Marcha contra Odebrecht

[Visto: 16 veces]

Odebrecht

Marcha ciudadana contra Odebrecht en Miraflores

Miles de manifestantes se reunieron en el Óvalo de Miraflores para la movilización denominada ‘Gran Marcha contra Odebrecht y sus consorciadas’, la cual fue convocada hace unos días por el congresista no agrupado Roberto Vieira .
Con banderas y pancartas, muchos de los protestantes expresaron su rechazo contra Odebrecht por seguir operando en el Perú, a pesar del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasilera.Odebrecht“Las empresas corruptas como Odebrecht no deben seguir en el país. Está bien que colabore con el país, pero que se largue”, señaló el congresista Roberto Vieira para ATV+.
Esta marcha inició a las 5:00 p.m. y tuvo como punto de partida el óvalo de Miraflores. Los manifestantes caminaron por la avenida José Pardo hasta la embajada de Brasil, centro de su protesta.
Cabe mencionar que esta marcha fue convocada hace unos días, a través de las redes sociales, por el congresista no agrupado Roberto Vieira.
Fuente: Diario Perú21.

Vizcarra, Odebrecht y Graña

[Visto: 53 veces]

El presidente también dio a conocer que mientras la obstrucción en el colector de desague continúe, la restricción en el servicio de agua seguirá. (Rolly Reyna/GEC)Cuando la prensa libre tuvo acceso a los documentos que vinculaban al presidente Martín Vizcarra con la constructora Graña y Montero, al extremo de haberle extendido dos poderes en su partida de Registros Públicos, la opinión pública estuvo escéptica. Pero este domingo el programa “Panorama” ha destapado lo que muchos sospechaban: que también trabajó para Odebrecht como proveedor en la obra más cuestionada de esa transnacional brasileña: los tramos 2 y 3 de la Interoceánica o IIRSA Sur.
La gran verdad ha sido descubierta en los almacenes de la empresa Polysistemas, ubicados en Pachacámac, donde se guardan miles y miles de papeles y documentos del consorcio Conirsa que se encargó de la ejecución de las obras de los citados tramos de  la Interoceánica, uno de los proyectos más grandes y sobrevaluados donde el Estado peruano gastó la astronómica suma de 4 mil 500 millones de dólares y el entonces presidente Alejandro Toledo recibió un soborno de 20 millones de dólares.
Según la propia página web de la constructora Odebrecht, Conirsa –consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales– estuvo a cargo de la construcción de 656 km de la carretera Interoceánica Sur, en el tramo 2, que une Cusco con el Puente de Inambari, y el tramo 3, que une Inambari con Iñapari, hasta la frontera con Brasil.
En la actualidad, es la Concesionaria IIRSA Sur, conformada por Odebrecht, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, la que “está a cargo de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y operación por concesión de los tramos 2 y 3 durante un periodo de 25 años”.
Hacemos esta precisión para dejar en claro que el problema es actual. Según el reportaje de “Panorama”, CyM Vizcarra es una empresa grande, con 25 años de trayectoria, conformada por los hermanos César y Martín Vizcarra Cornejo. Es una firma especializada en presas, construcción de edificios, mantenimiento de carreteras, montaje electromecánico y alquiler de equipo pesado.
Y es la misma que aparece en la lista de proveedores de Conirsa de los años 2006 (en dos ocasiones) y 2008. El primer pago hecho a la empresa asciende a S/ 145,551.77 y luego aparece otro por S/ 123,386.58, en tanto el pago hecho en el 2008 fue de S/ 54,107.18.
Cuando días atrás se debatía el tema de la reforma constitucional, una reportera de ATV le preguntó al Presidente de la República “si su empresa fue proveedora para Odebrecht en la Interoceánica. ¿Podría contestarnos al respecto?”. Esa interrogante causó un nerviosismo evidente en el rostro del mandatario.
“Respecto ah…, no en absoluto, en absoluto. Es falsa esa información”, respondió Vizcarra.
“La empresa que represento nunca ha realizado ningún tipo de contrato con Odebrecht para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur ni para ningún otro proyecto”, añadió, y este mismo temperamento ha sido ratificado ayer (ver pág. 13).
Si bien el contrato de CyM Vizcarra fue con Conirsa, este ha sido un consorcio liderado por Odebrecht con una participación accionarial del 70 %. En consecuencia el negocio en el fondo fue con Odebrecht porque Conirsa era una suerte de subsidiaria suya, como lo eran la Concesionaria Interoceánica Sur–Tramo 2 S.A., precisamente para efectos del tramo 2, y la Concesionaria Interoceánica Sur–Tramo 3 S.A., para el tramo 3.
RECUPERANDO LA MEMORIA
De otra parte, poco o nada se sabría de los negocios de Martín Vizcarra con la principal consorciada de Odebrecht, que es Graña y Montero S.A. Pero los investigadores de la prensa y el Congreso ubicaron unas fichas registrales que marcaron el nuevo derrotero.
Y es que con fecha del 1 de septiembre de 2005, ante la Notaría de Jaime Murgia Cavero, en Lima, la constructora Graña y Montero S.A. otorga poder de representación a Martín Vizcarra Cornejo y a su hermano César Vizcarra Cornejo y los nombra sus apoderados judiciales y administrativos con relación a la ejecución de la obra llamada “Instalaciones Eléctricas SPCC [Southern Peru Copper Corporation]”.
Los detalles de estas facultades de representación están inscritos en la partida registral Nº 11006796 de la Zona Registral Nº IX de Lima. Asimismo, en la misma partida hay otro “nombramiento de mandatarios”, que es también un otorgamiento de poderes en la misma notaria y a nombre de los mismos personajes respecto de la “ejecución de la obra denominada ‘Nave Convertidores de la Fundición de Ilo K009”.
Este tema se puso en evidencia en una sesión que efectuó la Comisión Lava Jato, entonces presidida por la fujimorista Rosa Bartra, en marzo pasado de 2017, donde los exdirectivos de Graña y Montero (GyM) intentaron evitar dar información sobre su sociedad con el ex ministro de Transportes, Martín Vizcarra en el ‘Consorcio Ilo’.
Durante cinco horas, José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de GyM, así como Hernando  Graña Acuña, ex director del grupo GyM,  respondieron las interrogantes del grupo indagador, que los citó para preguntarles sobre los posibles vínculos de su ex representada en la investigación de los presuntos sobornos pagados por las empresas brasileñas.
Pero fue el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) quien preguntó si GyM había subcontratado o utilizado los servicios del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ya que según una búsqueda efectuada en la Sunarp, figura el nombre del ministro de Transportes cuya inscripción coincide con la de la empresa constructora.
“No tenemos esa información, vamos a verificar y se la haremos llegar”, contestó Hernando Graña Acuña, luego de lo cual la sesión se volvió reservada por aproximadamente media hora, tiempo en el que los miembros de la comisión los interrogaron sobre sus balances financieros.
Cuando la reunión volvió a ser pública, García Belaunde les preguntó a los ex representantes de GyM qué era el ‘Consorcio Ilo’. “Consorcio Ilo es una sociedad entre GyM y CyM Vizcarra, entonces ¿eran socios o no eran socios?”, inquirió el legislador.
“Sí, con CyM Vizcarra sí, era Consorcio Ilo, estoy de acuerdo. Recién lo recuerdo, me ha hecho recordar [García Belaunde]. El Consorcio Ilo fue una obra que hicimos para Southern Perú asociados con CyM Vizcarra, ellos de forma minoritaria”, reconoció Hernando Graña luego de recuperar la memoria.
Esta súbita recuperación de sucesos pasados puso en evidencia que Martín Vizcarra era hombre de absoluta confianza de Graña y Montero, al extremo que le otorgó poderes especiales de representación en dos oportunidades.
Es de subrayar que el hoy jefe de Estado era socio fundador y gerente de operaciones de CyM. Y según el estatuto de la constructora moqueguana, el gerente general –que era su hermano César Vizcarra Cornejo- y el gerente de operaciones gozaban de amplias facultades y atribuciones para representar, administrar y supervigilar los negocios de la sociedad.
Es decir, Martín Vizcarra conocía cada negocio de la empresa, estaba encargado de supervigilarlos. Y no solo en los negocios con Graña, sino con Conirsa- Odebrecht y otras consorciadas de la transnacional carioca, como se puede leer en estas páginas.

También Milagros Leiva

Durante el programa televisivo de Milagros Leiva se dio cuenta del registro de compras de Conirsa de septiembre a diciembre de 2004, tomo Nº 2 del folio 228 al 0576. También, la documentación del 3 de agosto de 2006. Las cifras coinciden con lo destapado en “Panorama”.

Proyecto Especial Pasto Grande

La ejecución del Proyecto Especial Pasto Grande, iniciada en 1988, en Moquegua, tierra del hoy mandatario, estuvo plagada de irregularidades y astronómicos sobrecostos, de acuerdo con una investigación que se hizo en la Comisión Agraria del Congreso en el año 2002 y en la cual Vizcarra fue uno de los indagados.
La obra de grandes proporciones que contempló la construcción de la presa Pasto Grande, el canal Umaizo, canal Pasto Grande y túnel Jachacuesta, inicialmente tuvo un costo de US$ 30 millones pero terminó en la astronómica suma de US$ 125 millones, con una sobrevaluación de US$ 85 millones.
En el 2002,  la Comisión Agraria encargada de la investigación concluyó atribuyéndole responsabilidades de tipo penal a Martín Vizcarra, quien en ese momento era director ejecutivo del proyecto, así como a la empresa constructora JJ Camet, beneficiada con la construcción.
Todos sabemos que JJ Camet es una de las empresas consorciadas peruana de la empresa brasileña Odebrecht.
En cuanto a la responsabilidad funcional de las empresas constructoras y supervisoras que intervinieron en la construcción del Túnel Jachacuesta y los canales comprendidos, esta fue por haber incumplido los acuerdos de los contratos firmados e incurrir en responsabilidad por no actuar de acuerdo a su reglamento.
“En los adicionales de obra y reparaciones de obra en el Proyecto Pasto Grande, figuran los siguientes contratistas Federico Páucar Tito, Cohisa, CEINSA Ingenieros Contratistas, Consorcio ICCSA –CICSA, Consorcio COUSA-ICCGSA-CICSA, CHAVPE SR.LTDA. FAINSA, TRACS Contratistas S.A. (empresas relacionadas con el ingeniero J.J. Camet)”, se señala.
LOMAS DE ILO
El ciudadano Jesús Paredes Zegarra, presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, denunció presuntas  irregularidades en el desarrollo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande-Lomas de Ilo-Moquegua, en el año 2014, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional.
Según detalla Paredes Zegarra, el Gobierno Regional de Moquegua contrató a la empresa Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA), de propiedad del exministro de Agricultura y Riego, Manuel Hernández Calderón, para elaborar el expediente que se usaría en dicha obra.
En el caso del proyecto “Lomas de Ilo”, la firma tuvo lugar el 7 de marzo de 2013 y por un monto de 2’373,076.81 soles se realizaría el servicio de consultoría, así como seguros e impuestos.
Según el contrato Nº 021-2013-GG-PERG/GR.MOQ, el consorcio al que se le adjudicó la buena pro para la Construcción de la Línea de Conducción Nº 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego de la primera etapa del proyecto Ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo-Moquegua fue Obrainsa-Astaldi, por un monto de 80’981,137.34 soles.
El contrato fue firmado el 6 de diciembre de 2013, y dicho monto cubriría el costo completo de la instalación de tubería, sistema de riego, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución.
Sin embargo, las irregularidades, de acuerdo a Paredes Zegarra, estuvieron en las contrataciones. En  el contrato Nº 025-2013-GG-PERPG/GR.MOQ figura la empresa ATA como encargada de la supervisión de la adquisición de la tubería y construcción del proyecto por un monto de 4’573,185.04 soles.
Es decir, la misma a la que se le adjudicó la realización del expediente técnico, y donde Hernández Calderón es accionista mayoritario. Este documento se encuentra firmado por el mismo Manuel Hernández y el ingeniero José Luis Núñez Herrera, gerente general del Gobierno Regional de Moquegua de ese entonces.
El problema es que esta obra  paralizada es objeto de una investigación exhaustiva de la Contraloría. Y si no se ha judicializado, es por el temor de la Fiscalía y la Judicatura regional a Martín Vizcarra, según versiones recogidas por EXPRESO.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ADMITE QUE EMPRESA CYM ALQUILÓ MAQUINARIA PARA OBRAS EN INTEROCEÁNICA SUR.

Vizcarra asegura que nunca tuvo como cliente a Odebrecht

“Hace 12 años, ninguna de las empresas que trabajaban tenían inconvenientes para contratar ni denuncias por irregularidades”, sostuvo.
El presidente Martín Vizcarra ratificó que la empresa CyM Vizcarra, de la cual formó parte, nunca tuvo como cliente a la constructora brasileña Odebrecht.
En declaraciones a la prensa, precisó que hace 12  años la empresa CyM Vizcarra sí alquiló maquinaria a algunas compañías que participaron en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
“Pero ninguna fue a la empresa Odebrecht”, manifestó.
Añadió que CyM Vizcarra atendió en esa época a algunos consorcios tal como lo hicieron cientos y hasta miles de proveedores que participaron con bienes y servicios en el contrato de la carretera Interoceánica Sur.
Añadió que la lista de clientes de una empresa es información pública, pues cualquier ciudadano puede conocer qué clientes han tenido las compañías.
“Y se puede verificar que la empresa CyM Vizcarra nunca tuvo como cliente a la empresa Odebrecht”, subrayó.
El primer mandatario recordó que la semana pasada, durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, fue consultado sobre si CyM Vizcarra, cuando él formaba parte de su directorio, firmó algún contrato con Odebrecht.
“Fui concreto y categórico y lo reafirmo. (…) hace 12 años, cuando era parte de la empresa, dio servicio de alquiler de maquinaria a unas empresas que hicieron la carretera Interoceánica Sur, pero ninguna fue Odebrecht”, subrayó.
Dijo que CyM Vizcarra sí ha tenido como cliente al consorcio Conirsa, pero aclaró que en ese tiempo era desconocido cuáles eran las empresas que lo integraban.
“Además, hace doce años, ninguna de las empresas que trabajaban tenían inconvenientes para contratar y no tenían ninguna denuncia por irregularidades”, manifestó.
Fuente: Diario EXPRESO.
César Vizcarra, clave en círculo presidencial.

El discreto hermano

Vizcarra insistió en que nunca contrataron directamente con Odebrecht. Aunque la denuncia fuera evidentemente teledirigida y de escasa monta, sonó a música para los apristas. Alan García cuestionó la impronta anticorrupción de Vizcarra y Jorge del Castillo también fue con todo contra lo que consideró una falta a la verdad del mandatario. Bocatto di cardinale en el contexto del cobro de US$ 100 mil que hizo García por una conferencia que en realidad habría sido pagada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la famosa contabilidad paralela. Por su parte, Fuerza Popular promueve que la Comisión de Fiscalización investigue el caso. El hermano del presidente salió a respaldar su versión y aclarar que no sabían que Odebrecht integraba el consorcio. Suena poco creíble pero da cuenta del efecto corrosivo –y en retrospectiva, lo que tiene un punto de absurdo– que hoy tiene el nombre de la constructora. Lo más interesante es que respondió César Vizcarra, el discreto hermano que es una de las personas más influyentes de la esfera presidencial.
Fuente: Revista CARETAS.
Fuente: Perú 21

CyM Vizcarra le debe más de 70 mil soles a la SUNAT

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó investigar al consorcio CONIRSA y su vinculación con CyM Vizcarra, los cuales llevaron a acabo la construcción de la carretera Interoceánica sur junto con la empresa brasileña Odebrecht.
A través de Exitosa Noticias, Nicolás Lúcar, reveló que el jefe de Estado tendrá que responder a una nueva denuncia. “Hay una nueva pregunta que va a tener que responder Martín Vizcarra, resulta que CyM Vizcarra le debe 77,535  soles a la SUNAT. La empresa tiene una deuda coactiva remitida a las centrales de riesgo … la deuda se encuentra actualizada al 11 de enero del 2019  y corresponde al primer trimestre del año pasado”, indicó el periodista en una entrevista con Katherine Ampuero.
Es una empresa de construcción civil con más de 25 años de trayectoria. Hasta comienzos del año pasado le pertenecía al -actual- Presidente de la República Martin Vizcarra y a su hermano.
Tal como lo señaló un diario local, Peru21, el jefe de estado habría cedido todas las acciones de su empresa –CyM Vizcarra- el día que asumió el cargo de presidente es decir el 23 de Marzo.
Fuente: www.exitosanoticias.pe

Amistades peligrosas

[Visto: 49 veces]

belasali

¿ES IMPARCIAL ALBERTO DE BELAUNDE?

Por José Romero- Diario La Razón.
El congresista de la República Alberto de Belaunde publicó recientemente un artículo en el diario Correo titulado “Periodistas al banquillo”, y luego un mensaje en su cuenta de Twitter, en los que muestra su preocupación por la querella que ha puesto el Arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz y llama a la reflexión al clérigo.
Un análisis de los hechos que han llevado al mencionado obispo a realizar esta denuncia evidencia algunos vacíos en las declaraciones del Congresista de Belaunde que son, también, preocupantes.
El principal error en el artículo del Congresista está en el móvil que le atribuye a Eguren para haber realizado la denuncia. De sus palabras se infiere que lo habría hecho a causa de las investigaciones realizadas por Ugaz y Salinas al Sodalicio de Vida Cristiana. Y esto, según lo ha manifestado reiteradamente Eguren y su abogado, no es así pues el obispo no tiene nada que decir respecto a la investigación periodística.
El motivo de la querella, lo que es público y conocido,  es el conjunto de afirmaciones hechas por Salinas y por Ugaz en contra de su persona que, a juicio de Monseñor Eguren, atentan contra su honor y su derecho a la buena fama.
Dichas afirmaciones no fueron realizadas en el libro de investigación sino en artículos o redes sociales.  El Congresista de Belaunde no debería adelantar opinión en un caso que está judicialmente en curso. Sobre todo si se tiene en cuenta que él tiene a su cargo liderar una comisión investigadora en el Congreso sobre casos de abuso sexual contra menores en instituciones públicas y privadas, dentro de las cuales están algunas instituciones vinculadas a la Iglesia.
Haberse tomado la libertad de opinar en relación al caso de Monseñor Eguren manifiesta, por parte del Congresista, un error de juicio grave.   A partir de este hecho es también legítimo preguntarse si el Congresista de Belaunde reúne las condiciones de imparcialidad para presidir una comisión investigadora de esa naturaleza.
Cabe recordar que él mismo ha sido varias veces enfático en afirmar que no debe existir conflicto de intereses en alguien llamado a presidir o votar leyes sobre materias en las que de alguna manera tiene parcialidad.
Una investigación preliminar sobre opiniones y actividades del Congresista evidencian su vinculación con Pedro Salinas y Paola Ugaz mucho antes de ser incluso nombrado presidente de la mencionada comisión. Se le ve en numerosos eventos fotografiado junto a los periodistas, avalando su “causa”.
Por otro lado, siempre ha manifestado públicamente que la agenda LGTBI es parte de su programa como congresista. Y dicha agenda es abiertamente opuesta a la de toda organización cristiana.
El congresista tiene todo el derecho a sus opiniones, opciones y preferencias. Pero cuando éstas de una manera tan evidente lo predisponen para poder investigar y dar opinión imparcial es un problema. Más aún, reiteramos, cuando tiene entre manos una investigación tan relevante. Y eso es lo que se evidencia en sus declaraciones sobre Eguren.
1eca

ALBERTO DE BELAUNDE: AMISTADES PELIGROSAS

Por Ricardo Sánchez Serra- Laabeja.pe
Días atrás el congresista Alberto de Belaunde publicó un artículo en el que se animó a comentar sobre la querella que tiene abierta Pedro Salinas por parte de José Antonio Eguren, Obispo de Piura.
El hecho ha tenido alguna repercusión mediática y ha suscitado comentarios interesantes. Uno de ellos, a propósito de la imparcialidad del congresista de Belaunde para opinar sobre estos temas y para dirigir una comisión que investiga en el Congreso casos de abuso sexual, señala un asunto digno de considerarse: un congresista que hace una propuesta de comisión investigadora es nombrado presidente de la misma. (1)2consalO sea, el congresista de Belaunde ocupó el puesto de presidente de una comisión que el mismo propuso crear. Este procedimiento, por lo demás, está específicamente mencionado en el Reglamento del congreso como algo a evitarse. En el artículo 88 literal a, que regula el Procedimiento de Investigación, se señala que las comisiones de investigación se constituirán a pedido de un congresista y se precisa que “a fin de garantizar el debido proceso, se evitará que la integren quienes hayan solicitado su constitución”.4Una rápida búsqueda nos ha llevado también a encontrar material fotográfico que consideramos de interés público. El congresista de Belaunde no tiene reparo en mostrarse junto a personas vinculadas a una organización como el Accountability Proyect (posteriormente ECA), sobre el que se ha publicado importante información anteriormente en este portal. (2)
5Alguno podrá considerar exagerada la nota. Pero hagámonos esta pregunta: ¿qué sucedería si es que en vez de Pedro Salinas, Paola Ugaz o Juan Carlos Cruz, el congresista saliese posando en fotos con Luis Fernando Figari o Juan Borea? Seguramente el cielo estaría lleno de gritos de indignación y se le pediría la renuncia. Lo que se espera es imparcialidad y la influencia de cualquiera de las partes implicadas puede ser igualmente tendenciosa.
6(1) http://larazon.pe/2019/01/11/es-imparcial-alberto-de-belaunde/
(2) http://laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2149-pedro-salinas-y-el-negocio-de-atacar-a-la-la-iglesia.html
cappelett

¿QUIÉN ES LUIS CAPPELLETI LERCARI? ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON PEDRO SALINAS?

El 25 de enero del presente tendrá lugar en la ciudad de Piura la quinta audiencia por la querella interpuesta por Monseñor José Antonio Eguren en contra del periodista Pedro Salinas por el delito de difamación.
Para la ocasión, el abogado de Salinas ha hecho saber que uno de los testigos que presentará para la defensa de su patrocinado es  Luis Cappelleti Lercari. Al ser interrogado sobre este tema durante la audiencia pasada, Salinas Chacaltana incurrió en flagrantes contradicciones. El audio se puede escuchar en: https://drive.google.com/file/d/0Bz9iGVe70AkYcDVkS3Ffdk5uczItNlZiRURCc0tta3Y5ekhF/view?usp=sharing
El hecho de proponer a Cappelleti como testigo resulta, por decir lo menos, inaudito. Y explicaremos por qué. Resulta que Luis Cappelleti vivió hasta el año 2008 en una comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana en su calidad de sacerdote y profeso perpetuo. En ese año pidió su separación de la comunidad y entendemos que luego siguió los pasos para dejar también el sacerdocio.
Cappelleti radica hace varios años en Estados Unidos, está casado y tiene un trabajo estable. Hasta ahí, nada llama particularmente la atención en relación a su calidad de testigo en contra de Monseñor Eguren. Sin embargo, al contrastar la historia del Sr. Cappelleti Lercari en el Sodalicio de Vida Cristiana con una de las acusaciones que Salinas ha reiteradamente señalado en contra del obispo -la de haber sido creador y responsable de un sistema de abusos cometidos en el Sodalicio- la historia cobra tintes sorprendentes.
Luis Cappelleti Lercari ingresó como sodálite en el año 1973, antes de que lo hiciera el entonces joven José Antonio Eguren, quien se asocia el año siguiente cuando estaba en la universidad. Según fuentes cercanas, Cappelleti no era uno más en la organización, fue una persona de absoluta confianza de Figari, líder de la naciente asociación religiosa, con quien mantenía una estrecha amistad.
Años más tarde, Figari designó a Cappelleti como la cabeza de la comunidad de formación del Sodalicio, ubicada en San Bartolo. Sí, Cappelleti fue Superior del lugar de formación sodálite sobre el que Salinas escribió un primer libro, titulado “Mateo Diez”, y en el que sucedieron muchas de las historias anónimas que luego recopiló en su investigación “Mitad monjes, mitad soldados”.
Pasados unos años, Cappelleti fue elegido para una nueva misión importante, también como Superior, en la primera comunidad sodálite fuera del Perú, en Río de Janeiro. Y, por si fuera poco, regresó nuevamente a San Bartolo dándosele la tarea de Capellán y director espiritual, a fines de los noventa e inicios del dos mil.
Durante esos años ocurrieron una parte importante de los abusos psicológicos que Salinas y Ugaz narran en su investigación periodística. Toda esta información ha sido confirmada por Pedro Salinas en diversos momentos de su intervención en la audiencia que se llevará a cabo el pasado 14 de enero del presente en la ciudad de Piura.
Una pregunta apremia al sentido común: ¿Puede  Luis Cappelleti, superior y luego Capellán y director espiritual del que habría sido el “centro de abusos” del Sodalicio, dar algún tipo de testimonio a favor de la acusación de “haber sido creador y responsable de un sistema de abusos cometidos en el Sodalicio” sin incriminarse a sí mismo?
A juzgar por la hoja de ruta, Cappelleti tiene muchos más indicios de adjudicarse dicha acusación que la que podría tener Monseñor Eguren que nunca estuvo encargado de la formación en San Bartolo ni fue Capellán en dicho lugar.
Y otra pregunta también queda rebotando: ¿por qué Salinas nunca ha investigado y menos aún acusado a Cappelleti? Reiteramos, tiene mucho mejor “perfil” que el que podría tener Eguren. ¿Será por la amistad que los une desde que Salinas fue retirado del colegio San Agustín por su mal desempeño, y gracias a Cappelleti logró ingresar al María Reina?
Si Salinas fuera coherente, lo debería denunciar por encubridor, por ser tanto o más parte del núcleo fundacional que Eguren, por haber dirigido la casa de formación y haber sido Capellán de la misma, cargo que lo puso en inmejorable posición para presenciar los abusos y haber podido hacer algo al respecto. Sin embargo, el Sr. Salinas no sólo no lo ha denunciado sino que ahora tiene la brillantez de presentarlo como testigo de una acusación que tiene más la talla de Cappelleti que de Eguren.
Fuente: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA ABEJA.PE

JMJ Panamá

[Visto: 64 veces]

Resultado de imagen para Foundation Salvatti

Velero con casi 200 jóvenes polacos navega rumbo a la JMJ Panamá

Cerca de 200 jóvenes polacos están a días de completar una entusiasta y desafiante misión que se extiende por 11 meses: cruzar el Atlántico en un velero para llegar a la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 (JMJ).
A bordo del Dar Młodzieży (“Obsequio de la Juventud”, en español) la tripulación pretende compartir su cultura polaca en cada país que visitan, con motivo de la celebración por los 100 años de la Independencia de Polonia.
La nave salió del puerto de Gdynia (Polonia) en mayo de 2018 para realizar un periplo que contempla 22 puertos de todo el mundo y unas mil personas en la tripulación, repartidas en los distintos relevos dispuestos en el itinerario.
Cerca de 600 son estudiantes de la marina de las ciudades polacas de Gdynia y Szczecin. El resto de la tripulación fueron ganadores de un concurso de conocimientos sobre la Historia de Polonia y la naval.
El 9 de enero el llamado “Crucero de la Independencia” partió de Los Ángeles (Estados Unidos) hacia Acapulco (México) para permanecer allí hasta el día 11, fecha en que parten hacia Panamá.
Allí, unos 170 tripulantes participará de la JMJ, del 22 al 27 de enero, uniéndose así la comunidad polaca, unos 3,500 jóvenes, reunida en el encuentro. Además tendrán una serie de actividades culturales dentro de la Diócesis de Penonomé y en la Costa Caribe.
El Padre Michał Siennicki, miembro de la tripulación y del Pallottine Missionary Foundation Salvatti, explicó a Vatican News que cada dos meses ha habido cambio de jóvenes y de capellán.
“En el velero hay personas de fe pero también otros chicos que solo han sido bautizados y no son practicantes. Mi primer desafío es ser un sacerdote disponible para todos (…). Muchos me pidieron el sacramento de la reconciliación y muchos participaron de la Misa que se celebraba cotidianamente en el velero”, señaló.
En cuanto a la JMJ, el Padre Siennicki expresó que “todos están en efervescencia por encontrar al Papa. La juventud polaca recuerda el mensaje del Santo Padre en Cracovia (2016), así que espera su nuevo mensaje en Panamá para sentirse nuevamente motivados como personas que están en búsqueda de Cristo”.
El joven Lukasz Chrabanski, miembro de la tripulación, explicó en qué consiste una jornada en el velero. “Tenemos los deberes como marineros normales y trabajamos en el sistema de tres guardias, cada uno durante 8 horas al día”.
“Tiramos las líneas, preparamos las velas y las enrollamos. Ayudamos a los cocineros a preparar alimentos para más de 170 personas. Lo que es un gran desafío (…) Mantenemos a bordo nuestros camarotes, todo el barco limpio, y ayudamos a la tripulación en las tareas diarias. Navegamos y observamos el mar, si algo no se interpone en nuestro camino (…)”, señaló.
Chrabanski también participó en la JMJ de Cracovia y afirmó que este evento es “la presencia de la alegría. Espero que Panamá sea aún mejor con el clima latinoamericano”.
Luego de la JMJ, el velero navegará hasta Cartagena (Colombia), y luego a Miami (Estados Unidos), para cruzar nuevamente el Atlántico rumbo a Londres (Inglaterra) y finalmente al puerto de Gdynia (Polonia) el 20 de marzo.
Los jóvenes polacos del velero Dar Młodzieży se unen así al grupo de 17 franceses que también están cruzando el océano en tres veleros con destino a la JMJ Panamá, acompañados de cuatro navegantes profesionales y un capellán.
Fuente: ACI Prensa.

‘No renunciaremos a nuestra fe’: los cristianos resisten la persecución en China

Por JAVIER C. HERNÁNDEZ– www.nytimes.com
Durante meses, Gu Baoluo estuvo esperando con ansias una bulliciosa celebración navideña en una de las iglesias protestantes más conocidas de China. Le encantaba decorar árboles, cantar canciones como “Silent Night” y ver el desfile anual de Navidad que relata el nacimiento de Jesucristo.
Sin embargo, a principios de diciembre, la policía clausuró el lugar de culto habitual de Gu, la Iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana en la ciudad de Chengdu, al suroeste de China, como parte de lo que los activistas describieron como la campaña más severa contra el cristianismo en más de una década. La policía confiscó biblias, clausuró una escuela y seminario dirigidos por la famosa iglesia y arrestó al pastor de Lluvia Temprana, un crítico franco, bajo cargos de “incitar a la subversión”, un delito que en algunos casos serios se castiga con al menos cinco años en prisión.
En Nochebuena, Gu, un vendedor de arroz de 31 años, fue al único lugar seguro de culto que conocía: la casa de un amigo. Ahí recitó himnos y oró por las dos decenas de miembros de Lluvia Temprana que están detenidos. Por temor a que los arrestaran a él y a sus amigos, Gu utilizó aplicaciones de mensajería cifrada para compartir información sobre vigilancia y acoso por parte de la policía.
“No abandonaremos nuestra fe a causa de la represión de las autoridades”, comentó Gu.
Mientras millones en todo el mundo se reúnen para celebrar Navidad, China termina un año en el que el gobierno del presidente Xi Jinping ha encabezado una campaña implacable contra las iglesias no oficiales en China, que según algunos cálculos atienden hasta a treinta millones de personas.
Xi, al parecer preocupado de que el culto independiente amenace al dominio del Partido Comunista en la vida cotidiana china, ha buscado que el cristianismo se someta de manera más firme al control del partido. Este año, el gobierno prohibió la venta en línea de la Biblia, quemó cruces, demolió iglesias y obligó a que se clausuraran por lo menos media decena de lugares de culto.
La campaña llega ahora que Xi, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, trabaja para controlar de manera más agresiva la religión en todo el país, incluida la detención de miles de musulmanes en la región occidental de Sinki.
Renee Xia, directora internacional de China Human Rights Defenders, un grupo de defensa, dijo que el objetivo de la iniciativa era ir tras “el corazón de la resistencia cristiana clandestina”. El gobierno ha concentrado su campaña en las iglesias cristianas no oficiales que promueven ideas como la justicia social o han criticado el control del partido en la sociedad.
“El mensaje es que no se pueden meter con Xi”, dijo Xia.
La intensidad de la campaña aumentó durante las semanas anteriores a Navidad. La policía cerró este mes la iglesia de Rongguili, de cuarenta años de antigüedad, en la ciudad china de Cantón, al sur, que atraía a miles de devotos. Y en septiembre, las autoridades en Pekín ordenaron la clausura de la iglesia de Zion, con 1.500 miembros, una de las iglesias no oficiales más grandes de la capital.
El gobierno requiere que los grupos religiosos se registren, aunque muchos aún rinden culto en iglesias no oficiales, a veces llamadas iglesias clandestinas o caseras.
Li Shuangde, profesora en Chingdu que ha sido parte de Lluvia Temprana desde 2011, dijo que las autoridades les habían pedido a los miembros de la iglesia que firmaran cartas en las que declaran que ya no creen en el cristianismo. Dijo que Lluvia Temprana no tuvo más elección que seguir existiendo en secreto. “Nos hemos vuelto clandestinos”, comentó.
Los miembros han seguido organizando servicios dominicales, a veces en las riberas de un río cerca de la antigua sede de la iglesia, dentro de un alto edificio en el centro de la ciudad. Han hecho un llamado a favor de la liberación de los líderes detenidos, entre ellos Wang Yi, el pastor de Lluvia Temprana, y su esposa, Jiang Rong.
En la Iglesia Reformada de Chengdu Xishuipang, una iglesia protestante con vínculos cercanos a Lluvia Temprana, más de cien personas se reunieron dentro de una sala de culto en el piso dieciséis de un edificio de apartamentos.
Un coro de niños cantó “Noche de paz” y un pequeño árbol de Navidad, decorado con copos de nieve, se encontraba cerca del atril.
La ansiedad provocada por los arrestos recientes se sintió durante la ceremonia.
“Si ven a la policía, a la seguridad nacional o a los trabajadores comunitarios, salúdenlos con amabilidad”, le dijo a la congregación Wen Hongbin, un anciano en Xishuipang. “Si intentan tomar el micrófono, les pido a los hermanos que están sentados en la primera fila que, por favor, los detengan”.
Aunque no mencionó explícitamente a Lluvia Temprana, Wen les pidió a los asistentes que recordaran “a los que fueron detenidos como criminales”. Después comenzó un sermón acerca del significado de la Navidad y el sacrificio realizado por Jesucristo.
Este año, algunas ciudades chinas han prohibido las decoraciones navideñas. Pero el gobierno también permite un poco de celebración, en parte para estimular la economía. Aquí en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, los árboles de navidad conviven en las calles de la ciudad con afiches de propaganda y la música de “El cascanueces” toca de fondo en los centros comerciales.
No obstante, la creciente influencia de China en los asuntos globales ha protegido al país de las críticas.
Una voz notablemente silenciosa: el Vaticano, que en septiembre llegó a un acuerdo provisional con el gobierno chino para terminar con una lucha de poder de hace décadas respecto del derecho a designar obispos en China. El Vaticano dijo que envió una delegación de líderes a China este mes para concretar los detalles del acuerdo, pero rechazó hacer comentarios sobre la campaña contra las iglesias cristianas.
A pesar de los esfuerzos de Xi para expandir el control del culto que ejerce el partido, oficialmente ateísta, la vida religiosa en China está prosperando.
Aunque las cifras oficiales son poco precisas, los expertos creen que hay cerca de sesenta millones de cristianos en China y que casi la mitad de ellos practican su culto en iglesias aprobadas por el Estado y la otra mitad en iglesias no oficiales.
Gu, el vendedor de arroz, comenzó a asistir a los servicios religiosos en Lluvia Temprana hace dos años, después de encontrar en línea videos de los sermones apasionados del pastor Wang. Sintió que la preocupación de Wang por los pobres se apegaba a su propia opinión de que el gobierno estaba abusando de los trabajadores y violando los derechos humanos al destruir sus casas para hacerle espacio a costosos desarrollos inmobiliarios. Gu fue bautizado el año pasado.
“Vi injusticias en la sociedad”, dijo Gu. “Vi que es una mentira cuando el gobierno promociona a China como un país justo en el que se aplica la ley de manera civilizada”.
Preocupado por su propia seguridad, Gu hace poco cerró sus negocios, con la esperanza de evitar el escrutinio del gobierno. Dijo que ha sentido miedo al ver que la policía arresta a sus amigos.
Gu ha recurrido a la Biblia en días recientes en busca de apoyo. A veces, recita un verso de Proverbios: “Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”.

Laico resurreccionista en la COP24 de Katowice-Polonia

La 24ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-COP24 tuvo lugar en Katowice, Polonia, del 3 al 14 de diciembre de 2018. Representantes de 196 países trabajaron durante dos semanas sobre la implementación del Acuerdo de París. Las negociaciones se centraron en cómo limitar el calentamiento global, buscando las tecnologías más avanzadas para reducir el impacto negativo de la actividad humana sobre el planeta y mantener en contacto a quienes día a día luchan por cambiar las cosas en todo el mundo. La Arquidiócesis de Katowice preparó varias docenas de encuentros y eventos que incluían oraciones, misas, peregrinaciones y paneles de discusión. Uno de los participantes fue el Dr. Víctor Nomberto, laico resurreccionista del Perú.Nomberto ha participado en la redacción del artículo 12 del Protocolo de Kyoto, durante la COP3. También en la COP15 de Copenhague para la formación del Fondo Verde del Clima. En la COP20 de Lima, ha colaborado en el borrador del Acuerdo de París, aprobado en la COP21. En Marrakech (COP22) y Bonn (COP23) ha integrado la delegación oficial del Perú.
La inspiración de Nomberto proviene de la espiritualidad resurreccionista y la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco: “Escuchar el grito de la tierra y el grito del pobre”.

Metamorfosis salaverrana

[Visto: 77 veces]

Ávalos

La patada que encumbró a Zoraida Ávalos

Por FERNANDO ROSPIGLIOSI– Diario El Comercio.
Caben pocas dudas de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, será una magistrada complaciente con el gobierno de Martín Vizcarra. Ella ha llegado a ese puesto gracias a la campaña que el gobierno y sus aliados desarrollaron contra Pedro Chávarry y tiene rabo de paja, lo que la hace vulnerable en caso de que quiera salir del carril que le han trazado.
Ávalos se convirtió en fiscal suprema en el 2012 en una trama que Ricardo Uceda describió como una maniobra urdida en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al cuestionado Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. El CNM designó a Zoraida Ávalos y Nora Miraval, dos personas que no tenían los méritos necesarios y, en efecto, Ramos Heredia, con el voto de ellas se convirtió en fiscal de la Nación. Ramos no duró ni un año en el cargo. A fines del 2014 fue suspendido y luego destituido por el propio CNM por sus vínculos con la mafia de César Álvarez, entonces gobernador regional de Áncash.
Vale la pena recordar lo que decía Ricardo Uceda en ese entonces sobre la corrupción en los organismos del sistema de justicia. “Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley. […] La cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la Junta de Fiscales Supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. […] A Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla fiscal suprema. En el 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final”. (“Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación”, “La República”, 21/1/14).
El resultado de la jugarreta que tenía a Ávalos como una de sus protagonistas era, según Uceda, que “tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos”.
El Comercio también publicó varios reportajes en el mismo sentido. En un artículo titulado “Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas” (28/4/14), Rodrigo Cruz explica que “dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas”. Allí se detalla que “las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido”; sin embargo, les subieron escandalosamente las notas sin justificación alguna.
El artículo recoge la versión de un magistrado que afirma que en el “proceso hubo ‘una manipulación escandalosa’ por parte del” CNM. “Todo estaba arreglado para que Miraval y Ávalos ocupen esos cargos”. La finalidad era clara, según El Comercio: “Las dos fiscales supremas fueron determinantes en el reciente nombramiento de Ramos Heredia. Sin sus votos, el polémico magistrado no hubiera sido elegido el próximo titular del Ministerio Público”.
Esa es la nueva heroína anticorrupción que la coalición vizcarrista ha puesto al frente del Ministerio Público para supuestamente cambiarlo, limpiarlo y mejorarlo, a la que venían promoviendo públicamente desde hace meses y a la que ahora alaban sin mesura. Su cinismo parece no tener límites. Por supuesto, los antecedentes aquí reseñados no han aparecido, ni aparecerán, en la mayoría de medios de comunicación, los mismos que destacan desmedidamente las presuntas cualidades de la nueva fiscal de la Nación.
En realidad, adonde apunta el gobierno y la coalición que lo respalda es a la próxima Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al CNM, donde el fiscal de la Nación tiene un asiento. Necesitan dominarla para poder tomar el control del sistema judicial.
También el Tribunal Constitucional es un objetivo que está ahora al alcance de la mano. Varios voceros de la coalición vizcarrista venían negándole al actual Congreso la potestad constitucional de reemplazar a varios de sus miembros que deben jubilarse en los próximos meses, porque suponían que no serían de su facción. Ahora, con la acelerada pulverización del keikismo, es probable que el gobierno pueda imponer sus candidatos a un Parlamento sumiso.
Así, la concentración del poder y el quebranto de la democracia avanzan a paso ligero.
Cuatro Fiscales Supremos afrontan procesos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Cuatro Fiscales Supremos afrontan procesos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Por Sofía López- Diario Correo.
Por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó dar prioridad al paquete de denuncias contra los integrantes del Ministerio Público (MP). Son cuatro de cinco fiscales supremos los que cargan con denuncias en ese grupo congresal, siendo los exfiscales de la Nación Pedro Chávarry y Pablo Sánchez quienes tienen mayor cantidad de acusaciones por resolver; seguidos de Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas.

VOTACIÓN

Durante la sexta sesión extraordinaria del grupo presidido por el congresista César Segura (FP), se consultó a los integrantes su opinión sobre los casos pendientes.
La legisladora Karina Beteta (FP) pidió que se revisen también las denuncias contra exministros de Estado. “Igualdad y equidad para todos. Debemos pronunciarnos sobre esas denuncias”, dijo.
Finalmente, el grupo decidió que se dé prioridad a las denuncias planteadas contra integrantes de la Fiscalía.
César Segura espera que el viernes 11 todas las denuncias sean calificadas, con la intención de convocar a una sesión el próximo lunes 14 para definir los temas.
“De aprobarse alguna denuncia, ese día (el lunes) se elevarán a la Comisión Permanente para que nos otorgue el plazo necesario con el propósito de resolver la solicitud”, indicó a Correo.

DENUNCIAS

Se estima que las denuncias en la Subcomisión que alcanzan a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos sean resueltas en un periodo de dos meses, lo que podría terminar con la destitución de alguno de ellos de sus respectivos cargos.
La congresista Gloria Montenegro (APP) propuso ampliar la denuncia constitucional contra el renunciante fiscal de la Nación Pedro Chávarry.
En el documento, de 12 páginas, se incluyen hechos recientes: la remoción de los integrantes del Equipo Especial “Lava Jato”, el ocultamiento de información y la obstrucción de acción de la justicia.
Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas

Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El fiscal supremo Carlos Ramos Heredia está a punto de convertirse en Fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de la elección de tan alto cargo. En esta nota se desarrolla la idea de que no es por sus méritos. Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley.
El engranaje de la elección comienza en el Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ), responsable de nombrar autoridades en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONPE y el Reniec. Lo integran siete delegados de distintas corporaciones públicas y gremiales. Cada uno es cortejado por grupos de la magistratura, por el gobierno, por partidos –especialmente el Apra?, y algunas veces son captados, si es que no venían con camiseta desde antes. El CNM ha afrontado duros cuestionamientos por falta de transparencia y abuso, pero ha salido adelante, reformándose en parte. Ahora afronta una crisis de credibilidad.
El CNM nombra por concurso a los seis fiscales supremos que eligen cada tres años al Fiscal de la Nación. Cualquiera que hable con representantes del Ministerio Público puede comprobar que la objetividad del CNM en estos procesos está seriamente cuestionada. La percepción es que, en el período previo a la elección del Fiscal de la Nación, el CNM reemplaza vacantes en  la junta electora en función de la correlación necesaria para nombrar a quien responda al pacto mudo al que han llegado los consejeros. Así fue elegido José Antonio Peláez , cuyo mandato vence en abril próximo.
PRIMER CAMBIAZO
En 2011, la votación en la junta de fiscales supremos se dio entre los antiguos José Antonio Peláez, Gladys Echaíz, Pablo Sánchez, y los recientemente nombrados por el CNM Carlos Ramos y Pedro Chávarry. Estos últimos, los nuevos, hicieron Fiscal de la Nación a Peláez. Echaíz votó por Pablo Sánchez. Hay suficientes evidencias para sostener que el CNM, por entonces presidido por Edmundo Peláez Bardales,  hermano de quien sería elegido, actuó sesgadamente para que los fiscales nombrados fueran precisamente Ramos y Chávarry.
En enero del 2011, entre siete candidatos para ocupar tres plazas a Fiscal Supremo, Ramos y Chávarry quedaron en el cuarto y sexto puesto en el examen escrito. Ramos, a punto de quedar fuera, fue resucitado por el CNM, quien le otorgó luego los mejores puntajes en evaluación curricular y entrevista personal. Con lo cual quedó segundo en el cuadro final de calificaciones. Chávarry terminó quinto. El CNM, que necesita cinco de siete votos de los comisionados para llegar a un acuerdo, solo logró mayoría calificada para nombrar fiscales supremos a dos: a Ramos y a Chávarry. Dejó afuera a Cesar Hinostroza, el primer lugar; a Mateo Castañeda, el tercero; y a Pedro Angulo, el cuarto. ¿Por qué?
La respuesta es que los votos seguros para Peláez eran los de Ramos y Chávarry. Para nombrarlos, el CNM descartó a Hinostroza por “cuestionamientos públicos” dados a conocer en los últimos días; a Castañeda por “diversos cuestionamientos”; y a Angulo por causas desconocidas (ver detalles en El Informante del 19.11.2013). Sin entrar a discutir aquí las objeciones, el CNM pudo haberlas sustentado adecuadamente a fin de ejercer la capacidad discrecional que le otorga la ley para saltarse el orden de calificaciones. No lo hizo. Y porque no fundamentó la inhabilitación de Hinostroza y Castañeda, el Tribunal Constitucional consideró que el CNM violó el debido proceso, ordenándole volver a votar según el cuadro de méritos. Esta sentencia fue desacatada.
Pero Carlos Ramos también tenía “cuestionamientos públicos” sin demostrar. Solo que el CNM no los consideró.
UN AUDIO EN ESCENA 
El 22 de abril del 2010, familiares de los 29 jóvenes que en 2002 perdieron la vida en el incendio de la discoteca Utopía denunciaron una posible corrupción en el Ministerio Público para bloquear la investigación a uno de los responsables. En ese momento estaba por consumarse una estrategia del dueño de Utopía, Alan Azizollahoff, para ser  excluido del juicio.
En 2006 un hábeas corpus había anulado el proceso en su contra, y en 2008 un fiscal había resuelto no volver a acusarlo. Los familiares revelaron el audio de una conversación telefónica en el que uno de dos  interlocutores –después identificado como Jorge Alfaro, operador del empresario? asegura tener bajo control al fiscal clave. El otro dialogante era el abogado de Azizollahoff Alberto Químper, más tarde implicado en los Petroaudios. En la conversación Alfaro y Químper expresan el temor de que el abogado de los familiares, César Nakazaki,  presentara una queja contra la resolución fiscal. ¿Quién la resolvería? Carlos Ramos.
JORGE ALFARO: Nos falta un peldaño más.
ALBERTO QUÍMPER: Más bien, vamos a ver quién es el de arriba.
ALFARO: Yo ya sé quién es.
QUÍMPER: ¿Quién es?
ALFARO: Carlos Ramos.
QUÍMPER: ¿Carlos?
ALFARO: Ramos.
QUÍMPER: ¿Ramos qué?
ALFARO: No me acuerdo de su segundo… esto. Pero ya está conversado desde hace un año.
QUÍMPER: Ah, ya, ya… Muy bien.
ALFARO: Y es más, hoy ya lo llamamos también de nuevo. Para que si sale vaya preparando el lapicero.
QUÍMPER: Ahora, si él declara la queja infundada se acabó, ah.
ALFARO: Claro, esa es la idea.
CASO ARCHIVADO 
La queja efectivamente fue presentada por Nakazaki y la iba a resolver la Cuarta Fiscalía Superior, a cargo de Ramos. Solo que al mismo tiempo este fue cambiado de cargo y la resolvió a favor de Azizollahoff su sucesora, Sonia Chávez. De modo que Ramos no vio directamente nada de Utopía y el Ministerio Público archivó un proceso disciplinario sobre su conducta. Cuando en enero del 2011 se presentó a su entrevista personal con el CNM estaba libre de polvo y paja. Pero el CNM pudo haber conjeturado, como en el caso de Hinostroza y  Castañeda, que Ramos tenía un “cuestionamiento público”. Los familiares de las víctimas, por entonces, estaban indignados y lo declaraban abiertamente.
En beneficio de Ramos habría que decir que nada concreto lo incriminaba. No conocía a Químper ni a Alfaro. Y sobre todo no tocó el caso.
Ramos no tenía que decidir –recuerda ahora Nakazaki- pero pudo ser un operador desde afuera. Este caso debió investigarse más. El Ministerio Público nos bloqueaba por todos los lados.
El Ministerio Público no aceptó que los familiares fueran parte agraviada en la investigación que se abrió a partir de la revelación del audio. Antes, tampoco quiso investigar unos mails que el gerente de Utopía, Percy North, envió a Azizollahoff aludiendo a arreglos bajo la mesa en el Ministerio Público. En estos mails no se menciona a Ramos. Las peticiones y quejas de los deudos rebotaban continuamente y en una ocasión hubo que recurrir a una notaría para que fueran recibidos. En una entrevista periodística, la entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, llegó a quejarse de tanto reclamo. Recién en 2013 la Corte Suprema anuló todos estos favorecimientos y decidió reabrir el proceso penal contra Azizollahoff, considerando que como integrante del directorio tenía responsabilidad. El caso está de lo más actual porque la sentencia se dicta el lunes 27 de enero.
EL GRAN PACTO 
Una vez nombrado Fiscal Supremo, Ramos votó, como ya estaba escrito, por Peláez. A su vez, Peláez tiene un compromiso que deberá cumplir en abril próximo: votar por Ramos para Fiscal de la Nación. Peláez también recibió el voto de Chávarry, pero este tiene una relación de amistad con Peláez que es ampliamente conocida. El actual Fiscal de la Nación, como se verá más adelante, no se siente comprometido con Chávarry para que lo suceda. En cambio puede descubrirse otra afinidad entre Peláez y Ramos. Ambos tienen especial sensibilidad hacia los asuntos del presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Hace un tiempo esa sensibilidad era invisible, hasta que se mostró brutalmente cuando el Fiscal de la Nación cambió a nueve fiscales que de uno u otro modo pretendieron investigar en Chimbote un centro de comunicaciones denominado La Centralita, una locación de Álvarez donde supuestamente se examinaban ilícitas interceptaciones telefónicas. Ante una denuncia del congresista Modesto Julca, el CNM se vio precisado a pedirle explicaciones a Peláez, y como sus justificaciones fueron insuficientes le abrió un proceso disciplinario en marzo del 2013. El CNM aún no resuelve, y es posible que Peláez culmine su mandato sin que haya resultados. Mientras tanto, los fiscales en Áncash saben que no hay que meterse con el Presidente Regional. Ya no lo han hecho. Julca ha documentado diez casos de fiscales cambiados, sancionados o destituidos por denunciar supuestos actos de corrupción contra Álvarez.
Uno de ellos lo manejó precisamente Carlos Ramos, a la cabeza de la Fiscalía Suprema de Control Interno en la que fue nombrado. En octubre del 2011 el fiscal provincial provisional de Áncash, José Luis Checa, recibió la información de que una camioneta del gobierno regional llevaba dinero para entregarlo a manifestantes con fines políticos. La comunicó al Fiscal Decano, quien puso al tanto al de turno, que dispuso inspeccionar la camioneta. No encontraron nada. Álvarez, ocupante del vehículo, se quejó ante el Ministerio Público. Desde la Fiscalía Suprema de Control Interno, Ramos suspendió a Checa y encontró irregularidades en trece fiscales. La apelación de Checa llegó a la junta de los supremos.  En la reunión, Gladys Echaíz pidió conocer el expediente. Ramos se opuso.
Usted, en este momento, no es nadie –replicó Echaíz-, hizo la investigación y está impedido de intervenir.
SEGUNDO CAMBIAZO
Echaíz le pidió a Peláez que Ramos se retirara mientras se debatía el punto. Tuvo que hacerlo. Luego de revisar el expediente Echaíz dijo que si se sancionaba a Checa habría que hacerlo con cualquier fiscal probo, cuya misión es actuar ante el conocimiento de algún presunto delito. Pablo Sánchez también opinó por levantar la sanción. Peláez, ni qué decirlo, estaba a favor de mantenerla. Ya había archivado una denuncia por enriquecimiento ilícito contra César Álvarez, quien declaró mantenerse con solo diez mil quinientos soles y no poseer bienes, ni tarjetas de crédito ni cuentas en bancos privados. Le tocó el turno a Chávarry, quien hasta ese momento era afín a Peláez y Ramos. Se sospechaba que su voto sería para confirmar la suspensión, con lo cual la sanción era un hecho, pues Peláez dirimiría el empate en su calidad de presidente de la junta. Pero sorprendió:
A mí no me gustaría que me sancionaran por esto –dijo Chávarry.
Y así se salvó Checa momentáneamente. De paso, Chávarry empezó a ver las cosas de otra manera.
Cuando se aproximaba el fin del período de Peláez, la cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la junta de fiscales supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. Para entonces, Máximo Herrera había asumido la presidencia del CNM. La junta de fiscales supremos, a iniciativa de Carlos Ramos, propuso a Herrera al CNM como representante del Ministerio Público, y después allí fue elegido presidente. Véase el currículum de Herrera en la página web del CNM para no hacer aquí más comentarios. La primera alianza Peláez-Ramos-Chávarry lo prefirió a la candidata de Echaíz-Sánchez,  Rocío Villanueva, cuya superior trayectoria también puede verse en la web Departamento de Derecho de la PUCP. Una forma cruda de describir la situación es que Herrera le debe su puesto a Ramos.
Volviendo a Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla Fiscal Suprema. En 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final.
TROIKA EN ACCIÓN
Ahora, ante la renuncia de Echaíz por negarse a ir al JNE, se ha formado una troika, un nuevo poder: Peláez, Ramos, Ávalos. El CNM nombrará un nuevo reemplazante entre Nora Miraval y José Pereira, los dos candidatos que quedaron aptos en el proceso que designó a Ávalos. Y luego, entre todos, designarán al representante ante el JNE antes de elegir al Fiscal de la Nación. Una votación para suplentes al JNE, la semana pasada, indicó que en primera instancia la troika desea enviar allí a Pablo Sánchez y en segunda instancia a Pedro Chávarry. Ambos podrían impedirlo vía una acción de amparo. Y probablemente con éxito. Esa designación tiene, pues, destino incierto.
Pero lo que parece inminente es el nombramiento de Ramos como Fiscal de la Nación. Hay mayoría suficiente, sobre todo si Pereira es el sexto fiscal supremo. A fin de cuentas, no importa mucho que Carlos Ramos sea primo de Nadine Heredia. Lo preocupante, según opinan fiscales que no pueden confesarlo públicamente, es que tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos. No hay nada firme que involucre a Ramos con este pulpo, pero son percepciones en el Ministerio Público que es necesario reportar. Sin embargo, algo cabe asegurar: si es nombrado Fiscal de la Nación, el mensaje a los fiscales que combaten la corrupción en Áncash será notable. El fin de año Ramos pidió a la junta de fiscales que destituya al fiscal José Luis Checa. Vuelve a poner sobre el tapete el pecado de haber inspeccionado una camioneta del Presidente Regional. También propone suspender por la misma causa a Marco de la Cruz, presidente del Ministerio Público del departamento, y multar y amonestar a otros catorce fiscales. El pedido original de estas sanciones es del propio César Álvarez.
Cuando Ramos sea Fiscal de la Nación la mayoría que lo respalda resolverá gustosamente el caso.

Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas

Por RODRIGO CRUZ ARANA- Diario El Comercio.
Se empiezan a atar los cabos en la sospechosa elección de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. Dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas.
Prueba de ello son los resultados en las evaluaciones escritas y curriculares de Ávalos y Miraval. Las referidas fiscales salieron desaprobadas en la segunda prueba; sin embargo, se vieron favorecidas tras presentar un recurso de reconsideración.
Las dos fiscales supremas fueron determinantes en el reciente nombramiento de Ramos Heredia. Sin sus votos, el polémico magistrado no hubiera sido elegido el próximo titular del Ministerio Público.
Para Víctor Cubas Villanueva, fiscal superior que participó en este concurso, Miraval Gambini debió ser descartada desde un principio del proceso. Recordó que cuando presentó su reclamo, tras ser descalificado en la evaluación escrita, pidió que se le entregue la prueba de Miraval para comparar resultados.
“Verifiqué que mis respuestas eran buenas, no obstante, estaba desaprobado. En cambio, la señora Miraval tenía una prueba que era un mamarracho y le habían puesto 16”, afirmó en diálogo con El Comercio.Cubas rememoró también que el CNM no aceptó revisar de nuevo su examen escrito. Caso contrario sucedió con las evaluaciones curriculares, etapa a la que solo accedieron Miraval, Ávalos y otros cuatro.
Respecto a esto último, las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido (66,66).  Empero, tras un recurso de reconsideración se le aumentó 17,50 y 29 puntos, a Ávalos y a Miraval, respectivamente. Un hecho sin precedentes en este tipo de procesos convocados por el CNM.
“Todo hace indicar que en el primer examen aprovecharon para perjudicar a los postulantes y en el siguiente para beneficiar a estas dos fiscales”, comentó el fiscal Cubas a este Diario.
“Creo que aquí hubo un sesgo, un acto completamente irregular y arbitrario”, dijo. Agregó que a fines del año pasado presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a fin de que se esclarezcan estos polémicos hechos.
“TODO FUE MANIPULADO”
Un segundo fiscal que participó también en el concurso 002-2012, y que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que en este proceso hubo “una manipulación escandalosa” por parte del colegiado evaluador.
“Todo estaba arreglado para que Miraval y Ávalos ocupen esos cargos”, refirió el fiscal.
“Cuando el doctor Cubas presentó la documentación para que se revisen las pruebas, el CNM se opuso […] no es ninguna casualidad que ellas hayan votado a favor de Ramos Heredia como fiscal de la Nación”, añadió.

Acuerdo de traidores

Por Martha Meir Miró Quesada- Diario Expreso.
Dentro de pocos días se concretará una traición a la patria llamada “Acuerdo con Odebrecht”, una vergonzosa claudicación del Estado peruano ante un enemigo extranjero, encarnado en el cartel constructor del Brasil donde resalta la poderosa Odebrecht, “que pone y saca presidentes”, y ahora parece que también fiscales. El “acuerdo” garantiza la impunidad a quienes llegaron aquí a corromper, destruir la moral nacional y saquear el tesoro público.
En los estudios jurídicos comentan que el grupo de peruanos que colaboró en la vil trama duerme ya tranquilo, pues será como si nada hubiese pasado. La multa impuesta es ínfima y pagadera en cómodas cuotas a lo largo de más de una década; los ejecutivos brasileros no serán sancionados ni su patrimonio en Perú afectado; la empresa seguirá contratando con el Estado, podrá vender sus obras y llevarse el dinero. Un asco bendecido por una fiscalía rehén de las oenegés marxistas, del gobierno del ingeniero Vizcarra, constructor él, y de la “aplanadora” mediática. Siendo un acuerdo secreto, es probable que el favoritismo sea para que salten “revelaciones” que afecten, principalmente, a expresidentes, políticos y autoridades que trabaron a la brasilera o denuncian el proyecto marxista que pretenden implantar los “vizcaviares”.
En un artículo de 2017, publicado en El Comercio, la historiadora Carmen McEvoy sostiene que “la inmensa trama de corrupción [fue] organizada por Odebrecht en el Perú –con la venia de los mandatarios brasileños y la complicidad de políticos, empresarios, abogados, gobernadores, alcaldes y publicistas nacionales– […] El otrora imperio portugués perfeccionó a lo largo de varios años un sistema político-económico que exportaba corrupción, [somos] una suerte de colonia económica con un virrey brasileño apellidado Barata, quien departía con la crema y nata de la sociedad peruana”.
El acuerdo de “colaboración” (de traición, más bien) tiene 17 páginas y se pactó entre el equipo especial de la fiscalía para el caso Lava Jato (Rafael Vela y José Domingo Pérez) y la procuraduría ad hoc brasilera, con Odebrecht. La corrupta empresa se compromete a entregar información y documentos sobre las coimas entregadas a funcionarios peruanos de todos los niveles (nada de los privados). El Ministerio Público no podrá usar las pruebas contra Odebrecht ni sus ejecutivos, tampoco compartir la información con autoridades nacionales o extranjeras, a menos que medie pacto de no utilizarla contra los maleantes del Brasil.
¿Para cuándo la marchita de indignados, a ver?

Pablo Sánchez tiene pendientes 14 denuncias

Por MARÍA TERESA GARCÍA/ JOSÉ M. CARMEN MORÁN- Diario EXPRESO.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales analizará cada una de las 24 denuncias contra los miembros del Ministerio Público, de las cuales 14 fueron presentadas en contra del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, así como de varios fiscales supremos desde el año 2017.
Entre los fiscales supremos cuyo destino depende de la decisión de los integrantes del grupo especial congresal, están Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Pedro Chávarry Vallejos y los ex fiscales de la Nación José Peláez Bardales y Gladys Echaíz Ramos.
Las acusaciones contra Pablo Sánchez fueron presentadas desde agosto de 2017 y continuaron hasta el 2018. Lo mismo sucedió con las denuncias en contra de los demás representantes del Ministerio Público que se fueron acumulando en la subcomisión y durmieron el sueño de los justos, hasta que las bancadas pidieron revisar los casos de Pedro Chávarry.
Lo que sorprende es que la mayoría de bancadas y en especial la oficialista y las de tendencia izquierdista, pidan la cabeza de Pedro Chávarry, pero quien más cuestionamientos tiene es su antecesor Pablo Sánchez, por quien dichos parlamentarios guardan un silencio casi sepulcral.
¿ORGANIZACIÓN CRIMINAL?
Entre las denuncias pendientes de calificación está la Nº 136 presentada el 25 de agosto de 2017 y hecha por el ciudadano Vicente Díaz Arce contra el entonces fiscal de la Nación Sánchez por la presunta omisión del ejercicio de la acción penal, estipulada en el artículo 424º del Código Penal (CP).
¿La razón? Supuestamente haber omitido su función de persecutor del delito desconociendo su deber de ejercitar la acción penal.
Le sigue la acusación Nº 157 del ciudadano Eber Humberto Cabañas López en contra de Sánchez, presentada el 1 de diciembre de 2017, por la presunta infracción constitucional de los principios de independencia, imparcialidad y tutela de la recta administración de Justicia, señaladas en los artículo 139º y 159º y artículo 39º sobre la buena administración y de prescripción de la corrupción. Ello al supuestamente no haber tomado las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción.
También se encuentra la denuncia constitucional Nº 161 hecha doce días después, el  13 de diciembre pasado, por los ciudadanos Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdova en contra de los entonces ministros del Interior y el fiscal de la Nación, Carlos Basombrío y Pablo Sánchez, respectivamente.
Esto por la presunta infracción constitucional, artículo 2º inciso 24, y la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de abuso de autoridad, artículo 376º del Código Penal.
El motivo es el haber presuntamente afectado el derecho a la presunción de inocencia y declarado que los denunciantes son parte de una organización criminal sin existir una sentencia firme.
Un día después, el 14 de diciembre del mismo año, ingresa la denuncia constitucional del ciudadano Fernando Villarreal Zavala, apoderado de Vigilancia Integral Corporativa SAC, contra Sánchez por la presunta comisión del delito de crimen organizado, tipificado en la Ley Nº 30077, artículo 2.
Asimismo por los delitos de secuestro, contra la fe pública, estafa agravada, cohecho activo específico, prevaricato, abuso de autoridad y lavado de activos, artículos 152º, 427º y 428º, 196º y 196º-A, 395º,  418º y 376º del Código Penal.
Lo denuncian por supuestamente integrar una organización criminal y concertar con un estudio de abogados y dejar en la impunidad graves delitos.
Luego, seis días después, el 22 de diciembre, se presenta la denuncia Nº 164 rubricada por la ciudadana Rocío Estefanía Saavedra Duarte, siempre contra Pablo Sánchez y el fiscal adjunto supremo titular, Jorge Bernal Cavero, por la supuesta infracción constitucional a los artículos 39º, 138º, 139º incisos 3, 5, 8 (7 y 20) y 2º del CP.
Saavedra Duarte lo acusa por el hecho de que habría dejado de emitir un pronunciamiento de ley al formular una resolución en perjuicio de la denunciada.
Pero las denuncias continúan. El 26 de diciembre de 2017, cuatro días después, ingresa la denuncia constitucional Nº 167 del ciudadano Raúl Arca Araníbar contra el citado fiscal por la presunta comisión de encubrimiento de los delitos de traición a la patria, crimen organizado y espionaje.
Solicita al entonces fiscal de la Nación que se oficie para que responda al Congreso de la República por qué no resuelve sus múltiples denuncias.
TAMBIÉN EN 2018
El 27 de febrero de 2018, lo denuncia constitucionalmente el ciudadano Jorge Virgilio Chimpay Caja al presuntamente no haber fiscalizado a sus colegas del interior del país.
Al igual que en el 2017, las acusaciones contra Sánchez no cesan. El 1 de marzo de 2018, el ciudadano Humberto Armando Rodríguez Cena le presenta la denuncia Nº 183 en su contra, pero también incrimina al juez supremo Luis Alberto Cevallos Vegas por la presunta infracción constitucional al artículo 146 inciso 3.
También por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones, malversación y peculado, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, encubrimiento real y encubrimiento personal.
Todo al supuestamente haber sufrido una persecución política y judicial por el Ministerio Público en represalia de sus denuncias contra otro familiar de Pablo Sánchez Velarde.
El 23 de marzo del mismo año ingresa la acusación Nº 191 del ciudadano Aureliano Pascacio Ángeles Bonilla contra Sánchez Velarde por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal agravado y omisión del ejercicio de la acción penal artículo 404º y 424º del Código Penal.
Lo denuncia porque habría dispuesto que su solicitud de colaboración eficaz sea vista por un fiscal de Chiclayo, poniendo en riesgo su vida.
OTRAS DENUNCIAS
La denuncia constitucional Nº 238 fue hecha por la ciudadana Virginia Delgado Berlanga y Jesús Linares Cornejo. El documento ingresó el 21 de agosto, pero esta vez acusa a Pedro Chávarry, fiscal supremo; Alan García Pérez, expresidente; Víctor Raúl Rodríguez Monteza, vocal supremo, y Pablo Sánchez, fiscal supremo.
Ello, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal contra la fe pública, falsificación de poder y procesos judiciales, encubrimiento agravado, omisión de denuncia y prevaricato, al haber presuntamente una organización ilícita conformada por los denunciados con la finalidad de robar una empresa inmobiliaria, Oropesa S.A., y su activo el edificio de la avenida Tacna y Emancipación del Cercado de Lima desde el año 1982 hasta la fecha.
Casi dos meses después, la congresista Yeni Vilcatoma lo acusa (denuncia Nº 266) de la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (artículo 377º del CP), al presuntamente haber omitido realizar diligencias tendientes a evitar que el vocal supremo Hinostroza Pariachi rehuyera a la acción de la justicia.
El 17 de diciembre, ingresa la denuncia constitucional (Nº 281) de la ciudadana Emiliana Estelita Vázquez Livia en contra del exfiscal y la fiscal adjunta Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora y actos funcionales, artículo 377º del CP, al presuntamente haber retardado u omitido un acto, no obstante su promesa de investigar a una fiscal provincial.
Todas estas denuncias están listas para dar cuenta y obvio que pendientes de calificación.
DENUNCIAS EN PROCESO
El 7 de diciembre de 2017, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez emitió su descargo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego que el entonces congresista fujimorista Daniel Salaverry lo acusara por la presunta infracción constitucional a los artículos 39º, 139º y 59º porque habría cometido grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción.
Ese mismo día Sánchez dio explicaciones ante el grupo especial, pero esta vez por la denuncia de la parlamentaria Yeni Vilcatoma por la presunta infracción constitucional, artículo 159º incisos 4 y 5, al haber afectado con sus decisiones administrativas las atribuciones del Ministerio Público.
También Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez
Un total de cuatro denuncias constitucionales pendientes de calificación en el Congreso tiene el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, las cuales ingresaron en diciembre de 2017 y no se sabe por qué razón no se procesaron.
La primera de ellas es la del 18 de agosto del 2017, presentada por Raúl Clemente Flores Díaz por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y encubrimiento personal previstos en los artículos 418 y 404 del CP.
Lo acusa de presuntamente proteger y encubrir a un vocal superior de la Corte Superior de Áncash.
El 22 de noviembre del mismo año, ingresa a la subcomisión otra acusación, pero esta vez presentada por José Gregorio Flores Torres en contra del mismo fiscal supremo por presunto delito de prevaricato en agravio del Estado al haber supuestamente rechazado una denuncia en contra de la fiscal superior Mirian Herrera Velarde.
Otra acusación fue la presentada por César Jordán Boleje e ingresada dos días después por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, al supuestamente haber omitido denunciar penalmente a la magistrada de Lima, Irma Díaz Livaque por haber retardado más de 7 meses una queja de derecho.
La cuarta acusación ingresó el 6 de diciembre de 2017 y fue presentada por José Gregorio Flores Torres por la presunta comisión del delito de prevaricato, al supuestamente haber tramitado erróneamente un recurso de apelación del denunciante.
TOMÁS ALADINO
Pero el fiscal supremo Tomas Aladino Gálvez Villegas tampoco se escapó de ser denunciado ante la subcomisión en donde tiene dos acusaciones para dar cuenta.
La primera fue ingresada por el 26 de junio de 2018 y presentada por Alipio Palomino Prado por la presunta comisión del delito de prevaricato, al haber presuntamente emitido un dictamen cuyo argumento basa su conclusión, omitiendo el texto expreso de una ley de desarrollo constitucional.
La segunda denuncia constitucional fue hecha por las congresistas Maritza García y Lizbeth Robles quienes lo acusan de presuntamente haber cometido el delito de organización criminal, abuso de autoridad, peculado doloso, cohecho activo específico, tráfico de influencias, omisión de denuncia, fraude procesal y uso de documento privado falso.
Todo ellos por el presunto irregular manejo de los fondos del Ministerio Público en el año del 2013. La denuncia ingresó el pasado 27 de agosto de 2018.
SEGÚN INFORME DE CALIFICACIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA
La Subcomisión recomienda declarar procedentes denuncias contra Chávarry
Acusaciones también incluyen a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, así como a Duberlí Rodríguez Tineo.
Los informes realizados por la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomiendan declarar procedentes las seis denuncias constitucionales presentadas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso EXPRESO, la primera denuncia que será revisada según la agenda de la subcomisión, es la Nº 239, la cual fue formulada por el parlamentario Gino Costa (Liberal) el 20 de agosto de 2018.
Dentro de esta acusación, Costa imputaba a Chávarry haber cometido infracción constitucional de los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Carta Magna, por “carencia de transparencia e integridad (impedimento de fiscalización – Favorecimiento Irregular y Direccionamiento de la Opinión Pública)”,  “mentiras arteras a la ciudadanía”, “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”.
Sin embargo, de acuerdo al documento revisado por EXPRESO, la Secretaría Técnica de la Subcomisión recomienda declarar procedente solo las acusaciones por “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”, mientras que recomienda declarar improcedente las acusaciones por “carencia de transparencia e integridad” y “mentiras a la ciudadanía”.
La segunda denuncia es la Nº 248, presentada por Gloria Montenegro (APP) el 3 de septiembre de 2018, acusando a Chávarry por una infracción constitucional contra los artículos 158 y 146, inciso 2 de la Constitución, así como por la comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405 del Código Penal.
Cabe precisar que en esta denuncia, Montenegro también acusó al fiscal supremo Tomás Gálvez de infracción constitucional al artículo 146° inciso 2, y supuesta comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405, respectivamente, del Código Penal.
En este punto, la Secretaría Técnica recomienda declarar procedente solo la acusación contra Chávarry por infracción constitucional al artículo 146, inciso 2, y por los delitos 317 y 405 del Código Penal, pero declara improcedente la imputación de infringir el artículo 158 de la Constitución. En el caso de Tomás Gálvez, también se declara la procedencia de su acusación.
En la agenda también figura la acusación Nº 262, formulada por el procurador Amado Enco el 1 de octubre de 2018, y en la cual se acusa a Pedro Chávarry, a los fiscales supremos Tomas Gálvez, Víctor Rodríguez, y a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberlí Rodríguez Tineo y Ángel Romero Díaz, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y el delito contra la tranquilidad pública – organización criminal, tipificados en los artículos 400, 385 y 317 respectivamente del Código Penal.
De acuerdo al informe del área técnica, se recomienda que la acusación se declare procedente. Cabe precisar que el procurador Enco no puede presentar una denuncia constitucional, por lo que los congresistas Gino Costa, Patricia Donayre, Alberto de Belaunde, Gloria Montenegro y Richard Arce hicieron suya esta denuncia.
El siguiente punto es la denuncia Nº 270, también presentada por el procurador Amado Enco el 29 de octubre de 2018, contra los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites, y el fiscal supremo Pedro Chávarry, “por la comisión del delito contra la tranquilidad pública – organización criminal – artículo 317 del Código Penal.
El informe técnico recomienda declarar procedente esta acusación, pero solo en el caso de Pedro Chávarry, mientras que en el caso de los exconsejeros del CNM se recomienda la improcedencia de la denuncia. Al igual que la acusación anterior, los parlamentarios Gino Costa, Patricia Donayre, Wilbert Rozas, Sonia Echevarría, Jorge Meléndez, Richard Arce, Gloria Montenegro y Edmundo del Águila hicieron suya la denuncia.
El penúltimo punto es la acusación  Nº 285, formulada por los congresistas del Nuevo Perú, Marisa Glave, Katia Gilvonio, Alberto Quintanilla y Manuel Dammert, presentada el 4 de enero de este año, acusando a Chávarry de haber infringido los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución.
Además, la última denuncia de la agenda es la Nº 288, formulada por Gino Costa el 8 de enero de este año, en la que le imputa a Pedro Chávarry los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, contemplados en los artículos 404 y 405 respectivamente del Código Penal, así como haber infringido los artículos 39°, 44°, 139° inciso 3, 158° y 159° inciso 2, de la Constitución.
En ambos casos, la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda declarar procedentes las denuncias contra Pedro Chávarry.

Celebramos el Bautismo del Señor

[Visto: 99 veces]

Hoy la Iglesia celebra el Bautismo del SeñorEvangelio según San Lucas 3,15-16.21-22.
Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: “Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias; él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego.
Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección”.No hay descripción de la foto disponible.

Homilía del Padre Paul Voisin CR, Superior General de la Congregación de la Resurrección:

Recuerdo que uno de mis amigos me dijo que aprendió mucho acerca de su padre -y su relación- en el momento de la visita en la funeraria, cuando su padre había muerto. Su relación tuvo momentos difíciles. Estaba tan sorprendido cuando muchos de los amigos de su padre y compañeros de trabajo se acercaron a él y le dijeron lo orgulloso que estaba su padre de él, y con qué frecuencia hablaba con ellos sobre sus logros. No estaba seguro de si esta gente sabría siquiera que tenía un hijo, y mucho menos que estaba orgulloso de él. Se sorprendió, porque rara vez recordaba a su padre que lo felicitara o le decía a su cara que estaba orgulloso de él, o incluso que él lo amaba. ¡Triste, pero cierto!
Pensé en eso cuando leí el evangelio de este fin de semana -el bautismo del Señor- (Lucas 3:15-16, 21-22). Donde se relata el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el bautista. Dios Padre lo hace evidente: “este es mi amado hijo; contigo estoy bien contento”. El Padre no dejó ninguna duda en la mente de los presentes -y Jesús- que este era su hijo, que él lo amaba, y que él estaba contento con él. Esta manifestación fue una fuente de alegría para Jesús, y un reconocimiento a la gente de la divina presencia del Hijo de Dios entre ellos.
En nuestra primera lectura, del libro del profeta Isaías (42:1-4, 6-7), espejo de las palabras del evangelio: que Dios está contento, y que ha puesto su espíritu en su siervo. Jesús es el cumplimiento de esta profecía, como Dios-Hecho-Hombre. Las palabras reflejan la ternura de Dios: que él los ha “captado por la mano”, y “los formó”. Ha hecho un pacto con el pueblo, y les ha dado su bendición. Compartimos el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, sellado en nuestro bautismo.
En la segunda lectura de los Hechos de los apóstoles (10:34-38) Pedro predica a la gente que busca a Cristo, tal como lo hizo juan el Bautista. Todos ellos son hijos de Dios, y se les llama para ser hermanos y hermanas unos de otros. A través de su bautismo comparten en la vida de Dios, y pertenecen a la familia de Dios.
A medida que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, se nos permite la oportunidad de reflexionar sobre nuestro propio bautismo, y lo que significa para nosotros.
Aunque intelectualmente sabemos que “pertenecemos” a Dios a través de nuestro bautismo, no siempre es fácil para la gente “sentir” eso. Para algunas personas he encontrado que esto yace en su duda sobre el amor de Dios por ellos. Así como el hombre de mi historia dudaba del amor y el “sentir” de su padre, a veces nosotros también -en nuestra condición humana- podemos dudar del amor de otro, incluso de Dios. A veces la gente me ha expresado su miedo de que Dios no los pueda amar, porque si Dios sabe todo sobre mí, todos mis pensamientos y sentimientos más íntimos, ¿cómo me puede amar? Sobre todo cuando experimentamos que otras personas no nos aman, debido a las cosas que decimos y hacemos, es natural que Dios no nos querría. Sin embargo, Dios es Dios, y él no está limitado por nuestra lógica humana. Su amor es incondicional y un regalo gratis. Nosotros no lo ganamos. Es nuestro porque él nos creó. Dios nos asegura que somos amados, y que estamos llamados al amor. Dios está “bien satisfecho” con nosotros, como él estaba con Jesús.
Otro desafío para algunas personas es la falta de sentimiento de pertenencia a la iglesia, específicamente a la comunidad parroquial. Aunque hemos hecho avances como iglesia, todavía tenemos que ser más acogedores y amistosos en nuestra comunidad parroquial. Recuerdo una parroquia en Canadá donde trabajé, que cuando me fui de allí le dije a la gente “si no te llamo por nombre, no sé tu nombre”. Tengo un buen recuerdo para los nombres, afortunadamente. No sé tú, pero significa mucho para mí cuando la gente me llama por mi nombre.
A veces los feligreses se sientan cerca de la misma gente durante años, y no tienen ni idea de su nombre. Se ven el uno al otro en el supermercado y sonríen, pero no tienen idea de su nombre. Por desgracia, esto también significa que no estamos realmente conectados, aunque pertenecemos a la misma comunidad de fe y culto juntos. Esto es desafortunado, y tenemos que tomar medidas concretas para decir: “te veo todo el tiempo, pero no sé tu nombre”. Puede que sea vergonzoso al principio, pero los resultados de ello valen la pena, porque entonces Nos sentimos más comprometidos no sólo con el otro, sino con la parroquia y la iglesia.
Nuestro bautismo no se trata sólo del día de nuestro bautismo, sino de cómo vivimos nuestras vidas a diario. La fiesta del bautismo del Señor nos llama a profundizar esa vida con Dios, para reconocer lo “contento” que Dios está con nosotros, y lo que significa pertenecer al pueblo de Dios. Necesitamos a DIOS. Dios nos necesita, y nos necesitamos unos a otros.
Hoy es la fiesta de Santa Margarita Bourgeoys, la primera santa canadienseSanta Margarita Bourgeoys fue una religiosa que prestó gran ayuda a colonos y soldados en Canadá, y trabajó para asegurar la formación cristiana de las jóvenes, fundando para ello la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Montreal.
Margarita Bourgeoys nació en Francia en 1620. Desde la edad de 20 años dedicó su vida totalmente a los más necesitados luego de tener un encuentro con el Señor el día de la fiesta de la Virgen del Rosario.
En 1653 llegó a Montreal (Canadá), entonces colonia francesa, y allí se dedicó junto a sus primeras hermanas a impartir instrucción cristiana a escuelas y parroquias hasta el día de su muerte en el año 1700.
En 1668 inauguró la primera escuela de Montreal con una docena de alumnos. Y cuando estuvo de regreso en Francia, entre 1670 y 1672, consiguió la aprobación del rey Luis XIV para fundar la Congregación de Nuestra Señora.
Es así que Margarita fundó en 1676 la primera congregación femenina sin clausura de la historia de la Iglesia.
Murió el 12 de enero de 1700 en Montreal, Canadá. Fue beatificada por el Papa Pío XII en 1950 y canonizada en 1982 por San Juan Pablo II.
Fuente: ACI Prensa.

Derramando corrupción

[Visto: 80 veces]

Comuneros exigen a Las Bambas el pago de compensación acordadaPor Jaime de Althaus- Diario El Comercio.
El día martes, mientras el Perú luchaba contra la corrupción, un grupo de comuneros de Fuerabamba (la comunidad que fue reasentada en otra zona por la minera Las Bambas) bloqueó la carretera, se enfrentó a la policía dejando 11 policías heridos –2 de gravedad– e incendió el campamento policial. Por supuesto, no hay nadie detenido ni denunciado.
Los comuneros de Fuerabamba no solo recibieron en su momento una cuantiosa compensación por el reasentamiento y se les construyó una nueva ciudad fabulosa, sino que tienen contratos de abastecimiento de diversos servicios –desde hotelería y restaurantes hasta transportes y maquinaria– con la minera. Recientemente, sin embargo, la nueva directiva contrató a unos conocidos abogados extorsionadores para que la asesore.
Es lo que están haciendo ahora casi todas las comunidades que bordean la carretera, desde que el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, resolvió como resolvió el conflicto con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Pues bien, el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.
Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones. Habían encontrado el negocio del siglo, la verdadera mina de oro. Por supuesto, todas las comunidades que bordean la carretera quieren ahora lo mismo, de modo que los benditos hermanos van de comunidad en comunidad ofreciendo sus servicios extorsivos: azuzan la destrucción de la carretera y luego exigen el pago. Y el Estado no es capaz de armarles un proceso ni denunciarlos. Menos aún a los ejecutores. Si la vía tiene más de 200 km, la servidumbre potencial ascendería a cerca de 200 millones de soles.
En este caso, además, hubo negligencia punible, pues normalmente el personal de la Oficina de Gestión Social del MEM, que está siempre en el campo para detectar cualquier problema desde su gestación, se hubiese enterado de los preparativos y hubiese podido prevenir los hechos. Pero al parecer el ministerio le había cortado los recursos para los gastos logísticos y no pudo hacer su trabajo. No hubo alerta temprana. Y de inteligencia policial, ni hablar. No existe.
Tampoco el Estado es capaz de usar el dinero de las regalías y el canon para hacer desarrollo integral en las comunidades. Ese dinero se entrega a los alcaldes para que no se gaste o se malgaste en obras corruptas –casi todos los alcaldes terminan presos–, en lugar de formar un fideicomiso o una autoridad o contratar una PMO capaces de ejecutar un plan de desarrollo rural integral.
Nos damos el lujo de sembrar conflictos en lugar de prevenirlos. De derramar corrupción para luego decir que luchamos contra ella. La lenidad es nuestra divisa. Mientras tanto, la pobreza ya no cae, aumenta.

Maduro ilegítimo

[Visto: 77 veces]

Ncolás Maduro

OEA declara ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó “no reconocer la legitimidad” del mandato del presidente de VenezuelaNicolás Maduro, y llamó a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana” con observación internacional.
En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, una resolución en este sentido presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, y será transmitida “inmediatamente” al secretario general de las Naciones Unidas.
La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, rechazó la celebración de la reunión del Consejo Permanente de la OEA como un “acto hostil e inamistoso” y anticipó que no reconocerá “ninguna decisión que pudiera adoptarse”.
El Consejo Permanente celebró su sesión extraordinaria mientras Maduro comenzaba su segundo sexenio consecutivo en Caracas.
La resolución también urge a los 34 Estados miembros a adoptar “medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras” para “contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”.
México, que la semana pasada se negó a respaldar la declaración del Grupo de Lima, se abstuvo.
El texto señala que solo a través de un diálogo nacional se podrán acordar las condiciones para celebrar nuevas elecciones presidenciales, pide al gobierno de Caracas la liberación inmediata de los presos políticos y que permita el ingreso de ayuda humanitaria.
La OEA adoptó la resolución seis días después de que el Grupo de Lima -integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía- instara a Maduro a que no asumiera su segundo mandato y transfiriera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones.
Estados Unidos y el Grupo de Lima consideran que los comicios de mayo en los que Maduro resultó reelecto no cumplieron los estándares mínimos de imparcialidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mantiene a Venezuela desde el 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, advirtió la víspera que el nuevo mandato de Maduro profundiza el debilitamiento institucional en esa nación sudamericana.
Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social con una hiperinflación de siete dígitos y una fuerte recesión que se ha extendido por cuatro años consecutivos. Las dificultades económicas han desatado una masiva migración de venezolanos en la región que Naciones Unidas estima en unas 3,3 millones de personas.
Fuente: AP/EFE, Diario El Comercio.

Titular de la Asamblea venezolana se declara presidente interino de Venezuela

La Asamblea Nacional venezolana, a través de su presidente, el opositor al régimen de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, declaró que asumirá las competencias de la presidencia de la República de Venezuela de manera interina, al amparo de los artículos 333, 233 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que convocará a elecciones libres al desconocer el nuevo mandato del sucesor de Hugo Chávez en el Ejecutivo venezolano.
“Debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional (lo) que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer”, dijo el diputado ante un millar de personas que se concentraron en el este de Caracas para denunciar la “ilegitimidad” de Maduro.
En un discurso antes un gran número de ciudadanos venezolanos reunidos al este de Caracas, el titular del Legislativo venezolano afirmó que “asumiendo nuestro deber y el [artículo] 333 de nuestra Constitución, que toda autoridad investida o no, debe colaborar con restablecer el orden de derecho, invocamos entonces a todo el pueblo, asumiendo como presidente de la Asamblea Nacional legítima del pueblo de Venezuela, las competencias y la representación del pueblo, del Estado de Venezuela”.

“Tenemos, apegándonos a los elementos de [los artículos] 233, 350, 333, asumir las competencias de la encargaduría de la Presidencia de la República por lo que dice la Constitución”, fueron las palabras del diputado venezolano.

Convoca a las Fuerzas Armadas

Para conformar un Gobierno de Transición, Guaidó convocó al pueblo venezolano y a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana de su país para que respalde a la Asamblea Nacional.
“A esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros, le hacemos un nuevo llamado, aquí está la legítima Asamblea Nacional que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir”, dijo a la institución castrense que ayer juró lealtad a Maduro dos horas después de su toma de posesión.
Ante el anuncio del titular de la Asamblea Venezolana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reconoció a través de Twitter a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Fuente: Diario Correo.

Rojelio sí cuñao

El congresista de Frente Amplio, Rogelio Tucto, volvió a generar polémica luego de que señalara que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no constituye una dictadura.
Mediante su cuenta de Twitter compartió un pronunciamiento público en el que señala que llamar al actual régimen venezolano como “dictadura” es solamente una excusa para justificar su intervención en defensa de intereses económicos norteamericanos.
“Si la intención es de ayuda a un país hermano, deben partir por criticar los intereses del gran capital que están asfixiando a una joven, nueva y diferente experiencia social y económica, bajo el argumento de una dictadura”, manifestó el parlamentario.
Fuente: www.lucidez.pe

Prima de Allan

[Visto: 85 veces]

PPK acusado de lavado de activos en proyecto Olmos

El informe Lava Jato recomendó acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala porque habría beneficiado a la empresa Odebrecht en el Proyecto Trasvase Olmos y el Proyecto Irrigación Olmos. Asimismo solicitó a la Fiscalía investigar al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo.
También encontró indicios de que Humberto Acuña Peralta ha podido cometer el delito de colusión agravada, al haber llevado a cabo un acuerdo indebido con los representantes de la concesionaria Trasvase Olmos.
Si bien la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A. se encargaron de ejecutar el Proyecto Trasvase Olmos y el Proyecto Irrigación Olmos, se ha demostrado que ambas empresas que forman parte del grupo Odebrecht fueron favorecidas por el gobierno nacionalista de entonces.
El informe Lava Jato concluye que el expresidente Ollanta Humala debe ser denunciado constitucionalmente al haber cometido el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, al haber suscrito tres decretos supremos entre el 2012 y el 2013, mediante los cuales se transfirió al Gobierno US$ 49’326,000.00 a fin de pagar a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. un perjuicio que le fue reconocido de manera irregular.
La conducta descrita de Humala Tasso debe evaluarse en base a las declaraciones brindadas por Marcelo  Odebrecht y Jorge Barata, exrepresentantes del grupo Odebrecht, quienes aseguraron  haber pagado US$ 3 millones durante la campaña electoral del expresidente.
Por otro lado, existen indicios que permiten inferir que, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria Jesús Kisic Wagner, su secretaria, habrían incurrido en el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión, por cuanto el ex presidente utilizó la empresa off shore Dorado Asset Management LTD, a fin de realizar operaciones comerciales que le permitan percibir el pago de US$ 1’079,636.00 obtenido por su empresa Westfield Capital en la asesoría financiera a Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
En el caso de Gloria Kisic Wagner, se advierte que en su cuenta N° 1931014533117 del BCP, mancomunada con Pedro Pablo Kuczynski, recibió dos transferencias provenientes de la empresa Dorado LTD, ordenando de inmediato su traspaso a la cuenta de la empresa Westfield Capital Ltd, de propiedad de PPK.
En cuanto a la responsabilidad civil, en el punto relacionado a la incorrecta clasificación del Proyecto Irrigación Olmos como iniciativa privada autosostenible, estarían involucrados los señores Javier Roca Fabián, ex director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional; Rosalía Haydee Álvarez Estrada, exsecretaria general del MEF; María Soledad Giulfo Suárez exviceministra de Economía.
De igual forma, Carlos Casas Tragodara, exviceministro de Economía, Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del PEOT, José Huamán Castillo, exconsejero delegado del Gobierno Regional de Lambayeque y Adela Saavedra Díaz, exconsejera del Gobierno de Lambayeque.

HUMALA

Ollanta Humala Tasso, presidente de la República durante el periodo 2011-2016, suscribió en el 2012 y 2013, tres decretos supremos por los cuales se transfirió al Gobierno Regional de Lambayeque el monto total de S/. 132’818,920.00, a fin de pagar el perjuicio económico financiero reconocido a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Por ello, Luis Miguel Castilla Rubio, entonces ministro de Economía y Finanzas, suscribió el Decreto Supremo N° 073-2012-EF, el Decreto de Urgencia N° 016-2012 y el Decreto Supremo N° 331-2013-EF, mediante los cuales se transfirió al Gobierno de Lambayeque el monto total de S/. 132’818,920 a fin de pagar el perjuicio económico financiero reconocido a Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Asimismo, Luis Ginocchio Balcázar, titular de Agricultura, suscribió dos de los referidos decretos, mediante los cuales se transfirió al Gobierno de Lambayeque el monto total de S/. 116’960,560 a fin de pagar presunto perjuicio a Odebrecht.

PPK

Durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo Manrique, Kuczynski Godard desempeñó altos cargos públicos, los cuales le permitieron participar en el proyecto Olmos.
El 21 de julio de 2004, siendo ministro de Economía y el 11 de febrero y de 2006, en su condición de primer ministro, firmó el Decreto Supremo N° 014-2006-EF, por el cual se aprobó el otorgamiento de una garantía soberana hasta por US$ 401’331,000.00 a favor de la concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Estas acciones  habrían generado que la estructuración financiera propuesta por su empresa unipersonal Westfield Capital LTD, a favor de las empresas Norberto Odebrecht S.A. y Concesionaria Trasvase Olmos S.A., sea exitosa.
Se presume que, a través de las empresas Westfield Capital y Dorado Asset Management Ltd, Kuczynski Godard, habría percibido US$ 1’079,636.00, durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2004 al 11 de octubre de 2007, producto de la asesoría financiera que habría brindado a través de su empresa Westfield Capital LTD.
A efectos de que el dinero ingrese a la esfera económica de Kuczynski, pues la empresa Odebrecht Latinvest Perú SAC informó que solo abonó a la empresa Westfield Capital el importe de US$ 64,636.00, se habría constituido la empresa “off shore” Dorado Asset Management LTD en las Islas Vírgenes Británicas (considerado como paraíso fiscal), con la finalidad de transferir al Perú el presunto dinero ilícito, a través de operaciones inmobiliarias.
Cabe indicar que el 25 de abril de 2005, la citada empresa adquirió un inmueble en Cieneguilla por US$ 320,000.00, mientras que el 3 de abril de 2006 compró el inmueble de la calle Choquehuanca de San Isidro, de Kuczynski, por US$ 695,000.00 mediante dos transferencias de US$ 350,000.00 y 345,000.00 de fechas 16 y 22 de marzo de 2006, respectivamente, en la cuenta mancomunada que mantiene Kuczynski Godard con Gloria Jesús Kisic Wagner en el BCP.
De acuerdo a la adquisición del inmueble ubicado en San Isidro, se advierte que el monto cancelado fue realizado antes que se suscriba la escritura pública de compraventa el 3 de abril del 2006.
Es más, este dinero terminó siendo transferido por Gloria Kisic a la cuenta del Wachovia Bank, de propiedad de la empresa Westfield Capital LTD, al día siguiente de haberlos recibido, bajo la denominación de “reenvió de fondos y transferencias”, ocultando así durante todo este proceso cualquier vínculo del expresidente con sus referidas empresas.
“En consecuencia, estos hechos permiten advertir la existencia de un dinero cuyo origen no tiene fuente conocida; por lo tanto, y a efectos de esclarecer los hechos, los actuados deberán ser remitidos al Ministerio Público, a efectos que a través de una indagación se establezca el origen lícito o ilícito del dinero proveniente de la empresa Dorado Asset Management LTD, utilizado para las operaciones inmobiliarias antes detalladas”, refiere el documento.
COHECHO PASIVO
A Kuczynski Godard también se le atribuye responsabilidad de carácter penal por el delito de cohecho pasivo impropio ya que, en su condición de ministro, suscribió los decretos supremos por los cuales se dieron lugar a la garantía soberana y a la garantía de crédito parcial que beneficiaron a Concesionaria Trasvase Olmos S.A. en el proceso de colocación de bonos corporativos.
La suscripción de tales decretos se realizó en el marco del contrato de asesoría financiera que suscribió la Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Westfield Capital, empresa unipersonal del expresidente.
La conducta ilícita se encuentra en la suscripción de los decretos supremos que se califican como actos propios de los cargos públicos que desempeñaba PPK como ministro de Economía y premier.
Producto de ello Kuczynski habría recibido un beneficio económico indebido, ya que el mismo provino del pago a favor de Westfield Capital por el contrato de asesoría financiera.
HUMBERTO ACUÑA
De otro lado existen indicios que permiten presumir que Humberto Acuña Peralta habría cometido el presunto delito de colusión agravada, al haber llevado a cabo un acuerdo indebido con los representantes de la concesionaria Trasvase Olmos, Juan Andrés Marsano Soto y Ramesh Agrawal Fernández, a fin de que la concesionaria se favorezca con el pago de US$ 43’642,000.00.
Acuña Peralta, gobernador regional de Lambayeque, suscribió el acta de reuniones de trato directo, el acuerdo de transacción extrajudicial y la tercera adenda al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos, permitiendo el pago por reconocimiento de perjuicio económico financiero ascendente a US$ 49’326,000.00 a favor de Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Asimismo, Francisco Gayoso Zevallos, gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), participó en el acta de reuniones de trato directo y en el acuerdo de transacción extrajudicial, permitiendo el pago por reconocimiento del citado perjuicio económico financiero.
Sergio Rafael Bravo Orellana, experto financiero contratado por el Gobierno Regional de Lambayeque, emitió distintos informes sobre el cálculo del reconocimiento por ingresos del servicio de trasvase programados y no percibidos por Concesionaria Trasvase Olmos S.A., recomendando finalmente que se le reconozca al concesionario el monto de US$ 43’642,000.00, incluyendo los intereses devengados.
Jorge Alva Hurtado, experto técnico contratado por Concesionaria Trasvase Olmos S.A. y el Gobierno Regional de Lambayeque, emitió los informes por el primer y segundo grupo de eventos no imputables, recomendando que se le reconozca al concesionario el monto de US$ 5’684,000.00.
3 Decretos Supremos
Fueron firmados entre el 2012 y el 2013 para la transferencia de US$ 49’326,000.00 a fin de pagar a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (Odebrecht), por un perjuicio indebido, con el dinero de todos los peruanos.
La Contraloría
Edgar Alarcón Tejada, ex gerente central de operaciones de la Contraloría General de la República, suscribió el Oficio N° 00277-2011-CG/GOPE, mediante el cual dicha entidad se pronunció en virtud a la solicitud de informe previo sobre el proyecto de la tercera adenda del contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos presentada por el gobierno regional.

PARA BENEFICIO DE EMPRESA ODEBRECHT

Se empleó información dada por Concesionaria Trasvase Olmos
La ejecución de las obras del Túnel Trasandino del Proyecto Trasvase Olmos se dio durante el periodo inicial o de construcción, el cual tuvo lugar a partir de la suscripción del acta de entrega del control del proyecto, de fecha 22 de marzo de 2006.
Sucede que durante este periodo se dieron diferentes hechos que afectaron los trabajos de perforación del referido túnel. Principalmente, se produjeron estallidos de roca que impidieron el desarrollo del cronograma de trabajo definido por Constructora Norberto Odebrecht S.A. en su propuesta técnica presentada en el proceso de adjudicación.
De acuerdo al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos, el Gobierno Regional de Lambayeque debe reconocer a Concesionaria Trasvase Olmos S.A. un perjuicio económico financiero si se trata de causas no imputables a la misma, producto de demoras o atrasos en el cumplimiento de las prestaciones a cargo.
La forma de resarcir tal perjuicio sería con el otorgamiento de la prórroga necesaria del plazo de la concesión, para que la  Concesionaria Trasvase Olmos S.A. se recupere cobrando la tarifa de trasvase de agua que debe pagar el gobierno regional, durante el periodo adicional de concesión.
El Gobierno de Lambayeque decidió reconocer el perjuicio económico financiero pagándole a Concesionaria Trasvase Olmos S.A. el monto de US$ 43’642,000.00 por los ingresos del servicio de trasvase programado no percibido y US$ 5’684,000 por la inversión adicional que tuvo que asumir el concesionario en la ejecución del Túnel Trasandino.
Para ello, se suscribieron un acta de reuniones de trato directo, un acuerdo de transacción extrajudicial y la tercera adenda al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos. De esta forma, se hizo el pago directo por el referido perjuicio, y no se recurrió a la ampliación de la vigencia de la concesión.
En el proceso de reconocimiento del perjuicio económico financiero a favor de Concesionaria Trasvase Olmos S.A., no se definió con certeza si todos los estallidos de roca que supuestamente habían afectado al concesionario, ocurridos entre el 24 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2011, resultaban verdaderamente ser hechos no imputables por ser de mayor intensidad y frecuencia a los pronosticados por Constructora Norberto Odebrecht S.A. en sus propuestas técnica y económica presentadas para el concurso.
Tal determinación era fundamental a fin de aplicar la cláusula 3.3 del contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos, y así reconocer eventualmente algún perjuicio económico financiero.
Según el ingeniero Jorge Alva Hurtado, experto técnico contratado por Concesionaria Trasvase Olmos S.A. y el Gobierno  de Lambayeque, en sus informes sobre los mayores costos de obras, para determinar la intensidad de los estallidos de roca se debía emplear parámetros cuantificables.
Contrariamente, el concesionario no había demostrado de manera objetiva, con fundamentos técnicos y mediciones auditables, que los estallidos de roca en cuestión hayan significado condiciones geológicas distintas a las que razonablemente se habían calculado al momento de la elaboración de las propuestas técnica y económica.
Por ello, se realizó un análisis técnico sobre los estallidos de roca, desde un punto de vista geológico y geotécnico, determinando que no todos estos estallidos ocurridos durante la excavación del Túnel Trasandino necesariamente fueron de alta intensidad, conocidos también como “golpe de montaña”.
Es así que el ingeniero Alva buscó determinar el parámetro mediante el cual se pueda establecer qué estallidos de roca fueron efectivamente de tal magnitud que pudieran ser calificados como de alta intensidad.
No obstante, Alva no encontró una medición instrumental y auditable de la magnitud de los estallidos (por ejemplo, el uso de sonómetros o mediciones sísmicas), por lo que recurrió a los efectos observados y registrados por el concesionario, tales como la altura o volumen de la caverna que haya surgido a partir de los supuestos estallidos de roca.
Es decir, el especialista empleó información recaba por la propia Concesionaria Trasvase Olmos S.A. a fin de definir si los estallidos de roca calificaban como hechos no imputables por los cuales se le debía reconocer un perjuicio económico financiero.
Esta falta de objetividad,  no fue tomada en cuenta por el Gobierno de Lambayeque, incluso nunca cuestionó el origen de los estallidos de roca ni su grado de intensidad, para saber si debieron ser tratados como hechos imputables o no.
Tampoco se descartó dar a los estallidos de roca el trato de evento de fuerza mayor, conforme lo estipula la cláusula 13 del contrato de concesión, y que no  contemplaba ningún tipo de indemnización o resarcimiento a la parte afectada.
Fuente:  Diario EXPRESO.

PRIMA DE ALLAN WAGNER COBRÓ DINERO DE ODEBRECHT CON PPK

Por César Rojas– Manifiestoperu.com
El embajador Allan Wagner, actual presidente de Transparencia, confirmó que Gloria Jesús Kisic Wagner, mano derecha de Pedro Pablo Kuczynski en la recepción de dinero de Odebrecht, es su prima.
“Es mi prima, fue secretaria privada de PPK durante muchos años y está colaborando con la justicia”, tuiteó el diplomático.
Como se sabe, Kuczynski fue sometido a un proceso de vacancia luego de que se descubriera su mentira, de que no había tenido relaciones comerciales con la corrupta empresa brasilera. Finalmente, el peruano-norteamericano renunció.
“La Unidad de Inteligencia Financiera siguió el rastro a las mencionadas transferencias y detectó que una cuenta mancomunada entre Kuczynski y su secretaria de toda la vida, Gloria Kisic Wagner, recibió de Westfield Capital -su propia empresa- US$ 2’328,751“, señalaba La República en marzo del año pasado.
Según PPK, ignoraba el origen porque estas transacciones las había realizado su socio Gerardo Sepúlveda, pero la documentación referida acreditaba que el dinero le había llegado directamente en montos millonarios, algo difícil -si no imposible- de ignorar para el titular de la cuenta bancaria.

Renuncia salaverrina

[Visto: 80 veces]

Naranjada

La bancada de Fuerza Popular presentó una moción que pide la censura del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, luego de lo ocurrido en el pleno del lunes 7 de enero, en el cual se retiraron por cuestionar cómo presidió el debate.
“Hemos presentado una moción de censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por sus reiteradas infracciones al reglamento”, informó el vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino.
“Es imperativo dejar constancia que defenderemos la Constitución y las leyes en toda circunstancia, exigiendo respeto al igual que a todas las bancadas”, añadió el legislador.
En la moción se señala que Daniel Salaverry “haciendo ejercicio abusivo de su cargo, no convoca a los miembros de la Mesa Directiva, desde hace seis semanas, adoptando decisiones de manera unilateral, respecto de la gestión y administración del Congreso”.
En alusión de Cambio 21 y la Bancada Liberal, Fuerza Popular menciona que el titular del Congreso ordenó que se proceda a la creación y registro de los nuevos grupos parlamentarios “incumpliendo con lo dispuesto por el fallo del Tribunal Constitucional, según el cual solo los parlamentarios disidentes por razones de conciencia debidamente justificadas, puedan conformar nuevos grupos parlamentarios”.
Otra razón que incluye en sus considerandos es que Salaverry no convoca al Consejo Directivo antes de la realización de un nuevo pleno.
En una conferencia de prensa que brindaron luego de retirarse del debate en el pleno, Fuerza Popular consideró que Daniel Salaverry no respetó el reglamento del Parlamento por no haber convocado a Junta de Portavoces luego de que Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) no retirara una frase que los legisladores naranjas consideraron ofensiva.
Daniel Salaverry también protagonizó una discusión con Fuerza Popular, específicamente con Cecilia Chacón, quien le increpó en el debate que no acatara el reglamento y procediera a llamar a una Junta de Portavoces.
En ese sentido, Carlos Tubino también confirmó que presentaron una denuncia contra Alberto de Belaunde ante la Comisión de Ética por considerar que “difamó y humilló” a Fuerza Popular en el pleno del Congreso.
En el debate del lunes, Alberto de Belaunde criticó a Fuerza Popular y consideró que habían sido parte de un “pacto de impunidad” con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por haber frustrado una Junta de Portavoces para analizar el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.
Fuente: Diario El Comercio.
Conferencia de la bancada de Fuerza Popular tras absurdo pleno del lunes 7. Al final 35 presentaron la moción de censura.

Fuerza Popular pierde mayoría parlamentaria

El partido Fuerza Popular se encuentra en el “ojo de la tormenta”, tras las renuncias por parte de cinco miembros de la bancada naranja en las últimas horas. Así, el partido naranja perdería en parte el control del Congreso, cuya mayoría antes les permitió aprobar leyes en favor del fujimorismo en tiempo récord u oponerse a proyectos del Ejecutivo.
El fujimorismo pierde fuerza ad portas de votarse una moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, impulsada paradójicamente por Fuerza Popular; aunque el vocero fujimorista, Carlos Tubino minimizó las salidas de sus colegas.
Precisamente, Daniel Salaverry presentó su carta de renuncia a la bancada de FP indicando a la prensa: “Te presentan una moción censura, te dicen que eres traidor, que uso rodilleras, sabiendo lo que eso significa. Yo no puedo, por dignidad, seguir perteneciendo (…) Cuando tienes claras tus convicciones se debe tomar decisiones, por más difíciles que estas sean”.
A la renuncia de Salaverry al partido naranja se sumaron los legisladores los congresistas Miguel Castro y Glider Agustín Ushñahua quienes se oponen a la moción de censura que presentó el fujimorismo contra el presidente del Congreso.
El congresista Rolando Reátegui también anunció su alejamiento de manera irrevocable a la agrupación política que lidera la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva. “Es nuestra responsabilidad dejar esta situación de polarización política y crisis permanente e innecesaria, que perjudican al país y empezar a trabajar en beneficio de la gobernanza y del Estado de Derecho”, afirma.
Otra parlamentaria que se apartan de la bancada de Fuerza Popular es la suspendida congresista Yesenia Ponce, sostuvo que se aleja de FP, pero que mientras fue parte de esa agrupación mostró disciplina y lealtad a las decisiones que se obtenían en consenso, aún cuando muchas veces no estuve de acuerdo con ellas como en la “votación para suspender al congresista Kenji Fujimori, por quien también guardo respeto”.

Mayoría parlamentaria

Según el reglamento del Congreso, para admitir a debate la moción de censura contra contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se requiere de la mitad más uno de los votos de los Congresista. Son 130 congresistas, de los cuales dos están suspendidos, quedando 128 legisladores.
De esa manera, para la mitad más un voto se requiere del apoyo de 65 congresistas (64 +1). Tras las renuncias al fujimorismo que se anunciaron hoy, la bancada de Fuerza Popular cuenta con 56 parlamentarios, lo que no le alcanza para el debate de la moción. 
A esto se suma que la bancada aprista adelantó que no apoyará la moción de censura presentada por Fuerza Popular contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, según lo confirmó a diariocorreo.pe el vocero del ApraJorge del Castillo. Así, los miembros del Apra votarían por la abstención.

Tubino: “Se veía venir”

Al respecto, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, lamentó la salida de Salaverry, pero señaló que esta podría ser la solución para que deje de existir confrontación en el Parlamento.
El congresista fujimorista se mostró sorprendido por las renuncias presentadas, pero a su vez señaló que las declinaciones se veían venir.
Fuente: Diario Correo.