes protestaron por los cobros que realizaba la universidad desde hace dos décadas, y que consistían en un pago de medio crédito a los estudiantes que no cancelaban sus boletas.
Se debe detallar que los créditos por escala en esa universidad varían entre los 254.90 y 974.10 soles. Es decir, si se cobra el medio crédito de mora, entonces, el alumno debía pagar entre 127.45 y 487.05 soles. Sin embargo, estos montos son excesivos en comparación con la tasa del interés legal máximo fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
USURA
El penalista Julio Rodríguez dijo que podría haber un delito de usura, porque los montos cobrados son mucho más altos que la tasa de interés que establece el BCRP.
“Estos cobros, por lo menos, configuran [el delito] de usura, es un delito tipificado en el Código Penal. La pena [por cometer este delito] creo que son tres años como máximo de pena privativa de la libertad. Indiscutiblemente califica para esto”, señaló.
Por otro lado, el penalista Luis Lamas Puccio, manifestó que Indecopi debería iniciar una investigación sobre el caso, y dependiendo de la información, se podría solicitar la presencia del Ministerio Público.
En cambio, Mario Amoretti, dijo que los cobros excesivos no tipifican como delito y debería ser investigado de manera interna.
DEVOLUCIÓN
El 4 de diciembre, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se comprometió a devolver los montos cobrados desde el 29 de noviembre de 2012 hasta la actualidad. Se eligió esta fecha, debido a que la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en instituciones educativas superiores, está vigente desde ese día.

‘Bonos’ secretos a dedo

Por Carlos Bedoya- Wayka.pe
Cincuenta profesores están en “Planilla Dorada” y han venido recibiendo durante la gestión del rector Marcial Rubio Correa y la vicerrectora de investigación Pepi Patrón, un bono económico de entre 3000 y 5000 mil soles mensuales aparte de su salario. Algunos de los docentes beneficiados integran la Asamblea Universitaria que, precisamente, debe afrontar la crisis moral que carcome a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mientras Marcial Rubio admitía públicamente cobros ilegales a los alumnos durante los últimos 6 años porque la universidad corría el riesgo de cerrar, ocultaba la existencia de una planilla camuflada como “suplemento de sueldo” para decenas de investigadores anotados en una lista del vicerrectorado en manos de Patrón.
Ambas autoridades acaban de renunciar debido al escándalo denunciado por los estudiantes que supone tomar “prestado” de ellos más de 30 millones de soles sin que se enteren. Al mismo tiempo manejaban una especie de ‘Caja 2’ para privilegiar a un conjunto de docentes de siete departamentos académicos que escogían a dedo. ¿Era parte de la planillas oficial?
Una fuente de la propia universidad que prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad, confirma la veracidad de una serie de documentos en los que se ratifica la falta de transparencia y equidad de esta práctica de las hoy renunciantes máximas autoridades de la PUCP.
La lista de los privilegiados se encuentra en el Intranet de la universidad siguiendo la siguiente ruta: Intranet/BúsquedadePersonas/PersonalporUnidad/VRI haciendo clic en la ventada de “personal en actividades” y todas las demás.
Lista de docentes de la PUCP que recibieron los ‘bonos’ irregulares y secretos del exrector Marcial Rubio:
Rafael Aguilar Vélez
Martha Gwenn Bell
César Armando Beltrán Castañón
Fiorella Patricia Cárdenas Toro
Fanny Lys Casado Peña
Benjamín Castañeda Aphan
Gianfranco Casuso Guerra
César Celis Pérez
Yves Paul Coello De la Puente
Francisco Fabián Cuellar Córdova
Alonso Cueto Caballero (escritor)
Julio César Cuisano Egúsquiza
Celso De la Cruz Casaño
Dante Angel Elías Giordano
Álvaro Alonso Ezcurra Rivero
Alberto Martín Gago Medina
Betty Cristina Galarreta Asian
Miguel Angel Hadzich Marín
Alexandra Imogen Hibbett Diez Canseco
Layla Hirsh Martínez
Alfredo Jesús Ibáñez Gabilondo
Ramzy Francis Kahhat Abedrabbo
Farid Kahhat Kahatt
Suyeon Kim De Aguilar
Roberto Janniel Lavarello Montero
Madina Mansurova
Helena Maruenda Castillo
Ivan Fabio Meini Méndez (abogado)
José Carlos Orihuela Paredes (economista)
Jan Amaru Palomino Töfflinger
María Angélica Pease Dreibelbis
Adolfo Pillihuamán Zambrano
Giovanna Rosa Pollarolo Giglio
Daniel Racoceanu
Carlos Augusto Ramos Núñez (abogado miembro del Tribunal Constitucional)
Paul Antonio Rodríguez Valderrama
Francisco Aurelio Rumiche Zapata
Sandra Cecilia Santa Cruz Hidalgo
Cesar Augusto Stoll Quevedo
Sabino Nicola Tarque Ruíz
Armando José Torre López
Fernando Gilberto Torres García
Patricia Tovar Rodríguez
Omar Paúl Troncoso Heros
Jean Francois Víctor Vallance
Ian Vázquez Rowe
Valeria Villarán Landolt (psicóloga)
Elizabeth Roxana Villota Cerna
Willem Viveen
Roberto Zariquiey Biondi
Uno de los profesores que figura en la lista es el internacionalista Farid Kahhat quien aclaró que no sabe el caso de los demás, pero que lo que él hizo fue solicitar un aumento de sueldo cuando le pidieron regresar a la universidad en el 2014, pues se encontraba con licencia sin goce de haber. Agregó también que no sabe cómo la universidad maneja internamente este tipo de casos: “Yo he pedido varias veces licencia, he ido y he venido, en cualquier caso, jamás ocupé cargo directivo alguno y estuve la mayor parte de los últimos años fuera de la universidad”.
Pero aquí viene el detalle más curioso del descargo de Kahhat. Nos contó que quien le pidió volver fue el excanciller Rafael Roncagliolo, para integrar la comisión organizadora de la licenciatura de relaciones internacionales. Y fue Roncagliolo el que recibió la solicitud de aumento de sueldo.
¿Qué hacía Roncagliolo quien es profesor a tiempo parcial negociando salarios para profesores de la PUCP por encima de la escala de remuneraciones? Hasta el cierre de esta nota no logramos comunicarnos con él.
Nos comunicamos con el jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Alejandro Diez, quien se abstuvo de declarar sobre este tema “porque primero le toca pronunciarse a las altas autoridades de la universidad”.
Según nuestra fuente, hasta este año, Diez no sabía de la existencia del pago adicional de Kahhat.
Secreto a voces
En efecto, hasta finales del año pasado, muy pocos profesores sabían de la existencia de los privilegiados. Incluso algunos Jefes de Departamento, como el caso de Diez ignoraban el doble estándar. “Los profesores se enteraron en los pasillos. La gente no lo creía”, sostuvieron las fuentes.
Por ello, el 11 de mayo varios profesores de Humanidades, incluyendo a Salomón Lerner Febres, al enterarse que algunos de sus colegas por hacer el mismo trabajo recibían un pago adicional, enviaron una carta al Dr. Francisco Hernández, Jefe del Departamento.Carta enviada por profesores de la facultad de Humanidades al Jefe del Departamento, Francisco Hernández Astete.
En la misiva expresaron “disconformidad con la política de suplementos de sueldo” aplicadas desde el Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado administrativo.
Propusieron eliminar el privilegio y con ese dinero otorgar becas de incentivos a la investigación de carácter temporal y rotativo para todos, mediante concursos transparentes y públicos.
La propuesta detallaba que los becados puedan compartir sus investigaciones, fruto del incentivo, con todos los demás docentes vía charlas y actividades académicas. Algo que no sucede con el sistema de bonos a dedo, sin criterio ni transparencia que criticaban. Claramente lo que pedían era igualdad de trato.
La carta fue suscrita además de Lerner Febres por Rafael Vega Centeno, Carlos Gálvez, Luis Andrade, Cecilia Esparza, Ricardo Silva Santisteban, Rodolfo Cerron, Victor Vich, Miguel Rodríguez Mondoñedo, Mariana Chu, Virginia Zavala, Rose Mary Rizo Patrón, Adriana Añi, Francesca Denegri, Mario Montalbetti, entre otros.
Cuando los profesores de Psicología se enteraron de lo mismo, también enviaron una carta. El 22 de mayo dirigieron la comunicación a la Dra. Cecilia Chau, Jefa del Departamento. Los firmantes en este caso fueron: Patricia Martínez, Ana Caro, Agustín Espinosa, Susana Frisancho, Rosa María Cueto, Mónica Iza, Guillermo Delgado, Ángela Vera, entre otros. Cuestionaron el bono y pidieron que se traslade su carta al rectorado.Carta enviada por un conjunto de profesores a la Jefa del Departamento de Psicología, Cecilia Chau.
Varios de los profesores firmantes de ambas cartas nos han confirmado la veracidad de nuestra fuente.
La respuesta de Marcial 
Cuando la rebelión de Humanidades y Psicología llegó al rector, éste respondió con una carta enviada de manera individual a cada uno de los firmantes que podrían ser interpretadas como intimidatorias, señalando que esos bonos eran intocables, y que no atiende a nadie de manera colectiva. Esta reacción encaja con su respuesta ante frente a la protesta estudiantil de los últimos días.
Wayka tuvo acceso a la carta que envió Marcial Rubio Correa el 6 de junio a cada uno de los profesores de Humanidades que protestaron por escrito. La presentamos completa para que cada quien observe los argumentos, el estilo y tono con el que trata al personal docente el hasta hace poco rector de la PUCP:Sobre esta carta hay mucho que decir, pero por ahora solo mencionamos dos: 1) el asunto de las metas específicas que justifican el bono. En el caso de Kahhat, que hemos mostrado, no existe ningún compromiso de investigación. Además, varios de los que figuran en la lista dorada no tienen investigaciones recientes, ni publicaciones en revistas de impacto. 2) la alusión que hace Marcial Rubio sobre que el carácter colegiado y la participación de autoridades representativas de los diversos colectivos involucrados en la PUCP, niega la opacidad que se desliza en la carta. Salvo los ‘privilegiados’ que también son miembros de la Asamblea Universitaria, pocos conocían de los bonos a dedo hasta este año.
Wayka también intentó comunicarse con la ex vicerrectora de la PUCP, Pepi Patrón, pero zanjó que no dará entrevistas por el momento.
En siguientes entregas abordaremos más detalles de personajes involucrados y situaciones obscuras en la planilla dorada de la PUCP.
*Actualización: Hemos recibido un mensaje del profesor Farid Kahhat donde precisa sus declaraciones. Efectivamente, interpretamos mal la frase “he ido y he venido” como si hubiera estado fuera el país, y la confirmación a la que se refiere no la hizo expresa, sino tácita al señalar que en el caso de él no se trata de un bono sino de un aumento de salario. Aquí su mensaje y nuestra disculpa por esas dos malas interpretaciones de sus declaraciones. Asimismo, por haber escrito mal su apellido. Los puntos 3 y 4 de su mensaje son ampliaciones que compartimos.Correo electrónico enviado por Farid Kahhat.

Sobre bonos a dedo en la PUCP: “Paren de justificar lo injustificable, por favor. El honor no llega por jurar decencia”

Por Ana María Guerrero-http://manoalzada.pe
Mientras más pasan las horas y leemos las maromas argumentativas justificando los bonos, sentimos que más nos quedamos sin palabras. Por eso hay que seguir diciendo, porque las palabras son las armas que tenemos para defendernos de la impunidad y la desfachatez.
La razón que corre entre abonados y amigos (con anuencia de algunas autoridades) es que “había que retener talentos que de otra manera no se hubieran quedado a trabajar en la PUCP”. Leo esto en los muros y comentarios de amigos y colegas y siento pena, indignación, una distancia enorme frente al negacionismo y la elitización de su sentido común. Se me caen los brazos. En esto terminan las argollas y el endiosamiento de la gente: creyendo que hay una revelación académica que saldrá de ciertas materias grises (creerán, no sé, que es cosa de la biología, de organismos privilegiados con nombre y apellido) en vez de la ebullición de la vida académica colectiva.
¿Y todos los colegas que tienen iguales o mayores credenciales que los abonados, y que aportan a veces más y mejor que los propios abonados sin haber necesitado del famoso bono? ¿Dónde quedan? ¿Por qué hay colegas a tiempo completo dictando diez, veinte, treinta, cuarenta años que sí se pueden quedar sin nada más a cambio que la aceptación de las reglas de juego? ¿Qué cosa es eso del derecho a la discrecionalidad de la rectoría para apoyar gente (o “proyectos”, vaya eufemismo) a dedo? ¿Qué cosa es eso de que “a mí me llamaron y yo solo fui”? Oigan, por favor: ¿qué les pasa? Parece que no conocieran el mundo afuera ni cómo funcionan las academias en otros lados.
Comienzo a entender un poco más por qué tantos y tan largos silencios (en discurso y acción) sobre la pauperización de la educación superior pública. Con dinero público estos bonos serían más graves si me permiten esta falaz relativización. Entiendo un poco más, hoy, sobre la complacencia que se tuvo con la neoliberalización de la universidad y la consecuente despolitización del cuerpo docente y el alumnado. Después de los golpes argentinos y brasileños los profesores universitarios fueron agentes históricos de cambio de sus sociedades. Dejaron sus vidas en la construcción académica colectiva, cuidaron a las ciencias humanas y sociales de ese productivismo maníaco de lo que hoy se quiere pasar como “normal”, lo que sería inevitable para la internacionalización. “Yo investigo” dicen algunos, “yo cobro más” dicen otros. “Teníamos que hacerlo” dicen unos cuantos. Como Marcial con sus cobros ilegales: cosas de fuerza mayor.
Si miramos a nuestros vecinos, la academia de los países de al lado, veremos que sobran demasiados ejemplos de profesores universitarios que se quedaron e hicieron bien las cosas sin necesidad de negociar por afuera. De hecho, eso es lo que hicieron, no al revés. No es que el profesor fulanito de tal hace a la universidad, es el prestigio de la universidad, su proyecto de sociedad, su dirección reflexiva lo que nos nutre y es suficiente para quedarnos. Veo a mucha gente blandir sus pergaminos de universidades gringas como si el solo hecho de tenerlas significara ser mejor profesor, investigador o ciudadano. Los profesores universitarios, oigan, alimentamos almas críticas, construimos y reconstruimos puentes con la sociedad una y otra vez. Importa más producir experiencias y reflexiones repletitas de sentidos que artículos en serie para revistas en serie. No hay formato APA para la resistencia intelectual universitaria. Y esto solo se aprende en la universidad latinoamericana, donde estudiantes y profesores le llamamos golpe al golpe y fraude al fraude. La transparencia en las reglas de juego, defenderlas y seguirlas, es lo que nos permite decir las cosas abiertas, a tiempo y sin miedo.
Paren de justificar lo injustificable, por favor. El honor no llega por jurar decencia, es la transparencia de tus actos y tus decisiones, el juego limpio con tus colegas, lo que cada día te honra. O no.

Luchar contra la argolla en la PUCP es algo que vale la pena

Por José Saldaña- Wayka.pe
Soy profesor de derecho en la PUCP desde el 2014. He sufrido maltrato como docente y violación de mis derechos. Los cobros ilegales son parte de un sistema mayor de injusticias que incluye argollas y violencia de género. Aquí mi historia.
El sistema de acceso a la docencia adolece de severas deficiencias y linda con la corrupción. En la facultad de derecho he participado de concursos a plazas permanentes en los que mi candidatura no pasaba de ser una formalidad, pues el ganador era determinado previamente. En el 2015, aún cuando de los tres candidatos finalistas yo era el único que reunía los requisitos objetivos de la convocatoria, nunca tuve posibilidad de ganar.
El ganador no cumplía con el requisito de edad y la dirección de profesorado observó su contratación posteriormente. En la clase maestra no alcancé a hablar un minuto de manera continua porque me interrumpían, un jurado abandono el aula sin decir nada mientras yo hablaba. Las preguntas iban entre lo absurdo y el ataque abierto: ¿Por qué te gusta hablar en plural? ¿Vas a enseñar estas cosas en tu curso? La permanencia no es una cuestión solo de meritocracia, hay mucha arbitrariedad.
He sido docente por 4 años, trabajé duro para armar cursos nuevos, dicté varios horarios el mismo semestre, obtuve los puntajes más altos en las evaluaciones de los estudiantes. Nada fue suficiente. Me removieron sin expresión de causa, sin que medie siquiera un agradecimiento por la labor. Amparados en la precariedad laboral de un docente por asignaturas, deciden libremente cesarlo, tanto más si resulta incómodo a la autoridad.
He sido hostigado por mis ideas en la facultad. Por compartir en redes las noticias del colectivo de estudiantes y egresadas contra el hostigamiento sexual, he recibido mensajes y llamadas amenazantes de dos altas autoridades de la universidad. Uno de ellos: el defensor universitario Wilfredo Ardito.
Tengo copias de los mensajes. Y esta no es la única historia que conozco. Mis colegas han vivido experiencias similares: denuncias falsas de plagio para sacarlos del concurso, ataques en las entrevistas por ideas políticas, declaran desiertas las plazas cuando el puntaje no favorece al elegido. Nadie denuncia por miedo. Es comprensible, pones en riesgo el esfuerzo de una vida.
Pero yo he decidido soltar el miedo y hablar en voz alta. He decidido que luchar contra la argolla en la PUCP es algo que vale la pena hacer, por mí y por todos los afectados por este sistema de “La argolla”, que no es otra cosa que una red de micro-corrupciones en la que se tejen lealtades alrededor del poder. Son estas redes las que permiten que autoridades permanezcan en el cargo por décadas, las mismas que dan impunidad en casos de violencia de género. Pero esto es un sistema, no una persona o un grupo pequeño.
En la universidad hay poca transparencia sobre el uso del dinero, escasa rendición de cuentas, sospechas de bonos indebidos y de favoritismos para asignar presupuestos de investigación. Hace poco nuestro grupo de investigación presentó un proyecto para trabajar en derechos territoriales y mujeres indígenas en el Río Marañón. Hemos dedicado mucho esfuerzo, pero tememos que cuestiones políticas impidan una evaluación por árbitros imparciales.
Esto lo publiqué hace unos meses. Desde entonces, la única noticia que tengo de las autoridades es que piensan mal de mí y un correo del decano solicitándome rectificación porque debí referirme al departamento y no a la facultad. Pero ninguna solución ante la injusticia. Este 2018, el movimiento estudiantil rompió el silencio contra la violencia de género y denunció los cobros ilegales. Esa es la enseñanza más grande que le deja al país: Se requieren cambios profundos. Como dicen, la PUCP luchando también se está educando.

Falleció a los 94 años el Padre Ugo De Censi, salesiano fundador de la Operación Mato Grosso, un movimiento que a través del trabajo libre dirigido a los más pobres ofrece a jóvenes y niños la posibilidad de obtener formación técnica.
“Su vida fue intensa, sacrificada, llena de afecto brindado y recibido, un ejemplo que influyó en muchos jóvenes. Animó a miles de jóvenes, fundó centros, parroquias, escuelas taller, hospitales, casas de acogida, institutos, seminarios, un monasterio, pero sobre todo, se preocupó por los pobres y por los jóvenes necesitados”, indicó la Agenzia Info Salesiana (ANS) en un artículo reciente.
El Padre Ugo, como era conocido por muchos, falleció en la noche del domingo 2 de diciembre. El sacerdote se encontraba postrado en una cama desde hace varios meses debido a una enfermedad, según indican varios medios de comunicación.
Sus restos son velados en la Basílica María Auxiliadora, en el distrito limeño de Breña. El miércoles 5 de diciembre será trasladado y enterrado en Chacas, una localidad de la región Áncash a 3,400 metros de altura, en la Cordillera Blanca, donde sirvió por 42 años.
A manera de homenaje, en Chacas, y en todas las parroquias que dirigió, se tocaron las campanas por 15 minutos y se celebraron Misas.
El Padre Ugo nació en 1924 en la localidad de Berbenno di Valtellina a 90 kilómetros al noreste de Milán (Italia). A los nueve años fue matriculado junto a su hermano en un colegio salesiano, donde luego decidió formarse como religioso.
Fue ordenado el 8 de marzo de 1951. En 1965 conoció a un misionero de Brasil, que le contó el sufrimiento de los pobres en Sudamérica.
De ese encuentro surgió un deseo profundo de trabajar por los más necesitados y fundó en 1967 la Operación Mato Grosso, una organización internacional de ayuda social que se estableció en Brasil, precisamente en Poxoréo, en el estado de Mato Grosso, para construir una primera escuela.
Cuando regresaron a Italia, comenzaron a organizarse en grupos para continuar abriendo nuevas expediciones en otros países.
Cuando la Operación Mato Grosso se hizo conocida en Brasil, en 1976 el Padre Censi viajó a Perú y se estableció como párroco en Chacas, donde recogió a los niños y huérfanos más pobres de la zona, y abrió un taller de escultura y tallado en madera.
En 1985 fundó la Cooperativa Don Bosco, donde los jóvenes de Chacas aprendían y se perfeccionaban en el arte de trabajar con madera. Más adelante se fundaron otros centros con diferentes especialidades de trabajo.
También se encargó de la reconstrucción y remodelación de varios templos, construyó el Hospital Mama Ashu y fundó seminarios, conventos, escuelas y colegios salesianos, talleres de tejido y tallado, granjas, viveros, refugios de alta montaña y el Oratorio Don Bosco en los Andes.
“Se apagó la llama de la caridad que ardió en la Cordillera Blanca de los Andes, pero seguirá encendida en los miles de jóvenes que ha formado”, indicó el Padre Umberto Bolis en una entrevista con ANS.
“Don Bosco fue para el Padre Ugo un padre y un amigo, un maestro de la caridad, un guía de la grandiosa obra en beneficio de los oratorios. Don Ugo no pensó ninguna de las obras sin los oratorios. Cada semana en las alturas de los Andes de Huaraz reunía a más de 20 mil adolescentes y jóvenes para hablarles de Dios, de la Virgen Auxiliadora y de Don Bosco”, concluyó.
Los voluntarios de la Operación Mato Grosso se encuentran actualmente en decenas de comunidades en Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil.
Fuente: ACI Prensa.

PEDRO SALINAS: UN MENTIROSO COMPULSIVO

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
El domingo pasado el diario La República publicó una nueva entrega de Pedro Salinas. En esta ocasión el periodista, finalmente, reconoce en primera persona (ya lo había hecho su mensajero Martín Scheuch), su vinculación al Accountability Project (ahora llamado ECA), que tiene como uno de sus objetivos llevar a la Iglesia Católica a las cortes internacionales por delitos de lesa humanidad.
Recordemos que cuando hace casi un mes publicamos en este medio un informe sobre dicha relación (http://laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2149-pedro-salinas-y-el-negocio-de-atacar-a-la-la-iglesia.html), la negó en un post de Facebook. Y luego, en unas declaraciones dadas en Piura, la volvió a negar. Ahora lo admite, siempre con alusiones alucinógenas con las que parece tener alguna fijación.
Lo cierto es que durante casi un mes, Salinas ha venido negando su colaboración con este proyecto, y ahora dice que sí participó en sus inicios. Simplemente, para dar este punto por cerrado, queda claro que Salinas ha mentido y que sí participa del Accountability Project (ahora llamado ECA). Y pareciera que la cosa no quedó en una participación “en sus inicios” sino, ¿cómo explicaría su presencia en Varsovia el año pasado firmando los Acuerdos de Varsovia?  Fue en esta ciudad y en el mismo periodo de tiempo, que se firmó este documento en el que se acordaban varias acciones que terminarían, en el 2020, con efectivamente la denuncia internacional de la Santa Sede (ver Acuerdo de Varsovia aquí  https://drive.google.com/file/d/1CCUaw_l3m0RcL4K2AmCnHG5R-3Pp66FM/view?usp=sharing). Y, por si acaso, los nombres se los han puesto ellos, así que toda semejanza con otro tipo de acuerdos, protocolos o proyectos es cosecha suya.
Ahora bien, si ha mentido abierta y reiteradamente en esto, ¿por qué tendríamos que creerle cuando nos dice que no tiene intenciones segundas para con el Cardenal Cipriani, que no tiene nada que ver con la remoción de la fiscal Peralta, o cuando pone en duda que tiene un vínculo con Pablo Sánchez? En este último punto, es de más conocida la licitación a dedo que tuvo su empresa CHISAC con este ex magistrado para organizar un desayuno de periodistas con harta mermelada.
Salinas demuestra tener un problema con la verdad. La maneja a su antojo y conveniencia. Lo paradójico es que me acusa a mí de sazonar mentiras con medias verdades. Desde que iniciamos esta investigación hemos venido afirmando y sustentando lo mismo. Ahora de pronto él admite algo que antes negaba. ¿Y somos nosotros los que mentimos?
Hay un punto que es particularmente delicado, y al que deberían prestarle especial atención los señores obispos. Salinas continúa afirmando que es falso que se reunió con el Nuncio Apostólico y que le hizo una serie de pedidos a cambio de los cuales él guardaría silencio sobre ciertos temas incómodos. Y nosotros sabemos de primera mano que sí se reunió con el Nuncio.Uno de estos pedidos era que la Conferencia Episcopal debería recibir a las víctimas del Sodalicio.  Y siguiendo en la línea de que supuestamente mentimos, sería bueno que alguien explique entonces el mensaje que hace pocos días publicó el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, vía Twitter: “Esta semana la Presidencia de la Conferencia Episcopal nos hemos reunido con ex Sodálites, incluido el periodista Pedro Salinas. Les expresamos nuestra preocupación sobre su situación para evitar que vuelve a suceder. Hemos acordado seguir reuniéndonos. Fue muy positivo”. ¿Coincidencia o concesión de pedido?
Y, claro, después de la “positiva” reunión, viene el artículo de Salinas en La República, donde, admitiendo su vinculación, hace también un elegante desmarque del Accountability Project. ¿Se incomodaran los obispos de la CEP de estar en diálogos con un personaje que por otro lado los quiere llevar a las cortes internacionales por delitos de lesa humanidad? ¿Es su artículo un pañito frío para tenerlos tranquilos? No se dejen engañar, señores obispos, porque así como hoy andan con él en diálogos positivos, mañana pedirá sus cabezas. No se olviden que es el mismo que escribió “Al diablo con Dios” (ISBN 978-612-4151-94-1) y decía sobre el Papa Francisco: “Panchito eres un cabrón”. Hoy dice que reconoce los esfuerzos de Francisco. ¿Mañana qué dirá?

Por Luciano Revoredo- Laabeja.pe
Martín Scheuch ha escrito una columna en relación al caso de Pedro Salinas y su vinculación con The Accountability Proyect (TAP). No vamos a comentar los calificativos personales, con los que me caracteriza e intenta -aparentemente- descalificarme, ni la pequeña nota biográfica que me dedica. Eso no es lo que está en discusión acá.
El asunto en cuestión es la vinculación de Pedro Salinas al TAP y su sistemática negación de ese hecho. El señor Scheuch recurre al tópico de la teoría de la conspiración. Una forma manida de desacreditar a través de la ridiculización. Y basta añadir los talismanes “fake news” o “masones”, y se supone que todo lo que uno pueda decir queda inmediatamente en entredicho. Sin embargo, hay hechos frente a los cuales no cabe teorizar ni conspirar.
Nosotros develamos la existencia de este proyecto internacional, que tiene un objetivo claro: llevar a la Iglesia católica ante cortes internacionales acusada de crímenes de lesa humanidad. Para ello se han establecido estrategias y acciones a seguir. Si se trata de “una iniciativa loable” -como dice Scheuch- es discutible. Porque a juzgar por sus objetivos y estrategias este proyecto tiene la intención de cargarse a la institución, sin hacer distinciones.
Que existen malos elementos en la Iglesia, y deben ser procesados y condenados por lo que hayan hecho, nadie lo niega. Pero el TAP pretende ir mucho más allá y acabar con una institución que, a pesar de todos los errores, pecados y delitos de sus miembros, busca hacer el bien y anunciar un mensaje de esperanza al mundo.
Si eso me convierte en “retrógrado” y “conservador”, pues todos los bautizados lo somos. Dijimos además que Pedro Salinas estaba vinculado al TAP y tenía asignada una tarea concreta para la visita del Papa al Perú. Salinas respondió burlonamente en su página de Facebook, sin dar ninguna explicación (y de paso, obvió totalmente decir algo acerca de la reunión en la que chantajeó al Nuncio en el Perú).
Acto seguido, mostramos los correos donde se envía el TAP y los acuerdos de Varsovia, en los que está copiado y mencionado Salinas. Éste responde diciendo que estamos drogados y que nos hemos fumado una palmera.
Publicamos otra nota donde se muestra la página actualizada del proyecto, ahora denominado ECA, donde aparece Salinas (con foto y todo) como parte del equipo internacional. El periodista siguió sin dar una respuesta clara.
Ahora aparece Martín Scheuch y su teoría de la conspiración. Diera la impresión de que Scheuch está respondiendo por Salinas, que después de tanto silencio y negación no tiene cara de admitirlo él mismo.
En todo caso, la nota de Scheuch permite dar un paso adelante: confirma que Pedro Salinas pertenece a esta organización. Según Scheuch, Salinas “participa abiertamente de The Accountability Project (TAP)”.
Quizá lo sabían sus amigos y miembros de su círculo íntimo. Pero hasta el momento él había eludido y negado esta vinculación, cobijado en insultos y alusiones alucinógenas. Por tanto, el TAP existe y Pedro Salinas está vinculado a él. Si la iniciativa fuera loable, ¿Por qué tanta dificultad en aceptarlo, señor Salinas?

OTRA PERLA DE PAOLA UGAZ

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
A finales de diciembre de 2016, la cadena internacional Al Jazeera estrenó un video titulado “Peru: The Sodalitium scandal (Perú: El escándalo Sodalicio)”, producido por la periodista Paola Ugaz. En línea con la agenda que tanto Pedro Salinas como Ugaz tienen para atacar a la Iglesia Católica por distintos flancos -como bien lo evidenció este medio y luego confirmó el mismo Salinas Chacaltana a través de su amigo Martín Scheuch (http://laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2184-la-negaci%C3%B3n-de-pedro.html)- Ugaz produjo el reportaje arriba mencionado con el fin de culpar al Sodalicio de Vida Cristiana –y en específico al obispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren- de coludirse con una banda criminal. Más grave aún es que Ugaz se basa en los testimonios de este reportaje para luego seguir difamando a Monseñor Eguren en distintos espacios, motivo por el cual ya ha sido querellada por el prelado.
Entre las diversas “pruebas” que Ugaz presentó está el testimonio de Samuel Alberca quien señala a Monseñor Eguren, y a Alberto Gómez de la Torre, representante de la Inmobiliaria Miraflores Perú, como autores de un supuesto pago para invadir unos terrenos en Piura. Alberca afirma haber rechazado, como podemos ver en este extracto de video, 3 millones de dólares ofrecidos por Monseñor Eguren porque no era algo “moral”.(https://drive.google.com/open?id=1q_90PZpAMGYjMWufJKM0vbnom4ScRV6d) Extracto del video presentado por la Inmobiliaria Miraflores Perú en respuesta al reportaje de Al Jazeera. Pueden verlo completo aquí. (https://www.youtube.com/watch?v=M4d_Y1SduHc&feature=youtu.be)
Pero, ¿quién es Samuel Alberca para que Ugaz lo ponga como fuente “creíble” y sustento para futuras acusaciones al obispo? Ni más ni menos que el líder de una organización criminal conocida como La gran cruz del norte. Tal vez Ugaz pensaría que Alberca se habría convertido en una especie de Robin Hood norteño como para creer en su testimonio. ¿No sabía acaso quién era? ¡Claro que sí! Y prueba de esto es la comunicación notarial que se le hiciera a Daniel Yovera -director del documental— el 21 de noviembre del 2016 con la información pertinente por parte del abogado del Inmobiliaria Miraflores Perú. Es decir, con más de un mes de anticipación del estreno del reportaje. En dicho documento se incluyen 14 páginas de antecedentes criminales de Alberca, que van desde homicidio hasta robo agravado. Se trata, pues, de un personaje cuya credibilidad es, por decir lo menos, cuestionable. (https://drive.google.com/open?id=0Bz9iGVe70AkYbXNLZ1NpaVhQb2NGWFZSNGFqcTNsWDEwUXFZ)
Pues bien, Samuel Alberca acaba de sumar algunas líneas a su prontuario ya que el 27 de noviembre ha sido condenado por difamación a un año de pena privativa suspendida, 120 días multa y 10 mil soles de reparación civil. ¿Por qué delito? Difamación. El mismo por el cual Ugaz y Salinas están siendo querellados por Monseñor Eguren. Esta sentencia es el fruto de un proceso iniciado por el Sr. Alberto Gómez de la Torre a raíz de las declaraciones difamatorias de Alberca en el mencionado reportaje producido por Paola Ugaz.
Ver (https://drive.google.com/open?id=1h8rnDav9yiKqSdMPcuzKoN7EqhX2f4Mu)
Pero este no ha sido el único caso del uso de fuentes o testimonios falsos por parte de Ugaz. Cabe destacar que una de las personas que acusan a Monseñor Eguren es Carmen Campodónico, quien, como también se puede ver en el documento notarial dirigido a Yovera, contaba ya entonces con diversas acusaciones por intento de usurpación de terrenos. Y, por si fuera poco, hace algunos meses intentó ingresar droga al penal en Piura, motivo por el cual está presa. Aquí pueden ver la resolución que ordena su captura y los motivos.
Ver (https://drive.google.com/open?id=1tFYy7e9deY4Eu5Sf_OKhYjIICTVABqsx)
La pregunta, entonces, cae por su propio peso y es: ¿bajo qué estándares periodísticos se realizó el documental difundido por Al Jazeera? Lo mínimo que se puede decir es que Paola Ugaz hizo poco o nada por validar sus fuentes, por evaluar su credibilidad, por contrastar la información con la otra parte, en vistas a lanzar una serie de graves acusaciones, usándolas luego como sustento para futuros agravios y difamaciones a Monseñor Eguren. Y hoy, la misma periodista (Ugaz), junto con su socio (Salinas Chacaltana), se victimizan diciendo que quieren violar su derecho a la libertad de expresión. ¿No es acaso esta una prueba más de que en su afán de imponer su propia agenda personal están pasándose de la raya? Obviamente la prensa progre cierra filas y no cuestiona nada de este tinglado de mentiras.

Ciro Quispe López obispo prelado de Juli

El padre Ciro Quispe López nació el 20 de octubre de 1973 en Cusco. Asistió a las  escuelas primarias de los Salesianos en Cusco. Después de terminar el trienio filosófico en el Seminario “San Antonio Abad” en Cusco, fue enviado a Roma, donde continuó sus estudios en el Ateneo Regina Apostolorum y en el “Angelicum” (1994-1997). Completó sus estudios teológicos en el Seminario de Cusco (1997-2001). Fue ordenado presbítero el 30 de noviembre de 2001, incardinándose en la arquidiócesis de Cusco.
Ha ocupado los siguientes cargos: Vicario Parroquial de “San Jerónimo y San Antonio Abad” en Cusco (2001-2003); estudios para la licenciatura en Teología Bíblica y luego para el doctorado en Ciencias Bíblicas en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, residiendo en la parroquia “San Pío V” en Roma (2004-2011); profesor de Ciencias Bíblicas en la Facultad Pontificia y Civil de Teología de Lima y vicario parroquial de “Santa Beatriz” también en Lima (2012-2016). En estos años, también fue profesor extraordinario en varias Universidades Católicas, Facultades de Teología y Seminarios Mayores de Perú.
Desde 2016 es Director de Estudios del Seminario Mayor “San Antonio Abad” en la arquidiócesis de Cusco.
Fuente: www.salesianos.pe

SEÑOR PEDRO SALINAS, ¿QUÉ TIENE QUE DECIR DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS?

Por Luciano Revoredo-www.laabeja.pe
Pedro Salinas Chacaltana ha tenido dos reacciones frente a la nota de investigación publicada en este portal el pasado 5 de noviembre (http://laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2149-pedro-salinas-y-el-negocio-de-atacar-a-la-la-iglesia.html), en la que se confirma su vinculación a un proyecto que busca acusar a la Iglesia Católica de delitos de lesa humanidad.
¿Cuáles fueron estas reacciones? Primero trató de diluir la información en bromas y socarronería, en un post en su FB, llegándose a visualizar, inclusive, huachafamente, encima de un caballo como jinete del fin de los tiempos. Segundo, frente a nuestra respuesta con evidencia indubitable e  indiscutible, el silencio.
Ambas contestaciones —porque el silencio es una manera de responder, y a veces muy elocuente— tienen algo en común: nada nos dice el periodista sobre su vinculación al Accountability Project (https://drive.google.com/file/d/1eiVw86RQccl9R3NAa-euUTTBLUqpVE2B/view?usp=sharing).
¿Faltan pruebas? Los correos electrónicos que han sido publicados aquí (*), dan buena cuenta no sólo de la existencia de esta “campaña internacional” sino también de la activa vinculación de Salinas en la misma. Seguramente se estará preguntando —y con él los otros destinatarios del correo de Alberto Athié— cómo pueden haber caído por estos lares documentos de tal magnitud. Pues todavía hay gente buena en este mundo que cuando se topa con una patraña de esta naturaleza quiere que se haga algo al respecto.
Y basta revisar algunas de las más recientes actividades públicas de Pedro Salinas para confirmar que, efectivamente, responde a los objetivos de esta agenda. Por ejemplo, la conferencia de prensa que realizaron conjuntamente el portal La Mula y la Ong Promsex el pasado 17 de enero de 2018 en Lima.
La conferencia se realizó, según reza la invitación distribuida por los organizadores, “en el marco de la visita del Papa Francisco”. ¿Los participantes? Peter Saunders, Alberto Athié y Sara Oviedo. Y, dice la invitación, “estarán también los periodistas investigadores Pedro Salinas y Paola Ugaz”. Los tres invitados extranjeros están copiados en los correos electrónicos antes mencionados, y forman parte —junto a Salinas y otros— de la Comisión Global del Accountability Proyect.
Si bien para muestra un botón, en este caso vale la pena desprender otra “coincidencia”. Es por demás conocido que Promsex es una Ong dedicada a promover las políticas reproductivas y a la agenda LGTB. Y el Accountability Project, dice en uno de los puntos de su estrategia internacional que se deben hacer alianzas con (y citamos): “Organizaciones y movimientos que trabajan en derechos sexuales y reproductivos, como movimientos de mujeres u organizaciones LGBT”. Interesante, ¿no?
Para terminar, recordará el lector que los Acuerdos de Varsovia (https://drive.google.com/file/d/1CCUaw_l3m0RcL4K2AmCnHG5R-3Pp66FM/view?usp=sharing) indicaban que con ocasión de la visita del Papa Francisco al Perú y Chile, Salinas debía encargarse de preparar el terreno. Por lo tanto, ¿organizar una conferencia de prensa con las características mencionadas un día antes de la llegada del Santo Padre a nuestro país no es acaso una respuesta a dicho acuerdo?
Pero bueno, aquí estamos. Esperando a que Pedro Salinas Chacaltana tenga a bien iluminar tantos puntos oscuros de su aplicada participación en las estrategias y acciones dictadas por el Accountability Proyect. Mientras tanto su silencio otorga.
(*) 1. https://drive.google.com/file/d/1UXslPN_mNGFTYUzoaqdWN_2mgsFEG7Np/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1ZFOneuhKHj5YHzhMLsAMJR0puzuk8_RG/view?usp=sharing

PEDRO SALINAS: CUANDO ATACAR A LA IGLESIA ES UN NEGOCIO

INFORME DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA ABEJA

Desde hace varios años -y con mayor fuerza en estos últimos tres- se vienen destapando una serie de abusos perpetrados por miembros de la Iglesia Católica en distinto países del mundo. Y Perú no ha sido una excepción. Tal vez el caso más sonado, por su repercusión mediática, fue el de la institución religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) el cual tuvo como detonante la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, en donde los periodistas Pedro Salinas Chacaltana y Paola Ugaz Cruz compilaron una serie de testimonios bajo seudónimos que implicarían a algunos miembros de dicha organización en abusos de índole sexual y abuso de poder.
Desde la publicación de dicho libro, en octubre del 2015, han acontecido una serie de hechos que han ido en escalada. Lo que inicialmente los autores manifestaran era una cruzada por las víctimas del Sodalicio, se convirtió en algo más grande: una cacería de brujas donde todo aquel que pudiera cuestionar o defenderse era tildado de encubridor, perpetrador y hasta de violador de derechos humanos.
Inclusive la fiscal que en enero del 2017 archivó el caso Sodalicio, María del Pilar Peralta Ramírez, fue suspendida por 30 días debido a “su desempeño” durante esta investigación. Además, en abril de ese año, mismo mes en que el Fiscal Superior Frank Almanza reabriera el caso Sodalicio, se inició un procedimiento disciplinario contra la fiscal por infracciones en el ejercicio de sus funciones imputándole dos motivos: no identificar bien los hechos en la investigación preliminar y no motivar su resolución.
Estas medidas, evidentemente, estuvieron impulsadas por el autor del libro, el periodista Salinas, quien al no quedar satisfecho con el archivamiento del caso también le dedicó algunas burlas a la fiscal. Sin embargo, luego de revisar el expediente del caso (que pueden revisar en este link https://drive.google.com/file/d/14-uHJWYPqQv6xHInBzYOMEOa7yrCWHUT/view?usp=sharing), queda claro que, efectivamente, además del libro con seudónimos, artículos periodísticos y la declaración de unos cuantos testigos que no fueron víctimas, a la fiscal no le quedó otra que proceder como lo hizo. A esto habría que añadir el vínculo directo de Pedro Salinas con el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a través de su empresa de comunicaciones CHISAC, lo cual habría ayudado a la reapertura de un caso ya archivado.
El caso Sodalicio, sigue abierto. Se logró además que en el Congreso de la República se instalara la “Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores de edad en organizaciones”, presidida por el congresista independiente Alberto de Belaunde. Desde enero de este año, Pedro Salinas y Paola Ugaz iniciaron también una campaña mediática de ataques contra el Arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren y, en estos días, claramente contra el Cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Es acaso que los intereses de Pedro Salinas ya no son solo buscar justicia para las víctimas sino ir contra la Iglesia Católica?
El Proyecto Responsabilidad (The Accountability Project)
La respuesta pareciera ser que sí. Este medio tuvo acceso a información clasificada sobre un proyecto redactado en inglés titulado The Accontability Project. Es un documento de 8 páginas que describe paso a paso una estrategia de un grupo internacional que tiene como objetivo principal procesar a la Iglesia Católica por crímenes de lesa humanidad por incitar y encubrir la violación y el asalto sexual de niños por parte de sacerdotes. Tal como lo explicita el documento mencionado (que se puede consultar en castellano aquí  https://drive.google.com/file/d/1eiVw86RQccl9R3NAa-euUTTBLUqpVE2B/view?usp=sharing), las expectativas de todo el proyecto están puestas en llevar al Estado Vaticano a los tribunales internacionales.
Ahora bien, ¿qué tendría que ver Pedro Salinas en este proyecto internacional? Su participación es explícita. En la página 6 del documento, en el punto “Grupo de estrategia internacional, políticas y alianzas”, se enumeran una serie de actividades para el obtener el apoyo de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, entre otros.En la primera actividad señalada se menciona a Pedro Salinas como integrante de una comisión global.
Esto no tendría absolutamente nada de malo -es más, hasta sería una acción loable considerando la gravedad de los abusos y la existencia real de víctimas que necesitan justicia y atención- si es que detrás de las motivaciones de esta organización internacional no estuviera como la principal la destrucción de la Iglesia Católica en su totalidad tomando el todo por la parte sin hacer ningún tipo de distinción.
El Acuerdo de Varsovia
El Accountability Project no es una organización que debemos ignorar. Tiene objetivos y estrategias claros que van desde el lobby, la implementación de alianzas, hasta la búsqueda de financiamiento.
Su estrategia se basa en 4 ejes principales: Lobby y relaciones públicas; crear un grupo de estrategia internacional; sacar a la luz crímenes y las investigaciones; llevar a los tribunales tres niveles de pedofilia clerical: perpetradores, encubridores y crímenes de lesa humanidad del Estado y la Santa Sede (Vaticano).
Todo esto, además, se concretó en un segundo documento al cual tuvimos acceso llamado “Acuerdos de Varsovia 2017” (ver aquí  https://drive.google.com/file/d/1CCUaw_l3m0RcL4K2AmCnHG5R-3Pp66FM/view?usp=sharing). En este acuerdo se señalan una serie de actividades concretas que evidencian, por ejemplo, que Pedro Salinas fue el encargado en nuestro país, durante la visita del Papa Francisco a Chile y Perú, de cumplir con los objetivos de desprestigio a la Iglesia Católica a propósito de los abusos. Con esa ocasión, Salinas también ejecuta una de las directivas del proyecto: “Identificar al menos un caso para llevarlo ante los tribunales”. Y, como ya lo mencionamos, en enero de 2018 Salinas inicia su ataque a Monseñor José Antonio Eguren.
Como se puede ver en el documento, los objetivos de dicho acuerdo pretenden que, luego de varios pasos de ataque sistemático, en el 2020 se logre una denuncia ante el Tribunal Internacional de la Haya y preparar un “proceso similar al del Tribunal Popular”.
Siguiente objetivo: 
Según fuentes autorizadas, hace algunos días el periodista Pedro Salinas habría pedido una audiencia con el Papa Francisco para poder realizar una serie de requerimientos que irían en la línea de cumplir con los objetivos propuestos en el Acuerdo de Varsovia y el Accountability Project. Transcendió que el Papa indicó que lo recibiera el nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli. En dicha reunión, Salinas habría indicado que tenía conocimiento de “problemas” que enfrentan algunas autoridades eclesiales de nuestro país y, a cambio de no difundirlos, solicitaba:
1. Que la Conferencia Episcopal no apoye a Monseñor José Antonio Eguren en la querella que éste le interpusiera a Salinas y a Ugaz.
2. Que ejerzan presión para destituir al Comisario Apostólico designado para dirigir el Sodalicio, Monseñor Noel Londoño, alegando ineficiencia en castigar a la institución religiosa. La presión fundamental en este punto se daría tras la publicación del libro de la periodista Paola Ugaz sobre los supuestos malos manejos financieros del Sodalicio.
3. Que reciba a las víctimas del Sodalicio.
También transcendió, por otra fuente, que Salinas, con el apoyo del congresista Alberto de Belaunde, tiene como objetivo realizar una campaña contra el Cardenal Juan Luis Cipriani con el fin de que pase al retiro totalmente desprestigiado, esto sin mayores pruebas pero con  apoyo mediático. Lo cual también formaría parte de uno de los objetivos del Accountability Project y el Acuerdo de Varsovia. Para esto, estarían a la caza de cualquier información que les permita empañar la imagen del Cardenal.
Guerra avisada…
¿Por qué preocupa la vinculación de Pedro Salinas con el Accountability Project y el Acuerdo de Varsovia? Porque, más allá de los beneficios que pueda haber traído su investigación para visibilizar casos de abuso reales y atender a las víctimas reales, se tiene a una persona dedicada a seguir una agenda marcada cuyos objetivos exceden ampliamente la compasión y buenas intenciones para con las víctimas. Sus acciones en los últimos años manifiestan una aplicada puesta en práctica de las estrategias mandadas por el Accountability Project. Identificó un caso para exponerlo públicamente (investigación al Sodalicio). Creó un gran teatro mediático con el caso. Además, viene cumpliendo, una a una, las acciones que establece el
Accountability Project, como por ejemplo:
● Difundir libros de cuentos de sobrevivientes.
● Difusión masiva de nombres de perpetradores.
● Crear una campaña específica para trabajar con periodistas por esta causa.
● Alianzas con organizaciones y movimientos que trabajan en derechos sexuales y reproductivos, como 
movimientos de mujeres u organizaciones LGBT, como el de Católicas por el Derecho a Decidir. Es además conocido el vínculo directo de Salinas con la ONG Promsex.
● Influenciar para discutir este tema en el Comité de Derechos Humanos. Tener una reunión con el secretario general de la ONU sobre este tema para planificar estrategias conjuntas.
No se trata de caer en un negacionismo respecto de los abusos sexuales ni mucho menos de revictimizar a las víctimas reales de los mismos. Todo lo que se haga para hacer justicia a dichas víctimas es necesario y urgente. De lo que se trata es de develar que las acciones de Pedro Salinas y los periodistas que ha unido a su ‘campaña específica’ (términos del Accountability Project), parecerían entrañar intenciones que van mucho más allá de su compasión por las víctimas, como son, entre otras, la relativa fama que ha alcanzado con este caso (hasta entonces era un periodista de cuarta línea), y la rentabilidad mediática y económica que todo esto supone.
Salinas es un peón de una estrategia mucho más grande, cuyos actores bailan al mismo compás que organizaciones internacionales que buscan socavar los valores de la vida y la familia sobre los que están asentadas nuestras sociedades. Para lograr esos objetivos desprestigiar -y si es posible destruir- a la Iglesia es un paso fundamental.

PEDRO SALINAS Y UN EQUIVOCADO CONCEPTO DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
Pedro Salinas afirmó en una de sus columnas que la querella que le ha interpuesto Monseñor Eguren “jalona sonrisas y evidencia una ignorancia inexcusable en materia de libertad de expresión”. La opinión, entre otras cosas, pone de manifiesto cómo el ejercicio de la labor periodística podría implicar una aparente superposición de derechos.
Por un lado, el derecho a la libertad de opinión, información y expresión -al que alude Salinas-; por el otro, el derecho al honor y la buena fama, que al parecer en el criterio del periodista se encuentra en cierto grado de inferioridad respecto al primero. Sin embargo, ambos son derechos fundamentales, consagrados en la Constitución peruana y reconocidos en diversos acuerdos y tratados internacionales. ¿Es legítima la primacía de un derecho fundamental por encima del otro? ¿Se puede establecer una jerarquía entre ellos, siendo que ambos derechos son fundamentales?
Conviene evidenciar un asunto capital, quizá no suficientemente recordado: existen límites a todo derecho. Se actúa y se pretende con mucha rapidez el respeto a los derechos propios y, sin embargo, no se reconoce con la misma rapidez un límite razonable (y muchas veces legal) de los mismos. La regulación de cómo se armonizan estos dos derechos fundamentales es un asunto no siempre fácil, y se requiere de una serie de criterios de juicio para determinar en cada caso cuál debe primar en caso se dé un conflicto entre ambos.
Este dilema teórico se verifica en la práctica, por ejemplo, cuando un periodista, haciendo uso de su derecho a la libertad de opinión, lesiona el derecho de otra persona a su honor y buena fama.
Tal parece ser el caso de la mencionada querella. El periodismo, es bueno recordar, implica ciertamente el ejercicio de un derecho pero con la consciencia de que no es omnímodo, y por tanto, reclama una dosis proporcional de responsabilidad y seriedad. En caso contrario, fácilmente se puede caer en una actuación abusiva. Para esos escenarios existe el Código Penal donde se tipifican los delitos contra el honor.
El caso mencionado es ilustrativo. Salinas reclama que el querellante desconoce su derecho a la libertad de expresión. Pero, ¿sus piezas periodísticas reconocen el derecho al honor de Monseñor Eguren? Pregunta totalmente válida en el marco de lo establecido por la Constitución y la legislación vigente.
Por lo demás, un simple contraste entre los numerales del Código penal y los artículos del periodista evidencia en los artículos varios elementos tipificados penalmente, entre ellos algunos agravantes. Por ejemplo, y por mencionar uno, la intencionalidad. El lenguaje mordiente en contra de Monseñor Eguren, la excesiva adjetivación negativa evidencian una animosidad que va mucho más allá de la mera función informativa. El odio y resentimiento de Salinas hacia la Iglesia es manifiesto.
La querella seguramente le está dando la oportunidad a Salinas de repasar los alcances del derecho al honor. Es verdad que la defensa de la libertad de expresión es vital en la vida democrática. Pero no olvidemos que nunca debe pasar por encima del honor de las personas, pues su custodia también es un signo necesario de democracia y convivencia social.

NECESARIA ACLARACIÓN A PEDRO SALINAS

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
El pasado 5 de noviembre, este portal presentó un informe de nuestra Unidad de Investigación que involucra al periodista Pedro Salinas Chacaltana a una red internacional que tiene como objetivo principal la ejecución de un pacto llamado “Acuerdo de Varsovia” (https://drive.google.com/file/d/1CCUaw_l3m0RcL4K2AmCnHG5R-3Pp66FM/view?usp=sharing) que se sustenta en un proyecto más grande llamado “The Accountability Project” (https://drive.google.com/file/d/1eiVw86RQccl9R3NAa-euUTTBLUqpVE2B/view?usp=sharing) cuyo fin último es acusar a la Iglesia Católica por crímenes de lesa humanidad frente a la CIDH. Además de este punto, también se informó sobre una reunión que sostuvo dicho periodista con el nuncio apostólico en nuestro país, Monseñor Nicola Girasoli.
Finalmente, también mencionamos que detrás de todo esto estaría como objetivo próximo el desprestigio moral de un alto miembro de las autoridades eclesiales peruanas, respaldado por el congresista independiente y activista gay Alberto de Belaunde.
¿Cuál fue la respuesta de Pedro Salinas? Un post en su página de Facebook en el cual trató de ridiculizar la investigación presentada diciendo: “¿Realmente hay gente que cree que soy el Instrumento del Maligno o uno de los Jinetes del Apocalipsis?”. Y luego, como es su estilo, siguieron unas líneas de burlas y amenazas a este medio diciendo que habíamos publicado “descomunales mentiras e infundios del tamaño de la catedral”.
Debido a esto, en mi condición de Director de LA ABEJA me veo en la obligación de responder al “comentario” de Salinas. Primero, en este medio nadie piensa que es “instrumento del maligno”. En ninguna parte del texto se ha dicho algo ni siquiera parecido. Lo que hemos afirmado es que la participación de Pedro Salinas en el Accountability Project es objetiva ya que en la página 6 del documento se menciona como primera actividad el señalar a Salinas como integrante de una comisión global.
Esto no se sustentaría únicamente en el documento clasificado mencionado, sino en los correos a los que tuvimos acceso y que fueron dirigidos, entre otros, a Pedro Salinas, en la organización de la visita de Juan Carlos Cruz a Chile y a Perú con motivo de la visita del Papa Francisco en enero de este año (contemplado en el Acuerdo de Varsovia como uno de los objetivos próximos).
Como se puede ver en estos correos, no solo se menciona el Acuerdo de Varsovia y el “proyecto de Sara” (Accountability Project) sino que dichos documentos son adjuntados. Además, varios de los mencionados como integrantes de la comisión global, junto con Salinas, están copiados.
Debido a que el fin de esta nota es solo aclaratoria y no de investigación –eso lo iremos haciendo de a pocos para explicar todo el proyecto a nivel internacional, develando quién es quién— en esta ocasión no nos explayaremos en describir el trabajo de cada uno de los citados. Solo queremos brevemente referirnos al que inicia la corrida de los correos: Alberto Athie. ¿Quién es? De manera breve, es un ex sacerdote mexicano que ha tomado como cruzada personal incriminar a la Iglesia Católica en crímenes de lesa humanidad. Inclusive se ha aliado con muchas organizaciones pro LGTBI para conseguirlo.
Finalmente, tampoco dijimos que era un jinete del apocalipsis,que tampoco se agrande tanto, sino (y lo reafirmamos) que es un peón de una estrategia mucho más grande, cuyos actores bailan al mismo compás que organizaciones internacionales que buscan socavar los valores de la vida y la familia sobre los que están asentadas nuestras sociedades. Para lograr esos objetivos desprestigiar -y si es posible destruir- a la Iglesia es un paso fundamental.
Bonus track: Lo que sí nos ha llamado la atención en la respuesta de Pedro Salinas es que no hace alusión alguna a la reunión que sostuvo con el nuncio apostólico para presentar sus “demandas” ni sobre el trabajo que estaría haciendo en conjunto con el congresista De Belaunde para incriminar a altas personalidades de la jerarquía eclesial. Sería bueno que deje el Apocalipsis de lado y, terrenalmente, responda sobre lo demás.

PERIODISTA PAOLA UGAZ BUSCA INTERFERIR PROCESO JUDICIAL DE PEDRO SALINAS

Siempre el doble rasero. Desde hace algunas semanas vemos como, uno a uno, van entrando a la cárcel un grupo de personas a las que se les acusa, entre otras cosas, de pretender obstruir a la justicia por compartir comentarios en chats, memes y demás artilugios tecnológicos que hoy serían prueba irrefutable de un crimen. No lo decimos nosotros. Lo dicen el juez Concepción Carhuancho y el Fiscal José Domingo Pérez.
Pero como en nuestro país funciona el “para mis amigos todo y para mis enemigos nada”, seguramente nadie va a mover ni la ceja frente a este mensaje de chat que envió la periodista Paola Ugaz a sus contactos periodísticos para que cubran la audiencia de Salinas Chacaltana contra Monseñor Eguren por la querella de difamación que le interpusiera este último al periodista. ¿Qué dice el mensaje? Aparte de convocar a la cobertura periodística, Ugaz pretende interferir y manipular a los medios con un mensaje que dice: “La jueza es Judith Cueva Calle. No tiene garantías de que se acepte su defensa oral y escrita porque no presentó la fotocopia de su DNI”. Como se puede ver, desde antes de la audiencia, Ugaz pretende influir en la cobertura con una premisa que, además, no es cierta.
Cabe recordar que Salinas Chacaltana no se le admitieron sus pruebas porque en el escrito de contestación de la querella no se adjuntó el DNI que permite identificar al que presenta dicho documento. Al hacerlo 17 días después, la jueza rechazó la contestación por ser extemporáneo. Además, a pesar de que Salinas pretenda obviar la información que no le conviene, se ha confirmado que la jueza le ha concedido la apelación por lo que su argumento victimizante de indefensión no procede. Finalmente, se suspendió la audiencia por algo increíble: el abogado defensor, que pertenece al IDL, Carlos Rivera Paz –el mismo que trabajó para Susana Villarán cuando fue alcaldesa- no solo se olvida de mandar el DNI de su defendido a tiempo sino también parece fallarle la memoria para pagar las cuotas al Colegio de Abogados de Lima, por lo que se encuentra inhabilitado para litigar.
En fin, la nueva audiencia ha sido programada para el 18 de diciembre.
Fuente: www.laabeja.pe

Papa Francisco nombra un nuevo obispo auxiliar en Trujillo

El Vaticano informó que el Papa Francisco nombró como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Trujillo, al Padre Timoteo Solórzano Rojas, actual párroco de la iglesia Santiago Apóstol y promotor del colegio parroquial de Acarí, en la Prelatura de Caravelí en Arequipa.
El nuevo prelado nació en 1969 en Huantar, en la región Áncash, en una familia quechua hablante y profundamente católica. Tras completar sus estudios primarios y secundarios en Huantar, ingresó a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC).
Su noviciado lo realizó en República Dominicana y sus estudios filosóficos y teológicos (1988-1996), en la Facultad de Teología, Pontificia y Civil de Lima. Fue ordenado sacerdote en enero del año 2001.
Desde 2011 hasta 2018, fue director de formación en el Seminario de la Provincia de los Misioneros del Sagrado Corazón en Perú, en Lima, y vicario en la parroquia San Felipe Apóstol, en Lima. Previamente, ha sido vicario parroquial en la Arquidiócesis de Trujillo (2001-2002), entre otras.
El último Obispo Auxiliar de Trujillo fue Monseñor José Javier Travieso Martín CMF, nombrado por el Papa Benedicto XVI en el año 2009. En el 2014, el Papa Francisco lo nombró Obispo Vicario Apostólico de San José del Amazonas.
Fuente: ACI Prensa.