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Pueblos y comunidades nativas

Historia de los Awajún

Por Dr. Víctor Raúl Nomberto Bazán- Director de Investigación Facultad de Ciencias Sociales UNFV
Resumen
Los awajún pertenecen a la familia lingüística de los jíbaros. Organizaban expediciones contra otros jíbaros como los wampis, con la finalidad de matar enemigos y robar mujeres. En dichas excursiones, las cabezas de los hombres asesinados eran cortadas y convertidas en tsantsa -cabezas reducidas mediante un tratamiento ritual-.
Antes del siglo XIV estuvieron vinculados por la guerra a los moches o lambayeques de la costa, para finalmente  habitar un enclave entre la cordillera andina y los ríos navegables de la región norte ubicado en la Amazonía peruana, específicamente en las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca y San Martín.
Durante el siglo XVI se fundaron las ciudades de Santiago de las Montañas y de Santa María de Nieva en la actual región Amazonas, así como Borja en 1619. Desde allí llegan los jesuitas en 1638 para iniciar las misiones de Maynas, cuya presencia es importante hasta su expulsión del Perú en 1769.
A inicios del siglo XX, en pleno boom del caucho, los awajún atacan a un grupo de caucheros en Wavico, en la actual provincia de Bagua (Guallart 1990).
En 1925 se establece la misión protestante nazarena en Imacita. En 1947 ingresa el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y en 1949 se establecieron las primeras misiones jesuitas en Chiriaco.
También el siglo pasado, durante la década de los 90, el río Cenepa fue escenario de la guerra entre Perú y Ecuador. Y en el presente siglo del enfrentamiento denominado “baguazo” cuyos protagonistas fueron también integrantes de esta población indígena.
Introducción
Los pueblos indígenas awajún están distribuidos en los departamentos de Amazonas, Caja­marca, Loreto, San Martín y Ucayali (Calderón, 6).
El antropólogo Jaime Regan señala que “los awajún pertenecen a la familia lingüística jíbara que se extendía desde la sierra de Ayabaca y la sierra sur de Ecuador hasta la selva alta de los ríos Santiago y Marañón (Hocquenghem, 1989). No tenían ninguna forma de organización centralizada, sino reconocían los jefes de las unidades familiares. En el caso de amenaza de afuera, se organizaban en torno a un jefe militar, reconocido por su experiencia, sabiduría y valentía (Harner, 158-169).
Los mochicas o los lambayeque (750-1375 d.C.) habrían obtenido de la región del Chinchipe (en territorio awajún) mucho del oro para su orfebrería”. La tradición oral awajún habla de conflictos con los «iwa», probablemente los mochicas o lambayecanos (Guallart, 1990: 47-50). El Inca Tupa Yupanqui trató de conquistar a los jíbaros de la ceja de selva pero fracasó. Según el cronista español Pedro de Cieza de León 1967, 199: «Por los Bracamoros entró y volvió huyendo, porque es mala tierra aquella montaña». Según el mismo autor, también fracasó: «Público es entre muchos naturales de estas partes que Guayna Capa entró por la tierra que llamamos Bracamoros y que volvió huyendo de la furia de los hombres que en ella moran» (ibíd.: 228).Capítulo I: El degollador
Étsa, el Sol, es el principal héroe cultural de los Awajún. Se apareció en forma de hombre, fue un hábil guerrero que uso sus poderes y habilidades especiales para capturar al monstruo Ajáim, transformarlo en árbol y combatir a los Iwa. Étsa está asociado simbólicamente a las actividades mas­culinas como la caza, pesca, preparación de las chacras, construcción de casas y tala de árboles, entre otras (Guallart, 1989; 1990).
De sus enfrentamientos mitológicos con los Iwa adquirieron la práctica de capturar y degollar a sus enemigos, mediante la tsantsa.
Cuando llegaron los españoles, los jíbaros ocupaban la región  del río Chinchipe, Santiago y Marañón. A partir de 1543 los conquistadores españoles repartieron a los jíbaros en encomiendas exigiendo tributo en oro. En 1576, el jesuita Miguel de Fuentes escribió que habían matado a unos españoles por los malos tratos.El motivo de este levantamiento de los indios fue por las abundantes minas de oro que se labran con insoportables trabajos de los indígenas y demasiada opresión de los españoles, quienes sobrepasaron el tributo anual de aquellos que pagaban en oro, y se los exigieron cada seis meses, después cada mes, luego cada semana, y de allí pasaron a obligarlos a que lo pagasen todos los días, y en cantidad tan excesiva que no pudiendo completarla, determinando sacudir su intolerable servidumbre.
“Después de esta rebelión, los españoles de Jaén dejaron de trabajar las minas de oro por temor a otra tragedia, y se dedicaron a hacer grandes plantaciones de tabaco. Durante los siglos XVII y XVIII los jíbaros no permitieron entrar a su territorio ni soldados ni autoridades o vecinos españoles.
Así los jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto del período colonial, aunque siempre había algo de contacto con la sociedad cercana por medio del comercio. Al comienzo del siglo XX algunos awajún trabajaron con los patrones caucheros, pero asesinaron a los que cometían abusos” (Martín Cuesta, 1988, V: 17-18).
Capítulo II: La Misión Alta del Marañón
La investigadora Sandra Negro afirma que: “A solicitud del gobernador español Diego Vaca de la Vega al virrey don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, se funda en 1619 a orillas de la margen izquierda del río Marañón y al pie del Pongo de Manseriche la ciudad de San Francisco de Borja. Una vez fundada la ciudad se repartieron los pobladores indígenas entre los miembros de la expedición, para que trabajasen en los lavaderos de oro. Como tales encomiendas eran muy duras, los indios huyeron y en 1635 promovieron un alzamiento general atacando la ciudad de Borja donde mataron a muchos españoles. Para pacificar la región el nuevo gobernador Pedro Vaca de la Cadena, pensó que era necesaria una “buena cristiandad” y para alcanzarla solicitó que fuesen enviados miembros de la Compañía de Jesús. A principios de l637 llegaron a la ciudad española de Borja los primeros jesuitas. Ellos fueron Lucas de la Cueva y Gaspar de Cugia. Su primer trabajo fue pacificar a los indígenas y para alcanzar este objetivo consiguieron del gobernador un “perdón general” para los que se habían rebelado. Este fue el primer paso que posibilitó el establecimiento de la misión de Maynas”.
La expulsión de los jesuitas de las posesiones españolas y portuguesas en América entre 1759 y 1767, culminó en 1768 con la salida definitiva de los religiosos de la misión de Maynas. Al tiempo del arresto y expulsión de los jesuitas, la misión de acuerdo con la reorganización territorial realizada en 1753 -a petición de los superiores de la Compañía de Jesús- llevada a cabo por el presidente de la Real Audiencia de Quito, don Juan Pío de Montúfar, marqués de Selva Alegre, estaba dividida administrativamente en tres sectores y a cada una de ellas le correspondía una circunscripción misional. A Borja le correspondía la Misión Alta del Marañón, mientras que para Omaguas era la Misión Baja del Marañón y finalmente a Napo estaba vinculada con la Misión del Napo. El gobernador de Maynas residía en San Francisco de Borja, temprana ciudad española del siglo XVI y posterior misión jesuítica en los siglos XVII y XVIII.Los historiadores de la Misión de Maynas señalan que con la salida de los jesuitas, las reducciones se vieron sumergidas en un notable abandono, tanto en lo espiritual, como en lo económico y que este fue el principal motivo de su decadencia y desaparición. Sin embargo es importante señalar, que si bien se documentan cifras de aproximadamente 12,000 a 14,000 cristianos nuevos en Maynas, la situación misma de las reducciones estaba en plena decadencia desde 1740 en adelante. A manera de ilustración se puede señalar que en 1751 la ciudad de San Francisco de Borja, cabeza de la Misión Alta del Marañón, solo contaba con “17 habitantes entre españoles e indios” y el pueblo de Santiago de las Montañas “que conserva 4 mestizos y 10 indios, porque todos han abandonado estas ciudades”. Las razones para esta situación son varias:
1. El avance de los portugueses que fue mermando y causando graves pérdidas a los misioneros en relación a la evangelización y a los poblados mismos.
2. Los indígenas cristianizados o “neófitos”, que pese a los denodados esfuerzos de los jesuitas durante más de un siglo, continuaban siendo religiosamente inestables, situación agravada al estar inmersos en culturas amazónicas no cristianas.
3. El relativamente pequeño número de religiosos frente a una inmensa extensión territorial, con la población totalmente dispersa y trashumante.
4. El despoblamiento de las reducciones ribereñas, debido a las epidemias y las altas tasas de mortalidad, las cuales dejaban no sólo una estela de pueblos abandonados, sino un menor número de conversos y el reto de buscar nuevos pobladores en el interior de la selva para cristianizar, convirtiendo todos los esfuerzos realizados en nada.
5. Serias dificultades relativas al financiamiento de tan grande empresa, que a pesar de los intentos internos de la misión, tales como elevar la producción local, o externos, como la adquisición de haciendas próximas a Quito, lo cierto es que nunca se logró disponer de los fondos necesarios para una obra espiritual de tal envergadura.Capítulo III: Misiones evangélicas y carretera marginal de la selva
En el año 1924 llegó el misionero evangélico nazareno Roger Winans con su esposa y un grupo de familias evangélicas para vivir y establecer una escuela entre los awajún del río Marañón (Guallart 1990: 226; Greene 2009:267). Las actividades de los Winans en su largo tiempo con los awajún incluían no solamente introducir la Biblia y la importancia de poder leer, escribir, y hacer matemáticas, sino también introducir nuevas ideas de identidad nacional -unos de sus estudiantes eran los primeros awajún que pidieron su Documento Nacional de Identidad (DNI)-, organización comunitaria y valores relacionados al mercado.
En 1947, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) envió un grupo de lingüistas al territorio awajún, quienes llevaron a cabo su obra de evangelización y, al mismo tiempo, de formación de profesores bilingües entre la población. En 1949 se estableció una misión jesuítica en Chiriaco, actual capital del distrito de Imaza, provincia de Bagua, Amazonas. En el año 1953 se creó la primera Escuela Primaria Bilingüe y, en 1972, se implantó oficialmente esta modalidad educativa. Así, llegaron los primeros maestros awajún bilingües, quienes expandieron la doctrina evangélica a lo largo de la década del setenta.
En los años ochenta la mayoría de la población awajún se declaraba cristiana, aunque había reinterpretado esta religión de acuerdo con su particular visión del mundo. Adicionalmente, en la actualidad también se verifica la presencia de grupos otros religiosos: católicos, nazarenos, evangélicos, adventistas, sabatistas e israelitas del Nuevo Pacto Universal, algunos de los cuales desarrollan, además de las labores pastorales y evangelizadoras, diversos trabajos educativos, sanitarios, promocionales, asistenciales y de asesoría, ejerciendo influencia en la marcha de las comunidades y sus organizaciones.
Los awajún aprendieron que un valor de aprender a leer y escribir es tener control y acceso al dinero (Greene 2009: 269). Los misioneros también les impedían y hacían desistir de sus prácticas tradicionales como la de utilizar plantas alucinógenas para visiones. Los misioneros trataban de formar un nuevo líder comunitario, a partir de los valores que ellos transmitían y no en la tradición awajún. La iglesia católica, mediante el Vicariato Apostólico de San Javier del Marañón no permitió que los evangélicos ganaran todas las almas de los awajún y empezó a fundar sus propias escuelas también. Las dos misiones seguían en la misma dirección de Winans, introduciendo documentos e ideas de ciudadanía nacional y religión civilizada. En noviembre de 1952 el ministro de Educación del Perú entregó una resolución oficial autorizando que el Instituto Lingüístico del Verano (ILV) empezara un curso para entrenar a profesores bilingües con la intención explicita de occidentalizar los pueblos indígenas para que participen mejor en la vida nacional (Larson y Davis 1981: 393). El Instituto, una organización adventista, abrió una escuela para profesores en Yarinacocha (Ucayali) y empezaron a fundar escuelas en todas partes de la selva con sus nuevos profesores. Los primeros libros de texto utilizados en las escuelas bilingües demuestran las intenciones del programa: junto a los textos escritos, vemos los símbolos visuales de la nación tales como banderas peruanas, la escuela, martillos y serruchos para la producción y construcción, la ropa occidental, los estándares de salud, y los símbolos del mercado como dinero y artículos de mercadería. En 1953 el ILV tenía sólo un profesor awajún en una escuela: Salomón Katip. En 1975 el número ya había crecido a 133 profesores awajún en 67 comunidades, la mayoría de las cuales se formaron con la llegada de un profesor y la construcción de una escuela (Larson y Davies 1981: 338).
Las escuelas awajún constituyeron más de la tercera parte de todas las escuelas del ILV en la selva peruana (Greene 2009: 283). También, muchos de los awajún más educados, recibieron la oportunidad de viajar a la costa, gracias a la Iglesia del Nazareno, para recibir instrucción secundaria. Gran número de estos awajún se hicieron profesores bilingües y los primeros organizadores políticos en los años 1950 y 1960 (Greene 2009: 285). El profesor bilingüe surgió como un nuevo tipo de autoridad indígena antes desconocido. Él actuaba como intermediario principal entre su pueblo y la sociedad dominante por su capacidad de hablar los dos idiomas y manejar el mundo de libros, documentos, mapas, números, finanzas, entre otros temas. Además, con su sueldo mostraba a su pueblo el uso de dinero, comprando y vendiendo mercaderías y acumulando productos extranjeros, y actuaba como catalizador de más integración al mercado de la comunidad (Greene 2009: 291) En 1978, casi todas las radios, tocadiscos, relojes y otros objetos fabricados que daban prestigio eran propiedad de los maestros (Brown 1984:107). Por lo tanto, el profesor pronto se volvió en líder comunitario y mediador político.
En 1970 llegaron Adolfo Juep e Israel Katip, dos profesores bilingües del Marañón enviados por el ILV, para empezar la primera escuela awajún en el Alto Mayo en la comunidad de Bajo Naranjillo. Los mismos que dos años después fundaron escuelas en Naranjillo, Shimpiyacu, Alto Mayo y Shampuyacu (Brown 1984: 37-38).
La construcción de la carretera entre Bagua y la región San Martín generó la migración de la población hacia la provincia de Rioja donde se establecieron. Como resultado se ha creado el distrito de Awajún en el Alto Mayo, con una mayoría indígena.Capítulo IV: El Oleoducto Norperuano
El diseño del oleoducto norperuano se inició en 1972, cuando el Gobierno del general Juan Velasco Alvarado encargó a Petroperú, dependiente en la década de los setenta del Ministerio de Energía y Minas; realizar los estudios requeridos para su construcción y plantear los contratos con las compañías capaces de efectuar tal obra.
El contrato para el diseño definitivo fue adjudicado en 1973 a la firma Bechtel. El 16 de septiembre de 1974 ambas partes lo suscribieron.
El tendido de los primeros tubos del Oleoducto Norperuano demandó dos años, con participación internacional.
El 31 de diciembre de 1976, la Estación 1 del Oleoducto (San José de Saramuro) recibió petróleo de los yacimientos de Petroperú, y el crudo pesado mezclado con el ligero llegó a la Terminal de Bayóvar el 24 de mayo de 1977. El 7 de junio del mismo año el buque tanque Trompeteros realizó el primer embarque de crudo con destino a Refinería La Pampilla, en Lima.
La construcción del Oleoducto demandó del esfuerzo de 7,800 trabajadores, de los cuales mil eran extranjeros.
Petroperú construyó posteriormente el Oleoducto Ramal Norte, que va desde la Estación Andoas a la Estación 5. Entró en operaciones el 24 de febrero de 1978.Utilizando la carretera de mantenimiento del Oleoducto, se construyó la actual carretera a Santa María de Nieva. Actualmente un ramal de la carretera asfaltada llega a Saramiriza, capital del distrito Manseriche (Datem del Marañón) en la región Loreto, cruzando el río Nieva.
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Hacia un futuro sostenible

La Reserva Comunal Amarakaeri (RCAM) está ubicada en los distritos de Fitzcarrald, Manú, Madre de Dios y Huepetuhe, provincia de Manú, departamento de Madre de Dios; y tiene una superficie de 402 335,62 hectáreas. Su establecimiento busca contribuir a la protección de las cuencas de los ríos Madre de Dios y Colorado, a fin de asegurar la estabilidad de las tierras y bosques para mantener la calidad y cantidad de agua, el equilibrio ecológico y un ambiente adecuado para el desarrollo de las comunidades nativas Harakmbut.
La RCAM es una de las más grandes reservas comunales del país. Posee una alta variedad fisiográfica, compuesta por terrazas, colinas y montañas, en diversos pisos de selva alta y baja, con una gran variedad de ecosistemas y microclimas que brindan refugio a un enorme número de especies de fauna y flora, muchas de ellas en situación amenazada.
La región amazónica de Madre de Dios alberga pueblos indígenas únicos en su diversidad cultural, creencias, organización social y sistemas económicos y políticos. En la reserva y en su zona de influencia están presentes las etnias Harakmbut, Yine y Matsiguenka, gestores, beneficiarios directos y guardianes de la conservación de esta importante área natural protegida.
Fuente: www.sernanp.gob.pe/amarakaeri

Apurímac y el camino a la prosperidad

Carnaval de Andahuaylas - Apurímac

Por Luis Carranza– Diario El Comercio
Hasta hace unos pocos años, al igual que regiones vecinas, Apurímac presentaba los indicadores más desalentadores del país en materia de bienestar económico y social. La región se encontraba en un estado estacionario de reducido crecimiento económico y elevada pobreza. En el 2007, los indicadores de Apurímac como PBI per cápita, nivel de pobreza y desnutrición crónica estaban en las ubicaciones 24, 23 y 20, respectivamente, de un total de 24 regiones. La competitividad regional se encontraba en el penúltimo lugar.
Este lúgubre panorama ha comenzado a cambiar. La acertada decisión de la población y sus autoridades de apostar por el crecimiento económico impulsado por la inversión es el factor del cambio. El proyecto Las Bambas se ha convertido en el motor del crecimiento económico de Apurímac. En los últimos ocho años, el PBI real regional ha crecido en promedio más de 8% anual. En sus etapas iniciales de exploración, construcción y desarrollo, el proyecto ha generado una fuerte dinámica sectorial, principalmente en construcción, servicios y agricultura que han aumentado en el mismo período 260%, 57% y 44% en términos reales, respectivamente.
El ingreso promedio mensual por persona en la región ha aumentado en 114% entre el 2007 y el 2015 (pasó de 432 a 926 soles). Al 2015, el 98,8% de las personas económicamente activas se encuentra laborando. De la misma forma, los sectores que más han crecido en empleo son construcción, hoteles y restaurantes, minería y comercio alcanzando un incremento de 103%, 54%, 45% y 41%, respectivamente. Todo este fuerte dinamismo económico ha permitido que la pobreza regional disminuya de manera sustancial, de aproximadamente 74% en el 2009 a 36% en el 2015.
Asimismo, este fuerte impulso en la actividad minera está alimentando mayores recursos para inversión pública, la cual ha crecido un 590% entre el 2007 y el 2015. La inversión pública de los municipios de la región aumentó de 28 millones a 406 millones de soles y la del gobierno regional de 58 millones a 244 millones de soles.
Así también, parte de los recursos obtenidos por el Estado en el proceso de concesión del proyecto minero a través del Fondo Social Las Bambas ha sido destinado en favor de la población. El Fondo Social ha ejecutado 121 millones de soles, con una cartera de 84 proyectos sociales. Del total de proyectos sociales, 33 correspondieron a agua y saneamiento, 21 a educación, uno a salud, tres a energía y 26 a fortalecimiento de capacidades en generación de empleo en favor de la población. El Fondo Social Las Bambas tiene un alto nivel de ejecución de los recursos entre los fondos sociales del país, con un 91,7% de ejecución. Asimismo, la creación de mecanismos públicos innovadores como el adelanto de parte del canon ha permitido financiar proyectos de inversión pública de manera temprana.
En los siguientes años, el pueblo apurimeño puede avanzar por la senda de la prosperidad, pero debe vencer todavía ciertos obstáculos que van desde las protestas antimineras radicales, pasando por mitigar los impactos negativos que pueda tener la operación minera, hasta una buena gestión pública a nivel local. Para ello se requiere un trabajo coordinado de todos los actores políticos y sociales de la región. Esta labor debe ser liderada por el gobierno regional para trabajar una agenda de prosperidad que permita utilizar los enormes recursos del canon de la manera más eficiente y evitar las malas experiencias vividas en otras regiones que no supieron aprovechar las ventajas de la explotación de los recursos naturales.
La agenda de prosperidad tiene que construirse de manera consensuada y, si bien es cierto que la columna vertebral debe ser la infraestructura, no se deben dejar temas centrales como las mejoras en las condiciones de vida y los indicadores sociales, así como los temas de capital humano y proyectos productivos. El Apu Rimaq nos puede contar la ruta a la prosperidad que debería recorrer nuestro país.

AIDESEP-ODECOFROC

Por Nelly Luna Amancio– Ojo Público

Una auditoría realizada a las finanzas de la principal organización indígena del Perú revela irregularidades en el uso de más de US$130 mil de fondos privados de la cooperación internacional. Documentos -a los que Ojo-Publico.com tuvo acceso- muestran que los hechos se registraron durante las gestiones de Alberto Pizango, luego del llamado ‘Baguazo’ en el 2009.
La principal organización indígena del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), está involucrada en un caso de malversación de fondos de la cooperación internacional. Las irregularidades se conocieron luego de que una auditoría interna detectara el desvío de por lo menos US$130 mil hacia cuentas personales de directivos de dicha organización.
La actual junta directiva de la Aidesep -en una carta oficial enviada a sus cooperantes el pasado 15 de julio del 2016- aceptó la existencia de irregularidades financieras (aunque no detallan los montos por cada uno de los donantes afectados) en la administración de los fondos entregados por la Agencia de Desarrollo y Cooperación de Noruega (Norad), la Fundación Ford, la organización Pan para el Mundo y en menor medida, Rainforest Foundation Norwey (RFN).
Según la carta, a la que accedió Ojo-Publico.com, las irregularidades ocurrieron durante la gestión de Alberto Pizango Chota, presidente de la Aidesep entre los años 2006 y 2014. Precisamente, después del llamado ‘Baguazo’, enfrentamiento que dejó 33 personas fallecidas en la localidad de Bagua, el 5 de junio del 2009. El documento, además de responsabilizar a Pizango, también señala responsabilidades en Henderson Rengifo Hualinga, extesorero de la gestión investigada y hoy presidente de Aidesep; así como a Agoustina Mayán, exadministradora de la organización indígena en la citada época.
Mayán, al ser entrevistada por Ojo-Publico.com, sostuvo que todos los hechos se realizaron con el consentimiento de Pizango: “Luego de las lamentables muertes [del Baguazo] muchas cosas pasaron. Hubo muchos hermanos presos, líderes perseguidos, ataques y no había presupuesto para eso. Todo lo que se hizo fue con el consentimiento y conocimiento de los directivos”, dice la exadministradora de Aidesep, señalada como una de las responsables de transferir los fondos de la organización internacional a su cuenta personal.
En la misiva, la actual junta directiva acepta que “las funciones dirigenciales de controles administrativos no fueron cumplidas en ciertos casos por el expresidente [Alberto Pizango] y por su extesorero [Henderson Rengifo]”. A pesar de los hallazgos de la auditoría, los actuales dirigentes han dicho que no presentarán denuncias penales, y que solo aplicarán sanciones internas en el marco de la justicia indígena. Han pedido que no sean elegidos en cargos públicos o dirigenciales y que “devuelvan lo adeudado”.
Es una “forma de justicia indígena interna, ante el fracaso y politización de la justicia penal o civil en el país”, dice la carta.

TRES PERIODOS. Pizango presidió Aidesep durante ocho años. /Servindi.

ALBERTO PIZANGO AUDITADO
El principal involucrado, Segundo Alberto Pizango Chota (51), es uno de los líderes más importantes del movimiento indígena amazónico, pero también uno de los más cuestionados. Originario de la etnia shawi, en la región Amazonas, estudió educación en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, fue dirigente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo-Loreto (Corpi), y el 2006 fue elegido por primera vez presidente de la Aidesep.
Pizango fue reelegido dos veces y su trayectoria en esta organización se extendió hasta el 2014. Durante el 2009 participó activamente en las protestas contra los decretos legislativos que originaron el denominado ‘Baguazo’. En ese momento, el Ministerio Público lo acusó de ser el responsable intelectual de los trágicos sucesos de Bagua y semanas después el dirigente buscó asilo político en Nicaragua, bajo la presidencia de Daniel Ortega.

Yo creo que esa carta ha sido enviada para quedar bien con la cooperación, porque a mí internamente me han pedido disculpas, dice la exadministradora de la Aidesep.

Diferentes acciones del dirigente han sido duramente cuestionadas y denunciadas por organizaciones indígenas regionales. En diciembre del 2012, un grupo de dirigentes lo denunció por suscribir un convenio de US$73 mil con la empresa brasileña de hidrocarburos Petrobras.
El expresidente de la Aidesep ha intentando ocupar cargos públicos en dos ocasiones. El 2002 postuló a la alcaldía distrital de Balsa Puerto por la agrupación Movimiento Independiente Integracionista Alto Amazonas; luego, el 2014, al mismo cargo por Fuerza Loretana, la agrupación política que lideraba el expresidente regional de Loreto acusado de actos de corrupción, Iván Vásquez. Actualmente Pizango es militante de esta agrupación.
Ojo-publico.com intentó comunicarse con Alberto Pizango, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo. Su hijo, Plinio Pizango solo informó que ambos tomarán medidas legales contra las personas que quieran involucrarlos en malos manejos financieros.
Otro de los responsables de las irregularidades financieras reportadas es Henderson Rengifo, originario del pueblo Achuar, y dirigente cercano a Pizango. Fue su tesorero en dos periodos directivos (2009-2014) y su compañero político: el 2009 adquirió en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el kit electoral para recolectar firmas e inscribir el partido político Alianza para la Alternativa de la Humanidad (APHU), que lideraba Pizango. En diciembre del 2014 Rengifo postuló a la presidencia de la Aidesep y fue elegido para el periodo 2015-2017.

TESORERO Y PRESIDENTE. Henderson Rengifo, actual presidente de Aidesep y ex tesorero en dos periodos de Alberto Pizango. / Servindi.

INVESTIGACIONES PENDIENTES
En la carta, enviada por la Aidesep a los cooperantes, se menciona que hay “otras cuentas por rendir por parte de otros ex dirigentes” (no mencionan los nombres) y exasesores como Plinio Pizango (hijo de Alberto Pizango), y señala que estos montos han sido reconocidos como deudas y que existe el compromiso de devolución”.
Consultado sobre esta denuncia, Plinio Pizango rechazó las acusaciones e indicó que nunca había manejado fondos de la Aidesep y que solo desempeñó labores en calidad de asesor. “He enviado una carta notarial para que la actual junta directiva se retracte de esas acusaciones. Yo he brindado mi testimonio a la auditora”, sostuvo. El hijo de Pizango dijo que él confió su talonario de recibo por honorarios a la anterior administradora de la Aidesep, Agoustina Mayán, y que ella los usó y cobró sin su consentimiento.
“Todo esto yo lo he aclarado a la auditora, por eso no entiendo porque la carta me menciona”, dice Plinio Pizango, y aribuye esta denuncia a las disputas políticas al interior de la organización.

La actual junta directiva de Aidesep ha decidido no denunciar las irregularidades encontrados en la auditoría durante la gestión de Pizango.

A quién la carta en mención sí atribuye responsabilidades detalladas es a la exadministradora Agoustina Mayán. “[Ella] aprovechó situaciones de crisis y emergencia en defensa de derechos indígenas, que la llevó a delegar funciones y reducir controles administrativos para encubrir la transferencia de fondos a su cuenta personal y dejar sin aclarar el destino de más de 400 mil soles [unos US$130 mil]”, se lee en el documento.
Agoustina Mayán -contadora de profesión- rechazó los cargos en entrevista con Ojo-Publico.com y dijo que todos los pagos y transferencias se hicieron con autorización de la junta directiva liderada por Alberto Pizango. “Luego del Baguazo vinieron momentos muy duros. Yo lamento decir esto, pero yo creo que esa carta ha sido enviada para quedar bien con la cooperación, porque a mí internamente me han pedido disculpas por mencionar mi nombre”, dice Mayán, también presidenta de Odecofroc (Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, en Amazonas).
La actual junta directiva de Aidesep ha decidido no denunciar las irregularidades encontradas en la auditoría durante la gestión de Pizango y en la que el actual presidente oficiaba de tesorero. “Se hizo las investigaciones, se saben las irregularidades, se conocen las cifras, sus responsables y se dieron las sanciones”, se lee en el documento enviado. Uno de los donantes, Rainforest Foundation Norwey, pidió al auditor de la Aidesep que siga investigando y recogiendo los testimonios de los involucrados que hasta el momento no han querido declarar.
Al cierre de edición, Javier Ciurlizza, representante de la Fundación Ford para la región andina, dijo a Ojo-Publico.com que están informados de los resultados y de todos los detalles de la auditoría independiente realizada a Aidesep y que están evaluando las medidas institucionales que tomarán frente a las irregularidades detectadas.
Aidesep es una organización nacional creada el 27 de mayo de 1985 y funciona como una organización civil sin fines de lucro. Actualmente agrupa a 65 federaciones que representan a alrededor de 1,809 comunidades. Las conclusiones de la auditoría ha puesto en evidencia también las pugnas políticas internas al interior de una de las organizaciones indígenas más importantes de la Amazonía.

La isla de Fushía

Un fragmento de la nueva novela de Irma del Águila, basada en la historia que inspiró “La casa verde”, de Mario Vargas Llosa.
Por Irma del Águila
– Juan Fushía, para servirle.
– ¿Fushía?
En 1958, un endeble hidroavión aterrizaba en el río Santa María de Nieva al pie de un humilde caserío del mismo nombre, estratégicamente ubicado muy cerca de la confluencia de aguas con el gran Marañón.
A bordo iban los miembros de una expedición científica encabezada por el antropólogo mexicano Juan Comas, que recopilaba información de campo sobre los pueblos aguaruna y huambisa, además de los intelectuales peruanos José Matos Mar, profesor y director del novísimo departamento de Antropología de la Universidad de San Marcos, Efraín Morote Best, antropólogo y folklorista, y José Flores Aráoz, director de la revista Cultura Peruana. Mario Vargas Llosa, con solo veintidós años, fue invitado a unirse a esta comitiva de peso. El joven escritor ya preparaba maletas para seguir el doctorado en España, pero antes realizaría este primer viaje a la exuberante Amazonía que para él, muchacho de la urbe, era decir a otro mundo que apenas presentía a través de las lecturas de Tarzán y de ciertos seriales cinematográficos. Aquel escenario resultaba radicalmente diferente, ajeno a todo lo que a él pudiera sugerirle la palabra civilización o a lo que él entendía entonces por baluartes de los procesos civilizatorios.
– Sí, Juan Fushía… ¿Aló? Disculpe, con los años me voy ensordeciendo…
Cristina gritaba, casi. La señal era una resonancia que se angostaba mientras Fushía se desplazaba por la calle, el celular en la mano y se ensanchaba metros más allá. La comunicación era endeble: en el siglo XXI, Nieva seguía siendo un punto recóndito del país.
De las imágenes de la vida en la selva, registradas puntualmente en un cuaderno de notas, Vargas Llosa iba a retener tres historias que luego serían parte del complejo entramado de su novela “La casa verde”. La primera tiene que ver con la misión católica de Santa María de Nieva, donde las monjas mantenían una escuela consagrada a las niñas de las etnias aguaruna y huambisa. Las religiosas, en un indesmayable afán evangélico, se internaban en la selva cada tanto, escoltadas por un destacamento militar, para recolectar niñas de los caseríos indígenas. Las arrancaban de sus hogares, entre forcejeos, griteríos desgarradores y lágrimas, para brindarles una educación cristiana y los rudimentos de una formación escolar. Culminado el proceso de aculturación, llegado el momento de dejar el internado, las muchachas enfrentaban un destino incierto, cuando no dramático: les quedaba regresar a sus comunidades de las que habían sido desprendidas de raíz; terminar de sirvientas en casa de algún patrón o autoridad; o migrar por su cuenta, solas, empujadas al hambre y, en el peor escenario, al ejercicio de la prostitución.
-Señorita, ¿llama usted de Lima?- preguntaba Fushía. En los oídos de Cristina resonaba la entonación cantada de los habitantes de la selva.
La segunda historia involucra a Jum, jefe aguaruna de la localidad de Urakusa. Poco antes de la llegada de los académicos, el indígena había sido capturado por los militares y conducido a Nieva; se le colgó de un árbol en la plaza, con el torno desnudo, y se le azotó hasta que perdió el conocimiento; en el colmo del escarnio público, se le rapó la cabeza. En represalia, dijeron las voces, por la golpiza que recibiera un cabo del Ejército de manos de los aguarunas. De nada sirvió que el cacique, según los mismos informantes, se hubiera interpuesto entre su gente y el militar para que se respetara su vida. Jum, al borde del paroxismo, solo atinaba a exclamar, desfalleciente, una y otra vez, piruano soy: atrapado por el delirio, se aferraba al imposible ejercicio de la ciudadanía peruana.
-Sí, señor, llamo de Lima -y este mensaje se reproducía en un amplísimo eco-. Dee-liii-maaa.
La tercera historia alude a un tal Fushía, comerciante de ascendencia japonesa que señoreaba en los territorios aledaños a la cuenca del río Santiago, afluente del Marañón. El japonés mercadeaba caucho, pieles y madera con los aguarunas, huambisas y shapras. Los testimonios recogidos por Vargas Llosa dan cuenta de su paso devastador por las comunidades: se había hecho de una mesnada de nativos que asaltaba los caseríos, anticipándose a la llegada de otros patrones del caucho, birlando la mercancía. El hurto de las bolas de jebe y de las pieles de animales que los indígenas cazaban en el monte, así como lo avezado de sus incursiones fluviales, fueron alimentando una leyenda negra que alcanzaba su clímax con los episodios que relataban el robo de mujeres. El personaje vivía escondido en una isla remota, se decía, sin coordenadas precisas, surcando días sin cuenta el río Santiago; ahí mantenía un verdadero harem amazónico, con sus mujeres cautivas. Vargas Llosa refiere que en los días de su primera visita a la selva, en el año 58, una niña de doce años, antes amancebada con Fushía, había conseguido huir de la misteriosa isla. Aunque él mismo no llegó a tener contacto con la niña, sí lo hizo el antropólogo Morote Best, a su paso por el poblado de Chicais. En Nazareth, Vargas Llosa recogió el relato que un lugareño hizo de una de las incursiones de la banda de Fushía a un poblado de la zona. Después de reducir a los aguarunas, el japonés se vistió de aguaruna, se pintó el rostro y el cuerpo con tinte de achiote y rupiña, y dio inicio a una celebración de lupercales: fueron horas de vertiginoso baile y de borrachera con masato y cantos febriles alrededor de una fogata, hasta caer rendido.
De las circunstancias que rodeaban al personaje seguramente era la isla de Fu
shía la que más encendía la imaginación popular. Esa isla, señalaban las voces, estaba oculta en un lugar del bosque amazónico, río arriba, llegando a las estribaciones de la cordillera del Cóndor, la inhóspita región fronteriza con el Ecuador.
– ¿Aló?, ¿diga? -volvió a perder la voz de Juan Fushía. La telecomunicación con la selva era un evento fortuito-. ¿Usted es…? -y el eco de su propia voz saturaba la red.
Y no más; la isla seguía siendo un punto sin referencias geográficas precisas. Mantenía una realidad incierta, casi fantasmagórica. Y siguió siéndolo para Vargas Llosa: en “La casa verde” no es posible encontrar señas precisas del paisaje isleño, ninguna alusión que pudiera servir de orientación concluyente. La novela da cuenta, eso sí, de las fatigas de Fushía y Lalita, su mujer iquiteña, por alcanzar la isla bien guarecida en la agreste selva:
…después siguieron, Santiago arriba, deteniéndose a dormir y a comer en poblados huambisas de dos, tres familias. Y una semana más tarde, abandonaron el río y durante horas navegaron por un caño estrecho donde no entraba el sol y tan bajo que sus cabezas tocaban el bosque. Salieron y él, Lalita, la isla, mírala, el mejor sitio que existe, entre el monte y los pantanos…
En “Historia secreta de una novela”, Vargas Llosa sabe muy poco de la isla, apenas los rumores que la gente coloreaba a su gusto y que el escritor recogía aquí y allá, versiones a veces contradictorias, aumentadas por el espanto y el morbo popular. Lo único concreto era que la tal isla estaba, en los relatos al menos, sobre el Alto Santiago, en territorio huambisa:
En ese tiempo los huambisas casi no tenían contacto con el “mundo civilizado”, y en torno de ellos, como de todas las tribus jíbaras peruanas y ecuatorianas, corrían leyendas de ferocidad y sangre. “No vaya allá, no sea loco, los huambisas son peligrosos —le decían a Tushía los ‘cristianos’ de los pueblos que cruzaba—. Se lo van a comer, lo van a matar.” El misterioso japonés no escuchó los consejos, se internó en el río Santiago y se instaló en una pequeña isla en la parte más espesa de la región, ya muy cerca de la frontera con el Ecuador, donde permanecería hasta su muerte."La isla de Fushía", de Irma del Águila Novela: La isla de Fushía
Autora: Irma del Águila
Edición: Alfaguara
Páginas: 208
Precio: S/ 69.00
Vida y obra: Irma del Águila  (Lima, 1966)
Socióloga y escritora. Es una de las pocas autoras peruanas que cultiva el género de novela histórica. Entre sus libros figuran “El último capítulo” (2001) -finalista del Concurso de Novela Corta del BCR-; “Moby Dick en Cabo Blanco” (2009); y “El hombre que hablaba del cielo” (2011) -ganadora del III Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro-.
Fuente: El Dominical del Diario El Comercio.

Sir Mario Testino

PORTADA594 SIN LOMO

Un vistazo al nuevo trabajo de Mario Testino: Sir. Un precioso y ambicioso libro compuesto por más de 300 fotografías inéditas sobre las distintas clases de hombre. El ojo de Testino hace el retrato definitivo de personajes icónicos y de hombres de a pie.
Al gran fotógrafo peruano Mario Testino solemos asociarlo con la belleza femenina, por la infinidad de imágenes suyas, icónicas ya, que han aparecido en revistas como “Vogue” o “Vanity Fair”, muchas de las cuales forman parte de la colección permanente de MATE en Lima. Pero Testino también ha sabido transmitir la esencia de la masculinidad, no solo a través de sus retratos a incontables figuras del deporte, la moda o el espectáculo, sino también por la forma en que ha captado con su lente a hombres comunes y corrientes, que no tienen sobre ellos el aura siempre enceguecedora de la celebridad.
En SIR, una impresionante publicación de la editorial Taschen, Testino ha reunido más de 300 imágenes, entre ellas muchas inéditas, de hombres, famosos y anónimos, que él mismo fue recopilando en sus recorridos por el Perú y el mundo.
El libro, voluminoso y elegante, incluye fotografías de celebridades a escala global, como Brad Pitt, George Clooney, David Beckham, Mick Jagger o Keith Richards, pero también de un integrante de la Asociación Filigranas Peruanas del Cusco, por ejemplo, o de los miembros de la guardia de los Húsares de Junín con sus característicos uniformes. Como para ensalzar aún más su condición de publicación única e irrepetible, el tiraje de SIR es de apenas mil ejemplares, firmados por el propio fotógrafo peruano y a un precio de mil dólares, según la página web oficial de la editorial Taschen.
Fuente: Revista COSAS 594.

VIH golpea Amazonía peruana

Por Pablo Pérez Álvarez– Diario El País

Como hace cinco siglos, cuando la llegada de los europeos a América provocó la muerte de miles de indígenas que no tenían anticuerpos para las nuevas enfermedades importadas desde el otro lado del Atlántico, en los últimos años ha llegado un virus a varias regiones indígenas de la Amazonía peruana para el que no estaban culturalmente preparados y que ya se ha cobrado un número indeterminado de víctimas mortales: el VIH.
Las primeras señales de alerta saltaron hace unos nueve años en Condorcanqui, una provincia del norte del país, fronteriza con Ecuador y habitada por las etnias wampis y, sobre todo, awajún, pertenecientes al aguerrido grupo etnolingüístico de los jíbaros, celebres por su antigua tradición de reducir las cabezas de sus enemigos. Hasta entonces, debido al aislamiento de esta y otras áreas indígenas amazónicas, se considera que los casos de sida allí eran excepcionales y muy aislados. Pero Unicef, en el marco de un programa de salud materna que tiene en la zona, comenzó a aplicar las nuevas tecnologías de pruebas rápidas y se llevó la sorpresa de que el virus estaba más extendido de lo que se creía.
Poco a poco se vio que el fenómeno se reproducía en otras partes de la Amazonía, pero Condorcanqui ha sido tomada como modelo de referencia por el gobierno peruano para diseñar la estrategia para el VIH a seguir con poblaciones indígenas, ya que, por sus condiciones geográficas y culturales, está siendo la más afectada por el problema.
Esta provincia está conformada por las cuencas de tres afluentes del río Marañón (el Cenepa, el Nieva y el Santiago). El año pasado se terminó de asfaltar la única carretera que llega hasta su capital, Santa María de Nieva, con unos 5,000 habitantes, y la dejaban a unas seis horas de viaje en coche desde Bagua, la ciudad más cercana, siempre y cuando las lluvias no hagan impracticable el camino. Al resto de los poblados, diseminados a lo largo de un territorio selvático de unos 18,000 kilómetros cuadrados (una superficie parecida a la de la provincia de Cuenca) sólo se puede llegar por río. Acceder a algunos de ellos desde Nieva puede llevar más de un día, además de resultar muy oneroso en una zona particularmente castigada por la pobreza.
A partir de 2012 se iniciaron campañas de detección del sida más amplias y las alarmas se dispararon con la multiplicación de casos detectados. El porcentaje de infectados respecto al total de población analizada ha oscilado en los últimos cuatro años entre el 1.32% y el 2.1%. Muy por encima del 0.23% de la prevalencia general de Perú, que se mantiene en los parámetros de la región latinoamericana, y más cerca de los valores de un grupo de riesgo como es el de las trabajadoras sexuales (entre el 1% y el 2%).
El coordinador nacional de la estrategia para el VIH del Ministerio de Salud peruano, Carlos Benites, indica que están utilizando una tasa del 2% como valor programático para sus previsiones, pero reconoce que el porcentaje puede variar conforme aumente el número de personas a las que se les hace la prueba. “No creemos que en ningún caso tengamos indicadores mayores del 5% de positivos, pero tampoco creemos que es una proporción como la de la población general”, admite.
Zebelio Kayap, presidente de Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, la cuenca con mayor incidencia del virus en la provincia, cree que éste pudo entrar por varias vías, como el ingreso regular de comerciantes mestizos que venden sus productos en las comunidades de las orillas de los ríos o la llegada de profesionales de otras partes del país para trabajar como sanitarios, trabajadores de la construcción y, sobre todo, profesores. También apunta a los crecientes contactos con los indígenas achuar, del lado ecuatoriano de la frontera, con mejores vías de comunicación que los awajún, y con soldados de una base militar situada en el río Cenepa.
Esli Kantuash y Amanda Ugkush, ambos afectados por el VIH, con su hijo de dos meses.Por último, añade el líder indígena, “salen muchos jóvenes a trabajar, a estudiar a (ciudades como) Chiclayo, Jaén, Lima. Incluso hay señoritas que están trabajando en los bares de pueblos cercanos. Esos jóvenes regresan de la ciudad y nadie controla cómo lo hacen”.
Aunque Kayap no lo menciona, entre estos emigrantes retornados también hay muchos awajún homosexuales, que cada vez son más aceptados en la zona.
“Hay una fuerte presencia de hombres que tienen sexo con hombres en comunidades indígenas amazónicas, pero estas comunidades se resisten un poco a aceptar ese tema”, advierte Benites. Algunos incluso practican el sexo con hombres sin ser homosexuales a cambio de dinero o algún regalo, algo que en la cultura awajún no es considerado prostitución. Así pueden quedar infectados y luego le trasmiten en VIH a sus parejas heterosexuales.
Pero este no es el único factor que está contribuyendo a que se extienda la enfermedad entre los awajún. El Ministerio de Salud ha hecho estudios que han encontrado que estas poblaciones indígenas amazónicas tienen una serie de conductas de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual, afirma Benites.
En la cultura amazónica, señala, hay “un inicio sexual muy temprano: desde los 10 u 11 años” y “culturalmente es aceptado tener múltiples parejas sexuales”. En el caso concreto de los awajún, un hombre puede tener incluso más de una mujer. Pero más importante todavía, destaca Benites, en estas comunidades todavía no se ha podido hacer llegar a entender la importancia del uso del preservativo, que es muy escaso”.
Este caldo de cultivo, idóneo para la expansión del VIH, ha obligado al Ministerio de Salud a tomar medidas como la de realizar la prueba rápida a todas las mujeres gestantes, empezar a medicar a los pacientes en cuanto den positivo en dos pruebas rápidas, sin esperar a la confirmación del análisis definitivo y llevar el tratamiento a los puestos de las comunidades. Hasta 2012, el único centro de tratamiento estaba en Bagua, a más de un día de viaje de la mayoría de los poblados, lo que disuadía a muchos pacientes.
Pero la geográfica no es la única barrera que está propiciando el avance del VIH-sida. “Estas poblaciones no sólo no hablan nuestro idioma, sino que no comparten nuestra forma de hacer salud y tienen una cosmovisión totalmente diferente de la nuestra”, subraya Benites.
El contacto de los awajún con la civilización occidental ha sido a menudo traumático y está plagado de malas experiencias. Por ello, predomina entre ellos el recelo frente al Estado. Los trabajadores sanitarios encuentran complicado generar confianza en el sistema de salud occidental entre los awajún. Muchos de ellos prefieren recurrir a su medicina tradicional, basada en el uso de plantas de la selva, o rechazan los diagnósticos de los centros de salud.
Trabajadores de la red de salud de Condorcanqui abordando una lancha en el río Cenepa.Milagros Osorio, coordinadora de la estrategia contra el VIH de la red de salud de Condorcanqui, trabajó durante unos años como obstetra en el puesto de salud de Kusu Kubain, una comunidad a orillas del Cenepa donde se concentra el mayor número de casos de sida de la provincia. En muchas ocasiones su trabajo chocó con las diferencias culturales. Por ejemplo, tuvo que aprender a asistir al parto vertical, tradicional en la zona, y calcular cuándo las mujeres están listas para dar a luz por el calor de su cabeza, dado que no se dejaban tocar en sus partes íntimas.
Asegura que cuando se comenzó a detectar casos del virus “había personas, incluso profesores, que no quería aceptarlo y rechazaban someterse a tratamiento”. “Decían que era brujería y se resistían a someterse a tratamiento. Tenían otras relaciones y contagiaban a más gente”, lamenta.
Para los awajún es difícil entender una enfermedad como el VIH, que aunque se puede controlar, no tiene cura, y que alguien lo puede tener y no presentar ningún síntoma. Es por ello por lo que para mucha gente de esta etnia es menos complicado atribuir los síntomas, cuando se presentan, a la brujería, a conjuros atribuidos a algunos pobladores por envidias o algún otro tipo de animadversión personal contra sus vecinos.
Pero a la fuerza ahorcan y en los últimos años han comenzado a aceptar la existencia de la enfermedad al aumentar las muertes por sida sin que las plantas medicinales ni los curanderos puedan hacer nada. “Ahora hay gente que cumple bastante el tratamiento. Se están dando cuenta de que si lo dejan empeoran y han visto cómo personas cercanas de sus familias han fallecido. Entonces tienen miedo”, explica Osorio.
Es el caso de Esli Kantuash, de 32 años y su esposa, Amanda Ugkush, de 20, de Kusu Kubain. Ambos fueron diagnosticados con VIH el pasado mes de abril, cuando ella se quedó embarazada y acudió al centro de salud. Esli estuvo trabajando varios años en grandes ciudades como comerciante y como guardia de seguridad antes de regresar a su pueblo en 2008. Está convencido de que fue en este periodo cuando contrajo el virus, que luego transmitió a su mujer.
“Cuando me dijeron que tenía VIH/sida me sentí muy mal, pensé en morirme, en separarme de mi mujer”, recuerda. “Pero la doctora nos dijo que los que tienen sida viven tomando pastillas y cambié de idea. Ahorita estamos tranquilos”, cuenta mientras sostiene a su hijo Juan, de apenas dos meses de edad.
“Queremos estar vivos, por eso estamos acudiendo al puesto de salud cada mes y estamos al tanto con nuestro tratamiento. Desde que nos diagnosticaron tomamos pastillas y estamos normales”, comenta.
“Se ha avanzado mucho, pero hay que seguir trabajando en la zona”, reconoce Osorio. Basta con hablar con algunos líderes locales para comprobar la ardua tarea a la que se enfrentan las autoridades sanitarias.
Uno de los problemas a la hora de hacer comprender el problema es la confidencialidad que por ley se aplica a los casos de infectados de sida.
Saúl Sejekan, viceapu (autoridad local elegida en asamblea comunitaria) de Huampami, la capital de la cuenca del Cenepa, cuenta un caso reciente de un joven fallecido. Extraoficialmente ha sabido que tenía sida, pero sus familiares aseguran que ha muerto a causa de la brujería.
Como en estos casos, el poblado se reúne y decide expulsar a la persona que supuestamente le ha causado el daño (usualmente identificada porque la víctima soñó con ella antes de enfermarse). Sejekan considera que el acusado en esta ocasión es inocente, pero no puede oponerse a la decisión popular. “Yo quiero que el médico nos dé el diagnóstico a las autoridades para que tratemos de hacer comprender a las personas”, dice.
El otro gran problema en la estrategia contra el sida en Condorcanqui, reclama Kayap, es la prevención. En el centro de salud de Huampami, cuartel general de la microrred de salud del Cenepa, no se ve ni un cartel alertando del sida o promoviendo el uso del preservativo.
Los médicos entregan condones a los jóvenes y a los padres de familia y les dan orientación de planificación familiar y charlas, pero no parece que esta labor tenga mucho éxito.
La Defensoría del Pueblo peruana ha denunciando la situación y exige la aplicación de una política de salud intercultural para avanzar en la integración de las etnias indígenas en el sistema sanitario público. Dicha política fue acordada mediante un proceso de dos años de consulta previa entre el Ministerio de Salud y representantes de los pueblos originarios de todo el país. Entre sus aspectos más importantes están el reconocimiento de su medicina tradicional y su articulación con la occidental.
No obstante, Daniel Sánchez, jefe del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, denuncia que desde hace más de un año se espera que el presidente peruano, Ollanta Humala, emita el Decreto Supremo que permita su implementación. “Esa política ya pasó por todos los canales de consulta y aprobación, pero no se sabe por qué el presidente tiene el Decreto Supremo en sus manos y todavía no lo rubrica”, lamenta.
Carlos Benites asevera que ya han elaborado un plan de comunicación, elaborado por un grupo de antropólogos, para concienciar a la población awajún sobre el problema del VIH y la importancia de la prevención. “El plan es que tiene fases donde lo que queremos es que se genere material comunicacional desde las mismas comunidades. No solamente folletos, sino dramatizaciones, teatro, pintado de murales…”, argumenta.
Pero la Defensoría del Pueblo reclama medidas de largo plazo que abarquen a todos los pueblos originarios, como que se cree una Dirección de Salud de Pueblos Indígenas y que se le destine un presupuesto adecuado.

Berta Cáceres

Por Erika González y Tom Kucharz*
En la madrugada del jueves 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), líder de la comunidad indígena lenca y defensora de los derechos humanos y los movimientos campesinos. Su muerte, tras un asalto nocturno a su casa, se produce justo una semana después de que hubiera denunciado el asesinato de cuatro dirigentes y amenazas de muerte contra otros tantos de su comunidad indígena. En este mismo asalto también resultó herido el activista Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Berta Cáceres recibió el año pasado el premio Goldman, conocido como el Nobel del medio ambiente, por su lucha para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, situada en el río Gualcarque. Las empresas responsables de la obra eran la hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) y la mayor constructora de centrales hidroeléctricas del mundo, la multinacional china Sinohydro. Contaban, además, con la financiación del Banco Mundial.
El proyecto fue iniciado sin realizar la consulta al pueblo lenca, directamente afectado por la presa, violando de este modo los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Frente a ello, la fuerte oposición social encabezada por esta líder indígena evitó la construcción de una obra que supondría la destrucción de un ecosistema sagrado para el pueblo lenca y el desplazamiento de cientos de personas. Así, consiguieron bloquear la obra durante 21 meses, resistiendo varios intentos de desalojo y la violencia ejercida por la seguridad privada de las empresas y las fuerzas armadas de Honduras.
Como ha ocurrido con Berta Cáceres, el coste que muchas veces asumen quienes rechazan este tipo de proyectos, para defender los territorios y una vida digna de su comunidad, es su propia vida. Los anteriores asesinatos de Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez, Maycol Rodríguez y Tomás García, todos ellos de las comunidades que se oponían a la presa Agua Zarca, así lo demuestran. Y ese era un coste que la representante del COPINH tenía muy presente: “Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos”.
Berta Cáceres personificaba la valentía y el compromiso con los derechos humanos en un contexto de violencia institucional del Estado así como del poder económico y grupos armados de tipo mafioso. Y es que a partir del golpe de Estado de 2009, contra el entonces presidente Manuel Zelaya, se han acelerado los procesos que han hecho que este país centroamericano sea uno de los más peligrosos del mundo para los defensores y las defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.
En Honduras, por un lado, la profundización de las políticas neoliberales ha tenido como consecuencia el crecimiento de los latifundios de monocultivos agroindustriales de palma africana, entre otros, y el auge de numerosos proyectos mineros y energéticos. De hecho, casi el 30% de la superficie del país se ha destinado a las concesiones mineras, que necesitan para su actividad un elevado volumen de energía eléctrica y agua. Así que la destrucción ambiental y las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el extractivismo, ha ido acompañada de la inundación de cada vez más valles y comunidades de Honduras por las centrales hidroeléctricas.
Además, por otra parte, se ha reproducido una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión, como es la creciente violencia política que se ejerce contra la oposición social que representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las organizaciones campesinas y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de los movimientos sociales. Este conflicto que antepone los negocios de las multinacionales a la propia vida era descrito con mucha claridad por Berta Cáceres: “A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al poderoso sector económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada”.
Ni el golpe de Estado ni la violación sistemática de los derechos humanos en Honduras ha sido un problema para que la UE implemente un tratado de libre comercio con Centroamérica. Es más, se financian programas de entrenamiento de la policía hondureña con fondos comunitarios desoyendo las acusaciones denuncias sobre los abusos cometidos por la fuerzas del Estado.
La situación de Honduras se repite de manera sistemática en todos aquellos lugares donde se asientan las grandes transnacionales extractivas, hidroeléctricas y de la agroindustria, entre otras. No se trata de casos aislados, como lo demuestra el informe de Global Witness: en 2014 fueron asesinados 116 activistas ecologistas en 17 países. En el mismo sentido, el informe de Frontline Defenders, documenta que, por lo menos, 156 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2015. Muchos de estos casos tuvieron relación con los denominados megaproyectos, especialmente mineros.
Es una práctica que responde a la lógica del capitalismo global, porque la acumulación de riqueza por parte de las empresas transnacionales necesita de la neutralización de quienes se oponen a su actividad y plantean otras formas de vida basadas en el respeto a la naturaleza, la solidaridad y la reciprocidad. Por eso hay miles de personas que se organizan y actúan para frenar el poder de las grandes corporaciones que son perseguidas, amenazadas, criminalizadas e incluso asesinadas.
Conocemos muchos casos, lamentablemente, desde México hasta Chile, de Guatemala a Colombia. Como el de Bety Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y defensora de los derechos humanos, que tenía una intensa actividad de resistencia frente a las multinacionales mineras en su territorio y fue asesinada en una emboscada de paramilitares en el estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010. O el de la desaparición en 2011 de Sandra Viviana Cuéllar, que estaba involucrada en la defensa de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del cultivo de palma aceitera y de caña, y ha sido una de las 50 defensoras y defensores del medio ambiente asesinados en Colombia en los últimos doce años.
Y no solo se reproduce de forma sistémica la violencia, también lo hace la impunidad. Esta ausencia de acceso a la justicia por parte de las víctimas fue bien descrita, sin ir más lejos, por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada en Madrid en la primavera de 2010: “Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás, moviendo los hilos”, decía el juez tras la celebración de este tribunal ético en el que se acusó a numerosas multinacionales europeas de violar los derechos humanos en América Latina. La sentencia de esa audiencia del TPP, que contó con la participación de Berta Cáceres, constataba cómo las empresas transnacionales actúan con un alto grado de permisividad, ilegalidad e impunidad propiciado por el conjunto de contratos, acuerdos comerciales y de inversión, así como por las decisiones de tribunales arbitrales.
Al final, mientras se blindan los intereses de las grandes corporaciones, no hay mecanismos efectivos para hacer que cumplan con su deber de respetar los derechos humanos. Porque las obligaciones de las multinacionales se remiten únicamente a los ordenamientos nacionales, sometidos a la lógica neoliberal; a un derecho internacional de los derechos humanos que es manifiestamente frágil, y a una responsabilidad social corporativa voluntaria, unilateral y no exigible jurídicamente. De ahí que sea tan necesario y urgente poner fin a toda esta arquitectura de la impunidad de la que se aprovechan las empresas transnacionales y promover medidas para la rendición de cuentas.
Algunas propuestas, en esta línea, son la aprobación de normas internacionales que obliguen a las transnacionales, a los Estados y a las instituciones financieras internacionales a respetar los derechos humanos; la creación de un centro que reciba las denuncias de las comunidades afectadas e investigue los impactos de las multinacionales, y la creación de un tribunal internacional que pueda juzgar a las grandes corporaciones y sus directivos. Estas y muchas otras medidas de similar calado están siendo reclamadas por centenares de movimientos y organizaciones sociales a nivel mundial con el fin de situar los derechos de las mayorías sociales por encima de los intereses de una élite económica y política.
Todo ello para caminar hacia otros modelos de economía y sociedad que desplacen del centro del sistema a las compañías multinacionales y, como decía Berta Cáceres cuando recogió el premio Goldman, para construir “sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza”. Eso haremos, Berta, amiga y compañera, tu lucha siempre se quedará en nuestra memoria, y tu muerte no se quedará impune.
*Erika González y Tom Kucharz son miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.

La gran estafa del Fondo Indígena

Manuel Morales Álvarez plasmó en su libro del “Fondo Indígena: la gran estafa-propuestas desde los pueblos indígenas”, una compilación de todas las denuncias en torno a la corrupción en esta entidad en el que formula que el mayor problema en este tema es supuestamente el “desvío de los recursos económicos” para otras actividades ajenas al objetivo con el que fue creado el fondo.
El autor hace un repaso a los hitos de la conquista del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de los pueblos indígenas, durante el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), recursos destinados a proyectos productivos de las comunidades indígena campesina.
El largo recorrido de cinco años que tardó el Gobierno a través de sus representantes de los Ministerios, para diseñar la estructura institucional del Fondo Indígena, como el plan estratégico, el reglamento de transferencias público-privadas. Proceso en el que los pueblos indígenas habrían “sido invitados de piedra”.
Hace una revisión al informe de la Contraloría General del Estado, el que evidencia que 153 proyectos suscritos entre 2010-2011 “ninguno fue concluido”, no se presentó informes de avances y de cumplimiento, razón por la que tampoco recibieron el segundo desembolso”, cita en el libro.
La mayoría de los proyectos aprobados para 12 meses de ejecución, algunos a seis meses y otros hasta 18 meses, a cinco años de iniciado en funcionamiento del Fondo, no existen informes ni supervisiones técnicas de parte de los funcionarios de la institución.
Este hecho le lleva al autor a “suponer que la totalidad de dichos proyectos fueron ejecutados irregularmente”. Asimismo, le pone el ojo a los recursos que efectivamente habría recibido la entidad y los recursos que debieron ser transferidos por el 5% del IDH. Ahí plantea que las cifras varían, cosa que no debería ocurrir.La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó en el Senado que al Fondo ingresó 3,200 millones de bolivianos, Morales hace un cálculo de los ingresos que debió recibir esta institución y alcanza a 3,900 millones de bolivianos. Y se establece una diferencia de poco más de 727 millones de bolivianos.
“Los datos varían en una gran proporción (…). Lo que lleva a preguntar: ¿Dónde está ese dinero? Una respuesta probable es que los datos que anuncia la Ministra Achacollo respecto a los ingresos del Fondo Indígena procedan ya con un descuento del Ministerio de Hacienda, para el pago de la renta dignidad, universidades indígenas y el Instituto de Reforma Agraria”.
Morales sostiene que se habrían ejecutado “mutilaciones, apropiaciones y uso indebido del dinero del Fondo” y demuestra ello con base en el informe de gestión 2012 que se destinaron a actividades no productivas como transferencia al Ministerio de Trabajo, a la renta dignidad, a la UNIBOL, transferencia consultores en línea para el INRA, para el Fondo de Educación Cívica y al Sistema de Apoyo Técnico para las Organizaciones Matrices Nacionales.
Fuente: Diario Página Siete.

La caída en desgracia de Evo Morales

El de Bolivia es otro revés para la izquierda dura de Latinoamérica, que ha sido golpeada por el fin del auge de las materias primas, por los casos de corrupción que manchan a sus gobiernos y porque la gente quiere alternancia en el poder.
Aunque le quedan más de tres años para terminar su actual período como Presidente de Bolivia, Evo Morales convocó a un referéndum el 21 de febrero para cambiar la Constitución, de modo que esta le permitiera postular a un cuarto período en 2020. Esta planificación con excesiva anticipación, en una región acostumbrada a la improvisación de último minuto, olía a cierto nerviosismo por los tiempos más duros que le esperan a Bolivia. Y le salió el tiro por la culata: con casi todos los votos escrutados, el “No” ganó con el 51,3%. Aunque por un estrecho margen, los bolivianos le propinaron a Morales su primera derrota electoral seria desde su elección en 2005.
Este revés para el Presidente de Bolivia repercutirá en Sudamérica. A pesar de su apoyo a la “revolución bolivariana” de Hugo Chávez en Venezuela y su incansable retórica antiestadounidense, Morales es el más responsable en materia fiscal de los líderes izquierdistas de la región.
Igualmente es el más popular y era el más firme de ellos políticamente, gracias a su etnia (es de origen aimara), a su insistencia en la inclusión social y a las recientes propuestas pragmáticas al sector privado. La economía, la que ha sido mantenida a flote por las exportaciones mineras y de gas natural, ha crecido en un 5% anual aproximadamente durante una década.
Ahora está aflojando el paso. Mientras, el gobierno de Morales se ha visto sacudido por escándalos de corrupción. “Quizás nuestro apoyo no es lo que era”, reconoció el Mandatario al periódico español El País en la víspera del referéndum.
Eso corre con mayor razón para la izquierda en otras partes de la región. Ha sufrido derrotas electorales en Argentina y Venezuela. En Ecuador, Rafael Correa declaró que no postulará de nuevo el próximo año. En Brasil, no es seguro que el gobierno de Dilma Rousseff sobreviva hasta el final de su período en 2018. Esta semana Joao Santana, el gurú de campaña de Rousseff, fue arrestado por sospecha de haber recibido sobornos. Si se comprueba esa acusación, eso podría hacer que la corte electoral convoque a nuevas elecciones. En Chile, Michelle Bachelet, una Presidenta antes muy querida, decae en las encuestas.
Tres cosas están detrás de la caída en desgracia de la izquierda. Una es que el auge de las materias primas llegó a su fin. Los gobiernos de Venezuela (en especial), Brasil y Argentina no hicieron ningún esfuerzo por ahorrar esas ganancias inesperadas provenientes del auge. Por no querer correr el riesgo de la impopularidad y la derrota electoral, siguieron gastando mientras los precios de las materias primas empezaron a caer. Eso es un viejo error. Como Morales dice, él le aconsejó a Chávez que “no puede seguir dando tantos subsidios”. Y agregó que “para mantener la ideología, tiene que garantizar que el pueblo tenga alimentos”.
El segundo factor es la corrupción, especialmente en Venezuela y Brasil. De los gobiernos de izquierda solo el de Uruguay ha salido sano y salvo de los escándalos. Tercero, después de una década o más de predominio izquierdista, los votantes quieren rostros nuevos y la alternancia en el poder.
Todo esto significa que la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de Argentina en noviembre pasado tal vez presagie nuevos éxitos electorales para la centroderecha. Después de una década en la que gran parte de Latinoamérica tenía la mirada puesta en China, Barack Obama será muy aplaudido cuando visite Argentina y Cuba el próximo mes.
Tiempos difíciles
Sin embargo, gobernar se ha vuelto más difícil para todo el mundo en la región. Es verdad, la diferencia entre los países bien administrados, como Colombia y Perú, y aquellos que cometieron errores es significativa: tasas de crecimiento económico del 2% al 3% y una inflación del 2% al 7% se perciben mucho mejor que las recesiones y una inflación por sobre el 10%. Pero los tiempos de ingresos fiscales ilimitados y una fácil popularidad terminaron. Y la corrupción no es un monopolio de la izquierda, como lo atestigua Otto Pérez, Presidente conservador de Guatemala, quien fue derribado por un movimiento ciudadano el año pasado y está en juicio por malversación.
Para abordar la corrupción se necesita el trabajo paciente de construir el imperio de la ley. Y para dar un impulso al crecimiento económico se requiere de la durísima labor de mejorar la productividad y competitividad, mediante una mayor inversión en infraestructura, una mejor educación, mercados laborales más eficientes y así sucesivamente. Sobre todo, estas tareas necesitan estados más pequeños pero más fuertes y eficaces.
¿Cómo lograrlo? “El problema económico más importante hoy en día es político: que las diversas esferas de la sociedad lleguen a un acuerdo para poner mucho más énfasis en la transformación productiva”, aconseja Enrique García, de CAF (Corporación Andina de Fomento), un banco de desarrollo.
Eso es algo en lo que Latinoamérica ha sido muy débil. En el pasado, la derecha ignoraba la desigualdad y la pobreza. La izquierda puede atribuirse el mérito de poner estos temas en el centro de la agenda política, a donde pertenecen. Pero el auge de las materias primas también sirvió para dar nueva vida a las antiguas ideologías.
Fueron muchos los líderes de izquierda que gobernaron a través de la política del enfrentamiento antes que a través de una creación de consensos.
La región entró ahora en un período de ciclos políticos más cortos, más volátiles, en los que los ganadores serán aquellos que logren guiar el apoyo hacia los cambios que son difíciles pero que ya se deberían haber hecho.
Fuente: The Economist Internacional y Diario El Mercurio.

Senador del MAS fue aprehendido por vinculación con el caso del ex Fondo Indígena

El senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Boliviana, Jorge Choque Salomé, fue vinculado con proyectos “fantasmas” financiados con dineros del ex Fondo Indígena. La Constitución Política del Estado establece que no se le puede aplicar la medida cautelar de detención preventiva.
El señador Jorge Choque Salomé (MAS)Por Angel Guarachi- La Razón Digital
El presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Boliviana del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Senado, Jorge Choque Salomé, fue aprehendido hoy en la tarde tras prestar una declaración informativa en la Fiscalía en el marco de la investigación iniciada por 153 proyectos “fantasmas” con dineros del ex Fondo Indígena.
El legislador, quien a mediados de septiembre dijo que no pedirá licencia para ser investigado, fue responsable legal de cuatro proyectos que no fueron concluidos desde 2010. Las obras figuran en la lista de 153 proyectos observados por la Contraloría y que son sujetos de investigación bajo la responsabilidad del  fiscal Angelo Saravia.
Choque fue aprehendido y guarda detención en celdas judiciales a la espera de una audiencia cautelar, que definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel. No obstante, el artículo 153 de la Constitución Política del Estado prevé que a los legisladores “no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante”.
Está vinculado con los proyectos irregulares de “Sistema de Microriego-Ayahuayco, Provincia Loayza, La Paz”, “Producción de forraje y semilla certificada (Alfa, Avena y Pasto Ovilla en el municipio de Sica Sica”, “Producción de forraje con semilla certificada (Alfa, Avena y Pato Ovilla en el municipio de Ayo Ayo)” y de “Producción de forraje con semilla certificada (Alfa, Avena y Pato Ovilla en el municipio de Collana)”.
La exministra de Justicia Julia Ramos fue otra de las vinculadas con hechos irregulares y ayer fue aprehendida debido a su responsabilidad en la aprobación de ocho proyectos “fantasma” en 2010 con un daño económico al Estado de Bs 7,5 millones.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, anunció que será imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y legitimación de ganancias con afectación al Estado.

Rodolfo Machaca y Juanita Ancieta presionaban para beneficiarse con proyectos del exFONDIOC

El exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, denunció que Rodolfo Machaca, Juanita Ancieta y otros dirigentes recurrían a la violencia física y psicológica para favorecerse con proyectos.
“Rodolfo Machaca, Ever Choquehuanca, Juanita Ancieta, Hilarión Mamani ejercían violencia física, iban con su chicote al Fondo Indígena, ejercían violencia psicológica y violencia verbal, ellos eran dueños del Fondo Indígena”, afirmó Aramayo.
El exdirector dijo que fue tanta la presión que llegó a ser “un empleado” más de los dirigentes, porque no emitía ninguna opinión y cumplía órdenes que pedían la aprobación de proyectos, lo cuales no han sido ejecutados.
Aramayo señaló que solo se limitó a cumplir órdenes del directorio y de autoridades de las organizaciones indígenas, quienes ahora no dan la cara para explicar las distintas irregularidades.
Fuente: www.noticiasfides.com

Alec Baldwin en el Pabellón Perú de la COP21

El actor estadounidense de cine y televisión Alec Baldwin visitó el Pabellón Perú de la COP 21 de París, para participar de un diálogo con representantes de las comunidades indígenas amazónicas y andinas peruanas sobre el tema de la conservación de bosques, informó el Ministerio del Ambiente.
Alec Baldwin, conocido por sus roles en el Aviador y The Departed, entre otras, resaltó el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza y la preservación del ambiente.
“Estoy aquí para aprender de la realidad de los pueblos indígenas y su cultura. Lo importante, más allá de toda discusión, es proteger los bosques y el agua”, indicó
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, agradeció al actor su presencia en el espacio que el Perú tiene en la COP21.
“Con el apoyo de personalidades reconocidas como Alec Baldwin es posible incrementar la difusión de nuestros mensajes y llegar a más personas. Por eso agradezco que el Sr. Baldwin nos acompañe esta tarde”, dijo.
Representando a las comunidades peruanas participaron de la reunión Diana Ríos, miembro de la etnia asháninka y Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria.
El también ganador del Globo de Oro es desde hace algunos años un activista por la revaloración de las comunidades indígenas, la conservación de los bosques, la fauna, los paisajes agrícolas, los recursos naturales y los derechos sobre la tierra.
Alec Baldwin participa en la COP21 de París en diversas actividades de sensibilización en estas temáticas. Una de ellas fue el Premio Ecuatorial 2015, entregado anoche a representante de comunidades indígenas de 20 países.
Fuente: Diario Correo.

COP 21 : trois points clés pour un accord à Paris

Par Emmanuelle Réju- La Croix

Si la tension monte, les discussions se poursuivent dans un esprit pour le moment constructif.

Le langage reste toujours aussi policé. Pas une prise de parole publique sans un hommage appuyé aux collègues de négociation, au président des débats ou à son voisin de micro. La courtoisie est une des caractéristiques des conférences onusiennes, alors même que la tension commence à monter à mesure que se rapproche l’échéance de jeudi 10 décembre fixée par Laurent Fabius pour obtenir un projet d’accord finalisé.
Trois points majeurs de l’accord de Paris, censé entrer en vigueur en 2020, restent encore en débat, et le resteront sans doute jusqu’au bout.

2 DEGRÉS OU 1,5 DEGRÉ ?

Les dés semblaient jetés. L’accord de Paris devait fixer comme objectif de long terme la limitation à 2 degrés de la hausse de la température moyenne à la surface du globe. Mais la pression se fait de plus en plus vive, notamment de la part du groupe des pays les plus vulnérables, pour que cet objectif soit porté à 1,5 degré.
« La hausse moyenne de la température a déjà atteint 1 degré et cela se traduit pour nous par de véritables tragédies », a encore rappelé mardi 8 décembre le porte-parole de ces 43 pays – dont les Philippines, l’Éthiopie et les petites îles – les plus impactés par le réchauffement climatique.
L’inscrire dans l’accord serait extrêmement ambitieux. « Cela sous-entend de supprimer l’utilisation de combustibles fossiles dans le système énergétique d’ici à 2050 et les émissions de la totalité des gaz à effet de serre d’ici à la fin du siècle », décrypte Wael Hmaidan, conseiller pour le groupe des pays les plus vulnérables.
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Un défi de taille mais pas impossible selon lui. « Les coûts des énergies renouvelables ont décliné de manière spectaculaire ces dernières années et beaucoup plus vite que prévu », assure ainsi l’institut scientifique « Climate analytics ».
Cette proposition a reçu un bon accueil de la part de la présidence française, mais aussi du négociateur américain. La Chine et l’Inde n’y seraient pas non plus fermement opposées. « En revanche, cette proposition est totalement bloquée par le groupe des pays arabes, sous l’influence de l’Arabie saoudite », assure Wael Hmaidan.

UNE CLAUSE DE REVOYURE ?

C’est un mécanisme indispensable pour parvenir à l’objectif fixé, qu’il soit à 2 ou à 1,5 degré. À l’heure actuelle, 185 pays ont déposé sur le bureau du secrétariat de la convention climat leurs plans nationaux de lutte contre le changement climatique. « Un chiffre absolument fabuleux et inespéré il y a encore un an », souligne l’ambassadrice française pour le climat Laurence Tubiana.
Il n’empêche : si le pire est évité, ces contributions mises bout à bout conduisent le monde à un réchauffement compris entre 2,7 et 3 degrés, à condition en outre d’être réellement mises en œuvre.
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Un consensus semble donc se dessiner pour inscrire dans l’accord le principe d’un mécanisme de révision régulier de ces « contributions », avec l’idée de les rehausser, a priori tous les cinq ans (l’Inde souhaiterait par exemple tous les dix ans). Cet exercice de réexamen pourrait aussi porter sur les financements et les transferts de technologies promis par les pays développés aux pays les plus vulnérables.
Mais c’est la date de démarrage du processus qui fait débat. « Certains pays voudraient commencer dès 2017, d’autres parlent de 2025 – ce qui est beaucoup trop tard – il faudrait se rapprocher de 2020 », a relevé lundi 7 décembre Nicolas Hulot.

QUI PAYE QUOI ?

En 2009, les pays développés avaient promis 100 milliards de dollars (92 milliards d’euros) par an à partir de 2020 aux pays en développement pour les aider à faire face aux impacts du changement climatique et à entamer leur transition énergétique.
« Nous sommes déçus, a déclaré mardi 8 décembre le ministre indien de l’environnement Prakash Javadekar. Nous n’avons pas encore reçu d’assurance sur la mobilisation réelle de ces financements. »
Avec sa collègue sud-africaine, Prakash Javadekar considère que le rapport de l’OCDE faisant état d’une mobilisation actuelle de 62 milliards de dollars n’était pas recevable car sa « méthodologie » n’a pas fait l’objet d’une discussion commune.
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« Nous ne sommes pas encore aux 100 milliards et personne n’est capable de dire exactement où nous en sommes, a reconnu mardi 8 décembre la secrétaire exécutive de la convention climat, Christiana Figueres. Mais nous nous en approchons à grand pas. »
L’Union européenne et les États-Unis souhaitent élargir pour la suite le nombre potentiel de « contributeurs », avec des pays devenus des puissances économiques comme la Chine, le Brésil, ou Singapour.
La question reste épineuse mais un consensus semblait émerger ces dernières heures, entre la Chine, les États-Unis et l’Union européenne : les aides financières des pays « en capacité de le faire » seraient volontaires et ne pourraient venir qu’en complément des 100 milliards promis par les pays développés.