Vizcarra, final del juego

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Por Mariella Balbi- Político.pe
Los audios conocidos sobre Martín Vizcarra donde este elabora una estrategia para mentirle a la Fiscalía y las conversaciones de su exasistente Karem Roca con el abogado Fabio Noriega, detallando las inconductas de Vizcarra, abrieron una caja de Pandora inmanejable para el mandatario. Tanto que evade las preguntas de la prensa afín, ahora curiosa, antes silente.
Roca menciona un rosario de irregularidades que empapelan al gobernante: negocios, cajeros, amores y su vínculo con la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, evidenciando la complicidad de esta con Vizcarra. Por eso es necesario que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la investigue con celeridad.
La primera acción de la JNJ fue suspender seis meses, sin fundamento, al fiscal supremo Gonzalo Chávarry. La suspensión se acordó –como en el cuento de Caperucita Roja– ¡para investigarlo mejor! Aunque es evidente la real razón: descabezar y controlar la Junta de Fiscales Supremos. Lo mismo ocurrió con el fiscal supremo Tomás Gálvez.
El acelerado proceso contra Chávarry se inició en base a las denuncias de la prensa adicta al régimen. En los audios del caso Vizcarra hay menciones ominosas sobre Ávalos publicadas en los medios. Motivo suficiente para que la JNJ le inicie una pesquisa ya. Principalmente por el cargo que ocupa y por la cercanía que parece tener con el gobernante.
Fabio Noriega presentó recientemente una denuncia fundamentada contra Ávalos ante la JNJ, pidiendo su suspensión. Si la JNJ no le abre investigación confirmaremos de qué pie cojea. Además, Ávalos decidió no investigar al gobernante hasta que termine su mandato, el 28 de julio próximo. Vizcarra, que es astuto, pidió que le iniciaran el proceso de inmediato. La Fiscal de la Nación accedió. Abrió el proceso, pero no realizará ninguna pesquisa hasta que Vizcarra deje el poder. Una engañifa grosera.
Además, en este simulacro no se menciona el evidente delito en el que estaría incurso Vizcarra. A saber: colusión agravada. Lo favorece y lo protege en la cara pelada de todos los peruanos. Otro motivo más que la JNJ debe sumar a su obligada intervención. No puede ponerse de costado.
El Congreso está indeciso en vacar a Vizcarra. Un gran sector considera que es corrupto pero que acelerar su salida sería perjudicial para el Perú. Peor no podemos estar. El PBI caerá 14.8%. El mal manejo de la pandemia nos colocó como el primer país con más muertos por millón del planeta.
Vizcarra se vinculó con la corrupción desde que era presidente regional de Moquegua. Como ministro de Transportes favoreció a las empresas que le dieron coima en su región. Saldrán más trapacerías porque hay colaboradores eficaces en este caso y en el de ‘Swing’. Aunque es improbable, su círculo íntimo debería aconsejarle a Vizcarra que renuncie por el bien del país.

Comisión de Relaciones Exteriores archiva ratificación del Acuerdo de Escazú

Por CARLOS VIGURIA– Diario Perú21.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el dictamen que dispuso la no aprobación del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso de información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
El dictamen fue aprobado con nueve votos a favor y tres en contra de las bancadas de Partido Morado, Somos Perú y el Frente Amplio.
Los congresistas que expresaron su postura en contra expresaron que la vigencia del Acuerdo de Escazú afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia y asimismo, consideraron que el tratado no era necesario dado que el sistema jurídico peruano ya cuenta con regulación suficiente en materia de acceso a la información y justicia ambiental.
Fernando Meléndez (APP) acusó al Poder Ejecutivo de que el acuerdo internacional haya sido firmado sin contar con la opinión de la sociedad civil, comunidades indígenas ni colegios profesionales.
“El Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía, menoscaba la independencia y soberanía del Estado peruano. Nos convierte en una nación frágil porque abrimos la posibilidad de que las ONG, que le postergan el desarrollo de la Amazonía. nos denuncien por cualquier circunstancia”, acotó.
Su coparlamentaria, Tania Rodas, expresó en el mismo sentido indicando que el Acuerdo “subordina la soberanía del país” en temas de derechos ambientales.
Antes de pasar a votación, los congresistas Alberto de Belaunde (Partido Morado) y Guillermo Aliaga (Somos Perú) presentaron un dictamen en minoría que fue descartado.
En la sesión, De Belaunde solicitó que se pueda debatir el próximo lunes. Su pedido fue respaldado por Absalón Montoya (Frente Amplio).
Pese a ello, el presidente de la Comisión, Gilmer Trujillo, rechazó el pedido porque el Acuerdo de Escazú ya había sido analizado por su grupo de trabajo en 13 sesiones.
Martha Chávez (Fuerza Popular), por su lado, criticó el pedido de De Belaunde y de Montoya dado que anteriormente se había pedido acelerar el debate por Escazú pero ahora piden mayor tiempo. “Hoy los mismos que pedían con desesperación que se apruebe, quieren darle larga”.
Al finalizar el debate, se alcanzó una votación final en la que primaron los votos de congresistas de Acción Popular, APP, UPP, Fuerza Popular, Podemos y Frepap. 

El Ministerio de Defensa frente al Acuerdo de Escazú ¿El Perú primero?

Por Mayor General FAP (r) Carlos Ordoñez Velázquez- Diario EXPRESO.
Dentro del marco de la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para recibir las posiciones de los diferentes actores de la sociedad respecto del Acuerdo de Escazú, el Ministro de Defensa, General de Brigada EP (r) Jorge Chávez Cresta, se presentó invitado el pasado 05 de octubre, para hacer saber la posición del Sector Defensa sobre el mismo, puesto que, de acuerdo a lo sugerido por dicha comisión, era necesario conocer la posición de las Fuerzas Armadas respecto a la posible afectación de la Soberanía Nacional en caso que el Congreso apruebe dicho instrumento internacional.
En su exposición, el ministro resaltó, respecto al proceso de implementación y aprobación de dicho acuerdo, que el Presidente Vizcarra ya había remitido en el mes de agosto de 2019 la aprobación del Ejecutivo con el respaldo del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y señaló que, según el espíritu del mencionado acuerdo, la evaluación de los alcances del mismo (o su compatibilización con los intereses nacionales), correspondió a los mencionados ministerios, no habiendo participado el Ministerio de Defensa y, por lo tanto, su opinión no debía ser vinculante con la decisión por adoptar por el Congreso de la República.
El ministro también señaló que, recién en julio del presente año, el Presidente de la Comisión de RR.EE. del Congreso pidió la opinión al Sector Defensa, a la cual se dio respuesta con el Oficio Nº 1115-2020-MINDEF/DM del 03 de setiembre de 2020 después de su asunción al cargo en agosto del presente año. En dicho oficio, además de respaldar la política exterior que define el Presidente de la República, el General Chávez hizo especial mención que, en el marco de la misión constitucional asignada a las instituciones armadas, orientada a la defensa y salvaguarda de la independencia, soberanía e integridad territorial, había solicitado a la PCM que, a través del Viceministro de Gobernanza Territorial, en su condición de Presidente de la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), se evalúe la correspondencia entre la Política Nacional Marítima y el referido Acuerdo de Escazú.
En la misma exposición, el Ministro de Defensa señaló un solo artículo de los veintiséis (26) con que cuenta el citado Acuerdo Regional, y fue el artículo 3º “Principios”, en donde únicamente resaltó el principio referido a la “Permanente soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales”, dando a entender que, para el Sector Defensa, la mención de este principio sería suficiente para determinar que el citado Acuerdo Regional no afecta o amenaza la Soberanía Nacional.
Finalmente, en la estación de preguntas de los miembros de la citada comisión, los congresistas Gilmer Trujillo y Otto Guibovich le indagaron si, como Ministro de Defensa, creía que en caso de aprobarse el citado acuerdo, se afectaba de alguna manera la Soberanía Nacional y, por otro lado, cuáles eran las razones por las que el Comando Conjunto y las Instituciones Armadas no habían presentado a través de sus respectivos Comandantes Generales su posición respecto al Acuerdo de Escazú, la cual también se les había solicitado. En ese sentido, su respuesta a la primera pregunta fue que, en la implementación del acuerdo entre 2014 y 2018 en que se suscribió el mismo, habían intervenido tanto la Cancillería como el Ministerio del Ambiente y no había sido considerado el MINDEF por lo que entendía que no era necesaria la intervención del Sector Defensa; por otro lado, respecto a la segunda pregunta el Ministro Chávez respondió que, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas no son deliberantes y, por lo tanto no pueden ni deben presentar su posición ante el Congreso.
El pasado martes 13 de octubre la Comisión de Relaciones Exteriores dio por concluida la fase de sesiones para escuchar las diferentes posiciones expuestas por representantes de asociaciones, comunidades, colegios profesionales, movimientos sociales, consejos departamentales, frentes cívicos, cámaras de comercio regionales; así como de políticos, congresistas, representantes comunales, abogados, ex ministros, diplomáticos e internacionalistas, y, habiendo escuchado y tomado conocimiento oportuno de las diversas posiciones presentadas ante dicha comisión, considero que se pueden condensar algunas reflexiones sobre su presentación y establecer las correspondientes conclusiones que se mencionan a continuación:
Cuando el Ministro de Defensa menciona que en el proceso de implementación y aprobación del Acuerdo de Escazú, el Presidente de la República ya lo había aprobado en el año 2019, lo que habría hecho, es justificar la no participación del Sector Defensa al no haber sido requerido por las dependencias del Ejecutivo que “negociaron” el citado acuerdo; sin embargo, el Ministro de Defensa no pudo explicar que lo que ha pasado es que no habría existido la articulación horizontal (intersectorial) que establece el acápite VI. Articulación e Implementación de Política del Decreto Supremo Nº 012-2017-DE que aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional, articulación que, por mandato del decreto supremo mencionado debe existir entre las políticas de Estado de los sectores defensa, relaciones exteriores, y ambiente, entre otros, como componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA). Debe entenderse que la articulación de las políticas de estado es una necesidad, y más específicamente, frente al logro de los objetivos establecidos en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, la articulación de políticas se convierte en una condición imperativa para asegurar el cumplimiento del Objetivo Nº1 “Garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de los Intereses Nacionales” mediante los Lineamientos de Política 2 y 4, lineamientos que al estar dispuestos en un decreto supremo, son normas taxativas y conllevan obligaciones legales derivadas de la Constitución y las leyes para los responsables de las entidades estatales, puesto que el estado peruano asigna presupuestos y organiza recursos públicos para “controlar y proteger el territorio de la República, considerando que el Perú es un país marítimo, andino, amazónico, presente en la cuenca del Pacífico, con proyección bioceánica y que promueve su presencia activa y permanente en la Antártida”, para lo cual se debe “participar activamente en los organismos internacionales competentes en temas de seguridad global, hemisférica y regional, así como proteger y proyectar nuestros intereses nacionales a través de organismos bilaterales y multilaterales”, así como para asegurar el cumplimiento del Objetivo Nº3 “Alcanzar niveles de desarrollo sostenible que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional” y su Lineamiento de Política 6. “Asegurar la protección y la conservación del ambiente, la explotación sostenible de los recursos naturales, el desarrollo y la ocupación ordenada del territorio nacional, en especial de la Amazonía, con respeto a los usos asignados, los ecosistemas, la diversidad y la identidad cultural de las comunidades”.
El Ministro de Defensa, tampoco ha explicado a la comisión del congreso que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional presidido por el Presidente de la República, es el ente rector; por consiguiente, el actual titular del sector, así como su antecesor el General de División EP (r) Walter Martos Ruiz, tendrían que explicar cuáles son las normas complementarias que desde la dación del mencionado decreto supremo deberían haberse emitido para el cumplimiento de lo dispuesto en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, tal como lo establece la Disposición Complementaria Final Única de la mencionada norma y, en caso no se haya dictado ninguna norma complementaria, tendrían responsabilidad por omisión.
Por otro lado, es muy extraño (por decir lo menos) que, con el oficio Nº1115-2020-MINDEF/DM del 03 de setiembre de 2020, el Ministro de Defensa haya derivado la solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, hacia el Viceministro de Gobernanza Territorial (PCM), en su condición de Presidente de la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), para que se evalúe la correspondencia entre la Política Nacional Marítima y el referido Acuerdo de Escazú. Esta acción del MINDEF hace suponer que, existiría un desconocimiento de sus competencias, o que habría sido mal asesorado, o simplemente se haya querido evitar problemas, enviando la consulta a un organismo que no tiene que ver con el tema Escazú, ya que, como lo establece el artículo 2º del Decreto Supremo Nº118-2017-PCM que crea el COMAEM, su objeto “es el seguimiento y la fiscalización de las políticas sectoriales, regionales y locales, y la emisión de informes técnicos a fin de proponer una política nacional marítima y su permanente actualización, y sobre otros aspectos vinculados a las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo nacional”. La pregunta que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debería hacerse, es: ¿qué tienen que ver las funciones del COMAEM con los alcances e implicancias del Acuerdo de Escazú? Esto hace presumir que se habría pretendido desvincularse del tema, y con esto, se habría querido confundir a los congresistas miembros de dicha comisión.
Igualmente, cuando el Ministro de Defensa resalta solamente el principio referido a la “Permanente soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales”, dando a entender que, para su sector, este principio es suficiente para determinar que el citado acuerdo regional no afecta la Soberanía Nacional, nos hace pensar que no se habría efectuado un análisis integral del Acuerdo en mención, pues, de haberlo hecho así, se hubiera advertido que existe una colisión frontal entre lo que menciona dicho principio, con el artículo 19º “Solución de Controversias”, en donde se especifica, sin lugar a dudas, que las controversias sobre los procesos que se deriven de la aplicación del acuerdo, serán definidos en última instancia en cortes supranacionales como la CIDH o la Corte Internacional de Justicia, con lo cual se comprobaría que esa soberanía para tomar decisiones sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, no pasaría de ser un principio declarativo únicamente. Con esto se presume que el MINDEF no habría profundizado en el tema o no habría tenido un debido asesoramiento.
Respecto a la afirmación que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y, por lo tanto, están impedidas de presentar su posición respecto del Acuerdo de Escazú, es importante mencionar la posición del eminente constitucionalista Enrique Bernales que en su libro “La Constitución de 1993 – Análisis comparado” indica que: “En el Perú se ha entendido usualmente que el carácter no deliberante de estas instituciones, equivale a su total proscripción aún de la opinión sobre asuntos de interés nacional. No obstante, debe admitirse que, como instituciones de importancia trascendente para el país, deben ejercer la posibilidad de opinar sobre ciertas materias e, inclusive, de ilustrar las grandes decisiones nacionales”. En este sentido, no debe considerarse no deliberantes a las Fuerzas Armadas cuando deben emitir una opinión respecto de su propia finalidad constitucional y menos, cuando esta opinión ha sido solicitada por un poder del Estado, como en el presente caso lo es el Poder Legislativo. Por lo tanto, no debería menoscabarse la facultad del Congreso para recibir las opiniones que requiere para tomar una decisión trascendente como la de este delicado asunto. En ese sentido, tanto el Comando Conjunto como las Instituciones Armadas, deberían hacer conocer su posición respecto al Acuerdo de Escazú y sus implicancias con la Soberanía Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 165º de la Constitución.
Finalmente, en lo referente a las múltiples presentaciones o documentos dirigidos a la Comisión de Relaciones Exteriores, es entendible que hayan personas naturales y jurídicas que hayan manifestado su acuerdo con aprobar el Acuerdo de Escazú; sin embargo, por otro lado, la gran mayoría se ha manifestado en contra de la aprobación de dicho tratado, dentro de las cuales podemos mencionar algunas organizaciones gremiales como la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM), la Sociedad Nacional de Pesquería, la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (CONFIEP), la Cámara de Comercio de Loreto, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Tacna; otras organizaciones gubernamentales, civiles o colegios profesionales como el Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional de Amazonas, la Mancomunidad Regional Amazónica (Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), la Asociación Nacional Pro Marina, la Liga Provincial de Huaytará (Huancavelica), el Colegio de Ingenieros del Perú, la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMPI), la Asociación de Gremios Productivos Agrarios, la Coordinadora Republicana, entre otros. También organizaciones de militares en retiro como los Oficiales Generales de la FAP en Retiro, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (ADOGEN), la Asociación de Oficiales de la Marina de Guerra (ASOMAR), la Asociación de Oficiales de la FAP (AOFAP), los Ex Ministros de Guerra, Marina, Aeronáutica y Defensa, los ex Presidentes del CCFFAA y los ex Comandantes Generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea; así como expertos internacionalistas, diplomáticos y políticos como Francisco Tudela, Miguel Rodríguez Mackay, Luis Gonzales Posada, el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, Ántero Flores Araoz, entre otros; y también representantes de comunidades indígenas o nativas como el Apu Marden Tapullima Macahuachi de la Federación de Comunidades Indígenas del Marañón y Samiria, el Apu Jorge Kategari Iratsimeri de la Comunidad Nativa Machiguenga de Monte Carmelo de Echarate, el dirigente Evelardo Antun Yampintza de la Comunidad Nativa Awajun del Cenepa en Amazonas, Segundo Hernández Villoslada Director Nacional de Justicia Indígena de Nauta, Loreto, Jacob Yampis Kuau de la Organización de Comunidades del Alto Comaina, Eduardo Salhuana Cavides Asesor Legal del FEDEMIN en Madre de Dios, entre otros.
Es bueno resaltar que todas las organizaciones y personas mencionadas anteriormente tienen diferentes formaciones: unos son empresarios, otros políticos, otros militares en retiro, otros destacados profesionales, diplomáticos, internacionalistas y políticos, y finalmente, otros son dirigentes comunales nativos o indígenas, pero todos tienen algo en común: a diferencia del Ministerio de Defensa y de la Cancillería, rechazan la aprobación del Acuerdo de Escazú y tienen la certeza de que dicho acuerdo atenta contra la Soberanía Nacional, y lo tienen muy claro. Entonces, si todos los mencionados actores sociales han podido analizar el citado acuerdo y, de una u otra manera, han llegado a la conclusión que ese Acuerdo Regional afectaría la soberanía nacional, cómo es posible que el Ministerio de Defensa cuya responsabilidad es garantizarla, no haya sido capaz de manifestarse respecto de la afectación o no, de la soberanía nacional en caso de aprobarse el Acuerdo de Escazú.
Sobre el particular, el desconocimiento del tema en el Sector Defensa, la falta de proactividad para dar respuesta a las interrogantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el haber derivado la consulta a una entidad que no tiene que ver con el caso, y la falta de capacidad para determinar la posibilidad de afectación de la Soberanía Nacional de un acuerdo donde, hasta personal no especializado en estos temas lo ha hecho, me permiten inferir que el actual Ministro de Defensa no tendría las capacidades requeridas para desempeñar ese importante cargo.

Nueva etapa del MAS

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David Choquehuanca y Luis Arce en el cierre de campaña del MAS, La Paz, 14-10-20 (Tw @LuchoXBolivia)
Por Pablo Stefanoni*- Le Monde Diplomatique.
El triunfo de Luis Arce en primera vuelta sorprendió incluso dentro de las filas del MAS y confirmó el fracaso del “voto útil” en su contra. Ni siquiera unida la oposición hubiera logrado imponerse. Durante casi el año que duró el gobierno de Áñez, el MAS logró entender la nueva etapa, revisar sus propios errores y hasta generar nuevos liderazgos. Sin embargo, su gobierno no será nada fácil en un escenario regional posprogresista y una economía muy complicada.
Cuando se iba acercando la medianoche y la falta de resultados oficiales –e incluso de bocas de urna y conteos rápidos– comenzaba a crispar el ambiente y alimentar la sospecha, se produjo un vuelco inesperado. La cadena Unitel, una de las más seguidas en la noche electoral y de mayor audiencia en el país, que venía postergando una y otra vez sus proyecciones, anunció que finalmente se conocería el conteo rápido de la firma Ciesmori. Los resultados cayeron como una bomba: ni los más optimistas en la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) imaginaron semejante número: Luis Arce Catacora sobrepasaba con holgura el 50% de los votos y se transformaba en presidente sin necesidad de una segunda vuelta. El ex presidente Carlos Mesa, la carta del “voto útil” para impedir el retorno del MAS, quedaba a 20 puntos de distancia.
Todos los análisis de la campaña y de la misma jornada electoral sobre el techo de votos de Arce ­–supuestamente el candidato con menos posibilidades de crecer­– estallaron por los aires, y el MAS se prepara para regresar al Palacio Quemado con una votación plebiscitaria. Incluso si hubiera habido una sola candidatura anti-MAS, si la oposición hubiera logrado la unidad, no hubiera resultado suficiente. El hecho de que la presidenta interina Jeanine Áñez reconociera rápidamente el triunfo del MAS y felicitara a Arce contribuyó, sin duda, a evitar que el clima de crispación y potencial inestabilidad terminara por imponerse frente al lento conteo oficial después de una jornada ejemplar de votación siguiendo los protocolos en épocas de pandemia.
El MAS obtuvo, además, mayoría en el Parlamento. En su bastión de La Paz se impuso 65% a 32%, en tanto logró un significativo 35% en Santa Cruz, donde se hizo fuerte el conservador Luis Fernando Camacho, líder de las protestas callejeras de noviembre del año pasado que, en el marco de un amotinamiento policial y un pronunciamiento militar, llevaron al derrocamiento de Morales y a su exilio en Argentina.
Liderazgo
Con estos resultados a la vista, Arce deberá construir su propio liderazgo presidencial, con un Evo Morales que volverá a Bolivia menos fuerte que antaño, pero sin duda influyente, y un vicepresidente, David Choquehuanca, distanciado de Morales y con base propia entre las dirigencias aymaras del altiplano paceño. Aún más: Arce deberá mostrar que su modelo económico ­–una de las cartas fuerte del MAS en su década y media en el poder­– sirve también en tiempos de crisis económica e incertidumbre profundizada por la pandemia. Por lo pronto, en su discurso del domingo en la noche, se mostró humilde, sugirió una autocrítica y prometió la unidad nacional.
¿Qué estaba en juego en los comicios? Más que programas electorales, la elección enfrentó lecturas en disputa sobre los 14 años del MAS en el poder y los casi 12 meses de gestión de Jeanine Áñez, una senadora conservadora que, aprovechando el vacío de poder tras el derrocamiento de Evo Morales y la renuncia de la presidenta del Senado a asumir la presidencia, recaló inesperadamente en el Palacio Quemado.
Desde un comienzo, el gobierno interino buscó demonizar al MAS, al que intentó reducir a una fuerza “narcoterrorista”, caracterizando su gestión como una mezcla infame de autoritarismo, corrupción y despilfarro de recursos públicos, alejado de las imágenes de éxito económico resaltadas incluso por organismos internacionales. En esta narrativa radical, algunos hablaron incluso de una “dictadura” en la que solo se podía hablar en susurros en los cafés para no ser perseguido por el autoritarismo indígena. Sin embargo, como suele ocurrir con las asonadas antipopulistas, el revanchismo se impuso sobre las promesas institucionalistas y republicanas, a lo que en Bolivia se sumó una gestión administrativa particularmente deficiente de la crisis generada por el coronavirus, que provocó más de 8,000 muertes según datos oficiales.
Muchos vieron en el gobierno de Áñez un esfuerzo de las clases medias y altas “blancas” por recuperar un poder parcialmente perdido desde 2006. Pero el MAS, pese a haber sufrido una desbandada en noviembre del año pasado, logró reconstituirse desde el Parlamento –donde siguió conservando su mayoría de dos tercios– y desde las calles, manteniendo su lugar de única fuerza de base popular en el país. Por momentos, el gobierno de Áñez se pareció bastante al de la Revolución Libertadora argentina de 1955: muchos no dudaron en referirse a Evo Morales como el “tirano prófugo” y no lograron percibir que, pese a todo, el MAS seguía expresando un bloque étnico-social de matriz plebeya. Las sobreactuaciones represivas del ministro del Interior Arturo Murillo, que amenazó con encarcelamientos y persecuciones, produjeron un efecto paradójico, en la medida en que apuntaban no solo al MAS, sino a expresiones más amplias de los movimientos sindicales y sociales.
En el plano estrictamente electoral, Carlos Mesa confió demasiado en el “voto útil”, a partir de la premisa de que una mayoría quería evitar a toda costa un regreso del MAS, y posiblemente ni siquiera intentó conectarse con el mundo indígena-popular. Pero como se vio en las elecciones, tal rechazo –que en redes sociales y medios de comunicación parecía absoluto– no existía; no al menos con esa fuerza. El “voto útil” se limitó a alrededor del 30% de los sufragios.
El segundo dato electoral es la confirmación de la dificultad de los liderazgos cruceños para salir de su región. Camacho, que en 2019 parecía haber conquistado a muchos paceños, obtuvo un resultado intrascendente en la sede de gobierno, al tiempo que se consolidó como fuerza regional. Santa Cruz eligió su propio “voto útil” en defensa de sus intereses regionales y regionalistas.
El MAS
Al mismo tiempo, el triunfo del MAS muestra que sí era posible ganar con un candidato que no fuera Evo Morales, y que sus esfuerzos reeleccionistas terminaron llevando a su gobierno a un callejón sin salida, que habilitó una suerte de “contrarrevolución” que terminó echándolo del poder. Su incapacidad de deshacerse del MAS no quita que el rechazo a la reelección indefinida no fuera amplio y que el gobierno masista haya visto implosionar su forma de ejercicio del poder en noviembre pasado. La asonada terminó en un golpe, lo que no excluye que hubiera masivas movilizaciones (por abajo) y una fuerte crisis (por arriba) que explican la salida tumultuosa del MAS del poder.
Sin embargo, la represión y la vuelta al llano insufló una nueva mística a la campaña electoral, de la que careció la de 2019, cuando la confianza en el aparato estatal reemplazó la movilización desde abajo. La crisis también permitió la emergencia de una nueva camada de dirigentes, como Andrónico Rodríguez, sucesor de Morales en los sindicatos cocaleros. Campesino con una licenciatura en Ciencias Políticas, Rodríguez expresa la nueva sociología del mundo rural, cada vez más interconectado con las ciudades. En esta campaña aparecieron muchos “Andrónicos” que permitieron desplazar del primer plano a varios dirigentes sociales desgastados y con visiones prebendalistas de la política y el Estado.
Desde el comienzo, el MAS actuó con una autonomía relativa respecto de un Evo Morales exiliado en Buenos Aires y limitado en sus movimientos. Los parlamentarios, con Eva Copa a la cabeza, eligieron la moderación frente a los llamados a la resistencia que llegaban desde Argentina. Lo cierto es que no había un pedido masivo de que “Evo vuelva”; lo que existía era más bien un rechazo a actos agraviantes del nuevo gobierno, como los conatos de quemas de wiphalas en las protestas anti-MAS y otros episodios considerados racistas, como las continuas referencias a las “hordas del MAS” y las columnas en la prensa sobre el “enemigo público número uno” (3) o el “cáncer de Bolivia” (4). El “voto útil” del mundo rural y urbano popular periférico fue, sin duda, a Arce, y eso definió su ventaja final.
A diferencia de parte de la solidaridad internacional antigolpista, perdida en consignas vacías, el MAS logró entender la nueva etapa y apostar a la salida electoral, con los compromisos que esta requirió, por encima de la resistencia en las calles. Esto fue así sobre todo en quienes se quedaron en Bolivia, que entendieron la complejidad de lo ocurrido en noviembre: el proceso que terminó en una “sugerencia” militar para que Morales renuncie, lo que técnicamente configura un golpe, fue parte de una crisis con más dimensiones, incluida la de la popularidad inicial de Áñez y el propio desgaste de Morales. Esa autonomía relativa amplió el margen de acción del MAS, al tiempo que el tenor moderado de Arce –un economista técnico obligado a jugar el juego de la campaña, cantando o jugando al básquet en público–, sumado a su prestigio como gestor de la economía, permitía responder, sin sobreactuaciones, a los ataques de la derecha.
El futuro
El nuevo desafío del MAS será gobernar sin el poder que tuvo entre 2006 y 2019. Ese periodo “épico” de la revolución ya no podrá repetirse. Su gestión operará en un escenario posprogresista en la región, y posiblemente deberá transformarse en un partido más abierto a compartir el poder y aceptar en mayor medida la alternancia, sin pensar la salida del gobierno como pura catástrofe.
El escenario es más favorable de lo que cualquiera hubiera imaginado en los días previos: por un lado, la amplia ventaja en las urnas constituye un capital electoral fundamental, en un contexto de polarización; por otro, varios actores políticos, económicos y sociales ya habían descontado la posibilidad de que el MAS regresara al Palacio de gobierno.
Por último, la épica de la “Revolución de las pititas” –como fue conocido el movimiento de noviembre– terminó de diluirse pese a los libros, suplementos de periódicos e intentos por construir un relato de “liberación”. No obstante, queda como un recuerdo de que las insurrecciones urbanas son una constante en la historia nacional boliviana –tanto las progresistas como las reaccionarias– y que el nuevo gobierno deberá reconciliar pedazos de la sociedad atravesados por clivajes étnicos, sociales y regionales. Que en estos tiempos convulsionados la salida haya sido electoral no es poca cosa, ni para Bolivia ni para el continente.
Notas:
1. https://twitter.com/tutoquiroga/status/1291001530049597445
2. Fernando Molina, La carta de la oposición boliviana, https://nuso.org/articulo/la-carta-de-la-oposicion-boliviana/
3. https://eldeber.com.bo/opinion/el-enemigo-publico-no-1_184334
4. https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191116/columna/cancer-bolivia
* Jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad.

Congreso 2021: ¿otro Parque de las Leyendas

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COLEGIO DE SOCIOLOGOS ¿INCUBADORA DE LA CORRUPCIÓN?

Por JOSÉ JUSTO CALDERÓN DONGO
Hace menos de una década algo empezó a oler mal en el Colegio de Sociólogos del Perú y solo estaba empezando. El mal manejo de las formas electorales en que se maquinaban con artimañas a los elegidos, y las gestiones preñadas de desaciertos, terminaban con resultados ineficientes.
Mientras, se iban acumulando las perlas umbrías, que desde las sombras manipulaban a las directivas del gremio. La raíz de la ventaja se originaba en el control del Comité Electoral, que no se elegía en Asamblea Plena, sino que se designaba desde las sombras a obsecuentes personajes.
Cuando esto no fue suficiente, se realizaron cambios en los estatutos o los reglamentos electorales; por ejemplo, donde figuraba ‘seis años de colegiatura’, se cambió a ‘seis años de ejercicio’, cambios con nombre propio para permitir candidatear a personajes que carecían de la membrecía indispensable.
En los últimos años el Colegio de Sociólogos del Perú ha pasado de tener gestiones mediocres y azarosas, a manejos sorprendentemente desvergonzados y a accionar con la mayor procacidad y falta de conciencia. Como comprar un local del Colegio en Lima, en el famoso Jirón Zepita, un “lenocinio Street”; donde abunda la rufianería con la que gran parte de los agremiados no se sienten emparentados, no podemos hablar por aquellas minorías que operan desde la oscuridad.
Llegado el momento del cambio de directiva, de nuevo se recurrió a un Comité Electoral designado por la Directiva saliente, quienes no contentos con haber estado dos periodos consecutivos, volvían a la contienda a por otro periodo directivo más. Todo el aparato institucional se parcializó con la lista favorita que se puso de nombre ‘Integración’, llevando el número 1 como símbolo. Empezaron a abundar los vicios en el proceso y las injerencias de tirios y troyanos; no faltaron las infamantes cartas anónimas que usaron la base de datos de los correos electrónicos y los teléfonos de los agremiados, base de datos a la que solo tiene acceso la directiva del CSP. Nada faltó, todo estuvo permitido a la lista ‘Integración’, el Comité Electoral nada prohibió; Incluso cambiaron las reglas de juego: se exigió que para estar habilitados para votar se debería pagar las últimas diez mensualidades. Esto alejó de las urnas a los profesionales mayores que conocen el mal manejo institucional y acercó a los flamantes sociólogos que no conocen la problemática institucional y que son fácilmente utilizados por el clientelismo de los operadores de la lista ‘Integración’.
Pese a todos los esfuerzos el resultado fue contrario a sus pretensiones: solo ‘ganaron’ en Lima; en provincias ganó la lista 2. Pero tras el resultado, continuaron las trampas para manipular los resultados y convertir una victoria pírrica en un triunfo holgado.
En Lambayeque se llegó a un empate pese a que el Comité local también estaba fraguado. Pero en el transcurso de llegar a una segunda votación, pactada para el domingo 3 de marzo y con evidencia palmaria de la parcialización del Comité Electoral de Lambayeque por la lista 1, la lista 2 decidió impugnar el proceso.
El hecho de mayor relevancia ha sido que ahora todos los sociólogos son testigos de los titiriteros. Así, hemos visto al Congresista que, con su voz rasposa y cansona, pretendiendo dar lecciones de moral y de lucha contra la corrupción, auspiciaba sin ambages a la lista 1. Algunos que saben del turbio proceder del sociólogo Manuel Dammert no se han inmutado. Lo mismo ha ocurrido cuando otra revelación salió de la Caja de las tinieblas: el muy ponderado Sinesio López.
Ahora ya sabemos quiénes son los que mueven los hilos del Colegio de Sociólogos del Perú, que manipulan a los Comités Electorales; que apadrinan gestiones desastrosas que no favorecen a los agremiados, sino a un clan privilegiado que actúa para su propio beneficio.
Estos señores se presentan como parte de proyectos políticos en ciernes, esgrimen postulados de ética y moralidad en la política; nos preguntamos ¿saben estas agrupaciones del accionar de estos personajes? ¿Pretenden construir así un Nuevo Perú?
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos: dime a quien cobijas y te diré quién eres.

Alias jilguerito

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El presidente Vizcarra y Antonio Camayo en el Hotel Country, Los Eucaliptos 590, San Isidro, Lima, Perú (San Isidro).

Martín Vizcarra sí se reunió con Antonio Camayo

El presidente Martín Vizcarra negó en más de una oportunidad haberse reunido con el empresario Antonio Camayo, quien fue acusado por el Ministerio Público de pertenecer a la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, reveladoras imágenes a las que accedió Correo demuestran que mintió al país. Al menos fueron dos los encuentros que pudimos corroborar.
El caso podría ser considerado como otra de las mentiras a las que ha apelado Vizcarra en los últimos tiempos. A fines de julio de 2018, el mandatario negó que haya tenido una cita con el citado empresario: “No es la primera vez. Ya con esta es la tercera vez que hacen mención irresponsablemente al presidente de la República, personas con las cuales no nos hemos reunido, que nunca han estado en Palacio de Gobierno”.
El jefe de Estado dio esa versión tras conocerse audios en los que el exjuez supremo César Hinostroza y el propio Camayo coordinaban una posible reunión con Vizcarra a fin de que el magistrado le presente “proyectos para el (Ministerio de) Justicia”.
También se conoció un audio en el que Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, le dice a su esposa: “El flamante presidente (de la República) que acaba de juramentar al cargo, chupa con Toñito (Antonio Camayo) Ron Zacapa puro”.
Sospechas
A fines del año pasado, Correo tenía indicios de estas reuniones y contactó a personas que participaron en ella. Una de las citas -registrada en imágenes- en la casa de Camayo se dio en los últimos días de julio de 2016, tras haber juramentado como ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Esta reunión no duró más de dos horas y cerca a las 10 de la noche, el jefe de Estado abandonó la casa de Camayo.
La otra imagen muestra a Vizcarra en un ambiente distinto, en salones que muestran mesas y vajillas propios de una recepción, almuerzo o ágape. El presidente tiene colocada una escarapela en su saco. El lugar sería el hotel Country Club de San Isidro. La fecha y el contexto está aún por descifrar.
Cabe recordar que luego de conocerse los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto en los que se aludía a una relación entre Camayo y Vizcarra, este negó hasta en tres oportunidades que conociera al dueño de Iza Motors.
El 11 de julio de 2018, en una conferencia de prensa, el presidente respondió así a las consultas: “No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personajes que no conozco y con quienes jamás me he reunido”.
Fuente: Diario Correo.
Representantes del consorcio ICCGSA-Incot hicieron el pago ilícito a cambio de la buena pro para millonario proyecto cuando Vizcarra era gobernador regional, según declararon aspirantes a la fiscalía.

Tres aspirantes a colaboradores eficaces afirman que consorcio pagó S/1’300 000 a Vizcarra por hospital de Moquegua

De acuerdo a la declaración de tres nuevos aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía, las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), e Incot pagaron S/1’300.000 al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional para obtener la buena pro de la construcción del Hospital Regional de Moquegua, según informó este domingo el diario El Comercio.
La publicación señala que los tres aspirantes a colaboradores eficaces declararon al fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, y respaldaron sus declaraciones con una serie de documentos.
El aspirante N° 01-2018 afirma que días después de presentadas las ofertas para la construcción del hospital regional de Moquegua en el 2013, un emisario de Martín Vizcarra se comunicó con Rafael Granados, representante de ICCGSA, y le manifestó que el actual jefe del Estado “solicitaba aproximadamente S/1′300 000 para proceder a dar la aprobación a la oferta presentada y que si no se aceptaba no daría su conformidad para firmar el contrato”.
De acuerdo, al mismo aspirante, Granados se comunicó con Javier Jordán Morales, representante legal de ICCGSA, quien consultó con Incot “y se vieron obligados a acceder al pedido con la finalidad de no perder el contrato”.
Cabe indicar que en el 2013, dos consorcios estaban interesados en la construcción del referido hospital: Consorcio Moquegua I, conformada por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Mantenimiento y Proyectos Generales SAC y Kukova; y el Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA e Incot.
El Comercio precisa que la mayoría de los pagos que realizó el consorcio ICCGSA-Incot fueron a través de Granados, entre el 2014 y el 2016, y que estos también se hicieron a través del mismo emisario de Martín Vizcarra. Según la publicación, este sería un exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Además, el aspirante a colaborador eficaz N°01-2018 asegura que cuando Martín Vizcarra era vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016, su emisario llamó a Fernando Castillo de ICCGSA para solicitar cancelar el saldo pendiente sobre la buena pro de la obra en Moquegua.
La publicación indica que la entrega de este dinero, S/200 000, se realizó en la casa de este emisario en La Molina donde también estuvo presente Martín Vizcarra. El monto se colocó dentro de un sobre de manila y se ubicó en una repisa por parte de Fernando Castillo.
“Minutos después, Vizcarra se levanta de su lugar y se dirige a la repisa donde se encontraba el dinero y lo guarda”, agregó el aspirante a colaborador.
Asimismo, el aspirante a colaborador eficaz N°013-2018 también aseguró al fiscal Juárez la existencia del monto de S/1’300 000 que solicitó Martín Vizcarra a ICCGSA para dar “aprobación de la oferta” por la obra en la región Moquegua.
Mientras que el tercer aspirante a colaborador eficaz confirmó “el acuerdo ilícito” entre Granados, representante de ICCGSA, y Martín Vizcarra por el hospital y lo afirmado por los otros aspirantes a colaboradores.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Exministro Hernández corrobora coima de ICCGSA por S/ 1.3 millones a Martín Vizcarra.

El ingeniero José Manuel Hernández, exministro de Agricultura 2016-2018, en las últimas horas del viernes 17 de octubre, habría confesado ante el fiscal del equipo Lavajato, Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación del Club de la Construcción, según La República, corroborando la existencia de una coima, hasta por S/1.3 millones que había pactado el empresario Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA (asociado con INCOT), con Martín Vizcarra Cornejo por la obra del Hospital Regional de Moquegua por S/123.5 millones (18/12/13) durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014), cifra que menciona El Comercio.
Según la confesión ante el fiscal de Castillo Dibós a comienzos de semana, la coima pactada que comenzó con una cuota inicial de S/1.3 millones con Vizcarra se entregaría en ocho partes pero ICCGSA se demoró en cumplir con las cuotas restantes.
Vizcarra y Castillo si bien coincidieron en la universidad (UNI), afianzaron su relación comercial entre el 2005 y 2011 cuando la empresa del presidente y sus hermanos C y M Vizcarra se convirtió en proveedor del consorcio Conirsa, conformado por Odebrecht, ICCGSA y Graña y Montero a cargo del tramo 2 y 3 de la Interoceánica del Sur.
DISPUTA EN LA FISCALÍA
El fiscal Juárez, apelando a su conciencia y a la historia, acaba de abrir investigación directa a Martín Vizcarra, dejando de lado a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, que había dispuesto el último viernes que sea la fiscalía Anticorrupción, léase, el fiscal Omar Tello y el fiscal Elmer Chirre quiénes investiguen este explosivo caso que involucra al jefe de Estado. Como se recuerda Juárez y Chirre antes tuvieron problemas con la colaboración de Martín Belaúnde, en que se filtraron algunas grabaciones de los interrogatorios.
Ante este conflicto de competencia, según la norma, tendría que dirimir un Fiscal Supremo -que no incluye a la Fiscal de la Nación- por lo que serían: Pablo Sánchez o Betsabé Revilla que verían con buenos ojos que siga investigando el equipo Lavajato.
Vizcarra firmó el contrato con el consorcio ICCGSA-INCOT, el 18/12/2013  que también, como el de Obrainsa Lomas de Ilo y otras tres obras de su gestión en la región- fue santificado por la agencia de las Naciones Unidas (UNOPS), cuyo funcionario Fernando Cotrim participó del proceso.
El adelanto de S/24.7 millones se entregó el 30/12/2014 sin que el postor haya cumplido con terminar el expediente técnico del proyecto, pero la empresa supervisora Asesores Técnicos Asociados (ATA) de José Manuel Hernández dio la “luz verde” requerida.
Un hombre clave en la relación de las empresas del Club de la Construcción con UNOPS es Aldo Belaunde Gensollén (implicado por la Comisión Investigadora de los Recursos de los Vladimiro Montesinos- Congreso 2002), sindicado además por el colaborador eficaz de la brasileña OAS, Valfredo de Assis, en el caso Hospital Lorena del Cusco como el “operador de UNOPS” que les habría cobrado el 8% del presupuesto de esta obra para repartirlos entre los actores claves que facilitarían que la agencia internacional les allanará el camino hacia la buena pro.
El hospital fue la gran obra de la gestión de Vizcarra en Moquegua. El gerente general del gobierno regional era el ingeniero Edmer Trujillo, exministro de Vivienda y Transporte 2016-2019, que fue el que autorizó los desembolsos, mientras que el jefe del proyecto del hospital era Carlos Estremadoyro, hoy flamante ministro de Transporte y Comunicaciones, que fuera sindicado como “el cajero” por la exsecretaria del presidente Karen Roca.
Un año después (30/12/2014), coincidentemente también en los últimos días del año, la empresa supervisora ATA; de José Manuel Hernández, volvió a dar el visto bueno para que ICCGSA-INCOT, cobrarán un adelanto para adquisición de materiales por S/41.9 millones.
Edmer Trujillo, al día siguiente, el 31 de diciembre, el último día del año 2014 y último día de la gestión de Vizcarra como presidente regional, cuando los empleados se preparaban para celebrar el advenimiento de un nuevo año se dedicó a emitir velozmente 131 comprobantes de pago de un promedio de S/310 mil, un alegre “pitufeo” que ascendió a S/41.9 millones a favor de ICCGSA-INCOT.
Curiosamente, también se emitieron otros misteriosos comprobantes de pagos por las siguientes sumas: uno por S/256,217, otro por S/31 mil y otros comprobantes que sumaron S/971,686. La Contraloría General de la República (Informe No.1297-2018) observó que un pedido de adelanto de pagos por materiales generalmente dura semanas en su tramitación, pero ICCGSA-INCOT lo tramitó en solo un día.
Además, que los dos adelantos entregados representaban el 53.9% del valor de la obra, cuando ni siquiera se había entregado el terreno para la construcción del hospital. Todas estas movidas contaron con el visto bueno obligatorio del supervisor ATA de José Miguel Hernández.
VIZCARRA COMO MINISTRO DE TRANSPORTE FAVORECIO A ICCGSA PARA COBRAR SUS SALDOS
Cuando Vizcarra fue elegido primer vicepresidente y luego ministro de Transportes (28/07/16-22/05/17), según Hernández ante el fiscal, aprovechó para ajustarle las clavijas a Castillo Dibós por los pagos pendientes de la coima, sin embargo, el empresario consiguió voltearle la tortilla, exigiéndole a cambio más obras para ICCGSA, esta vez, en la Cartera de Transportes.
Las cuentas se empezaron a saldar en una cena que organizó el 25 de agosto del 2016 el “emisario” en su Casa en la Molina, a donde acudió el entonces ministro Martin Vizcarra para coger “de una repisa un sobre manila que contenía seis paquetes de US$10 mil sujetados con ligas”.
ICCGSA durante la gestión de Vizcarra como ministro de Transporte, prácticamente se “abrochó” con la construcción de 28 puentes de reemplazo en Arequipa, Ayacucho, Ica y Tacna y otros 29 puentes en Ancash y Junín. En todos esos consorcios tuvo como socio a la empresa Obras de Ingeniería SA (Obrainsa) de los hermanos Tejeda, que también han reconocido que le entregaron sobornos a Vizcarra por S/1 millón.
El otro socio de ICCGSA en los puentes de la zona Centro Sur fue la constructora brasileña Aterpa, que aportó S/200 mil a la campaña de Alejandro Toledo el 2011. Los socios de ICCGSA para los puentes de Ancash y Junín, además de Obrainsa, fueron la española Construcciones y Promociones Balzola y la peruana Constructora Durán SA (Codursa).
La construcción de esos 57 puentes en los participó ICCGSA fueron contratados por S/404.5 millones, que equivale al 22% del presupuesto para obras que manejó Vizcarra como ministro.
Es decir, del mismo cuero salieron las correas para completar los S/5 millones del Hospital de Moquegua.
HERNANDEZ LLEVO DE LA MANO A VIZCARRA ANTE PPK.
José Manuel Hernández entró con fuerza a la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a principios del 2015, aportando la casa situada en la calle Barcelona 275, San Isidro, como local de Plan de Gobierno. Y, alrededor del mes de octubre del 2015, llevó a Vizcarra de la mano ante PPK para presentarlos como precandidato a congresista por Moquegua. En esos momento PPK barajaba una plancha electoral con Meche Araoz y Pedro Olaechea, sin embargo, le hicieron reparar que necesitaba un líder regional, en frase poco feliz de Carlos Bruce “necesitábamos provincianos” y por eso acabó de primer vicepresidente desplazando a “Meche” y a las pocas semanas terminó jefaturando el comando de campaña. Hernández y Vizcarra, colegas y amigos fueron elegidos ministros y como PKK confundieron los temas de estado con sus negocios privados.
Así las cosas, todos los presidentes regionales de la promoción “Martín Vizcarra” 2011-14, que recurrieron a estas artimañas, salvo el de Madre de Dios, están en calidad de sentenciados, presos, fugados, o a punto de la condena. Desde Tumbes hasta Tacna.
A ambos políticos se los asocia principalmente con las empresas constructoras CASA, ICCGSA y OBRAINSA, miembros VIP del Club de la Construcción que fueron favorecidas cuando Vizcarra ocupó el ministerio de Transporte 2016-18.
El viernes 10 José Manuel Hernández almorzaba con su familia en el restaurante Fiesta de Miraflores sabiéndose acorralado y tomando impulso necesario para la confesión que daría una semana después.
Fuente: www.gatoencerrado.net

A Dios, lo que es de Dios

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Evangelio según San Mateo 22,15-21.
Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones.
Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos, para decirle: “Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie.
Dinos qué te parece: ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no?”.
Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: “Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa?
Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto”. Ellos le presentaron un denario.
Y él les preguntó: “¿De quién es esta figura y esta inscripción?”.
Le respondieron: “Del César”. Jesús les dijo: “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”.

Homilía del Padre Paul Voisin CR, Superior General de la Congregación de la Resurrección:

Hay una gran variedad de respuestas de personas a las elecciones. Parece que en la mayoría de los países democráticos el porcentaje de personas que votan en una elección está cayendo. A veces la gente siente que su voto es tan insignificante que no vale la pena votar. Mejor sentarse en casa y quejarse de los resultados, y de la falta de acción por parte de los electos.
A lo largo de la historia, sin embargo, un voto ha marcado la diferencia en el mundo.
Por un voto, en 1645, Oliver Cromwell tomó el control de Inglaterra, y cuatro años después, por un voto, el rey Carlos I fue ejecutado
Por un voto en 1776, el inglés fue adoptado como idioma de los Estados Unidos, en lugar del alemán.
En 1868, un voto evitó que Andrew Jackson fuera acusado como presidente.
En 1875, un voto cambió Francia de monarquía a república.
Así que, un voto puede y hace la diferencia!*
El evangelio de este fin de semana (Mateo 22:15-22) nos recuerda que tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos al César, esperaban atraparlo y acusarlo de desobediencia civil. Por su simple y profunda respuesta, “Paga al César lo que pertenece a César, y a Dios lo que pertenece a Dios”, no cae en su trampa. Su respuesta se convierte en un “puente” para que la gente entienda su lugar en el mundo.
A lo largo de la historia ha surgido la noción del dualismo: que lo espiritual es bueno y lo material es malvado. Esto ha llevado al desdén por las cosas del mundo y a menudo a un pasivismo o desconexión con el movimiento de la historia y la sociedad. Desde la Sagrada Escritura sabemos que estamos “en el mundo” pero “no del mundo”. En los capítulos decimocuarto y decimoséptimo del evangelio de Juan Jesús se refiere a esta realidad. Aunque vivimos en el mundo, no somos “del mundo” porque nuestras virtudes y valores son del reino de Dios en lugar de los valores y virtudes cambiantes del mundo. Algunas personas toman estas palabras como justificación para quitarse de contribuir al mundo -como votar y otras actividades de construcción comunitaria- y ven sus actividades espirituales como las únicas dignas de su tiempo y esfuerzo. Esta reacción extrema va en contra del espíritu del evangelio y del papel que estamos jugando como personas de fe en el mundo. Después de todo, si queremos ser la “luz del mundo” no podemos permanecer debajo de una cesta de bushel, pero debemos ser vistos y escuchados por otros.
Entonces, cuál es el papel del cristiano comprometido en el mundo hoy? Si vamos a trabajar por la resurrección de la sociedad como creemos que Dios nos llama, no podemos ser pasivos o inactivos. Esto implica que estamos buscando activamente el cambio y la renovación: ¡que somos “agentes” del cambio y la renovación! Estamos llamados a marcar la diferencia en todos los aspectos de la vida: industria, comercio, educación, atención médica y gobierno. Todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad necesitan la presencia de Cristo, que vamos a traer. No vivimos nuestra vida en Cristo en un vacío o sólo en lo espiritual, sino en todos los aspectos de la vida y la actividad humanas. Deberíamos ser testigos de Cristo siempre y en todas partes.
De una manera práctica, ¿cómo hacemos “al César lo que pertenece a César”? o mejor dicho, ¿cómo hacemos eso mientras profesamos y somos testigos de “lo que pertenece a Dios”? En nuestras vidas -en casa, en el trabajo y en la escuela- vamos a traer a Jesucristo, y su amor y verdad, en cada discusión, cada reunión, cada encuentro, cada decisión. A veces podemos hacer esto sin mencionar el nombre de Jesús, pero compartiendo con otros las virtudes y los valores del reino de Dios: buscando la verdad y el amor, la reconciliación y el respeto, la justicia y la paz, la compasión y el entendimiento. Otras veces podemos revelar más explícitamente la fuente de nuestra inspiración y fortaleza: Jesús el Señor. Entonces no llamamos la atención sobre nosotros mismos, sino más allá de nosotros mismos a Jesús el Señor. Estamos dando al Señor “gloria y honor”, como cantamos en el Salmo. Estamos reconociendo y proclamando que lo que hacemos tiene un propósito y hace la diferencia porque creemos que es parte del plan de Dios. No estamos haciendo las cosas “quieras o no” sino que estamos tomando decisiones conscientes y deliberadas PARA Cristo, EN Cristo y CON Cristo. Estamos demostrando que estamos “en el mundo”, y comprometidos con su resurrección, pero que también no somos “del mundo”, que no nos inclinamos ante cada tendencia o moda que viene en nuestro camino y balancea la mayoría de la gente.
Podemos responder sabiamente y profundamente como lo hizo Jesús, y declarar que hoy tenemos un papel en el mundo y queremos contribuir a la construcción de una sociedad más justa? Podemos mostrar por nuestras vidas que estamos dispuestos a dar “al César lo que pertenece a César”, pero que sobre todo, incluso haciéndolo, ¿estamos “dando a Dios lo que pertenece a Dios”?
* Esta historia introductoria es tomada de Illustrated Sunday Homilies, Año A, Serie II, por Mark Link, S.J. Tabor Publishing, Allen Texas. Página 111.

Con un pie adentro

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Por Ricardo Uceda- Diario La República.

Cantó el primer jilguero y habría un segundo. Una versión verosímil. El oscuro MTC.

Aunque aún no puede darse por cierta la versión de que Obrainsa pagó una coima a Martín Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, la acusación tiene visos de verosimilitud. El presidente la niega. Un aspirante a colaborador eficaz sostiene que el dinero le fue entregado en dos ocasiones por Paul Tejeda, uno de los propietarios de la empresa, sin la presencia de testigos, como suele ocurrir con las coimas. La acusación deberá ser demostrada por una suma de indicios, parte de los cuales fue revelada por la edición dominical de El Comercio.
El hecho de que el procesamiento a Vizcarra solo ocurrirá cuando deje el cargo, dentro de nueve meses, no suspende hasta entonces algunos efectos. Uno es la pérdida de su credibilidad como líder anticorrupción. Lo más importante es que su gobierno estará marcado por esfuerzos judiciales y políticos para protegerse de la acusación. Le espera un pedido de prisión preventiva –infaltable en estos casos– el próximo 28 de julio. Está con un pie adentro.
Es posible que la gestión presidencial ya haya estado determinada por una estrategia de protección, pues la delación de Obrainsa se insinuaba desde 2019. Hace unas semanas, en círculos muy cerrados, se conocían algunos detalles del proceso. Habría una segunda delación en ciernes de otra empresa vinculada al “Club de la Construcción”, el cartel empresarial para repartirse obras públicas del MTC. La estabilidad de Vizcarra, de momento sostenible, podría verse seriamente comprometida.

Empresas amigas

En 2013 Obrainsa obtuvo del GORE Moquegua una obra de irrigación en Lomas de Ilo mediante el pago de un millón de soles, de acuerdo con el delator. La gestión de Vizcarra también ha sido denunciada por un pago irregular a ICCGSA, que construiría un hospital en Moquegua. En 2014, un día antes de cesar Vizcarra como gobernador, su administración le entregó un adelanto de 40 millones de soles gestionado en un solo día. La investigación, reabierta tras haber sido archivada en dos ocasiones, ya involucró al ex gerente regional Edmer Trujillo, y alcanzaría a Vizcarra al término de su mandato. Pero antes podría haber sorpresas en el expediente.
Diversas publicaciones, especialmente la digital Gato Encerrado, han documentado asignaciones de obras a ICGSA y Obrainsa, durante las gestiones de Vizcarra como ministro y presidente. También las recibió CASA, que según otro colaborador eficaz entregó dinero a la campaña de PPK cuando Vizcarra la dirigía. No hay acusaciones en concreto, pero el MTC funciona en la oscuridad desde que el presidente decidió que lo dirigieran sus íntimos, algunos involucrados en su gestión como gobernador en Moquegua, como Carlos Estremadoyro, el actual ministro; y Edmer Trujillo, desde hace poco asesor del Minagri para que funcione en Pampas de Ilo la obra de irrigación por la que se habría pagado la coima.

Posibles razones

Cuando Vizcarra fue ministro (2016-2017), el MTC le otorgó a Obrainsa la construcción de 57 puentes y obras en una carretera por S/ 547 millones. Además la empresa fue autorizada para quedarse con tres carreteras que mantenía en sociedad con Odebrecht. Por último, el ministro Edmer Trujillo aprobó el pago de 13 millones de soles por gastos adicionales de un proyecto que estaba en proceso arbitral –el MTC desistió, sin pelear–, y por la que Obrainsa pedía tres millones más. Esto ocurrió hasta el 2018 pero en 2019 ya no hubo favores a la empresa. Es posible que esta circunstancia, unida al hecho de que Paul Tejeda vivía más de un año a salto de mata, imputado por actos ilícitos del “Club de la Construcción”, haya determinado la colaboración eficaz que ahora pone contra las cuerdas a Vizcarra.
El presidente atribuyó la denuncia y su publicación a una conspiración de Odebrecht, una disparatada teoría que no terminan de comprar sus defensores. En una entrevista en Panorama, la noche del domingo, Vizcarra se refugió en la discutible probidad de UNOPS, la oficina de la ONU para contrataciones, aunque admitió las visitas a Obrainsa. Si se comprueba que fueron próximas a las fechas de preparación de los cheques, la versión del delator estará prácticamente confirmada.

Otra mano amiga

Como la presunta coima se hizo efectiva en 2014, cuando Vizcarra no era ministro ni presidente, la investigación no será dirigida por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sino por Germán Juárez, que pertenece al Equipo Especial Lava Jato. Es lo mejor. Ávalos ha reforzado las sospechas sobre su falta de imparcialidad respecto de Vizcarra en el caso Swing: omitió el delito principal en la calificación del expediente. De otro lado, ha rehusado mantenerse al margen del proceso, como pidió el procurador anticorrupción, Amado Enco. En los audios se menciona explícitamente una supuesta cercanía suya a Palacio de Gobierno. Con posterioridad ella misma descalificó el material probatorio en una entrevista periodística y amenazó con un juicio a la principal testigo del caso, algo inaceptable para quien representa a los investigadores.

La fiscal de la Nación refuerza sospechas sobre su parcialidad en el caso Richard Swing. ¡Omitió el delito principal!

La tesis principal de la fiscal Janny Sánchez Porturas es que el presidente y la secretaria de la Presidencia son instigadores de colusión agravada, cometida por funcionarios públicos que conciertan para defraudar al Estado, con daño patrimonial. Vizcarra y Morales habrían instigado a los ministros para que contrataran a Swing. El delito tiene una prognosis de prisión de seis a quince años. Además, se postulan obstrucción a la justicia y negociación incompatible, que acarrearían penas menores. En su Disposición 01, la fiscal de la Nación olvida la colusión y apoya los dos delitos restantes, añadiendo el de instigación de tráfico de influencias, también de bajo calado y difícil de demostrar. Gran favor al presidente, que ha pasado desapercibido.

Historia con odio

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Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Hace algunas semanas el presidente Donald Trump señaló como único camino hacia la unidad de su país compartir la identidad de ser estadounidenses y consideró urgente la restauración de la educación patriótica en las escuelas. En el Día de la Constitución sostuvo que la ‘Comisión de 1776’ se abocará a animar a los profesores a enseñar sobre “el milagro de la historia estadounidense”. Ocurre que el desprecio a la fundación de ese país recorre los colegios de los Estados Unidos, impulsado por el ‘Proyecto 1619’ que reescribe la historia desde la raza y el conflicto racial, gracias al comunistoide The New York Times. El proyecto de marras se basa en la serie de ensayos de la periodista Nikole Hannah-Jones con el título “Los ideales fundacionales de nuestra democracia eran falsos cuando fueron escritos” y publicado en una edición especial de cien páginas de la revista dominical (19 de agosto de 2019) de tal diario, al conmemorarse 400 años del arribo de los primeros veinte esclavos africanos a Port Comfort, Virginia, entonces colonia británica.
“El racismo antinegro está en el mero ADN de este país”, escribe Hannah-Jones en su introducción, una afirmación irracional y que colisiona con la ciencia pues los antagonismos raciales o sociales no derivan de ningún proceso biológico. Quienes pretenden destruir la organización del Estado-Nación recurren a la biología para referirse a un tema cultural como el racismo, pero rehúyen de la ciencia cuando debaten el enfoque de género, eso sí indesligable de la biología y la genética. Los sectores que impulsan la falacia de que un hombre puede convertirse en mujer y viceversa, negando la existencia de dos sexos determinados por la genética, y promueven la insania de que el género es una construcción cultural, salen ahora con la aberración de que los blancos estadounidenses odian a sus compatriotas negros, más o menos, desde el vientre materno.
Estamos ante una escandalosa falsificación de la historia por la cual su autora ganó un premio Pulitzer. Sus fines son políticos y polarizadores. Sin evidencia alguna afirma que Estados Unidos se formó solo para mantener la esclavitud. Cientos de miles de ejemplares adicionales de la revista con el mentiroso ensayo antiestadounidense y un suplemento especial fueron impresos para ser distribuidos gratuitamente entre profesores, colegios, bibliotecas y museos. La Asociación Nacional de Académicos de los Estados Unidos ha presentado una carta pública a la Junta del Pulitzer solicitando le retiren el premio a Nikole Hannah-Jones pues su trabajo es inconsistente y está plagado de errores (obviamente premeditados para echarle más gasolina al fuego y normalizar el odio entre los hijos de la misma tierra). Más o menos como trata de hacerse por acá.

De Quito a Manaos

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João Gutemberg Coelho Sampaio FMS

El 14 de septiembre, el cardenal Claudio Hummes, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, presentó en conferencia de prensa al hermano João Gutemberg Coelho Sampaio FMS, de la Provincia de Brasil Sul-Amazonia, como nuevo director ejecutivo de la Red fundada por las organizaciones católicas en septiembre de 2014, para trabajar al servicio de la vida en la Amazonía, en defensa de nuestra Casa Común. El Hermano João reemplaza a Mauricio López Oropeza.
La REPAM, al igual que los Ríos de la Amazonia, está formado por la convergencia de los nueve países que forman el territorio amazónico, una región con 7.8 millones de kilómetros cuadrados donde viven 33 millones de habitantes, incluidos 1.5 millones de indígenas de 385 pueblos. Es una organización que apuesta por el protagonismo de los pueblos amazónicos en la defensa y cuidado de la casa común a través de un servicio de interconexión y articulación de acciones. Esta busca escuchar, acompañar, apoyar, animar, formar, servir, estimular, comunicar y unir las fuerzas para responder a los grandes desafíos socioambientales.
Una evaluación del papel de la Red para la Pan-Amazonia en los últimos 6 años. El vicepresidente, cardenal Pedro Barreto, presentó el camino de discernimiento de la Red y los horizontes para los próximos años.
En la rueda de prensa, junto con la presentación del Hermano João Gutemberg, el cardenal Cláudio Hummes hizo balance del papel de la Red para la Pan-Amazonia en los últimos 6 años. El vicepresidente, cardenal Pedro Barreto, presentó el camino del discernimiento de la Red que se están llevando a cabo y los horizontes para los próximos años.
João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio nació en Cruzeiro de Sul, en el estado de Acre, en el interior amazónico que se encuentra en la confluencia de Brasil con Perú y Bolivia. Allí estudió y recibió acompañamiento vocacional y formativo de los misioneros maristas que llegaron a la Región en 1968 y de las Congregaciones presentes en el lugar. Continuó sus estudios en el sur de Brasil y Europa. En la misión apostólica, trabajó casi siempre en el contexto amazónico: educación, pastoral y formación.
Actualmente integra y ayuda a articular la Red Eclesial Panamazónica– REPAM, en la coordinación del Eje de Formación y métodos de acompañamiento pastoral en la perspectiva de la Ecología Integral, que conecta a los 9 países amazónicos. Asimismo forma parte de la Comisión de Vida Consagrada para la Amazonía de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, CLAR.
Fuente: Champagnat.org
El cardenal Cláudio Hummes OFM anunció el cese de su mandato como presidente de la REPAM. El cargo será asumido el próximo 9 de noviembre por el cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ.

REPAM

“Después de un profundo y orante proceso de discernimiento, y en vista de la dimensión del nuevo encargo eclesial a la guía de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), he tomado la decisión de cesar en mis funciones como presidente de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)”. Así, el Cardenal Cláudio Hummes anunció, en un comunicado de prensa, el cese de su mandato, asumido en el nacimiento de la REPAM, el 12 de septiembre de 2014, y la entrega de la presidencia, a su vicepresidente, el Cardenal Pedro Barreto.
En el comunicado de prensa, el cardenal Hummes, presidente del CEAMA, destaca en primer lugar el objetivo de la Red Eclesial Panamazónica, cofundada por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), Cáritas de América Latina y la Comisión Episcopal para la Amazonía de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), de crear en las Américas una conciencia de la importancia de la Amazonía para toda la humanidad, establecer entre las Iglesias locales de varios países sudamericanos, situadas en la cuenca del Amazonas, una pastoral conjunta con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Una obra, la del organismo eclesial, que tiene por objeto “promover una Iglesia con rostro amazónico y cuidar la casa común, con una visión preferencial de los pueblos indígenas y las comunidades vulnerables, para que sean los sujetos prioritarios de su historia”.
El cardenal afirma que ha asumido este desafío desde la fundación del organismo, trabajando en el territorio, escuchando las peticiones y deseos de la gente, para construir nuevos caminos junto con las comunidades, en “un ejercicio constante de escucha, diálogo, estructuración y adaptación” y evaluando cada año el camino recorrido, para entender cómo la red debe y puede seguir fortaleciéndose.
La salida del Cardenal Hummes es, como él mismo afirma, el resultado de “un profundo y orante proceso de discernimiento” y la consecuencia de su nuevo cargo, asumido el pasado mes de junio, como presidente de CEAMA, uno de los frutos del Sínodo para el Amazonas.
El nuevo presidente, el cardenal Pedro Barreto, hasta ahora vicepresidente de la REPAM, presente también desde la fundación de la red eclesial – anunció el purpurado – comenzará oficialmente su nueva función el 9 de noviembre, en el espíritu del Sínodo, con ocasión de la asamblea virtual de la REPAM.
El nombramiento del nuevo vicepresidente tendrá lugar tras un proceso de consultas entre la REPAM nacional y las instituciones fundadoras, y siguiendo los criterios y perspectivas panamericanas.
Por último, el comunicado indica que la Red Eclesial Panamazónica, como parte del proceso de discernimiento y reorganización, ha cambiado su secretario ejecutivo y que la función ha sido asumida por el hermano marista João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio. Además, su sede se trasladó de Quito (Ecuador) a Manaos (Brasil).
Fuente: Jesuitas.lat

Transacción sospechosa

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Fiorella Molinelli era la segunda del entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra y vicepresidente de la República, que se convirtió en Jefe de Estado en marzo de 2018 tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder en medio del escándalo del caso Lava Jato. Foto: Gestión.

FinCEN Files: La transacción sospechosa de la contratista del proyecto Chinchero

Por Shirley Cayetano y Milagros Salazar Herrera, de Convoca.pe (Perú)/ Emilia Delfino, del diario Perfil (Argentina), La Nación (Argentina) y el Semanario Búsqueda (Uruguay).
Convoca.pe identificó una transacción reportada como sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos por más de US$98 mil de Proyecta & Construye, la principal contratista del consorcio Kuntur Wasi que ganó la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero- Cusco. La transacción involucra a una financiera uruguaya, cuya subsidiaria es investigada por lavado de dinero y a una compañía argentina. Conoce una nueva historia de los ‘FinCEN Files’, proyecto liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La mañana del 17 de marzo de 2017, el fiscal José Domingo Pérez Gómez llegó presuroso junto a un equipo de la Policía Anticorrupción a un edificio ubicado en la cuadra seis de la Av. Pardo y Aliaga, en el distrito de San Isidro, considerado el emporio empresarial de Lima. Pérez allanó las instalaciones de Kuntur Wasi S.A, consorcio conformado por el grupo peruano Andino Investment Holding y el conglomerado argentino Corporación América del multimillonario Eduardo Eurnekian, que dos años atrás ganó la licitación para construir el aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
El megaproyecto, valorizado en más de 500 millones de dólares en sus diversas etapas, enfrentaba en esos días duras críticas luego que la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, firmara la adenda Nº1 del Contrato de Concesión el 3 de febrero de 2017, seis semanas antes del allanamiento del fiscal Pérez a las oficinas de Kuntur Wasi.
Los cuestionamientos a la modificación del contrato original se centraban en que existía una desequilibrada estructura del financiamiento de la obra: el Estado se comprometió a financiar el 80.73 por ciento del costo total del proyecto, ya no el 28.6 por ciento como lo establecía el contrato original y a adelantar 40.6 millones de dólares en un etapa del proyecto que no le correspondía para que así Kuntur Wasi iniciara las obras de construcción del aeropuerto, según un informe de la Contraloría General de la República.
En ese escenario movedizo, el fiscal Pérez fue en busca de respuestas a las instalaciones de Kuntur Wasi, donde incautó una serie de documentos que daban cuenta de préstamos millonarios al consorcio en 2016 provenientes de empresas relacionadas principalmente a Corporación América como Liska Investments Corp, representada por Martín Eurnekian con sede en Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal.
Para José Domingo Pérez esas transacciones evidenciaban que Kuntur Wasi no contaba con el financiamiento económico necesario para el proyecto que debía ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público Privada. Pero, además, detectó que al mismo tiempo se realizaban decenas de desembolsos que no guardaban relación con los estados financieros del consorcio entre 2014 y 2016, a favor de una compañía: Proyecta & Construye.
Esta empresa fue creada en el Perú por Andino Investment Holding y Corporación América en 2011, las socias de Kuntur Wasi. Pocos años después, este consorcio terminó contratando a Proyecta & Construye para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero.
Pérez abrió una investigación por lavado de activos, crimen organizado y presuntos sobornos por la obra del aeropuerto en el que incluyó a los representantes de Kuntur Wasi y diversos funcionarios públicos. Pero en noviembre de 2018 fue apartado del caso tras discrepancias con Pedro Chávarry, entonces Fiscal de la Nación.
El caso fue derivado a la fiscal Zoila Sueno Chirinos del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien formalizó la investigación el 23 de agosto de 2019 ante el Poder Judicial imputando a funcionarios peruanos por colusión agravada.
La investigación por el delito de lavado de activos, no obstante, fue archivada por la fiscal Sueno el 15 de enero de 2020. Pero este reportaje da nuevas pistas sobre la forma en que Proyecta y Construye, de la mano del consorcio Kuntur Wasi, manejaba sus operaciones hacia el exterior.
Hacia un paraíso fiscal
Entre los más de 2 mil 100 reportes de actividad financiera bajo sospecha de la filtración ‘FinCEN Files’, Convoca.pe identificó una transferencia por 98 mil 85 dólares realizada por Proyecta & Construye S.A. el 23 febrero de 2015, diez meses después de que el consorcio Kuntur Wasi obtuviera la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
La operación se realizó de la siguiente manera: salió del Banco de Crédito del Perú (BCP) a través del Bank of New York Mellon (banco corresponsal o intermediario) hacia una cuenta en DMS Bank & Trust ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán a nombre de la financiera uruguaya Columbusnet S.A.
La Ruta del Dinero
El reporte, que incluía más de 3 mil transferencias además de la operación vinculada a Proyecta & Construye, fue presentado por el Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos (FinCen por sus siglas en inglés) al considerar que las transacciones estaban vinculadas a “empresas fantasmas o no podían ser identificadas”.
Los fondos y el propósito de estas operaciones “estaban vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo”; no existía información verdadera de la persona o empresa que ordenó la transacción o el beneficiario final”, entre otras razones señaladas por el banco estadounidense.
Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento de EE.UU. Fuente: FinCen Files / ICIJ-BuzzFeed News.
Conexión con Uruguay
En la calle Sarandí, ubicada en la ciudad de Montevideo, cerca a una tienda de lencería y de joyas, se encuentra Columbusnet, la financiera que aparece en el reporte de operaciones sospechosas y a la que Proyecta & Construye transfirió más de 98 mil dólares a inicios de 2015 a través de una cuenta en DMS Bank & Trust con sede en las Islas Caimán.
Columbusnet es subsidiaria de Columbus S.A., una casa de cambio en Argentina, investigada desde finales de 2018 en el Juzgado Penal Económico N°3 de Buenos Aires por presunto lavado de activos y delitos tributarios relacionadas a actividades sospechosas en la compra de moneda extranjera, según indican las fuentes judiciales de Argentina.
Columbusnet S.A., ubicada en Uruguay, es una empresa de servicios financieros que funcionó anteriormente como casa de cambio. Foto: Columbusnet.
La actividad ilegal relacionada a la compra de moneda extranjera es conocida como ‘coleros’, que consiste en la organización de personas de bajos recursos, que forman largas filas en las afueras de financieras como Columbus para cambiar dólares o euros con fondos entregados por cabecillas de redes ilícitas que buscan ocultar la procedencia del dinero. A cambio, los ‘coleros’ reciben una pequeña comisión.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos–Procelac (la unidad encargada de investigar el lavado de activos, evasión tributaria y fraude bancarios en Argentina) solicitó también que se investigue a los dueños de la financiera Columbus S.A. para determinar si habían actuado en complicidad con los reclutadores de los ‘coleros’.
“Nuestra empresa tiene licencia desde 1967 y respondiendo a su inquietud, los descargos correspondientes serán presentados debidamente al juzgado cuando corresponda”, señaló al diario perfil, Sergio Polite, director de Columbus S.A.
“En el caso de la transferencia de Proyecta & Construye que salió desde el Perú, figuraba como uno de los destinatarios una financiera uruguaya: Columbusnet”.
Actualmente, la fiscalía argentina analiza la documentación que incautó en 2019 en las instalaciones de Columbus para investigar si el origen del dinero de los ‘coleros’ era ilícito y si la financiera actuó en complicidad.
Pero la historia de la transferencia que salió desde la cuenta bancaria de Proyecta & Construye, no termina con Columbusnet.
Un estudio bonaerense y un ingeniero huidizo
En la ciudad de Buenos Aires, en la calle Juan Domingo Perón, funciona una empresa dedicada a brindar asesoramiento técnico en obras civiles e industriales llamada Estudio GF. Las iniciales corresponden a los apellidos de sus principales socios: Carlos Grinberg y Néstor Feliz. ¿Qué tiene que ver esta empresa con la operación bajo sospecha de la principal contratista del proyecto Chinchero?
En el reporte del Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, no solo aparece Columbusnet, al lado figura ‘Estudio GF’ como si se tratara del nombre de una sola compañía.
Convoca.pe se comunicó con la gerente legal y de asuntos corporativos de Andino Investment Holding, Giuliana Cavassa, para corroborar si el Estudio GF fue realmente el beneficiario final. Entre diversas llamadas, mensajes por WhatsApp y correos electrónicos, Cavassa, una abogada que lleva trabajando hace siete años en el holding y aparece como directora de Proyecta & Construye, empezó a hacer memoria.
Cavassa aseguró que Estudio GF fue contratado para tareas previas al proyecto de ingeniería definitivo del aeropuerto Chinchero-Cusco y la certificación LEED, que se otorga a proyectos amigables con el medio ambiente. Esta certificación es otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).
Pero una pregunta seguía en el aire: ¿por qué se transfirió el dinero a la financiera uruguaya Columbusnet y no directamente a Estudio GF? “Nosotros hacemos lo que el proveedor nos dice: págame en Argentina o págame en Uruguay”, respondió a Convoca.pe.
Carlos Grinberg. Foto: La Nación.
La periodista argentina Emilia Delfino buscó al presidente de Estudio GF, Carlos Grinberg, quien respondió que no cobró ni tramitó la certificación LEED del proyecto Chinchero. El ingeniero industrial explicó que Corporación América, la socia argentina de Kuntur Wasi, lo contactó para dar el servicio pero éste no se concretó.
“Nuestra empresa se encarga de tramitar la certificación LEED, pero nunca cobramos nada por el trabajo, ni un peso, sólo gastos, porque la obra (la construcción del aeropuerto) no se hizo”, afirmó Grinberg.
En efecto, Proyecta & Construye no llegó a ejecutar las obras de construcción del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco. Tras la firma de la cuestionada adenda al contrato de concesión, el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, hoy Presidente de la República, renunció a su cargo a fines de mayo de 2017, dejando sin efecto el contrato y la adenda. Un año después, Kuntur Wasi inició un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones–CIADI por la cancelación del contrato.
Grinberg insistió en que no conoce la ruta que siguió la transferencia reportada como sospechosa. “No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán ni en ningún otro país extranjero. No conocemos a la financiera Columbusnet”, remató.
El ingeniero argentino aseguró que el monto de los ‘gastos’ no alcanzó de ninguna manera los más de 98 mil dólares. Ante esta respuesta, se le entregó los números de las facturas que Corporación América aseguró que Estudio GF entregó como respaldo del servicio brindado.
Carlos Grinberg dijo que revisaría la información en sus archivos pero nunca más respondió nuestros mensajes y llamadas.
Giuliana Cavassa de Andino Investment Holding tampoco ha entregado los comprobantes del pago del servicio que se le atribuye a Estudio GF porque aseguró que “la política de la empresa prohíbe difundir documentos sobre terceros”. Lo que sí señaló es que las facturas tienen fecha 9 de enero de 2015: la primera por un monto de 71 mil 925 dólares y la segunda por 26 mil 160 dólares. En ambos casos el concepto de los comprobantes aparece como “Certificado Nº1 LEED”, indicó.
Convoca.pe preguntó a Cavassa por qué se le pagó a Estudio GF en febrero de 2015 por el trámite de una certificación que recién realizaría años después, es decir, cuando el proyecto esté concluido. Al respecto, la abogada señaló que el ingeniero argentino se involucró en el proyecto desde las tareas iniciales antes de que se presente el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) al Ministerio de Transportes y que incluso Grinberg entregó un CD con planos como parte de su servicio. Pero esta documentación tampoco fue entregada a este medio.
¿Se realizaron otros desembolsos para Estudio GF? La abogada respondió que “es posible”.
El viaje de la fiscal
Las investigaciones relacionadas a las compañías del consorcio Kuntur Wasi no solo se realizaron en Perú.
A finales de 2018, Corporación América y tres miembros de la familia Eurnekian fueron denunciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la justicia federal Argentina por “soborno trasnacional” vinculados al caso Chinchero.
Procelac señaló que había recolectado “suficientes pruebas como para afirmar que las personas a cargo de Corporación América”, como parte de la Sociedad Aeroportuaria de Kuntur Wasi, “habrían intervenido en actos de sobornos en calidad de coautores” ofreciendo “sumas de dinero, dádivas u otras compensaciones a funcionarios públicos peruanos” para la suscripción de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto.
Cuando el caso se abrió en Argentina, la fiscal Zoila Sueno solicitó reunirse con su colega Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación en dicho país, y viajó a su encuentro en febrero de 2019 para intercambiar información y averiguar si existía evidencia de pago de sobornos por parte de los representantes de Corporación América.
Fiscal Zoila Sueno Chirinos. Foto: Gestión.
Durante esta visita, la fiscal peruana también se reunió con el juez federal Claudio Bonadio, quien tenía información relacionada a Hugo Antranik Eurnekian, hermano menor de uno de los directores de Kuntur Wasi y Proyecta & Construye, sobre ‘Los cuadernos de la corrupción’, un caso que reveló una serie de anotaciones que vinculaban a funcionarios argentinos con el pago de sobornos por obras públicas.
La investigación en Argentina, sin embargo, fue archivada el 10 octubre de 2019 a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Una de las razones: no había imputados argentinos en la investigación de la fiscal Zoila Sueno, según quedó registrado en el acta del fiscal Pollicita tras su reunión en febrero con la fiscal, como pudo corroborar Perfil para este reportaje.
Vaivén de millones
En las indagaciones preliminares del fiscal José Domingo Pérez se registraron millonarios movimientos de dinero de Kuntur Wasi vinculados a las compañías de Corporación América, que revelaban que el consorcio no contaba con suficientes recursos para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero, y por lo tanto, cumplir con el contrato suscrito con el Estado peruano.
Cedicor (Uruguay) y Liska Investments (Islas Vírgenes Británicas), compañías relacionadas al conglomerado argentino, y Aeropuertos Andinos (Perú) realizaron préstamos por 3 millones 800 mil dólares a Kuntur Wasi en 2016.
El último préstamo otorgado a Kuntur Wasi fue de Aeropuertos Andinos por la suma de 1 millón 200 mil dólares, el 23 de diciembre de 2016, seis semanas antes de que se suscribiera la adenda Nº 1 al contrato de concesión del aeropuerto Chinchero.
Sin embargo, la fiscal Zoila Sueno consideró que estos préstamos por casi 4 millones de dólares otorgados a Kuntur Wasi durante 2016 fueron una práctica empresarial común debido a que el consorcio no generaba liquidez y debía realizar pagos relacionados al proyecto Chinchero como los estudios de ingeniería.
Pero no solo Kuntur Wasi tenía problemas de financiamiento sino también su principal contratista: Proyecta & Construye.
En marzo de 2014, la empresa tenía un patrimonio de apenas S/. 609 mil 088 soles (unos 217 millones de dólares) y activos por S/1 millón 374 mil 413 soles (cerca de medio millón de dólares), según informaron sus accionistas a la Bolsa de Valores de Lima. (El tipo de cambio utilizado es 2.81 correspondiente a marzo de 2014).
Proyecta & Construye fue contratada bajo una modalidad conocida como “llave en mano”, en la que el contratista asume la responsabilidad del proyecto para luego entregárselo al contratante, en este caso Kuntur Wasi, una vez que la obra se encuentre operativa.
Los movimientos económicos entre el consorcio y su contratista fueron objeto de investigaciones fiscales. Según la disposición no 72 de la fiscal Zoila Sueno, Kuntur Wasi realizó una serie de pagos a Proyecta & Construye por cerca de 9 millones de dólares por “conceptos de adelanto” y “valorización de trabajos de ingeniería”, entre 2014 y 2016.
Según indagaciones preliminares del fiscal Pérez, el monto por dichos conceptos podría ser superior por varios millones y no guardaban relación con los estados financieros del consorcio.
Un banco en Armenia
Otras transacciones vinculadas a empresas en paraísos fiscales son los préstamos otorgados al consorcio Aeropuertos Andinos, conformado por las mismas empresas que integran Kuntur Wasi. Según las investigaciones fiscales, entre 2016 y 2017 Aeropuertos Andinos, encargado de ejecutar obras cinco aeropuertos del sur del Perú, recibió dos préstamos por US$2 millones de Converse Bank CJSC, un banco en la República de Armenia.
En dichos contratos de préstamos, Santa Catarina Corporation y Liska Investment, domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, actuaron de garantes, y Mario Gálvez Abad, exgerente de Aeropuertos Andinos y apoderado de Proyecta & Construye, según registros públicos.
Al igual que Liska Investment y Santa Catarina Corporation, Converse Bank se encuentra afiliada a la multimillonaria familia argentina Eurnekian y a su emporio comercial: Corporación América, dueña de más de 52 aeropuertos en 7 países.
Converse Bank CJSC ubicado en la República de Armenia. Créditos: MLL Industries.
“Converse Bank era un banco que nos financiaba de todas maneras”, señaló Gálvez Abad, quien aseguró a Convoca.pe que a pesar de su cargo en Proyecta & Construye no tuvo ninguna participación en el proyecto Chinchero y que desconoce la transacción que presuntamente iba dirigido a Estudio GF.
Entre 2014 y 2017, durante el proceso de licitación y firma de la adenda del contrato del aeropuerto Chinchero, Mario Gálvez Abad viajó a Argentina cinco veces, coincidiendo en tres fechas entre octubre 2016 y noviembre del 2017 con Carlos Vargas Loret de Mola, director de Kuntur Wasi, y José Balta del Río, gerente general del consorcio.
En esos días, quien estaba a cargo de la parte operativa de Proyecta & Construye era el portugués Rui Pedro Varanda Guimaraes. Él fue contratado por dicha empresa en noviembre de 2013 para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto del aeropuerto Chinchero.
Antes de trabajar para la principal contratista de esta megaobra, Guimaraes fue presidente y director ejecutivo de Mota Engil Perú, una de las empresas que integraba el Consorcio Aeroportuario Imperial y que competía en el proceso de adjudicación del aeropuerto del Cusco contra Kuntur Wasi y el Consorcio Aeropuerto Chinchero, integrado por Graña y Montero.
La oferta económica del consorcio peruano-argentino fue más atractiva para los funcionarios del gobierno de Ollanta Humala en abril de 2014: estaba por debajo de las compañías competidores, algunas de ellas investigadas por su participación en el ‘Club de la Construcción’, aquel cártel de empresas que se repartían las obras adjudicadas por Provías Nacional, del Ministerio de Transportes.
Chinchero Crédito: Shutterstock

Fincen Files: acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

Por Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon– Diario La Nación Argentina.*
El proyecto de un nuevo aeropuerto para Cusco y Machu Picchu, emblema del turismo andino. Una obra valuada en US$500 millones que nunca comenzó, pero provocó un escándalo político en Perú. Y una investigación judicial archivada en la Argentina. El “caso Chinchero” obligó al presidente peruano, Martín Vizcarra, a dar explicaciones en el congreso. Pero fue un giro menor de esa trama, por apenas US$98,000, lo que encendió las alarmas del sistema financiero de los Estados Unidos.
Dos años antes de que el escándalo estallara en Perú, un banco de Nueva York analizó ese giro por US$98.000 de febrero de 2015 y puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América -el grupo que lidera Eduardo Eurnekian- y a su socia peruana para el aeropuerto en Cusco, Andino Investment Holding.
El Bank of New York Mellon envió un reporte de operación sospechosa al organismo antilavado de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), en junio de 2015, con detalles sobre 3239 transferencias. Entre ellas, la referida al giro por US$98,000 que terminó en una cuenta en las islas Caimán de la financiera uruguaya Columbusnet SA.
El giro no salió, sin embargo, de las cuentas de Corporación América o de su socia, Andino, sino por cuenta y orden de una subsidiaria de ese consorcio. ¿Su nombre? La peruana Proyecta & Construye SA, según surge de los 2100 reportes que bancos de todo el mundo enviaron a la FinCEN , obtuvo BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACIÓN.
Aeropuerto Internacional Chinchero- Cusco, un proyecto que nunca se concretó Crédito: Captura de video.

El contrato

La sociedad entre Corporación América y Andino Investment Holding nació en 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco, con la modalidad público-privada.
Corporación América y Andino Investment Holding fundaron una subsidiaria, Proyecta y Construye, a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos, explicaron ambas empresas ante la consulta del equipo de ICIJ para esta nota, integrado por Convoca.pe (Perú), el Semanario Búsqueda (Uruguay) y Perfil y LA NACIÓN (Argentina). En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto “llave en mano”. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.
Ante la consulta de los miembros de esta investigación, Giuliana Cavassa (gerenta de Asuntos Institucionales Andino Investment Holding) y voceros de Corporación América defendieron la legalidad de su proceder. Indicaron que la transacción señalada como “sospechosa” en el reporte de FinCEN fue por “el pago de unas facturas a Estudio GF SA, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED”.
Estudio GF SA es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. ¿Por qué se usó la cuenta de una financiera uruguaya con cuenta en Islas Caimán para realizar esos pagos? “Probablemente porque en el momento fue solicitado así por el proveedor”, respondió Cavassa.
“No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán y no conocemos a la financiera Columbusnet”, sostuvo, sin embargo, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF SA ante la consulta del equipo de ICIJ. “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”, aseguró Grinberg.
Andino asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF SA, con fecha 9 de enero de 2015, con el concepto: “Certificado Nº 1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera fue por US$71.925.76 y la segunda factura US$26.160 (total, US$98.085,76). El titular de Columbusnet SA, Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar sus cliente y las actuaciones que se estén realizando”.
Fragmento del reporte de operación sospechosa con el giro de Proyecta&Construye a Columbus Net

La pesquisa judicial

En Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de Perú, la adenda podía perjudicar las arcas públicas al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado peruano y un presunto perjuicio de unos U$40 millones.
No sólo eso. Pese al replanteo contractual, las obras en el aeropuerto de Cusco -que ya deberían estar concluidas- nunca comenzaron y el Estado terminó por suspender el contrato. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado peruano.
Para entonces, hacía cuatro meses que la fórmula presidencial Pedro Pablo Kuczynski – Martín Vizcarra había llegado al poder. Vizcarra tenía doble cargo: además de vicepresidente, era ministro de Transporte. Pero la firma de la adenda desató un escándalo que conllevó su interpelación en el Congreso y su posterior renuncia como ministro, aunque continuó como vicepresidente y terminó asumiendo la presidencia cuando Kuczynski dimitió por los coletazos del Lava Jato.
El proyecto fallido del Aeropuerto Internacional Chinchero Crédito: Captura de video.
En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.
Consultados por LA NACIÓN, desde Corporación América rechazaron de plano esa hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. “Las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales)”, agregaron.
En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era “lesiva” para el erario público peruano porque establecía que el Estado “asumía el riesgo por financiación de la obra”, algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.
La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y a si la adenda de 2017 terminó perjudicando al Estado, algo que tanto Vizcarra como Andino y Corporación América han negado. Ante la consulta del equipo de ICIJ, Corporación América dijo que la adenda “no trajo cambios respecto del riesgo financiero” y que “el Estado salía beneficiado y no así el consorcio”. “Lamentablemente, como estas cuestiones se encuentran discutidas en el CIADI, no podemos dar información al respecto”, afirmaron. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra ($265 millones) y que la adenda “solo cambió el mecanismo de financiamiento”.
Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato. Abarca a 13 personas, aunque entre los imputados no figuran ni Vizcarra, ni directivos de Corporación América.
Chinchero, cerca de Cusco Crédito: Shutterstock.
En la Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Corporación América ante la Justicia local en 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato “permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto”. La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal peruana, incluso, llegó a viajar a Buenos Aires para intercambiar información con Comodoro Py.
A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que “no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana”. Aclaró, sin embargo, que no correspondía sobreseer a los argentinos denunciados por la Procelac porque parte de la investigación sigue su marcha en Perú.
*Con la colaboración de Emilia Delfino (Perfil www.perfil.com), Milagros Salazar y Shirley Cayetano (Convoca.pe), Guillermo Draper (Semanario Búsqueda) y Ricardo Brom (LN Data).

Ni sobredimensionado ni desproporcionado

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Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Martín Vizcarra repite machaconamente que el caso Swing (Richard Cisneros) es desproporcionado y sobredimensionado, ofendiendo la inteligencia de los peruanos. Arguye que el pago de S/175,000 a Swing es una cifra de menor cuantía. Ha creado un tarifario a la medida de su laxa moral, soslayando que obligó al Ministerio de Cultura a actuar ilegalmente, irrespetando las normas. Y no es el único caso, están los de sus amigotes y parientes en otras entidades del Estado.
Lo cierto es que Contraloría ha determinado que el proyecto Chinchero “generó un grave perjuicio al país”, dándole en la yugular a Vizcarra, quien por entonces era ministro de Transportes. La fiscal a cargo de este caso, Zoila Sueno Chirinos (reemplazó al fiscal José Pérez por orden de Gonzalo Chávarry, exfiscal de la Nación), ha remitido sus elementos de convicción a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, para que investigue a Martín Vizcarra por ser alto funcionario. Sueno Chirinos señala, entre otros, que las preguntas del pliego interpelatorio a Vizcarra estaban respondidas siete días antes en la computadora de la contratista de Chinchero Kuntur Wasi.
La fiscal Janny Sánchez Porturas, encargada del caso Swing, también envió sus elementos de convicción sobre Vizcarra al despacho de Ávalos, como lo indica la ley. Las tres autoridades señalan que el gobernante tuvo acciones delictivas. Pero este reitera que el escandaloso tema de Swing no existe y que se trata de una conspiración de los congresistas Manuel Merino (presidente del Congreso) y Édgar Alarcón.
Pese a los cuestionamientos que pesan sobre Vizcarra, a los que se suman las 11 investigaciones fiscales en Moquegua, el mandatario insiste en culpar a otros. Los galimatías lanzados en una entrevista televisiva confirman que no está a la altura del cargo que ocupa. Dijo: “No encuentran explicación, que quieren ahora encontrar explicación hasta el punto de vista de que, entonces, seguramente si esto no encuentro por si pues, no corresponde, debe haber algo que no se dice”. Las redes se ocuparon del dislate.
En dos años y medio de gobierno destruyó al país y de qué manera. Pulverizó a la Fiscalía e injirió en el Poder Judicial. Impuso un referéndum y ahora tenemos normas electorales confusas e impracticables. Encarceló a Keiko Fujimori. Copó el Tribunal Constitucional y cerró el Congreso dando un golpe de Estado.
Gracias al mal manejo de la pandemia, la economía peruana está destruida, la más afectada en América Latina. No hay trabajo, se ha ‘fumado’ el fondo de estabilización fiscal y la pobreza se incrementa indeteniblemente.
Vizcarra ha pedido declarar ante la fiscal de la Nación, su “amiguis” según Karem Roca, exsecretaria del mandatario. Para él es un gesto, para el país una pachotada. Las elecciones serán sumamente turbias. Con este currículo no serán confiables. ¿Qué hay tras el caso Swing?

PAOLA UGAZ Y LA JUSTICIA MEDIÁTICA

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Como ya he lo he comentado con anterioridad, he querellado a Paola Ugaz. La razón de esta querella es que la mencionada señora se dedicó y se dedica de manera sistemática a difamarme en diversos medios de comunicación. Lo cierto es que Paola Ugaz vive en una burbuja de soberbia que la hace pensar que es intocable. Más aún cuando recurre a su ya conocida capacidad de victimización.
Cualquier mal que le ocurre, sin excepción lo vincula a su “investigación” sobre el Sodalicio, inmediatamente surgen como hongos toda una tropa de ayayeros dispuestos a firmar manifiestos, hacer colectas, fiestas, tómbolas y demás pellejerías para consolar a esa pobre víctima de una especie de conspiración clerical, que no le perdona su “agudeza” y sus “certeras denuncias”.
Cualquier mención de sus sospechosos movimientos alrededor de la mafia de las chalinas verdes, la posibilidad de sus posibles vínculos, a través de Pedro Salinas, con los enjuagues económicos de CHISAC, sus sospechosos viajes a Panamá, la denuncia de Expreso sobre lavado de activos, algún comentario sobre sus signos exteriores de riqueza, sus vínculos con IDL, todo esto y más son inventos del Sodalicio. Buena coartada, pero no le servirá para siempre.
Resulta que en el caso nuestro se equivoca, pues no sólo no tengo ningún vínculo con esa organización religiosa, ni he tenido un ánimo difamatorio al comentar sus sospechosas conductas, todo lo que he escrito sobre ella se ajusta a la verdad y a un punto de vista objetivo.
Lo cierto es que el pasado 21 de septiembre fue la primera audiencia de la querella que busca que Paola Ugaz se rectifique por haberme difamado en varios medios de comunicación. La citada audiencia dejó varios temas que comentar.
En primer lugar, llamó mi atención que la señora Ugaz a la pregunta del juez de dónde trabajaba y cuáles eran sus ingresos manifestó que su trabajo era el de corresponsal del diario español ABC y tuvo muchas dificultades para explicar cuánto ganaba. Es más, nunca pudo hacerlo con precisión.
El abogado de Paola Ugaz, Carlos Rivera, al iniciar su defensa nos acusó de pretender instrumentalizar la justicia para perseguir periodistas y pretendió disminuir la gravedad de las expresiones de Paola Ugaz sobre nuestra persona, que califican como difamación y son motivo de la querella, señalando que fueron dichos coloquiales.
Luego para nuestra sorpresa hizo una larga síntesis de todas las denuncias y querellas que tenía Paola Ugaz, como si todo esto tuviera que ver con el hecho de haberme difamado y pasó a desarrollar una especie de teoría conspirativa en que imaginaba todo un tinglado de medios y personas dispuestos a conspirar contra Paola Ugaz. Y se pregunta Rivera teatralmente: ¿Por qué Paola Ugaz es tan importante? ¡Paola Ugaz no es un demonio! ¡Es solo que está realizando una investigación sobre el Sodalicio y por eso hay que demolerla! Y sigue con su teoría conspirativa.
Finalmente termina su lamentable intervención. Rivera cierra su perorata con frases lastimeras de victimización, grandilocuente y teatral introduce temas que no tienen nada que ver en el caso. Pretende voltear las cosas y lejos de defender a la acusada quiere pasar a la ofensiva convirtiéndose en acusador y mencionando una serie de hechos y publicaciones posteriores a la querella, incluso de otras personas y pretende atribuirme esa responsabilidad. Impostadamente lee una serie de tuits que no tienen ninguna relación con el caso.
Ese es Rivera, abogado de IDL y otrora defensor de terroristas, que me agrede verbalmente, ahí mismo en presencia del juez. Vuelve a soltar una sucesión de adjetivos pretendiendo encasillarme, me llama perverso, indigno, machista, misógino…
Luego viene la intervención de Paola Ugaz. Tuvo expresiones sorprendentes. Por ejemplo, dijo textualmente que LA ABEJA es el tipo de medios que deben ser llevados ante la justicia y censurados. Salió su verdadera personalidad, en el fondo, como todo izquierdista, es partidaria de la censura.
Luego dedicó varios minutos a buscar la conmiseración del juez diciendo que en mis redes sociales y en La Abeja había llegado al extremo de meterme con sus hijos. Otra falsedad. En La Abeja no se ha publicado absolutamente nada sobre sus hijos. Únicamente, en un tuit hice mención a que la señora Ugaz muestra signos exteriores de riqueza, al tener a sus dos hijos en el colegio más caro de Lima, con una pensión mensual de 1400 dólares por cada uno, asunto que no deja de sorprender, más aún luego de la audiencia en que declaró que su trabajo era en el ABC y no fue capaz de mencionar cuánto ganaba en ese empleo. Salvo que lo denunciado por Expreso se confirme.
La audiencia terminó. Pero Ugaz siguió con su drama. Ha recorrido varios medios. Ha buscado respaldo de diversas instituciones, ha movilizado una red internacional de contactos para que se pronuncien avalando sus fantasías. Personalmente ya he sido contactado de dos oenegés norteamericanas para preguntar sobre el hecho. Todo esto con el único afán de presionar al juez. De generar un ambiente mediático que lo condicione a fallar a su favor. Incluso Kate Harrison la progre embajadora británica tuiteó solidarizándose con Ugaz y Pedro Salinas. Esto último muy lamentable, ya que compromete a su embajada al inmiscuirse en asuntos que no le competen, cosa que viene haciendo hace tiempo. Ya la hemos visto antes apoyando la ideología de género.
Esta tournée de presión mediática sobre el juez llegó a su momento cumbre cuando Rivera, Ugaz y Salinas montaron una conferencia de prensa para denunciar un supuesto reglaje en su contra entre otros delirios y fantasías.
Rivera inició la conferencia hablando de los que quieren demoler a Salinas y Ugaz y luego soltó la bomba: ¡Paola Ugaz ha sido amenazada de muerte!
La supuesta amenaza es en Instagram donde algún bromista de mal gusto ha posteado algo relacionado al Charlie Hebdo. Curiosa y coincidentemente esta “amenaza” les cae como anillo al dedo para poder reforzar su papel de víctimas.
El mecanismo está muy claro ante un problema judicial, se pone en marcha todo un tinglado que incluye medios, personajes del mundo caviar, algunas organizaciones internacionales para así hacer notar al juez con quien se está metiendo.
Esta especie de extorsión debe terminar. No se puede permitir que los medios invadan la agenda judicial y menos aún que se busque una justicia mediática como resultado del linchamiento de quienes osan cuestionar la seriedad y los métodos de cierto sector de la prensa y sus aliados desde las oenegés.