TC suspende reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ hasta que la Corte Suprema resuelva apelación del Congreso

Por Oswaldo Palacios– Radio Programas del Perú.
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, informó este jueves que ese órgano jurisdiccional declaró fundada en parte la medida cautelar presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por disponer la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes habían sido inhabilitados por el Legislativo.
“Se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución 1; es decir, aquella resolución de la sala de la Corte Superior que había repuesto a los dos miembros de la Junta [Nacional de Justicia] hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar, porque existe en el proceso de amparo un recurso de apelación del Congreso”, dijo en entrevista con el programa Las cosas como son de RP TV.
El Congreso había presentado una demanda competencial y una medida cautelar para anular los efectos de la resolución emitida por la Primera Sala Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima que permitió la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia.
César Ochoa indicó que el Tribunal Constitucional está “respetando la independencia del Poder Judicial como poder del Estado”, ya que están determinando que esa institución “decida”.
“Lo que estamos diciendo es que esta medida cautelar que emitió esta sala quede en suspendo, porque hay una apelación en el proceso de amparo. Entonces, hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema defina la situación de esa apelación. Puede confirmar la medida cautelar, en cuyo caso seguirá vigente”, remarcó.
En marzo pasado, el Congreso, con 67 votos, inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuestamente haber infringido la Constitución, al permitir que la primera continúe en la JNJ tras cumplir 75 años de edad.
Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de polémica, pues dos miembros de la Comisión Permanente -José Luna Gálvez, de Podemos Perú, y José Jerí Oré, de Somos Perú– votaron a pesar de que el artículo 100 de la Constitución lo prohíbe.

El Congreso había presentado una demanda competencial y una medida cautelar para anular los efectos de la resolución emitida por el Poder Judicial que permitió la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según el miembro del Tribunal Constitucional, César Ochoa, se confirmó la decisión de declarar fundada, parcialmente, la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por la reincorporación de Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional Justicia (JNJ).
“Se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución de la sala de la corte superior que había repuesto a los dos miembros de la JNJ (inhabilitados) hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar”, contó para RPP.
Según la resolución dictada por el máximo intérprete de la Constución, pese a que en el requerimiento se exponían diferentes posiciones del ente demandante, en este caso el Congreso de la República, solo se declaró fundado el pedido de suspensión de la decisión del Poder Judicial.
“RESTABLECER la vigencia de la Resolución Legislativa 008- 2023-2024-CR y de la Resolución Legislativa 009-2023-2024-CR, emitidas por el Congreso de la República, quedando sin efecto la reposición de doña Luz Inés Tello de Ñecco y de don Aldo Alejandro Vásquez Ríos en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, dispuesta por la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, aludida en el punto resolutivo anterior, hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso de la República”, reza la misiva del Tribunal Constitucional.
El texto, firmado a favor por los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich, Hernández Chávez, fue además, declarar infundadas los demás requerimientos del Parlamento.
Fuente: Diario EXPRESO.

Todos los periodistas son iguales, pero unos más iguales que otros

Por Aaron Salomón- Diario EXPRESO.
El título de esta columna hace alusión a una frase de la célebre obra ‘Rebelión en la Granja’, del escritor George Orwell, en la que se evidencia cómo, en pos de la “igualdad” (comunismo puro y duro), el poder recae en unos cerdos que instalan una dictadura y controlan, a través del vil populismo, el mundo a su antojo.
En el Perú, es evidente que unos periodistas son más “iguales” que otros, entendiendo esta “igualdad” como una presunta superioridad moral y un omnímodo poder.
Me refiero, por supuesto, a Gustavo Gorriti, director de la ONG de izquierda IDL, y de su mano derecha, Romina Mella, a quienes no se les toca ni con el pétalo de una rosa blanca, a pesar de que Jaime Villanueva ha confirmado lo que era un secreto a voces en los pasillos del Ministerio Público.
Villanueva ha dicho que Gorriti ordenó a Pablo Sánchez que Rafael Vela y Domingo Pérez integren el Equipo Especial del caso Lava Jato, cuya principal empresa corrupta involucrada, Odebrecht, recibió una lavada de cara –en vivo y en directo por televisión nacional– por parte del oenegero. También el exhombre de confianza de Patricia Benavides ha asegurado que Vela le entregó información a Vela para “cercar” al expresidente Alan García, que acabó con su vida de un balazo para evitar ser encarcelado injustamente, luego de que Pérez solicitara tal medida en su contra con base en un reportaje publicado por, ¡vaya casualidad!, IDL.
Todo lo declarado por el “Filósofo” se condice, en su gran mayoría, con la realidad, pues, como bien recordará el avispado lector, Gustavo Gorriti detuvo hace unos pocos años el allanamiento al local del IDL con un telefonazo a Sánchez. Una muestra palmaria del poder del tótem caviar en la Fiscalía.
En cuanto a Mella, el exasesor de Benavides contó que ella tenía un escritorio en el despacho de Domingo Pérez, desde donde revisaba documentos clasificados y escribía en una computadora. Además, el programa ‘Beto a Saber’ exhibió que la periodista de marras fungió de relacionista público de Pablo Sánchez, coordinando directamente con el fiscal brasileño Deltan Dallagnol.
A pesar de todo lo aquí descrito –y falta mucho más–, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que encabeza Marita Barreto, jamás ha requerido operativo alguno para las viviendas de Gorriti, Mella, o para la sede de la ONG.
En cambio, la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur fue allanada solo porque este escribió un artículo en su web que no le gustó a Barreto. En el texto, Tafur cuenta que la fiscal viajó extrañamente a Punta Cana y Miami a visitar a una intocable, en ese momento, Sada Goray. Al director del medio digital Sudaca le han quitado su laptop y celular para averiguar cuáles son sus fuentes, algo totalmente inaceptable en una democracia, en donde la libertad de prensa debería estar garantizada.
Antes, por cierto, Marita Barreto denunció ante la Policía a dos periodistas de Willax por un presunto reglaje. Puro delirio de persecución de una fiscal que, con su ‘Valkiria 2’, busca ponerle los clavos en el ataúd de Patricia Benavides, quien está a punto de ser destituida por la cuestionadísima Junta Nacional de Justicia e impedida de salir del país.

Detienen a coronel PNP que habría ayudado a fugar a sobrino de Pedro Castillo

Oficial de inteligencia Martín Gonzalez Sánchez, conocido como ‘Conejo’, fue capturado por el Eficcop.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú.21
El equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop) detuvo esta mañana al oficial de inteligencia PNP Martín Gonzalez Sánchez, conocido como ‘Conejo’, quien habría colaborado en la fuga de investigados allegados al expresidente Pedro Castillo.
De acuerdo a la orden judicial, a la que accedió Perú21, Gonzáles contribuyó a que el sobrinísimo Fray Vásquez Castillo; el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco; se mantengan en la clandestinidad cuando eran requeridos por la justicia.
Vásquez, Pacheco y Silva están implicados en el direccionamiento de obras y puestos de trabajo. Hasta ahora, solo los dos primeros se encuentran detenidos, mientras que el extitular del MTC sigue no habido desde junio de 2022.El equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto sindica a ‘Conejo’ haber integrado el “brazo de protección” de la organización criminal encabezada por el exmandatario.
Según la investigación, Gonzáles Sánchez se contactó con Fray Vásquez “con la presunta finalidad de coordinar la filtración de información referida a las investigaciones y acciones de inteligencia de búsqueda y captura” de gente vinculada al gobierno castillista.
A cambio, el coronel PNP (r) solicitó ser designado como director general de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior, hecho que sucedió en marzo de 2022.
La orden de captura emitida por el juez Víctor Alcocer también alcanza a los oficiales José Luis Alarcón Camacho y Martín Barco Rivadeneyra.

Capturan al coronel PNP José Luis Alarcón Camacho

El coronel PNP José Luis Alarcón Camacho es conocido como allegado al coronel PNP (r) Martín González Sánchez, alias ‘Conejo’. Este último era parte del círculo de confianza de Martín Vizcarra cuando este gobernaba al país (2018-2020).
Eficcop también detuvo al mayor PNP Martín Hanns Barco Rivadeneyra. Ellos habrían filtrado información para evitar las capturas de Fray Vásquez y Juan Silva. Ambos integrantes de la División de Búsquedas de Personas de la Digimin serian parte de la red criminal de Pedro Castillo.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
La ‘Operación Chavín de Huantar’ es una de las misiones más exitosas de liberación de rehenes de la historia militar mundial. Es, además, caso de estudio en prestigiosas escuelas navales y militares internacionales.
El Mayor del Ejército de los Estados Unidos, Carlos M. Pérez, Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Miami, en 1991, hizo su tesis, de 209 páginas, sobre el operativo para obtener la maestría de la Escuela Naval de Posgrado de Monterey, California.
Es un estudio profundo del rescate al que presenta como uno de los modelos más exitosos de planificación y organización de fuerzas de rescate de rehenes que actuaron en el momento apropiado usando los cuatro principios para el éxito de una misión así: sorpresa, inteligencia, habilidad de los operadores y engaño.
Mañana 22 de abril se conmemora un aniversario más de esta gesta cuyo artífice fue el presidente Alberto Fujimori, el hombre que reinsertó al país en el escenario económico mundial, selló la paz con el Ecuador y cuyo gobierno derrotó al terrorismo del MRTA y Sendero Luminoso, capturando a sus principales cabecillas Víctor Polay Campos y Abimael Guzmán, respectivamente.
El 17 de diciembre de 1996 el MRTA, fuertemente armado, tomó la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, durante la recepción por el cumpleaños del Emperador Hirohito. Los terroristas exigían la liberación de sus compañeros encarcelados, entre otras. Tras largos meses de preparación nuestras fuerzas especiales realizaron una operación relámpago e ingresaron a la residencia a través de túneles, sorprendiendo a los terroristas. Liberaron a los 17 rehenes, pero fueron heridos dos: el Canciller Francisco Tudela y el magistrado Carlos Giusti La Rosa, quien lamentablemente falleció.
Desde la toma de la Embajada el ingeniero, matemático y presidente Fujimori buscaba una solución. Una noche se fue a descansar con esa preocupación a cuestas y soñó con las galerías subterráneas del centro ceremonial Chavín de Huántar, y entendió que esa era la estrategia: entrar por debajo de la embajada.
Para cubrir el sonido de las decenas de mineros que cavaron esas galerías, se emitía el himno nacional y música diversa a gran volumen. El diario ‘La República’ informó a los terroristas en primera plana “El túnel, sí existe”, cayendo a la cloaca del periodismo y de la historia, y ganándose el repudio de los peruanos de bien.
Sandeep Chakravorty, Embajador de la India en Perú y Bolivia, escribió: “fue una de las operaciones de rescate militar más exitosas en la historia, quizás en la misma liga que la Operación Trueno, en la cual 102 rehenes fueron rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel en Entebbe, Uganda, en junio de 1976. A medida que los terroristas se han vuelto cada vez más audaces como en la masacre del Teatro Bataclan durante el en París, 2015, hay lecciones que aprender de la Operación Chavín de Huántar, que involucró meses de planificación y subterfugios”.
Gloria eterna a los dos comandos caídos cumpliendo su deber: Raúl Jiménez Chávez y Suboficial de Primera Juan Valer Sandoval, alias “comandante Chizito”.

Alejandro Toledo, Javier Diez Canseco y Francisco Sagasti fueron liberados

El cabecilla de la toma de la embajada nipona, Néstor Cerpa, “camarada Evaristo”, ordenó evacuar a todas las mujeres, al personal de servicio de la residencia, mozos, cocineros y también permitieron la salida de ancianos.
En ese grupo salió, sin que se percataron los emerretistas, la madre de Alberto Fujimori, Mutsue Inomoto Fujimori.
También se permitió la salida, conforme pasaban los días, de Alejandro Toledo, Javier Diez Canseco, Francisco Sagasti.
“Finalmente quedaron 379 rehenes, 261 peruanos y 118 extranjeros, muchos de estos últimos japoneses”, contabiliza el general EP César Astudillo. Después se constataron liberaciones, quedando finalmente 72 rehenes hasta el día del rescate, el 22 de abril 1997.
Fuente: Diario EXPRESO.

Comandos Chavín de Huántar recuperan LUM: empezó el rescate de la verdad y la memoria

Fueron aplaudidos junto a licenciados de las FFAA.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Ni las excusas burocráticas ni la afinidad ideológica de funcionarios del Ministerio de Cultura pudieron evitar que comandos Chavín de Huántar y numerosos reservistas fueran aplaudidos como héroes en el Lugar de la Memoria.
Conforme había anunciado EXPRESO, el Instituto de Protección de Derechos Humanos y Fundamentales (Iprodhef), los peruanos que enfrentaron al terrorismo celebraron el Día de los Defensores de la Democracia.

Retiran afrenta

Manuel Burga, director del LUM, había puesto algunos requisitos ilegales y luego quiso estar presente para tomar la palabra. Finalmente, solo puso en la entrada la sumilla de un libro con contenido a favor del MRTA.
“En el Perú hubo una guerra civil”, “comandante rebelde del MRTA” y “la cruzada más conocida del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso”, decía en la vitrina de bienvenida, respecto al libro de un tal Bartholomew Dean, profesor en la Universidad de Kansas.
A pedido del asistente José Romero, este panfleto fue retirado, y todos ingresaron con normalidad. Se proyectó el documental “Somos héroes” del cineasta y periodista Ernesto Carlín, tras lo cual los licenciados de las Fuerzas Armadas tomaron la palabra, junto a quienes rescataron a 72 rehenes del MRTA en 1997.
“Hoy ha empezado el rescate de la verdad y la memoria, justo en el Lugar de la Memoria”, sostuvo el general (r) César Astudillo. Este comando llegó al máximo cargo dentro de las FF.AA., y renunció cuando Pedro Castillo iba a ingresar en Palacio de Gobierno.
Tal vez lo más destacado fue cuando los soldados de la Patria subieron al escenario del auditorio Hubert Lanssiers, y formaron la expresión “No fue conflicto armado, fue terrorismo”. Como se sabe, sectores comunistas prefieren usar el eufemismo para evitar calificar a SL y al MRTA como lo que fueron: vulgares delincuentes.

Difundan la historia

Gissela Sánchez, hija de un valeroso policía que murió combatiendo a la banda senderista, invitó a todos los peruanos a seguir difundiendo la verdadera historia, tanto en el LUM como en otras instancias culturales.
Asimismo, colectivos como “Arica no se rinde” e “Insurgencia” entregaron sendos obsequios a los grupos de militares presentes.
Cabe indicar que Burga solo había dejado el panfleto proterrorista, pero no asistió ni envió a representante suyo alguno. Lo peor fue que, a la salida del evento, las luces estaban apagadas, y los asistentes tenían que guiarse por las del exterior.

Defensores de la democracia

Tanto el 22 de abril como el 12 de septiembre se celebra a los defensores de la democracia que enfrentaron al terrorismo, en homenaje al Operativo Chavín de Huántar, por parte de las FF.AA., y de la captura del delincuente Abimael Guzmán, gracias al Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la PNP.

Padres de Vladimir Carrón vinculados a Sendero Luminoso

“Los padres de Vladimir Cerrón estuvieron vinculados a otro personaje mesiánico, Abimael Guzmán, el mismo que falsificó y tergiversó al marxismo, al pensamiento de Mao y de Mariátegui para construir un amasijo ideológico que denominó “Pensamiento Gonzalo” con el que justificó el terrorismo, la matanza de campesinos inocentes, dirigentes sindicales y militantes izquierdistas”.

Rolando Breña y sus camaradas son expulsados del PCP-PR por el control del Sutep y la Derrama Magisterial; es decir por la plata.

Por Plinio Esquinarila– Diario EXPRESO.
Entre rojos se sacan los ojos: Patria Roja se divide por el control de la Derrama Magisterial y el Sutep. Esto lleva a la expulsión del ex senador Rolando Breña Pantoja, uno de los líderes históricos de este partido de izquierdas.
Asimismo, el secretario general de esta agrupación, Manuel Guerra, rompe fuegos contra Vladimir Cerrón, acusando a sus padres de formar parte de Sendero Luminoso y el hijo un caudillista que es un remedo del marxismo leninismo y del mariateguismo.
Cerrón responde exigiendo públicamente a que Guerra y su partido se rectifiquen, en caso contrario, advierte que procederá a llevar el caso de sus padres a los tribunales porque, según su versión, anteriormente ya sentenció a este tipo de “infractores”.
Vayamos por partes. Por las expulsiones en Patria Roja. Los antecedentes más cercanos hay que ubicarlos en el llamado I Congreso Pedagógico Internacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) realizado del 21 al 23 de febrero de 2024 en el Colegio Alfonso Ugarte de San Isidro, Lima.
Allí era evidente que la mayoría de delegados estaban divididos en dos grupos: uno que respondía a favor del grupo de Manuel Guerra, apadrinado por el principal líder histórico, Alberto Moreno, cuyo verdadero nombre, como es público, es Hernán Gotardo Rojas del Río.
Y la otra fracción, bajo la égida de Breña Pantoja, que llevaba como candidato a la reelección a Lucio Quispe, quien al final ganó la partida, lo que implicaría el control de la Derrama Magisterial que maneja los fondos previsionales del magisterio nacional.

¿Con unidad?

En ese evento, entre muchos otros delegados, incluido del extranjero, estaban Olga Morán, presidenta del directorio de la Derrama Magisterial, y Daniela González, consultora académica de esta entidad financiera.
Al finalizar el cónclave, Lucio Quispe dijo que fue un éxito la reafirmación por una “educación pública, gratuita y de calidad”.
“Ahora nos toca seguir trabajando, con unidad, con fuerza, con esperanza, por la educación y el país que queremos y merecemos”, expresó, pero en un ambiente que presagiaba cualquier cosa menos unidad.
Precisamente esta realidad, atravesada por la división, ponía en peligro a la dirigencia oficial, en la que Alberto Moreno fue secretario general de Patria Roja desde 1986, año de la división con el grupo Bandera Roja, reinando hasta hace unos dos años en la organización.
Tuvieron que pasar 48 años para que su seguidor Manuel Guerra, un profesor cajamarquino, asumiera la sucesión del mando de la vieja organización maoísta que ahora se moderniza al compás del viraje de la China Comunista impuesta años atrás por Deng Xiaoping y proseguida por Xi Jinping, actual, secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la República Popular China.
Pero no vayamos tan lejos. Una situación de esa naturaleza en el Sutep y la Derrama no podía ser aceptada por la dirigencia veterana de Patria Roja, que respondió suspendiendo por un año la militancia del sutepista Lucio Quispe.
Como no le hicieron caso, las represalias vinieron a nivel del control del aparato partidario convocando a un Pleno del Comité Central del partido este 14 de abril en la capital de la República, al más puro estilo estalinista.

Acuerdos del VIII Pleno del Comité Central
COMUNICADO
El día sábado 13 de abril se llevó a cabo la VIII Sesión Plenaria del Comité Central del Partido, con la participación mayoritaria de sus integrantes, arribando a los siguientes acuerdos y conclusiones:
1. El Comité Central realizó un minucioso análisis de la situación internacional y nacional, constatando que el Perú asiste al agravamiento de la crisis del Estado neoliberal, que tiene entre sus principales manifestaciones la recesión económica y la crisis política, la descomposición moral, la corrupción que se extiende incontrolable, el incremento de la criminalidad e inseguridad que afecta a la población, el alza del costo de vida, el abandono de la salud y educación públicas, el desempleo. La coalición ultrarreaccionaria enquistada en el Ejecutivo y el Congreso, con el objetivo de garantizar impunidad frente a los casos de corrupción y violación de los derechos humanos que la comprometen y allanar su permanencia más allá del 2026, ahora está empeñada en el copamiento de las instituciones del Estado al más puro estilo montesinista, a la vez que dicta leyes y lleva a cabo reformas constitucionales que facilitan aún más el entreguismo y saqueo de los recursos naturales, vulneran la democracia, otorgan carta libre a la criminalización de las protestas populares y la represión de las mismas. La ofensiva reaccionaria en el terreno de las ideas, que tiene en el anticomunismo uno de sus ejes, es parte de este tinglado que ha conducido al asesinato de líderes ambientalistas, la persecución y hostigamiento a dirigentes sindicales y de izquierda, entre ellos a miembros de la Coordinadora de Izquierda, hechos que condenamos y exigimos sanción a los responsables.
2. Rechazados por más del 90% de la población, tanto el gobierno presidido por Dina Boluarte, como el Congreso dominado por las mafias, no tienen legitimidad alguna. Si se mantienen y continúan actuando con cinismo e impunidad se debe a que no existe una oposición capaz de contenerlos y derrotarlos, y al repliegue del movimiento popular, ferozmente reprimido durante las protestas que estallaron a fines del 2022. Sin embargo, la inestabilidad política está latente; en el pueblo se acrecienta la indignación y su aspiración al cambio que las clases dominantes no pueden resolver, y más temprano que tarde asistiremos a un nuevo protagonismo de las luchas populares. Nos corresponde esclarecer el panorama, despertar su conciencia democrática e indignación justiciera, impulsar su organización y movilización, promover su unidad desde las bases.
3. Nuestro Partido se ratifica en su compromiso de construir una corriente y una correlación política, social y cultural, indispensable para abrir un nuevo rumbo a nuestra patria, sustentada en la más amplia unidad política de los sectores que aspiran al cambio verdadero. Conforme a la táctica aprobada en el VII Pleno del Comité Central, nos sumamos a la exigencia que se vayan este gobierno dictatorial y corrupto presidido por la fantoche Dina Boluarte y el Congreso de la vergüenza, pero colocamos el énfasis en la salida y la alternativa que hay que construir: un gobierno democrático, de regeneración moral, con justicia social y seguridad ciudadana
4. El Comité Central expresa su satisfacción por la inscripción del PTE en el registro de organizaciones políticas. Como cofundadores del PTE, nos ha correspondido en gran parte la responsabilidad de su inscripción, proceso en el que nuestra militancia ha trabajado con sacrificio y entereza. En el actual contexto, en el que la política y los partidos políticos están desacreditados a ojos de la población, es nuestro propósito hacer del PTE un espacio de unidad y confluencia con otros sectores que coinciden con los cambios propuestos en su ideario y programa. Una organización política que se sustente en la consecuencia con sus postulados primigenios, en la ética, la moralidad, el servicio a la población y los intereses de la patria; que practique la democracia interna y el respeto irrestricto a su institucionalidad, que deje atrás la tradición caudillista y patrimonialista que tanto daño ha hecho y hace al Perú, una de las razones que impide la “radical renovación nacional” que reclama Jorge Basadre.
5. Como parte del reordenamiento partidario que se está llevando a cabo, el VIII Pleno del Comité Central ratificó los acuerdos de la VII Sesión Plenaria de convocar a la II Conferencia Nacional de Organización para el mes de agosto del presente año y la postergación del X Congreso Nacional para agosto del 2025. El Reordenamiento lo asumimos a partir de una posición profundamente autocrítica, de reconocimiento de los errores que se han acumulado a lo largo del tiempo, en especial el espontaneísmo, el burocratismo y el formalismo, que han conducido a nuestra organización a la pérdida de espacio político, al alejamiento de las masas, al debilitamiento de su papel de conductor revolucionario comprometido con el horizonte socialista, que lo convierte en subsidiario de la labor sindical o en una organización atrapada en la visión coyuntural. Es nuestra voluntad convertir al nuestro en un Partido Revolucionario de Masas, firme en sus principios marxistas leninistas y mariateguistas, influyente en el escenario nacional, enraizado en el proletariado y los sectores populares, comprometido con los intereses de las mayorías y de la nación peruana. En tal sentido, estamos abocados a una intensa movilización interna para rectificar los errores, potenciar las virtudes acumuladas por el Partido, fortalecer nuestras estructuras, desarrollar nuestra capacidad programática y perfeccionar la labor de dirección.
6. En relación a los problemas internos que han derivado en la acción de un grupo fraccional contrario a los acuerdos del IX Congreso Nacional, a las decisiones del Comité Central, entre ellas el Reordenamiento del Partido, terminando por desconocer al Buró Político y al Comité Central para sustituirlos por un ilegal y efímero organismo de bases, el VIII Pleno del Comité Central constató su labor abiertamente divisionista y su abandono, de hecho, a las filas del Partido, al rechazar la convocatoria y negarse a participar en la VIII Sesión Plenaria del Comité Central al mismo tiempo que paralelizan algunos organismos intermedios del Partido. En el fondo rechazan el Reordenamiento partidario que aprueba el IX Congreso y decide llevar a la práctica la II y VII Sesión Plenarias del Comité Central y montan tienda aparte sin ninguna autocrítica ni respeto a la institucionalidad partidaria. Tomando en cuenta estos hechos, y en aplicación de las normas estatutarias, el VIII Pleno del Comité Central acordó expulsar del Partido a los cabecillas de este grupo fraccional: Rolando Breña, Eleazar Briceño, Samuel Meza, y Bernardo Dolmos Bengoa.
7. El día domingo 14 los miembros del Comité Central, juntamente a los militantes de los CCRRR de Lima, asistieron masivamente a la tradicional romería a la tumba del Amauta José Carlos Mariátegui, al cumplirse un año más de su fallecimiento; acto no solo de tributo y homenaje al fundador del Partido, sino también de ratificación con los ideales que nos legó, de compromiso de continuar su obra de construir el socialismo peruano, sin calco ni copia y como creación heroica. Conocemos que el grupo fraccional está convocando a una romería para el próximo fin de semana. Están en su derecho. A lo que no tienen derecho es a usurpar el nombre y los símbolos de nuestro Partido. Alertamos a no dejarse sorprender por este grupo que no atina a nada que no sea la impostura y la mentira.
Lima, 14 de abril del 2024
Buró Político del Comité Central

Por ‘Richard Swing’ y Odebrecht

Exmandatario y exministra de Cultura Patricia Balbuena pasan al Poder Judicial. Expremier Villanueva iría 33 años a prisión.

Dentro de la primera ola de covid-19 no solo hubo muertos y sufrimiento, sino también corrupción. Al menos esa es la tesis del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, cuyo pedido para judicializar el caso ‘Richard Swing’ fue aprobado. El expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Cultura Patricia Balbuena deberán responder por presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado doloso y negociación incompatible.
Juan Carlos Chekcley, juez supremo de investigación preparatoria, viabilizó que la acusación del Congreso sea canalizada por el Ministerio Público.
En abril de 2020, cuando la pandemia azotaba al Perú, el portal cultural Lima Gris reveló que el gobierno de Vizcarra había contratado a Richard Cisneros, un exvoleybolista y poco conocido cantante, para dar servicios, por más de cien mil soles.

Mirian Morales, interlocutora de Martín Vizcarra

Como en otras imputaciones, el “Lagarto” negó cualquier relación con la irregularidad, pero luego se vio que era cercano al favorecido.
“Durante el tiempo de la gestión del gobierno, el señor Cisneros, según registros de Palacio de Gobierno, ha asistido en tres oportunidades para reunirse con la Secretaría de Presidencia y con la Secretaría General, en alguna de esas oportunidades pidió a la secretaria que quería saludarme, pedido al que accedí, saludé, mantuvimos una conversación breve”, fue la justificación el exmandatario.
Esto contrasta con lo dicho por un testigo protegido, el cual vincula a ambos personajes con Mirian Morales, entonces secretaria general de Palacio de Gobierno, y actual asesora de la congresista Kira Alcarraz.
“Recibió llamadas y mensajes telefónicos y comunicaciones por WhatsApp de la señora Mirian Morales Córdova por encargo del señor presidente de la República, Martín Vizcarra, para que se le diera una oportunidad laboral, es decir, se le contrate al señor Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura; este pedido fue reiterado en varias oportunidades argumentando que el señor Cisneros llamaba permanentemente al presidente de la República para que lo recomendara ante los ministros de Cultura para ser contratado por servicios continuos”, aseguró.
Cabe indicar que Balbuena también deberá responder por indicios de malversación de fondos estatales en el sector que dirigía. Además, se le imputa vulneraciones a la confianza y el manejo responsable de las posiciones de poder.
Otro exministro de Vizcarra en problemas judiciales es César Villanueva. El otrora premier fue acusado por el fiscal Germán Juárez, de colusión, cohecho y organización criminal, por supuesto favorecimiento a Odebrecht.

Instancias

Cisneros, Morales y otras personas también son procesadas por la contratación irregular, pero en instancias ordinarias. Vizcarra fue inhabilitado y acusado constitucionalmente por este caso y por el “Club de la Construcción”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Juan Carlos Villena: parlamentario Jorge Flores Ancachi denuncia a fiscal de la Nación y a Delia Espinoza

Demanda es por involucrar a 14 legisladores en la investigación de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El congresista Jorge Flores Ancachi (AP), investigado en los casos ‘Los Niños’ y ‘mochasueldos’, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema Delia Espinoza, por haberlo incluido en la indagación en contra de Patricia Benavides.
Además de acusar a Villena y Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de funciones, Flores Ancachi pidió que se les aplique la inhabilitación de la función pública por diez años. Al fiscal de la Nación lo responsabiliza por haber otorgado a la fiscal Delia Espinoza las facultades para investigar a altos funcionarios como legisladores.
En cuanto a Espinoza, la denuncia es por incorporar en la indagación preliminar en el caso de Patricia Benavides, a 14 congresistas en calidad de investigados por el hecho de emitir sus votos en temas específicos que fueron sometidos al Pleno del Congreso.
“Las imputaciones efectuadas por la denunciada a los congresistas, habrían sido efectuadas en forma dolosa contraria al texto claro y expreso de la ley, toda vez que, en su condición de operador jurídico tiene pleno conocimiento que los congresistas no son responsables por las opiniones y votos que emiten”, señala.
Fuente: Diario EXPRESO.