Excelentísimo Señor Presidente de la República Oriental de Uruguay
Don Tabaré Ramón Vásquez Rosas
Excelentísimo Señor Presidente:
En mi condición de Ex Presidente Constitucional de la República del Perú, donde ejercí el honroso cargo de Jefe de Estado elegido por el pueblo en dos ocasiones, recurro a Usted para solicitar asilo político en Uruguay.
Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. Estallado el escándalo Odebrecht, como en otros países, se iniciaron las investigaciones, y con ellas se descubrieron y probaron grandes sobornos. Así, al Ex Presidente Alejandro Toledo se le investigó y enjuició por haber exigido y recibido Veinte millones de dólares en la obra de la Carretera Interoceánica; al Ex Presidente Ollanta Humala, se le investigó y detuvo por el hallazgo de Tres millones de dólares aportados en su campaña y confirmados en sus agendas personales. Pero además, el descubrimiento de supuestos servicios financieros prestados por Pedro Pablo Kuczynski a la empresa Odebrecht para sus negocios en el Perú, al mismo tiempo que era Ministro de Economía del gobierno de Toledo, y el cobro por ellos de Cuatro millones de dólares, originaron su vacancia presidencial en febrero de este año 2018.
Toda la atención fue puesta en mí, a la espera de que, las delaciones acordadas entre la empresa y la Fiscalía de la Nación del Perú, arrojaran alguna prueba de pago o soborno. Pero por el contrario, en todas sus declaraciones durante dos años y bajo juramento, tanto Marcelo Odebrecht como sus más altos funcionarios, reiteraron: “Jamás se habló con Alan Garcia de nada ilícito” y jamás mencionaron, como en todos los otros casos, montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. Todo ello a pesar de las especulaciones gratuitas o rumores que los adversarios y los agentes del gobierno difundieron. No existe pues ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito, mencionados por ningún declarante peruano o brasilero. Más aún, el Congreso aprobó por mayoría de 65 a 18, el 9 de Noviembre de este año, un amplio informe de la Comisión multipartidaria Lava Jato, elaborado en dos años, en el cual se precisa que “No existe ningún elemento, delación o prueba que vincule a Alan Garcia con los temas investigados”.
Sin embargo, aunque el fondo y la conclusión son claros; en mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimiento investigatorios extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones. Hoy, y con propósito político y persecutorio, se mezclan y confunden tipos penales para extender los plazos. Una sospecha no comprobada sirve para iniciar un procedimiento por enriquecimiento ilícito, luego se añade a este la figura del Lavado de Activos para aumentar el plazo investigatorio de ocho a doce meses, y finalmente se agrega la figura de la Organización Criminal, para que ese plazo “investigatorio” llegue a ser de treinta y seis meses ampliable a otros treinta y seis.
Y durante ese tiempo, se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno.
Desde que concluí mi segunda presidencia he hecho frente a múltiples acusaciones y a todas he respondido, asistiendo en cuarentaiocho ocasiones (48) a las fiscalías, a los juzgados y al Congreso de la República. Ninguna condujo a proceso, pues ninguna evidencia ni prueba se halló. Pero sirvieron para la destrucción sistemática y periodística de mi imagen política.
Sin embargo, producida la vacancia del Presidente Pedro Pablo Kuzcinsky, por las razones antedichas, un nuevo tipo de política se ha instaurado. Es la confrontación y el arrinconamiento de los otros poderes. Aprovechando el antiparlamentarismo tradicional e histórico del pueblo peruano se ha convocado a un referéndum para establecer la No Reelección de los congresistas, como un recurso para fortalecer la pasajera popularidad del presidente accesitario tras la vacancia. Además, aprovechando las escuchas telefónicas practicadas contra algunos magistrados (apenas al 0.1% del total de jueces y fiscales del Perú), se inició la batalla por capturar la fiscalía de la Nación, en la que había sido elegido el Fiscal Pedro Chavarry, con el propósito de destituirlo y entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno.
Por primera vez en un régimen, en apariencia democrático, tanto el Presidente accesitario como su Primer Ministro han reclamado públicamente la destitución por el Congreso del Fiscal Chavarry. Y como el congreso, de mayoría contraria, no accediera a tal exigencia, se optó por usar los procedimientos penales acusando al partido Fujimorista de haber recibido un millón de dólares como contribución a su campaña electoral. Para ello, se aplicó la figura del Lavado de activos, presumiendo que esa supuesta ayuda provenía de actividades ilícitas de Odebrecht y que los beneficiarios lo sabian. Inmediatamente toda la organización de ese partido se denunció como una Banda Criminal y se aplicó indebidamente contra sus dirigentes la detención provisional “por treinta y seis meses”, contra las opiniones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional del Perú.
Más grave es que, cuando ese partido solicitó al Premier Cesar Villanueva una reunión con el Jefe del Estado, este respondió que, para conversar, deberían primero, “destituir al Fiscal Chavarry”, en una pública y escandalosa exigencia que comprueba el interés político del régimen por cambiar de fiscal, para evitar, como se presume, su propia investigación y enjuiciamiento por casos en los que, ex ministros del régimen Kuczynski, como los actuales Presidente y Primer Ministro, estarían comprometidos.
En esta situación, con el parlamento judicialmente coaccionado, una Corte Suprema en la que renunció el Presidente y cinco vocales son investigados; con un Consejo Nacional de la Magistratura inexistente, una Fiscalía de la Nación acosada y en lucha con fiscales inferiores “con intereses políticos coordinados con el gobierno” según declaración del Fiscal de la Nación; la Justicia en el Perú vive una situación anómala, y la situación jurídica de un dirigente político opositor está gravemente amenazada. No hay fiscales ni jueces naturales o imparciales.
Por ejemplo, uno de los casos por los que se me “investiga” a pesar de haberse comprobado por su propia declaración, que la empresa Odebrecht jamás me pago un centavo, es escandaloso. Una persona, a la que jamás conocí, vendió una vivienda en un barrio popular, recibió el pago, pero después, se negó a entregar el bien, y además, denuncio al comprador por apropiación ilícita. Rechazadas cinco primeras denuncias fiscales por no ser racionales, la misma persona encontró como recurso presentar una sexta denuncia señalando que el comprador es un “testaferro de Alan Garcia”. Por tal argumento esta sexta denuncia si ha sido tramitada, iniciándose mi investigación por “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Esa, Señor Presidente, es la situación que vivo, en un ambiente de persecución política.
Y hace unos días se difundió la infamia de que una conferencia internacional que ofrecí a la Federación Industrial de Sao Paulo, ya como ex Presidente en el año 2,012, que fue contratada por una agencia cuyos honorarios me fueron depositados en mi cuenta personal en Lima, pagando de inmediato el 30% de impuestos por ella, provendría de los fondos de Odebrecht que es solo una de las miles de asociadas de esa Federación industrial. Sin embargo, con esa sola afirmación, en el mismo día, se ha dictado contra mí una medida de impedimento de salida del país, lo que comprueba el uso exagerado y político de los procedimientos.
Señor Presidente: yo he sabido afrontar dentro de las leyes todas las acusaciones o especulaciones y ya en una ocasión la Corte Suprema del Perú, en última instancia, me exoneró de todas ellas en enero de 1992 pero, destituida esa Corte por el Golpe de Estado de ese año, y acosado por los golpistas fui protegido por Colombia, Patria de las Leyes. Pero hoy, la situación es similar, como se ira conociendo paulatinamente.
Por tal causa, como Presidente electo en dos ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a Usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay, hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país.
Es gracia que espero alcanzar.
Muy respetuosamente.
Alan Garcia

Alan García se asila

Por Ricardo Vásquez Kunze-Político.pe
Último minuto: se ha confirmado la noticia de que el expresidente Alan García ha solicitado asilo político en la embajada de la República Oriental del Uruguay, en cuya residencia se encuentra. Estoy plenamente de acuerdo con la decisión de Alan García. Mediante engaños –como le sucedió a la líder de la oposición hoy “condenada preventivamente” por 36 meses sin acusación fiscal junto a todos sus asesores políticos, con base a conjeturas, especulaciones e hipótesis sin contraste probatorio–, el fiscal José Domingo Pérez lo hizo venir por segunda vez de España a una citación fiscal que en ambos casos se “suspendió”.
Es decir, se hizo venir a García por gusto para preguntarle lo que correspondía con la pesquisa fiscal (que no se concretó), pero quedó claro que era una trampa para retenerlo en el país, pedir prisión preliminar, luego preventiva y –sin acusación de por medio– solicitar 36 meses de cárcel como a Keiko Fujimori. El guión es el mismo (judicialización de la política y criminalización de los partidos políticos) con el que se encarceló a Keiko Fujimori y a todos sus asesores políticos y cuyo autor es el IDL, enemigo de ambos.
Los periodistas con agenda propia y la argolla caviar se rasgan las vestiduras porque el expresidente afirmó en la víspera que se allanaba a la justicia, luego de enterarse de que se aprobó la solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses. Lo que ha hecho García es lo que hubiera hecho cualquier político con seso ante la celada de José domingo Pérez y los caviares del IDL, a saber: engañarlos. Les pagó con la misma moneda para ganar tiempo y ponerse a buen recaudo frente a la celda que ya le tenían preparada (pese a siempre haberse puesto a derecho cuando le fue solicitado por las autoridades correspondientes).
Y todo esto, ya sabemos, basado en puras conjeturas e hipótesis que el juez toma por hechos probados, al amparo del aplauso del cartel mediático y la militancia de las redes sociales. Como aquí no hay nada de justicia (¿cómo puede haberla con la presunción de inocencia hecha añicos y la excepción de la prisión preventiva convertida en regla, aplastando cualquier concepto de los derechos humanos como afirma para estos casos la misma Corte IDH y las Naciones Unidas?) y ya que los jueces y fiscales se comportan como activistas y militantes políticos, lo que ha hecho Alan García es responderles como político.
El asilo es esa respuesta y su concesión ya confirmada por el Uruguay dejará patente que en el Perú no hay un estado de Derecho con un estándar mínimo de razonabilidad ni predictibilidad, en el que los jueces y fiscales hacen de las excepciones reglas, violando los derechos humanos inherentes al debido proceso y, finalmente, la magistratura se ha allanado a la “ley” del linchamiento público en comparsa con los medios de prensa con agenda propia y rabo de paja. Si Keiko Fujimori hubiera seguido los buenos consejos que este día ha puesto en vigor Alan García con toda la razón del mundo, otra sería su situación y sería el eje justicia/Concepción Carhuancho, la fiscalía/Pérez y el gobierno/Vizcarra el que estaría sentado en el banquillo de los acusados.
Bueno, después de la impecable y legítima jugada de Alan García, ya lo están.

¿Justicia?

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario Expreso.
La justicia roji-caviar quiere la cabeza del expresidente Alan García, ayer sábado le dictaron impedimento de salida del país por dieciocho meses. El jueves García dijo “Yo creo que se está haciendo una persecución política porque he estado 49 veces en la Fiscalía, en los juzgados y en el Congreso y lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para difamar a personas”.
Difamada y humillada fue Keiko Fujimori, hoy prisionera política de la democracia versión Vizcarra. Como van las cosas parece que el resto de opositores podrían correrá tal suerte. Como tuiteó el economista Juan Mendoza tuiteó “¿Por qué a Alan García, que se allana a todas las investigaciones, lo quieren tratar como delincuente? ¿Debido proceso o persecución política? ¿Cómo así a Toledo, Humala, Villarán no les pasa nada?”
Es trágico que en una supuesta democracia se constate un patrón de persecución política, humillación, intento de dinamitar los liderazgos, la imagen y reputación de los contrarios al de turno y se proteja a los amigos, y amedrente al resto. Algo propio de las más inmundas dictaduras.
El politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín sostiene que cuando el castro-chavismo intenta instalarse usa macabras herramientas como los llamados “jueces infames. Es decir “autoridades que dictan fallos y sentencias violando los derechos humanos, o aplicando leyes infames, que en lugar de proteger los derechos humanos, los violan, ya sea por intereses políticos o por cualquier forma de influencia indebida, de manera que la justicia se convierte en instrumento de opresión”. Uno de esos derechos es el de presunción de la inocencia, pisoteado en el caso de Keiko Fujimori y, como sigue el guion castro-chavista al presidente García le ocurrirá igual.
Nadie en nuestro país votó por Vizcarra, es una simple consecuencia de la renuncia de Kuczynski. Lejos de estar a la altura del cargo, respetar la Constitución y las formas democráticas pretende meter mano roja en ella y no respeta la independencia de poderes. Recordemos: pretendió imponerse sobre el Congreso y ha repetido que el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry debe dar un paso al costado. ¿A cuántos centímetros está de convertirse en dictador?
Apresaron a Keiko Fujimori mientras la investigan. Ahora van por Alan. ¿Traman también darle preventiva? ¿Alcanzarían esas investigaciones y la prisión a la ministra de varias carteras del segundo alanismo, la actual vicepresidenta Mercedes Araoz?
Dicho esto ¿Vizcarra quiere el poder para el solito o es idea mía?

El banco de PPK en el negociado

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso.
Cada día que pasa el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) nos da nuevas sorpresas. Declaró ante el país entero que nunca estuvo en conflicto de intereses con el Estado que lo había acogido. Incluso en una declaración jurada dirigida por escrito a la Comisión Lava Jato del Congreso fue enfático: “Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas…”.
No era cierto. Y, como ya es público, su empresa unipersonal Westfield Capital Limited sí brindó asesorías a la constructora brasileña Odebrecht y como tal  percibió ingresos desde el año 2005 y se prolongó al 2006, es decir cuando se firmó la concesión y empezó la ejecución de los tramos 1, 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
¿Cómo fue esta historia? Resulta que en abril de 2005, la citada Westfield Capital Ltd de PPK –representada por Gerardo Sepúlveda– celebró contrato, junto con el Banco de Crédito del Perú, para asesorar a la candidata a concesionaria de las interoceánicas, la Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Pero el negocio no quedó ahí, sino que una vez conseguida la concesión y firmados los contratos de la buena pro el 4 de agosto de 2005, resulta que el 15 de julio del año siguiente, Westfield y la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., capitaneada por Odebrecht, firman un nuevo contrato para diseñar y negociar los CRPAO o Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el Pago Anual por Obras. Este contrato lo firmó la contadora de PPK, Dennise Hernández.
En cristiano, como se hablaba antes, los CRPAO no eran otra cosa que bonos bancarizables del Estado para que constructoras del corredor vial puedan usarlos ante su declarada insolvencia o falta de recursos para iniciar las obras.
¿En qué consistió esta asesoría de Westfield? Según el quinto párrafo del contrato, el objeto era prestar asesoría técnica para la evaluación, diseño, negociación e implementación de los CRPAO a cambio de un pago de US$ 300,000.00.
Sobre esto último existe una factura emitida por Westfield Capital Ltd. el 27 de diciembre de 2006 y una transferencia por dicho monto a la cuenta de la consultora, realizada el 17 de enero de 2007, ambas aludiendo al trabajo sobre los CRPAO, señala el informe congresal.
¿Pero no es que en esos meses de la firma del primer contrato en 2005, Kuczynski era titular del MEF y presidía el Consejo Directivo de Proinversión entre el 16 de febrero de 2004 y el 16 de agosto de 2005? Obvio. ¿No es que cuando se rubrica el segundo contrato el dueño de Westfield era presidente del Consejo de Ministros (del 16/8/2005 al 28/7/2006)? Claro que sí.

YA ESTABA EN TRÁMITE

Pero hay más sorpresas. Y es que a la fecha de la firma del contrato de la consultoría resulta que este mecanismo financiero de los CRPAO ya estaba acordado y en trámite.
Por tal razón es que los CRPAO se hicieron realidad el 26 de julio de 2006 al suscribirse la Adenda N° 3, como detallaremos líneas abajo, a escasos once días de la firma del contrato con Westfield.
Es más, según la comisión Investigadora del Congreso, el contrato con Westfield tuvo lugar cuando el proyecto de Adenda N° 3 y los CRPAO ya habían sido oleados y sacramentados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el MEF.
A tenor de las investigaciones, todo indica que Kuczynski no solo estaba al tanto, por sus conocimientos de finanzas, de la evolución de los citados CRPAO, sino que de acuerdo a informes que circularon entre el MEF, el MTC y Ositran de mayo a julio, su participación era evidente en el diseño de los citados bonos para Odebrecht.

CINCO BLINDADORES

La Adenda N° 3 de los famosos CRPAO y el cambio total del régimen económico no pudieron hacerse al margen de la coordinación de cinco instituciones, aparte de la PCM donde PPK era el titular, como también lo era de la Comisión de Alto Nivel pro concesión creada por la Ley N°28670, norma que se promulgó para blindar todos los actuados en la entrega de la concesión y excluir en sus funciones a la Contraloría.
Entre esas otras entidades nos referimos al MEF, donde Fernando Zavala era el titular, el MTC y Ositran. El cambio total del régimen económico y sus mecanismos “no pudieron surgir espontáneamente, para generar resultados tan rápidos como diseñar el bono bancarizable [CRPAO] en dos meses desde la solicitud de la concesionaria”, señala el Congreso.

CON MENOS DEL 3 % DE LA INVERSIÓN TOTAL

Ingresos garantizados con sobornos
La historia de la desnaturalización del contrato.
Para entender mejor esta famosa Adenda N° 3, que desnaturalizó el contrato original, es necesario hacer un recuento de las dos que le antecedieron.
Mediante la Adenda N° 1 para los tramos 2 y 3 del corredor vial Sur, el Gobierno reconoció como primer pago el llamado “Costo de Transitabilidad” que no estaba en el contrato original.
Era un reconocimiento de gastos por acondicionar vías alternas para garantizar el paso de los vehículos mientras la concesionaria construía la obra.
Este desembolso de parte del Estado peruano se acordó no obstante que las constructoras incumplieron la cláusula 3.3 del contrato que las obligaba a conseguir financiamiento de la banca privada para el inicio de sus actividades.
Este fue el momento en que se sentaron las bases para nuevas adendas con el argumento del nuevo proyecto de ingeniería de detalle y otros tecnicismos.
En la Adenda N° 2  se centraron en desarrollar lo referido al “costo de transitabilidad” e insistieron en los asuntos de “estudios definitivos ingeniería”.
Pero fue en la Adenda Nº 3, a dos días del cambio de mando presidencial y ante la insistencia de las constructoras de no contar con líneas de crédito ni recursos propios, que obligaron al Gobierno a crear los famosos CRPAO y los hicieron valores financieros bancarizables.
Esta adenda además desarrolló el nuevo concepto de “estudios definitivos de ingeniería” que se había esbozado en la Adenda Nº 1 e introdujo el llamado “Proyecto de Ingeniería de Detalle” (PID) que, en los hechos, daría lugar a un nuevo proyecto que superaba de lejos los cálculos de los términos de referencia de las bases del proyecto y del mismo contrato original.
Entonces, como regalo de fin de gobierno, Toledo y PPK modificaron totalmente el Régimen Económico del contrato y sus componentes.
Es decir, también cambiaron en favor de Odebrecht el procedimiento para el Pago Anual por Obras (PAO) y los famosos PAMO (Pago Anual por Mantenimiento de  Obra o el pago de peajes).
Tanto que en adelante los montos recaudados por concepto de peajes trimestrales debían ser depositados en la cuenta de Fideicomiso de Administración de Pagos para contribuir a pagar el PAO y PAMO a favor del concesionario.
Si acaso los ingresos de peajes no alcanzaron los montos acordados, el Estado estaba ahora obligado a “depositar en el fideicomiso los montos necesarios para completar los pagos de PAO y PAMO”.
Con un monto mínimo de inversión –que representaba menos del 3 % del presupuesto total de las obras– la retribución e ingresos estaban garantizados para la concesionaria, como se puede leer en los cálculos del Informe Lava Jato.
Y todo esto con pago de sobornos, como lo ha admitido el mismo Jorge Barata.

LA CONTRALORÍA

De forma que no era la inversión privada la que asumía los riesgos en la ejecución de las obras sino que era el Estado el que pagaba todo.
Asistimos de esa forma a la desnaturalización total de la concesión en tanto asociación público privada (APP). Esta fue la razón para que la Contraloría observe desde el comienzo el contrato.
El ente de control además señaló, en 2005, entre otras observaciones, que estaban en giro tres juicios entre el Estado y las constructoras Odebrecht , Graña y Montero S.A.A. y Constructora Queiroz Galvao S.A, hechos que no permitían, según la normativa, firmar contrato.
Amén de que indicó en ese entonces que el proyecto superaba el nivel de endeudamiento permitido por la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento, cifras que al final fueron “maquilladas” por el viceministro de Hacienda Fernando Zavala, brazo derecho de PPK, quien dijo que no se registrarían contablemente como deuda, sino como compromisos de pago futuro.

Firmantes y presentes

La aprobación del nuevo contrato, o Adenda N° 3, se consumó “con la presencia y voto favorable de los ministros: Pedro Pablo Kuczynski Godard (ministro de Economía y Finanzas), Carlos Ferrero Costa (presidente del Consejo de Ministros), David Lemor Bezdin (ministro de Producción), José Ortiz Rivera (ministro de Transportes y Comunicaciones) y Glodomiro Sánchez Mejía (ministro de Energía y Minas), integrantes del Consejo Directivo de Proinversión”.
“También estuvieron presentes el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo Díaz; el director ejecutivo adjunto, Jorge León Ballén; Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura y Activos; Cecilia Blume Cilloniz, jefa del gabinete de asesores del MEF”, dice el  informe del Congreso.

Salvador Heresi: “Gilbert Violeta ha tenido que renunciar a la vocería de PPK por errores que ha cometido”

En un enlace telefónico con Canal N, el exministro de Justicia, Salvador Heresi, tuvo duros comentarios en contra de Gilbert Violeta, quien durante una entrevista en el mismo canal, dijo que la salida de la bancada del exministro de Justicia estuvo motivada por discrepancias en la conducción. En palabras de Violeta: “En todo grupo siempre hay ambiciones, celos, envidia. No voy a entrar en el detalle de eso. Cuando yo les he dicho a mis colegas, si alguien tenía algún cuestionamiento conmigo, me lo dice: ¿Gilbert puedes dejar la vocería del partido? Acá está, le pongo un lazo de regalo y te lo entrego”.
Heresi no demoró en contestar: “Lo veo muy exaltado a Gilbert Violeta. Entiendo que él ha tenido que renunciar a la vocería de la bancada de Peruanos Por el Kambio por errores que ha cometido en la conducción de la bancada y que han sido una serie de críticas, no solo de mi parte, sino de varios congresistas renunciantes y no renunciantes de la bancada. […] Quiero recordar que el señor Pedro Pablo Kuzcynski sabe de nuestro trabajo y del trabajo que se ha realizado a lo largo y ancho del país cientos de militantes para formar un partido político que requiere de un trabajo instituciones y de reingeniería.
En otro momento, Heresi dejó un claro mensaje. “El señor Gilbert Violeta por las acusaciones de cupos, hay cosas por las que sí tiene que responder por la contratación de un señor que está preso, que se apellida Cavassa, y que todos conocemos su trayectoria, en la campaña electoral de Pedro Pablo Kuzcynski, donde él fue jefe de campaña. Yo estoy hablando que el partido tiene que hacer un deslinde claro con la corrupción y tiene que hacer una refundación”.
Todo esto habría sido provocado luego de que Gilbert Violeta acusara al parlamentario de tener intenciones de quedarse con la presidencia del partido. “Se lo digo al Salvador Heresi, que está criticando cincuenta cosas del partido y que es Secretario General del partido y quiere tomar la presidencia del partido, ahí está. Yo no voy a pelear porque para mí los cargos no hacen a las personas. Si yo quiero hacer política en este país, lo voy hacer y no necesito ser presidente del partido, ni congresista, ni vocero. |…] Si el señor quiere tomar la presidencia del partido, Salvador, tómala.”, manifestó.
Fuente: Diario La República.

Violeta: Mercedes Aráoz quería que se exculpara de toda responsabilidad a Alan García

Por Oscar Rosales– Altavoz.pe
Peruanos Por el Kambio se encuentra atravesando una de sus mayores crisis políticas. Gilbert Violeta renunció a la vocería de la bancada oficialista debido a las críticas que se habían hecho en su contra desde su propio partido.
De acuerdo al congresista de la bancada de gobierno, él decidió renunciar a la vocería de Peruanos Por el Kambio tras oír las críticas que le había hecho la parlamentaria Mercedes Aráoz.
“He sido muy crítica y lo he dicho públicamente, que la gestión, el liderazgo de la vocería [de Gilbert Violeta] ha sido penosa para decir lo menos. No ha coordinado, se ha perdido la coordinación, las reuniones de bancada para coordinar hemos perdido el equipo técnico que teníamos”, señaló Aráoz en el programa “Punto Final”.
Según Gilbert Violeta, lo que ha molestado a Mercedes Aráoz ha sido que el equipo técnico de Peruanos Por el Kambio encontró que Alan García tenía responsabilidad política y penal en el caso Lava Jato.
“Lo que a ella le ha incomodado es que el equipo técnico de la bancada haya hecho un informe que concluía, en el caso ‘Lava Jato’, responsabilidad política y penal contra el expresidente (Alan) García. Ella no estaba de acuerdo con ese informe del equipo técnico, ella quería que se le exculpara de todo tipo de responsabilidad”, aseguró el exvocero de Peruanos Por el Kambio.

La bancada de Gobierno se desmorona en Perú

Por JACQUELINE FOWKS-Diario El País.
Un cambio en las reglas de juego en la política peruana amenaza con sacudir el frágil equilibrio de fuerzas en el legislativo. En diciembre, un referéndum someterá a consulta cuatro modificaciones a la Constitución y una de ellas, muy popular, es la no reelección de los congresistas. En ese escenario, tres legisladores han renunciado en la última semana a la bancada parlamentaria de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de Gobierno al que pertenecen tanto el presidente Martín Vizcarra como el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Analistas consultados por EL PAÍS coinciden en que, en esta coyuntura, los legisladores no tienen motivos para mantener su fidelidad. “Si ya no pueden postular en el año 2021, es muy posible que varios prefieran renunciar porque quedarse en sus bancadas ya no les reporta mayor beneficio: ¿de qué les sirve un partido?”, plantea el politólogo Enrique Patriau.
La dimisión más reciente fue la de Patricia Donayre, después de que el viernes y la noche del domingo ya se habían apartado los parlamentarios Guido Lombardi y Salvador Heresi, respectivamente, en medio de reclamos y rencillas.
Donayre había pedido la semana pasada a su partido retirar al vocero Gilbert Violeta, quien la insultó durante un debate parlamentario, después de que la legisladora criticó su respaldo al Partido Aprista en un proyecto de ley que pretendía proteger a los partidos políticos para que no fueran investigados por organización criminal. “Cállate, cojuda” (boba), le respondió Violeta, que este martes renunció a la vocería. “No puedo representar a personas que ya no me transmiten confianza, son desleales con sus votantes”, se justificó el parlamentario.
Lombardi, por su parte, justificó su decisión en la actitud de Violeta y en la falta de explicaciones de Heresi, quien apareció en julio en uno de los audios que revelaron la corrupción en el sistema de justicia, lo que lo llevó a dimitir de su cargo como ministro de Justicia.

Bancada diezmada

Perú tiene un congreso unicameral de 130 escaños. Tras las renuncias, la bancada del partido de Gobierno, que empezó en julio de 2016 con 18 parlamentarios y perdió tres en diciembre, tras el indulto de Kuczsynski al expresidente Alberto Fujimori, hoy cuenta con 11 integrantes. Donayre fue parlamentaria de Fuerza Popular, el partido fujimorista de oposición, pero en junio de 2017 renunció a dicho partido y había sido admitida en la bancada de Peruanos por el Kambio.
Estas tres nuevas bajas no tendrán muchas consecuencias inmediatas para el Gobierno, de acuerdo con el analista político José Carlos Requena, pues “hace algún tiempo (el presidente) estaba prescindiendo de la bancada”. Sin embargo, advierte que Vizcarra tendrá que hacer nuevas negociaciones para obtener los apoyos que requiere para aprobar los proyectos de ley para reformar el sistema de justicia. “Va a tener que forjar un grupo parlamentario porque no ha estado echando mano del propio”, apunta.
En ese fragmentado escenario, los observadores atribuyen un potencial protagonismo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de Fuerza Popular. El jefe del legislativo cuenta con los apoyos de 15 a 30 parlamentarios ajenos al núcleo duro de la líder opositora Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto Fujimori, perdedora de la segunda vuelta presidencial ante Kuczynski y detenida por un caso de lavado de dinero relacionado con la constructora Odebrecht.
“Estos cambios son consecuencia de la investigación fiscal al fujimorismo y la perspectiva de no reelección”, explica Requena. “El Congreso se va a convertir en una vitrina de publicidad de quienes ya no podrán reelegirse en 2021, apostando a las presidencias de las regiones u otros cargos. Estar con los fujimoristas o con la bancada oficial les crea un costo”.

Referéndum 2018:
La Junta Nacional de Justicia NO tiene representación de los Colegios Profesionales.
La NO reelección es peligrosa porque produce un parlamento inexperto. Los ciudadanos debemos decidir quién se queda y quién se va.
NO a 50 senadores más, porque estamos Chihuán.