Perú: por una cultura de paz

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Vigencia de la propuesta del Padre Felipe MacGregor

Por CECILIA BÁKULA- ElMontonero.pe
En estos tiempos tan agitados, preocupantes y cargados del sentimiento de zozobra, bien le haría al Perú, en su conjunto, recordar la propuesta que hizo un peruano, un gran peruano, y que como filosofía fue incorporada a sus fundamentos por las Naciones Unidas y la UNESCO.
Por la crisis política y la presencia de esta pandemia devastadora, nuestro pensamiento pareciera no encontrar un foco de atención y orientación que nos libere de las sensaciones de angustia. A ello agregamos que, en los últimos tiempos, los conflictos que vive el mundo, y aquellos que añade nuestro país, se dan siempre con asomos de violencia y el resultado parece obvio: vemos debilitados, si no desaparecidos, los sentimientos de cohesión y de pertenencia. Los sentimientos de identidad y de comunidad que existen son, a veces, muy difíciles de definir. Y en tiempos de Bicentenario, más difíciles aun de identificar.
No obstante, vale señalar que en su momento el Perú fue creador de una propuesta de cultura de paz. Y se le debe a una extraordinaria persona y mente brillante: Felipe E. MacGregor SJ Un sacerdote de impecable formación y mejor desempeño de vida, quien propuso entender a nivel global –y por lo tanto, dentro de nuestras fronteras y vidas– que la mejor herramienta contra la violencia, la desesperación y el enfrentamiento es el apego a una “cultura de paz”. Y así lo entendió la Organización de Naciones Unidas, que asumió esa propuesta como propia.
El pensamiento del Padre Felipe MacGregor debería ser hoy puesto nuevamente sobre el tapete y difundido como una herramienta de reflexión. El vivió en carne propia los años más aciagos de la violencia terrorista. Y ante esa realidad que desangraba al Perú, como otras realidades lo hacen en el presente, su pensamiento fue siempre de paz, tolerancia y visión de futuro. “Cada época en la historia tiene sus riesgos y sus posibilidades. Lo difícil de cada una de ellas es saber evitar los primeros y potenciar las segundas. En una época como la actual, en la que la violencia nos amenaza en cada esquina y en la que, además, los medios de comunicación se empeñan en hacerla súper presente, creo que hay que potenciar a la población, mucho tiempo desposeída, en la vida, en la conducción del país, en el gobierno”(*).
Hace ya treinta años que la Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando que “si la guerra, empieza en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben levantarse los baluartes de la paz”, aprobó la Declaración y Programa sobre una Cultura de Paz, cuyo trasfondo filosófico y principista fue aportado por el R. P. Felipe MacGregor, quien logró captar la atención de dos destacados Secretarios Generales de la UNESCO: Amadou-Mahtar M’Bow y Federico Mayor, quienes se convirtieron en impulsores de la cultura de paz.
Y el Perú –que a través de la educación no viene promoviendo ni el recuerdo ni el conocimiento de sus raíces; menos de su historia, de sus héroes, de sus riquezas naturales o de su gente– bien podría hacer un esfuerzo para poner en valor el conocimiento de esta cultura de paz, que no se refiere solo a la inexistencia de la guerra armada, sino también a la educación de los ciudadanos en el aprendizaje y la vivencia constante en los valores de la cooperación, la igualdad, la justicia y la solidaridad y, ciertamente, el cumplimiento de los deberes de cada uno.
En estos tiempos en que la muerte nos ronda y que la violencia se presenta de maneras solapadas, ocultas, y que vemos permanente desatención a los ciudadanos por parte (muchas veces) de las autoridades, la cultura de paz tendría que ser un ingrediente indispensable en nuestra propuesta de diálogo político, dejando de lado el común enfrentamiento al que nos someten quienes gobiernan. Dentro del respeto a las diferencias e incluyendo, por supuesto, la tolerancia y el respeto mutuo.
No solo fue el R.P. Felipe MacGregor quien hizo suya la difusión y puesta en práctica de esa cultura de paz. A lo largo de la historia, muchos hombres han dado la vida para hacernos comprender que la no violencia es la mejor respuesta, y es por ello que serán siempre actuales y vigentes las palabras de Martin Luther King: “La resistencia no violenta no es un método para los cobardes. Es una verdadera resistencia. Por ello Gandhi decía tan a menudo que si la cobardía es la única alternativa de la violencia, es preferible luchar… Si bien es cierto que el resistente no violento es pasivo en el sentido de que no es físicamente agresivo hacia su adversario, su mente y sus emociones no son menos activas, procura constantemente convencer a su adversario de su error. No es una no resistencia pasiva al mal, sino una resistencia no violenta activa al mal”.
Todos, en todos los ámbitos de nuestra vida estamos llamados a ponerla en práctica. Máxime ahora cuando podrían generarse ideas de violencia debidas a la pandemia, el confinamiento, la muerte, la desesperación y la comprobación de ser parte de una sociedad nacional en la que sus gobernantes y autoridades, no alcanzan a cumplir sus obligaciones mínimas de atención a los ciudadanos. Ante ello hay que expresar que la violencia nunca es la solución, y que por paz, debemos entender la obligación de todos no solo de callar las armas, sino ser capaces de construir una sociedad más unida, justa y solidaria.
Mirando el Perú hacia su Bicentenario, esta es una de las muchas tareas pendientes.
* Tomado de Ideele Nº 166 . Octubre 2004.

Racista

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“Sigrid Bazán sí fue racista y clasista cuando dijo que la UPN le pertenece a los ‘Acuñas pobres’” [ENTREVISTA]

Por Claudia Risco– www.medium.com
Continúan las críticas a la presentadora de noticias tras la viralización de un video en el que se le escucha relacionar a la Universidad Privada del Norte (UPN) con familiares del empresario César Acuña, a quienes llama “los Acuñas pobres”. La antropóloga Ana Leonor Lamas nos ayuda a entender qué hay detrás del enojo que los dichos de Sigrid Bazán han causado en la comunidad universitaria.
Ya está en stickers de WhatsApp. Con frases como “La gente con techo de calaminas tiene ideas locas”o “No, tú eres pobre”, el rostro de Sigrid Bazán se está utilizando para ridiculizar las expresiones que tuvo en referencia a la Universidad Privada del Norte y sus supuestos propietarios. Como se sabe, en días recientes circuló en redes sociales y medios de comunicación el registro de una videollamada grupal en la que Bazán y dos amigos suyos conversan y se expresan sobre algunas universidades peruanas.
En el video se escucha a Bazán preguntar por el significado de las siglas de la Universidad Peruana del Norte (UPN), a la que, al parecer confunde con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tras aclararle el significado de la siglas, uno de sus amigos agrega información sobre los propietarios de la universidad para evitar confusiones. “De los Acuñas (sic); no de César, sino de su esposa”, explica y antes de que pueda terminar la frase, la presentadora dice “pobres”. Su interlocutor la interrumpe y le dice “es de la exesposa, Rosita Acuña”. Nuevamente la presentadora de noticias acota de manera inopinada la referencia: “Acuña pobres”, se le escucha decir. A su compañero parece hacerle gracia el término y la corrige: “No, esa no era pobre”.
DESAFORTUNADOS COMENTARIOS
Para la antropóloga y coautora de libro “Deconstruyendo el rombo: consideraciones sobre la nueva clase media en el Perú”, Ana Leonor Lamas, las declaraciones fueron sacadas de contexto, pero eso no las hace menos desafortunadas. “A pesar de que ha sido sacada de contexto su aseveración, sí creo que (…) deja ver una cierta actitud discriminatoria contra las universidades privadas, especialmente las universidades privadas de segunda generación”, indica.
Para entender un poco lo que menciona la investigadora, es importante definir qué son las universidades de segunda generación. “Son universidades que son creadas después del decreto legislativo 882, que se promulga en 1996 por Fujimori, que lo que hace es liberar el mercado de la educación. Entonces, a partir del decreto se hace posible la creación de instituciones educativas con fines de lucro. Antes de eso las universidades privadas existían, pero eran creadas necesariamente a través de una ley emitida por el congreso; después del mencionado decreto, prácticamente cualquier privado puede crear una institución educativa”, menciona.
Dentro de ese grupo se encuentran la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad César Vallejo (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN), entre otras. Cabe aclarar, que como es fácil de corroborar, no todas le pertenecen a la familia del señor César Acuña.
“Cuando uno dice que proviene de una universidad como la UPN, la Universidad César Vallejo o Alas Peruanas, sobre todo en Lima, está diciendo que esa persona probablemente no tenga muchos recursos económicos, que es pobre”, advierte Lamas. Y continúa: “Pero detrás de esa etiqueta de pobre también está diciendo que esa persona es peor profesional, que viene de una institución cuestionable, de poca calidad. Y también está diciendo que esa persona probablemente sea más chola o más indígena (…) eso también explica la indignación de varios sectores de la población con lo que dijo Sigrid”.
Las expresiones de Bazán y sus amigos incomodan porque, como explica la investigadora, aún vivimos en una sociedad en la que el título universitario funciona, en la práctica, como un instrumento de discriminación social y laboral. “A pesar de que Sigrid no haya dicho que la UPN sea una universidad de pobres, sí está asociando a la UPN –que es una universidad que definitivamente ella no conoce– con ciertos personajes políticos, los que están asociados, a su vez, con este sector social que es cuestionado en sus capacidades profesionales. Y que también es choleado en esta sociedad fuertemente discriminatoria en la que vivimos ¿no?”, elabora la antropóloga.
Lamas, además, incide en trascender a la anécdota y no quedarnos solamente en las declaraciones desafortunadas de una persona pública. “Por eso me parece tan importante que cuando hablamos de cómo funciona el clasismo y el racismo en el Perú, en relación a la educación superior universitaria, veamos también cómo funciona la discriminación en el mercado laboral”, apunta.
LOS MENOS QUERIDOS
“Un 33 % de las firmas top del país no contrataría egresados de la Universidad Alas Peruanas. Y tienen la misma opinión sobre la Norbert Wiener (13 %) y la Universidad César Vallejo (12 %)” menciona un artículo del diario Gestión sobre una encuesta que engloba a estas universidades como “las menos queridas” por los empresarios “top” de este país.
“¿Cómo un chico que se gradúa y que invierte su plata en algunas de estas universidades no puede acceder a una empresa prestigiosa, a un puesto laboral en una empresa prestigiosa? ¿Por qué es discriminado? Porque su título universitario no solamente habla de sus capacidades, sino también lo marca como una persona de determinado sector social económico, que además es discriminado.”, agrega Leonor Lamas, quien también afirma que esta es una práctica común en las últimas dos décadas.
En el libro que publicó junto al antropólogo Ludwig Huber, Deconstruyendo el rombo, Leonor Lamas estudia esta problemática más a fondo. “Cuando entrevistábamos a gente de recursos humanos de las empresas más prestigiosas del Perú lo que nos decían es que ellos de entrada no contrataban a ninguna persona que venga de universidades que no fueran la de Lima, la Católica (donde estudió Sigrid Bazán), la Pacifico, la de Piura o la Cayetano. Eran muy cerrados en sus prácticas de contratación. Entonces, si queremos de verdad tomarnos en serio esta crítica que le hacemos a Sigrid, hay que tener una conversación mucho más amplia de cómo funciona el racismo en el Perú particularmente en relación al mercado laboral y el mercado de educación universitaria”, precisa.
CLASISMO INTERIORIZADO
Los dichos de Sigrid Bazán nos hablan también de un racismo y clasismo interiorizados por la presentadora de noticias. Así lo cree Lamas, quien señala que estas son ideas sobre la segmentación del mercado educativo que están muy arraigadas en nociones clasistas también muy vigentes en el imaginario colectivo. “En el caso de Sigrid está asociando esta universidad, UPN, que no conoce, con los Acuña, a pesar de que es una universidad del grupo Laureate, que es una gran corporación educativa mundial. Es una universidad, sí, con pensiones más bajas que la UPC, pero para la cual los estudiantes igual tienen que pagar una pensión significativa; no es gente pobre la que va. En general, la gente pobre en Perú no puede pagar una pensión universitaria. Entonces es una reducción, una simplificación, decir que una universidad como la UPN es universidad de pobres o asociada con estos sectores sociales”, indica.
Pero ¿por qué es cuestionable esta simplificación? “Las universidades privadas en el Perú son mucho más diversas de lo que pensamos. Hay que reconocer que de esas universidades (privadas, de segunda generación), las que han pasado el proceso de licenciamiento han hecho esfuerzos importantes para mejorar su calidad educativa. El problema de ese tipo de aseveraciones no es solamente que son potencialmente clasistas y racistas, sino que también nos llevan a simplificar nuestros diagnósticos sobre la realidad universitaria en el país, que es mucho más compleja que eso”.
La antropóloga indica que los estudiantes provienen de sectores bastante diferentes. “Tienes estudiantes que se estaban pagando su propia universidad y que trabajaban en bancos; estudiantes que habían tratado de entrar a una universidad pública, pero después no pudieron hacerlo así que entraron a esta universidad; estudiantes que simplemente les quedaba más cerca de su casa, pero que no tenían inconvenientes económicos”, precisa y hace un llamado a ver con una mirada un poco más profunda la composición social de estas universidades.
“No es tan simple como decir todos son pobres. Es más: muchos de estos estudiantes forman parte de este sector de la clase media emergente que ha crecido más en los últimos años de crecimiento económico y que sienten que aseveraciones como las de Sigrid Bazán invalidan sus bien merecidos y luchados esfuerzos (principalmente los de sus padres) por movilizarse socialmente”, agrega.
Para ejemplificar su punto, la investigadora hace una comparación entre Raúl Diez Canseco y César Acuña. “También tiene su universidad, que es la San Ignacio de Loyola y también ha participado en política ¿no? También tiene escándalos de corrupción. Sin embargo, tú no ves a la gente acusarlo de ignorante, o de hablar mal”.
En su explicación, Lamas recuerda también que el racismo en el Perú no solamente se basa en el color de la piel. También está entrelazado con temas como cultura, acceso a educación, la forma en la que nos vestimos, la manera en la que hablamos. “Cuando en el Perú se cuestiona a alguien por su educación o por su decencia es muy probable que estos cuestionamientos también estén bañados de racismo o una degradación del otro en base a su origen”, añade.
LA TRAMPA DEL MESTIZAJE
La antropóloga espera que casos como el de Sigrid Bazán permitan ver cómo funcionan las dinámicas de racismo y clasismo en el Perú. “La discusión sobre el racismo ha estado muy silenciada, en Perú nos escondemos bajo esta idea de que el que no tiene de “inga tiene de mandinga para argumentar que no podemos ser racistas o que el racismo no existe en Perú porque todos hemos estado mezclados”.
En esa línea destaca la importancia de investigar sobre las raíces históricas del racismo en nuestro país, las mismas que suelen ser difíciles rastrear debido a la prevalencia de nociones que, en la práctica, han servido como excusa. El concepto de ‘mestizaje’ es uno de ellos, al que Lamas define como “un proyecto de blanqueamiento de la población y que siempre supuso la superioridad de la blancura por encima de todo lo demás”. Así, la investigadora argumenta que el mestizaje no puede servir para ‘demostrar’ que no somos racistas. “Por el contrario, nos tiene que servir para reconocer que la misma matriz de nuestro proyecto nacional ha sido una matriz racista”, advierte.
NOS HACEMOS CARGO
Aunque Lamas reconoce iniciativas recientes provenientes de las redes sociales para hablar sobre racismo y poner estos temas en la discusión pública, considera que el rol de los medios tradicionales es fundamental porque en muchas ocasiones se han mostrado cómplices en avalar prácticas racistas y discriminatorias. Sobre este punto menciona al comediante Jorge Benavides y sus personajes el Negro Mama y la Paisana Jacinta, con los que perpetúa de manera descarada aberrantes caracterizaciones. La antropóloga considera que a partir del rol activo que han tenido los medios en promover este tipo de estereotipos, su responsabilidad para derrocarlos debe ser mucho mayor.
“Ahí creo que tiene que haber un dialogo más cercano, como el que estamos teniendo ahorita, entre académicos y reporteros. La academia peruana definitivamente tiene un rol mucho más activo que tomar, precisamente porque proviene u ocupa un sector social más de élite”, finaliza.

Intocables

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Luis Eduardo Cisneros: el amigo del tenis del presidente Martín Vizcarra cuya historia no ha sido contada por los medios de comunicación.

El amigo del tenis del presidente que nadie quiere tocar

Luis Eduardo Cisneros también hacía deporte con el mandatario en el Club Lawn Tenis, pero su rostro ha venido siendo escondido por los medios. Él y su empresa han facturado más de 650 mil soles en lo que va del gobierno de Martín Vizcarra.
Por Eloy Marchán- Elfoco.pe
En el periodismo peruano hay una vieja cláusula: no contar la historia completa. Eso es lo que ha hecho los medios que tocaron la noticia sobre los contratos con el Estado que han venido ganando los distintos amigos del tenis del presidente Martín Vizcarra. En la ya famosa foto del mandatario con sus compañeros de deporte hay una persona con el rostro pixelado. Como en El Foco no hay intocables, se lo presentamos con nombres y apellidos: Luis Eduardo Cisneros Méndez.
¿Por qué los otros medios que investigaron el caso no repararon en él? No lo sabemos, ellos tendrán que responder sus razones al público. Sin embargo, así como el resto de los amigos del presidente Martín Vizcarra, Cisneros también ganó contratos públicos durante el actual gobierno. Es más, emitió recibos por partida doble: como persona natural y a través de la empresa LEC & Hunter SAC, donde él es accionista con el 99% de participación, según registros oficiales.
Desde que Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República, Luis Eduardo Cisneros ha facturado al Estado como persona natural S/282,200.
Desde el 23 de marzo del 2018, día en que Martín Vizcarra llegó a Palacio de Gobierno, Cisneros y su firma han conseguido 33 contratos públicos por una suma facturada de 658,960 soles. Casi la totalidad de los contratos, según información del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), se hicieron mediante órdenes de compra. Es decir, no hubo concurso público ni licitación alguna. El trabajo se efectuó, básicamente, gracias a un requerimiento de un funcionario público.
Cuando Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones, Cisneros fue su jefe de prensa y su asesor personal en temas de imagen. La relación fue más allá de lo laboral, pues siguieron manteniendo contacto, inclusive cuando el hoy mandatario viajó a Canadá como embajador. Así, para poder hablar con Vizcarra, uno debía negociar previamente con Cisneros. Muchos pensaron que, con Vizcarra de presidente, Cisneros también se instalaría en Palacio Gobierno, pero eso no sucedió.
Cisneros es dueño de LEC & Hunter SAC. La empresa ha facturado S/376,760 en lo que va de la gestión Vizcarra.
En junio del 2017, Cisneros abrió una empresa especializada en asesoría comunicacional y no quiso renunciar a ella para irse a trabajar con Vizcarra. La empresa fue bautizada como LEC & Hunter SAC y no le estaba yendo mal. La firma de Cisneros, quien es psicólogo de profesión y tiene una maestría en la Universidad de Ohio, tenía varios clientes privados e, inclusive, ya había conseguido sus primeras órdenes de servicios con el Estado.
Entre junio del 2017 y marzo del 2018, la empresa de Cisneros logró nueve órdenes de servicio por un poco más S/250,000, según información oficial del OSCE. Con Vizcarra de presidente, los servicios de Cisneros y de su empresa aumentaron considerablemente. Él, con su RUC de persona natural, ha ganado diez contratos. LEC & Hunter, por su parte, ha realizado veintitrés servicios para el Estado.
El 12 de abril del 2018, apenas veintiséis días después de que Vizcarra se instalara en Palacio de Gobierno, Cisneros –vía su empresa– ganó su primer contrato en la actual gestión. Fue una orden de servicios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) por un valor de S/. 32.000. Según la información registrada en el sistema nacional de contrataciones, fue por una “consultoría de diseño de estrategia comunicacional y plan operativo anual”.
Todos los amigos del tenis: Alejandro Espinoza Fernández, Luis Eduardo Cisneros, el presidente Martín Vizcarra, Hugo Misad Trabucco, José Luis Alvarado Gonzales y Hernán Flores Ayala (viceministro de Defensa).
Los contratos de Cisneros y de su empresa en la era Vizcarra son de los más variados. En agosto del 2019 brindó un servicio de media training para la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y cobró S/32,500. Tiempo antes, en noviembre del 2018 percibió S/. 33 mil por dar a Promperú un “servicio especializado de relacionamiento y contacto con grupos de interés vinculados al Rally Dakar Perú 2019 para ampliar el impacto de la competencia en medios de comunicación”.
EsSalud es la entidad pública que más contratos le ha dado a Cisneros y a su empresa LEC & Hunter. De los más de 650 mil soles que el psicólogo ha facturado en la era Vizcarra, S/124,000 han sido gracias a la institución que hoy dirige Fiorella Molinelli. Cisneros le ha dado a EsSalud servicios de “análisis sociocultural y mediático”, “diseño de un plan de fortalecimiento de la gestión comunicacional” y “evaluación de voceros institucionales”. Cisneros y Molinelli son viejos conocidos y trabajaron juntos. Cuando Vizcarra era titular del Ministerio de Transportes, Molinelli era la viceministra y Cisneros el jefe de Comunicaciones de la referida cartera.
EsSalud, bajo la presidencia de Fiorella Molinelli, ha sido la institución pública que más contratos le ha dado a Cisneros y a su empresa. En total: S/124,000 (Foto: Facebook).
El Foco se comunicó telefónicamente con Cisneros, quien confirmó que es la persona cuyo rostro los distintos medios han venido difuminando. “Me pixelaron porque, justamente, yo no tengo nada que ver. Yo no trabajo en el Estado desde el 2017 y el reportaje era sobre la gente que tiene órdenes de servicio con el presidente, con su gente, hasta ahora. Claro, yo he jugado varias veces, no muchas, pero sí. La foto esa es de mayo del 2017, justo cuando él ya no era ministro y estaba solo. Yo me había hecho más o menos pata de él”, explica Cisneros.
Sobre los contratos que ha tenido con Estado, Cisneros responde: “Lo que vas a sacar ya es un refrito. Yo he demostrado y he dicho que vayan y busquen en transparencia. Pidan mis informes y miren la calidad. No soy el único que ha facturado esos montos. Mi trabajo en el Estado ha sido reconocido. Son consultorías de alto nivel. Yo tengo una maestría en Ohio University, una certificación en Estudios Latinoamericanos y una maestría en marketing en Centrum y un diploma en manejo de crisis. Yo he trabajado en el Estado desde antes que el presidente Martín Vizcarra esté en el Gobierno”.
LEC & Hunter, según registros de la Sunat, hasta marzo último tenía solo un trabajador en planilla y tres prestadores de servicios. Y de abril a junio no ha presentado declaración. Ese pequeño detalle, sin embargo, no ha sido impedimento para que Cisneros siga ganando contratos, incluso durante la pandemia. El 15 de mayo, el Instituto Nacional de Salud (INS) le giró una orden de servicios como personal natural por S/. 28.700. Y el reciente 31 de julio, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) le concedió un contrato por “diagnóstico comunicacional” a LEC & Hunter por S/29,000.
Izquierda: Alerta lanzada por el OSCE sobre los contratos de Luis Eduardo Cisneros. Derecha: el impedimento sería que una de sus hermanas fue funcionaria pública cuando él ganaba contratos con el Estado.
Los contratos de Cisneros con el Estado hoy están siendo revisados por el OSCE. Resulta que los fiscalizadores del organismo supervisor detectaron un posible conflicto administrativos debido a que Mariana Mariela Cisneros Méndez, hermana de Luis Eduardo, trabajó desde abril del 2019 y enero del 2020 en el Ministerio de Cultura. En las próximas semanas, el OSCE dará su veredicto sobre si hubo o no faltas administrativas en las órdenes de servicio de Cisneros, el amigo del tenis del presidente que los medios no quisieron tocar.

Programa 2020 con Mávila Huertas Centurión en Canal M (de Mermelada)

Autorizan viaje de oficial de la Marina de Guerra del Perú a los EE.UU., en comisión especial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 715-2018 DE/MGP
Lima, 5 de junio de 2018
Vista, la Carta G.500-2863 del Secretario del Comandante General de la Marina, de fecha 25 de mayo de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema se designó al Capitán de Fragata José Abelardo Martín HUERTAS Centurión, para que se desempeñe como Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participante en el Colegio Interamericano de Defensa (CID), a realizarse en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 3 de julio de 2018 al 2 de julio de 2020, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID), es una entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento técnico, consultivo y educativo a la propia Organización de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados Miembros sobre temas relacionados con asuntos militares y de defensa para contribuir a la paz y seguridad en las Américas; asimismo, el Colegio Interamericano de Defensa (CID), es una institución educativa multinacional que forma parte de la estructura de la JID y de la OEA, que lleva a cabo cursos que tienen como participantes a miembros de las Fuerzas Armadas, del Servicio Diplomático y otras dependencias de los Estados del Hemisferio;
Que, mediante Oficio Nº 132-2018/DP-JID-OEA, de fecha 23 de abril de 2018, el Jefe Interino de la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos ha manifestado al Director General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa de la República del Perú, que con Carta CID/107-18 de fecha 16 de abril de 2018, la Directora del Colegio Interamericano de Defensa ha remitido la relación de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas del Perú, entre otros, el Capitán de Fragata José Abelardo Martín HUERTAS Centurión, el mismo que ha sido aceptado para que se desempeñe como Oficial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participante en el Colegio Interamericano de Defensa (CID);
Que, el citado viaje ha sido incluido en el Rubro 7: Representación Nacional ante Organismos Internacionales, Ítem 8, Anexo 1 (RO), del Plan Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, aprobado por Resolución Ministerial Nº 354-2018-DE/SG, de fecha 21 de marzo de 2018;
Que, por Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG, se modificó el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, estableciéndose la modalidad de viajes denominada Comisión Especial en el Exterior, que permite la designación de personal militar en actividad o retiro en las representaciones permanentes del Perú ante Organismos Internacionales, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, con Oficio P.200-1306 de fecha 25 de mayo de 2018, el Director General del Personal de la Marina ha remitido la documentación pertinente para la tramitación de autorización de viaje en Comisión Especial en el Exterior del Capitán de Fragata José Abelardo Martín HUERTAS Centurión, para que se desempeñe como Oficial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participante en el Colegio Interamericano de Defensa (CID), a realizarse en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 3 de julio de 2018 al 2 de julio de 2020; por cuanto las experiencias a adquirirse de nivel estratégico y el conocimiento de nuevas doctrinas, permitirán a la Marina de Guerra del Perú contar con personal altamente capacitado en todos los aspectos inherentes al desarrollo humano, profesional y ocupacional;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la Comisión Especial en el Exterior abarca más de un ejercicio presupuestal, los pagos correspondientes al período comprendido del 3 de julio al 31 de diciembre de 2018, se efectuarán con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y para completar el período de duración de la Comisión Especial en el Exterior a partir del 1 de enero de 2019 al 2 de julio de 2020, los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal respectivo;
Que, considerando la duración de la Comisión Especial en el Exterior, el viaje al exterior por decisión del interesado lo realizará en compañía de su señora esposa y de sus hijos; debiendo precisarse esta circunstancia para efectos de los trámites administrativos de salida del país;
Que, de acuerdo con el documento Nº 129-2018 del Jefe de la Oficina General de Administración de la Dirección de Administración de Personal de la Marina, ningún organismo internacional cubrirá los costos del viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes aéreos internacionales, Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero y Gastos de Traslado, se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 y del Año Fiscal respectivo de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, conforme a lo establecido en el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG, que modifica el Reglamento de Viajes al exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014, dispone que el monto de la compensación extraordinaria mensual por servicio en el extranjero, será reducido en la misma cantidad que la bonificación otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;
Que, con el Decreto Supremo Nº 001-2016-DE, de fecha 23 de enero de 2016, se modifican diversos artículos del Reglamento de Viajes al Exterior del Sector Defensa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG, en cuyo artículo 18 se precisa que el personal nombrado en Comisión Especial en el Exterior, goza de los derechos a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República; así como, de los conceptos previstos en el artículo 13 del Reglamento del Personal Militar de las Fuerzas Armadas en Misión Diplomática, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 028-2006-DE/SG, concordante con el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los vuelos internacionales y con el fin de prever la participación del personal comisionado durante la totalidad de la Comisión Especial, es necesario autorizar su salida del país con UN (1) día de anticipación, sin que este día adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por la Ley Nº 29598 y por el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº 010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que los Órganos Competentes, Organismos Públicos Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del Sector, una disposición que precise, en los casos que corresponda, que el otorgamiento de la Compensación Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se hará por días reales y efectivos, independientemente de la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262- 2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos por Compensación Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal militar y civil del Sector Defensa e Interior;
Estando a lo propuesto por el Comandante General de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en Comisión Especial en el Exterior del Capitán de Fragata José Abelardo Martín HUERTAS Centurión, CIP. 00963240, DNI. 09994011, para que se desempeñe como Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participante en el Colegio Interamericano de Defensa (CID), a realizarse en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 3 de julio de 2018 al 2 de julio de 2020; así como, autorizar su salida del país el 2 de julio de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida): Lima – Washington D.C.
(Estados Unidos de América)
US$. 1,091.27 x 4 personas (titular, esposa e hijos) US$. 4,365.08
Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$. 10,693.80 / 31 x 29 días (julio 2018) US$. 10,003.88
US$. 10,693.80 x 5 meses (agosto – diciembre 2018) US$. 53,469.00
Gastos de Traslado (ida): (equipaje, menaje e instalación)
US$. 10,693.80 x 2 compensaciones US$. 21,387.60
TOTAL A PAGAR: US$. 89,225.56
Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014, con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la presente autorización de viaje en Comisión Especial en el Exterior, se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del Sector Defensa – Marina de Guerra del Perú, del Año Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 5.- El monto de la Compensación Extraordinaria mensual será reducido, por la Marina de Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento al segundo párrafo del numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina queda facultado para variar la fecha de inicio y término de la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder el total de días autorizados; y sin variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 7.- El Oficial Superior comisionado, deberá cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El mencionado Oficial Superior, revistará en la Dirección General del Personal de la Marina, por el período que dure la Comisión Especial en el Exterior.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
Mávila se cuadra Foto: Marco Cotrina.

Hermano de Mávila Huertas fue promovido por el Presidente Vizcarra ¿Cuánto cobró?

Por – LimaGris.com
El 5 de junio de 2018 se firmó la resolución ministerial N° 715-32018 DE/MGP que autorizó el viaje del oficial de marina de Guerra del Perú José Abelardo Martín Huertas Centurión con CIP 00963240 para una comisión especial a los Estados Unidos.
Lo curioso es que aquel oficial de marina que fue promovido durante el mandato de Martín Vizcarra, es el hermano de la periodista y conductora del programa televisivo 2020, Mávila Huertas Centurión.
Hay que resaltar, que si bien aquella designación no es una noticia porque se dio hace dos años; tampoco es menos cierto que en esta coyuntura, evidentemente cobra más atención. También es cierto que no existe una ley que prohíba designar al hermano de una periodista a una misión extranjera; no obstante, siempre resultó extraña aquella designación, más allá de las calidades profesionales del hermano de la periodista, si tomamos en cuenta que en la Armada Peruana habían casi dos mil oficiales superiores que también hubieran podido ser designados por sus propios méritos.
También hay que tomar en cuenta la férrea defensa que ha ejercido Mávila Huertas hacia la gestión de Martín Vizcarra a través de su programa televisivo desde que él asumió la presidencia en 2018, porque ella siempre adoptó un rol parcializado con respecto a los desaciertos del gobierno; e incluso, en una entrevista que le hizo a Vizcarra en agosto de 2019, de forma inconsciente patinó y mencionó: “Me están pidiendo desde Palacio que vaya acelerando el paso… digo”, y Martín Vizcarra con mucha sorna y relajo le respondió: ¿De palacio? ¡Yo estoy acá!
Asimismo, luego de la reciente no otorgación de confianza negada a Pedro Cateriano, surgió en los medios una especie de campaña que la denominaban “La extorsión hacia el premier”. Dicha campaña fue inicialmente orquestada por los periodistas Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodrich, que por esos días le hacían la resonancia al gobierno, ya que estuvieron rabiosos y agresivos en las redes sociales porque que le habían cerrado las puertas de la PCM, nada menos que a su amigo en común: don Pedro Cateriano Bellido.
Además, Mávila Huertas en otra de sus habituales patinadas, en una entrevista de la semana pasada que dio al expremier Cateriano, éste la hizo quedar mal y durante el diálogo en vivo, luego de que ella aseguró que había toda una orquestación de extorsión de parte del parlamento, su entrevistado simplemente la desmintió enfáticamente y afirmó que él nunca habló de que se trataba de una extorsión o chantaje.
Aquí el breve diálogo:
“Cuando nosotros dimos a conocer en nuestro caso y en el de otros periodistas que teníamos esa información, estaba claro para la interpretación de cualquier periodista que se estaba condicionando, que era una advertencia que llevaba un mensaje y que ese mensaje tenía que ver directamente con la presencia del ministro de educación y esto sí se lo decimos, desde nuestra propia perspectiva y autoría, desde la capacidad que podemos tener algunos de sacar conclusiones y es que evidentemente el Congreso a través de algunas bancadas como la bancada de Podemos ha venido intentando boicotear el trabajo de la Sunedu y traerse abajo la reforma universitaria, entonces era coherente con la información que recibíamos lo que estaba sucediendo. Esa fue una interpretación y nosotros sí dijimos (sic) acá hay una extorsión o hubo una extorsión, pero entiendo que usted ya no se quiera referir concretamente a esa reunión con el señor Merino”.
Y esta fue la respuesta de Pedro Cateriano:
“Pero a ver Mávila, yo ya declaré. En ningún momento he empleado el término extorsión o chantaje. Y mi papel en este momento no es azuzar los ánimos”.
¿Por qué en su explicación Mávila Huertas insistió en decir que el famoso chantaje fue una “interpretación” y que lo hizo desde su “propia perspectiva y autoría”? ¿Acaso no se dio cuenta que con esa aseveración al defender sus derechos de autora de la tesis del chantaje y extorsión estaba quedando peor como periodista? Pero ella insistió y apeló a su dizque interpretación periodística, sin tomar en cuenta que así estaba evidenciando sus vínculos con el gobierno; no olvidar que hace unos meses se le vio ingresar al despacho de la ministra de Economía María Antonieta Alva.
Según la resolución del ministerio de Defensa que fue firmada por el exministro extinto José Huerta Torres, el hermano de Mávila Huertas se desempeñó como Oficial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participó en el Colegio Interamericano de Defensa (CID) que se realizó en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos, del 3 de julio de 2018, al 2 de julio de 2020, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo curioso de esta misión diplomática es que, más allá de que haya sido un trabajo de agregaduría y de asesoría militar al servicio del país enviado; ha sido más bien, una especie de curso estrella para que a través de las experiencias que se hayan adquirido a nivel estratégico, así como el conocimiento de nuevas doctrinas, permitirán a futuro a la Marina de Guerra del Perú contar con las capacidades del capitán Huertas Centurión, porque luego de aquella misión ya se habría convertido en un personal altamente capacitado en todos los aspectos inherentes al desarrollo humano, profesional y ocupacional (Así mencionan en la Resolución Ministerial).
Obviamente, eso suena rimbombante. En otros términos, el gobierno envió a Estados Unidos al hermano de la periodista, para que a través de sus nuevos conocimientos adquiridos, luego su propia institución naval se vea beneficiada. ¿Eso es verosímil?
Todo fue en dólares
Lo cierto es, que aquella misión según el documento firmado por el ministerio de Defensa, se desarrolló por 24 meses y se pagó con el presupuesto del sector público de los años fiscales 2018 y 2019. Asimismo, el costo incluyó gastos generales de la esposa e hijos. Estos gastos incluyeron el concepto de cuatro tickets aéreos, que en total fueron US$4,365.08 dólares americanos, más la Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero de US$10,693.80 dólares americanos por mes; es decir, de julio a diciembre de 2018 el oficial cobró US$63,472.88 dólares. Además, los gastos de traslado solamente de ida, que correspondieron a equipaje, menaje e instalación, ascendieron a US$10,693.80 dólares por persona, pero como la compensación se duplicó a 2, ésta se incrementó a US$21,387.60 dólares. Es decir, solamente por 6 meses durante el 2018, el capitán Huertas Centurión recibió casi 90 mil dólares del Estado peruano.
Ahora bien, si tomamos en cuenta la escala del Decreto Supremo N°262-2014-EF, el capitán Huertas Centurión habría cobrado durante 24 meses (si es que cumplió con su estadía hasta el 02 de julio de este año) alrededor de 270 mil dólares, ya que de acuerdo a la norma vigente, él durante su misión extranjera debió ganar como Oficial Superior alrededor de US$7,505 dólares americanos como salario, aunque algunas fuentes refieren que ganaba 10 mil dólares mensuales.
El programa “Magaly TV: La firme” compartió una foto de la periodista Mávila Huertas junto al procesado por la justicia y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
En la instantánea se observa a la presentadora de noticias muy cercana al exfuncionario, en una banca del parque Roosevelt de San Isidro, según informó Magaly Medina, quien describió la escena.
Ambos sin portar la mascarilla obligatoria para evitar más contagios de la COVID-19, enfermedad que ha matado a más de 21 mil personas en el Perú.
La popular ‘Urraca’ también señaló que sus fuentes le han contado que Huertas y Castilla mantendrían una relación desde hace algunas semanas, razón por la que no habrían tenido problema alguno de mostrarse en público.
Magaly, quien hace poco venció al nuevo coronavirus, recordó que Mávila Huertas se encuentra divorciada del periodista Roberto Reátegui, con quien estuvo casada desde el 2009 hasta el 2013.
Fuente: Diario EXTRA.

Habla claro: Sobre la importancia del disclosure

Por Juan Luis Nugent– Revista Ideele.
Disclosure (1) (pronúnciese ‘discloushur’) es una palabra en inglés que puede traducirse literalmente al español como “exposición”, como en “exponer las evidencias”. Los ‘gringos’ le dan particular importancia en el discurso público porque es una manera de garantizar transparencia. El rótulo full disclosure alude a cualquier información que se pone en conocimiento del auditorio para contextualizar y entender mejor un artículo, un reportaje, un libro, una investigación, etcétera. Lo mínimo que uno le debe al público si realmente tiene la intención de informar.
Esto quiere decir que si un periodista de un periódico ‘X’ publica un artículo sobre un escándalo relacionado a la empresa ‘Z’ y ésta resulta ser parte del mismo conglomerado, es más que pertinente que el texto haga un full disclosure al respecto. Del mismo modo en el que un nutricionista que sale a hablar en televisión debe señalar si trabaja para alguna compañía productora de comestibles. Y de la misma manera con científicos, académicos, periodistas, bloggers y abogados que se pronuncian sobre una controversia sin advertir que tienen o han tenido algún vínculo con una de las partes involucradas.
Pero el disclosure no solo vale para esclarecer intereses económicos y políticos de por medio. Piénsese, por ejemplo, en relaciones amicales o filiales. No es lo mismo leer una reseña firmada de un disco, un libro, un blog o una revista sabiendo de antemano que el autor es amigo, compadre, primo, amante, ex cónyuge, suegro o antiguo compañero de carpeta del autor de la obra, que hacerlo partiendo de la premisa de que la información u opinión vertida en el texto proviene de un razonamiento menos comprometido, por así decirlo. Y esto vale tanto para el comentario favorable como para el ‘maleteo’ despiadado que puede ser muy entretenido a veces.
Me urge, como lector, televidente y usuario frecuente de las redes sociales, reclamar disclosure. Al menos a los medios de comunicación y a las personas o colectivos que juegan a ese papel en la vida pública. Eso porque me parece que hay una enorme contradicción entre el poco uso que se le da a este recurso y lo que hemos oído hasta el hartazgo sobre esta “era de la información” que vivimos, en la que los ciudadanos están más ‘empoderados’ que nunca y “su opinión importa”. Así no, pues. No hay forma.
O nos ponemos de acuerdo de una vez y empezamos a mostrar un poco de consistencia, o mejor tiramos la toalla, nos sinceramos y reconocemos que la transparencia es algo que está bien exigirle a la clase política, que suena bonito como arenga, pero que no le atañe al ‘ciudadano de a pie’.
El rótulo full disclosure alude a cualquier información que se pone en conocimiento del auditorio para contextualizar y entender mejor un artículo, un reportaje, un libro, etcétera. Lo mínimo que uno le debe al público si realmente tiene la intención de informar.
No quisiera que se confunda la posición que asumo como una adherencia con ese otro discurso peligrosamente parecido que demanda que “todo tiene que saberse”. No suscribo eso porque creo que existen planos como la intimidad individual y la seguridad nacional, por ejemplo, en los que no es imperativo el disclosure. ¿Por qué?
Porque sobre la vida privada de alguien o sobre cuánto armamento posee un país con un gobierno elegido democráticamente no cabe el debate, toda vez que son asuntos que conciernen estrictamente a los directamente involucrados, por ser éstos los únicos con atribuciones legítimas para decidir o actuar al respecto. Si hubiere perjuicio para la ciudadanía o un grupo específico de por medio, podría entenderse. Pero la experiencia, hasta ahora, nos ha enseñado que ése no es el caso en la mayoría de las veces en las que se ventila ese tipo de información al público. Mucho cuidado, porque entre la ‘magalización’ de la que tantos se quejan y el pensamiento Julian Assange no hay tanta diferencia como podría pensarse.
Éste no es un llamado a la revolución ni, mucho menos, la convocatoria a un movimiento social. Es, sí, una invitación individual, una sugerencia que lanzo a todo aquel que ha llegado hasta este párrafo y reconoce en los ejemplos que doy una situación recurrente cada vez que abre un periódico, prende la ‘tele’, revisa su TL en Twitter o abre un enlace que algún amigo colgó en Facebook.
Me alegro por los que tienen una chamba (la que fuere) en la que están contentos, les pagan bien y comparten la postura política o ideológica de esa chamba (también por las razones que fuere) a la hora de emitir una opinión. También me da mucho gusto por quienes quieren dar una mano a sus amigos a la hora de difundir o publicar contenido. Me parecen prácticas legítimas y que no tienen por qué ser perversas por definición.
Ahora, si aquel trabajador o amigo leal no tiene la delicadeza y la mínima cortesía de advertir explícitamente a sus lectores o seguidores sobre ese vínculo, creo que es justo reclamárselo y pitear por ello si es necesario. El “liderazgo de opinión”, de un individuo o una empresa, le debe algunas cosas mínimas a su público. No puede haber discusión, ni mucho menos consenso, si no tenemos la película clara desde el comienzo.
Entiendo, como alguien que tiene algún tiempo trabajando en medios de comunicación (y que se ha visto en esa posición), que muchas veces el espacio en un texto es tirano, que los jefes a veces son caprichosos y que, en última instancia, esta mala costumbre no siempre es reflejo de deshonestidad, sino, paradójicamente, de falta de reflexión. Pero siento que ya tuve suficiente de eso. Hasta aquí nomás en lo que a mí concierne.
Desinformar no solamente es crear cortinas de humo o difamar; es también manipular la opinión de otros con el silencio selectivo. Y nadie con un mínimo de escrúpulos y convicciones democráticas quiere ser parte de eso.
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(1) Comenzando por casa con el disclosure. Este texto fue originalmente publicado y compartido por el autor en su cuenta de Facebook el 14 de junio de este año. Es reproducido aquí por invitación de ideele.

Martín & Martín

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Pinocho en palacio

Por Martha Meier M.Q.– Diario EXPRESO.
La normalización de la mentira perpetrada por Vizcarra como eje central de su gobierno y de su discurso, carcome la política, pulveriza la confianza y esperanza de una población atribulada por la pandemia, la muerte de sus seres queridos, el desempleo y el empobrecimiento galopante. Este hombre ha destrozado su propia credibilidad ante la gente, el resto de autoridades, de sus pares internacionales y, con ello, la integridad de nuestro país en el ámbito global. Su manipulación del lenguaje daña y degrada la política, nos hunde en el purgatorio de la ambigüedad con términos vagos y sin compromiso, hasta haber logrado que el debate y el diálogo sean casi imposibles.
Presionado por informes internacionales se ha visto obligado a “sincerar” la cifra de los fallecidos por Covid-19, que a saber son al menos tres veces más que los registrados oficialmente. El ocultamiento de cadáveres es reflejo de su soberbia e incapacidad para aceptar su fracasada gestión de la pandemia por la politización de un asunto exclusivamente científico: al virus chino no lo controlan las frases de un presidentito del quinto mundo ni sus afanes de control social con una cuarentena brutal que ha pauperizado al Perú. En dos tuits del doctor Ernesto Bustamante se lee: “Ojalá que @pcmperu no instaure nueva cuarentena general. El rastreo de contactos vía pruebas rápidas que se encargó a @WalterMartosR nunca funcionó. El camino es cuarentena para los contactos de los infectados luego de detectarlos mediante testeo molecular masivo focalizado. Hay que acorralar el virus: aislar al infectado y poner en cuarentena a sus contactos. Para identificar infectados se aplica estrategia focalizada de testeo masivo, que solo funciona con tests moleculares, que detectan temprano. Acorralar el virus es reducir contagios y enfermos”. Ahora bien, para eso se requiere un presupuesto que Vizcarra prefiere regalar populistamente como créditos Reactiva a empresas insalvables. ¿Reactiva qué?
El progre-marxismo vizcarrista es incapaz de escuchar a los expertos y menos aún agradecer a la empresa privada por su invalorable apoyo. Los señores Dionisio Romero Paoletti (Grupo Romero, Banco de Crédito, Alicorp, etc.); Roque Benavides (Minas Buenaventura) y la familia Rodríguez (Grupo Gloria), entre otros, donan víveres, plantas de oxígeno, prestan sus aviones para trasladar al heroico personal de salud contagiado en provincias; pero este servicio a la patria de los “cochinos capitalistas” es obviado por la prosti-prensa, cada vez más prosti y menos prensa, y con las rodillas rojas de tanto hincarse ante el de turno, tan Pinocho y tan inútil.

Pedro Cateriano pidió destitución de Walter Martos, pero tres semanas después Vizcarra lo nombró premier

Cuando Pedro Cateriano fue nombrado presidente del Consejo de Ministros habría pedido la destitución de Walter Martos en la cartera de Defensa, pero el presidente de la república, Martín Vizcarra, decidió ratificarlo, según informó Cuarto Poder.
Tras la negación del voto de confianza por el Congreso de la República, el mandatario decidió nombrar como nuevo premier a Martos.
Como se recuerda, Martín Ruggiero (exministro de Trabajo) y Rafael Belaúnde Llosa (exministro de Energía y Minas) dejaron el renovado gabinete de ministros y en reemplazo de ellos ingresaron Javier Eduardo Palacios Gallegos y Luis Miguel Incháustegui Zevallos, respectivamente.
Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, indicó que el mensaje que dará al Congreso de la República este martes 11 de agosto para solicitar el voto de confianza, estará centrado en cuatro puntos.
Indicó que su discurso priorizará la lucha contra la pandemia del coronavirus, la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la generación del empleo tras la cuarentena.
Fuente: Revista CARETAS.

Este Congreso no me gusta, matatirutirulá….

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Durante su estadía en el poder, Vizcarra usa el pernicioso recurso de tirar barro con ventilador contra el Congreso. Con los medios amigos del régimen, involucrados como el mandatario en la corrupción del caso Lava Jato, fraguó el psicosocial de un Congreso obstruccionista, atacando básicamente al Apra y al fujimorismo.
Inventó la ridiculez: “denegación de la confianza fáctica” y dio un golpe de Estado, ganándose el apoyo inconstitucional –sabrá Dios de qué oscura manera– de un sector de la FF. AA. El expremier, Pedro Cateriano, baloteado recientemente por el nuevo Congreso, fue importante activista en la demolición del orden constitucional.
Al no poder culpar de esto al ausente Apra y al debilitado fujimorismo, Cateriano adujo un chantaje del Parlamento. Declaró que le condicionaron la confianza a la salida del ministro de Educación. Responsabilizó a los 22 integrantes de la bancada de APP de su infortunio por abstenerse. Afirmó también que ‘el dueño’ de APP, César Acuña, le garantizó los votos apepistas. El ‘cunda’ “plata como cancha” le replicó: “yo no le prometí votos”.
Resulta incomprensible que alguien tan recorrido como Cateriano, viceministro con Toledo, ministro y premier con Humala, aliado de Vizcarra, factótum del linchamiento de Alan García y Keiko Fujimori, confiara tanto en una bancada, descuidando su discurso ante el Congreso.
Un político que no lee lo que pasa a su alrededor desafinará siempre y será rechazado. El Perú tiene el mayor contagio de Covid-19 del mundo y más de 50 mil muertos. Los peruanos sufren y tienen dolor. En su breve paso por el poder, el expremier no solucionó el acuciante, permanente y aberrante problema de la falta de oxígeno.
Si desde el primer día Cateriano hubiera amenguado, siquiera en algo, esta carencia mortal, otro habría sido el resultado. Al ministro de Educación lo interpelarán, algo parlamentariamente legítimo. El pliego interpelatorio no lo impulsan sus nuevos enemigos de APP. Las preguntas versan sobre si dos nuevas universidades, una ligada a un banco, tuvieron privilegios en su rápida acreditación.
El ministro en cuestión tendrá que explicarlo, punto. Es potestad del Congreso. En el pliego se debería incluir la corruptela ocurrida con la fallida licitación de las tabletas, por S/800 millones. Quién protegió a una empresa que no tenía respaldo financiero. Son escolares de sectores pobres los desfavorecidos.
La ‘petit histoire’ tiene otra versión. Cateriano quería sacar de su cargo al uniformado que hoy tenemos de premier, Walter Martos, ‘recontrachochera’ de Vizcarra. Acuña es cercano al gobernante, quien tiene una trayectoria de traiciones implacable. Lo dejamos ahí.
Vizcarra ha insistido con los ministros de Educación y de Economía; esta aún no dice nada sobre los contratos de su padre con el Estado. Además, ya aparecieron denuncias contra el premier y el ministro de Defensa. Esos oficios no nos gustan, matatirutirulá.

Caminar sobre agua

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Evangelio según San Mateo 14,22-33.
Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud.
Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo.
La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra.
A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar.
Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. “Es un fantasma”, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar.
Pero Jesús les dijo: “Tranquilícense, soy yo; no teman”.
Entonces Pedro le respondió: “Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua”.
“Ven”, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él.
Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: “Señor, sálvame”.
En seguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”.
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: “Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios”.

Homilía del Padre Paul Voisin CR, Superior General de la Congregación de la Resurrección:

El 1954 de mayo de 1954, una joven estrella de pista inglesa, Roger Bannister, rompió el récord mundial de correr la milla de cuatro minutos en tres minutos y cincuenta y nueve segundos. Diecinueve días después, un joven australiano, John Landy, hizo lo mismo. Unos meses después estos dos estaban juntos en una carrera en Canadá, y el mundo esperó a ver los resultados de esta carrera de los dos hombres más rápidos del mundo. Landy estuvo liderando a lo largo de la carrera, sin embargo, en la final inmediatamente miró sobre su hombro para ver cómo estaba Bannister. Ese fue el momento en que Bannister solía disparar a Landy y ganar la carrera.*
Pensé en esta historia cuando leí el evangelio de hoy (Mateo 14:22-33), porque parece que el momento en que Pedro quitó sus ojos de Jesús comenzó a hundirse, al igual que John Landy, cuando quitó sus ojos de la línea de meta Rompió su concentración y perdió la carrera.
El evangelio representa una ocurrencia extra ordinaria, sobrenatural. Jesús, para reunirse con los discípulos, que estaban pescando, vino caminando hacia ellos sobre el agua. Naturalmente, les asustó, y probablemente por un momento su preocupación por los vientos y las olas se convirtieron en secundarias. Pedro, para siempre el discípulo impetuoso, respondió a la presencia y a las palabras de Jesús poniendo en la mente de Jesús que podía caminar sobre el agua a Jesús. Así como Jesús podía caminar sobre el agua, parece que Pedro pensó que por el mismo poder él también podría hacerlo. Se tomó en serio las palabras de Jesús: “Toma coraje… no tengas miedo”. Y así, salió del barco y caminó hacia el Señor. ¡Realmente lo hizo! De repente, sintió la fuerza del viento sobre él, se asustó y se hundió. Al igual que John Landy sacó sus ojos de la línea de meta y se concentró más en su competencia, Peter comenzó a pensar: “¡Esto no puede estar pasando. No puedo caminar sobre el agua!”. La duda entró en Pedro y no pudo hacer lo que Dios lo llamó a hacer.
En nuestra condición humana a veces nos puede pasar lo mismo. Dios nos llama, o nos bendice, o experimentamos de una manera dramática su amor o su perdón: y nuestra respuesta inicial es felicidad, paz y alegría. Pero desafortunadamente, a veces, podemos entonces como Pedro, preguntarnos si nuestros pensamientos y experiencia son reales o una ilusión. Nuestra duda hace que caigamos y volvamos a caer en sentimientos negativos o indignos, miedo o fracaso. Entonces gritamos, como Pedro: “¡Señor, sálvame!” y el mismo Jesús nos dice: “Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” De una manera, lo tuvimos todo, y luego en un momento de debilidad lo arruinamos todo por nuestras propias dudas. Empezamos a ver sólo con nuestros ojos humanos, y pensamos con nuestro razonamiento humano y criterios, en lugar de ver con los ojos de Dios, y a descubrir y aceptar el razonamiento de Dios y los criterios de Dios. Nuestra falta de voluntad, de abrazar los caminos de Dios puede evitar que experimentemos su presencia, y de hacer su voluntad. Él nos dice “Toma coraje… no tengas miedo”. Si estamos respondiendo a su gracia, él no permitirá que nos hundamos.
La primera lectura del primer libro de reyes (19:9 a, 11-13 a) también habla del tema de los caminos de Dios en comparación con nuestros caminos. Elijah el Profeta tenía ciertas expectativas de Dios, y había descubierto cómo Dios debería revelarse. Buscaba a Dios en los fuertes vientos, en el terremoto y en el fuego: ¡algo sensacional!. Pero Dios no se reveló en los vientos, el terremoto y el fuego. Más bien, se reveló en un pequeño sonido susurrando. Afortunadamente, Elijah reconoció que el Señor estuvo presente en el sonido susurrando y reverenció a Dios. De lo contrario, Dios habría estado presente, pero no reconocido por Elijah, y la ocasión de gracia para Elijah se habría perdido. Este encuentro con Dios se habría perdido, y las gracias que fluyeron de él -para otros- se habrían perdido.
Dicen que la retrospectiva es siempre 20/20. A veces sólo después reconocemos y entendemos por qué pasó las cosas, o cómo respondimos (o no respondimos), y las consecuencias de eso. Solo en retrospectiva parece que las piezas del rompecabezas se unen y lo entendemos. Una vez más -tendemos a pensar y sentirnos conforme a nuestros criterios humanos- a nuestra manera, y por lo tanto sólo responder de manera humana. En nuestra relación con Dios, sin embargo, nos desafían a pensar y sentirnos conforme a los criterios de Dios: el camino de Dios, y así responder de una manera sobrenatural. Tal vez mientras miramos hacia atrás podamos decir realmente “¡Gracias a Dios!” y ver cómo Dios nos sorprendió, como lo hizo Elijah. O, tal vez miramos hacia atrás y reconocemos oportunidades perdidas para nosotros mismos y para los demás porque nos quitamos los ojos del Señor, y permitimos que el miedo y la duda nos superen. Este sentimiento cortó la gracia de Dios para nosotros en ese momento, y limitamos el poder de Dios.
El poder de Dios no conoce límites, pero podemos limitar el poder de Dios.
Reflexionemos este fin de semana sobre este llamado de Jesús “Toma coraje… no tengas miedo” y demos gracias a Dios por los tiempos en que respondimos con fe y confianza y nos permitimos ser instrumentos de Dios, y pedir perdón por los tiempos No lo reconocemos a él y a su manera y nos convertimos en obstáculos de la gracia y el poder de Dios.
* Esta historia introductoria está tomada de Illustrated Sunday Homilies, Año A, Serie II, por Mark Link SJ. Tabor Publishing, Allen Texas. Página 89.

Santa Edith Stein- Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir

Edith Stein nació en Breslau, Alemania, (hoy Broklaw, Polonia) el 12 de octubre de 1891. Fue la última de 11 hermanos de una familia judía devota. Ella murió en una cámara de gas de Auschwitz el 9 de agosto de 1942.
Fue una estudiante brillante, quien en un comienzo se incorporó a la Universidad de Breslau en 1911 y luego se trasladó a la Universidad de Göttingen para continuar sus estudios bajo la tutela del famoso fundador de la fenomenología Edmund Husserl. El filósofo escogió a Edith Stein para ser su asistente de cátedra en la Universidad de Freiburg y declaró que ella era la mejor estudiante de doctorado que nunca había tenido, incluso fue más capaz que Heidegger quien también fue su pupilo al mismo tiempo que Edith. En 1916, culminó su tesis y obtuvo el Doctorado en Filosofía con el grado de summa cum laude.
Luego de que muchos de sus amigos fueran enrolados para servir en la Primera Guerra Mundial, Edith se enroló de voluntaria junto con otras estudiantes mujeres para trabajar en hospitales militares. Así, obtuvo trabajo en hospitales de enfermedades infecciosas y cuidó caritativamente del ejército austríaco, donde campeaba la tifoidea, la disentería y el cólera. Al término de su período como voluntaria en el hospital militar obtuvo la medalla de valor en reconocimiento a su servicio generoso.
Tras retornar de la experiencia de la guerra, retomó su vida de estudiante, pero las dudas profundas, el insaciable hambre de verdad volcado a la filosofía y el testimonio de muchos cristianos comenzaron a socavar en ella su hasta entonces radical ateísmo. Los diálogos con el filósofo Max Scheller -que paradójicamente se había apartado de la Iglesia-, pero sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, terminaron completando la obra que Dios había iniciado en ella: su conversión al catolicismo. El 1 de enero de 1922 recibió el bautismo.
Por este tiempo, Edith dejó su carrera como estudiante y aceptó el puesto de profesora de Alemán en el Colegio de las Hermanas Dominicas en Speyer. Allí, trabajó por 8 años como profesora y dividía su día entre el trabajo y la oración. Era conocida por ser una benévola y servicial profesora que trabajaba duro por trasmitir su material de manera clara y sistemática y su preocupación iba más allá de trasmitir conocimientos, incluía la formación a toda la persona, pues estaba convencida que la educación era un trabajo apostólico.
A lo largo de este período, Edith continuó sus escritos y traducciones de filosofía y asumió el compromiso de dar conferencias, que la llevó a Heidelberg, Zurich, Salzburg y otras ciudades. En el transcurso de sus conferencias, frecuentemente abordaba el papel y significado de la mujer en la vida contemporánea, hablando de temas como: “Ethos de las mujeres que trabajan”, “Diferentes vocaciones de hombres y mujeres de acuerdo con Dios y la naturaleza” , “La Espiritualidad de la mujer cristiana”, “Los principios fundamentales de la Educación de la mujer”, “Problemas en la Educación de la Mujer”, “La Iglesia, la mujer y la juventud” ” y “El significado intrínseco del valor de la mujer en la vida nacional”. Una lectura de sus textos revela claramente su oposición radical al feminismo y su fuerte compromiso al reconocimiento y desarrollo de la mujer, así como al valor de la madurez de la vida cristiana en la mujer como una respuesta para el mundo.
En 1931, Edith deja la escuela del convento para dedicarse a tiempo completo a la escritura y publicación de sus trabajos. En 1932, aceptó la cátedra en la Universidad de Münster, pero un año después le dijeron que debería dejar su puesto por su antecedente judío. Una caritativa universidad de administración le sugirió que trabajase en sus proyectos hasta que la situación de Alemania mejore, pero ella se negó. También recibió otra oferta de América del Sur, pero después de pensar bien la situación, Edith se convenció que había llegado el tiempo de entrar al convento. El 14 de octubre de 1933, a la edad de 42 años, Edith Stein ingresa al convento carmelita en Cologne tomando el nombre de Teresa Benedicta y reflejando su especial devoción a la pasión de Cristo y su gratitud a Teresa de Avila por su amparo espiritual.
En el convento, Edith continuó sus estudios y escritos completando los textos de su libro “La Finitud y el Ser”, su obra cumbre.
En 1938 la situación en Alemania empeoró, y el ataque de las temidas S.S. el 8 de noviembre a las sinagogas (la Kristallnacht o “Noche de los Cristales”) despejó toda duda acerca del estado verdadero de los ciudadanos judíos. El convento de los priores preparó el traslado de Edith al convento de Dutch en Echt y en Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1938, Edith Stein fue llevada a Holanda. Allá en el convento de Echt, Edith compuso 3 hermosos actos de oblación, ofreciéndolos por el pueblo judío, por el evitamiento de la guerra y por la santificación de la Familia Carmelita. Después, reorganizó su vida enseñando Latín a las postulantes y escribiendo un libro acerca de San Juan de la Cruz.
Como la incineración y los cuartos de gas aumentaron en el Este, Edith, como miles de judíos en Holanda, empezó a recibir citaciones de la S.S. en Maastricht y del Consejero para los Judíos en Amsterdam.
Edith pidió una visa a Suiza junto con su hermana Rosa, con quien había vivido en Echt, para ser transferidas al Convento de Carmelitas de Le Paquier. La comunidad de Le Paquier informó a la Comunidad de Echt que podía aceptar a Edith pero no a Rosa.
Para Edith fue inaceptable y por eso se rehusó ir a Suiza y prefirió quedarse con su hermana Rosa en Echt. Decidida a terminar “La Ciencia de la Cruz”, Edith usó todo momento para investigar, incluso hasta quedar exhausta.
En la Comunidad Holandesa de Echt, la protección de Edith Stein en contra de la persecución de los judíos fue temporal. Mientras la policía nazi que exterminaba a los judíos era rápidamente implementada cuando Holanda fue ocupada, los judíos que profesaban la fe católica fueron inicialmente dejados en paz. Sin embargo, cuando el Obispo de Netherlands redactó una carta pastoral en donde protestaban severamente en contra de la deportación de los judíos, las reglas nazis reaccionaron ordenando la exterminación de los bautizados judíos.
Por esa razón, el domingo 2 de agosto a las 5 p.m., después de que Edith Stein había pasado su día como siempre, rezando y trabajando en su interminable manuscrito de su libro sobre San Juan de la Cruz, los oficiales de la S.S. fueron al convento y se la llevaron junto con Rosa. Asustada por la multitud y por no poder hacer nada ante la situación, Rosa se empezó a desorientar. Un testigo relató que Edith tomó de la mano a Rosa y le dijo tranquilamente: “Ven Rosa, vamos a ir por nuestra gente”. Juntas caminaron hacia la esquina y entraron en el camión de la policía que las esperaba.
Hay muchos testigos que cuentan del comportamiento de Edith durante esos días de prisión en Amersfoort y Westerbork, el campamento central de detención en el norte de Holanda; cuentan de su silencio, su calma, su compostura, su autocontrol, su consuelo para otras mujeres, su cuidado para con los más pequeños, lavándolos y cepillando sus cabellos y cuidando de que estén alimentados.
En medio de la noche, antes del amanecer del 7 de agosto de 1942, los prisioneros de Westerbork, incluyendo a Edith Stein, fueron llevados a los trenes y deportados a Auschwitz. En 1950, la Gazette Holandesa publicó la lista oficial con los nombres de los judíos que fueron deportados de Holanda el 7 de agosto de 1942. No hubo sobrevivientes. He aquí lo que decía lacónicamente la lista de los deportados: Número 44070: Edith Theresa Hedwig Stein, Nacida en Breslau el 12 de Octubre de 1891, Muerta el 9 de Agosto de 1942.
Fuente: ACI Prensa.

Casuística

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EL CASO PEDRO SALINAS” DE PERCY GARCÍA CAVERO UN ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO
Por Daniel R. Pastor*
El Caso Pedro Salinas (“el Caso”) es un libro que contiene dos historias, ambas igualmente fascinantes, y una serie de preguntas teóricas de extraordinaria actualidad e importancia. Los hechos que trata la obra sucedieron en la República del Perú y Percy García Cavero, su autor, nos presenta, por un lado, a Monseñor Eguren, un hombre al que el infortunio de haber estado en el lugar y el tiempo equivocados le significaron un costo muy elevado por sus creencias religiosas. Por el otro, el escritor nos acerca su historia personal, la de un abogado que vivió en carne propia los pesares de su cliente, al representarlo en la controversia judicial que es objeto del libro. Bajo las circunstancias, el crimen cometido por este jurista fue el de atreverse a sostener una idea tan franca como impopular: que los derechos deben ejercerse con prohibición de abuso y que los loables objetivos perseguidos por un individuo libre no pueden ser una carta blanca para llevarse por delante la protección jurídica de los demás. El núcleo de este dilema es desde hace tiempo un proverbial dolor de cabeza en las sociedades libres de la democracia moderna: el ejercicio del derecho a informar y ser informado es especialmente importante para dejar al descubierto prácticas sociales disvaliosas, pero que si no están debidamente comprobadas, dañan de un modo injusto, destructivo y casi siempre irreversible, la reputación de la persona involucrada, que es un presupuesto esencial para que los seres humanos puedan desarrollar su vida en sociedad sin el estigma de haber sido indicados, sin razón pero con todos sus efectos, como autores de comportamientos intolerables para la convivencia comunitaria.
Las dos narrativas provocan, incomodan, desafían e invitan a pensar sobre los contornos de la libertad de la expresión, el dañino efecto de los prejuicios, el valor de la dignidad humana y lo imperioso de replantearnos nuestras asunciones más básicas en momentos de tanta euforia punitiva como los que vivimos, como parte de la cual —y como consecuencia de esa visión— la sociedad premia no solo al que castiga penalmente, sino también al que sospecha, al que denuncia, no importa si difamatoriamente.
Esta reseña bibliográfica es, en realidad, únicamente una excusa. Un pretexto que intenta responder a la necesidad de repensar algunos de los entendimientos más básicos de nuestra democracia. El surgimiento de las redes sociales, la proliferación de fake news, el creciente poder de la prensa, sus efectos destructivos para los afectados, el cada vez mayor interés de la ciudadanía en asuntos criminales y la paradojal amenaza para las personas en la que se ha transformado el ejercicio irresponsable de la libertad de expresión en los últimos años, me impulsan a plantear este estudio a partir del sugerente texto del colega García Cavero que conocí por razones profesionales.
Pienso que la fascinante historia de Monseñor Eguren puede servir como ejemplo, tanto de los peligros que enfrentamos, como de las formas en las que un estado de derecho debería responder a ellos. Los personajes e intereses involucrados tienen el potencial para poner en juego nuestro sistema de garantías. No es casual que me procure examinarlo a la luz de un caso que, en apariencia, se debate entre la libertad de prensa y el bien común, por un lado, y la dignidad humana y los derechos individuales, por el otro. Es precisamente en este tipo de casos difíciles en donde nuestras convicciones se ponen a prueba.
Por último, corresponde hacer una aclaración preliminar sobre los hechos. Estos bien podrían haber sucedido como los relata el autor del libro o bien podrían haber ocurrido de otra forma. Lo importante, a los efectos de este ejercicio, es suponerlos como axiomáticos. No es mucho lo que se puede decir sobre eventos de los que tenemos solo el conocimiento que nos brinda el libro, pero es sobre esa plataforma fáctica, que reputamos sólida —no en última instancia por nuestro conocimiento personal de los valores también morales del autor del libro—, que edificaremos nuestras hipótesis acerca de la forma en la cual el orden jurídico de una democracia constitucional debe tratar estos conflictos sociales.
Primera Parte: la historia del caso
El Caso está dividido en seis capítulos y un anexo que contiene cuatro documentos legales. Trataré de mediar entre el libro y el lector para ofrecer una versión tan breve y clara como sea posible de los hechos que dieron lugar al proceso judicial que es objeto del libro, así como del posterior desarrollo de este.
1. SALINAS
El libro comienza con una introducción de quien será el gran protagonista de la trama, en el primer capítulo.
Si hay una noción que describe al Pedro Salinas del libro es cierta ambivalencia: periodista premiado, pero también condenado por difamación, en el desempeño de su profesión; exintegrante de una sociedad de vida apostólica y enfático detractor de la religión; figura relevante en el combate de trágicas prácticas al interior de la Iglesia Católica y amigo cercano de algunos de los involucrados. El gran valor de García Cavero es poder presentar el intrincado mundo de este hombre, con sus sombras, pero sin negar sus luces, incluso a pesar de la disputa que los llevó a enfrentarse en una encrucijada.
Según se nos presenta, entonces, Salinas es un periodista que formó parte de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y que, tras su salida, en el año 1987, dedicó la mayor parte de su vida profesional a denunciar múltiples abusos ocurridos dentro de este tipo de grupos religiosos. Es curioso, sin embargo, que, tras su partida del SVC, mantuvo una amistosa relación con Virgilio Levaggi, a quien luego acusaría de ser un depredador sexual. Además, en el 2001, agradeció en un artículo publicado en el Diario El Correo la formación que recibió en el sodalicio. Incluso, al siguiente año, cuando publicó su primera novela, “Mateo Diez”, decidió narrar la historia de un hombre que pertenecía a un grupo similar, pero señalando que se trataba de una obra puramente ficcional.
Recién a partir del año 2010, comienza su investigación que culminaría con la publicación, en octubre de 2015, de Mitad monjes, mitad soldados, libro que lo posicionó como una figura de autoridad en el combate contra los abusos cometidos por figuras eclesiásticas y que produjo en coautoría con su colega Paola Ugaz.
El capítulo concluye con la presentación de un elemento que podría explicar este repentino cambio de actitud. Según García Cavero, el periodista Salinas estuvo siempre vinculado al grupo Ending Clergy Abuse (ECA) que, como su nombre en inglés lo indica, es un organismo dedicado a la lucha para que los sacerdotes involucrados en causas de abuso sean efectivamente sancionados. En 2017, reunidos en Varsovia, sus integrantes habrían diseñado un plan para que, durante la visita del Papa Francisco a Chile y Perú en 2018, alguna figura del alto clero de la Iglesia Católica sea asociada con abusos sexuales. Esta sería la estrategia para llevar a la Iglesia Católica, como institución, a los tribunales internacionales y, en lo que a Salinas concierne, darle un golpe crítico a la religión en sí misma. Documentado con diversos pasajes de notas y entrevistas, García Cavero trata de demostrar que quien aparentaba ser un enemigo de los abusadores sería, en realidad, un enemigo de la religión.
Para el lector del libro, y me incluyo en esta categoría, es imposible saber cuáles de estos dos extremos son ciertos. Tal vez ambos lo sean; o, quizás, ninguno. Bien podría ser que toda la labor periodística hubiese estado impulsada por una tercera razón, totalmente extraña a nosotros. Sin embargo, es lo contradictorio de estas dos alternativas lo que torna interesante el análisis subsiguiente.
El desafío será, precisamente, atrevernos a pensar en las reglas que mejor procesen esta tensión. Al final de cuentas, es inevitable que en una sociedad libre ambos personajes existan: el heroico comunicador comprometido con la lucha por desenmascarar los abusos más perversos y el infame operador que utiliza su poder para socavar la libertad de credo y mancillar la honra de personas inocentes.
2. LOS HECHOS
El segundo capítulo presenta los puntos centrales de la disputa que luego daría lugar a las acciones judiciales entre Monseñor Eguren y Salinas.
El primer foco de conflicto surgió, en línea con la hipótesis planteada por el autor del libro, a raíz de la llegada a Perú del Papa Francisco y, especialmente, por el hecho de que fuera Monseñor Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, el encargado de recibirlo en una reunión con religiosos en la ciudad de Trujillo. Contra esta decisión, Salinas publicó, el 20 de enero de 2018, una nota titulada “El Juan Barros Peruano”1.
Seguramente para muchos esta referencia no signifique nada. De hecho, recién luego de conocer el caso e informarme acerca de quiénes eran estos personajes, pude entender el agravio implícito en este paralelismo. Juan Barros es un sacerdote chileno que fue duramente criticado por sus conexiones con Fernando Karadima Fariña, un alto eclesiástico condenado canónicamente por abusos sexuales a menores de edad. Barros es, entonces, sinónimo de encubridor.
Pero el artículo dirigido contra Eguren fue más allá de las metáforas y los giros indirectos. En esta nota, así como en una entrevista subsiguiente que dio sobre el tema, el periodista llegó a sostener que:
i. Eguren, por ser de la generación fundacional del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), era consciente de todos los hechos cometidos al interior del grupo y, por tanto, también de los abusos cometidos por Luis Fernando Figari, su máximo referente.
ii. Junto a otros líderes del grupo y Figari habían creado esa “cultura de poder en esta institución, vertical y totalitaria” y que, por eso, “él es corresponsable de las cosas que han ocurrido en el Sodalitium con estos abusos de poder, maltrato físico, maltrato psicológico y que han tenido como corolario, en algunos casos, el abuso sexual”.
iii. Conforme se desprendía de “diversos reportajes de investigación (…) [Eguren es señalado] como presuntamente implicado en casos de tráfico de terrenos en la ciudad de Piura y vinculado a la organización criminal La Gran Cruz”. Estas palabras, originalmente referidas en la nota escrita, luego fueron complementadas con la siguiente declaración: “las dos investigaciones van, matices más, matices menos, apuntan a lo mismo y el hombre clave en esta operación era José Antonio Eguren Anselmi”. Las investigaciones aludidas son las que fueran materia de un programa de la cadena Al Jazeera y el libro “El Origen de la Hidra”, de Charlie Becerra.
Solo en este momento aparece el último integrante de la tríada protagónica, que es también el narrador de la historia. Monseñor Eguren, se pone en contacto con un jurista, Percy García Cavero, para dirimir judicialmente la situación con el periodista Pedro Salinas. Pero queda todavía un último acto antes de pasar a los tribunales.
En marzo de 2018, el mencionado comunicador social recibió una carta del agraviado en la que se le pedía que rectificara sus dichos. Los argumentos, al menos a simple vista, parecían innegablemente sensatos:
i. Los dichos concernientes a su participación en diversos abusos no tenían sustento probatorio. El 3 de mayo de 2016, Salinas había formulado una denuncia por estos hechos, pero para el 31 de mayo del mismo año, el acusador público ya la había rechazado liminarmente por entender que no había elementos suficientes ni siquiera para iniciar una investigación. La disposición, además, fue luego confirmada por la fiscalía superior, tras un pedido de revisión presentado por el mismo periodista. Sobre este punto, deben notarse dos aspectos que serán centrales para el análisis posterior:
A. No existían elementos suficientes para se abra una investigación en sede fiscal, pero si para que un periodista acuse. Es cierto, el archivo pudo haberse debido a hechos meramente formales que no implican que lo denunciado no ocurriese. También es posible que las dos fiscalías estuvieran en connivencia con la iglesia. Pero estos no parecieran ser los argumentos en torno a los cuales surgió la posterior controversia. Antes bien, parece suponerse que los estándares de prueba para una acusación mediática son distintos que los necesarios para una imputación judicial. Más adelante veremos si esto es así y qué relación debería existir entre estos estándares.
B. Los hechos denunciados ni siquiera podían ser subsumidos claramente bajo algún tipo penal. ¿Los abusos atribuidos contra el obispo no constituyen delito? Al parecer, no. La explicación es sencilla, pero lo que encierra el desconcierto tras la afirmación será también objeto de análisis posterior.
Los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura delictual porque lo denunciado no son abusos sexuales ni mucho menos. En esta causa se trató de establecer si Monseñor Eguren había participado en dos situaciones específicas, ambas durante la década de 1980. La primera, el haber acercado una tostada a la boca de un joven en ayunas a modo de escarmiento, lo que habría representado un tormento psicológico. La segunda, haber hecho comer arroz con leche y kétchup a otro joven, quien dijo que los primeros platos fueron de su agrado, pero luego le dieron nauseas.
En realidad, poca importancia tiene ahora si estos hechos ocurrieron o no. En cambio, haber asumido durante más de 50 páginas del libro que el término abusos refería a incidentes sexuales, es suficiente para debatir sesgos y heurísticos, la distinción entre decir y sugerir y, finalmente, el potencial poder devastador de la prensa. Cuestiones abordadas en la segunda parte de este trabajo.
ii. Por el otro lado, sostuvieron que no podía servir de base para imputar el encubrimiento de un delito el solo hecho de haber pertenecido a una organización, de la que, por lo demás, tanto acusador como acusado habían formado parte en tiempos no muy distantes. Tal vez que una persona frecuente desde una posición prominente un ambiente por muchos años haga más probable que conozca algunos secretos internos y hasta detalles sórdidos de su funcionamiento. Pero la verdadera pregunta es si esta es una inferencia posible para un profesional de la comunicación. Si la respuesta es afirmativa, entonces también debemos preguntarnos si existe alguna presunción de inocencia extrajudicial o, a la inversa, si es razonable que exista una presunción de culpabilidad por la mera pertenecía a un espacio (guilt by association). En cualquier caso, resulta llamativo que uno de los fundadores y máximas autoridades del Sodalicio, Luis Cappelletti, formara parte del círculo íntimo de Salinas y no fuera nunca denunciado por este, con base en los mismos argumentos.
iii. Sobre la relación con la organización La Gran Cruz, vinculada a la usurpación de tierras, hubo objeciones similares. La prueba era débil —el informe de Al Jazeera se apoyaba en un único testigo, cuya credibilidad estaba seriamente cuestionada— y el libro “El Origen de la Hidra” no mencionaba ni una vez al arzobispo agraviado. Por otro lado, jamás había existido una causa judicial que imputara a Eguren por estos hechos.
Aunque parece obvio que no tiene por qué haber identidad estricta entre lo judicial y lo periodístico, subsiste también en este punto la pregunta sobre cuán disímiles pueden ser los deberes de uno y otro poder. En otras palabras, ¿cuánta ligereza pueda permitírsele al periodismo en sus afirmaciones, dichas en modo asertivo y sin pruebas, so pretexto de defender el interés público? Especialmente si se considera el daño que esas afirmaciones ocasionan ¿Modifica el análisis de esta pregunta el hecho de que la justicia haya desestimado una denuncia dependiente de instancia privada o no iniciado una causa de acción pública? Y, por último, ¿tiene esto algo que ver con la creciente transformación del periodismo en una forma de entrenamiento mediático? Estas son algunas de las preguntas que también serán abordadas en la segunda parte.
La respuesta de Salinas fue la contraria a la pretendida. No solo no se retractó de sus dichos, sino que radicalizó su discurso. Hizo pública la carta que le enviaron, ratificó lo que había sostenido públicamente, denunció que trataban de amedrentarlo, desafió a Eguren a verse las caras en los tribunales y, finalmente, arremetió con una serie de ataques personales por diversas redes sociales2.
Este ida y vuelta poco dice sobre la materialidad de los hechos, pero sí aporta mucho a la posterior discusión sobre el aspecto subjetivo requerido por el tipo penal. En principio, la posición dominante protege los dichos de la prensa contra personas públicas y exige probar un especial elemento subjetivo: la real malicia. Independientemente de si este estándar es correcto, lo cierto es que a medida que la disputa escalaba, era cada vez más difícil pensar en un mero actuar poco diligente.
3. EL CASO
Eguren, representado por García Cavero, querella3 a Salinas por el delito de difamación agravado.
Esta figura del derecho penal peruano prevé una sanción privativa de libertad “no menor de uno ni mayor de dos años” para quien, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuya falsamente a otro un delito. Y castiga el hecho, además, “con noventa a ciento veinte días-multa”. El código también prevé una agravante, aplicable a estos hechos, cuando el delito se cometiere por medio de un libro, de la prensa o de otro medio de comunicación social, indicando que en tal caso “la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa”.
Algunas páginas sobre la inmediata reacción mediática del querellado (cap. III) preceden a los últimos tres capítulos del libro que, a los fines de este análisis, conforman una unidad: el juicio (cap. IV), la condenación (cap. V) y el desistimiento (cap. VI).
El juicio presentó todas las dificultades que habrían de suponerse en un caso como este, que son, al mismo tiempo, todas las que no deberían interferir con el normal desarrollo de una contienda ideal. El proceso giraba en torno a la determinación de si el imputado había ejercido apropiadamente su libertad de expresión o si, por el contrario, había desempeñado su oficio de forma abusiva y lesiva a la dignidad de un tercero. Paradójicamente, lo que fue una pregunta respecto a las partes, no lo fue luego respecto al sistema judicial.
La mayor dificultad que debió sortear la jueza competente para el caso, que desde lo probatorio no presentaba grandes complicaciones, fue el controversial papel de los medios a lo largo del proceso. Los ejemplos de los siguientes párrafos sirven para ilustrar el tono de esta cobertura.
El proceso se inició, tal como dicta el artículo 1°, inc. 2, del Código Procesal Penal de Perú, con la querella particular como única parte acusadora en el ejercicio de una acción penal privada. Los medios de comunicación, sin embargo, alertaban sobre las graves irregularidades en un proceso en el que “ni siquiera se había permitido la presencia de un fiscal”. Este es, sin dudas, un caso de negligencia sorprendentemente grave en la comunicación, que solo se explica por una malintencionada campaña para defender unos intereses particulares o por una ignorancia deliberada respecto al derecho aplicable. Por lo demás, es inentendiblemente absurda, por no ser realista, la convicción de que un imputado estaría mejor con dos acusadores que con uno solo.
Estas diferencias entre el mundo del derecho y el mundo de la comunicación continuaron incluso luego de recaída la sentencia4. El ejemplo más paradigmático de ello fue el amicus curiae5 elaborado por la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, que tomó notoriedad en los medios en defensa de la labor periodística, pero que mal pudo ser un documento elaborado por un amigo del tribunal cuando se presentó con el proceso ya terminado. Tal vez se trató simplemente de un problema con el latín y lo que en realidad intentaron elaborar fue una evaluación más indulgente de los mismos hechos. Es decir, lo que se esperaría que dijera un tribunal amigo o curia amicissimum.
Como ya se dijo, en lo estrictamente procesal, el caso no era particularmente complejo. Los dichos de Salinas se encontraban todos registrados en grabaciones o documentos de acceso público y que habían sido acompañados en la querella. Su autoría no fue negada o cuestionada por el querellado. El juicio, en rigor de verdad, no era la instancia para probar si lo que se había dicho, en efecto, había ocurrido. Por el contrario, la conducta que se estaba analizando ahora era la del periodista y lo que se debía determinar era si existían elementos fácticos que le permitieran a un profesional de la comunicación afirmar públicamente que alguien había cometido hechos tan terribles, en contra de la posición adoptada por los fiscales de su país y tras una carta de rectificación en la que se le explicaba que sus creencias eran incorrectas.
La condena contra el periodista fue, de cualquier modo, una gran sorpresa. No era discutible que las aseveraciones habían existido, ni que Salinas había actuado cumpliendo los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal al momento de manifestarse, ni que eran insuficientes las comprobaciones en las que se basó para atribuir, hechos que afectaban su honor, a otras personas. Sin embargo, el caso había sido inteligentemente planteado por la defensa como una amenaza contra la libertad de prensa y, consiguientemente, contra la democracia.
Lo que la jueza debía resolver, entonces, era si existía algún ámbito de privacidad frente a quien dice promover los más nobles objetivos, como lo es, sin dudas, el combate de los abusos en el seno de la iglesia católica. Poco importaba si Eguren había o no participado de los hechos, si Salinas tenía o no este interés o si la libertad había sido ejercida de forma razonable. Conforme a una cosmovisión enamorada de las dicotomías totales, de la iglesia se es partidario u opositor; de la libertad de expresión se está a favor o en contra; para los buenos, todo, y para el enemigo, ni justicia. Lo sorpresivo fue que alguien dijera, en este contexto, que sí había libertades y que también había límites.
La resolución final dispuso: a) condenar al acusado como autor penalmente responsable del delito de difamación e imponerle un año de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por idéntico período de prueba; b) imponer el pago de una multa, a favor del Estado, equivalente al 25% del ingreso diario del imputado, por el término de ciento veinte días; y c) establecer, en concepto de reparación civil, el monto de S/80,000.00 soles a favor del agraviado.
Los riesgos que se avizoraban en el horizonte se materializaron de inmediato tras la sentencia. La condena contra Salinas vino acompañada de un escandaloso contrataque por parte de la prensa, una suerte de apelación por los medios. Quizás profundamente convencidos de que la libertad de expresión no debía ser nunca responsabilizada, o tal vez por simpatía personal o corporativa con el condenado, o quizás por una lectura diferente de los mismos hechos. Por la razón que fuera, la decisión fue presentada como una tragedia para el estado de derecho y defenestrada en consecuencia. Tan graves fueron las repercusiones que, preocupados por cómo podía afectar esto a su imagen, la propia Iglesia Católica se vio afectada por estos ataques y se solidarizó con el periodista.
Eguren, quien, según el relato, querelló con el único fin de limpiar su nombre, se transforma ahora en objeto de críticas, incluso más feroces que las que sufrió antes del proceso, y de inesperados reproches por parte de sus pares eclesiásticos. La pretensión ya no tiene ningún sentido, poco importa si lo que dicen que hizo es cierto o no. El presunto hecho de la tostada lo marcará como abusador, su pertenencia a un grupo lo hará un encubridor y, encima, su deseo de que se determine judicialmente que fue calumniado lo hará enemigo de la democracia.
La pírrica victoria se consuma a los pocos días cuando el arzobispo instruye a su abogado para que desista de la querella. Ya había sido demostrado que lo que se decía de él no estaba respaldado con pruebas serias, suficiente, de modo que para descomprimir las indebidas y exageradas reacciones renunció a la reparación civil y logró que, por medio del desistimiento de la acción penal, se dejara sin efecto la pena en suspenso que se le había impuesto al acusado. Pero el efecto, de todos modos, fue el contrario. Inmediatamente después, Salinas se ocupó de dejar en claro la nueva posición que habría de adoptar la opinión pública: la sentencia debía tenerse por no dictada y eso significaba que sus especulaciones eran ciertas.
La sentencia, mal que le pese al condenado, existió, de modo que sus afirmaciones fueron consideradas difamatorias, por la autoridad judicial competente, después de un juicio completo llevado a cabo en legal forma. Sin embargo, el arzobispo, así, solo pudo limpiar parcialmente su nombre, pues los ataques a su honra, tras el proceso, fueron peores que los anteriores. Además, quedó en evidencia la perversión de un sistema en el que una condena supone un ataque a la libertad de expresión y un desistimiento, la confirmación de que los periodistas no se equivocan. Finalmente, el propio Poder Judicial terminó deslegitimado en vano. El Estado y las partes realizaron una enorme inversión en tiempo, recursos y esfuerzos. El terror por la opinión pública dejó todo sin efecto y el conflicto final acabó por ser más grande que al comienzo.
Al terminar esta primera parte, queda claro que el libro va más allá de dos historias con cuya presentación comenzó este análisis de la obra. No se trata solo de la controversia entre Eguren y Salinas, por un lado, y de los avatares de García Cavero, por el otro. El caso muestra también lo difícil que resulta actualmente para toda sociedad democrática dar respuesta a los nuevos conflictos, muestra, al respecto, una tensión irresoluble entre libertades individuales y derechos colectivos, muestra las dificultades para la correcta resolución legal de las controversias, pues la opinión pública, dirigida por expertos del entretenimiento masivo ha modificado los métodos para decidir qué es verdadero, inaugurando una era en la cual la verdad la decidimos entre todos, de modo que esta se ajuste a nuestras creencias, independientemente de las pruebas de los hechos.
Esta es la plataforma fáctica de “El Caso Pedro Salinas”. Un relato que, con personajes, lugares y tiempos distintos, se repite a lo largo de la historia. Pero uno que brinda ocasión para plantear algunos interrogantes que contribuyan a encontrar un equilibrio entre los intereses en pugna y también a proponer quién debe tener la preferencia en los casos en los cuales es inalcanzable el equilibrio.
EL CASO DE LA HISTORIA
I
En cualquier sociedad liberal que uno mire podrá encontrar un consenso casi unánime respecto al valor fundamental que se le otorga a la libertad de expresión6. Los argumentos ofrecidos en apoyo de esta posición pueden variar insustancialmente, según la región, el jurista o el tiempo del que provengan, pero casi siempre se reconocerá, al menos, dos valores centrales en este derecho: el expresivo y el democrático.
La faz expresiva del derecho se vincula con la necesidad que los seres humanos tienen de manifestarse y proyectarse en el mundo que los rodea. Por eso se protegen manifestaciones como música7, películas8, enciclopedias sobre hongos9 y hasta parches usados en la vestimenta10. Todo esto, en principio, poco tiene que ver con el valor que expresarse tiene para la formación del debate político y de la opinión pública. Cuando nos encontramos en esta dimensión, es claro que estamos ante un derecho individual, por lo que se lo debe ponderar con idéntico peso relativo frente a otros derechos personales, como la dignidad, la propiedad o la vida.
En su faz comunicativa, en cambio, el foco no se pone ya en lo puramente individual, sino que lo que se valora es la importancia que tiene la protección de los mensajes que contribuyen a la deliberación democrática y al fortalecimiento de un sistema liberal de gobierno. Esta es la dimensión que más interés ha suscitado en la literatura especializada y, además, la que se ha invocado como supuestamente en peligro por Salinas11y sus colegas12.
En efecto, la reacción mediática tras la sentencia dictada por la jueza de Piura no se relacionaba con un temor a que los periodistas del Perú hubieran perdido su capacidad de opinar libremente cuanto quisieran o se temiera una reducción de su margen de valoración. De hecho, casi no existe discusión en el mundo en cuanto a que las frases puramente valorativas no son susceptibles de ser falseadas y, por lo tanto, no podrían constituir delito13. La excepción a esta regla, claro, la representan los dichos cuya finalidad es meramente agraviante14.
Antes bien, el miedo que Salinas y sus colegas de la prensa trataron de infundir al público se fundaba en el riesgo de que, en lo sucesivo, no hubiera más libertad para comunicar información esencial para la vida en comunidad. El descontento de estos informadores al descubrir que no era posible agraviar gratuitamente a otra persona se justificaba, según ellos, en que esta prohibición le haría perder a la sociedad la posibilidad de enterarse de hechos tan graves como los abusos clericales u otros actos de igual relevancia que la prensa pudiera denunciar. Es decir, si se ponían límites, habría un importante desincentivo a reportar y bajaría drásticamente la cantidad de información disponible.
Pero, lo cierto es que tanto este derecho, por fundamental que sea, como casi todos los otros, reconoce límites y debe ser ejercido de forma razonable. La dignidad de las personas, el honor, la intimidad y la privacidad son algunos de los intereses con los que la libertad para expresarse puede colisionar y es en función de estos que se ha tratado de establecer algunas regulaciones, totalmente aceptables, para asegurar la convivencia pacífica.
Las directrices y normas que regulan la coexistencia entre todos estos intereses han dado desde siempre lugar a controversias, aunque, especialmente en el último tiempo, han entrado en crisis y, por ello, el argumento central de esta sección es que deben ser revisadas.
II
Todos los países del mundo ofrecen algún tipo de protección frente a expresiones lesivas al honor y prevén en sus ordenamientos sanciones de tipo penal, civil o una combinación de ambas para quienes las profieran. En el delicado balance entre la libertad de expresión y la dignidad humana, los países occidentales recorrieron un sinuoso camino que lentamente fue decidiéndose, predominante pero no absolutamente, en favor de aquella.
Estados Unidos ha marcado desde siempre el camino a seguir en materia de libertad de prensa y los estándares judiciales allí propuestos fueron de enorme influencia para la mayor parte de las naciones del mundo. Es llamativo, sin embargo, que lo que originalmente fue materia de gran polémica terminó asumido como evidente en otros territorios y, hasta hace relativamente pocos años, adoptado casi sin cuestionamientos. Para entender mejor el contexto, expondré brevemente la evolución que ha tenido el tema en ese país y, principalmente, replicaré algunas de las críticas formuladas, que hoy tienen más vigencia incluso que entonces.
La primera enmienda a la Constitución norteamericana, en la que se encuentra incluida la cláusula que consagra el freedom of speech, fue pensada como una forma de defensa de los ciudadanos frente al gobierno. No solo se pretendía cuidar a las personas de intromisiones indebidas en ámbitos de absoluta reserva, sino que se pensaba que, sin esta garantía, sería imposible tener un pueblo que se autogobernara15. La noción general consistía en que la única forma de que las personas pudieran elegir a sus representantes y decidir las políticas que se debían adoptar, era si existía un mercado en el que las ideas y opiniones circularan libremente16.
No sorprende, entonces, que a la difamación y a la injuria se las tuviera como no protegidas por esta cláusula17. Es decir, hasta la década del sesenta, había un consenso bastante importante en cuanto a que no contribuía de ninguna forma a la democracia la protección contra agresiones verbales o las imputaciones de hechos falsos. Sin embargo, en el año 1964, la Corte Suprema de Estados Unidos, por unanimidad, tomó un camino que comenzó a cambiar el curso de la historia.
En el célebre precedente “New York Times Company v. Sullivan”18 se discutía la constitucionalidad de una ley con la cual se había determinado resarcir económicamente al Comisionado de Seguridad Pública de Nueva York, L. B. Sullivan, por una publicación con contenido falso vinculada al desempeño de miembros de la oficina que estaba a su cargo. En una decisión escrita por el juez William J. Brennan Jr. se estableció por primera vez la doctrina de la real malicia19. Según esta, no bastaba con demostrar la mera negligencia de un periodista cuando se trataba de una frase referida a un oficial público. Para lograr una reparación civil era necesario probar que había existido, cuanto menos, un desinterés temerario por los hechos.
Según se explicaba, había un valor supremo en que las personas discutieran el carácter y las cualificaciones de sus candidatos para poder votarlos. Tan importante era permitir este tipo de discusión, que debían tolerarse ciertos inconvenientes para las personas y hasta permitirse que, ocasionalmente, se dañara la reputación de algunos. El beneficio era demasiado grande y la lesión individual tan menor que se estableció un auténtico privilegio para hablar de estos temas. Pero en ningún momento se negó la existencia de un dilema o se sostuvo que la cuestión fuera sencilla.
A esta altura debe explicarse algo que suele ser usualmente pasado por alto por quienes sostienen que la protección más elevada de la libertad de expresión llevará, necesariamente, a una democracia mejor. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, la protección a la intimidad, dignidad y honor son meros intereses legítimos, reconocidos por leyes locales, que están comprometidos en casos de difamación. Esa tendencia se explica por una forma muy particular de constitucionalismo, según la cual los derechos constitucionales se poseen únicamente frente a las entidades gubernamentales. Ante un caso de difamación, entonces, el conflicto no debe ser percibido como uno de tipo constitucional, sino como uno entre un interés gubernamental y un derecho fundamental20. Esta percepción no supone que el derecho constitucional individual deba siempre prevalecer, pero explica, en parte, la inclinación más favorable hacia uno de los dos polos de la tensión.
Exactamente diez años después, una cuestión similar llegó otra vez al máximo tribunal de ese país. Esta vez, a diferencia de la anterior, no eran funcionarios públicos los involucrados, sino que se trataba de personas que eran públicamente conocidas21. En una votación dividida, una mayoría entendió que debía aplicarse este estándar elevado también a este tipo de casos. El argumento era que quienes tenían notoriedad en su comunidad debían de haber aceptado, aunque sea implícitamente, someterse a un escrutinio mayor. Además, esta notoriedad les daba acceso a canales idóneos para responder a las eventuales difamaciones en su contra. De cualquier manera, el argumento funcional que justificaba este estándar era el mismo que el ofrecido con relación a los funcionarios públicos: las normas sociales de una democracia se definen referenciándose en figuras conocidas por todos y existía un valor social muy importante que justificaba esta equiparación.
Aunque hoy se pretenda presentar a esta interpretación como natural o necesaria, lo cierto es que fue objeto de importantes críticas, incluso en aquel momento, en otras decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. Por ejemplo, el juez Byron White, explicaba que: “el sentido principal de New York Times, y para mí el sentido de la primera enmienda en cuanto se relaciona con leyes de difamación, es que la difamación sediciosa –la crítica al gobierno o a oficiales públicos– caiga más allá del poder de policía del Estado. En una sociedad democrática como la nuestra, los ciudadanos tienen el privilegio de criticar al gobierno y a sus oficiales. Pero ni New York Times ni sus descendientes sugieren que la primera enmienda tenga la intención, en todas las circunstancias, de impedirle a los ciudadanos particulares el ejercicio del histórico recurso para remediar las falsas publicaciones que dañen su reputación, ni tampoco creo, contrario a nuestra historia y precedentes, que la enmienda deba ahora así ser interpretada. De forma sencilla, la primera enmienda no confiere una licencia a difamar a los ciudadanos…”22.
Rever la historia de una jurisprudencia puede ser útil para recordar las razones que llevaron a su creación y, especialmente, para mitigar el halo de permanencia que las rodea. Suele suceder que lo que en un principio es una tesis discutida, a fuerza de repetición se transforma en un dogma inobjetable23. Pero, si una lección nos ha enseñado la historia, es que nada es permanente y que el progreso sucede de la mano de la revisión constante de nuestra asunciones y creencias.
Las Cortes de Derechos Humanos de Europa y América han tendido a adoptar posiciones similares a la expuesta, aunque con algún grado de reconocimiento mayor del aspecto dilemático que encierra balancear bienes tan importantes como la dignidad humana y la libertad de expresión. Como es natural en cortes que pretenden gozar de legitimidad en múltiples naciones, es frecuente que las exigencias que se trazan sean sólo mínimos y que se les reconozca un cierto margen de maniobra a los países.
En Europa, ciertamente se ha hecho notar el rol esencial que la prensa tiene para la formación del debate político y para el buen funcionamiento de las democracias24. Por eso mismo, también aquí se reconocen especiales protecciones para la prensa cuando lo que se halla involucrado es el accionar de un funcionario público25. Para determinar si una sanción por difamación es violatoria del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Corte utiliza tres criterios: primero, los límites deben estar previstos en una ley; segundo, deben perseguir uno o más intereses legítimos de los previstos en el Convenio; y, tercero, esos límites deben ser necesarios en una sociedad democrática para alcanzar los objetivos invocados.
Dado que la protección de la reputación de otras personas está expresamente reconocida como un fin legítimo26, no han sido pocos los casos en los que la Corte entendió que las condenas por difamación eran compatibles con lo prescripto por las normas convencionales de la Unión Europea27. De hecho, si uno se detiene en la regulación que luego hacen algunos países en particular, como Alemania o Francia, podrán apreciarse rápidamente los diferentes caminos seguidos, con posiciones mucho más balanceadas sobre los intereses en pugna28.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó pautas idénticas a las de su par europea. Por un lado, se reconoció siempre que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que debe existir la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Pero, por el otro, se repite que las restricciones deben tener carácter excepcional y que no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Por eso, como en el modelo europeo, se exige que las restricciones: 1) estén expresamente fijadas por la ley; 2) estén destinadas a proteger, ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) sean necesarias en una sociedad democrática29.
Pero, a diferencia de los países europeos, los latinoamericanos se inclinaron por elevar las protecciones y seguir el modelo anglosajón. En Perú, por ejemplo, la posición dominante tiende a alinearse con la doctrina estadounidense que, como consecuencia necesaria de su más elevado rigor, cumple también con los criterios menos exigentes que establece la Corte Interamericana.
Para comprender la regulación peruana es necesario mirar, en primer lugar, las directivas sentadas por su Corte Suprema en el acuerdo plenario del año 2006.30 Allí se señala que tanto la libertad de expresión como el derecho al honor gozan de igual rango constitucional31 y que ninguno tiene carácter absoluto respecto del otro, por lo que se deben establecer criterios ponderativos que aseguren la vigencia de ambos y la proporcionalidad de las reacciones frente a la invasión de alguno.
En esta línea, se sostuvo que no están amparadas las frases objetiva o formalmente injuriosas, los insultos o las insinuaciones insidiosas, pues difícilmente puede decirse de ellas que tengan alguna finalidad informativa. La Corte, además, se ha ocupado claramente de diferenciar las opiniones valorativas, por más críticas que estas sean, del uso de calificativos innecesarios que proyectan animosidad o menosprecio. Para un ejemplo claro del tipo de frases que no reciben protección constitucional basta simplemente con remitir a la nota al pie número 2 del presente trabajo.
Cuando, en cambio, lo que se pretende es dar un mensaje de tipo informativo, el Tribunal Constitucional32 determinó que únicamente las frases veraces deben tener protección. De este modo se excluyen todas las manifestaciones hechas con consciencia o, al menos, dolo eventual de su falsedad. Dicho de otro modo, solo se castigan las frases falsas que sean el resultado de un obrar con real malicia. Con algunas variantes menores, esta también es la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia argentina33.
Este breve resumen de derecho comparado me permite adelantar algunas reflexiones: (i) la doctrina de la real malicia, tal como se la aplica en nuestros países, no es una exigencia convencional ni pareciera ser tampoco un estándar necesario para el derecho continental; (ii) la tendenciosa concepción que favorece sistemáticamente un interés por sobre el otro es más difícil de explicar cuando los derechos que se hallan en colisión son de raigambre constitucional; (iii) la doctrina que fue ampliamente discutida en su país de origen, parece presentarse en nuestras tierras como una condición necesaria para la democracia real; (iv) la exigencia de un estado subjetivo tan elevado, como argumentaré a continuación, es una de las razones que han conducido a que nuestras democracias se debiliten, mientras que indefensos ciudadanos deben enfrentar costosos y largos procesos en su contra.
III
La ponderación entre derechos fundamentales nunca es sencilla. Si uno se toma en serio los valores en juego, tendrá que reconocer que, sea cual sea el balance escogido, habrá que asumir ineludiblemente costos y beneficios. Por eso, los lineamientos que se sugieren son solo parte de una propuesta que, sin desconocer los méritos de las teorías anteriores, pretende reducir algunos de los enormes problemas a los que hoy nos enfrentamos como consecuencia de los abusos de los medios masivos de información. Estas propuestas deben ser leídas como complemento de las que ya he sugerido en trabajos y presentaciones anteriores34.
El estándar de la real malicia – o actual malice – aplicado tanto a funcionarios y figuras públicas, como a temas de interés social, hallaba su justificación en una concepción muy particular del estado de derecho y de la democracia deliberativa. Como ya se explicó, se temía que reglas más equitativas entre agraviado y comunicador inhibieran a estos últimos de hacer su trabajo, lo que repercutiría en una reducción de la información disponible y esto, a su vez, incidiría en un debilitamiento del sistema de gobierno.
Pero para que esta doctrina pueda mantenerse en pie, deberían tenerse por ciertas varias premisas. Primero, que la ciudadanía se encuentra mejor cuando se multiplica la información disponible, independientemente de su calidad. Segundo, que existen buenas razones para mantener la equiparación entre funcionarios públicos y figuras o temas de interés social. Tercero, que un estándar de imprudencia, como el usado para evaluar el ejercicio de casi todos los saberes profesionales, afectaría negativamente el trabajo de la prensa y repercutiría en la calidad de información resultante. Como se verá, todas estas creencias son, al menos, discutibles.
1. Más información no es más democracia
La afirmación del este subtítulo no debe ser entendida de forma terminante. En realidad, siempre depende de la cantidad de información base con la que se comience el análisis. Puede pensarse en un foro de gobierno como el ateniense. Si se encuentran reunidos tres ciudadanos, es posible pensar que más voces podrán mejorar la calidad del debate y aportar miradas interesantes. En cambio, si en un foro absolutamente convulsionado ya contamos con cien mil ciudadanos gritando enardecidos, es un poco más difícil pensar que una nueva incorporación vaya a contribuir mucho.
El auge de las teorías de libertad de expresión reseñadas se corresponde con un crecimiento de los estados de bienestar y una paulatina incorporación de más personas al juego político. Todavía los medios de información confiables eran pocos y significaban casi la única fuente de conocimiento con la que las personas contaban. La gente, además, se interesaba por asuntos de su pequeña comunidad y el discurso público se construía en torno al análisis del comportamiento de las figuras notables del momento.
El principio general importaba crear y gestionar estructuras que facilitaran la exposición a la máxima cantidad de ideas posibles y, para esto, había que promover todos los derechos de los que hablaban y de los que escuchaban en la esfera púbica35. Por esto mismo, no era suficiente con reconocer la faz expresiva-individual de la libertad de expresión, sino que también era fundamental la protección de la comunidad en su derecho a oír información relevante. En este sentido, se afirmaba que “el punto de máximo interés no son las palabras expresadas, sino las mentes que oyen… lo que es esencial no es que todo el mundo hable, sino que todo lo que es valioso que sea dicho, se diga” 36.
Las protecciones establecidas en aquel entonces aún sirven para defender los derechos individuales de los que se manifiestan, pero cada vez contribuyen menos a asegurar el derecho colectivo a contar con información fidedigna.
Los medios digitales, incluso a pesar del entusiasmo inicial con los que fueron recibidos, no han mejorado la calidad y diversidad del discurso público ni de nuestras democracias. Vivimos en tiempos en los que cada ciudadano puede ser autor, periodista o productor de contenidos. La audiencia, sin embargo, es cada vez menor y se encuentra más fragmentada. La facilidad con la que se pueden producir mensajes genera una suerte de cacofónica Torre de Babel en la que es cada vez más difícil escuchar la voz del resto37.
Al mismo tiempo, nos encontramos en pleno conflicto entre quienes dicen que estamos invadidos por fakes news y quienes dicen que esa designación es solo una forma demagógica de negar la información reportada. Pero, como quiera que sea, lo cierto es que la credibilidad de la prensa es cada vez menor. La consecuencia lógica de este fenómeno es la polarización de las sociedades, quienes confundidas e inseguras sobre qué información creer, tienden a refugiarse en aquellos medios que les dicen lo que igual deseaban escuchar38. Los especialistas alertan incluso sobre la proliferación de filtros burbuja o echo chambers39, que nos conducen a relacionarnos y a vincularnos en redes, únicamente con los datos que se alinean con nuestros preconceptos40.
En tiempos en los que ha crecido exponencialmente la información circulante, parece claro que la prioridad debe estar ahora en mejorar su calidad y en brindarle herramientas útiles a las personas para que discriminen la información confiable de las fábulas. No es sensato pensar que alguien pueda estar más informado si debe tomarse el trabajo de descartar todas las noticias falsas antes de poder acceder a las publicaciones con contenido veraz.
Existe otra razón más por la que debe ponerse en duda la creencia de que a más información la gente podrá decidir mejor. No solo la inundación de contenidos ha confundido a la gente, sino que hemos experimentado en los últimos años un cambio en la mirada antropológica dominante, lo que también debe impactar en este debate. Me refiero al cambio de concepción del homo economicus al ser humano que opera en un intrincado complejo de argumentos lógicos, sesgos y heurísticas41.
Si hombres y mujeres eran considerados entes racionales que decidían siempre lo mejor con base en la información disponible, podía tener sentido aumentar la información circulante y casi no limitar su contenido. Al final de cuentas, serían las personas las que separarían lo confiable de lo irrelevante y usarían este poder de filtro para conducir sus vidas de la mejor forma. Pero debe invariablemente ser otra la postura si, como ha demostrado la evolución de la ciencia del comportamiento, las personas operan la mayor parte de las veces en modo automático42, son propensas a confiar en lo que leen o escuchan43 y pueden ser fácilmente engañadas, incluso por sus propios sentidos44.
Por ejemplo, en el caso contra Pedro Salinas, no deja de asombrar que, tanto la prensa, el público y hasta el lector del libro, asuman, sin más, que cuando se habla de abusos con relación a un clérigo, se debe estar refiriendo a abusos sexuales. Es cierto que, cada vez más, ese término suele usarse con una connotación de este tipo. Sin embargo, es claro que no representa lo mismo hablar de un “marido abusador”, de un “periodista abusador” o de un “arzobispo abusador”. En el primer caso nos imaginamos a un hombre que golpea a su mujer; en el segundo, a alguien que publica información sin pruebas; y, en el tercero, a un eclesiástico que abusa sexualmente de menores de edad.
Estas asociaciones pueden explicarse por lo que se conoce como “heurística de la disponibilidad” 45. Con este nombre se indica a la estrategia cognitiva según la cual las personas estiman la probabilidad de un evento por la facilidad con la que recuerdan hechos similares. Así, cuando a una persona se le pregunta si una situación puede suceder en el futuro, la respuesta suele estar directamente influenciada por la calidad y la cantidad de ejemplos similares que uno puede recordar. Pero el método es, por desgracia, no muy preciso. El error recae en asumir que la única razón por la que uno podría recordar mejores ejemplos es porque eso sucede con más frecuencia. Kahneman y Tsversky, los científicos a quienes se le atribuye el nombre del fenómeno explican que “la disponibilidad es una pista ecológicamente válida para juzgar la frecuencia porque, en general, los eventos más frecuentes son más fáciles de recordar o imaginar que los poco frecuentes. Sin embargo, la disponibilidad también está afectada por otros factores no relacionados con la frecuencia real (…) En consecuencia, el uso de la heurística de la disponibilidad conduce a un sesgo sistemático”.
Es decir, la estrategia mental utilizada no es necesariamente mala, pero conduce erróneamente a asumir que existe una conexión inexpugnable entre ser clérigo y ser abusador sexual de menores. Este terrible prejuicio, combinado con la mala fe periodística, no contribuyen en lo más mínimo al debate democrático ni aportan un ápice de información relevante al debate público. Por el contrario, afirmaciones temerarias como las de Salinas, solo permiten arraigar más profundamente preconceptos dañinos y, al final del día, herir de forma irreversible la honra de una persona.
Poco tiempo después de que la querella fuera desistida, Salinas fue entrevistado y preguntado por los hechos de este caso. En esta ocasión se le preguntó si él pensaba que había ido demasiado lejos con los agravios contra Eguren, a lo que el querellado respondió que él jamás había insinuado ningún tipo de abuso sexual y que esta interpretación era el solo producto de la arbitrariedad del arzobispo46. Sea que el uso de las palabras haya sido parte de una estrategia malintencionada o de un torpe uso del lenguaje, lo cierto es que debería ser esperable un mayor cuidado por parte de los profesionales de la comunicación, dado que disponen de medios con una potencialidad de daño tan significativa para la reputación de los afectados. Defender la libertad de expresión en abstracto está muy bien, pero la sociedad, la democracia y la ciencia han avanzado demasiado para que continuemos la repetición de perimidos dogmas del pasado siglo.
2. La defensa del más débil
En el camino hacia una regulación de la libertad de expresión que sea más acorde a nuestros tiempos y realidades, es necesario preguntarnos cuál es el objetivo que debemos promover. La respuesta no puede nuevamente ser la de maximizar la cantidad de voces en el foro. Ya hemos visto cómo este criterio puede repercutir de forma negativa sobre la calidad de la comunicación. El principio rector debe ser, como lo han venido sosteniendo desde hace mucho tiempo distintos juristas en el mundo, tales como Luigi Ferrajoli47 y Andrés Perfecto Ibáñez48, y como yo mismo he planteado en anteriores ocasiones49, la protección de la parte débil de la relación50.
Nuestros ordenamientos jurídicos se construyeron en torno a garantías que protegen a los individuos de los tres poderes del Estado. Esta concepción ilustrada fue pensada para asegurar la libertad de las personas y evitar que esta se transforme en una simple voluntad abstracta frente a posibles abusos de las autoridades. Por eso, no es aceptable la tesis que equipara a los funcionarios con las figuras públicas. Mientras que los primeros se acogieron voluntariamente a ser el objeto de debates y cuentan, además, con innúmeras protecciones y recursos que el Estado concede, los segundos se encuentran a merced del cuarto poder que es, muchas veces, más abusivo, amenazante y destructivo que los otros tres.
Para ilustrar este punto, es conveniente retomar el caso de Monseñor Eguren. Los supuestos defensores de la libertad de expresión explican que Eguren debía tolerar que, en todo caso, se lo difamara por el alto interés público de las acusaciones y porque la fama del agraviado permitía presuponer que había consentido implícitamente estos ataques, a los que, por lo demás, seguramente contaba con medios para replicar.
El primero de los argumentos, el del interés el público en discutir ciertos asuntos, es tan débil como peligroso. Si bien es cierto que hay un valor social en que se descubran los delitos cometidos en la comunidad, esto no puede ser el fundamento para que cualquier sujeto se transforme en el blanco de afirmaciones infundadas que menoscaban su reputación. De hecho, si se tomara este razonamiento con seriedad, la consecuencia lógica sería afirmar que, cuanto más grave sea el delito imputado, menos protección debería tener la persona que ha sido agraviada. Al final de cuentas, dado que la sociedad tiene derecho a conocer quiénes son las personas que cometen atrocidades, debemos cuidarnos de no desincentivar estas imputaciones por parte de la prensa, aunque ellas no cuenten con ningún sustento probatorio.
Tampoco se explica este deber de tolerancia que se impone a Eguren, por el solo hecho de haber alcanzado un cargo con cierta notoriedad. Es posible decir de un actor de Hollywood que debió prever que se hablaría de él y que, al optar por esa profesión, consentía los elogios y las críticas por igual. Pero me es muy difícil pensar lo mismo de una persona que se dedica a la vida apostólica y llega a ser arzobispo. Dudo que tenga interés en que se hable de él o que disponga de canales idóneos de comunicación para responderle a medios de comunicación que tienden a agruparse de forma corporativa y especializados en el manejo de escándalos.
Esto no quiere decir que debamos demonizar a la prensa o que se deban trazar reglas que perjudiquen a los periodistas. Los medios de comunicación cumplen una función absolutamente esencial en nuestras vidas. Tanto como la cumplen los demás poderes del Estado, a los que les imponemos límites y controles. Por eso, no se trata de ponderar en abstracto la libertad de expresión frente a otros derechos fundamentales, sino de ver cuáles son las reglas que mejor ayudan a que vivamos en armonía, con la tranquilidad de que podremos enfrentarnos a los eventuales excesos en nuestra contra.
Hoy más que nunca la palabra adquirió un poder de destrucción descomunal51. Primero, los medios de diseminación masivos ya no están únicamente en manos de personas que forman parte de alguna organización seria con altos estándares de calidad. Cualquier individuo puede expresar su opinión en un blog personal, un canal en YouTube, un hilo e Twitter o una entrada en Facebook. Si la persona tiene cierta popularidad o buen manejo de la informática, le tomará solo minutos hacer que sus dichos recorran todo el mundo, y sean leídos por miles o incluso millones de personas. Y esto no es ciencia ficción. Ya existen bots que replican la información en internet de forma automática e individuos que, casi sin explicación, acumulan millones de seguidores en sus redes. Por si fuera poco, una opinión, una vez publicada en internet, permanece allí disponible indefinidamente52 y reaparece cada vez que alguien realiza una búsqueda online o que otro medio decide hablar de la misma persona.
Hace cincuenta años, tal vez, los peligros de limitar la libertad de expresión eran mayores que los riesgos que suponía una protección tan alta. Hoy, en un mundo donde los grandes medios de comunicación permanecen concentrados en manos de grupos con más poder e influencia que algunos gobiernos y donde todo el mundo es, al mismo tiempo, receptor, productor y emisor de contenido, esos temores parecen infundados. Los riesgos para las personas y para nuestra democracia, en cambio, son cada vez más grandes, y entregarle una carta blanca de esta envergadura a la prensa no parece ya una buena idea53.
3. Una revisión de la real malicia
Con miras a proteger a la parte débil de la relación, es decir, a los particulares que son objeto de abusos periodísticos, es necesario repensar el tan repetido estándar que domina la materia. Como se explicó anteriormente, la proliferación de más información de baja calidad no es un objetivo que debamos defender con tanto celo. Una opción más razonable sería, entonces, imponer a esta industria exigencias similares a las que se establecieron para todas las restantes54.
Siempre que se publique una noticia acerca de un individuo existirá el riesgo de cometer un error y, consiguientemente, de dañar injustificadamente su honra o interferir en su privacidad más allá de lo necesario. Este peligro, sin embargo, debe ser sopesado junto con las enormes ventajas que la actividad periodística trae consigo. En otras palabras, el daño a inocentes no debería hallarse justificado como consecuencia del ejercicio de un derecho55, sino que se lo debería comprender entre los riesgos permitidos al considerar la imputación objetiva de este delito. El delito, por eso, debería regularse como uno imprudente, de modo que quien incumpla los deberes de su oficio y eleve de este modo el peligro jurídicamente tolerado, reciba una condena por el resultado ocasionado.
La razón central por la que se evitaba condenar por imprudencia a los trabajadores de este sector era para no desincentivar la producción de noticias. Pero, como ya hemos visto, el mundo en el que esta doctrina se creó era completamente distinto. En aquel mundo, donde los medios de comunicación eran pocos y representaban el único canal de acceso a los acontecimientos, el riesgo era comprensible. Hoy, en cambio, debemos preguntarnos cómo comenzar una transición desde un medio saturado de noticias de baja calidad, a uno con abundantes publicaciones de alto rigor.
Las opciones son únicamente dos: o bien se regula la actividad o bien se crean incentivos para la autorregulación. Aunque ambas técnicas podrían funcionar bien de forma complementaria, pienso enfocarme más en la segunda de estas opciones. La forma de lograrlo, que no es otra que regular al delito como uno de tipo culposo, ya fue enunciada y ahora será desarrollada.
La doctrina creada por New York Times se apoya sobre la noción de que el mercado de ideas funcionará mejor sin la supervisión de los tribunales. Pero la afirmación opuesta parece igualmente plausible56. Aunque es innegable que leyes más duras con el periodismo podrían operar como un limitante a ciertos discursos valiosos, tampoco puede ignorarse que el mismo efecto se produciría sobre los discursos que, al final del camino, acaben por ser probados como falsos. Este cambio, entonces, reduciría la cantidad de información en un mundo sobreinformado, pero elevaría la confianza en lo que finalmente se haga público57. La discusión común podría fortalecerse enormemente si la gente pudiera confiar en que lo que lee o escucha fue publicado conforme a rigurosos estándares elaborados por expertos, y no por individuos que tal vez escribieron con cierta liviandad, pero sin intención de hacer daño.
El cambio propuesto encierra, adicionalmente, una gran ventaja. Para la configuración de un delito imprudente, no es suficiente con solo mostrar que se ha producido un resultado disvalioso, que, en el caso, sería la lesión al honor. Estas figuras requieren probar que la persona se apartó de las reglas y deberes que se imponen en su propio medio. Así como sucede con los médicos, los abogados y demás profesionales, gran parte de las expectativas legales estarían definidas por la propia industria y, al final de cuentas, por el mercado.
Actualmente, se requiere demostrar que el demandado publicó con “serias dudas”. Si el demandado no investigó, no puede hallársele responsable. El deber de investigar, cuya omisión puede dar base a la imposición de responsabilidad, surge sólo después de que el demandado tenga “serias dudas”. El paradigma objetivo del periodista prudente y responsable pasa a un segundo lugar58. Ejercer el derecho a expresarse se transforma en una causa de justificación que habilita casi cualquier actuar negligente. Para los periodistas, hoy, “la ignorancia es el paraíso”59.
La doble ventaja de esta reforma debe ser, a esta altura, ya evidente. Los periodistas podrán definir ellos mismos las buenas prácticas esperadas antes de hacer una afirmación, de modo que los medios de información serios elevarán el estándar para aquellos que no lo sean. Pero, además, el público podrá protegerse y participar en este proceso, al optar por aquellos que más rigurosamente se dediquen a informar. Si la hipótesis se corrobora, ciudadanía y prensa podrían ingresar en un círculo virtuoso en el que se premie a los medios con criterios más estrictos y estos, a su vez, lleven a sus colegas a seguir sus protocolos.
Finalmente, debe destacarse una virtud adicional. Hoy los procesos penales por delitos contra el honor son tan largos como costosos60, como resultado de la imposible exigencia del tipo subjetivo61. La regulación actual no solo obliga a las personas a ingresar en agobiantes procedimientos en donde se discute un elemento de casi imposible comprobación, sino que acaba por correrse el foco de lo que realmente importa, que es la falsedad de los hechos y el deficiente comportamiento profesional del querellado.
Volvamos nuevamente al caso de Pedro Salinas. Un periodista afirma tres hechos sobre los que, como lo demostró el proceso respectivo, no tenía pruebas suficientes. El agraviado se ve obligado a probar en juicio no solo su propia inocencia, sino también un elemento de intencionalidad, casi incomprobable, en cabeza del periodista. Para esto, entra en un proceso judicial largo y costoso, del que sale con éxito únicamente por haber tenido la fortuna de enviar una carta de rectificación al querellado y por lo absolutamente infundado de las afirmaciones62. El proceso acaba y el condenado dice no haber dicho lo que dijo, que el desistimiento prueba la veracidad de lo que ahora desconoce, y que la sentencia dejada sin efecto es un ataque contra la democracia.
Un sistema en el que se castiga el incumplimiento de deberes en el oficio ni siquiera publicaría notas en las que un periodista:
a) omite mencionar que la acusación que formula fue también presentada ante el poder judicial por él mismo y archivada dos veces.
b) utiliza términos de forma ambigua para confundir a los lectores y aumentar el sensacionalismo.
c) sostiene acusaciones innegablemente agraviantes apoyadas solo en inferencias absurdas, como la pertenencia a un determinado grupo por un cierto tiempo.
d) acusa por hechos que vio en un documental de bajísimo rigor periodístico y que jamás fueron siquiera de interés del poder judicial.
e) insulta a otro, lo invita a “verse las caras”.
En definitiva, si los estándares se racionalizaran, el proceso habría durado mucho menos tiempo, la jueza habría determinado muy rápidamente que no se cumplieron los deberes mínimos de un periodista y la sentencia habría sido correctamente leída por el público como un reproche frente a un pobre desempeño de deberes profesionales, de modo que nadie albergaría dudas de que la democracia, en rigor de verdad, se vio fortalecida. A la larga, una sucesión de decisiones como esta causaría, además, una disminución significativa de notas como las que motivaron el pleito del cual da cuenta el libro y, con ello, mejoraría sustantivamente la información disponible y el debate colectivo.
IV
El relato en análisis ilustra a la perfección las consecuencias de aplicar una regulación que ha devenido obsoleta. Por eso, me propongo examinar ahora nuevamente el caso a la luz del modelo propuesto y ver cómo pudieron haberse desarrollado los eventos.
El periodista Pedro Salinas realizó dos tipos de afirmaciones dirigidas contra Monseñor Eguren. Por un lado, una serie de agravios cuya formulación no encuentra protección constitucional. Por el otro, una serie de imputaciones concretas mediante las que se vinculaba al arzobispo con conductas delictivas: maltratos físicos y psicológicos, asociación ilícita, usurpación y encubrimiento de abusos sexuales.
Por un momento olvidémonos de la intención del periodista y sólo concentrémonos en los estándares mínimos que serían esperables de un profesional de la comunicación para no lesionar injustificadamente la reputación de las personas. Posiblemente la adopción de un estándar imprudente conllevaría a una evolución de mejores prácticas en la industria, pero incluso hoy no debería haber dudas de que las siguientes pautas mínimas deberían ser exigibles:
A. En primer lugar, si un periodista desea imputarle a un particular un delito que fue objeto de un proceso, en el que se determinó que no hubo delito, debería esperarse que se exhiban pruebas adicionales o que se supere un umbral mayor que si no hubiese existido actuación jurisdiccional. Este recaudo no solo evita que la misma persona sea dos veces atormentada por un hecho idéntico, sino que reconoce al poder judicial como el ámbito idóneo para la determinación de culpabilidades. El pretenso interés social que podría invocar un periodista se ve debilitado cuando funcionarios que sirven a la misma comunidad ya han dictado una decisión firme al respecto.
B. Esto no quiere decir que la prensa no pueda criticar el funcionamiento institucional. Más bien todo lo contrario. Cualquier particular que crea que el poder judicial cometió un error al juzgar a alguien debería decirlo y explicar por qué. Esto permitiría que los ciudadanos puedan realizar sus propias evaluaciones, no solo sobre el acusado sino sobre el funcionamiento de los poderes estatales. Lo que bajo ningún aspecto es admisible es ocultar que existió una resolución firme, que, si bien por el tipo de decisión no tiene las características de la cosa juzgada material, sí tiene esos alcances formales.
C. La prensa debería tener por finalidad principal la de informar y esta debería ser la función que goce de la más alta protección. Cuando, en cambio, se compruebe que las notas en materia criminal forman parte de un proyecto de entretenimiento, se las debería someter a un escrutinio mayor. Por ello, cuando se promueva el sensacionalismo con afirmaciones asertivas sobre hechos aun no probados o se utilicen términos confusos para causar impacto, se debería también responsabilizar al profesional que ocasione daños.
D. Aunque hay un gran valor en que un periodista deslice una conjetura sobre la posible implicancia de una persona en un delito de acción pública, debería ser bajo su propio riesgo la decisión de afirmar abiertamente la participación en una organización criminal, basándose únicamente en un documental que vio en televisión.
E. Por último, no debería permitirse en una democracia liberal que personas utilicen medios de comunicación masivos para invertir la carga probatoria sobre los individuos y endilgarles hechos criminales sobre meras inferencias. En concreto, no debería suceder que una persona deba responder a una acusación tal como “el símil con Barros le cae como un guante”.
Este tipo de inferencias obligan a sus destinatarios a proveer explicaciones sobre un hecho negativo, como lo es no haber sabido de los comportamientos de otros, por la sola razón de haber formado parte de una agrupación religiosa. Tal atribución no solo viola el principio de inocencia y de libertad de culto, sino que coloca a los individuos en una posición de imposible defensa frente a la opinión pública. Si existen hechos concretos para denunciar, estos deberían estar apoyados en evidencia refutable y que permita al acusado defenderse de forma adecuada.
Como puede verse, en nombre de la libertad de expresión no deberíamos enfocarnos en castigar la real maldad y permitir cualquier otra clase de impericia, justamente por el bien individual (la reputación) que se sacrifica con toda ligereza en el altar de este nuevo falso ídolo. Esta libertad merece tutela como forma de garantizar contenidos de calidad y confiables. Y los contenidos serán confiables sólo cuando así lo sea el proceso epidémico que los precede. Por supuesto que puede haber errores y los medios podrán equivocarse. Si operamos en márgenes razonables, este debería ser un riesgo permitido.
Con el estándar actual de real malicia el efecto es el contrario. Podemos incluso estar ante información verdadera, pero difícilmente será confiable. Un periodista que sostiene, sin pruebas, que alguien cometió una serie de delitos y luego se desdice, no contribuye al debate democrático, aunque casualmente hubiera acertado con su afirmación. La libertad de expresión, en su capacidad performativa, y la democracia, como proceso de toma de decisiones, se verían ambas a la larga fortalecidas por más rigurosos estándares de responsabilidad.
Lo mismo puede decirse de las partes involucradas en el caso, quienes seguramente se habrían beneficiado con una legislación diferente. Eguren, probablemente no habría sufrido agravio alguno, pues notas como las objetadas no habrían siquiera sido publicadas, dado que se exigiría un filtro mayor que habría permitido descartar las imputaciones. Pero, lo interesante, es que también Salinas habría tenido un mejor final.
El proceso en su contra comenzó en julio de 2018, con la interposición de la querella y concluyó nueve meses después, en abril de 2019, con el dictado de la sentencia y el posterior desistimiento. Este plazo, que para el derecho penal parece breve, es sin embargo largo si se piensa que todo el caso giraba en torno a manifestaciones de orden público. Hasta llegar a su punto final, ambas partes tuvieron que desembolsar importantes sumas de dinero en viajes y abogados –lo que incluso llevó al periodista a promocionar una fiesta masiva con el objetivo de recaudar fondos para gastos de litigio–.
Conforme al modelo sugerido, todo esto tendría que haber sido evitado muy fácilmente. Los delitos de injurias, calumnias y difamación deberían prever estándares objetivos y penas mucho menores a las que hoy tienen. El trámite de estos juicios debería ser mucho más expeditivo y no se debería perder el tiempo en la demostración de un absurdo elemento subjetivo ni en exigir pruebas de hechos negativos, como la inocencia en un delito. Lo central debe ser probar que no se cumplieron los deberes mínimos para un profesional e indicar el daño concreto irrogado, quedando la exceptio veritatis en cabeza del periodista.
De modo que, como virtud adicional, la prensa podría tener la tranquilidad de que los juicios que potencialmente podrían afrontar tenderían a ser breves y económicos. Si adicionalmente cumplieran los protocolos del medio, los comunicadores podrían estar seguros de que nadie intentaría indagar en su posible maldad al momento de realizar una publicación. Puede ponerse como ejemplo lo que sucede con cualquier ciudadano cuando conduce su auto. Es ciertamente más seguro ser juzgados por el incumplimiento de parámetros objetivos, como el respeto por la velocidad máxima o el uso de cinturón de seguridad, que habilitar un margen de discreción para que el Estado resuelva si existió conducción temeraria tras la producción de un resultado.
Finalmente, este cambio de paradigma podría jugar un papel central en la forma en como estas sentencias son percibidas por el público. A mi modo de ver, la repercusión que generó una resolución cuya respuesta era claramente correcta se explica por una concepción errónea que, como sociedad, hemos permitido que se difunda en torno a las teorías reseñadas.
Preocupados por proyectar la existencia de un valor intrínseco en permitir la circulación de cualquier afirmación, se pervirtió la libertad de expresión hasta transformarla en un bien que debe siempre imponerse a la protección del honor, al respeto de la reputación. Pero como he sostenido, el derecho a manifestarse y el derecho a la propia honra no son de distinta jerarquía, por lo que debemos encontrar sistemas que los protejan por igual, pues ambos son de raigambre constitucional. Es necesario, entonces, comenzar un lento proceso formativo mediante el cual se explique que el objetivo central del derecho a expresarse no es el mensaje en sí, sino el fortalecimiento de la arena política. Los filtros, entonces, no son en desmedro del pueblo, sino únicamente en su beneficio.
La objeción más importante que podría hacerse en este punto se relaciona con el peligro de que una autoridad central designe cuáles mensajes son verdaderos y cuáles falsos. Comparto este temor y por eso, en el sistema promovido, no debe ser el Estado el que decida qué es cierto y qué no. Los encargados de esta misión serán los particulares afectados, quienes podrán atacar las manifestaciones falsas de bajo rigor epistémico. Si esto sucede, los periodistas y las empresas de medios, preocupados por la posible falsedad de sus dichos, no necesariamente dejarían de decir las cosas que dicen, sino que tenderían a elevar sus métodos de averiguación de la verdad.
Esto es exactamente lo que sucede con el sistema penal, por citar un ejemplo. Las nulidades por vicios en el proceso no llevaron a que el sistema dicte menos sentencias. Las sanciones por vicios formales contribuyeron, en cambio, a que los funcionarios sean más cuidadosos de no cometer tantos atropellos.
El gran desafío que tenemos por delante es transmitir estos conceptos a nuestros conciudadanos que han sido atemorizados con falsas ideas de libertad. Ideas que, en última instancia, los perjudican más de lo que los protegen. El objetivo es particularmente ambicioso si se piensa, además, que se trata de poner a prueba la posición hegemónica de los últimos cincuenta años; y que, en la misión, difícilmente contaremos con el apoyo de los grandes medios de comunicación.
V
A lo largo de ese comentario bibliográfico, me propuse acercarles a los lectores una historia con elementos trágicos y vicisitudes cada vez más frecuentes: periodistas descuidados, procesos largos y costosos, particulares debiendo justificar su inocencia frente a la opinión pública y un pueblo enardecido que reclama reglas con propensión a causar más daño del que se quiere evitar. Tras describir los síntomas, ofrecí un posible diagnóstico de las causas y propuse un remedio para estos males. A modo de reflexión final, solo resta formular algunas aclaraciones.
La discusión actual acerca de la libertad de expresión se halla sesgada y obturada en favor de permitir, en muchos casos, el uso abusivo de un derecho que se presenta como superior, y en nombre del cual casi cualquier tropelía debe ser soportada. Esta, claro, no fue la concepción inicial con la que se desarrolló la teoría. En Estados Unidos, país del que heredamos esta mirada, hay un consenso sin precedentes en cuanto a que los cánones deben ser revisados. Esta posición fue adoptada por jueces conservadores63 y liberales64, académicos respetados65 y, llamativamente, incluso por periodistas66.
Ciertamente, en la ponderación tampoco debe ser adoptada la posición antagónica y no seré yo quien promueva la hipótesis opuesta. El rol de los medios de comunicación para nuestras democracias es absolutamente fundamental. La mayor parte de la información relevante con la que contamos los ciudadanos para hacer nuestras evaluaciones proviene de los grandes medios de comunicación y es preeminentemente a través de ellos que podemos juzgar el accionar de nuestros representantes. De hecho, una de las más significativas funciones de este cuarto poder es el control sobre los otros tres67. Por esto mismo, es esencial que los periodistas critiquen, opinen, denuncien e investiguen.
En los casos en los que un particular hubiera sido investigado por el poder judicial, esto de ningún modo debería precluir el debate público o impedir que la prensa continúe sosteniendo una visión diferente de los resuelto. De hecho, es precisamente esta función de “perros guardianes”68 la que más firmemente debe ser protegida. La crítica al poder judicial debe ciertamente estar permitida y no existe ningún problema con que se expliquen las razones por las que una decisión debió ser distinta. Esta función, parece innecesario decirlo, no se cumple en absoluto cuando la prensa oculta que existió un proceso ni se apoya en alguna prueba sustantiva idónea para superar la alta presunción de legitimidad de la que una decisión estatal debe gozar.
De lo que se trata en el ámbito de la libertad de prensa, es de promover todas las funciones de contralor que este poder tiene, pero de reducir y limitar su tendencia al entretenimiento sensacionalista a costa de la dignidad de las personas. Andrés Perfecto Ibáñez, por ejemplo, alerta con gran precisión acerca de la capacidad de esta industria para dañar indebidamente a las personas, violar la vida privada y atentar contra la presunción de inocencia en nombre del deber de informar69. Cada vez más, las salas de audiencia de los tribunales se han transformado en escenarios televisivos que nutren a programas que subsisten a expensas del tratamiento frívolo de asuntos judiciales70.
La doctrina de la libertad de expresión no puede ser únicamente considerada en términos deónticos o absolutos. Debemos con urgencia mirar las consecuencias que su mal ejercicio está teniendo en nuestras vidas. La regulación de los medios que hemos sostenido por los últimos años ha tenido un costo demasiado elevado: democracias dominadas por líderes que gobiernan con mentiras, medios de comunicación cuya credibilidad está en crisis, un poder judicial cada vez más más presionado, ciudadanos sometidos a ignominiosos procesos para entretener al público e industrias que operan con presunciones de culpabilidad y licencia para dañar a inocentes.
Hemos permitido que se ataque a nuestra democracia en nombre de la libertad y a nuestra libertad en nombre de la democracia. Todas las actividades peligrosas autorizadas en nuestra sociedad deben reconocer límites y ningún valor en abstracto puede autorizar el daño injustificado a terceros. Con enorme esfuerzo nuestros antepasados han luchado para construir delicados equilibrios y sistemas de control que nos permitieron vivir en paz, protegidos de los tres grandes poderes del Estado. Llegó el momento de tomarse en serio la defensa de los débiles. Llegó el momento de construir garantías jurídicas nuevas para proteger la dignidad y la reputación de las personas también frente al poder de la difusión de afirmaciones por los medios de comunicación masiva. Garantías que deberán operan solo cuando la información difundida, como sucedió en el caso Salinas, tenga capacidad destructiva para la reputación de una persona, Eguren en este supuesto, sin que en modo alguno se cuente con una verificación intersubjetivamente aceptable de lo afirmado ni, mucho menos, con una refutación, basada en pruebas, que desmienta una decisión judicial firme por la cual se había establecido, después de un proceso tramitado en legal forma, que, en el caso, los delitos atribuidos a Eguren no habían existido.
*El autor agradece la colaboración brindada para el desarrollo del texto por Martín Haissiner y Marcos Aldazabal.
Notas:
1 https://lavozatidebida.lamula.pe/2018/01/20/el-juan-barros-peruano/pedrosalinas/
2 Por mencionar sólo algunos: “este figurón de los tiempos aurorales del Sodalitium”, “el obispo se hace el cojudo”, “dice que es manso corderito a los que los lobos se lo quieren manducar porque está gordito”, “no jodas pues José Antonio Eguren, no jodas José Antonio Eguren, a mí no me vas a agarrar de idiota”, “le jode que haga referencias a investigaciones periodísticas”, “tremendo hipócrita, tremendo cínico, eso es José Antonio Eguren, eso es José Antonio Eguren, un cínico, un hipócrita”, “el obispo ultrajado nunca llegó”, “el cínico de Eguren”, “Eguren busca salvar el culo”, “A ver José Antonio, aquí entre nos, decime la verdad. ¿Qué tanto sabías de lo que pasaba al interior de las comunidades sodálites? Andá a cagar, boludo, si pensás que me voy a creer todo lo que me decís. Bueno, José Antonio, gracias por la visita. Siempre habrá un boludo que se la trague”.
3 La copia completa de la querella está disponible como primer documento del anexo del libro.
4 Se puede ver una copia completa de la sentencia como segundo documento del anexo.
5 Se puede ver una copia completa de la presentación como tercer documento del anexo. También se acompaña una copia de la contestación realizada por el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro.
6 El proceso de elaboración y ratificación de la Constitución de Estados Unidos de Norte América, precursora de las demás constituciones de nuestro continente, estuvo signado por una enorme tensión con relación a la ausencia de derechos fundamentales dentro del texto escrito. En efecto, tomó cuatro años formar un gobierno común a todos los Estados parte. La controversia principal se vinculaba con que los llamados Federalistas se oponían a la inclusión de una lista de derechos, pues estos eran innecesarios bajo un sistema en el que el pueblo retenía todas las prerrogativas no cedidas al gobierno central. Los Anti-Federalistas, por el contrario, temían el poder que podría acumular este nuevo gobierno central y se negaban a ratificar la constitución sin una enumeración de algunos derechos básicos. Al final, el sentimiento popular fue decisivo. Recién liberados de la monarquía inglesa, los norteamericanos exigían certezas de que su gobierno jamás intervendría en algunos ámbitos de plena la autonomía ciudadana. En este sentido, por ejemplo, Thomas Jefferson argumentaba, en una misiva enviada a James Madison, el 20 diciembre de 1787, que una carta de derechos es la garantía de libertad que el pueblo tiene frente a cualquier gobierno de la tierra, general o particular, y lo que ningún gobierno debería negar o ignorar indiferentemente. La redacción, entonces, que finalmente estuvo a cargo del Madison, debía incluir solamente aquellos contenidos mínimos que fueran absolutamente indiscutibles. El primer artículo que se incluyó en ese elenco de derechos fue el que consagraba la libertad de culto y expresión. Ambos representaban el ámbito más sagrado de reserva de los particulares y, al mismo tiempo, las condiciones mínimas para que pudiera hablarse seriamente de un autogobierno. Su lugar en esta lista no hace que la libertad de expresión sea más importante que las otras, pero sí indica cuán esencial debe ser para el funcionamiento de una democracia, al menos a los ojos de estos hombres.
7 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Nevada en los EE. UU. en el caso Judas Priest v. Second Judicial Dist. Court, 104 Nev. 424, 760 P.2d 137 (1988).
8 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Mut. Film Corp. v. Indus. Com. of Ohio, 35 S. Ct. 387 (1915).
9 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno de Circuito de los EE. UU. en el caso Winter v. G.P. Putnam’s Sons, 938 F.2d 1033 (9th Cir. 1991).
10 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Spence v. Washington, 418 U.S. 405, 94 S. Ct. 2727 (1974).
11 https://elcomercio.pe/peru/pedro-salinas-esto-condena-me-inhibir-continue-asunto-noticia-ecpm-625946-noticia/.
12 https://www.radiocutivalu.org/colegio-de-periodistas-de-piura-se-pronuncia-tras-condena-a-pedro-salinas/.
13 TEDH, caso Lingens v. Austria (No. 9815/82), del 8 de julio de 1986; CIDH, caso Kimel v. Argentina, decidido el 2 de mayo de 2008.
14 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Chaplinsky v. Nuevo Hampshire, 315 U.S. 568 (1942). Este es la decisión pionera en la materia y la que ha servido de referencia para las posiciones adoptadas en el resto del mundo.
15 “Un gobierno popular sin información popular o los medios para adquirirla es solamente el prólogo de una farsa o de una tragedia, quizás de ambas. El conocimiento gobernará por siempre a la ignorancia; y la gente que quiera ser su propio soberano debe armarse con el poder que el conocimiento otorga”. Madison, James, The Writings of James Madison, New York, G.P. Putnam’s Sons, 1910, vol. 9, p. 103.
16 Este concepto fue capturado en la noción de “Mercado de las ideas” o Marketplace of ideas, y su creación le es atribuida al juez Oliver Wendell Holmes Jr., en el caso de la CS de EE. UU. Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919).
17 Sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250, 72 S. Ct. 725 (1952).
18 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 84 S. Ct. 710 (1964).
19 Se entendió que, bajo la primera enmienda, el actor debía demostrar que el defendido sabía que la declaración era falsa desde un comienzo o, al menos, que fue temerario al decidir publicar la información sin siquiera investigar si era correcta.
20 Álvarez González, José, “Colisión entre los derechos fundamentales de la libre expresión y a la intimidad y dignidad humana entre Estados Unidos y Puerto Rico”, Derecho y Humanidades, Núm. 11 (2005).
21 Sentencias de la Corte Suprema de EE. UU. en los casos Curtis Pub. Co. v. Butts, 388 U.S. 130, 87 S. Ct. 1975 (1967) y Associated Press v. Walker, 389 U.S. 28, 88 S. Ct. 106 (1967).
22 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Gertz v. Robert Welch, 418 U.S. 323, 94 S. Ct. 2997 (1974).
23 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Harte-Hanks Commc’ns v. Connaughton, 491 U.S. 657, 109 S. Ct. 2678 (1989) (Stevens, J.) (“Hoy no hay ninguna duda de los casos de difamación contra una figura pública quedan sujetos al estándar de New York Times”).
24 TEDH, caso Castells v. España (No. 11798/85), del 25 de junio de 1992. § 43 “… no debe ser olvidado el preeminente rol de la prensa en un estado de derecho. Aunque no debe sobrepasar varios límites fijados para, entre otras cosas, prevenir el desorden y proteger la reputación de otros, es sin dudas su incumbencia principal la de acercar información e ideas sobre cuestiones políticas y sobre otros temas de interés público. La libertad de prensa representa para el público una de las mejores maneras de descubrir y formar opiniones de las ideas y actitudes de sus líderes políticos. En particular, le da a los políticos la oportunidad de reflexionar y comentar sobre las preocupaciones de la opinión pública; y así le permite a todos participar en el debate político libre que se ubica en al centro del concepto de una sociedad democrática”.
25 TEDH, caso Oberschlick v. Austria No.1 (No. 11662/85), del 23 de mayo de 1991. § 59 “Los límites de lo que constituye una crítica aceptable son consecuentemente más amplios con respecto a un político actuando en ejercicio de sus funciones, que con relación a un individuo particular. Aquel se presta inevitable y conscientemente para un cercano escrutinio de cada una de sus palabras y actos, tanto por periodistas como por el público en general, y debe mostrar un grado mayor de tolerancia, especialmente cuando sea él mismo quien haga comentarios susceptibles de ser criticados. Un político tiene ciertamente derechos a la protección de su reputación, incluso cuando no se encuentre actuando como ciudadano privado, pero las condiciones para esta protección deben ser sopesados contra el valor de una discusión a abierta en materia de cuestiones políticas”.
26 TEDH, caso Tolstoy Miloslavsky v. United Kingdom (No. 18139/91) del 13 de julio de 1995.
27 Ver, por ejemplo, TEDH, caso Perna v. Italia (no. 48898/99) del 6 mayo 2003 y TEDH, caso Radio Francia y otros v. Francia (No. 53984/00) del 30 de marzo de 2004, entre otros.
28 Whitman, James Q., Enforcing Civility and Respect: Three Societies, Yale Law Journal, Vol. 109: 1279 (2000).
29 CIDH, caso Kimel v. Argentina, del 2 de mayo de 2008 y CIDH, caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, del 2 de julio de 2004.
30 Acuerdo plenario n° 3-2006/CJ-116 del 13 de octubre de 2006.
31 Ver, en igual sentido, por ejemplo, el voto del juez peruano Diego García-Sayán en el caso Kimel: “No se trata de categorizar estos derechos ya que ello colisionaría con la Convención. El carácter unitario e interdependiente de los derechos se vería confrontado con el intento de establecer derechos de “primera” y de “segunda” categoría. De lo que se trata es de que se definan los límites de cada cual buscando armonizar ambos derechos. El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse, así, con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese proceso de armonización, como se dice en la sentencia, le cabe un papel medular al Estado buscando establecer, a través de las vías judiciales adecuadas, las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal propósito”.
32 Sentencia n° 0905-2001-AI/TC del 14 de agosto de 2002.
33 Ver, por ejemplo, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en los casos “Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/Martínez, José Carlos s/ daños y perjuicios” (Fallos: 342:1777), del 29 de octubre de 2019 y “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios” (Fallos: 342:1665), del 17 de octubre de 2019, entre muchos otros.
34 Pastor, Daniel, Juicios Paralelos y Actores Extraprocesales, ponencia presentada en el XXX Congreso de Nacional de Derecho Procesal (2019).
35 Post, Robert, Constitutional domains: Democracy, community, management, Harvard University Press (1995).
36 Meiklejohn Alexander, Free speech and its relation to self–government, Harper (1948).
37 Macedo Junior, Ronaldo Porto, Fake News and the new menace to free speech, conferencia presentada en el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA) (2018). Cada vez más personas se comunican con menos usuarios. Cada individuo se transforma en fuente de información para grupos pequeños y saturan el mercado con datos en los que es cada vez más difícil confiar. Fuente: NetCraft and Internet Live Stats, 2014.
38 Kahan, Dan M., Misconceptions, Misinformation, and the Logic of Identity-Protective Cognition, Cultural Cognition Project Working Paper Series No. 164 (2017).
39 Sunstein, Cass R., Republic.com 2.0., Princeton University Press (2007).
40 https://www.technologyreview.com/2018/08/22/140661/this-is-what-filter-bubbles-actually-look-like/.
41 En efecto, tan importante fue el cambio de paradigma que entre el año 2002 y 2017, se otorgó dos veces el Premio Nobel de economía a científicos que trabajaban con psicología cognitiva y que proponían una visión del mercado más acorde con humanos no racionales.
42 Simon, Herbert A., Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, Free Press (1976); Kahneman, Daniel, “A Perspective on Judgment and Choice: Mapping Bounded Rationality”, American Psychologist 58, no. 9 (2003).
43 Levine, T. R., Truth-Default Theory (TDT): A Theory of Human Deception and Deception Detection, Journal of Language and Social Psychology, 33(4) (2014).
44 Ittelson, William H., y Kilpatrick, Franklin P., Scientific American, Vol. 185, No. 2 (1951).
45 Tversky, Amos y Kahneman, Daniel, Availability: A heuristic for judging frequency and probability, Cognitive Psychology, 5, 207–232 (1973).
46 Entrevistador: Usted afirma ahí que monseñor Eguren pertenece a la generación fundacional del Sodalicio y que “le conoce todas sus cosas” a Figari. ¿A qué se refiere? Salinas: Miembro de la generación fundacional supone que junto a Figari y otros fue colaborador principal y corresponsable del diseño de esta organización donde se instaló una cultura de abuso de poder durante 40 años. En ningún momento, y él ha forzado la cosa para llevarla por ese lado, he hablado de encubrimientos sexuales. En el contexto que yo escribo la columna, nadie sabía quién era Juan Barros ni quién era Eguren. Entrevistador: La acusación contra Barros en Chile es que encubrió casos de violencia sexual. Salinas: Había testigos en el caso chileno que señalaban a Barros como encubridor de abusos en general. Los sexuales también estaban ahí implícitos. A mí no me constaba en ese momento que Eguren había encubierto abusos sexuales, pero los otros no los podía negar. Entrevistador: Para ser claros: ¿usted no ha señalado que Eguren encubrió abusos sexuales? Salinas: En esa columna no. Esa es la interpretación de él. Una interpretación arbitraria, caprichosa y antojadiza. La entrevista completa se puede encontrar en: https://elcomercio.pe/peru/pedro-salinas-esto-condena-me-inhibir-continue-asunto-noticiaecpm-625946-noticia/?ref=ecr.
47 Ferrajoli, Luigi, Poderes Salvajes, Ed. Trotta (2011).
48 Ibáñez, Perfecto Andrés, Tercero en Discordia, Ed. Trotta (2015).
49 Ponencia oportunamente citada en la nota 34.
50 Un ejemplo notable de la falsa dicotomía entre libertad de expresión y democracia lo representa la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfG), de fecha 9 de junio de 2020. En esta resolución se limitó la libertad de expresión el Ministro del Interior que publicó en la página web de ese Ministerio una entrevista en la que respondía a un contendiente político. El Tribunal entendió que este accionar limitaba el principio de neutralidad estatal e impedía la competencia leal entre agrupaciones. En abstracto, la decisión es una que limita el derecho a expresarse. Pero un análisis detenido de la cuestión permitirá ver en práctica las ideas que aquí se sugieren. Lo que el Tribunal hizo, en realidad, fue proteger a la parte débil de la relación, que frente al Estado siempre serán los particulares, y asegurarse de que el debate democrático se vea enriquecido. Para esto último, la clave fue reconocer que no siempre debe ser escuchado el que grita más fuerte (en https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-045.html).
51 Ver, por ejemplo, TEDH, caso Radio Francia y otros v. Francia (No. 53984/00) del 30 de marzo de 2004, en el que el Tribunal sostuvo expresamente al considerar los deberes y responsabilidades de un periodista, no se puede perder de vista el impacto potencial del medio empleado y que, en ese sentido, los medios audiovisuales tienen cada vez un impacto más inmediato y poderoso.
52 Por esta misma razón, varios países ya han comenzado a discutir el derecho al olvido. En la Unión Europea, la Regulación General de Protección de Datos la dispone expresamente en su artículo 17. En Argentina, este derecho surgió como creación pretoriana a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y otros/ daños y perjuicios (Fallos: 337:1174) del 28 de octubre de 2014.
53 Fiss, Owen M., Liberalism Divided: Freedom of Speech and The Many Uses of State Power, Routledge (1996).
54 La profesora Lillian R. BeVier, por ejemplo, explica en su artículo The Invisible Hand of the Marketplace of Ideas publicado en el libro Eternally Vigilant del año 2001, que “la prensa es la única industria mayor en toda la economía de Estados Unidos que no es responsabilizada de forma rutinaria por los daños que los defectos en sus productos ocasionan, tanto al electorado en su conjunto como a las víctimas particulares damnificadas”.
55 Algunos jueces al tratar el delito entienden que los peligros no tolerados podrían estar igualmente justificados como parte del derecho a la libertad de expresión. Esto es claramente un error pues, la libertad que es constitucionalmente valiosa es aquella que se ejerce de forma prudente y conforme a cánones razonables de calidad y rigor.
56 Monaghan, Henry P., Of Liberty and Property, 62 Cornell L. Rev. 405 (1977).
57 Nagel, Robert F., How Useful es Judicial Review in Free Speech Cases?, 69 Cornell L. Rev. 302, 323 (1984).
58 “Colisión entre los derechos fundamentales de la libre expresión y a la intimidad y dignidad humana entre Estados Unidos y Puerto Rico”, oportunamente citado en la nota 14.
59 Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, The Foundation Press (2ª Ed. 1988).
60 Epstein, Richard A., Was New York Times v. Sullivan Wrong?, 53 U. Chi. L. Rev. 782, 797, 804 (1986).
61 Sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Dun & Bradstreet v. Greenmoss Builders, 472 U.S. 749, 105 S. Ct. 2939 (1985) (White, J., en voto concurrente).
62 Algunos académicos habrían aceptado una condena incluso sin esta carta previa. Entre otros, Peter H. Schuck, profesor emérito de Yale Law School, sostiene que la falta de pruebas opera como presunción de real malicia. Ver, por ejemplo: Trump’s ‘Horrifying Lies’ About Lori Klausutis May Cross a Legal Line, publicado el 28 de mayo 2020, en el New York Times.
63 https://www.vox.com/2020/5/12/21250988/supreme-court-clarence-thomas-free-speech-first-amendmentsineneng-smith.
64 https://www.nytimes.com/2018/06/30/us/politics/first-amendment-conservatives-supreme-court.html.
65 Catharine A. MacKinnon, sostiene, por ejemplo, que “Otrora una defensa para los menos fuertes, la primera enmienda se ha transformado en un arma muy ponderosa en los últimos cien años. Legalmente, lo que fue, hacia principios del siglo 20, un escudo para radicales, activistas, socialistas y pacifistas, los excluidos y los desposeídas, se ha transformado en la espada de los autoritarios, racistas y misóginos, nazis y supremacistas blancos, pornógrafos y corporaciones que compran elecciones”. Ver MacKinnon, Catharine A., The First Amendment: An Equality Reading, en Stone, Geoffrey R. y Bollinger, Lee C., The Free Speech Century, Oxford University Press (2018). En igual sentido, el profesor Cass Sunstein, dijo recientemente que la base sobre la que se apoya la decisión alcanzada en New York Times v. Sullivan no está enteramente firme y, por eso, afirmó que es cada vez más necesario un pensamiento nuevo y creativo, diseñado para proteger a la gente de que su reputación sea destruida. Ver https://www.twincities.com/2019/02/25/cass-sunstein-clarence-thomas-has-a-point-about-free-speech-law/. Otra de las voces más reconocidas en este punto es el también profesor de Harvard, Alan Dershowitz, que ha venido advirtiendo en los últimos años acerca del uso de la primera enmienda como un arma de doble filo. Ver Dershowitz, Alan, Guilt by Accusation: The Challenge of Proving Innocence in the Age of #MeToo, Hot Books (2019).
66 https://www.cjr.org/the_media_today/trump_shooting_looting_facebook_zuckerberg.php.
67 Herman, Edward S. y Chomsky, Noam, Manufacturing consent. The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York (1998).
68 Tercero en Discordia, oportunamente citado en la nota 48., p. 522.
69 Ibíd.
70 Ibíd. p. 528

Raqueteros

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Manuel Merino: «No queremos un primer ministro que defienda a Nadine Heredia o Martín Vizcarra»

El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, se refirió a la frustrada designación de Pedro Cateriano como premier, cuestionando que no defiende los intereses de los peruanos, sino los del mandatario Martín Vizcarra como antes también lo hizo con la ex primera dama Nadine Heredia.
«No queremos un primer ministro que defienda a Nadine Heredia y que ahora defiende a Martín Vizcarra. Queremos un primer ministro que defienda a los peruanos», declaró en entrevista para Willax TV.
En otro momento, el jefe de la Mesa Directiva del Parlamento sostuvo que el próximo portavoz del Gobierno tiene que saber comunicar al país cómo solucionará los problemas económicos y sanitarios que está dejando la pandemia del coronavirus (Covid-19).
«Que sea un PCM que pueda explicar al pueblo peruano, que pueda convencer al Congreso de que las acciones que va a hacer este gobierno en el año que le queda van a solucionar el problema de la falta de trabajo, la reactivación económica y frontalmente enfrentando esta pandemia», señaló.
Merino de Lama descartó, además, que tenga intenciones de asumir la Presidencia, al ser el segundo al mando después de Vizcarra Cornejo, quien no tiene vicepresidente. «Yo he sido elegido para ser congresista. (…) Mi tarea y mis responsabilidades son estrictamente parlamentarias», puntualizó.
El Pleno del Parlamento le denegó la confianza al gabinete liberado por Pedro Cateriano por cuestionamientos a los ministros Martín Benavides (Educación) y María Antonieta Alva (MEF), y por la poca alusión a la crisis sanitaria en el discurso del ex primer ministro.
Fuente: Diario EXPRESO.Foto: Andina

Cateriano: el pescador insensible

Por Carlos Ráez, Antropólogo- www.noticiasser.pe
Desde el arranque: la negación de confianza al gabinete de Pedro Cateriano confirma que ni él ni Martín Vizcarra han sabido comprender al congreso 2020-2021. A menos de un año de culminar su período, el presidente optó por un premier de perfil ofensivo, que se limitó a exponer antes que conciliar. De posturas que Cateriano señala defender “con firmeza y convicción”, y que, a su entender, algunos confunden con “arrogancia”.
Esta fórmula de confrontación, propia de Cateriano, y que le dio mejores resultados en años anteriores (como cuando fue ministro de Defensa y premier con Ollanta Humala) no pudo replicarlas durante los 20 días que estuvo en el  cargo, ni en las 20 horas de debate. Probablemente Cateriano hubiese tenido mejor suerte en el congreso anterior, contra un adversario grande, definido y sólido en apariencia, como Fuerza Popular, cuyos actuales miembros sí le dieron el voto de confianza (a excepción de Martha Chávez y Carlos Mesía, una fujimorista férrea y un exaprista respectivamente, con quienes el odio es mutuo).
En lugar de incidir en los distintos momentos previos a la votación que pudieron condicionar la actitud de las bancadas, quisiera enfocarme en las declaraciones posteriores de Cateriano, específicamente en relación aquellas sobre el Frepap. El ex primer ministro se ha referido a esta bancada en cuatro entrevistas: dos radiales (en Santa Rosa y RPP), una periodística (La República) y una televisiva (canal N). En todas repitió casi lo mismo al momento de referirse a esta agrupación. Rescataré algunas declaraciones y daré una breve opinión.
“Hay muchos congresistas que no conocen cómo se maneja el Estado, por ejemplos los congresistas del FREPAP no tienen ningún conocimiento del manejo de la cosa pública. Afirmaban cosas que no tenían un sustento en la realidad” (RPP)
Esta cita se complementa con lo que señaló en canal N horas más tarde: “Yo he dado una opinión, eso no implica discriminación alguna. Que haya causado una sensibilidad en el Frepap muestra la poca experiencia que tiene esa agrupación en el manejo de los asuntos públicos”.
No se puede decir que el Frepap carezca de experiencia en la “cosa pública”. Como partido, tiene 30 años de fundado. Colocó 5 congresistas a lo largo de la década de 1990 (entre ellos, un israelita), y a un total de 74 autoridades ediles a lo largo de tres elecciones durante el presente siglo. Sus militantes han gobernado municipalidades distritales y provinciales.
Con respecto a que los frepapistas afirmaban cosas “sin sustento en la realidad”, hubiese sido más adecuado que profundizara a qué propuestas se refería, o mejor dicho, a cuál de todos los proyectos de ley presentados hasta el momento: el impuesto a las grandes fortunas (PL 4887), el de Reactiva Agro (PL 5076), la reducción de la jornada laboral (PL 5099), la implementación de mercados itinerantes saludables (PL 5207), por mencionar algunos.
Hay que suponer que para Cateriano un político con “experiencia” no reclama ante una alusión que percibe ofensiva, pronunciada por otro político de su “mismo nivel”, que calla y solo escucha.
“En materia económica están congelados ideológicamente, diríamos con el avance y con lo que significa una economía social de mercado o una economía libre.” (Radio Santa Rosa)
Sin duda, una declaración vinculada al énfasis mostrado por Cateriano con respecto a la minería como actividad principal para reactivar la economía. Si bien la prioridad como actividad económica para el Frepap es el agro, no se le podría definir exactamente “antiminero”, sello que se le achaca acertadamente al Frente Amplio, que lleva años intentando capitalizar los movimientos en defensa del medio ambiente. Si bien la vocera del Frepap María Céspedes dio una alocución criticando el asunto de Espinar, señaló luego en su cuenta de Twitter: “Creemos en una inversión minera responsable sin abusos y defendemos los intereses de la población, promoviendo la agricultura con estudio previo y sustente técnico. La única luz verde que Frepap necesita es la del pueblo, eso es innegociable”.
Otro congresista del Frepap, Richard Rubio complementó la idea en otra entrevista: “Si usted examina las 46 hojas que ha presentado, de cuando habla, está bien, es su punto de vista, de que la reactivación económica vaya por la minería, ¡pero no le va a dar más facilidad de la que estaba! (…) ¿Por qué simplemente a los que tienen más le vas a dar? A mí me preocupa. Me habla de economía social de mercado. Y la palabra mismo lo dice, ‘social’, prima lo ‘social’, los intereses sociales, no los particulares”. “[El Perú] No es país minero; hay recursos mineros, sí. El Frepap no se opone a la minería por si acaso, pero siempre y cuando sea una minería saludable, que cumpla los requisitos, los estándares como está en Canadá. Los conflictos sociales reflejan eso, que la minería no respeta eso.”
“Cuando tú actúas con un fanatismo religioso, al margen de lo que establece la Constitución, ciertamente la conducta política es peligrosa, muy peligrosa. Yo los sindicaría desde el punto de vista de una definición ideológica, en una zona de confusión absoluta”. (Radio Santa Rosa)
La única forma de entender este dicho es asumir que Cateriano revisó previamente el estatuto del Frepap y su ideario, y se haya quedado enfocado en lo de “teocrático”. De ser así, habría que aclararle que lo que este partido plantea, no se refiere a imponer la doctrina israelita como “religión oficial” sino que, en un eventual gobierno, la Ley Real (los Diez Mandamientos) servirá de guía al gobierno establecido por el pueblo.
Pero asumiendo que no fuera este el caso, ¿hemos podido observar alguna actitud “fanática” en estos siete meses por parte del Frepap en el Congreso? María Céspedes reafirmó en una entrevista la separación entre el plano religioso (personal) y político (público): “Usted no va a obligar a todos nosotros que vayamos a misa los domingos, es usted, usted como persona quien ha definido, ha decidido tomar su fe. El Perú es un país laico. (…) Nosotros, en la parte política no tenemos nada que ver con la parte religiosa. La parte religiosa es la parte personal, es la doctrina de nosotros, pero en la parte política lo que tenemos q ver es hacer un diagnóstico situacional de lo q está viviendo nuestro país.” Hasta el momento no ha habido algún proyecto de ley en favor de su congregación, o vinculada al tema religioso. Se mantienen alejados de sectores ultraconservadores (“Con mis hijos no te metas”), ni han realizado manifestaciones de tipo religioso en el hemiciclo. (Lo único que podría evidenciar un sesgo religioso son las políticas en favor del agro, ya que esta actividad está percibida como una de las alternativas de salvación, pero eso ya sería un tema aparte.)
“Yo tampoco entiendo [la ira del Frepap] y además es contradictorio que estas personas que se presentan como religiosas o supuestamente entregadas a causas tengan esta clase de conductas agresivas, fanáticas. Pero en fin, es una parte de la nueva configuración política del país. Era un poco más amable Ataucusi que la señora Céspedes, no sigue siquiera las enseñanzas de supuestamente su líder y fundador político Ezequiel Ataucusi”. (Radio Santa Rosa)
Ya que Cateriano no profundizó sobre en qué fueron agresivos con él (dicho sea de paso, ¿eso no los mostraría como políticos con experiencia?), María Céspedes expuso una hipótesis sencilla: “¿De repente sabe qué no le gustó? (…) Él había tomado una característica: salir afuera y tomarse fotos, como diciendo ‘todo está ok, todo está bien’ (…) Y yo le pedí, ‘señor Cateriano, no estamos para fotos. Así que me va a disculpar, pero le pido por favor no salir a tomarse fotos con nosotros, no es nuestra característica.”
La expulsión de los mercaderes del templo, por parte de Jesucristo, tampoco fue un acto pacífico, de acuerdo a la Biblia. Hace poco Guillermo Borda publicó un artículo sobre la visión domesticada que se tiene actualmente sobre Martin Luther King, pastor bautista, y el movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Con respecto al calificativo de “agresivo”, Richard Rubio declaró que “es un calificativo muy fuerte, pero si defendemos los intereses mayoritarios de la población, tenemos que ser agresivos”. Nada más que decir.
“Yo podía haber ofrecido el oro y el moro, decirle a Arana que iba a detener la actividad minera, o decirle a la señora Céspedes que iba a ir el domingo a rezar con ellos ante al féretro de Ataucusi, y no me iban a creer” (La República)
Esto simplemente es burla, ignorancia.
***
Para completar el panorama, en ninguna de las entrevistas Cateriano mostró un atisbo de autocrítica (al igual que Vizcarra durante todo su período); sobre esto también se pronunció el Frepap (“ausencia de autocrítica y empleo del doble discurso). Se ha limitado a reducir el asunto al tema de la reforma educativa (nuevamente, al igual que Vizcarra), a decir que “su cabeza ya estaba pedida” y que no quería caer en demagogia, pintando una delgada frontera entre este concepto y el de “diálogo” (el papel de la prensa en ensalzar el argumento de la reforma educativa merece un capítulo aparte).
Vale añadir que el Frepap en ningún momento se mostró en contra de la reforma educativa. Sus argumentos para interpelar a Martin Benavides giraban en torno al licenciamiento irregular de algunas universidades, y a la reciente fallida compra de tablets.
Haciendo un sumario de lo expuesto, las declaraciones de Pedro Cateriano desnudan un clasismo disfrazado de laicismo, donde las personas religiosas, “fanáticas”, son ignorantes y no ciudadanos, cuyas creencias (malinterpretadas) limitan su capacidad de hacer política. El voto en contra de los frepapistas reflejaría su falta de experiencia en la gestión pública (la que no necesitó Martín Ruggiero para ser ministro de Trabajo, por mencionar un caso). Cabe indicar que el Frepap ya emitió un comunicado oficial sobre lo acontecido en estos últimos dos días.
No quiero con esto señalar que es entera responsabilidad del Ejecutivo el resultado de esta situación. Son varias las aristas: de forma comprobada estuvo en juego el tema de la reforma educativa, debido a intereses particulares: aspecto totalmente condenable. También podemos hablar de que prevaleció lo programático, en algunos casos. Pero no se puede dejar de lado que Cateriano que abogaba por un debate democrático y abierto, no supiera conciliar (o negociar) políticamente la aprobación de su ambicioso plan de reactivación (que definitivamente se proyectaba más allá de diez meses). Cuando le preguntan sobre si le faltó cintura y olfato político, se pinta a sí mismo como ingenuo (sobre todo al referirse a las abstenciones de Alianza para el Progreso y Acción Popular, que también merecen artículos propios), determinando que “me habla de olfato [político], estaba con la nariz tupida, de repente.” ¿Ello explicaría también la reunión con el Tucán Bedoya, líder de un partido sin bancada? Quizá el fallo no es solo el olfato, sino el “el sentido político”, aquel que pudiendo ganarle a su favor el pescadito, terminó por alejarlo en el mar.
“Aunque usted no lo crea, dentro de la misma bancada, había posición a favor, y abstención. Pero habiéndolo escuchado, muchos ya decidieron ahí el voto en contra”, comentaría el congresista Richard Rubio. “Le faltó más sensibilidad humana”, complementó. Ya no estamos hablando solo de que Cateriano no pudo descifrar al congreso; tampoco a la realidad.

Hermana de ministra Barrios contrató con el Estado por 482 mil soles

Por Janet Leiva D.- Diario EXPRESO.
Consorcio que integra María Elizabeth Barrios Alvarado celebró un contrato inicial de S/391,434 y un adicional por S/91,180 con la Municipalidad del Callao.
No solo los familiares del presidente Martín Vizcarra han recibido importantes sumas de dinero del Estado durante el último quinquenio, de acuerdo a lo revelado recientemente por diversos medios de comunicación. Las familias de sus ministros también se han visto favorecidas por jugosos contratos y algunos se habrían celebrado al margen de la ley, según la documentación obtenida por este diario.
Según el reporte de Otorgamiento de la Buena Pro del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE), María Elizabeth Barrios Alvarado, hermana de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios Alvarado, suscribió un contrato con la Municipalidad del Callao para la adquisición de uniformes en el año 2019.

Hasta nunca Gloria Montenegro

Al fin se va del gabinete la escudera de Vizcarra, perdón, la señora Gloria Montenegro que, más que ministra de la Mujer, parecía la insultóloga del vizcarrato. ¿Qué cargo público habrá pedido este dolor de muelas? Recordemos que este gobierno premia a la ineptitud. No hay mejor ejemplo que el de Vicente Zeballos, propuesto para ser embajador del Perú ante la OEA.
DEBE SER CAVIAR
Al extremo opuesto está Javier Palacios, reemplazo de Martín Ruggiero El Breve en Trabajo. Aquel Palacios, hombre de Javier Saavedra del BID, tenía pendiente una moción para investigarlo en el Congreso porque, cuando era jefe de FondoEmpleo, un dinero para los trabajadores sindicalizados nunca llegó a su destino, afirman. Incluso el caso fue visto en instancias administrativas y fiscales, donde han optado por el silencio. Dicen que es caviar de pura cepa.
BENAVIDES PEDIDO
Martín Benavides tiene la cabeza sobre una parrilla de mil grados de calor en el Congreso. La Moción N°11348 para interpelarlo, firmada por los legisladores de Acción Popular (AP) Rivera Guerra, Burga Chuquipiondo, Inga Salas, Pérez Ochoa y Salinas López, le han puesto la puntería, como se desprende de la moción 11348 presentada el 25 de junio de 2020.
BARBECHOS Y FUJIS
Pero no solo los bravos de AP sino también los barbechos y pelolargos del Frepap encabezados por el reverendo Cayllahua Barrientos, Céspedes Cárdenas de Velásquez, Gutarra Ramos y Rayme Marín. De Fuerza Popular firman la moción interpelatoria contra el ministro de Educación los congresistas Alonzo Fernández, Pichlingue Gómez, Pinedo Achata y Tito Ortega.
¿CÓMO ES LA NUEZ?
Completan los firmantes los muchachones de UPP liderados por su vocero, Édgar Alarcón, así como Apaza Quispe, Chagua Payano, Chaiña Contreras, Lozano Inostroza, Mamani Barriga, Mendoza Marquina, Pantoja Calvo, Ramos Zapana y el popular José Vega Antonio. Son diez firmantes, el grupo más numeroso. Ya que se habla de intereses o lobbies universitarios, no se ve a nadie de Podemos de Pepe Luna ni menos de César Acuña. Raro. ¿Cómo es la nuez?
CLASISTAS Y COMBATIVOS
En la moción para interpelar a nuestra “Ñañita” Alva Luperdi está más claro el contenido ideológico. Lo encabezan los upepistas, con Vega Antonio; ‘Pepe’ Luna Morales de Podemos y un buen sector de podemitas. También casi todos del Frente Amplio, con Lenin Checco y la oenegera RSS a la vanguardia “clasista y combativa”. En el tema económico no le perdonan a la guapa María Antonieta sus dislates. Abusivos. Desde esta sección pobre pero honrada apostamos por ella.
LA LIVIANA MARILÚ
¿Se han dado cuenta que los medios y periodistas vizcarristas tienen como vocera preferida a la censurada e incompetente exministra Marilú Martens? Claro. Y es que prefieren ayayeros sin ningún predicamento ante la comunidad educativa y el magisterio. Pierden su tiempo porque nadie la escucha sus opiniones más que livianas.
IDEL Y LEÓN
Por otro lado sucede en estos días de la crisis ministerial -que tiene como centro a la educación- que los periodistas oficialistas no entrevistan a dos educadores de trayectoria probada y que gozan de respeto en la opinión pública. Nos referimos al maestro Idel Vexler y a León Trahtemberg. Y es que ambos son profesionales independientes. El maestro Vexler es muy respetado por los maestros y la comunidad educativa. También el buen León.
EDUCACIÓN Y “TUCOS”
Están pasando piola los congresistas de la Comisión de Educación del Congreso que tienen varios proyectos legislativos anticonstitucionales para intervenir y quebrar la educación privada. Es más, están asociándose con gente del Movadef para intervenir en la Derrama Magisterial, una institución previsional privada de los maestros y sus sindicatos reconocidos legalmente.
Fuente: Diario EXPRESO.

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El país que no entendió Cateriano

Por Umberto Jara- www.esferaradio.net
En política una foto es un mensaje. El flamante ex premier Pedro Cateriano, por su oficio, sabe que las imágenes dicen mucho en política. El problema es que no supo elegir la foto apropiada. Tras cumplir con el ritual de la ronda de conversaciones con las distintas tiendas políticas, decidió cerrar su periplo con una fotografía que lo muestra a él conversando con el centenario Luis Bedoya Reyes. ¿Cuál era el mensaje? Vaya uno a saber qué pensó transmitir Cateriano, señorial y clásico. Lo que el país interpretó es que se trataba de un desatino.
Quienes se acuerdan de Bedoya entendieron que Cateriano estaba diciéndole al país y al Congreso que su gestión iba a tener el estilo de la “política tradicional” y por eso exhibía una foto con un tótem de una clase política ya extinguida, tan extinguida como la habitación antigua, colonial y en penumbra en que fueron fotografiados. El breve ex premier se olvidó por completo de los sectores populares a los cuales no les interesan fotografías supuestamente simbólicas sino el pan de cada día que ha desaparecido de la mesa.
Quienes sí entendieron clarísimo el mensaje fueron los miembros del Congreso que serán todo lo cuestionables que queramos pero pertenecen y representan, quiérase o no, al país informal que reclama atención en una pandemia con decenas de miles de muertos que pertenecen, precisamente, a los sectores que no tienen recursos para salvar sus vidas. Ese Congreso le habla, guste o no, a los millones de desempleados que soportan a un presidente de la República que miente, miente y miente pasando por encima de los muertos, los contagiados y los desempleados. Son esos sectores de peruanos que tenían muy poco y ahora no tienen nada los que eligieron al actual Congreso porque la política tradicional no les dio absolutamente nada. Insultando y despreciando a los congresistas no se logra nada porque la realidad es una: allí están por elección popular. Y Cateriano no entendió que debía bajar de su pedestal arrogante para negociar, mal que le pese, con ellos.
El nombramiento de Pedro Cateriano despertó expectativas. Frente a las figuras cuasi demenciales de Vicente Zeballos y Víctor Zamora, era una opción de racionalidad. Pero no entendió el país que estamos viviendo. Cuando hay crisis con muertos y hambre hay que hilar fino y con respeto. A su estilo confrontacional, de ceño adusto sin pausa, sumó hechos e imágenes insostenibles: para el sensible tema del trabajo puso (y justificó) a un muchacho racista que provenía de un estudio de abogados dedicado a la más rancia asesoría empresarial y para los conflictos mineros nombró a un Belaunde, apellido que, en el imaginario del Frepap, es parte del apocalipsis. En política para llegar a la meta, las más de las veces, hay que fingir. Tal vez en su descanso imprevisto Cateriano tenga tiempo para ver House of Cards.
La escena final fue el extenso discurso que propinó el ex premier. Cometió la insensatez de seguir la ruta de Vizcarra y habló como si se tratara de una asunción de mando y no de un gobierno que debe manejar una crisis final. Los peruanos esperaban apenas tres temas: salud, empleo y reactivación económica.
Lo peor de todo es que la irracionalidad continúa. Tras su salida, estamos viendo una campaña de desinformación que, con el paso del tiempo, habrá de avergonzar a algunos de sus actores. Periodistas y analistas que nos quieren hacer creer que todo ha sido exclusivamente una conjura por la reforma universitaria. Si eso piensan realmente o si eso les hacen decir y ellos aceptan decirlo, siguen perdiendo espacio ante la opinión pública.
Lo ocurrido con Cateriano es el primer capítulo de las varias batallas que se vienen y que tendrán desenlace en la próxima campaña electoral: ha sido el pulso entre el país oficial y el país informal; ha sido la pugna entre el país de los empresarios que compraban políticos y el país que sobrevive en las peores condiciones desde antes de la pandemia. Digamos que Cateriano, en representación del país oficial, no quiso entender al país informal que se expresa, por ejemplo, a través del Frepap. Guste o no, es el Perú al que hemos llegado. Si no se entiende y no se dialoga, nos esperan más sombras de las que ya tenemos.
Si quieren que el país marche a la total debacle, sigan inventando que el gabinete ministerial cayó por una conjura contra un ministro llamado Benavides, un personaje que no vale nada ni representa a nadie.

Los obstruccionistas

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Los hechos son los hechos en el PERIODISMO y en la REALIDAD. El gabinete Cateriano ha caído sin siquiera haber empezado, luego de que el Congreso le negara el voto de confianza por una serie de intereses variados y subrepticios.
Quienes apoyaron al hoy renunciante presidente del Consejo de Ministros en el pleno fueron sus enemigos, los que supuestamente obstruyeron la presidencia de Martín Vizcarra en el anterior Congreso y contra los que Cateriano ideó el golpe de Estado del 30 de septiembre para defenestrarlos de la plaza Bolívar. Hoy, los hijos de ese golpe de Estado ideado por Cateriano le han metido la daga por la espalda: nunca mejor puesto el dicho de quien a hierro mata a hierro muere.
Pero ya no se podrá acusar jamás a Fuerza Popular de haber participado en la caída de Cateriano en plena crisis sanitaria, económica y social como no hay precedente en los últimos cien años. En aquella bancada, quienes supuestamente eran los obstruccionistas le dieron su voto de confianza al enemigo que los disolvió (y los dos que no, lo hicieron por algo que en otras bancadas ya olvidaron: PRINCIPIOS) porque pensaron antes en el país que en sus propios intereses.
Cómo le debe haber caído a Cateriano y a sus caviares que entre los pocos que votaron por la confianza haya estado la bancada de Fuerza Popular. Se acabó el mito del obstruccionismo, de la zancadilla, de la sangre en el ojo que expandían sin pudor las Mávilas Huertas, las Rosa María Palacios y los Álvarez Ródrich que ahora chillan por el monstruo de representación que ayudaron a encumbrar.
Ahora, así como la vez pasada, los golpistas botan espuma por la boca a causa de lo que han derivado en llamar “Los malditos de la plaza Bolívar” o “traición a la patria”. Sí, claro, como no.
Los hechos han dejado demostrado que todo lo que se dijo acerca del obstruccionismo de Fuerza Popular fue una vulgar mentira que se usó como pretexto para perpetrar un golpe de Estado, que terminó devorando a los propios golpistas. Mientras tanto, los “obstruccionistas” tuvieron la responsabilidad patriótica de darle la mano a Cateriano en su hora más difícil.
Hizo bien Cateriano –hay que reconocerlo– en no dejarse pisar el poncho por lo del ministro de Educación y morir en su ley. Mientras, los caviares siguen mirándose el ombligo culpando al pobre ministro Ruggiero que a nadie interesa más que a ellos o al Acuerdo de Escazú, que en la mente de los congresistas y del vulgo vive en la galaxia de Andrómeda. Querían nuevo Congreso: ¡ahí está!

Manuel Merino: Ofrecimos a Pedro Cateriano postergar su presentación por críticas contra tres ministros

El presidente del Congreso, Manuel Merino, aseguró que en la reunión que sostuvo con Pedro Cateriano antes de la presentación para solicitar el voto de investidura, no solo le dijo que había críticas de varias bancadas contra el ministro de Educación, Martín Benavides, sino contra otros dos miembros del gabinete: la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y el de Trabajo, Martín Ruggiero.
Por eso, aseguró que le ofreció aplazar su pedido de voto de investidura hasta 10 días para que “levante” las observaciones que le trasladaba, pedido que Cateriano rechazo.
“(Pedro Cateriano) debió ver, no solo desde el miércoles (29 de julio) hasta el lunes que se presentó, la propuesta de la mesa como le dije, que si el tiempo era insuficiente para que pueda levantar estas situaciones, podemos ampliar 10 días más para que se presente ante el Congreso. No quiso. Se creyó suficiente o creyó que su trabajo enmarcado fundamentalmente en confundir al pueblo peruano hoy pretende ponerlo en medios de comunicación como que es una responsabilidad de los nueve grupos parlamentarios”, dijo esta tarde en una conferencia de prensa desde el hemiciclo.
Manuel Merino respondió así ante la versión que dio Pedro Cateriano en varias entrevistas luego de perder el voto de investidura y presentar, como consecuencia, su renuncia. El saliente primer ministro detalló que en una reunión del 29 de julio, convocada por el presidente del Congreso, le dijo que no había consenso dentro del Congreso para darle la confianza por haber ratificado en el cargo a Martín Benavides como ministro de Educación.
Al respecto, el titular del Parlamento aseguró que actuó así “de manera democrática” y con transparencia, en aras de la gobernabilidad, para poder decirle a Cateriano las “debilidades” que tenía el nuevo gabinete en tres ministerios: Educación, Economía y Trabajo.
“(Pedro Cateriano) sabía que traía un gabinete que no estaba totalmente renovado y una mochila pesada de dos ministros que habían repetido (con interpelaciones pendientes) y un ministro que no tenía experiencia. Esa advertencia la conocía él, no había nada oculto”, aseguró Merino, quien negó haber querido condicionar el voto de investidura.
“Rechazo enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza […] Lamento las declaraciones del presidente de la República, que pretenden soslayar el tema fundamental que democráticamente hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros […] La crisis del Gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República”, acotó.
Pese a esto, el presidente del Parlamento atribuyó la negativa al voto de investidura, no a los ministros cuestionados, sino a una “falta de expertise” de parte del renunciante primer ministro para responder al país sobre temas de salud y economía.
-Interpelaciones seguirán si ratifican ministros-
Manuel Merino aseguró que las interpelaciones contra los ministros de Economía y de Educación, en el caso de este último ya aprobada por el pleno, deberán seguir su curso si es que el nuevo gabinete decide mantener en sus cargos a María Antonieta Alva y Martín Benavides, y que si no convencen podrán ser sometidos a una censura.
“Las interpelaciones de la ministra (de Economía) como del ministro de Educación están en vigencia y si repiten a estos ministros, cuando les toque, van a tener que presentarse […] Pasarán por el pliego de preguntas y si no convencen al pleno naturalmente el Parlamento tiene la condición de poder censurar. Son interpelaciones que están pendientes y deben ser explicadas”, manifestó.
Manuel Merino concluyó señalando que Martín Vizcarra puede nombrar a un gabinete “estrictamente político pensando en las elecciones”, pero que no permitirá que se deslegitime la labor de los partidos políticos y el Parlamento.
“Necesitamos un gabinete que muestre garantías de un proceso transparente en la conducción y la responsablidad la tienen ellos. Si cree que debe poner un gabinete estrictamente político, pensando en las elecciones, pues que lo haga. La población quiere resultados y lamentablemente, el señor Cateriano no ha tenido resultados, por eso se cayó su gabinete”, señaló.
Pedro Cateriano no obtuvo el voto de investidura tras 20 días de haber jurado en el cargo en reemplazo de Vicente Zeballos.
Fuente: Diario Gestión.

¿Dónde están los “niñeros”?

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Julio Villafuerte Osambela

Por Coronel FAP – Diario Correo.
Asociar nuestra realidad con la atmósfera es siempre necesario. Así lo dice la historia y nuestra vida cotidiana. En la pandemia que estamos atravesando existen definitivamente correlaciones con la atmósfera a gran escala, por las condiciones estacionales y las microescalas, pues el virus se desenvuelve en el aire, lo cual es importante para tener en cuenta en el distanciamiento social que debemos tomar, de acuerdo al clima en que estamos.

Los meteorólogos tratamos de ayudar en la parte de la física que nos corresponde y aterrizar en productos sencillos para el tomador de decisiones en cualquier escala de la atmósfera. Si se salvan vidas, nuestro trabajo valió la pena. Ya nos encontramos en el mes de agosto y las condiciones para que un Niño de la categoría del 82-83 o 97-98 aparezca no va, y eso es buena noticia. Pero debemos seguir monitoreando porque conforme nos acerquemos a la estación de lluvias, deberíamos estar preparados para recibirlas y mitigarlas con el nombre que le pongan.
Lo bueno, es que los “niñeros” no están apareciendo a sembrar dudas porque existen noticias más difíciles que no les permiten traficar con la preocupación de la sociedad. Entonces se ocultan y esperan oportunidades. De eso debemos estar muy atentos.
Venimos de una estación de lluvias con déficit y ahora podríamos hablar de una estación normal a ligeramente inferior. Pero arrastramos problemas de falta de lluvias en el norte y excesos en el sur, como la sierra de Arequipa y Cusco. La sierra central tendría sus precipitaciones normales y con ellas los famosos huaicos en las cuencas altas de los valles costeros en el verano.
Por favor, que los “niñeros” no metan incertidumbre y no copien información internacional inconclusa. Estamos muy sensibles con la pandemia y si exageramos, imagínense los daños.

Unas fotitos

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Por Martha Meier Miró-Quesada– Diario EXPRESO.
En medio del dolor de millones de peruanos que han perdido familiares, empleo y esperanzas, Vizcarra decidió dedicar su tiempo a una sesión fotográfica por Fiestas Patrias. Para este hombre todo es propaganda, imagen y búsqueda de aplauso, aparte de mirar a otro lado cuando de su entorno corrupto se trata. Nada sabemos de las urgentes reformas para enfrentar la pandemia, la apocalíptica fase post Covid-19 ni de una vocación real de articular eficientemente la colaboración con el sector privado y las iglesias.
El Perú urge respuestas rápidas, de reforzar la economía para que sea resiliente a cualquier adversidad, local o global. La indecisión y la demora en todos los aspectos solo ahondan la tragedia que vivimos por el virus chino. La pandemia afecta a todos los países, era imposible evitar el duro golpe económico, pero la extensa cuarentena solo generó pobreza, desempleo y no contuvo al virus.
El objetivo principal de Vizcarra parece ser perdurar en el poder, asegurándose una popularidad en las encuestas que la calle desmiente. A este individuo no le interesa el dolor y la desesperación de las familias que perdieron a sus seres queridos por la pandemia o sufren por la falta de camas UCI, de oxígeno, de personal de salud para los suyos. De hecho, su sesión fotográfica de Fiestas Patrias tuvo la intención de borrar las desgarradoras imágenes de la señora Celia Capira, corriendo para alcanzar a la comitiva oficial y tratar de hablar con el huidizo Vizcarra, que como su porrista Julio Guzmán del Partido Morado, cuando algo quema este también escapa.
No había que ser genio ni adivino para prever el duro impacto de la pandemia sobre la economía nacional y la riqueza de las personas. Estamos frente a un escenario de colapso, saldremos a una situación similar a la del fin de la guerra con Chile, con la tercera mayor recesión del planeta. En pocos meses los negocios que hoy tambalean desaparecerán y algunas grandes empresas pasarán a la historia.
La mayoría de las variables de la actividad económica analizadas arrojan balances negativos. La caída de las grandes economías afectará nuestras agroexportaciones, el creciente desempleo generará inseguridad y violencia, la conflictividad social podría seguir frenando los grandes proyectos mineros y las hectáreas dedicadas a la siembra de coca para el narcotráfico seguirán extendiéndose (Estados Unidos acaba de advertirnos que hubo un crecimiento de más de setenta mil hectáreas de la hoja).
El gobierno de Vizcarra no hace nada para que ese mañana no sea tan desgraciado. Solo ¡click! fotitos patrioteras.

Se oculta la corrupción

Por Mariella Balbi- Político.pe
Hasta que por fin la ministra de Salud dio las cifras reales del Covid-19: 43 000 muertos y 5000 contagios diarios. Aterrador. Sea por tener un pariente enfermo o porque la realidad no se puede ocultar, la mayoría de peruanos sabía que las cifras del gobierno eran mentirosas.
Cuando la OPS anunció que superábamos los 40 mil muertos, el exministro de Salud soltó muy orondo: “nosotros tenemos otra opinión”, soslayando su responsabilidad. Martín Vizcarra divulgó esas cifras falsas, sabiéndolo y pensando solo en su imagen, construida gracias al apoyo de los medios. Cumplida la cuarentena, la prensa sigue mandando sus preguntas por escrito a Palacio de Gobierno, donde se selecciona las más convenientes.
Antes de otorgar la confianza el Congreso debe exigir, en nombre de los ciudadanos, una explicación de las tremendas falsedades divulgadas. Han muerto 43 000 personas y serán más. Es claro que al régimen no le importa la vida y la salud de los peruanos. Los ha dejado a su suerte, y eso viola las leyes.
El Parlamento tiene que llegar a la verdad sobre la negativa rotunda de aplicar pruebas moleculares masivamente, lo que linda con el delito para muchos. Todos saben, incluido Vizcarra, que estas son la única vía para detectar el coronavirus. No haberlo hecho trajo como consecuencia la dolorosa mortandad que tenemos, ha contribuido a falsear las cifras e impidió cercar al virus.
La Contraloría hizo una evaluación. Pero hasta hoy no conocemos por qué el gobierno actuó de manera tan siniestra. Imposible alegar ignorancia o desinformación. Se ha malversado nuestro dinero y provocado un derrumbe económico difícil de superar.
Los casos de Mirian Morales, Richard Swing, familiares y amigos de Vizcarra contratados a dedo por esta administración son pestilentes. Cualquier otro gobernante ya hubiera sido obligado a declarar públicamente sobre esto. Pero Vizcarra tiene un ominoso manto de protección de los medios.
A estos se suman las denuncias contra la ministra de Economía sobre contratos de su padre y de su tío con el Estado a través de la firma Hidroenergía Consultores por S/1 557 000, prohibidos por ley. Se divulga poco y el régimen no dice nada. Encima, la titular de Economía anuncia una reforma de las contrataciones con el Estado, cuando debería renunciar.
A Keiko Fujimori la encarcelan por el ‘chat’ La Botica, al fiscal Gonzalo Chávarry lo destituyen por una mentirosa vinculación con “Los Cuellos Blancos”, pero Vizcarra y sus ministros pasan piola. Hay dos renuncias al consejo consultivo de la JNJ. Veremos si Nadine Heredia tiene vara en el Poder Judicial gracias a un exministro suyo.
Agréguese el descarado ‘chanchullo’ de las ‘tablets’ del Ministerio de Educación. La licitación se cayó y va a ser adjudicada directamente y probablemente habrá irregularidades. El Congreso está obligado a abrir los ojos y dilucidar las denuncias contra los ministros en funciones.
Elaboración Martín Hidalgo- Diario El Comercio.

54 votos en contra y 34 abstenciones

Cateriano dijo que se le “advirtió” que no había consenso sobre la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, pero remarcó que, desde el punto de vista político, en el Gobierno consideraron que era un mensaje de apoyo a la reforma universitaria.
Expresó su oposición a que se mantenga el voto preferencial para el 2021. “Alienta los intereses individuales de los candidatos y debilita a los partidos políticos”, señaló.
Tras la exposición de Cateriano, el presidente del Congreso, Manuel Merino, abrió el debate. Una de las primeras en tomar la palabra fue la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes, quien demandó al primer ministro ir a vivir un mes a Espinar (Cusco), donde, a pesar de la actividad minera, “solo tienen dos horas de agua al día”.
José Luna Morales (Podemos Perú) cuestionó que el jefe del Gabinete Ministerial haya asistido al pleno con dos ministros que serán interpelados, en referencia a Benavides y a la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Añadió que su bancada “no nota” cambios suficientes en el Gabinete “para darle la confianza”.
El parlamentario Edgar Alarcón adelantó que UPP no iba a dar el voto de confianza.
Fuente: Diario El Comercio.

Mensaje en una botella

Por Mario Ghibellini- Diario El Comercio.
De todos los discursos presidenciales que hemos escuchado por 28 de julio, ninguno se ha parecido tanto al de un náufrago como el de este año.
Los mensajes presidenciales del 28 de julio pariente pobre de la epopeya: recurren a la evocación de los héroes nacionales- ilustres compatriotas cuyo sacrificio no merecería ser asociado a las penosas gestiones de los presidentes que los invocan-, abundan en hipérboles y , en última instancia, consisten siempre en una larga recitación de proezas que a nadie le constan. No era de esperar, desde luego, que el de este año fuera una excepción. Pero el morro que se ha gastado Vizcarra al omitir minuciosamente toda alusión a la desgracia en la que su calamitosa administración de la emergencia nos ha sumido no puede pasar piola. Según el premier Cateriano, la explicación de la ausencia de autocritica en el discurso del presidente es que ningún político se autoflagela. Pero no hay problema; acá estamos para ayudar: podemos hacerlo por él.
-Matricidad y oxigeno-
Como afirmo el mandatario cuando abordó el tema de cuarentena, “fuimos unos de los primeros países de la región en tomar esta medida”. Pero precisamente por eso le tocaba a él aclararnos como así entonces hemos llegado últimos, en lo que a número de víctimas, contagios y caída económica se refiere. El argumento que el jefe de Estado desplegó para no hacerse cargo de lo que se hizo mal en ese trance- “si no hubiéramos aprobado oportunamente esta medida, créanme, las cifras de fallecidos sería contada hoy por centenares de miles”- es groseramente tramposo, pues el presunto dilema que plantea es falso. La cuestión en efecto, no era ni fue nunca si estábamos todos a favor o en contra de la cuarentena. En realidad jamás existió duda alguna sobre el hecho de que era imprescindible decretarla. Pero no tenía que venir con todos los ingredientes que el Gobierno le puso; y, más bien, pudo haber incluido algunos otros que se echaron fatalmente de menos. Es decir, ni todo lo que dispuso el Gobierno no hacía falta,fue oportunamente dispuesto por él. De lo primero, encontramos abundantes pruebas en la forma como se tranco la economía con bloques y prohibiciones innecesarias; y de lo segundo, da testimonio la cantidad de contagios que se produjo en los mercados y en los paraderos y medios de transporte urbano, justamente durante la etapa más rigurosa de la cuarentena. ¿Cuánto tiempo pasó antes que el Gobierno reaccionará ante las aglomeraciones que ocurrían en esos dos contextos? ¿Dos meses? ¿Más? Y, vamos, las críticas en ese sentido aparecían cotidianamente en la prensa. Por otro lado, ¿cómo pudo ignorarse, por casi dos mese también (del 22 de mayo al 13 de julio), una donación de oxígeno tan importante como la que había ofrecido Southern mientras había gente en el sur que moría precisamente por la falta de él? ¿Quiénes son los titulares de semejante indolencia? Los Ministros a los que el asunto se les chorreaba de las manos por una sutil combinación de prejuicios ideológicos con déficit relativos a la motricidad fina, por supuesto. Pero también el gran artífice de la supuesta estrategia, con la que enfrentábamos en ese momento la pandemia y que comparecía un día sí y el otro también ante nosotros para dar cuenta de su conducción serena del timón en medio de la tormenta y amenazar a los enemigos del sector privado (las AFP, las clínicas, etc.) con bravuconadas astrosas. A estos despropósitos, clamorosos, puede añadirse otros que tienen que ver con la demora en prohibir el ingreso al país de personas que venían de lugares que ya estaban en problemas o con el alegre conteo de contagios con pruebas de distinta índole y calidad (para no mencionar el chiste macabro de la “meseta irregular” que figurará para siempre en la historia del manejo efectista de esta tragedia que Vizcarra quiso llevar adelante). Pero en la retórica presidencial, todas las carencias que sufrimos en estos meses fatídicos era producto de la herencia histórica y todas las desgracias que no ocurrieron, mérito de la actual gestión.
-Piezas prescindibles-
El temor autocomplaciente de las palabras del mandatario era tan descabellado, que cuando, por un momento, las cámaras dejaban de enfocarlo para enfocar el resto del hemiciclo, se veía que los únicos que lo aplaudían eran los ministros. Es decir, hasta una representación nacional tan poco dotada para las operaciones numéricas rápidas como la actual se daba cuenta de que las cifras que le estaban despachando respondían a un ejercicio de fantasía o maquillaje. El mensaje, pues, no podía estar dirigido a una persona que estuviese en capacidad de contrastar el mundo de ilusión que pintaba con la cruda circunstancia que vivimos. Parecía, más bien, uno de esos mensajes que se insertan enrollados en una botella y se lanzan al mar para que, en algún punto remoto en el espacio y el tiempo, alguien lo suficiente desinformado lo lea un día y crea que describir un universo real. Los discursos presidenciales de los 28 de julio son, como decíamos al principio, mala épica y, en general, piezas prescindibles. Pero nunca se habían parecido tanto a lo de un náufrago como el de este año.