Archivo por meses: Agosto 2011

En defensa de la PUCP

Castel Gandolfo
Por Francisco Bobadilla Rodríguez- Diario El Tiempo de Piura
La Universidad Católica (PUCP), o simplemente “la Católica” como la llamábamos, es noticia de portadas en estos días. Lo último ha sido el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana que invoca a la PUCP a atender a las modificaciones de su Estatuto solicitada por la Congregación para la Educación Católica a fin de adecuarse a la legislación eclesial vigente. La respuesta de las autoridades en función ha sido de reserva y rechazo a espera de los resultados de una Asamblea universitaria convocada para fines de septiembre. En cuerda separada continúa la discusión jurídica, ganada por el Arzobispado de Lima, por la que se restituye su participación en una junta administradora de los bienes donados por José de la Riva-Agüero, por ser ésta su última voluntad testamentaria.
Estudié en la Católica la carrera de Derecho a finales de los setenta. Volví a sus aulas a inicios de los noventa cuando empezaban los primeros cursos de maestría. La Católica ha sido dos veces mi alma mater. La Facultad de Derecho de mi época universitaria contaba con buenos profesores, entre clásicos y los que llamábamos los “Wisconsin boys”. Marcial Rubio enseñaba Introducción al Derecho; Felipe Osterling, Obligaciones; César Fernández Arce, Sucesiones; Jorge Avendaño, Reales y Garantías; Fernando de Trazegnies, Filosofía del Derecho y Responsabilidad Civil Extracontractual; Guillermo Velaochaga, Deontología Forense; Manuel de la Puente, Contratos, etc. No era la época del internet ni de los blogs ni de las redes sociales, lo que había eran periódicos murales, unos pizarrones que los alumnos utilizábamos como medios de expresión. Junto con un par de amigos, creamos nuestro mural. Lo llamamos “Fons iuris” y allí escribíamos de lo humano y de lo divino.
La política se vivía con entusiasmo, pero sin apasionamientos ni violencia. El Centro Federado de Derecho era de derechas, igual que el de Ingeniería. A Letras se le daba por la izquierda. La simpatía por el PPC era muy grande y se cuidaba, entre los estudiantes, que la Facultad permaneciera al margen de huelgas o manifestaciones anti sistema. La distancia con Letras estaba marcada hasta en el curso de Teología que llevábamos. Lo dictaba el jesuita Francesco Interdonato, ajeno al progresismo liberacionista de sus otros colegas. En sus clases me enteré de Karl Barth y sus exposiciones tenían un aire de existencialismo cristiano. En “Fons iuris” predominaba el amor a la escritura. Las preferencias políticas no empañaban el trabajo. Había simpatizantes apristas, democristianos, pepecistas. Éramos mirados como de centro derecha. Mi promoción, no obstante la distancia que la mayoría podía tener por la Democracia Cristiana, tuvo el buen gusto y la gallardía de nombrar a Cornejo Chávez –nos enseñó Familia- como padrino. Un claro pluralismo, nada sectario, con un predominio de la tradición liberal.
¿Significaba mucho lo de “católica” para nosotros? Muy poco. Pesaba el prestigio de la Universidad y no perdíamos el sueño tratando de entender qué pudiera significar “pontificia y católica”. Más aún, sabíamos que pasar por Letras era, en muchos casos, oír el discurso de la izquierda de moda, sazonada por el liberacionismo de algunos sacerdotes que allí enseñaban. El paso por Letras no era, precisamente, crecer en Fe o acceder al más profundo acervo de la cultura cristiana. No obstante, nos sabíamos miembros de una buena universidad. Lo veíamos así en la figura de muchos de nuestros profesores y en las instalaciones del conjunto, aún cuando las casetas que ocupábamos eran más bien precarias.
Ha pasado el tiempo y sigo recordando con regocijo mis años universitarios en la Católica; considero que no le ha sentado nada mal el título de Pontificia y Católica, aunque haya sido a media asta. Me pongo a pensar en el espíritu de sus fundadores (el padre Dintilhac, Raimundo Morales, Jorge Velaochaga) o en el de sus ilustres benefactores (José de la Riva-Agüero, Víctor Andrés Belaunde) y pienso que estarían de acuerdo con Benedicto XVI quien en la Jornada Mundial de Juventudes en Madrid recordó a los jóvenes que “seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. Quien cede a la tentación de ir “por su cuenta” o de vivir la fe según la mentalidad individualista, corre el riesgo de acabar siguiendo una imagen falsa de Él”. Lealtad, pues, a una Persona y a unos principios. Identidad consistente y no líquida como parece ser la voluntad de las actuales autoridades de la PUCP.
El pluralismo en el que me eduqué no lo veo peligrar por la identidad cristiana de la PUCP -después de todo, las universidades nacen al abrigo de la Iglesia-, sino por la intolerancia actual de algunas de sus autoridades que han magnificado riesgos y fabricado fantasmas, falseando la identidad y la imagen de la universidad. La Universidad Católica es toda su historia. Defenderla es confirmar aquello que tiene, precisamente, de Pontificia y Católica en comunión con la Iglesia y sus pastores. Las autoridades pasan, quedan las instituciones. Sería un error desgajarse de la vid.

Natale Amprimo Plá

Natale Amprimo Plá
Entrevista de Jaime Cordero- Diario El Comercio
¿El Arzobispado de Lima quiere tomar el control de la PUCP?
No. La universidad está administrada por sus autoridades, elegidas conforme corresponde. Pero al ser pontificia y católica, la Sagrada Congregación para la Educación Católica tiene participación y voz. Por eso la figura del gran canciller, que garantiza los valores católicos, que son los que la universidad busca promover y que motivaron su fundación. En modo alguno puede entenderse esto como interferencia al ejercicio de derecho de cátedra o al manejo de la universidad. Pero sí hay participación de la Iglesia en algunos actos imprescindibles para garantizar esa línea de desarrollo, que la Iglesia busca en una universidad que le pertenece.
¿Elegir al rector no es acaso asumir el control?
Hay que señalar que desde que la universidad se funda le corresponde al arzobispo de Lima ratificar a sus autoridades. Su carta orgánica –es decir, su partida de nacimiento– dice que ninguna designación será válida en tanto el arzobispo no la ratifique. Eso dicen todos los estatutos que fueron modificados en conformidad con la Santa Sede, y no es ajeno a lo que ocurre en otras universidades pontificias y católicas. Lo que se plantea es que la asamblea proponga una terna, que el gran canciller elija a una persona y esta sea sometida a Roma para que sea el Papa el que designe. No es el cardenal el que elige, es el Papa. Aquí lo que se está cuestionando es la autoridad del Sumo Pontífice, lo cual es muy grave, porque todos los católicos le debemos obediencia al Papa.
¿Y si ninguno de los candidatos es del agrado del gran canciller?
Lo que se propone es que hay que elegir entre los tres. ¿Y qué podría pasar si en Roma no lo aprueban al designado? El Papa no es una mesa de partes, emite opinión. Si es rechazado, evidentemente, habría que elegir a otro.
El rector entonces tiene que ser necesariamente católico…
El rector tiene que hacer una profesión de fe, como han venido haciendo todos, salvo los últimos dos, que no han sido ratificados.
¿Un divorciado podría ser rector de la PUCP?
En la medida en que sea católico, yo no veo impedimento. Pero quizá yo no soy la persona más adecuada para contestar la pregunta. Lo que se busca con esta forma de elección es que la persona que dirija la universidad guarde relación con la Iglesia.
¿La universidad ha perdido ese vínculo con la Iglesia?
No creo que se haya perdido del todo, pero si la universidad decide no hacerle caso al Papa, evidentemente se pone al margen de la Iglesia. Esperemos que no se llegue a ese nivel. Hemos demostrado que las observaciones de la Santa Sede no son novedad. Puedo mostrarle cartas del cardenal Vargas Alzamora en las que señala que se está cambiando el estatuto, se está diluyendo la relación con la Iglesia, y que eso no es conveniente. Se ha dicho que la reforma del estatuto contó con el beneplácito de Vargas Alzamora, y eso es falso.
¿En qué momento se empezó a perder el nexo con Roma?
Hay algunos momentos, como cuando el cardenal Landázuri renuncia a ser gran canciller debido a un tema vinculado con un profesor. En esa situación se van avanzando reformas estatutarias. Por ejemplo, la universidad estableció la formación de la asamblea y le dio una participación minoritaria a la Iglesia, que es la institución fundadora, cuando no se puede variar el estatuto sin la aprobación de Roma. De esa manera se fue diluyendo el vínculo, y la Iglesia, con toda paciencia, ha buscado corregir y regularizar. Ha habido autoridades, como el ex rector Guzmán Barrón, que han reconocido la situación irregular y han buscado solucionarla, pero con dilaciones que llevan a pensar que en el fondo no hay ánimo de hacerlo. La carta de Guzmán Barrón es de 1990, han pasado 21 años y la PUCP no se adecúa.
Alumnos y ex alumnos están inquietos con la idea de que si se modifica el estatuto la PUCP se va a convertir en un reducto del catolicismo conservador…
Eso es absolutamente falso. Lo que se quiere es crear fantasmas y miedos para ocultar lo evidente: que las autoridades de la universidad han actuado de forma incorrecta. ¿Se dice que se va a convertir en una universidad del Opus Dei? Pues pregunten si en las universidades manejadas por el Opus Dei hay pluralidad o no. Aquí no van a variar los currículos o los profesores, en absoluto. Más bien, lo que estamos viendo es una universidad que se dice plural y en los hechos no lo es. Convocan a un seminario para discutir el testamento de Riva Agüero e invitan solamente a los abogados que defienden su posición, no a la parte contraria. Pregunte usted si es posible hallar en la universidad la explicación desde el punto de vista eclesiástico del tema estatutario. Es imposible.
Digamos que se llega al extremo de que la asamblea decida renunciar a la condición de católica y pontificia. ¿Qué pasaría entonces?
Si la universidad no acata las decisiones del Sumo Pontífice, la Iglesia tomará acciones en defensa de sus derechos y de su patrimonio. Si la universidad deja de ser católica, bajo mi óptica incurre en causal de disolución. Lo que motivó la fundación de esa universidad es su catolicidad. ¿Podría la asamblea mañana declararse mormona, adventista, musulmana? Es absurdo, no solo desde el punto de vista jurídico, también lógico, elemental. ¿Qué formación jurídica se puede estar dando con ese tipo de declaraciones? Si tuviera un hijo estudiando Derecho en la PUCP, estaría muy preocupado.
¿Qué pasaría con el patrimonio de la universidad?
No se olvide que el Vaticano es un Estado independiente y podría recurrir a los tribunales nacionales o internacionales. Lo que no va a ocurrir es que un grupo de personas se burle del Santo Padre y de la Iglesia Católica.
¿Por qué justo ahora estalla este problema, si durante años se llevó con un perfil más bajo?
No es justo ahora. Han pasado 21 años. No se puede mecer tanto tiempo a la Santa Sede. Durante mucho tiempo han dicho que tienen voluntad de regularizar, han ido estirando el chicle, hasta que ya se rompió.
¿Ha tenido algo que ver el conflicto por el legado de Riva Agüero?
Nada que ver. Ese conflicto lo generó la universidad, por si acaso. Fueron las autoridades de la PUCP las que llevaron el tema al Poder Judicial.
¿Se está honrando el testamento de Riva Agüero?
No, en absoluto. Ni se quiere honrar. Cuando el señor rector le dice al cardenal que para dialogar primero este tiene que renunciar a la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que está diciendo es: “No quiero cumplir el testamento de Riva Agüero”.
¿De qué tendrían que hablar el rector y Cipriani, si este problema supuestamente es con el Vaticano?
No se olvide que el representante del Papa en la universidad es el gran canciller.
¿Pero hay margen para negociar o se tiene que acatar nada más lo que dice el Vaticano?
Bueno, hay margen para conversar. Pero si se ponen condiciones absurdas, como la de renunciar a hacer cumplir la sentencia del TC, ¿de qué pluralidad estamos hablando? Hay gente que es plural de la boca para afuera nada más.
¿Tienen algo que temer los profesores, los alumnos?
En absoluto.
¿Nada va a cambiar en la PUCP si se modifica su estatuto?
Nada, nada. Por eso es extraña la reacción de las autoridades. Ahora, cada quien es dueño de sus temores y sus miedos. No sé qué miedos serán. Pero respecto al profesorado y al alumnado, yo más bien creo que las cosas mejorarían.
¿Cómo podrían mejorar?
Por ejemplo, la junta de administración del patrimonio de Riva Agüero podría determinar que lo que producen esos bienes sea utilizado para construir un lugar en el que vivan los alumnos de provincias. Podría establecer un programa de premios a los mejores profesores, para que sean los docentes elegidos por los alumnos los galardonados, y no los amigos de las autoridades. En fin, un sistema distinto.
¿Usted cree que el legado de Riva Agüero no se está usando para fines educativos?
No puedo afirmar eso. Sí le puedo decir que si la junta de administración de los bienes de Riva Agüero funcionara, la persona designada por el cardenal estaría orientada a generar apoyo a los alumnos más necesitados y pensiones más bajas para ese sector. Yo creo que el gran problema de las autoridades de la PUCP es que creen que su universidad es excelente porque no es mala. Y podría ser mejor, muchísimo mejor.
¿Habría sitio para una cátedra de teología de la liberación en la PUCP si cambia el estatuto?
Mire, esa es otra versión equivocada. Se dice que se implantará el oscurantismo, que las mujeres no podrán usar minifalda, que no se podrá mascar chicle. Esas son tonterías. La misma “Ex Corde Ecclesiae” [N. de R.: La constitución apostólica de Juan Pablo II sobre las universidades católicas] admite la posibilidad de discutir incluso ideas opuestas a la concepción católica, evidentemente con respeto.
¿Entonces, todo este conflicto ocurre porque Cipriani es el arzobispo?
No. Esto, ya lo he señalado, no arranca con Cipriani.
Pero los antecesores de Cipriani digamos que se hicieron de la vista gorda…
No. Yo creo que Roma estaba al tanto, pero creía que las demoras eran de buena fe, naturales. La realidad es que es evidente la voluntad de no cumplir. Ya se acabaron todos los cuentos. Ahora tienen que acatar.
¿Hay antecedentes de otras universidades a las que el Vaticano haya retirado la condición de católicas?
Sí, sí hay.
¿Y en esos casos la universidad se disuelve?
Depende de lo que decida la Iglesia. Y dependerá de si es una universidad ligada desde su fundación a la Iglesia, como es el caso de la PUCP. La PUCP no es pontificia y católica porque está inscrita así en Indecopi, como se ha dicho por ahí, con bastante orfandad jurídica. Lo es por su naturaleza. Esos no son títulos que uno puede cambiar como si fueran chapitas.
¿Entonces, podría suceder que el Vaticano disuelva la universidad, si la asamblea no acepta los cambios?
Bueno, podría… mire, no quiero cruzar el puente antes de tiempo. Lo que puedo decir es que, si la universidad no acata lo que dice Roma, tenga la plena seguridad de que la Iglesia hará valer sus decisiones. Tiene los caminos legales y sabe cómo actuar.

Pepi Patrón

Pepi Patrón
Diario 16- Entrevista Diego Hernández
Todos los sectores de la PUCP se han manifestado en contra de modificar los estatutos, ¿qué va a pasar después del viernes 23?
Nos están pidiendo, por ejemplo, que el Gran Canciller sea el que elija a nuestro rector. Pero tu lees toda la Constitución Ex Corde Ecclesiae a la que se supone nos estamos adecuando y en ningún lugar de todo ese mamotreto dice tal cosa. O sea, nos piden que vayamos más allá de la propia Constitución Apostólica.
De no adecuar los estatutos, ¿se puede quitar ‘Pontificia’ y ‘Católica’?
Sí, de poder, ambos (El Vaticano y Cipriani) podrían hacerlo.
¿Se imaginan sin nombre?
Hemos pensado en eso. No queremos apresurarnos, pero es una posibilidad. Lo que sí tenemos claro es que el cambio de nombre, en el caso que le quiten uno o dos adjetivos, no significa cambiar nuestra naturaleza.
¿No habrá diálogo?
Nos encantaría, y te lo digo con toda franqueza, ir a El Vaticano y decirles por qué no queremos cambiar nuestros estatutos. Lo que pasa es que ahorita, él (Cipriani) nos manda la propuesta de El Vaticano con su logo. Entonces nos está diciendo: “Ustedes a El Vaticano, nada, ustedes hablan conmigo”.
Entonces, no habrá diálogo con Cipriani de acá al viernes 23…
Muy difícil. Después de 12 años de acoso, de escribir en todos nuestros títulos de propiedad la sentencia del TC, cómo te invita al diálogo alguien que te ataranta con todos los mecanismos posibles.
¿Es algo personal de Cipriani?
Yo no sé. O quizás es costumbre y pasa en otras universidades. Pero no hay nada en la propia Constitución que nos pida eso. Una de las propuestas de la reforma es que el Arzobispo de Lima pueda cuidar de la buena conducta moral de los profesores, de los estudiantes y de los trabajadores administrativos. Entonces, cuando miras la carta que envió el obispo de Arequipa, Javier del Río, te dice “este profesor es feminista, qué hace enseñando ahí”. Y Del Río es uno de los que el cardenal Cipriani menciona como alguien con el que podemos dialogar.
¿Por qué se produjo ese enfrentamiento mediático entre el rector Rubio y el cardenal Cipriani?
Recibimos la propuesta de El Vaticano, la guardamos y citamos a una asamblea. Ese día se lo entregamos a los 78 miembros; fue un viernes. Pero ese día en la edición de El Comercio ya estaba todo y nos molestó mucho. No fuimos los que iniciamos la cosa mediática.
Fue Cipriani entonces…
Obviamente, porque de nuestro lado solo cuatro personas sabían del tema.
¿Todo el alboroto mediático había sido bien planificado por Cipriani?
Ha habido de parte del equipo de abogados del cardenal una presión mediática. Nosotros todavía estábamos discutiendo en la asamblea y ya estaban Natale Amprimo y Fernán Altuve declarando en la radio que éramos un bien eclesiástico y el padrecito Gaspar igual. Estaba todo planificado y organizado.
¿Hay algo de verdad en lo que dice Cipriani o son puros disparates?
Hay un tema que es discutible y por eso estamos en un juicio que es la interpretación testamentaria de Riva Agüero. Nosotros decimos que nos hace propietarios absolutos y hay otro testamento que dice que debe ser propiedad de una junta administradora. Afirman que somos un bien eclesiástico. Eso sí es jalado de los pelos. Decir que nos van a disolver, que nos van a quitar nuestros bienes, que devolvamos los edificios, no, pues.
¿Desde cuándo empieza el problema con el cardenal?
Mira, a Cipriani lo nombran obispo de Lima y, por lo tanto, Gran Canciller de la Católica en diciembre de 1998, y ahí comienza el tema de los estatutos, de la junta administradora. Dijo un par de años antes cuando todavía era obispo de Ayacucho que “el gobierno militar de Velasco le quitó la PUCP a la Iglesia y yo la voy a recuperar”. Nos llamó mucho la atención porque el gobierno de Velasco no confiscó nada. Entonces ya había algo extraño ahí.
¿Qué significó esa declaración?
Eso fue como una especie de declaración de guerra anunciada sin ser todavía Arzobispo de Lima ni Gran Canciller. Creo que tiene que ver con la orientación ultraconservadora que Cipriani representa en el Perú y en el mundo. El Opus Dei es uno de los sectores más conservadores de la Iglesia. Si tú ves, los grupos que lo apoyaron el año pasado en una carta son el Sodalitium Vitae, con problemas de pedofilia y corrupción, los Neocatecúmenos, la Iglesia Santa y Avanzada Católica, que son ultraconservadores.
¿Cómo te imaginas a la PUCP bajo el poder de Cipriani?
Mira, ya tenemos una lista de 7 profesores que tendrían que salir volando, según el obispo Del Río, y tú te imaginas en una universidad gobernada por el Opus Dei si va a haber un colectivo de gays estudiantiles o un diploma de género, imposible. Yo me imagino eso y me dan ganas de llorar. En una universidad del Opus Dei yo no quepo, ni cabe el diploma de género, ni cabe el sindicato.
¿Tú le crees algo cuando sale a hablar por los medios de comunicación?
No le creo nada. O sea, le creo que tiene fe, le creo que es sacerdote. Pero cuando dice con cara de puchero que quiere dialogar, no le creo. En mi opinión, no se comporta como un pastor de la Iglesia, pues usa un programa de radio para decirle ladrón al rector.

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Ordenamiento territorial con macroregiones transversales

Descentralizacion
El Presidente Ollanta Humala aseguró que para desarrollar el país es necesario un nuevo proceso de regionalización para formar macroregiones transversales. En este sentido dijo que la frontera más importante del Perú es Brasil, la octava potencia mundial, que tiene proyección de salir desde Manaos a través de Yurimaguas para llegar a Paita en el Océano Pacífico.
“Loreto, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura y Lambayeque integrarían la macro región Norte”, manifestó durante su exposición el 18 de marzo de este año en el evento Tiempos de Afirmación Democrática, organizado por Ideele Radio, y donde participaron más de un centenar que periodistas.
El gobierno peruano anunció que impulsará la creación de macroregiones “autosuficientes económica, política y socialmente”.
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, señaló que con ello se persigue acabar con la delimitación territorial de 24 departamentos. “No podemos seguir teniendo departamentos pobres y ricos, no podemos seguir fraccionando la demarcación del territorio nacional”, afirmó Lerner.
El funcionario precisó que este proceso se hará mediante previa discusión democrática con cada gobierno regional “desde abajo y no hacer una reforma, un cambio de la demarcación del territorio desde arriba. Eso creo que es inviable”.
El impulso que le dará el Gobierno a la creación de macroregiones transversales: macronorte amazónica, macrosur, centro sur, centro andino-Lima y Callao; obtuvo el respaldo mayoritario de las regiones.
El presidente de La Libertad, José Murgia, se mostró de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, pero indicó que, para lograr una consolidación económica y territorial, es indispensable que primero se mejore la infraestructura vial con el fin de que exista interconexión entre los pueblos.
El presidente regional de Piura, Javier Atkins, y el vicepresidente regional de Lambayeque, Juan Pablo Horna, dijeron que la propuesta es acertada. Atkins añadió que ello le permitirá al Estado ahorrar dinero y priorizar las obras según la importancia.
A su turno, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, manifestó que el proyecto del Ejecutivo apunta a fortalecer la descentralización y derrotar la pobreza.
El único que se opuso fue el presidente de Tumbes, Gerardo Viñas, quien calificó la propuesta como un “absurdo” pues se les daría prioridad a las grandes regiones.

Juntas Coordinacion Interregional

El Secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Manuel Dammert, explicó que uno de los principales desafíos del Gobierno es consolidar las macroregiones: “Los desafíos con muy claros. En estos cinco años tenemos que consolidar las macroregiones. Hay posibilidades justamente de hacer todas las acciones territoriales que permitan integrar infraestructuras, energías urbano – regionales, consolidar la unidad de los pueblos”, indicó.
“Además de consolidar las macroregiones, hay que lograr que los niveles de gobierno funcionen adecuadamente en su competencia”.
En ese contexto, dijo que el Gobierno proyecta dotar de autonomía fiscal a las regiones para darles mayor facultades y tener una mejor ejecución presupuestal.
“De lo que se trata es de que el Estado sea descentralizado, pero unitario, ése es el punto central. Buscar que se haga una verdadera reforma descentralista”, explicó Dammert.

Cesar Villanueva

César Villanueva Arévalo, presidente regional de San Martín, informó que junto con Amazonas y La Libertad se conformaría una macrorregión en el período de gobierno 2011 – 2014, a la cual podría sumarse Cajamarca.
“Seguimos con la idea de impulsar el proceso de integración, que empezó como piloto con Amazonas y luego avanzó formando una mancomunidad con La Libertad, a la que también se integraría Cajamarca”, declaró.
Dijo que la invitación a las autoridades cajamarquinas fue extendida y se mantienen a la espera de la ratificación de una respuesta positiva. Con el nuevo titular de Amazonas hubo ya una comunicación favorable.
“Existe mucha motivación para darle continuidad a este proyecto. Los avances son lentos pero hay optimismo. No se busca forzar las cosas, sino que éstas se den paso a paso”, manifestó la autoridad regional.
Señaló que una de sus propuestas, encaminadas a evitar estancamientos en el proceso, es que la nueva macrorregión no tenga una sola cabeza sino que sea dirigida por un directorio de presidentes regionales.
“También estamos planteando que no exista una sola sede, sino que la sede esté en cada una de las regiones, con lo que romperemos el mito del centralismo que se repite en las capitales de región”, enfatizó.
Sostuvo que ello, sumado, a proyectos de inversión comunes como las vías de integración desarrollo social, permitirá que la opinión pública tenga un mejor concepto de la regionalización y la apruebe mediante voto popular.
Mencionó que si bien aún no hay fecha tentativa para concretar la unión como macrorregión, se trabajará el tema en el período de gestión 2011 – 2014. La reunión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sería la ocasión para conciliar ideas con sus similares de Amazonas, La Libertad y Cajamarca.
Fuente: Diario Perú 21, La República, RPP y Agencia Andina.
Víctor Caballero Martín
El pedido del líder aymara Walter Aduviri Calizaya, para que no se desarrolle alguna actividad minera en Puno es no negociable, sostuvo Víctor Caballero Martín, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Fue al referirse a las declaraciones del también titular del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno quien dijo que “no habrá minería en el Altiplano” y quien pidió además la renuncia del ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke por desconocer su representatividad.
“Eso no se negocia [el pedido de no minería], nosotros [en el Gobierno] tenemos que hablar con los líderes representativos de la población, con las autoridades legítimamente elegidas por la población, con los presidentes de las comunidades campesinas”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“El error que se comete es empoderar a los grupos radicales en el diálogo y devaluar la autoridad de los presidentes regionales, alcaldes, gobernadores, y presidentes de las comunidades. El haber empoderado a esos grupos radicales que no tienen lealtad al país, ni a ningún tipo de demanda popular ha terminado por fortalecer este tipo de acciones”, expresó.
Caballero Martín argumentó que muchas veces los pobladores se equivocan al otorgarles poder y representación a los líderes de organizaciones radicales y no a sus autoridades locales. Indicó que muchos de estos dirigentes no utilizan los canales de diálogo apropiado, sino que tratan de imponer sus propias decisiones con el empleo frecuente de la violencia como herramienta.
“Eso [el pedido de renuncia del ministro del Ambiente] es el resultado de haber empoderado a grupos que no representan a la población, por ejemplo, el error en Puno es haber evitado el diálogo con el presidente regional o haberlo dejado de lado, cuando las autoridades legítimas con las cuales había que dialogar eran los alcaldes provinciales y el presidente regional. […] Sustituir a estas autoridades y darles poder a este tipo de grupos es volver a repetir este círculo vicioso de violencia que ha vivido el país”, señaló.

Fuente: Ideeleradio. Sigue leyendo

Terrorismo internacional

Terrorismo Internacional
Según A. P. Schmid, el terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo clandestino o por agentes del estado, por motivos ideológicos, criminales o políticos.
Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) en una población objetivo, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza, y en la violencia, entre el terrorista (la organización terrorista), las víctimas puestas en peligro y los blancos principales son usados para manipular a las audiencias, convirtiéndolas en blanco de terror, de demandas o de atención, según que se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda.
El terrorismo internacional se practica con la deliberada intención de afectar la estructura y distribución del poder en regiones enteras del planeta o incluso a escala misma de la sociedad mundial, intimidando gravemente a la población. El terrorismo internacional tiene actores individuales y colectivos que han extendido sus actividades por un significativo número de países o áreas geopolíticas.
Los EEUU están afectados por los dos tipos de terrorismo, tanto el interno como el externo. El terrorismo motivado en contra del régimen norteamericano y efectuado por ciudadanos norteamericanos, es de reciente aparición.
El ejemplo clásico es el atentado en Oklahoma City del 19 de abril de 1995. Sin embargo este atentado inusual, reveló la existencia de un gran número de estadounidenses inconformes con su propio gobierno.
La controvertida elección de George W. Bush en el año 2000, y las oscuras relaciones de negocios entre su padre y la familia de Osama Bin Laden, constituye el transfondo político del atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York (11 de septiembre de 2001).
Existen relaciones estrechas entre el terrorismo realizado por ciudadanos y el terrorismo de Estado, siendo uno la justificación ideológica del otro:
• Motivos ideológicos, criminales o políticos
• Métodos, armamento, financiamiento
• Objetivos: intimidación, coerción, propaganda

Conferencia UNMSM

También en el Perú, durante las décadas de los 80 y 90 (siglo XX), surgieron los siguientes grupos terroristas:
1. Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, PCP-SL), es una organización de tendencia maoísta. La meta de Sendero Luminoso era reemplazar las instituciones estatales peruanas con un régimen revolucionario comunista de Nueva Democracia. Desde la captura de su líder, Abimael Guzmán Reynoso, en 1992, sólo ha tenido actuaciones esporádicas. La ideología y las tácticas de Sendero Luminoso han tenido influencia sobre otros grupos insurgentes de corte maoísta como el Partido Comunista de Nepal y otras organizaciones afiliadas al Movimiento Revolucionario Internacional. Ampliamente condenado por su brutalidad, que incluye violencia aplicada contra los campesinos, dirigentes sindicales, autoridades elegidas y la población civil en general, es considerada una organización terrorista por el Estado Peruano, además de la Unión Europea y Canadá los cuales prohíben proveerle de fondos u otro apoyo financiero. Además Sendero Luminoso está en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
2. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fue liderado por Víctor Polay Campos, y tras su captura y encarcelamiento en Julio de 1992; por Néstor Cerpa Cartolini, hasta su muerte en abril de 1997 durante el asalto a la residencia del embajador de Japón. En diciembre de 1996 un grupo armado de sus miembros tomó la residencia del embajador japonés en Lima, capturando a 600 rehenes pertenecientes a los sectores más encumbrados de la vida política y económica peruana, en lo que fue la última gran acción terrorista en la historia del Perú. El hecho tuvo como desenlace el asalto de la embajada por fuerzas especiales del ejército, en la Operación Chavín de Huántar. Durante el asalto murieron los 14 terroristas, 1 rehén y 2 comandos en el operativo militar llevado a cabo para liberar a los 72 rehenes que permanecían cautivos.
3. Comando Rodrigo Franco: los asesinatos del abogado Manuel Febres Flores (conocido defensor de casos de terrorismo) y del líder sindical Saúl Cantoral Huamaní, fueron llevados a cabo por integrantes de este escuadrón de la muerte, quienes se autodenominaron con el nombre de un miembro del APRA considerado honorable a carta cabal.
4. Grupo Colina: operó durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, a inicios de la década de 1990. El grupo fue dirigido por el capitán del Ejército Santiago Martín Rivas. El grupo fue parte de una estrategia denominada guerra de baja intensidad del gobierno de turno (Barrios Altos, La Cantuta). Sus integrantes aprovecharon el grupo para realizar todo tipo de venganzas personales como el asesinato de Mariela Barreto, las torturas a Leonor La Rosa, y la persecución política generalizada.
5. El narcoterrorismo, es el obstáculo más importante para implementar la descentralización en Regiones como Loreto, San Martín, Amazonas, Huanuco, Junín, Ucayali y Ayacucho. Comandos de aniquilamiento del narcoterrorismo, actúan en las cuencas del Huallaga y el Valle del Río Apurímac.
El crecimiento de la agricultura cocalera, así como la elaboración de pasta básica de cocaína (PBC) y cocaína; han generado segmentos sociales, así como poderes locales distritales y provinciales, cuya actividad ilícita requiere de la protección que realizan destacamentos armados. Estos grupos también atentan contra los ecosistemas agrícolas, arrojando los residuos de sus insumos a los ríos; y utilizando sistemas convencionales de corte y quema en bosques de protección de la Ceja de Selva.
Son métodos terroristas: a) los atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte; b) los atentados contra la integridad física de una persona; c) el secuestro o toma de rehenes; d) las destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos, o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) el apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas; g) la liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; y la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas.
Los terroristas han utilizado habitualmente armas cortas o semiautomáticas. Algunos grupos integristas como Hezbolá han llegado a tener misiles antiaéreos. También es muy común el uso de bombas caseras de potencia variable, llegando a usar en algunos casos el propio cuerpo de los terroristas como vector de aproximación de la bomba.
Cuando lo que se ha pretendido es un magnicidio a una distancia segura de su dispositivo de seguridad se suelen utilizar rifles con mira telescópica. Los tipos de bomba más comunes suelen ser: cócteles molotov, bombas con temporizador o activables a distancia, bombas trampa, granadas de mano; e incluso armas de destrucción masiva biológicas y químicas.

Expositor y participantes

Estrategia democrática antiterrorista: inteligencia, información, captura del aparato central
Para que una estrategia antiterrorista tenga éxito debemos considerar estos cuatro principios:
1. Que tenga un objetivo político muy claro, con el gobierno en su conjunto funcionando de acuerdo a la ley;
2. Muy organizada, particularmente en el campo de la inteligencia;
3. Que acentúe el aspecto de relaciones públicas y mantenga informada a la población; y 4. Cuya prioridad en el ataque este dirigido contra la infraestructura terrorista y no contra sus unidades operativas.

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Sobre los Estatutos de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Conferencia Episcopal Peruana
Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana
Los Obispos del Perú, reunidos en Asamblea General, después de haber tomado conocimiento de diversas declaraciones vertidas en los medios de comunicación social con relación a las correcciones que por indicación de la Santa Sede se deben hacer a los Estatutos que el Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) presentó para su aprobación por la Congregación para la Educación Católica, de la cual dependen todas las universidades católicas del mundo, comunicamos lo siguiente:
1. Conforme al ordenamiento legal vigente no hay impedimento para que en los Estatutos de la PUCP se incorporen los cambios dispuestos por la Santa Sede, cuya finalidad es garantizar la identidad, fidelidad y actuación católica de esta universidad, para lo cual fue fundada, sin perjuicio de la correcta autonomía universitaria ni de la correspondiente libertad de cátedra, en el marco de la norma del Derecho.
2. En cumplimiento de nuestro deber de velar por el bien de la PUCP, invocamos a sus autoridades y a toda la comunidad universitaria a que acojan las indicaciones de la Congregación para la Educación Católica, en la certeza de que la Iglesia, Madre y Maestra, garantiza, para el bien de todos, la naturaleza católica de cualquier institución y la orientación católica de la educación que en ella se debe brindar.
3. Exhortamos al Rector y demás responsables de la institución a restablecer la fluida relación que debe existir entre la Universidad y la Iglesia católica, de modo especial entre las autoridades de la PUCP, su Gran Canciller y la Conferencia Episcopal Peruana; al mismo tiempo que pedimos encarecidamente que no se continúe en el intento de poner a la comunidad universitaria y a la opinión pública en contra del Arzobispo de Lima.
4. Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento y respaldo al Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne en la alta responsabilidad que le compete como Arzobispo de Lima y Gran Canciller de la PUCP.

Luis Fernando Perez Bustamante

Ni Pontificia ni Católica
Por Luis Fernando Pérez Bustamante Director de InfoCatólica
Lo que está ocurriendo con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es un espectáculo dantesco en el que un rector despechado parece dispuesto a llevar a toda su comunidad universitaria hacia una especie de suicidio académico. El sentido común dictamina que si una universidad es Pontificia y Católica, la Iglesia tendrá mucho que decir sobre su funcionamiento, sobre sus estatutos y sobre la forma en que puede reflejar adecuadamente su condición confesional.
El conflicto viene de lejos. Concretamente desde al año 1991, cuando el Cardenal Cipriani advirtió a los responsables de la PUCP que debían acatar la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae del Beato Juan Pablo II, Papa, no como ellos crean que deben de hacerlo, sino como la propia Iglesia les indica.
Además se da la circunstancia de que en febrero de este año, el Tribunal Constitucional del Perú le dio la razón al arzobispado limeño en el litigio por la administración de los bienes de la universidad procedentes de una herencia.
Recientemente la Santa Sede ha dictaminado que el Arzobispo de Lima, en la actualidad el Cardenal Cipriani, tiene la potestad de proponer a Roma el nombre del rector, de una terna salida de la Asamblea Universitaria. “El Episcopado tiene derecho a participar en la vida universitaria a través del Gran Canciller“, señala el documento pontificio y establece que el rector electo otorga su “profesión de fe” al cardenal antes de ejercer el cargo.
La reacción del actual rector ha sido la de tirarse al monte y llevar a la universidad a una situación que, de no corregirse, obligará a la Iglesia a retirarle el título de Católica y de Pontificia. El rector y la cuadrilla que le apoya han llegado a sugerir que la legislación peruana les ampararía a la hora de conservar dicho nombre. Estaríamos entonces ante una situación absolutamente ridícula. Una universidad no católica ni pontificia que en su nombre indica que lo es.
El cardenal Cipriani le acusan poco menos que de ser una especie de Curro Jiménez a la peruana, un Luis Candelas limeño. Aseguran que lo que busca es apoderarse de la universidad. Convendrán ustedes conmigo en que quejarse de que un cardenal quiera intervenir en el gobierno una universidad católica y pontificia es tan absurdo y patético como quejarse de que un padre quiera intervenir en la educación de sus hijos.
Creo que va siendo hora de que a los alumnos de esa universidad se les diga claramente que van camino de licenciarse en una institución gobernada por tipos poco recomendables. Y que eso, lo quieran o no, afectará gravemente a la calidad académica de sus licenciaturas y de sus doctorados.
Está por ver, además, que los terrenos y el patrimonio inmobiliario de la universidad obtenido gracias a la herencia que don José de la Riva Agüero y Osma cedió para que una junta para administrar sus bienes con participación cardenalicia. Si esa gente no acepta la participación del cardenal, sea este o sea uno futuro, ¿a quién le corresponderá gestionar esa herencia?
Es decir, puede que “gracias” a la soberbia y despecho del rector y quienes le apoyan, la PUCP se quede sin la primera P, sin la C y sin terrenos ni edificios donde se pueda estudiar.
Una cosa es segura ya. Para que la PUCP pueda seguir siendo la PUCP, el rector Marcial Rubio debe de salir de la misma. Y si la Asamblea le sigue apoyando, que se atenga a las consecuencias. La Iglesia no puede consentir que personas así estén al frente de una universidad confesionalmente pontifica y católica. Así que cada palo aguante su vela.

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Universidad devaluada para sus graduados

Poderoso caballero
Universidad del Perú
Por Augusto Álvarez Rodrich
Y que Cipriani se quede con lo de pontificia y católica.
La última maniobra del cardenal Juan Luis Cipriani para usar al Vaticano como ganzúa para capturar la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es parte de un esfuerzo mayor de sectores conservadores para imponer un pensamiento monocorde e intolerante en el país.
El Vaticano pretende apuntalar el abordaje de la PUCP por parte de un grupo de personas que parecen –por lo que están haciendo– piratas, a través de la indicación de que se cambien los estatutos de la universidad con el fin de que el arzobispado de Lima pueda intervenir en asuntos cruciales que van desde la designación del rector hasta la identificación de un conjunto de requisitos que deben cumplir sus profesores, todo lo cual busca mellar la libertad y la pluralidad de la cátedra.
Dicho anuncio fue celebrado con bombos y platillos precisamente por los medios de comunicación que andan, desde hace tiempo, en busca del establecimiento de esa agenda, lo cual se frustró por la derrota de su candidata Keiko Fujimori, un objetivo al que Cipriani se entregó en cuerpo y alma.
En esencia, lo que se busca es nombrar como rector a alguien que convierta en noviciado a una de las mejores universidades del país, por su pluralidad, tolerancia y excelencia académica, todo lo cual no está reñido, en modo alguno, con el respeto por la iglesia católica así como por cualquier otra religión.
El uso de las palabras ‘pontificia’ y ‘católica’ pretende ser utilizado como chantaje para el abordaje de Cipriani. “¿Quieren dejar de ser católica y pontificia? Que lo dejen con sus consecuencias”, ha señalado el cardenal, dando a entender que eso significaría la pérdida del control de los inmuebles de la universidad, los cuales se los apropiaría el arzobispado.
Eso carece de asidero. Sin embargo, la bolsa o la vida parece ser el lema del cardenal Cipriani, quien es claramente un político antes que un sacerdote, cuyo accionar se caracteriza por maniobras tan subalternas como los objetivos que persigue.
El riesgo es que la PUCP caiga en manos de fuerzas políticas que pretenden imponer una sola visión y la demolición de todas las que se le opongan. Eso es lo que está en juego en todo este litigio entre la universidad y el cardenal.
Los mecanismos para lograrlo están en el terreno judicial y, ahora, en una ordenanza del Vaticano. Pero eso es la apariencia, pues en el fondo el debate es sobre la posibilidad de preservar una institución que es uno de los centros de estudio más potentes, plurales y valiosos del país. Si para lograrlo es necesario que la PUCP retire las palabras ‘pontificia’ y ‘católica’ de su nombre, volviéndose la Universidad del Perú, será un costo lamentable pero indispensable para vencer a las fuerzas que –como las que representa Cipriani– pretenden imponer una visión monocorde en el país.
Fuente: Diario La República y ATV.
Con la verdad ante todo: La fidelidad a la Iglesia une, no divide
Por Juan Luis Cipriani Thorne – Arzobispo de Lima y Cardenal Primado del Perú
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tiene como génesis la coyuntura social de inicios del siglo XX, tiempo en el cual imperaba el pensamiento positivista, el liberalismo progresista y el racionalismo, desdeñándose las enseñanzas de la fe católica y el pensamiento de los hombres de la Iglesia, lo que primaba en la enseñanza superior. Esto implicaba que los alumnos, luego de dejar las aulas escolares, se declaraban agnósticos o indiferentes con la religión.
Por ello, la Arquidiócesis de Lima, tomando en cuenta el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899 (Roma, Papa León XIII), decidió que este problema podía ser resuelto fortaleciendo la educación católica de manera que, como lo cuenta HAMPE MARTÍNEZ 1, “en cada país de nuestro hemisferio hubiese un centro de enseñanza superior regido por autoridades clericales”. Así nace la PUCP, con un vínculo no escindible, desde su inicio, con la Iglesia peruana.
La PUCP se funda en 1917 previa aprobación eclesiástica con el carácter de “persona moral pública de Derecho Eclesiástico”, cuyos bienes, cualquiera sea la forma en que los adquiera, constituyen bienes eclesiásticos, conforme a la normativa jurídica-canónica vigente al momento de su fundación.
Esta participación y vinculación de la autoridad eclesiástica en la vida de la PUCP se vio bendecida y reforzada cuando el Papa Pío XII, en 1942, previa solicitud de la propia PUCP, decretó su erección Pontificia, instituyéndose en 1943, por disposición de la Santa Sede, el oficio de Gran Canciller de la PUCP al Arzobispo de Lima.
Cuando la PUCP, en la década del cuarenta e inicios del cincuenta del siglo pasado, se consolida en su régimen jurídico civil, como universidad de ámbito nacional, no se diluye en absoluto su vinculación con la Iglesia; prueba de ello es que el artículo cuarto de su Estatuto de 1956 precisó: “La Universidad Católica del Perú se rige por los presentes Estatutos, en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y las del Estado Peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede, de la cual depende“.
El 15 de agosto de 1990, el entonces Santo Padre, nuestro Beato Juan Pablo II, promulgó la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, disponiendo que toda Universidad Católica en el mundo adecúe su Estatuto a ella y encargando a cada Obispo la responsabilidad de promover la buena marcha de la Universidad en su diócesis, otorgándole el derecho y el deber de vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico.
En noviembre de 2009 -luego de que la Santa Sede, de manera reiterada, los exhortara a cumplir con dicha ineludible obligación-, el actual Rector de la PUCP, Dr. Marcial Rubio, me solicitó, de manera formal, según Protocolo 378/2009 R, que eleve el Estatuto que vienen aplicando a la Sagrada Congregación para la Educación Católica para su revisión y aprobación.
Recientemente, las actuales autoridades de la PUCP han sido notificadas respecto de las modificaciones que la Sagrada Congregación para la Educación Católica -máxima instancia vaticana para las universidades católicas- considera deben introducir necesariamente en su Estatuto, para superar su irregular situación actual.
Las correcciones por introducir responden, en consecuencia, a la expresa indicación de las actuales autoridades de Roma, que exigen que el Estatuto garantice, de forma institucional, su identidad católica y patenticen su dependencia de la Santa Sede. En ese sentido, no bastan declaraciones de fidelidad, la Constitución Apostólica dada por Juan Pablo II exige que el Estatuto refleje e incorpore las consecuencias jurídicas que vinculan a las universidades católicas con la autoridad de la Iglesia.
Los cambios por introducir no son otros que aquellos que ya están establecidos en los estatutos de otras universidades pontificias y católicas en el mundo. Incluso, en nuestro país existen actualmente varias universidades católicas cuyos estatutos ya fueron adecuados a la Ex Corde Ecclesiae, sin que ello transgreda ninguna norma de la República, pues el Estado Peruano reconoce la autonomía e independencia de la Iglesia en el Perú, y su plena libertad para gobernar sus centros educacionales de todo nivel, en consonancia con sus principios.
Mi doble responsabilidad episcopal, al frente del Arzobispado de Lima y como Gran Canciller de la PUCP, me obligan a esclarecer la verdad. Ha sido el Santo Padre quien me ha nombrado para esos encargos, que comprometen mi trayectoria como hombre que busca el bien.
Amo a la PUCP, pero ese amor está subordinado a mi amor a la Iglesia y al cumplimiento del deber de obediencia que tengo a los mandatos del Papa, sucesor del Apóstol Pedro. La Iglesia es una institución jerárquica, en la que todo católico debe obediencia a los mandatos del Vaticano, de lo que siempre dio ejemplo el R.P. Jorge Dintillac SSCC, su primer Rector. Quien no entienda ello, se coloca al margen de la Iglesia.
Benedicto XVI acaba de decir, el 19 de agosto, a los jóvenes profesores universitarios, que prestáis una espléndida colaboración en la difusión de la verdad, en circunstancias no siempre fáciles, que la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 1,3), y del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta buena noticia descubre una racionalidad en todo lo creado y contempla al hombre como una criatura que participa y puede llegar a reconocer esa racionalidad. La Universidad encarna, pues, un ideal que no debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, que ve al hombre como mero consumidor. Palabras del magisterio pontificio que tienen hoy para la PUCP el sentido de un llamado nuevo a la humildad y a la obediencia, a la disposición de servicio a la Iglesia, tal como la Iglesia quiere ser servida, por amor a la verdad sin engaños pueriles ni intereses de grupo.
Recemos a Santo Tomás de Aquino y a Santa Rosa de Lima, patronos de la PUCP, para que, a través de su intercesión, se entienda claramente el camino a seguir.
Nota:
1 HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro: Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú 1917-1987, Lima, PUCP, Fondo Editorial, 1989, pág. 18.
Concordancia entre las leyes nacionales y las normas canónicas
Dr. César Delgado Barreto
Profesor Principal del Departamento Académico de Derecho

PARTE I
El Código de Derecho Canónico de 1983, en lo que respecta a la enseñanza superior de la Iglesia, distingue entre las universidades católicas y las universidades eclesiásticas dedicando un capítulo a cada una de estas categorías.
Las trata con independencia aunque hay tres cánones de común aplicación que son: el 808, según el cual ambas categorías no pueden utilizar el título o nombre de Universidad Católica sin el consentimiento de Autoridad Eclesiástica competente; el 809, que encarga a las Conferencias Episcopales el cuidado de planificar las universidades y facultades católicas; y el 810, que también hace responsable a las Conferencias Episcopales de la observancia de los principios de la doctrina católica en ambas categorías de Universidades.
En lo que respecta a la ley-marco que ofrece el Código de Derecho Canónico a la Universidad Católica, éste se completa en la Constitución Apostólica Ex Corde Eclessiae de 15 de Agosto de 1990 y que entró en vigencia el primer día del año académico de 1991 a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.
Según el artículo 3 inciso 4 de la mencionada Constitución Apostólica, las Universidades Católicas privadas no están obligadas a que sus estatutos sean aprobados por la Autoridad Eclesiástica competente:
Artículo 3. Erección de una Universidad Católica
1. Una Universidad Católica puede ser erigida o aprobada por la Santa Sede, por una Conferencia Episcopal o por otra Asamblea de la Jerarquía Católica y por un Obispo diocesano.
2. Con el consentimiento del Obispo diocesano una Universidad Católica puede ser erigida también por un Instituto Religioso o por otra persona jurídica pública.
3. Una Universidad Católica puede ser erigida por otras personas eclesiásticas o por laicos. Tal Universidad podrá considerarse Universidad Católica sólo con el consentimiento de la Autoridad eclesiástica competente, según las condiciones que serán acordadas por las partes.
4. En los casos mencionados en los incisos 1 y 2, los estatutos deberán ser aprobados por la Autoridad eclesiástica competente.
Por otra parte las Universidades Eclesiásticas (caso distinto al de la PUCP) están regidas adicionalmente a lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico por la Constitución Apostólica Sapientia Christiana de 24 de mayo de 1931.
Las Universidades Católicas, como personas jurídicas son sujetos de derecho canónico con las obligaciones y derechos congruentes con su propia naturaleza (canon 113). En la Iglesia las personas jurídicas son corporaciones o fundaciones, las primeras están compuestas por personas y las segundas por patrimonios (canon 115).
Las personas jurídicas —corporaciones o fundaciones— pueden ser públicas o privadas. Las personas jurídicas públicas están constituidas por la Autoridad Eclesiástica competente dentro de los límites que se les señala, y cumplen en nombre de la Iglesia la misión que se les confía mirando el bien público; las demás personas jurídicas son privadas (canon 116). En el caso de las personas jurídicas públicas siempre interviene la Autoridad Eclesiástica, con lo cual adquieren personalidad jurídica pública.
Tratándose de las personas jurídicas privadas (como se aplica a la PUCP), estas surgen por la iniciativa privada de los fieles en uso de sus derechos fundamentales de libre asociación, siendo los cánones 312 y 322 los que especifican cuál es la Autoridad Eclesiástica competente que erige las personas jurídicas públicas y cuales las que constituyen a las personas jurídicas privadas.
A tener de lo dispuesto en el canon 1257:
1. “Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la Sede Apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes eclesiásticos, y se rigen por los cánones que siguen, así como por los propios estatutos.
2. Los bienes temporales de una persona jurídica privada se rigen por sus estatutos propios, y no por estos cánones, si no se indica expresamente otra cosa”.
Vale decir que sólo los bienes pertenecientes a las personas públicas en la Iglesia son bienes eclesiásticos, mientras que los bienes de las personas jurídicas privadas (como la PUCP) pertenecen a la institución fundadora y se rigen por sus propios estatutos
PARTE II
La Pontificia Universidad Católica del Perú fue fundada por el R.P. Jorge Dintilhac SS.CC y un grupo de cinco laicos, quienes firmaron la Escritura de constitución, siendo reconocida por el Estado, contando con la aprobación de la Autoridad Eclesiástica. El Padre Jorge Dintilhac la inscribió como asociación civil sin fines de lucro en los Registros Públicos de personas jurídicas el año 1937, pocos meses después que el Código Civil de 1936 permitiera crear las asociaciones civiles. Desde la nomenclatura canónica es una persona jurídica privada, por no ser fundada por la Autoridad Eclesiástica, sino por particulares, contando con la aprobación eclesiástica.
Recién el 30 de setiembre de 1942, con motivo de sus 25 años de vida institucional, el Papa Pío XII la erige canónicamente como Universidad con sus derechos y privilegios correspondientes mediante Rescripto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, desde entonces data el título de Pontificia.
Hay que tener presente que el hecho de ostentar el título de Pontifica no convierte a la PUCP en persona de derecho público canónico pues este está reservado sólo a las universidades fundadas por la autoridad eclesiástica. Sino que sigue siendo una persona jurídica de derecho privado y en consecuencia su patrimonio continua siendo de propiedad privada de la institución, y no se le puede considerar como bien eclesiástico.
Por Decreto Ley N°11003 del 08 de abril de 1949 se le dio a la PUCP la categoría de universidad nacional, lo cual fue ratificado por la Ley N°13417 del 08 de abril de 1960, especificándose en su artículo 80 que la PUCP quedará sujeta a las disposiciones del Estatuto Universitario, con algunas excepciones referidas a la elección de su personal directivo, docente y administrativo el cual será designado en la forma que determina su régimen normativo interno, debiendo las personas designadas llenar los mismos requisitos que los fijados para las Universidades creadas por el Estado, asimismo, su personal no tiene el carácter de empleado público. En virtud de esta excepción la PUCP pudo seguir rigiéndose tanto por las leyes universitarias nacionales, como por las normas canónicas referidas al gobierno de las universidades católicas.
La Ley Universitaria N° 23733 del 09 de diciembre de 1983, que rige tanto a las universidades públicas como privadas dispone en su artículo 1.
“Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección social. Tiene autonomía académica, económica, normativa y administrativa, dentro de la Ley”.
Y el artículo 4 precisa:
“La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República”.
En virtud de esta Ley Universitaria, obligatoria tanto para las universidades públicas como privadas, la PUCP el 07 de junio de 1984 adecuó sus Estatutos a la nueva normatividad vigente concordando y armonizando la autonomía universitaria con las disposiciones canónicas, dando a la Jerarquía Católica una participación efectiva tanto en el gobierno como en la dirección pastoral en nuestra universidad. Esta modificación estatutaria contó en su oportunidad con la aprobación del Cardenal Augusto Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima y Gran Canciller de la Universidad y la misma Jerarquía Eclesiástica confirmó a los rectores elegidos por la Asamblea Universitaria en 1977, 1984, 1989 e incluso en 1994 cuando ya había entrado en vigencia la Constitución Apostólica Ex Corde Eclessiae vigente a partir del primer día del año académico de 1991 (artículo 8).
La Ley Universitaria 23733, no contradice el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano de fecha 19 de julio de 1980 porque de conformidad con lo dispuesto en su artículo 19 la Iglesia tiene libertad para establecer centros educativos a todo nivel, de conformidad a lo dispuesto con la ley nacional.
La educación es un servicio público esencial y como tal no puede el Estado excluirse de normarla, y así lo hace en lo que respecta a la Universidad en el artículo 18 párrafo cuarto de la Constitución el cual expresamente dice:
“Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de la Leyes”.
¿La PUCP con “C” de Caviar y P de “Plural”?

Alejandro Cavero Alva

Por Alejandro Cavero Alva – Grupo Perú Futuro
Este artículo no es una férrea defensa de la causa del arzobispo Juan Luis Cipriani, es un llamado a reflexionar sobre la necesidad de precisamente reforzar esa pluralidad que hoy tanto defendemos. Crearla de verdad, y no solo remitirla en palabras. A mi parecer, el gran problema del juicio que hoy se lleva a cabo es precisamente que ambas partes quieren jugar el todo o nada, y poco han hecho por dialogar y negociar una salida a este problema.
Quiero comenzar diciendo que yo no considero que la PUCP sea una universidad verdaderamente plural. En la PUCP no te mandan a leer a Hayek en estudios generales letras, todos los profesores (o por lo menos más del 90%) tienen una bibliografía bastante selecta y exclusiva de autores de izquierda y por lo general sus círculos intelectuales se concentran en esos ámbitos. Es verdad que existen facultades de “derecha” como Historia (así como existen facultades marxistas como la de Ciencias Sociales), pero la verdad es que la PUCP es una universidad caviar, y eso no es ser verdaderamente “Plural”. No nos comamos nosotros mismos este cuento. Si la PUCP fuera de “derecha” como hoy los rojos se han puesto a profesar en la desesperación, entonces Cipriani no estaría tocándonos la puerta con deseos de entrar.
El gran problema aquí es que en la PUCP la derecha ha sido sectorizada, marginalizada y estereotipada, creando una tendencia constante a la polarización tanto interna, como en los cuadros que provee a nivel nacional. En lo PUCP no hay medias tintas, es blanco o negro. También producto de los radicalismos marxistas de sus intelectuales, y la marginalización de las formas de pensar distintas a la comunista o la social demócrata.
La universidad Católica es una universidad con un claro sesgo hacia la izquierda y hacia su bibliografía. Poco se estudia el liberalismo, el conservadurismo y tendencias similares. Claro, siempre existen excepciones, pero son como destellos de luz en medio de la oscuridad.
Si bien aquí nadie quiere la dictadura de una forma de pensar conservadora, es verdad que esta batalla jurídica nos abre también la posibilidad de un balance de poderes más contundente dentro de la universidad. Que ya no le deje cancha libre a los caviares para hacer de la universidad su chacra, pero ojo, eso tampoco significa cederle todo al cardenal y entonces volvernos un seminario religioso.
El secreto aquí estará en una correcta negociación que permita un balance de poderes entre ambas fuerzas. Precisamente no jugar al todo o nada. Solo de esta manera se construirá una verdadera PUCP con “P” de “Plural”. Hoy eso está bastante lejos de la realidad.
Francamente me parece denigrante el juego que algunos intelectuales de izquierda, sobre todo columnistas de la Republica y algunos de Perú 21, han jugado intentando estereotipar al cardenal Cipriani. Eso siempre funciona en política. Todo es cuestión de distorsionar las imágenes y esparcir los rumores, aquella nunca ha sido una tarea difícil en nuestro país. Más allá de atacar las personalidades de los actores en la disputa, debemos atacar sus argumentos. Creo que caer en la falacia de yo no quiero que “Cipriani tome la PUCP y no nos deje venir con pantalón corto” o “Cipriani es el demonio”, sinceramente no solo dejan muy en bajo el coeficiente intelectual de supuestamente los alumnos que serán la “elite intelectual del Perú” como los califica Tuesta, sino que además contribuyen más a esa polarización, en la cual la PUCP ya tiene bastante responsabilidad.
Negociemos y dialoguemos. Creemos una salida con un mecanismo que permita balancear el poder entre estas dos formas de pensar completamente opuestas para verdaderamente sacar a la PUCP del hoyo caviar y volverla una verdadera universidad plural, como la que todos queremos.
Cada caminante siga su camino
Por Federico Prieto Celi
Antonio Machado fue convocado durante la Guerra Civil española para que pusiera un lema en un cuartel. El poeta de Castilla escribió: “Cada caminante siga su camino”. Dicen que la poesía se define como “unas pocas palabras verdaderas”, brotadas de la intuición, con licencia para priorizar la belleza sobre la gramática. Bien, supongamos que el consejo de Machado sea oportuno para el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La Iglesia, dos veces milenaria, sabe mucho de disidentes. Los ha tenido desde el primer Colegio Apostólico. Algunos, como Lutero y Calvino, han tenido mucho éxito humano en su empeño de dividir a la cristiandad. En los últimos tiempos, en cambio, los disidentes han optado por disentir desde dentro, sin irse, porque desde dentro se puede influir más, confundir más, conseguir objetivos de dominio que, una vez fuera, es imposible lograr.
Yo no he tenido la suerte de conocer al padre Jorge (Dintilhac), como lo llamábamos en el colegio de La Recoleta, aunque ya no estuviera entre nosotros. Su figura, su recuerdo, su obra, en cambio, sí estaba, y el padre Lázaro, que representaba a la Congregación de los Sagrados Corazones en el Consejo Superior de la PUCP, nos hablaba de sus empeños fundacionales, en los que lo acompañaron, entre otros, dos figuras que sí tuve la suerte de conocer: Víctor Andrés Belaunde y Jorge Velaochaga. Ellos hablaban de las dificultades que tuvieron para romper el monopolio estatal universitario y del aliento y apoyo que desde Roma les enviaba el Santo Padre con sus bendiciones, sus normas canónicas y sus gestiones a través de la jerarquía eclesiástica, el Nuncio Apostólico incluido.
Ulpiano definía la justicia como dar a cada uno lo suyo. Así de simple. A nadie se le escapa la evidencia de que una universidad que es pontificia y católica debe tener un vínculo con la jerarquía de la Iglesia. No hay que contraponer leyes civiles a eclesiásticas. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ambas son compatibles y armónicas. Tampoco hay que confundir la Santa Sede, al servicio de la Iglesia, con el Estado Ciudad del Vaticano, que es el recinto independiente que garantiza la independencia del Papa en el gobierno de la Iglesia.
Mas allá de las demostraciones jurídicas que los juristas Natale Amprimo y Luis Gaspar han derrochado estos días en los medios de comunicación, con documentos convincentes, creo que lo que todos los peruanos esperamos es que, dado el fundamento legal indiscutible –aunque sea desesperadamente discutido por los disidentes, apelando al insulto al cardenal Cipriani– es un sinceramiento total: institucionalmente, o te quedas y aceptas la verdad o te vas… con el cuento a otra parte.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el recién elegido papa Pío XII lanzó al mundo un llamado urgente de última hora: “Nada se pierde con la paz, todo se puede perder con la guerra”. Consideración papal que bien debería inspirar la respuesta que la comisión creada por la Asamblea Universitaria de la PUCP debe dar el próximo 30 de setiembre sobre las inevitables correcciones que la Santa Sede ha enviado al rector, como consecuencia de la solicitud que este hiciera en el 2009 para que tales estatutos sean aprobados por la Iglesia Católica.
¡PUCP: catástrofe, desastre, debacle, apocalipsis caviar!
Por Aldo Mariátegui
Un “boccato di cardinale” (bocado de cardenal) es una expresión italiana medieval referida a que lo que se comía o disfrutaba era excelso, digno de un príncipe de la Iglesia. Y vaya que monseñor Cipriani ha logrado, con toda la justicia y el Derecho de su parte, un “boccato” de marca mayor: la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que hacía décadas había caído en manos de un círculo caviar a pesar de lo claramente dispuesto por Riva-Agüero en su testamento.
Lógicamente, los caviares están picones al máximo y no quieren acatar la sentencia. En cambio, si hubieran ganado, ¡ya me imagino los elogios que le harían al TC! Y no me extraña la alharaca levantada por la argolla caviar. Este fallo es una catástrofe para ellos, pues pierden a la principal fuente de su poder en el Perú. Allí trabajan, allí se publican, allí se elogian, allí se promocionan, allí adoctrinan a los jóvenes en la caviarada y desde allí influyen en la sociedad. La PUCP es el corazón de la caviarada, ya muy debilitada tras la pérdida de El Comercio y Perú21. Deberían reconocer su derrota como caballeros y el rector Marcial Rubio debería presentar su renuncia por dignidad profesional, como lo haría un gerente que hubiera llevado a una derrota jurídica de estas proporciones a cualquier empresa privada que liderase.
Refresquemos la memoria: José de la Riva-Agüero y Osma, Marqués de Montealegre y Aulestia y bisnieto del presidente José de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, fue un brillante intelectual conservador -hasta coqueteó con el fascismo- que devino en un catolicismo militante (incluso renunció al premierato en 1934 cuando el mariscal Benavides promulgó la ley del divorcio; antes fue alcalde de Lima) en el tercio final de su corta vida (1885-1944).
Hijo único, solterón y heredero de una inmensa fortuna, amén de alejado de San Marcos por una pifia irrespetuosa de estudiantes apristas y comunistas a Víctor Andrés Belaúnde, Riva-Agüero decidió legar su patrimonio (el Fundo Pando, mansiones en el Cercado de Lima y Chorrillos, muchos ahorros, etc.) para reforzar a la entonces muy pequeña Universidad Católica. Para esto redactó cuatro testamentos sucesivos (de 1933, 1935, 1938 y 1939).
En el testamento del 33 estableció que sus bienes pasaban al control de la universidad a los 20 años de su muerte. Pero posteriormente, en 1938, dispuso que una Junta de tres miembros, presidida por el arzobispo de Lima, sea la que ADMINISTRE todos los bienes y rentas de la universidad de manera PERPETUA e INSUSTITUIBLE. Si había discordia entre los dos miembros de dicha junta por cualquier problema, el voto dirimente lo tenía el clérigo. Y como hasta cualquier lego en Derecho sabe, el testamento que es definitivamente válido es el último, así que ese argumento caviar de que prima la cláusula del testamento del 33 sobre aquella del 38 es infantil, hasta idiota.
Además, hay otros elementos demoledores:
1) Si esa Junta desaparecía en 1964 (a los 20 años de la muerte de Riva-Agüero), ¿entonces por qué siguió funcionando ininterrumpidamente hasta 1994, sin que nadie reclamase? Por qué ahora el litigante PUCP Avendaño no recuerda que él representó a la Iglesia en esa Junta en los 70? ¿O tiene un clon?
2) Esa Junta ya se inscribió judicialmente en Registros Públicos como la instancia administradora de la PUCP ante el magistrado Velasco Gallo en 1957, quien de manera expresa reconoció judicialmente que el testamento válido era el de 1938. Esto es CLAVE.
3) Entonces, el acuerdo privado de 1994 entre monseñor Vargas Alzamora (jesuita “progre” al que no le interesaba la administración del claustro y prefería dejársela a sus amigos caviares) y Salomón Lerner no es válido, pues va en contra de la voluntad testamentaria de 1938, que es lo que manda aquí. Allí no prima ninguna supuesta prescripción posterior a los 10 años por no haber reclamo como si fuera un contrato. ¡Prima la voluntad del muerto en el testamento y no la de los vivos, punto!
4) Y eso de que se vulnera la “autonomía universitaria” es un disparate. ¡Se vulnerará la autonomía de los caviares, pero no la voluntad de Riva-Agüero, que estableció que el arzobispo limeño administre! Lo único que limita aquí correctamente a la universidad es la voluntad del occiso.
5) La PUCP debe recordar que ha perdido por algo en primera y segunda instancia y ahora, por goleada 5-1, en el TC. Simplemente no tiene la razón de su lado.
6) Hace bien el TC en pronunciarse sobre el fondo del asunto, porque cautelar la voluntad tan zarandeada de un muerto sobre un derecho de propiedad en un caso tan emblemático es una garantía constitucional para todos, amén que fue la propia PUCP la que metió el tema de la propiedad en el litigio. Como bien dicen los magistrados, “defender la auténtica voluntad de Riva-Agüero es la real y auténtica defensa de la universidad”.
7) Quien metió la pata fue la defensa de la PUCP al acudir a un amparo en lugar de litigar y aguantar la cosa por años. Esto le abrió la posibilidad a Cipriani de llegar al TC. Falla clamorosa de Jorge Avendaño, que ya no es lo que era.
8) Critiqué mucho el fallo del TC sobre el cemento, pero éste es una pintura en argumentación, claridad, ilación y redacción. Sugiero leer por lo menos el voto de los cuatro magistrados. Muy bueno.
9) ¡Es evidente que un resucitado Riva-Agüero preferiría a Cipriani que a los caviares!
10) Esto ya es definitivo y el tema se acabó aquí. Cualquier juzgado sólo debe acatar lo dispuesto por el TC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no procesa temas de personas jurídicas (por eso la ministra Aráoz no pudo llevar allí el tema del arancel del cemento), salvo que su integrante Diego García Sayán sea más milagroso que Cristo.

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Negociaciones Internacionales sobre Cambio Climático

Taller Negociaciones Internacionales CC Pucallpa
Entre los días 01 y 04 de agosto, el Centro de Documentación y Desarrollo Regional – CEDDRE y la Facultad de Educación y Ciencias Sociales realizaron en la Universidad Nacional de Ucayali el Primer Taller de Negociaciones Internacionales sobre Cambio Climático.
Según el profesor Manuel Rivas Valera, Presidente de la Comisión de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, el Taller Nacional tuvo como principal expositor al Doctor en Ciencias Sociales Víctor Nomberto Bazán, miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático y Catedrático de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Las exposiciones desarrolladas tuvieron como temática la reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos, normatividad sobre conservación de bosques, uso oficial de lenguas amazónicas, impacto de la Interoceánica Centro y la formación del grupo técnico de REDD Ucayali.
El cambio climático es un tema de actualidad y constituye un problema socioambiental para la subsistencia del globo terráqueo que la ciudadanía del mundo debe conocer para tomar conciencia, posición y previsiones del caso, manifestó Rivas Valera.

Cambio Climatico

Representantes de los docentes, estudiantes (Red Ambiental Universitaria), autoridades del Gobierno Regional y empresarios asistieron al primer Taller sobre Negociaciones Internacionales relacionadas al calentamiento global del Planeta Tierra; inscribiendose en la Secretaria de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, mediante el RPM de CEDDRE: *0347878 o vía email: ceddre_amr@hotmail.com
Ucayali no es ajeno al calentamiento global que principalmente está provocando la tala indiscriminada e ilegal que anualmente destruye millones de hectáreas de bosques, así como la explotación minera ilegal que destruye ecosistemas enteros.
Fuente: Diario AHORA Pucallpa- Ucayali.

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia

Diversos estudios han revelado que los efectos del cambio climático, resultan una fuerte limitante al crecimiento económico e impiden el logro de un desarrollo sostenible ya que, debido a su carácter transversal, afectan a todos los sectores de la economía.
Se ha estimado que los efectos del cambio climático, el cual es generado por el incremento de la temperatura media la cual, a su vez, es causada principalmente por un incremento en las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, podrían causar en los próximos cincuenta años una pérdida del PBI global del orden del 9% (esto solo considerando efectos económicos y no sociales ni ambientales como impactos negativos en la salud, daño en los ecosistemas como pérdida de biodiversidad, entre otros) y, de no realizar acciones de mitigación y adaptación, dicha pérdida podría ascender a 20% debido a los daños e impactos crecientes.
De acuerdo con estimaciones de Tyndall Centre (2003) , el Perú es uno de los países más vulnerables ante eventos climáticos junto con Honduras, Bangladesh y Venezuela, debido, entre otras razones, a: i) lo complejo y diverso de nuestro ecosistema, ii) que el 60% de la población vive en zonas áridas de la costa, iii) que el 60% de nuestra agricultura es de secano y depende de los regímenes de lluvia, iv) que nuestros glaciares tropicales son bastante sensibles al cambio de temperatura y v) que el 70% de la energía eléctrica es generada por fuentes hídricas, entre otras.
En ese sentido, es necesario el diseño de políticas públicas que permitan reducir los impactos económicos del cambio climático y permitan adaptar la economía y la sociedad a dicho fenómeno. Para ello, el MEF, en coordinación con los sectores pertinentes, debe diseñar y promover los instrumentos económicos y financieros, que ayuden a evitar los efectos negativos del cambio climático, así como ser parte del diseño del marco normativo y regulatorio que permita orientar a la economía peruana hacia una economía baja en emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, resulta necesaria una institucionalidad que permita hacer seguimiento a dicho problema y a los impactos y costos económicos del cambio climático para el adecuado diseño de políticas que permitan mitigar sus efectos y adaptar nuestra economía a las nuevas condiciones climáticas. En ese contexto, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el MEF esta implementado una Unidad de Cambio Climático, siendo sus objetivos los siguientes:
• Identificar el impacto económico del cambio climático y detallar los canales a través de los cuales este impacto se dará. Con este análisis, se podrán promover actividades de adaptación que eviten los impactos sobre el bienestar de la población y la competitividad del país.
• Identificar las oportunidades de negocios y promoción de una mayor competitividad que se generan en torno a las actividades de mitigación. Esto incluye, la promoción del acceso a los mercados de carbono internacional.
• Identificar y promover las herramientas financieras e instrumentos económicos necesarios para financiar actividades urgentes relacionadas a cambio climático. Esto incluye, integrar las herramientas con las que cuenta hoy el MEF con la promoción de actividades de cambio climático.
• Coordinar con el MINAM, el lanzamiento de un fondo de contrapartida que permita captar, organizar, y ejecutar ordenadamente el financiamiento internacional con que se cuenta hasta hoy y con el que se contará en un futuro. Ello, permitirá que el proceso de gasto en actividades relacionadas a cambio climático no genere duplicidades y sea medible, reportable y verificable (MRV).
• Hacer un seguimiento de los avances nacionales para alcanzar las meta de mitigación nacional. Estas actividades se llevarán a cabo de manera coordinada con el MINAM y todos los otros sectores involucrados.
Actualmente, dicha cooperación con el BID tiene dos componentes:
• Fortalecimiento institucional en materia de cambio climático: que financiará el entrenamiento y la capacitación de funcionarios del MEF en el tema de cambio climático para lograr la concientización de estos funcionarios sobre esta nueva variable en los planes de desarrollo.
• Apoyo al proceso de transversalización de medidas de adaptación y mitigación en sectores prioritarios: que facilitará el proceso de integración de lineamientos para el establecimiento de programas de inversión que tengan en cuenta el cambio climático. Dicho proceso incluye un diagnostico de las herramientas ya existentes en el MEF que podrían utilizarse para promover acciones en cambio climático.
Sobre el impacto económico del cambio climático en la economía peruana se tienen algunas estimaciones. En concreto, la primera de ellas fue hecha por la CAN (2008). En este caso particular, se extrapolaron los efectos que el cambio climático tendría sobre los sectores agroindustria, agricultura, pesca, agua y electricidad en EEUU (“US Market Consequences of Global Climate Change”) a la realidad de los países de la Comunidad Andina, y luego se estimó el impacto agregado sobre el PIB nacional. En este caso, se concluyó que al año 2025 el PIB será 4.3% menor al que se tendría sin cambio climático.
Luego, el Banco Central de Reserva del Perú (2009) calculó el efecto de del cambio climático sobre la economía agregada, evaluando el impacto de las variaciones climáticas (temperatura y nivel de precipitaciones) sobre la tasa de crecimiento económico. Este procedimiento no define ni estima los impactos que el cambio climático podría tener sobre cada distinto sector de la economía. Entre otros, este estudio estimó que al 2030 la economía tendría el PIB real sería 6.8% menor al que se tendría sin cambio climático.
En este contexto, ante la necesidad de contar estimaciones de impacto económico más detallados, que sirvan como base para el diseño de la política pública y permitan al Perú definir las necesidades y mejorar la focalización de recursos tanto nacionales como internacionales, para la implementación de políticas contra los efectos del cambio climático, el Gobierno Peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Ambiente, con el apoyo del BID , vienen supervisando una consultoría que permitirá calcular el impacto económico del cambio climático partiendo de la estimación del impacto de este fenómeno sobre los sectores más vulnerables.
Asimismo, ayudará a que el Perú tenga una posición más sólida en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, en las que se acordarán las vías a través las cuales los países desarrollados colaborarán con las actividades de mitigación y adaptación de los países en desarrollo. Por ello, en la medida que el Perú tenga una estimación tangible de los efectos del cambio climático podrá acceder a una mayor colaboración internacional.
Desde el año 2009, el MEF viene apoyando el proceso de negociación en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), siendo parte de la delegación peruana que asiste a las rondas de negociación que se dan dentro de dicho contexto. El principal foco es lograr un acuerdo legalmente vinculante, reiterando el principio de respeto a los acuerdos y compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de cambio climático, en un marco de independencia, pro actividad, búsqueda de consenso y promoción de posiciones audaces en reducción de emisiones, tanto por parte de los países desarrollados, como principales responsables, como de los países en desarrollo en capacidad de hacerlo, con el fin de acelerar el proceso de mitigación, inducir un desarrollo bajo en carbono, y evitar incrementos de temperatura peligrosos para todo el planeta y, en particular para países de alta vulnerabilidad, como el Perú.
Bajo estos principios, los países desarrollados deben colaborar con recursos financieros, así como con transferencia de tecnología y construcción de capacidades que permitan llevar a cabo actividades de mitigación y adaptación en países en desarrollo (según CMNUCC, se necesitan aproximadamente entre US$ 108 y US$ 151 mil millones anuales al 2030 para financiar dichas actividades). En ese sentido, dada la existencia de estos flujos financieros a países en desarrollo como el nuestro, el MEF expone en la mesa de financiamiento de las negociaciones la posición del Perú frente a este tema procurando el mayor financiamiento internacional posible, debido a que los recursos nacionales son insuficientes para enfrentar los efectos del cambio climático y desarrollar actividades de adaptación y mitigación, y velando porque el proceso de asignación de los recursos sea dirigido por los países receptores (proceso country – driven), por lo que, el financiamiento debe estar alineado con los Planes de Mitigación y Adaptación Nacionales.
El MEF, en conjunto con el MINAM, se encuentra liderando el desarrollo de una Estrategia de inversión en el marco del mecanismo REDD+ (Mecanismo de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación Forestal) gracias al Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) programa de los Fondos de Inversión para el Clima (CIF por sus siglas en inglés), los cuales están orientados a asistir políticas, programas y proyectos para la mitigación y adaptación al Cambio Climático.
El propósito principal del FIP consiste en respaldar los esfuerzos de los países en desarrollo por reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, mediante la concesión del financiamiento necesario para realizar reformas de preparación para ello, así como el desarrollo de proyectos de inversión públicos y privados que hayan sido identificados en la estrategia de preparación para REDD+. Paralelamente, el FIP podrá ayudar a los países a adaptarse a los efectos del cambio climático en los bosques y contribuir a beneficios como, la conservación de la biodiversidad y la mejora de los medios de subsistencia de la población rural.
En ese contexto, el Perú ha sido elegido como uno de los países piloto de esta iniciativa, por lo que recibirá una transferencia importante de recursos que permitirá impulsar y facilitar medidas que promuevan cambios importantes en las políticas y prácticas forestales de los países en desarrollo como el nuestro. Particularmente, el FIP apoyará inversiones en las siguientes áreas:
• Capacidad institucional, gobernanza forestal e información, por ejemplo, implementación de sistemas de monitoreo de bosques, gestión de la información e inventarios forestales; respaldo para el desarrollo normativo, financiero e institucional.
• Medidas de mitigación relacionadas con los bosques, incluidos servicios de los ecosistemas forestales, tales como: conservación de los bosques; promoción de pagos por servicios ambientales, recuperación y gestión sostenible de bosques, reestructuración de industrias forestales.
• Ámbitos ajenos al sector forestal necesarios para reducir la presión sobre los bosques, tales como: medios de subsistencia alternativos, programas de energía alternativa; inversiones agrícolas en el contexto de la planificación racional del uso de la tierra; e intensificación agrícola, incluida la agro silvicultura.

Fuente: www.mef.gob.pe Sigue leyendo

Asamblea en la Pontificia Universidad Católica

Gran Canciller PUCP
La Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede se pronunció sobre los estatutos presentados por la Pontificia Universidad Católica del Perú. La última vez que la PUCP renovó sus estatutos con el Vaticano fue en 1967.
El documento, que ya se encuentra en manos de las autoridades de la casa de estudios, determina en primer lugar que la Pontificia Universidad Católica del Perú debe regirse por la constitución Ex Corde Ecclesiae, dada por el papa Juan Pablo II en 1990, acerca del funcionamiento de las universidades católicas; y por las leyes peruanas.
Según el documento remitido desde Roma sobre sus estatutos, la PUCP, en cuanto católica, inspira y realiza su investigación, la enseñanza y todas las demás actividades según los ideales, principios y actitudes católicos.
Establece además que el episcopado peruano tiene derecho a participar en la vida de la universidad a través del Gran Canciller (que en este caso es el Arzobispo de Lima).
Las correcciones a los estatutos establecen que son atribuciones del gran canciller proponer a la Congregación para la Educación Católica el nombre del Rector, el que será nombrado por el gran canciller a partir de los tres candidatos elegidos por la asamblea universitaria.
En este contexto, el Arzobispo de Lima en su calidad de gran canciller de la PUCP recibe la profesión de fe del Rector cuando comienza a ejercer su cargo.
En cuanto a los profesores, al momento de su nombramiento estos deben ser informados de la identidad católica de la institución y de la responsabilidad de promover, o al menos respetar tal identidad.
Según la constitución Ex Corde Ecclesiae –citada en la corrección de los estatutos–, “los profesores de las universidades católicas deben respetar la doctrina y la moral católica en su investigación y enseñanza”.
Estas modificaciones, tal como lo determina la Congregación para la Educación Católica, deben introducirse en los estatutos “necesaria e ineludiblemente”.
Desde su fundación en 1917 como consta en la Carta Orgánica: “Se funda una institución docente bajo la denominación de Universidad Católica. Su objeto es la enseñanza superior de las ciencias y las letras siguiendo el criterio católico”. En el año de su fundación la Universidad obtuvo el carácter de “persona moral pública de Derecho Eclesiástico”.
Derecho Canónico
A través de su programa radial “Diálogo de Fe” en RPP, el Cardenal Juan Luis Cipriani manifestó que este problema no es entre él y el rector de la PUCP, y tampoco tiene que ver con “unos millones”. “Yo diría una frase un poco dura: ‘El ladrón cree que todos son de su condición’. Yo no creo que estamos hablando aquí de millones, estamos hablando de acatar una transparencia que toda entidad tiene”, explicó.
“El que está casado ¿no está limitado por su mujer? El que maneja un carro ¿no está limitado por el semáforo que tiene que respetar? Toda persona acepta unas normas donde trabaja. La universidad tiene unos estatutos, entonces porque le va parecer una limitación que la Sagrada Congregación de Roma, no el cardenal Cipriani, les haya dicho que se pongan en la línea de lo que la Iglesia les pide”, indicó .
Cipriani le pidió a Rubio hablar con claridad ante el alumnado de la PUCP y la opinión pública. “Es imposible que yo quite y ponga profesores, porque ahí están los estatutos, que el rector dé a conocer los estatutos a la gente y que señale en qué artículo está que yo pongo y saco profesores”, agregó.
También negó que el Opus Dei vaya a tomar posesión de la Universidad Católica. “El Opus Dei no tiene nada que ver, es como decir que el Alianza Lima va agarrarse la universidad, no tienen nada que ver dos instituciones diferentes como la PUCP y una institución aprobada por el Papa como el Opus Dei, es mezclar camotes con chicharrones por gusto”, dijo.
En otro momento, emplazó a Marcial Rubio a decirle a sus alumnos que fueron al Tribunal Constitucional antes de buscar la concertación y dejó entrever que, ahora, que perdieron a nivel judicial las autoridades de la PUCP estarían buscando usar el poder político: “porque el actual ministro de Justicia (Francisco Eguiguren) proviene de sus canteras. ¿Qué pretenden? ¿Utilizar el poder político para cambiar un fallo judicial? ¿Quieren dejar de ser católica y pontificia? Que lo dejen con sus consecuencias“, acotó.
La PUCP “ha cerrado sus pensamientos a un único pensamiento, en donde el pensamiento de la Iglesia Católica y el Papa, no tiene espacio”. El Cardenal se mostró a favor de sentarse en una mesa de diálogo con el Rector de la PUCP: “es obligatorio que por respeto a la verdad dialoguemos, no con mentiras, sino sentados racionalmente, nadie quiere robarse la universidad, nadie quiere atropellar a la universidad, formamos todos partes de una institución, que es la Iglesia Católica, donde hay jerarquías y normas como en todos los lugares”. “Ya es hora de acabar con tanto juicio y sentarnos como personas racionales a dialogar, y si no podemos, pongamos las personas que sí lo pueden hacer”, concluyó.
Sobre el tema, el Obispo del Callao, monseñor Miguel Irízar, señaló que el conflicto preocupa “muchísimo”, pero la PUCP tiene que ponerse “a tono para cumplir con los requerimientos de la Santa Sede”. “Lógicamente ponerse a tono significa que tiene que cumplir lo que determina la Iglesia”, precisó. “Pienso que el doctor (Marcial) Rubio (rector de la PUCP) también tiene que considerar lo que Roma le está pidiendo”, dijo.
Por su parte, el expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Luis Bambarén, manifestó que las normas de la Santa Sede son “para todas las universidades católicas del mundo”. “Por supuesto que estoy de acuerdo”, dijo.
Bambarén remarcó que según las normas eclesiásticas, la Asamblea Universitaria elige (una terna), pero el Gran Canciller nombra al rector. “Roma nombra”, sintetizó.
El sacerdote Luis Gaspar, juez del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Lima, explicó que “la Iglesia siempre ha respetado la autonomía de la Universidad. La Santa Sede quiere garantizar que no haya fraude y que se respete la identidad cristiana, por eso se llama Católica y Pontificia”.
El documento de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede plantea observaciones a los estatutos de la PUCP, a fin que se adecuen a los lineamientos establecidos por el entonces Papa Juan Pablo II.
Al preguntársele si considera que la PUCP no cumple con los preceptos de la Iglesia Católica, el padre Gaspar manifestó que los actuales estatutos de la universidad no han sido aprobados por Roma “por lo tanto hay que someterlos a su aprobación”.
En caso las autoridades de dicha casa de estudios no modifiquen su Estatuto, según ordena el Vaticano la PUCP dejaría de llamarse Católica y Pontificia, y regirse solo en base a las leyes peruanas y privadas.
“Dudo que se llegue a ese extremo, pero en caso sucediera, la PUCP dejaría de llamarse Católica y Pontificia, dado que estos dos nombres pertenecen a las autoridades de la Iglesia, y (la universidad) tendría que regirse por leyes civiles peruanas y desde el ámbito privado, sin vinculación con la Iglesia”, anotó.
Aclaró que los bienes de la PUCP son de propiedad de la Iglesia por estar erigida bajo las leyes canónicas: “Sus bienes son eclesiásticos desde el momento en que se erige la PUCP (1917), están bajo las leyes canónicas, porque es bajo la aprobación del Arzobispo de entonces que se le da el nombre de Católica”.
Mostró, en ese sentido, un documento del 17 de marzo de 1965 firmado por el entonces Rector de la PUCP, RP Felipe Mac Gregor SJ, en el que reconoce los bienes de la Pontificia Universidad Católica como “eclesiásticos”.
Es más, explicó que el Estatuto de 1917 -en su penúltimo artículo- sostiene que en caso de ser disuelta la universidad sus bienes pasan a la Iglesia Católica para ser destinados a fines educativos.
Recordó que “en la historia de la universidad, el cardenal (Juan) Landázuri, que es el antecesor de Augusto Vargas Alzamora, se retiró de la PUCP porque sintió que su investidura no fue respetada, cuando un profesor cometió una inmoralidad con su secretaria, no acorde a una universidad católica y no se le sancionó”. En el Perú existen otras ocho universidades católicas y todas ellas se rigen por las indicaciones del Vaticano.
“Yo considero en caso hipotético de que la Asamblea Universitaria no acepte las indicaciones del Vaticano debería intervenir el Tribunal de la Rota Romana y luego la Signatura Apostólica, que es la última instancia de justicia en la Iglesia Católica, que verían la forma para desvincularse de la PUCP, a la cual se le quitaría el nombre de Católica y Pontificia”.
Por su parte, Ricardo Vásquez Kunze sostuvo que si la universidad es “Pontificia” y es “Católica”, lo que corresponde es que adecúe sus estatutos a lo que establece la Constitución Apostólica Ex Corde Eclesiae.
Consideró que a la PUCP “le salió el tiro por la culata” al no esperar el proceso en el Poder Judicial y llevar el caso directo al Tribunal Constitucional.
El jurista Fernán Altuve explicó que la Constitución ‘Ex Corde Ecclesiae’ es una norma del derecho canónico que fue otorgada en 1991 por el Papa Juan Pablo II para que fuera inspiración de los estatutos de todas las universidades católicas en el mundo. “Por esa razón es que las universidades que se llaman católicas y que hacen uso de ese nombre tienen que adecuar sus estatutos a la norma dada por el Santo Padre hace casi 20 años”, explicó, tras señalar que de no aceptar el nuevo reglamento deberían retirar la denominación de Pontificia: “Aquí las cosas son muy claras. Es una institución fundada como una institución católica; es una institución para dar formación y educación católica, y ha obtenido bienes y beneficios informando que es católica; por lo tanto tiene que estar en concordancia con la Iglesia Católica”.
Señaló que la Ley Universitaria de 1983 recoge lo dicho por el Concordato, pero remarca que no existe contradicción entre la ley peruana y la ley canónica: “La ley peruana permite que los estatutos de las universidades católicas se rijan por la ley canónica. Por eso el argumento de Marcial Rubio es insostenible”.
Además, indicó que el Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió también ese tema cuando la PUCP demandó que se pronuncie sobre la autonomía universitaria “y precisó (el TC) que no había incompatibilidad entre los requisitos que exige una universidad católica y la ley peruana. Es penosa la actitud de Rubio, que dice defender el Estado de Derecho, pero demuestra cuán totalitaria sigue siendo la concepción que se vive en algunas instituciones educativas”.
Fuentes: Radio Programas del Perú, Diarios Expreso y Correo.

Jorge Dintilhac SSCC

La Asamblea Universitaria, reunida en sesión extraordinaria del 19 de agosto del 2011, en conocimiento de la propuesta de reforma del Estatuto de la Universidad procedente de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, según comunicación suscrita por el cardenal Juan Luis Cipriani, Gran Canciller de la Universidad, ha acordado lo siguiente.
1. Expresar su respaldo al modelo actual de la PUCP plasmado en su Estatuto, enraizado en su historia institucional y que goza del consenso de su comunidad universitaria.
2. Expresar un voto de reafirmación en la identidad católica de nuestra casa de estudios, comprometida con el Perú y su sociedad, que se caracteriza por la libertad académica y la pluralidad, la búsqueda de la verdad, el respeto por la dignidad de la persona, la responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo, la honestidad, la solidaridad y la justicia.
3. Manifestar su voluntad de preservar la autonomía universitaria y el derecho a la propiedad privada de sus bienes, de acuerdo con la Constitución y la legislación peruana.
4. Declarar que los bienes de la Universidad no son eclesiásticos ni regidos en tal condición por el Derecho Canónico, sino que se rigen por las leyes peruanas.
5. Expresar un voto de respaldo a la conducción que viene dando el Rectorado a las relaciones que mantiene, de un lado, con el Arzobispo de Lima y, de otro lado, con la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede y otras instancias de la Iglesia Católica, con base en las posiciones antes expresadas.
6. Conformar una comisión al interior de la Asamblea Universitaria para que estudie la propuesta de reforma y elabore un informe a partir del cual la Asamblea Universitaria adoptará una decisión institucional en una próxima sesión respetando el plazo establecido por ella para modificar el Estatuto.
Miembros de la Asamblea Universitaria
Rector
Marcial Rubio Correa
Vicerrector Académico
Efraín Gonzales de Olarte
Vicerrectora de Investigación
Pepi Patrón Costa
Vicerrector Administrativo
Carlos Fosca Pastor
Decanos
Estudios Generales Ciencias: Carlos Pizarro Ortiz
Estudios Generales Letras: Pablo Quintanilla Pérez Wicht
Escuela de Posgrado: Patricia Martínez Uribe
Facultad de Administración y Contabilidad: Óscar Díaz Becerra
Facultad de Arte: Alberto Agapito Aburto
Facultad de Ciencias e Ingeniería: Daniel Torrealva Dávila
Facultad de Ciencias Sociales: Alan Fairlie Reinoso
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación: Juan Gargurevich Regal
Facultad de Derecho: Walter Albán Peralta
Facultad de Educación: Carmen Coloma Manrique
Facultad de Letras y Ciencias Humanas: Susana Reisz Candreva
Facultad de Arquitectura y Urbanismo: Frederick Cooper Llosa
Representantes de los profesores ordinarios
Departamento Académico de Arquitectura
Pablo Vega Centeno Sara Lafosse
Susana Elsa Gema Biondi Antúnez De Mayolo
Departamento Académico de Arte
Natalia Iguiñiz Boggio
Rogelio Sueiro Cabredo
Departamento Académico de Ciencias
Sergio Alberto Pavletich Silva
Nadia Rosa Gamboa Fuentes
Departamento Académico de Ciencias Sociales
David José Antonio Sulmont Haak
Catalina Eugenia Romero Cevallos de Iguiñiz
Departamento Académico de Derecho
Javier Mario De Belaunde López De Romaña
José Rogelio Llerena Quevedo
Iván Fabio Meini Mendez
Gattas Elías Abugattas Giadalah
Departamento Académico de Economía
Javier María Iguiñiz Echeverría
Departamento Académico de Educación
Elsa Doraliza Tueros Way
Departamento Académico de Humanidades
Julio César Del Valle Ballón
Iván Teófilo Hinojosa Cortijo
Fidel Julio Tubino Arias Schreiber
Rosemary Jane Rizo Patron Boylan De Lerner
Jeffrey Klaiber Lockwood
Departamento Académico de Ingeniería
Jorge Marcial Blondet Saavedra
Miguel Ángel Hadzich Marin
Juan Carlos Dextre Quijandria
Aníbal Eduardo Ísmodes Cascón
Carlos José Romero Izaga
Joaquín Vicente Guerrero Rodriguez
José Carlos Daniel Álvarez Merino
Luis Ángelo Velarde Criado
Claudia María Del Pilar Zapata Del Río
Representantes del Episcopado Peruano
Monseñor Guido Breña López
Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte
Monseñor Miguel Irízar Campos
Monseñor Lino Panizza Richero
Monseñor Jesús Moliné Labarta
Representantes de los estudiantes
Luis Eduardo Almeida Palomino
Gustavo Eduardo Aparicio Walling
Ana Lucía Araujo Raurau
Henry Ayala Abril
Carlos Rodrigo Basurco Arteaga
Jackeline del Rosario Borjas Torres
Lucía Alessandra Córdova Silva
Alejandra Irene Cueto Piazza
Yanira Teresa Dávila Herrera
Lorena de la Puente Burlando
Paul Gabriel García Oviedo
Luis Alonso Hidalgo Salinas
Rosa Jimena Lama Mavila
Adrián Rodolfo Lengua Parra
Valeria Azucena Malpartida Sánchez
Omar Alonso Marañón Tovar
Victor Emilio Ostolaza Seminario
Natalia Rosa Palomino Castañeda
Álvaro Guillermo Ramos Ríos
Ximena María Rodríguez Leiva
Xinthya Katherine Sarmiento Viena
Clara Alejandra Susti Piazza
Fabio Arturo Taboada Pérez
Ericka Miluska Valverde Montalvo
Yssia Cristine Verano Legarda
Andrés Arturo Wertheman Cárdenas

Fuente: Diario El Comercio y PUCP. Sigue leyendo

Presentación del Gabinete en el Congreso

Gravamen
Por Patricia Kadena
¿Habrá novedades o sorpresas en su mensaje ante el Congreso?
Yo diría que va a ser un mensaje para darle la confianza al país de que este régimen, frente a la situación que hoy está viviendo el mundo entero, va a tomar todas las medidas necesarias para que se cumplan los programas, sobre todo los de inclusión social.
¿Y qué van a hacer para generar esa confianza en el actual contexto de crisis internacional y de retracción de las inversiones aquí en el Perú?
La confianza que nosotros estamos extendiendo a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, es que nosotros queremos crecer. Tenemos brechas muy grandes para poder crecer en infraestructura, tenemos que cubrir más de 35 mil, 40 mil millones de dólares en luz, agua, carreteras, aeropuertos, puertos. Otro pilar son los diversos microclimas, que nos dan posibilidades de desarrollo agrícola y programas de alimentación importantes. Vamos a desarrollar proyectos de irrigación y tratar de cubrir los programas de Sierra Productiva y Sierra Exportadora para que también sea un factor de desarrollo. Vamos a desarrollar la apertura de nuestras fronteras en forma atractiva para que venga el turismo al Perú.
¿Se van a cumplir las proyecciones de crecimiento del país?
Nosotros queremos estar entre 6% y 8% de crecimiento en los próximos cinco años.
¿Cómo quedarán los carteras de la Producción y de la Mujer con la creación del Ministerio de Inclusión Social?
Produce tiene dos sectores importantes, que son pesca y manufactura. Produce va a seguir cumpliendo su rol, y el Ministerio de la Mujer seguirá cumpliendo el papel que ha venido cumpliendo, y ampliará sus funciones en relación a género, violencia familiar, niñez.
Entonces, habrá un nuevo ministro de la Producción.
Probablemente tendrá que haber un nuevo ministro de la Producción.
¿El aumento de sueldos que se está evaluando alcanzará al presidente, a los ministros o a los congresistas?
Lo que se está evaluando es una retribución para profesionales altamente calificados, para que la administración pública pueda contar con técnicos que, efectivamente, traigan profesionalismo, eficiencia a la administración pública, pero no es para ministros, viceministros, parlamentarios ni empleados públicos.
¿Cuándo se implementará la línea aérea de bandera? Pedro Pablo Kuczynski y otros han dicho que eso ha fracasado en el mundo.
Creo que hay distorsiones respecto del significado de una línea aérea de bandera. Nosotros creemos que no pueden haber empresas que tengan dominio del mercado. Lo que queremos es competitividad. Mire lo que está pasando con Peruvian Airlines. Sale del mercado con 10% de participación y suben los pasajes. Queremos que haya competencia.
¿Qué garantiza que esto no se convierta en otro Aeroperú?
No vamos a crear un Aeroperú ni un Tans. Lo que promueve el Estado es que ingresen nuevos agentes a competir. Si una línea del Asia viene y nos pide derechos para poner una línea con un centro neurálgico de sus actividades en el Perú, nosotros le vamos a dar ese derecho para que pueda hacer una competencia a otros mercados y dar un servicio interno al Perú, pero no es una línea estatal.
Y por qué se habla de línea aérea de bandera.
Nadie ha dicho que es una línea aérea de bandera.
El presidente lo ha dicho.
Una línea de bandera significa que va a tener la frecuencia que nosotros podamos negociar con él (…), que vengan empresas y que vayan a los lugares adonde nosotros queramos, y que compitan. Queremos que vengan y, si es necesario, (el Estado puede) participar minoritariamente para darles la seguridad, la garantía del caso.
¿Y van a modificar el rol subsidiario del Estado en la Constitución?
En este momento no se necesita.
¿Por qué, entonces, el presidente Humala ha dicho varias veces que se requiere cambiar ese punto?
Estamos encontrando que hay otras interpretaciones. El artículo 58 dice que el Estado tiene todo el derecho de prestar los servicios públicos que requiere el país. No vamos a forzar ningún tipo de cambio si no lo necesitamos.
Los cultivos de coca. El señor Soberón afirmó que la suspensión de la erradicación era una pausa indefinida y, luego, usted anunció que continuará la otra semana.
No digo que la otra semana, pero en los próximos días se van a reanudar las operaciones de erradicación, que son programadas y concertadas con Devida y el Ministerio del Interior.
Parece que han dado marcha atrás debido a las críticas. Además, ¿tiene sentido parar solo por unos días?
Yo no le puedo revelar, pero tiene mucho sentido. Tiene un sentido de inteligencia, tiene un sentido en las actividades de los propios agentes productivos que están en la zona, de la Policía, de los Servicios de Inteligencia. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por lo que analistas políticos puedan decir, sino porque creemos que es lo más saludable para el país hacer un ordenamiento, una campaña eficiente de reducción de áreas ilegales.
El coronel (r) Pereyra fue retirado del Indeci. ¿Hubo apresuramiento en su nombramiento?
El señor Pereyra tenía todas las calificaciones para ocupar ese puesto. Lo que ha ocurrido es que para el cargo de un director de Indeci no es un coronel sino un general. Ese ha sido el error que hemos rectificado.
¿Y el capitán (r) Víctor Gómez continúa en el cargo? ¿Ha renunciado?
Él sigue siendo encargado de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), él tiene toda la confianza del presidente, y no sé de dónde han podido salir estos rumores periodísticos.
Por una cuestión de imagen, ¿no ha sido contraproducente nombrar como asesor a Eduardo Roy Gates, quien defendió a Rómulo León?
Lo que hay que entender es que son asesores de ciertos cargos, de la Presidencia, del primer ministro, y las personas se sienten en confianza trabajando con ellos.
En Gana Perú han pedido que se investigue al gobierno aprista, ¿podrían investigar objetivamente siendo Roy Gates asesor del presidente?
Sí, por supuesto (…) Él no define qué casos se van a investigar, él simplemente asesora al presidente, y en los casos donde haya conflicto de interés tendrá que abstenerse.
¿Usted puede descartar un eventual indulto a Antauro Humala al margen de una causal humanitaria?
No buscamos ningún indulto. Que se cumpla la sentencia del Poder Judicial.
¿Perturba al Gobierno el hecho de que los familiares del presidente estén haciendo constantemente declaraciones incómodas?
Sí hay una molestia porque, efectivamente, uno sufre por lo de la familia. Es su familia, yo entiendo al presidente, es su hermano, es su padre. Para el presidente creo que debe ser un dolor, más que una molestia, tener en su familia este tipo de perturbaciones. Es una opinión personal.
Según Datum, el 50% cree que el presidente no podrá tener a su familia al margen de las decisiones o de los cargos del gobierno.
Es difícil, es complicado apartar totalmente a la familia de las relaciones en un gobierno, pero estamos tratando de que las cosas se hagan profesionalmente. Si hay algunos familiares que tengan esas calificaciones y quieren participar –y si la ley lo permite en el grado de consaguinidad que puede haber– bienvenido sea, sino, deben apartarse.

Fuente: Diario Peru 21. Sigue leyendo

Decreto General sobre las Universidades e Institutos Católicos de Estudios Superiores

VISTO la necesidad de revisar el «Ordenamiento» aplicativo de la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae promulgado por la CEA el 15.10.1997, recogiendo la vasta experiencia de este trienio;
HABIENDO consultado a la Comisión Episcopal de Educación Católica, a la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, a la Comisión Episcopal para la Universidad Católica Argentina y al Consejo de Asuntos Jurídicos de la CEA;
EN VIRTUD del art. 1 § 2 de las «Normas generales» de la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae, publicada por Juan Pablo II el 15.8.1990 (cf. AAS 82 [1990] 1475-1509; de ahora en más Normas Ex corde);
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1. Régimen de las Universidades Católicas e Institutos Católicos de Estudios Superiores
§ 1. La Universidad Católica es una comunidad académica que goza de autonomía institucional de gobierno para la investigación y enseñanza de las distintas disciplinas de acuerdo con la doctrina católica (cf. c. 809; Ex corde n.12 y Normas art. 2) .
§ 2. El Instituto Católico de Estudios Superiores brinda la formación necesaria en los niveles no universitarios de la educación, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica.
§ 3. Las Universidades Católicas y los Institutos Católicos de Estudios Superiores existentes en la República Argentina se rigen por:
a. los cc. 807-814 del CIC;
b. las «Normas generales» aprobadas por la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae;
c. este Decreto promulgado por la Conferencia Episcopal Argentina;
d. los respectivos Estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica competente.
Artículo 2. Régimen de los Institutos Superiores de ciencias religiosas
Los Institutos Superiores de ciencias religiosas existentes en la República Argentina en los cuales, a tenor del c. 821, se enseñan disciplinas teológicas y aquellas otras que pertenecen a la cultura cristiana, se rigen por:
a. las «Normas para los Institutos Superiores de ciencias religiosas», publicadas por la Congregación para la educación católica el 12.5.1987 (cf. Seminarium 43 [1991] 179-201);
b. la «Instrucción sobre la colaboración inter-Institutos para la formación», publicada por la Congregación para los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica el 8.12.1998;
c. este Decreto promulgado por la Conferencia Episcopal Argentina;
d. los respectivos Estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica competente.
Artículo 3. Régimen de las Universidades y Facultades eclesiásticas
§ 1. Son Universidades y Facultades eclesiásticas las que, erigidas por la Sede Apostólica, se dedican a la investigación y enseñanza de las ciencias sagradas o conexas con las mismas, y tienen el derecho de otorgar grados académicos por autoridad de la Santa Sede (cf. c. 815-817; Normas Ex corde art. 1 § 2, nota 45).
§ 2. En las Universidades y Facultades eclesiásticas existentes en la República Argentina, incluidas las Facultades eclesiásticas pertenecientes a una Universidad Católica, se observará cuanto establece el Artículo 10 de este Decreto, careciendo de vigencia para ellas las demás disposiciones del mismo, y se rigen por:
a. los cc. 815-820 del CIC;
b. las Normas de la Constitución Apostólica Sapientia Christiana, publicada por Juan Pablo II el 15.4.1979 (cf. AAS 71 [1979] 469-521);
c. los Estatutos aprobados por la Santa Sede.
§ 3. La afiliación, agregación e incorporación de un Instituto teológico o de otra ciencia religiosa a una Universidad o Facultad eclesiástica, incluso bajo la forma de una subsede, se rige por las siguientes normas:
a. La «afiliación» de un cuadrienio teológico para la consecución del bachillerato se rige por las normas propias, las cuales incluyen el consentimiento del respectivo Obispo diocesano u Ordinario religioso (cf. CONGREGACION PARA LA EDUCACION CATOLICA Notio affiliationis theologicae. Conventio et Normae servandae 1.8.1985, art. 7).
b. La «agregación», por la cual el Instituto se une a la Facultad eclesiástica para conseguir el bachillerato y la licenciatura, se rige por las normas propias, las cuales incluyen el parecer favorable del Obispo diocesano competente y de la respectiva Conferencia de Obispos, como así también la presentación del Gran Canciller de la Facultad agregante (cf. CONGREGACION PARA LA EDUCACION CATOLICA Normae de Instituti Theologici aggregatione 23.6.1993, arts. 13-14: Seminarium 33 (1993) 261-265).
c. La «incorporación», por la cual el Instituto se inserta en la Facultad eclesiástica para la consecución de la licenciatura y/o el doctorado, se rige por las normas aprobadas por la autoridad eclesiástica competente.
Artículo 4. Erección de las Universidades e Institutos Católicos
Para que una Universidad o Instituto, a tenor del c. 808, pueda usar el título de católico en la República Argentina, se requiere que hayan sido erigidos:
a. por la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina o por un Obispo diocesano de la República Argentina, a quien corresponde también aprobar sus estatutos;
b. con el consentimiento por escrito del Obispo diocesano de la sede principal, a quien corresponde también aprobar sus estatutos, pueden ser erigidos por un Instituto religioso o por una persona jurídica eclesiástica pública (cf. cc. 116 § 1; 301 § 1);
c. con el consentimiento por escrito del Obispo diocesano de la sede principal, a quien corresponde también aprobar sus estatutos, por una persona jurídica eclesiástica privada (cf. cc. 116 § 1; 322 § 2), una asociación privada de fieles no constituida en persona jurídica (cf. c. 310), o por fieles clérigos o laicos.
Artículo 5. Las subsedes o extensiones y los colegios universitarios
§ 1. Las Universidades e Institutos pueden establecer subsedes y extensiones en una Iglesia particular diversa de la sede principal como respuesta a una solicitud escrita del respectivo Obispo diocesano o con el consentimiento por escrito del mismo, contando también con el consentimiento escrito del Obispo diocesano de la sede principal y el parecer de la Comisión Episcopal de Educación Católica, previo a cualquier trámite al respecto ante el Consejo de Universidades (cf. Decreto PEN 1047/99 del 23.9.1999).
Esta norma se aplica tanto a las instituciones cuya sede principal esté en la República Argentina como aquellas que residan en el extranjero, incluidas las dependientes de Institutos religiosos.
§ 2. Los Institutos Católicos necesitan el previo consentimiento por escrito del Obispo diocesano para transformarse, mediante acuerdo con una Universidad, en Colegios universitarios. En el acuerdo deberá tutelarse la identidad católica del Instituto.
§ 3. En tales casos, las facultades enunciadas en el Artículo 10 corresponden al Obispo diocesano de la subsede, extensión o Colegio universitario, sin perjuicio de las competencias del Gran Canciller, si lo hubiere.
§ 4. Todo proyecto de educación a distancia, sea no presencial o semipresencial, virtual o no, deberá contar con el consentimiento escrito del Obispo diocesano de la sede principal y el parecer de la Comisión Episcopal de Educación Católica, para lo cual la autoridad académica presentará la documentación e información requerida en la Resolución 1423/98 del 24.7.1998 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Para la eventual apertura de centros académicos de apoyo local de educación a distancia (o «aulas virtuales») en una Iglesia particular diversa de la sede principal se requieren los consentimientos escritos tanto del respectivo Obispo diocesano como del Obispo diocesano de la sede principal.
Artículo 6. Los estatutos
§ 1. Los estatutos eclesiásticos de la Universidad o Instituto, dejando a los propios Reglamentos internos que han de aprobar las autoridades académicas competentes lo que es de índole más particular y mudable, deben transcribir las Normas Ex corde y este Decreto, y tratar principalmente los temas enunciados en el Apéndice de este Decreto general.
§ 2. Como las Universidades Católicas están obligadas por el art. 62 de la Ley 24.521 de Educación Superior a obtener personería jurídica como asociación o fundación civil, a tenor del art. 45 del Código Civil argentino , se someterán los estatutos civiles al Obispo diocesano de la sede principal para su revisión y ninguna modificación de los mismos tendrá validez sin la aprobación del Obispo diocesano de la sede principal.
§ 3. En los estatutos de la asociación o fundación civil se deberá tutelar la identidad católica de la institución, las facultades del Obispo diocesano en la misma, la coordinación de las autoridades de la entidad civil con las autoridades académicas y directivas de la institución y el destino eclesial de los bienes en caso de disolución.
§ 4. Estas normas también rigen en los Institutos Católicos que opten por constituirse en asociación o fundación civil.
Artículo 7. Los docentes y el personal administrativo
§ 1. Todos los docentes han de tener el título académico requerido por la Ley 24.521 de Educación Superior. Además, las autoridades académicas pondrán especial atención en que los profesores titulares, a quienes es confiada la responsabilidad de la tarea investigativa y docente de las diferentes cátedras, tengan el título académico máximo en la propia disciplina.
§ 2. Los docentes han de destacarse “no sólo por su idoneidad científica y pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida” (c. 810 § 1).
§ 3. “Al momento del nombramiento, todos los docentes y el personal administrativo deben ser informados de la identidad católica de la institución y de sus implicaciones, y también de su responsabilidad de promover o, al menos, respetar tal identidad”, por medio de un compromiso formal y escrito en el momento de su incorporación (Normas Ex corde art. 4 § 2).
§ 4. “De acuerdo con las diversas disciplinas académicas, todos los docentes católicos deben acoger fielmente, y todos los demás docentes deben respetar, la doctrina y la moral católicas en su investigación y en su enseñanza. En particular, los teólogos católicos, conscientes de cumplir un mandato de la Iglesia, deben ser fieles al Magisterio de la Iglesia, como auténtico intérprete de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición” (Normas Ex corde art. 4 § 3).
§ 5. Los docentes y el personal administrativo no católico “tienen la obligación de reconocer y respetar el carácter católico de la institución. Para no poner en peligro tal identidad católica de la Universidad o del Instituto Superior, evítese que los profesores no católicos constituyan una componente mayoritaria en el interior de la institución, la cual es y debe permanecer católica” (Normas Ex corde art. 4 § 4).
§ 6. Con el fin de alentar la investigación y la mejor integración del cuerpo docente, en cada Universidad o Instituto deberá existir un número suficiente de profesores con dedicación especial.
§ 7. Los docentes se jubilan a la edad establecida en la legislación civil vigente, salvo que la autoridad académica correspondiente permita la continuidad.
Artículo 8. Los alumnos
§ 1. Para la admisión de estudiantes, además de las condiciones requeridas por el art. 7 de la Ley 24.521 de Educación Superior, se comprobará la madurez requerida para la realización de estudios superiores, incluso mediante examen de ingreso.
§ 2. Los alumnos, al solicitar su matriculación, aceptan formalmente los fines de la institución y manifiestan acatamiento de las normas que rigen su funcionamiento.
§ 3. “La educación de los estudiantes debe integrar la dimensión académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia. El programa de estudio para cada una de las distintas profesiones debe incluir una adecuada formación ética en la profesión para la que dicho programa prepara. Además, se deberá ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de seguir cursos de doctrina católica”, a tenor del c. 811 § 2 (Normas Ex corde art. 4 § 5).
Artículo 9. Los títulos
§ 1. “Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor” (Ley 24.521 de Educación Superior art. 40).
§ 2. El doctorado comporta la culminación de una carrera universitaria. En consecuencia, las Universidades Católicas deben extremar el rigor de sus exigencias para otorgarlo, estableciendo en sus estatutos las siguientes exigencias mínimas:
a. Se ha de participar en un seminario filosófico-teológico referido al saber de la carrera respectiva.
b. Se impondrá el requisito final de una tesis realizada bajo la dirección del profesor que la Facultad designe, sometida a defensa en prueba oral y aprobada colegialmente.
c. El título no se otorgará en ningún caso con la sola aprobación de un único ciclo de estudios común con los aspirantes.
§ 3. Concurriendo especiales méritos científicos o culturales adquiridos en la promoción de las ciencias, una Universidad Católica puede conferir el título de doctor «honoris causa» con el previo consentimiento por escrito del Obispo diocesano competente y, si lo hubiese, del Gran Canciller.
Artículo 10. Competencia del Obispo diocesano
Corresponde al Obispo diocesano competente:
a. vigilar para que en la Universidad o Instituto “se observen fielmente los principios de la doctrina católica” (c. 810 § 2);
b. conceder, a tenor del c. 812, el mandato a quienes enseñan disciplinas teológicas en todas las Universidades o Institutos católicos, aún dependientes de Institutos religiosos;
c. designar, instituir o confirmar al capellán o capellanes de la Universidad o Instituto, a tenor del c. 565 (cf. c. 813), y eventualmente removerlo con causa justa;
d. ser informado anualmente de las actividades de la Universidad o Instituto, especificando sobre el modo en que se hace realidad su identidad católica, el respeto del Magisterio de la Iglesia en la investigación y la docencia, la idoneidad científica y pedagógica de los docentes, la formación ética y religiosa de los alumnos, la creación de nuevas carreras y subsedes o extensiones en otras Iglesias particulares, y la atención pastoral de la comunidad educativa;
e. recibir anualmente la rendición de cuentas;
f. procurar que, donde no se den los requisitos necesarios para que la Santa Sede erija una Facultad de Teología, exista al menos una cátedra de teología (cf. c. 811 § 1);
g. teniendo en cuenta la importancia de la filosofía para la evangelización de la cultura, promover los estudios filosóficos, incluso con la creación de una Facultad de Filosofía;
h. cuidar que se promueva “la atención pastoral de los miembros de la comunidad universitaria y, en particular, el desarrollo espiritual de los que profesan la fe católica” (Normas Ex corde art. 6 § 1; cf. c. 813).
Artículo 11. Pastoral universitaria
Para promover una adecuada atención pastoral de la comunidad universitaria:
a. los estatutos de las Universidades e Institutos deberán determinar que se nombre “un número suficiente de personas cualificadas -sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos- para proveer una acción pastoral específica a favor de la comunidad universitaria, que se ha de desarrollar en armonía y colaboración con la pastoral de la Iglesia particular y bajo la guía o la aprobación del Obispo diocesano” (Normas Ex corde art. 6 § 2; cf. c. 564);
b. debe existir en toda Universidad o Instituto una iglesia u oratorio aprobado por el Obispo diocesano competente dedicado exclusivamente a la celebración litúrgica y a la oración personal de la comunidad universitaria y de otras personas que allí acudan con el consentimiento de las autoridades académicas (cf. cc. 1214 y 1223).
Artículo 12. La Universidad y los Institutos en la Iglesia
§ 1. Toda Universidad e Instituto “debe mantener la comunión con la Iglesia universal y con la Santa Sede; debe estar en estrecha comunión con la Iglesia particular, principalmente con los Obispos diocesanos de la región o de la nación en la que está situada”, contribuyendo a la acción evangelizadora de la Iglesia (Normas Ex corde art. 5 § 1).
§ 2. “Con el fin de afrontar mejor los complejos problemas de la sociedad moderna y de fortalecer la identidad católica de las instituciones, se deberá promover la colaboración a nivel regional, nacional e internacional en la investigación, en la enseñanza y en las demás actividades universitarias entre todas las Universidades Católicas, incluidas las Universidades y Facultades eclesiásticas. Tal colaboración debe ser, obviamente, promovida también entre las Universidades Católicas y las demás Universidades e Institutos para la investigación y la enseñanza, tanto públicas como privadas” (Normas Ex corde art. 7 § 1; cf. c. 820).
§ 3. “Las Universidades Católicas, cuando sea posible y de acuerdo con los principios y la doctrina católicos, colaboren en programas de los gobiernos y de las organizaciones nacionales e internacionales en favor de la justicia, del desarrollo y del progreso” (Normas Ex corde art. 7 § 2).
Artículo 13. Procedimiento para la remoción de los docentes
A tenor del c. 810 § 1 y del art. 5 § 2 de las Normas Ex corde, los estatutos deben incluir el siguiente procedimiento cuando falte la idoneidad científica o pedagógica, la rectitud de doctrina o integridad de vida en alguno de los docentes:
a. Ante todo, se debe tratar de arreglar la cuestión privadamente entre la autoridad académica competente y el docente.
b. Si no se llega a un acuerdo, la cuestión sea tratada oportunamente por el consejo o comisión competente, de manera que el primer examen del caso se haga dentro de la institución.
c. Si esto no es suficiente, elévese la cuestión al Obispo diocesano competente o, si lo hubiese, al Gran Canciller, el cual, junto con personas expertas de la institución o de fuera de ella, examinará el asunto para proveer del modo oportuno.
d. En todo momento se concederá al docente la facultad de exponer y defender su causa, quedando siempre su derecho de recurrir ante quien corresponda.
e. No obstante, en los casos más graves y urgentes, con el fin de proveer al bien de los alumnos y de los fieles, el Obispo diocesano competente o, si lo hubiese, el Gran Canciller suspenderá «ad tempus» al profesor, hasta que se concluya el examen de la cuestión.
Artículo 14. Revisión de los estatutos vigentes
Todas las Universidades e Institutos deberán incorporar en sus estatutos las Normas Ex corde y este Decreto, sometiendo el texto a la aprobación de la autoridad eclesiástica competente antes de la culminación del ciclo lectivo 2002. Si se hubiese obtenido personería jurídica como asociación o fundación civil, para la aprobación de los estatutos canónicos deben presentarse los estatutos civiles vigentes.
APENDICE
CONTENIDO MINIMO DE LOS ESTATUTOS
1. El nombre, la naturaleza (universidad o instituto), la finalidad y el propietario de la institución (con una breve información histórica como proemio).
2. El gobierno: El Gran Canciller; las autoridades académicas, personales y colegiales; cuáles son sus competencias concretas; cómo han de ser elegidas y cuánto tiempo dura su mandato.
3. Los docentes: Cuál debe ser su número mínimo en cada carrera; cuáles son sus categorías; qué requisitos se les exige; cómo deben ser nombrados y promovidos; cómo pueden cesar en sus funciones; cuáles son sus deberes y derechos.
4. Los alumnos: Cuáles son sus requisitos de inscripción; cuáles sus deberes y derechos.
5. El personal administrativo: Cómo deben ser designados; cuáles son sus deberes y derechos.
6. El plan de estudios: Cuáles son las carreras articuladas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes; cuántos ciclos comprende; cuáles las disciplinas enseñadas; su obligatoriedad y asistencia a las clases; seminarios y ejercitaciones; exámenes parciales y finales.
7. Los grados académicos: Qué grados se conferirán en cada carrera y bajo qué condiciones.
8. El material didáctico: Cómo se proveerá a la conservación e incremento de la biblioteca; cuáles otros instrumentos didácticos y de investigación son necesarios.
9. Los aspectos económicos: Cuál es el patrimonio; quién lo administra; cuáles las normas sobre los honorarios de los docentes y personal administrativo; cuáles las tasas de los alumnos; cuáles las ayudas económicas destinadas a los alumnos pobres; eventual vinculación con la asociación o fundación civil.
10. Relaciones con las otras Universidades y Facultades: Quiénes pueden establecer acuerdos; en cuáles organismos se participará.
11. Régimen de las subsedes o extensiones y colegios universitarios: Quiénes pueden establecer acuerdos; cuáles facultades tienen los respectivos Obispos diocesanos.
12. Destino de los bienes en caso de disolución o supresión.
Aprobado en la 80ª Asamblea Plenaria el 10 de noviembre de 2000.
Reconocido por la Congregación para los Obispos el 5 de abril de 2001 (Prot. N°. 721/94).
Promulgado el 25 de abril de 2001 (Prot. N° 220/01).

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