Archivo por meses: Julio 2012

Íñigo López de Recalde

Ínigo López de Recalde
Nacido Íñigo López de Loyola, la propia Compañía de Jesús lo nombró también en ocasiones como Íñigo López de Recalde. Entre 1537 y 1542 cambió el nombre de Íñigo por el de Ignacio, como él mismo decía, «por ser más común a las otras naciones» o «por ser más universal».
Es también conocido por la versión latina de su nombre, Ignatius de Loyola. Íñigo es una variación vasca de Eneko y por él lo conocieron y trataron gran parte de su vida; él mismo, por decisión personal, lo cambió por el de Ignacio —Ignatius— latino, cuando se graduó de Magister. Al principio firmaba sus cartas como «De bondad pobre, Íñigo». En 1537 aparece por vez primera el nombre de Ignacio en sus cartas, firmando en latín. Desde entonces, aparecen en sus escritos ambos nombres: cuando escribe y firma en castellano, usa «Íñigo», y cuando lo hace en latín o italiano, escribe «Ignacio». Y desde 1542 desaparece el «Íñigo». En los catorce años últimos de su vida siempre firmó como «Ignacio».
Algunas hipótesis apuntan a que el cambio de nombre fue debido a la devoción que Íñigo tenía a San Ignacio de Antioquía. Su madre era oriunda de la localidad vizcaína de Ondarroa. La vivienda familiar ondarresa, era la actual “Torre Likona”.
Siendo el menor de los varones de trece hermanos, su destino estaba claro: ser hombre de armas o dedicarse a Dios. Su niñez la pasó en el valle de Loyola, entre las villas de Azpeitia y Azcoitia, en compañía de sus hermanos y hermanas. Su educación debió ser marcada por las directrices del «duro mandoble» y del «fervor religioso».
El año 1507 coincidiendo con la muerte de su madre, el Contador Mayor de Castilla, Juan Velázquez de Cuéllar, pide al Señor de Loyola que le mande un hijo suyo para tenerlo como propio. Entre los hermanos se decide mandar al menor, a Íñigo, que va a Arévalo, donde pasaría un mínimo de once años, hasta 1517, realizando frecuentes viajes a Valladolid y manteniéndose siempre muy cerca de la Corte, ya que su protector era Consejero Real, además de Contador.
En este tiempo aprende lo que un gentilhombre debe saber, el dominio de las armas. La biblioteca de Arévalo era rica y abundante, lo que dio alas a su afición por la lectura y, en cuanto a la escritura, no dejó de pulir su buena letra. Se le consideró «un muy buen escribano». Él mismo se califica en esos tiempos como «dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra».
En 1517 Velázquez de Cuéllar cae en desgracia, al morir Fernando el Católico, y al año muere. Su viuda, María de Velasco, manda a Íñigo a servir al duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, que era virrey de Navarra, donde dio muestras de tener ingenio y prudencia, así como noble ánimo y libertad. Esto quedó reflejado en la pacificación de la sublevación de Nájera en la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520–1522), así como en conflictos entre villas de Guipúzcoa, en los cuales destaca por su manejo de la situación.
En 1512 las tropas castellanas conquistan el Reino de Navarra, con varios episodios bélicos posteriores. En 1521 se produce una incursión de tropas franco-navarras procedentes de Baja Navarra en su intento de reconquista y expulsión del invasor, en las que participaban los hermanos de Francisco Javier. Al mismo tiempo se subleva la población de varias ciudades, incluida la de Pamplona. Iñigo, que lucha con el ejército castellano y se encuentra en Pamplona en mayo de ese año, cuando llegan las tropas franco-navarras, resiste en el castillo de la ciudad, que es asediado, arengando a sus soldados a una defensa que resultaba imposible. En el combate es alcanzado por una bala de cañón que pasa entre sus dos piernas, rompiéndole una e hiriéndole la otra. La tradición sitúa el hecho el 20 de mayo de 1521, lunes de Pentecostés. El castillo cae el 23 ó 24 del mismo mes, se le practican las primeras curaciones y se le traslada a su casa de Loyola.
La recuperación es larga y dolorosa, y con resultado dudoso, al haberse soldado mal los huesos. Se decide volver a operar y cortarlo, soportando el dolor como una parte más de su condición de caballero.
En el tiempo de convalecencia, lee los libros La vida de Cristo, del cartujo Ludolfo de Sajonia, y el Flos Sanctorum. Bajo la influencia de esos libros, se replantea toda la vida y hace autocrítica de su vida como soldado. Como dice su autobiografía: Y cobrada no poco lumbre de aquesta leción, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada, y en quánta necesidad tenía de hacer penitencia della. Y aquí se le ofrecían los deseos de imitar los santos, no mirando más circunstancias que prometerse así con la gracia de Dios de hacerlo como ellos lo habían hecho. Mas todo lo que deseaba de hacer, luego como sanase, era la ida de Hierusalem, como arriba es dicho, con tantas disciplinas y tantas abstinencias, cuantas un ánimo generoso, encendido de Dios, suele desear hacer.
Este deseo se ve acrecentado por una visión de la Virgen con el Niño Jesús, que provoca la definitiva conversión del soldado en religioso. De allí sale con la convicción de viajar a Jerusalén con la tarea de la conversión de los no cristianos en Tierra Santa.
ASPIRACIONES RELIGIOSAS
En Barcelona se hospeda en el Monasterio de Montserrat de los benedictinos (25 de marzo de 1522), donde cuelga su vestidura militar frente a la imagen de la Virgen y abandona el mismo con harapos y descalzo. De esa forma llega a Manresa, donde permanecerá por diez meses, ayudado por un grupo de mujeres creyentes, entre las cuales tiene fama de santidad. En este período vive en una cueva en donde medita y ayuna. De esta experiencia nacen los Ejercicios espirituales, que serán editados en 1548 y son la base de la filosofía ignaciana.
En Manresa se produce el cambio drástico de su vida, «cambiar el ideal del peregrino solitario por el de trabajar en bien de las almas, con compañeros que quisiesen seguirle en su camino».
Llega a Roma y, seguidamente, el 4 de septiembre de 1523 a Jerusalén, de donde tiene que volver a Barcelona.
Su amiga Isabel Roser le aconseja que inicie estudios. Aprende latín y se inscribe en la universidad. Estudia en Alcalá de Henares desde 1526 a 1527; vivió y trabajó en el Hospital de Antezana como enfermero y cocinero para los enfermos. Posteriormente, va a Salamanca, hablando a todos sobre sus ejercicios espirituales, cosa que no es bien vista por las autoridades y le acarrea algunos problemas, y lo llegan a encarcelar por algunos días. En vista de la falta de libertad para su plática en España, decide irse a París.
En febrero de 1528 entra en la Universidad de París, donde permanece por más de siete años, aumentando su educación teológica y literaria, y tratando de despertar el interés de los estudiantes en sus ejercicios espirituales.
Para 1534, tenía seis seguidores clave: Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla y Simão Rodrigues (portugués).
LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Viaja a Flandes e Inglaterra para conseguir dinero para su obra. Tiene ya muy perfilado el proyecto y los compañeros que le siguen. El día 15 de agosto de 1534 los siete juran en Montmartre «servir a nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo» y fundan la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús. Deciden viajar a Tierra Santa y, si no pueden, ponerse a las órdenes del Papa.
Ignacio parte a su tierra, por motivos de salud, y está por un período de tres meses. Luego hace varias visitas a los familiares de sus compañeros, entregando cartas y recados, y se embarca para Venecia, donde pasa todo el año de 1536, que aprovecharía para estudiar. El 8 de enero de 1537 llegan los compañeros de París.
El Papa Pablo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio celebrará la primera misa en la noche de Navidad del año 1538. En ese tiempo se dedican a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Parte a Roma a pedir permiso para ir a Jerusalén y se lo dan, pero por problemas bélicos no pueden llegar y se ponen a las órdenes del Papa.
En el viaje a Roma sucede un hecho importante en la vida de Ignacio. En La Storta, localidad al norte de Roma, tiene una experiencia espiritual de excepcional trascendencia, que su autobiografía recoge así: Tuvo tal mutación en su alma y ha visto tan claramente que el Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no sería capaz de dudar de que el Padre le ponía con su Hijo. Con esta expresión reveló la unión que desde entonces sintió con Cristo. Laínez completó estos datos, añadiendo que la visión fue trinitaria, y que en ella el Padre, dirigiéndose al Hijo, le decía: «Yo quiero que tomes a éste como servidor tuyo» y Jesús, a su vez, volviéndose hacia Ignacio, le dijo: «Yo quiero que tú nos sirvas».
Esto determinará la fundación de la Compañía de Jesús, sería el remate a lo que comenzó en Manresa con los ejercicios espirituales. La directriz era clara: ser compañeros de Jesús, alistados bajo su bandera, para emplearse en el servicio de Dios y bien de los prójimos.
En octubre de 1538, Ignacio se encaminó hacia Roma, junto con Fabre y Laínez, para la aprobación de la constitución de la nueva orden. Un grupo de cardenales se mostró a favor de la constitución y Pablo III confirmó la orden mediante la bula Regimini militantis (27 de septiembre de 1540), pero limitaba el número de sus miembros a sesenta. Esta limitación fue revocada a través de la bula Injunctum nobis (14 de marzo de 1543). Así nacía la Societas Iesu, la Compañía de Jesús o, como se le conoce comúnmente, «los Jesuitas».
SUPERIOR GENERAL
Ignacio fue elegido Superior general de su orden religiosa. Envió a sus compañeros como misioneros por Europa para crear escuelas, universidades y seminarios donde estudiarían los futuros miembros de la orden, así como los dirigentes europeos.
En 1548, sus Ejercicios espirituales fueron finalmente impresos y fue llevado incluso a la Inquisición romana, pero fue rápidamente dejado libre.
Ignacio escribió las Constituciones jesuitas, adoptadas en 1554, las cuales crearon una organización monacal, exigiendo absoluta abnegación y obediencia al Papa y superiores (perinde ac cadaver, «disciplinado como un cadáver»). Su principio fundamental se volvió el lema jesuita: Ad maiorem Dei gloriam («A mayor gloria de Dios»).
Los jesuitas jugaron un papel clave en el éxito de la Contrarreforma.
Durante el período 1553–1555, Ignacio le dictó su biografía a su secretario, el Padre Gonçalves da Câmara. Esta autobiografía es una pieza importante para entender sus Ejercicios espirituales. El original quedó archivado e inédito durante 150 años, hasta que Bollandisten publicó el texto en Acta Sanctorum.
La Compañía se extiende por Europa y por todo el mundo y solamente está obligada a responder de sus actos ante el Papa.
En 1551 Ignacio de Loyola quiere que se le sustituya al frente de la Compañía, pero su solicitud de renuncia es rechazada. Al año siguiente muere Francisco Javier, a quien Ignacio tenía en mente para su sustitución.
Surgen divergencias en el seno de la dirección de la Compañía. Simão Rodrigues, uno de los fundadores, se rebela contra Ignacio desde Portugal, Bobadilla critica el modo de mando de Ignacio, y su amiga Isabel Roser quiere fundar una compañía femenina, a lo que Ignacio se niega.
Dirige la Compañía desde su celda en Roma y va ordenando todo lo que ha ido creando hasta poco antes de su muerte. La Compañía crece y pasa a tener miles de miembros, a la vez que se granjea muchos amigos y enemigos por todo el mundo.
Muere el 31 de julio de 1556, en el transcurso de una enfermedad en su celda de la sede de los Jesuitas en Roma.
Es santo patrón de las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya.
San Ignacio de Loyola es el patrono de la ciudad de Junín, Argentina, donde el principal templo católico es la Iglesia Matriz San Ignacio de Loyola.
Además, son muchos los monumentos, iglesias, calles, plazas e instituciones dedicados a Ignacio de Loyola en todo el mundo.
En el siglo XVII se levantó una basílica en su nombre en su ciudad natal de Azpeitia (Guipúzcoa), así como un complejo monasterial que rodea su casa natal.
En Deusto (distrito de Bilbao, Vizcaya), un barrio y su estación del metro (San Inazio) se llaman así en su memoria.
En el Perú, hay una provincia que lleva su nombre. Al norte del departamento de Cajamarca se encuentra la provincia de San Ignacio, la cual fue creada en 1965 con la ley nº 15560 y lleva a San Ignacio de Loyola como el patrón de la ciudad y cada 31 de julio celebra la fiesta patronal en honor a su santo patrón San Ignacio de Loyola. En el Cusco había una universidad regentada por los jesuitas en el virreinato del Perú de este nombre. En Lima se encuentran la Universidad San Ignacio de Loyola, el Colegio San Ignacio de Recalde y el Instituto San Ignacio de Loyola. En la ciudad de México, la Universidad Iberoamericana forma parte del Sistema Universitario Jesuita.
En Roma su sepulcro se venera en la Iglesia del Gesù, y en el siglo XVII, al poco tiempo de su canonización, se levantó una iglesia en su nombre como capilla del Colegio Romano, que él mismo había fundado.
Es patrono de la ciudad de Acosta en la provincia de San José, Costa Rica, y de la ciudad de San Ignacio, en Paraguay.
El número de instituciones educativas dedicadas al santo es proporcional a la inmensa labor educativa llevada a cabo por la Compañía de Jesús.

Fuente: Wikipedia. Sigue leyendo

Consorcio Camisea y Perupetro

Consorcio Camisea
Mediante un comunicado, el Consorcio Camisea dio a conocer su posición sobre el cumplimiento del contrato de licencia del lote 56 y el pago de regalías. A continuación el documento:
1. El contratista del Lote 56 ha cumplido y viene cumpliendo con el Contrato de Licencia del Lote 56 y, en ese sentido, ha efectuado el pago de las regalías correspondientes según lo estipulado en su contrato.
2. Lo que tenemos ahora es una discrepancia con Perupetro con respecto a la interpretación de una cláusula que prevé cómo se determina el Valor de Referencia del gas natural para efectos del cálculo de las regalías. Las partes acordaron recurrir a las diferentes instancias pactadas dentro del contrato para resolver estas diferencias, como son el Comité Técnico de Conciliación y el arbitraje, procedimientos convenidos normalmente en este tipo de acuerdos.
3. A pesar de la voluntad de ambas partes por resolver la discrepancia dentro de los términos contractuales, en esta oportunidad no se pudo conformar el Comité Técnico de Conciliación dentro del plazo de tiempo estipulado en el contrato, por lo que el contratista de Lote 56 tiene que someter la discrepancia a un arbitraje, instancia prevista contractualmente.
4. Esperamos que el análisis jurídico e imparcial que resuelva esta discrepancia de forma definitiva se realice mediante el arbitraje, mientras continuamos cumpliendo nuestros compromisos con total normalidad.
5. Reiteramos que el contratista del Lote 56 respetará la decisión final que resuelva esta controversia.

Aurelio Ochoa

Aurelio Ochoa renunció a presidencia de Perupetro
Una resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano designó a Isabel Mercedes Tafur Marín como la nueva cabeza del directorio del Perupetro.
En la misma resolución se acepta la renuncia la presidencia del directorio dispuesta por Aurelio Ernesto Ochoa y se le agradece por los servicios prestados. La norma es firmada por el presidente Ollanta Humala Tasso y por el ministro de Energía y minas, Jorge Merino Tafur.
Durante la semana pasada la Agencia Nacional de los Hidrocarburos, Perupetro, denunció que el gas que sale del Lote 56 de Camisea era reexportado hacia otros destinos de consumo y por tanto corresponde que el Estado peruano reciba regalías por ese concepto.
Habiéndose agotado las vías de conciliación, en menos de 60 días el contrato podría quedar invalidado por incumplimiento de una de las partes y el Lote 56 de Camisea volvería a manos del Perú.
Un día después de este anuncio apareció en las Normas Legales una Resolución Suprema, aceptando la renuncia de Aurelio Ochoa como presidente de la agencia y se designa a Isabel Tafur Marín como su sucesora en el cargo.
Sin embargo, tras 24 horas Tafur Marín presentó su renuncia y se nombró a Rosa Ortiz Ríos como nueva presidenta del Directorio de Perupetro.
Al respecto, Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas (MEM), lamentó la salida de Ochoa, al considerar que si fue quien llevó todo el tema de la reexportación de gas del Lote 56, debió quedarse cuando menos hasta concluir el proceso, que será en menos de 60 días. Pese a ello estimó que el Estado mantendrá la misma política de defensa de los intereses del país.

Fuente: Diario La República. Sigue leyendo

Santa María reina de la paz

Jennifer Fulwiler
«Fui atea toda mi vida hasta el año 2005. Busqué mi camino hacia el cristianismo, y ahora escribo acerca de lo que significa ser parte de esta fe, después de una vida como no creyente».
Por Jennifer Fulwiler
Por qué siempre me ha parecido sensato el sacerdocio masculino
Cuando leí «Catolicismo para idiotas» (Catholicism for Dummies) que trataba el tema del sacerdocio masculino, alguno podría pensar que me iba a volver atrás en mi decisión de convertirme. Ya había escuchado algo sobre género y clero católico en la «cultura popular», pero nunca me topé con el tema hasta que empecé a buscar y me di cuenta que efectivamente la Iglesia Católica no acepta mujeres al sacerdocio. Siendo atea de toda la vida y una feminista proclamada, podría pensarse que debería sentirme ultrajada. Sin embargo, cuando intenté que me viniese una justa indignación, ésta jamás llegó. De hecho, algo de esta postura me pareció objetiva. Sorprendida por mi propia posición, pasé mucha parte juzgando por qué no sentía la urgencia de denunciar esta postura polémica como opresiva e injusta. Y esto fue lo que me vino a la mente:
Los hombres y las mujeres son distintos
Por ese entonces, había sido mamá recientemente. Y no hay nada como el embarazo y el dar a luz para darse cuenta de que el hombre y la mujer son muy, pero muy diferentes. Incluso fuera de la visión católica, no se puede negar que quienquiera que nos creó –sea que lo llames Dios o Naturaleza o Alá o lo que sea– nos creó hombre y mujer con capacidades complementarias y, sin embargo, totalmente distintas. Las mujeres pueden cargar una nueva vida humana en su seno; los hombres no. Las mujeres pueden amamantar a sus bebés; los hombres no. Los hombres son generalmente más fuertes: el más fuerte de los hombres en el mundo siempre va a ser más fuerte que la más fuerte de las mujeres en el mundo. Y la lista de diferencias innatas entre los sexos sigue y sigue… Asumiendo que toda la raza humana no ha nacido en una situación inherentemente injusta, parecería que nuestro Creador no cree necesario que todos hagan lo mismo para ser iguales.
Lo que haces no es lo que te hace valer
A lo largo de esas mismas líneas, había comenzado a cuestionarme la persuasiva y moderna idea de que lo que tú haces es lo que tú vales. En las reuniones sociales, la primera pregunta que hacemos a alguien que conocemos es «¿A qué te dedicas?». A los niños les preguntamos «¿Qué vas a hacer cuando seas grande?». Uno de los resultados de esta idea es que nosotros, como sociedad, decidimos que si las mujeres no hacen toda y cada una de las cosas que los hombres hacen, la única posible explicación tiene que ser que ellas están siendo menos valoradas –y ser excluidas de realizar ciertas actividades significa que sus opciones de alcanzar un cumplimiento completo como seres humanos es limitado. Cuanto más consideraba esto, tano más me golpeaba como una visión tristemente utilitarista. Comencé a pensar que es posible creer que los hombres no serán buenos consultores en lactancia, las mujeres no serán buenos combatientes de la guerra de guerrillas, etc., sin que eso sea un comentario sobre el valor intrínseco de un sexo sobre el otro.
Dios se hizo hombre
Como un extraño que busca en esta religión, no podía entender cómo alguien pudiese creer que el Cristianismo es verdadero y, al mismo tiempo, cuestionarse el hecho de que Dios ve dos sexos con diferentes roles cada uno. Cuando Dios asumió nuestra carne humana, lo hizo como hombre. Podría haber bajado como mujer, como un equipo de hermanos y hermanas, o como un ser asexuado. Pero no lo hizo. Si quieres rechazar el Cristianismo como falso, eso es una cosa; pero si aceptas a Jesucristo como Dios Encarnado, parece que también tienes que aceptar que Dios ve que el sexo masculino tiene un rol especial en este mundo.
Jesús escogió hombres para ser sus apóstoles
Pedro, Andrés, Santiago, Santiago, Juan, Felipe, Tomás, Mateo, Bartolomé, Tadeo, Simón y Judas: esos son los nombres de las doce personas que Cristo llamó personalmente para ser sus apóstoles. Todos son hombres. El hecho de que Dios no sólo viniese como hombre, sino que incluso llamó solamente hombres para ser sus apóstoles (a pesar del hecho de que también estuvo cercano a muchas mujeres), fue una confirmación definitiva del hecho obvio de que Dios tiene un plan especial para el sexo masculino.
Dios nos dio a María
Y entonces, ¿dónde deja todo esto a las mujeres? ¿Acaso Dios no ve para nosotras un rol especial también? ¿Se olvidó de nosotras? Con honestidad, también tuve esos pensamientos cuando empecé a buscar sobre el Cristianismo, y fue un rollo. Las únicas ramas de cristianismo del que tenía experiencia eran algunas denominaciones del protestantismo sureño [en Estados Unidos] y me golpeó el hecho de que eran espiritualidades centradas en el hombre. Jesús era hombre, sus apóstoles eran hombres, todos los predicadores locales eran hombres. ¿Dónde entraban las mujeres en toda esta religión? ¿Acaso Dios dejaba fuera, en el frío, a todo un sexo en su totalidad?
Una vez que descubrí el Catolicismo, una de las muchas cosas que me sorprendieron de sus enseñanzas fue el énfasis en María. Tenía mucho sentido que Dios diera a una mujer un rol crítico dentro de su plan, alguien que pudiese servir como ejemplo de perfecta santidad femenina –y tenía sentido que su verdadera Iglesia lo entendiera así y celebrase este hecho.
Y así, cuando me topé con la doctrina del sacerdocio masculino, todas estas ideas hicieron que la defensa oficial de la Iglesia de su posición sonasen auténticas. De hecho, hubiese sido escéptica de las doctrinas católicas si no me hubiesen enseñado que es una labor para hombres –sólo para hombres– llevar adelante el rol que Dios empezó cuando él mismo se hizo hombre.

Fuente: National Catholic Register. Sigue leyendo

PUCP es de todos nosotros

Rector
Concordato es tratado internacional
El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Marcial Rubio, sostuvo en declaraciones a CNN que “probablemente transitemos hacia un nombre distinto”. Además, aclaró que el documento recibido desde el Vaticano no fue firmado por el Santo Padre Benedicto XVI, sino por el Cardenal Bertone, Secretario de Estado, como si eso alterara en algo la realidad de las cosas. “Es nuestro nombre y lo vamos a utilizar, probablemente transitemos hacia un nombre distinto, porque no lo vamos a cambiar mañana, porque nadie puede cambiar su nombre de hoy a mañana”, declaró. Manifestó que la PUCP cuenta con el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez Benites y de la legislación peruana bajo la cual se rige la universidad que dirige. “Nosotros no vamos a proponer ningún conflicto, si hay conflicto lo quieren El Vaticano y el Arzobispo de Lima, nosotros queremos la paz porque somos buenos católicos. Hemos propuesto la paz”, anotó.
Por otro lado, el rector de la PUCP señaló que dentro del conflicto hay intereses económicos y de poder por parte del cardenal Juan Luis Cipriani. “En marzo, hubo una larga conversación entre el Cardenal Cipriani y yo. Esa conversación llegó a acuerdos en todos los puntos salvo en terminar unos juicios de herencia entre el Arzobispado y nosotros porque el Cardenal quiere ganar esos juicios y manejar toda la herencia”, puntualizó.
Corte de La Haya
Natale Amprimo, abogado del Arzobispado de Lima, dijo que si la aún Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) no acata la adecuación de sus estatutos, el Vaticano puede acudir a un fuero internacional como la Corte de La Haya y eventualmente, denunciar al Estado peruano por no hacer respetar la disposición de la Santa Sede.
En entrevista a RPP TV, el letrado dijo que cuando existen discrepancias entre Estados, uno de ellos puede hacer valer sus derechos ante instancias internacionales. “Si el Estado peruano no hace respetar lo que corresponde, terminará en un fuero internacional, como La Haya”, aseveró.
Sobre el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) de los títulos que la mencionada casa de estudios emitirá a sus graduados con las denominaciones “pontificia” y “católica”, Amprimo dijo que habría una afectación a los derechos del consumidor del ciudadano y una competencia desleal.
“La Asamblea Nacional de Rectores, hoy día dirigida por un expatria roja y que es una suerte de otorongo no come otorongo, no es la que define las relaciones del Perú con un Estado como el Vaticano”, explicó.
El representante legal del Arzobispado de Lima aseguró que los tan disputados bienes legados por José de la Riva Agüero, administrados por la –según dijo– ‘universidad del fundo Pando’, son “eclesiásticos” y no son negociables, en alusión a las palabras del rector Marcial Rubio quien afirmó que el cardenal Juan Luis Cipriani pretende manejar a través de la herencia.
“Un testamento y sus disposiciones son normas de orden público que no puedo cambiar ni puedo pactar. Rubio pretendía sacarle la vuelta, pero no se puede negociar la voluntad testamentaria”, señaló, al tiempo que dijo que la casa de estudios estaría violando la propia Ley Universitaria, la misma a la que apela para no acatar las disposiciones de la Santa Sede.
“De acuerdo al artículo 83 de la Ley Universitaria, los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados quedan sujetos al régimen establecido por el donante”, sentenció Amprimo.

Jorge Avendaño

Pierde el juicio
Jorge Avendaño, abogado principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), adelantó que la posición de la casa de estudios, de no acatar el pedido del Vaticano para adecuar sus estatutos, se mantendrá firme pese al riesgo de que les quiten los nombres de Pontificia y Católica, otorgados por la Santa Sede.
Avendaño incluso bromeó al respecto. “Así como fastidian por ahí, la universidad siempre se va a llamar PUCP, porque va a ser la Primera Universidad ‘Caviar’ del Perú”, dijo, tras señalar que en todo caso les podrían quitar el nombre de Pontificia, pero no la palabra Católica, que es más genérica y que, por lo tanto, podrían conservarla.
En ese sentido, el jurista adelantó que la decisión de la Asamblea Universitaria de la PUCP será la de no acceder a la petición del Vaticano y que eso no tiene por qué cambiar la esencia de la institución. Además, aseguró que pese a los problemas con la iglesia, el número de alumnos no ha disminuido en absoluto y, por el contrario, sigue en aumento cada año.
Precisó también que la universidad no perdería los bienes que posee ni los terrenos donados por José de la Riva-Agüero, pues en su testamento consideró la posibilidad de que la institución cambiara de nombre. Dijo que previendo lo que podría pasar en el futuro, especificó que los bienes no cambiarían de dueño porque la donación no estaba condicionada a nada.
“Los bienes de la universidad no son del Vaticano, ni de la Iglesia. Son parte de una herencia de José de la Riva Agüero a la PUCP”, enfatizó el abogado constitucionalista y representante de la Universidad Católica, Jorge Avendaño.
Indicó que la universidad mantendrá su nombre debido a que la ley peruana lo reconoce y ampara.

Dr. Mario Castillo Freyre

Rector de transición
El doctor Mario Castillo Freyre, catedrático principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), expresó su preocupación por el futuro de esta casa de estudios, debido al conflicto que tienen las actuales autoridades universitarias con la Iglesia, lo que ha motivado que el Vaticano prohíba el uso de los títulos “pontificia” y “católica”.
El docente subrayó que su malestar lo comparten muchos profesores de esta prestigiosa casa de estudios, así como un considerable número de alumnos y exalumnos que hasta ahora se han mantenido en silencio, pero que no están de acuerdo con el manejo de la situación que se ha tenido hasta el momento.
En ese sentido, cuestionó el “unánime respaldo” que la Asamblea Universitaria le dio al actual rector Marcial Rubio Correa, quien adelantó que no acatarán el decreto de la Santa Sede.
“Soy parte de la Iglesia Católica y soy parte de la universidad. Yo no quiero enfrentamiento, quiero que se reabra el diálogo. El propio decreto del Vaticano deja abierta la posibilidad de que eso se recomponga”, dijo en RPP TV.
“Si las autoridades no han logrado respetar la tradición de estos 95 años de historia y de 70 años de título de Pontificia universidad no es una situación que escape a la razón pedir la renuncia de las autoridades que han fracasado”, agregó.
Castillo Freyre propuso que la asamblea escoja un “rector de transición” que tienda puentes y restablezca el diálogo con la Iglesia Católica, la cual –dijo– no es enemiga de la PUCP y, por el contrario, ha contribuido desde su fundación a que la universidad alcance prestigio y reconocimiento.
“Creo que si el camino que se quiere seguir es el agravamiento, decir que aquí no pasa nada, que los títulos van a quedar iguales y que todo está ganado y que no hay icebergs al frente, eso implica una pérdida de rumbo que es el peor camino para la universidad”, dijo.
Como candidatos a Rector de transición se perfilan los profesores principales Miguel Giusti Hundskopf y Alan Fairlie Reinoso.

Luis Bacigalupo

Opinión del Dr. Luis Bacigalupo Cavero Egúsquiza, Profesor Principal de la PUCP: Lo primero que preguntó el Cardenal Erdö en Lima fue si la universidad quería seguir siendo pontificia. Se le respondió que sí, tal vez sin medir las consecuencias. Para una universidad que se concibe a sí misma como una institución secular de inspiración católica, aceptar ser pontificia es un problema, porque eso es mucho más que profesar una inspiración. Ser pontificia implica aceptar la soberanía del Papa. La soberanía papal es monárquica y universal, y por lo tanto no admite la supremacía de las legislaciones nacionales.
En otras palabras, solo hay dos caminos abiertos para la primera y más importante universidad católica del Perú:
(1) En caso de que el últimatum de Bertone no tome en cuenta las recomendaciones del Cardenal Erdö y quiera en efecto entregarle la potestad de elegir al rector a Cipriani, la universidad tendrá que desdecirse y renunciar a su calidad de pontificia, con las consecuencias que eso traiga consigo.
(2) En cambio, si la visita del Cardenal Erdö no fue en vano, a la universidad le toca negociar una autonomía relativa en lo administrativo, que es teóricamente lo único que se le estaría pidiendo, y contar con las garantías que la protejan de una eventual injerencia del clero de extrema derecha, que al parecer es lo que ha ofrecido Monseñor Piñeiro.
Espero que sea lo segundo lo que prevalezca en estos días cruciales para la historia de la universidad. De otro modo, el panorama se presenta difícil, porque una justa rebeldía frente a la prepotencia y el autoritarismo de un sector radical del alto clero ya ha sido descalificada de antemano por el editorial de El Comercio al calificarla de robo, y va a ser muy difícil revertir esa opinión.

Fuente: InfoCatólica; Diarios Correo, Perú21 y La República; Canal N. Sigue leyendo

Agua es prioridad

Arequipa
El Presidente Ollanta Humala participó en la inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 2 en el distrito de Cayma (Arequipa), que permitirá a más de 750 mil personas contar con ese servicio básico en sus hogares.
El jefe de Estado dijo que: “El mejor instrumento que tenemos para la inclusión social es el agua y, si logramos compartir este recurso natural con todas las familias, vamos a crear la mejor estabilidad que el país requiere”, sostuvo esta mañana el Presidente Ollanta Humala al inaugurar la Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 2 construida por la Sociedad Minera Cerro Verde en el distrito de Cayma (Arequipa).
Luego de felicitar a los directivos de Cerro Verde por su compromiso con el pueblo arequipeño y por los grandes proyectos que han emprendido, el mandatario remarcó que “ahora se tiene que medir a las compañías no solo por su producción sino por su responsabilidad social corporativa y su contribución a la estabilidad social, pues eso es parte de la nueva relación con las empresas extractivas”.
Asimismo, exhortó a las autoridades involucradas en el abastecimiento de agua potable en Arequipa a trabajar juntos para resolver pronto la carencia de este servicio en la población que la necesita, tal como las personas que se le acercaban para hacerle conocer sus viviendas y los depósitos donde almacenan el agua que compran a camiones cisternas; y para expresarle sus expectativas ante la inauguración de esta moderna planta en Cayma.
El mandatario aprovechó también para detenerse en el camino y saludar a niños y niñas estudiantes de diversos centros educativos que agitando banderitas del Perú y luciendo sus escarapelas en el pecho lo llamaban emocionados para abrazarlo.
“Ya no queremos ver gente comprando agua en baldes. Debemos trabajar juntos para proveer de los recursos que necesitan nuestras familias como electricidad, agua y desagüe, veredas y carreteras”, manifestó el jefe de Estado, para luego inspeccionar las instalaciones de la nueva planta.
En otro momento, el jefe de Estado dijo que con el nuevo Gabinete Ministerial, el Gobierno “va a dar más fuerza al diálogo”, con respeto por el principio de autoridad, e incidiendo en las demandas de la población, en asuntos como seguridad ciudadana y educación. “Vamos a darle más fuerza al diálogo, pero respetando también el principio de autoridad”, aseveró.
La Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 2 inaugurada es un megaproyecto que consiste en captar agua del río Chili, a la altura de la hidroeléctrica Charcani IV, para llevarla mediante una línea de conducción de 11 kilómetros hasta la referida planta, ubicada en la parte alta del distrito de Cayma, y distribuirla a más de 750 mil arequipeños.
La planta ha sido financiada en su totalidad por la Sociedad Minera Cerro Verde y será entregada a SEDAPAR para su operación. La ejecución de esta obra representa una inversión total de S/.259’915,985.

Fuente: Agencia Andina de Noticias. Sigue leyendo

Sin vergüenza

En el dolor hermanos
El congresista Javier Diez Canseco se presentó ante la Comisión de Ética y aceptó –ante los cuestionamientos de sus integrantes– que el proyecto de ley que presentó sobre el “cambio de acciones de inversión por acciones comunes, restituyendo a sus titulares los derechos económicos, políticos y societarios”, sí favorecía a sus familiares directos, es decir, a su exesposa y a su hija.
El legislador también aceptó que su iniciativa legislativa 564-2011 –presentada en noviembre del año pasado– es una copia de la que hace seis años elaboró su exasesor parlamentario y financiero Óscar Berckemeyer, quien es un experto en inversiones de bolsa. Es decir, que es el mismo que se presentó en una anterior legislatura.
Es más, ante la interrogante de su colega aprista Mauricio Mulder, Diez Canseco también explicó que este proyecto fue presentado cuando aún tenía el poder de las acciones en controversia y que posiblemente iban a ser favorecidas si se aprobaba esta ley en el Congreso.
FUE CORREGIDO
El fujimorista Juan José Díaz cuestionó que uno de los integrantes de la Comisión de Ética, el nacionalista Sergio Tejada, también haya firmado la cuestionada propuesta parlamentaria, y en pleno debate lo corrigió sobre el valor real de las acciones de inversión y de capital.
El presidente de dicho grupo de trabajo, Humberto Lay, le preguntó si esta norma también era parte del lobby que estaba haciendo un grupo de empresarios, pero Diez Canseco lo negó.
El exintegrante de la bancada de Gana Perú sostuvo que no se le ocurrió que al presentar esta proyecto se iba a distorsionar el manejo del tema.
La denuncia contra Diez Canseco fue presentada por el fujimorismo. El legislador habría violado los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria. Si la comisión lo encuentran culpable sería suspendido 120 días.
La creciente soledad de Ollanta
Por Javier Diez Canseco, congresista elegido con los votos de Gana Perú
Al creciente malestar nacional contra el gobierno de Humala por su torpe y sangriento intento de imponer el proyecto Conga, al margen de un auténtico diálogo y una efectiva licencia social, se suma una extendida crítica internacional.
Intelectuales y profesionales especializados en materia minera y medioambiental, como el español Arrojo, experto y veedor de la Marcha por el Agua, o la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), le han dirigido demandas públicas dirigidas a que rectifique una conducta que ya cobra varias vidas. Muchas organizaciones internacionales han hecho lo propio.
Pero en el país no faltan los voceros de los intereses de algunas de las grandes corporaciones mineras, como Cecilia Valenzuela, que justician absurdos abusos como la detención de Marco Arana señalándolo como “subversivo”. En coro con Aldo M y Keiko Fujimori acusan a Humala de “debilidad” y le reclaman una guerra total contra la “subversión”. ¡Falta sangre! gritan algunos plumíferos de alquiler y claro, la hija del reo condenado a 25 años de prisión, precisamente por delitos de lesa humanidad.
Pero la realidad es que Humala pierde terreno fuera y dentro del Perú. Las encuestas, desde antes de los luctuosos sucesos de Cajamarca y el despectivo trato que le dispensara Roque Benavides en los medios, dieron cuenta de un fuerte bajón en la aprobación de su gestión. Perdió apoyo entre los sectores más populares y, en cambio, aumentó su respaldo entre las capas más pudientes.
Y ahora, internacionalmente, aumenta la crítica y condena a su conducta y la demanda de prontas e importantes rectificaciones. No es casualidad que se desdibuje la figura del Perú en foros internacionales. En las recientes ceremonias por el aniversario de los 201 años de la independencia de Venezuela, no se mencionó ninguna referencia al Perú cuando se resaltaban los esfuerzos por una segunda y autentica independencia latinoamericana, por la que batallan numerosos países de la región. Tampoco en el reciente Primer Encuentro de Parlamentarios y Parlamentarias convocado alrededor del Foro de Sao Paulo, en que participan partidos de gobierno de más de 9 países latinoamericanos y numerosas fuerzas políticas de peso en otros.
En el XVIII Encuentro del mismo Foro de Sao Paulo, que agrupa a las principales fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina, con más de 800 participantes de partidos plenos y observadores de los cinco continentes, se tomó nota de las frustradas expectativas de cambio de amplios sectores populares del Perú, su creciente movilización en demanda de expectativas y compromisos contraidos, y la forma violenta como se les trata, con un resultado de 17 muertos hasta hoy. Por ello se acordó invocar a que sean medidas preventivas y espacios de diálogo y negociación los que deben imperar y se decidió que una delegación del Grupo de Trabajo del FSP busque entrevistarse con los partidos miembros del Foro –entre los que se incluye al Partido Nacionalista– y con el gobierno para buscar que los conflictos se encaren con los mecanismos ya mencionados.
Once meses de gestión han desdibujado la figura de Humala como una opción de cambio y transformación que esperanzaba a pueblos del Perú y fuerzas políticas latinoamericanas. A ello ha contribuido también una política internacional de contradictorio equilibrio entre la promoción de Unasur y Celac por un lado, y la integración de la Alianza del Pacífico que articula a los principales aliados de los EEUU en AL.
El nombramiento de Monseñor Cabrejos y del padre Garatea como mediadores en Cajamarca es un rectificación que ojalá tenga resultados. Pero, siendo positiva, no recuperará las vidas inútilmente perdidas ni a bases sociales y electorales a las que Humala aleja.
Pocos dudan, salvo la Derecha Bruta Achorada, que el Presidente debería replantear su manejo de la minería en el país, garantizar la defensa del agua y protección del medio ambiente, la consulta previa y licencia social de los pueblos, y recuperar una parte importante de la renta minera que hoy fluye fuera del país. Debería, aunque sea improbable, retomar banderas de cambio que comprometió con los pueblos, pero la vida dirá el rumbo que tomen las cosas.
Yanacocha: ¿Inversión extranjera?
Por Javier Diez Canseco
Yanacocha SRL, el ojo de la tormenta de Conga, se constituyó en 1992. La contribución de dinero fresco de los socios –no de préstamos o apalancamientos financieros– al capital social de la empresa, apenas bordeó los US $2 millones de dólares. Pero generó –en 18 años– utilidades netas por la increíble suma de US $5, 615 millones.
Inició operaciones en 1993 con el proyecto Carachungo, a un costo de unos US $64 millones. ¿Cómo lo hizo con un aporte de apenas US $2 millones de los socios? Todo indica que recurrió al apalancamiento financiero en el sistema bancario y la bolsa o mercado de capitales nacional o extranjero para conseguir la plata. Según sus estados financieros la empresa también emitió bonos por US $100 millones el 97, y en 1999 se prestó del IFC (financiera del Banco Mundial que terminó de socia minoritaria) otros US $100 millones. En total, unos US $200 millones. Y, entre 1993 y el año 2000 sus utilidades netas llegaron a la modesta suma de US $816 millones 916 mil dólares de los que distribuyeron utilidades a sus accionistas por US $467 millones de dólares. Lo no repartido de las utilidades fue retenido, unos US $350 millones para reinvertir del mismo dinero ganado en el Perú. Y aún no había llegado el periodo de boom de los precios de minerales.
El 2001, tuvieron US $80 millones de utilidad, repartieron US $10 millones entre los socios, y decidieron capitalizar US $206.5 millones de dólares en Yanacocha, manteniendo retenidas utilidades totales por US $214.3 millones de dólares. El 2002 arrancó el alza de precios y las ganancias netas (pagados impuestos y todos los costos) fueron, ese solo año, de US $220.85 millones. El año siguiente fueron US $313.14 millones, el 2004 fueron casi US $428 millones, el 2005 llegaron a US $535.5 millones, subieron a US $567.7 el 2007. Entre esos años se repartieron a los accionistas la friolera de US $1,291 millones y retuvieron ganancias por US $2,216 millones en la caja de la empresa. Las utilidades netas del 2007 cayeron a US $244.2 millones, pero volvieron a reinvertir US $189.6 millones ganados en el país en capital social.
Ojo, a diciembre del 2012 el capital social de Yanacocha, declarado, es de US $398 millones 316 mil dólares y solo reinvirtió dos veces una pequeña parte de sus ganancias: un total de US $396.1 millones dólares. Así, concluimos que el capital social fresco aportado por los socios fue apenas de 2.1 millones de dólares, porque lo reinvertido de ganancias fue US $398.3 millones. ¡Excelente negocio!, generado con las mismas ganancias de suelo peruano y un apalancamiento de créditos y bonos que no son ajenos a la captación de dinero peruano en sus inicios. Entonces, ¿cuánto dinero extranjero entró para Yanacocha si fue generado aquí, con los recursos naturales y el trabajo de peruanos que dieron enormes ganancias reinvertidas? Además, Yanacocha usa tecnología y máquinas extranjeras que dan trabajo y generan envíos fuera, no en el Perú, tampoco transforma las materias primas en el Perú y paga impuestos a lo exportado según su declaración jurada, sin análisis detenido aquí de lo que sale fuera. Para colmo, contabiliza como costos una regalía de 3% que Newmont le paga a Buenaventura-Benavides y Newmont cobra 2% por administración.
Así, un negocio que se inició –como recuerda Alonso Ramos– comprando 609 hectáreas de tierra a humildes campesinos a S/.100 soles la hectárea con el apoyo de Fujimori, continuó con el arreglo de los norteamericanos y Benavides con Montesinos para desalojar al socio francés BRMG y quedarse con su parte, consumió y contaminó el agua de Cajamarca y siguió con el inútil reservorio de San José inaugurado por Alan García y que está seco, resultó un mina de oro para una Yanacocha que pocos quieren.
Su ganancia neta por cada dólar de capital social es de US $2,654 dólares. Pero a Yanacocha SRL, ningún gobierno la obligó a dejar lo justo para el Perú, ni tampoco a respetar el agua y el ambiente, o le impuso el impuesto a las sobreganancias para atender agro, educación o salud, tan deteriorados. Ni García ni Humala. Los US $4,800 millones que anuncian de “inversión extranjera” en Conga son menos que los US $5,615.7 millones de utilidades netas que ya le sacaron al país. Tienen en su poder US $2,531.4 millones de utilidades no distribuidas. Es decir, la inversión extranjera solo es dinero peruano en el bolsillo de la Newmont y Benavides.

Fuente: Diarios Perú21 y La República. Sigue leyendo

Conferencia Episcopal Peruana

Presidente CEP
El presidente de la Conferencia Episcopal peruana, monseñor Salvador Piñeiro, pidió a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) acatar las órdenes del Vaticano, las cuales señalan que ya no puede conservar los títulos de “Pontificia” y “Católica”.
“Hay que aceptar la normativa de la Iglesia. Hemos tratado de insistir para que la Universidad Católica se adecuara a los estatutos durante mucho tiempo”, sostuvo ante la prensa.
Piñeiro lamentó que las negociaciones entre la universidad y la Iglesia hayan terminado en esta decisión, pero no descartó la posibilidad de llegar a buen puerto. “En el documento de la Santa Sede, en el tercer acápite, hay una posibilidad de encontrar una opción de diálogo”, señaló.
Este punto establece que la universidad seguirá siendo “persona jurídica pública de la Iglesia sometida a la legislación canónica” y que “la Santa Sede seguirá empeñándose en el pleno repeto de la disciplina canónica”.
Consultado sobre la posibilidad de que la casa de estudios conserve ambos títulos, el monseñor evitó pronunciarse y sostuvo que será algo que los especialistas tendrán que evaluar, “pero si la Santa Sede ha dado la orden, que es un llamado de atención para aprender a obedecer aunque sea difícil, hay que aceptar”.
Comunicado
Habiendo tomado conocimiento de la decisión de Su Santidad Benedicto XVI, manifestada a través del Decreto N. 3168/12/RS y de la Carta dirigida al Dr. Marcial Rubio Correa por el Emmo. Señor Cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de Estado, el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, comunica lo siguiente:
1º Su plena adhesión a la decisión del Santo Padre sobre la prohibición del uso de los títulos de “Pontificia” y Católica” a la hasta ahora denominada Pontificia Universidad Católica del Perú, debido a su reiterada resistencia, durante más de treinta años, a cumplir con las normas eclesiásticas aplicables a este tipo de universidades.
2º Como la Santa Sede lo ha declarado, pese a esa prohibición la mencionada Universidad continua siendo una persona jurídica pública de la Iglesia Católica, razón por la cual debe respetar los legítimos derechos que a ésta le corresponden y someterse a la legislación canónica aplicable en materia de entidades eclesiásticas, administración de bienes y centros de enseñanza superior.
3º Es responsabilidad de las autoridades de la mencionada universidad, puesto que son autoridades de una entidad eclesiástica, hacer cumplir en la comunidad universitaria lo que el Santo Padre a través de su Secretario de Estado ha dispuesto mediante los antes citados documentos, en especial adecuar los estatutos a la universidad a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae y garantizar, ante la Santa Sede, la identidad y orientación católica que le corresponde en virtud de su misión de participar en la función de enseñar de la Iglesia.
4º De este modo se evitará continuar perjudicando los derechos de la Iglesia al servicio de la educación católica, entre los cuales destaca la libertad de la que ella goza para organizar las Instituciones educativas en total observancia del ordenamiento legal peruano y del vigente Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y la República del Perú. Así se respetará también el derecho de los alumnos a acudir a una universidad que fue creada y dotada de un patrimonio para brindarles educación universitaria católica, en el marco de la legítima autonomía que la Iglesia siempre ha reconocido a este tipo de instituciones.
5º Invoco a las autoridades y a la comunidad universitaria de dicha universidad a obedecer las decisiones de la Santa Sede y a respetar aquello que la Suprema Autoridad de la Iglesia ha decidido respecto a una institución que le pertenece. De esta manera se lograra su plena identificación con la Sede de Pedro y la universidad retomará la senda que dio origen a su creación en el seno de la Iglesia.
Lima, 24 de Julio del 2012
+ Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo Metropolitano de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Todos los nombres
Editorial del diario El Comercio
No es solo la identidad de la PUCP la que está en juego en el conflicto en torno de su nombre.
En este Diario no coincidimos con la opinión que concibe a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como una institución sectaria abocada a la creación de alumnos de una determinada tendencia política. Muchos de quienes trabajamos aquí hemos sido alumnos y profesores de esa universidad y podemos dar fe del amplio respeto por la libertad de cátedra que prima en la misma y de la elevada calidad de la enseñanza que se imparte en buena parte de sus cursos.
No creemos, sin embargo, que esta loable labor pueda realizarse pasando por sobre terceros, incluyendo, ciertamente, el derecho que cada cual tiene sobre su nombre. Más en concreto, pensamos que la respuesta (cuyo sentido ha sido confirmado luego por la Asamblea Universitaria) que ha dado el rector al decreto del Vaticano retirando a la PUCP el permiso a usar los nombres de “católica” y “pontificia” va más allá del campo de lo errado para bordear el del cinismo. Y es que, al margen de todos los tecnicismos jurídicos que comenzarán a esgrimirse de ambos lados, ¿es coherente que alguien pueda decir que el explícito rechazo del Papa es indiferente a su derecho a llamarse “pontificia” –literalmente, “perteneciente o relativo al pontífice”–? Similarmente, ¿tiene sentido que uno insista en publicitarse como “católico” contra la declarada opinión del pontífice, siendo la religión católica, para bien o para mal, una religión organizada y jerárquica, donde este tiene la última palabra? ¿No es hasta una falta de pudor insistir en llamarse con el nombre de una organización que no obliga a nadie a afiliarse a ella cuando al mismo tiempo uno está haciendo saber públicamente que no está dispuesto a cumplir sus reglas? Más aún, si los miembros de esta organización ponen gran valor en tener bien marcada su esencia y sus diferencias sobre la base de estas reglas, ¿no es también esta insistencia una falta de respeto hacia ellos?
Las autoridades de la PUCP no pueden tratar como una pura forma,vacía de significado y por lo tanto asignable a cualquier contenido, a un nombre que una institución lleva casi 2000 años llenando. Especialmente considerando cómo ha marcado a la historia de la Iglesia Católica su incesante esfuerzo por definir – en infinidad de debates, concilios, decisiones papales y demás– lo que la representa y lo que no. Naturalmente, todos podemos discrepar de todas las decisiones que ha tomado en este sentido, pero no tenemos el derecho de quitarles a los católicos la libertad de definirse y diferenciarse por medio de ellas.
Hablar, por lo demás, de una “universidad católica” no es, como se ha dicho, el equivalente de, por ejemplo, hablar de una eventual farmacia llamada “católica”. Las universidades católicas son un tipo de “producto” específico que tiene la Iglesia Católica alrededor del mundo: son universidades que están regidas por el derecho canónico con una serie de reglas determinadas (en la que figura, entre otras, la ya famosa institución del Gran Canciller). Por eso la PUCP no tomó simple y unilateralmente el nombre de “católica” y de “pontificia”, inscribiéndolos bajo legislación peruana, como hoy quieren dar a entender sus autoridades. No. Recibió el permiso eclesiástico para constituirse como una “universidad católica” al momento de su fundación en 1917, siendo reconocida como tal ese mismo año por el Estado Peruano, y luego recibió del Vaticano el título de “pontificia” en 1942. Por el mismo motivo presentó todos sus estatutos para revisión al Vaticano hasta 1967, cuando dejó de cumplir con esta obligación, pretendiendo desde esa fecha seguir con la franquicia, por así decirlo, sin cumplir con sus reglas. Algo que, sea quien sea la franquiciadora, es un acto de prepotencia.
Ni Enrique VIII, en fin, pese a lo decidido que estaba a enfrentar a Roma, pretendió seguir llamando a la Iglesia de Inglaterra “católica” cuando rompió con el Papa y decidió crear una Iglesia con sus propias reglas. Y vaya que hubiera podido hacerlo “bajo ley inglesa”: era un monarca absoluto, la ley inglesa la hacía él. Si hubiese querido que esta ley hiciese como que el término “católica” no identificase a la Iglesia romana, que llevaba desde el siglo II llamándose así, hubiera podido hacerlo. Pero por lo visto tenía algo que parece estarle faltando, para pesar de los que la queremos, a las autoridades de la PUCP: sentido del absurdo.
Asamblea Universitaria
La Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, reunida en sesión del 23 de julio del 2012, ha aprobado el siguiente comunicado:
1. La comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), representada por su Asamblea Universitaria, deplora el decreto emitido por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el cual contiene diversos aspectos que se oponen a los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación peruana -como el derecho a la identidad-, al pretender prohibir el uso de los términos “Pontificia” y “Católica”.
2. La PUCP afirma que, por su carácter de institución peruana, constituida y domiciliada en el Perú desde 1917, hará prevalecer el compromiso que tiene para con sus estudiantes, profesores y trabajadores, y para con sus graduados y egresados, de hacer respetar su denominación oficial, la cual goza de reconocido prestigio nacional e internacional, y está expresada en los grados y títulos que otorga a nombre de la Nación.
3. La PUCP reitera su compromiso con los valores católicos que la inspiran y la alientan cotidianamente. Estos valores nos reafirman como una universidad autónoma, democrática, creativa, crítica, pluralista, con calidad en la enseñanza y en la investigación, comprometida con la sociedad peruana, e identificada con los principios cristianos que fundan los derechos del ser humano.
4. Los miembros de la Asamblea Universitaria de la PUCP expresan su reconocimiento y respaldo a la gestión que viene realizando el Rectorado de la Universidad en la conducción de las relaciones con la jerarquía de la Iglesia, en conformidad con los acuerdos adoptados previamente por la Asamblea Universitaria.
El Secretario General
Asamblea Nacional de Rectores
Tras darse a conocer el decreto de la Secretaría de Estado del Vaticano que prohíbe usar dichas denominaciones al no haber adecuado sus estatutos a su constitución apostólica, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez Benites, mostró su total respaldo a la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que aprobó respetar su denominación oficial, la de “Pontificia” y “Católica”.
Para Velásquez Benites, lo realizado por la Santa Sede vulnera no solo la autonomía de la PUCP sino de la universidad peruana en general.
“La Universidad Católica está regida por una ley universitaria. El Estado la reconoce como parte de la universidad peruana y cuenta con autonomía tal como lo señala la Ley 23733, lo que demuestra que está sujeta a ella. Para nosotros el proceder del Vaticano es una clara agresión al estado de derecho de la universidad”, señaló.
Asimismo, Velásquez reiteró su apoyo al rector de la PUCP, Marcial Rubio, como máxima autoridad reconocida por la ANR y a la Asamblea Universitaria como su órgano de gobierno institucional.
Por otro lado, ante las declaraciones de los voceros del Arzobispado de Lima que señalan que los títulos que entregue la PUCP no serían válidos, el presidente de la ANR indicó que la referida casa de estudios está protegida por la Ley Universitaria peruana.
Y puede realizar de forma normal sus actividades y seguir otorgando grados y títulos a nombre de la Nación, los que serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la ANR, dijo.
Velásquez manifestó que la PUCP no solo es un ejemplo de formación académica, profesional y responsable, sino que es parte del patrimonio del Perú.
“La libertad de pensamiento, tolerancia y calidad en la enseñanza son valores intrínsecos de su vida académica, claros ejemplos de lo que estípula la Ley Universitaria en el país”, sostuvo.

Armando Nieto SJ

Entrevista al Padre Armando Nieto SJ en PAX TV
Es el Presidente de las Academia Nacional de Historia y de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica.
Entonces cursó Derecho e Historia en la PUCP…
Simultáneamente, recuerda que por ese entonces se podría hacer eso, antes se podía estudiar ambas, con esto saqué los títulos correspondientes e ingresé a la Compañía el 23/05/1956, en Miraflores, donde están ahora la Residencia y Parroquia Fátima. Me entusiasmó la vida religiosa, sobre todo la vida de los jesuitas, estudié los dos años de noviciado, son más de formación espiritual es verdad, pero también nos dan horas de estudio, entonces el Padre Maestro me dijo: “estudia muy bien Latín, Griego para que desde ahora te vayas preparando para la Filosofía y Teología”. Hice un año de Juniorado, mis compañeros hicieron tres; el P. Mc Gregor que era el Provincial me dijo: “Mira, los estudios de Literatura, por ejemplo, los puedes hacer después, pero tú tienes que formarte bien en Latín y Griego así que seguirás estudiando en este año en Miraflores”. Teníamos un excelente profesor Pedro Cano un Maestro que me ayudó mucho en esos estudios de las lenguas Clásicas. Y en el año 59 viajé a España para hacer la Filosofía; hice dos años largos en Alcalá y en lugar de venir al Perú a hacer el Magisterio, continué los estudios pero ya en Alemania y allí estudié los 4 años de Teología y me ordené el día de San Agustín de 1964.
Hablemos de la PUCP, su alma mater.
Pues sí, allí estudié la dos carreras y allí, desde el año 1967 al volver al Perú, me llamaron para enseñar cursos de Filosofía, Historia y ahora Historia del Perú que es lo que he enseñando siempre.
Padre, el Perú está viviendo un momento tenso con la situación de la PUCP, usted ha sido alumno, docente, una de las personas diríamos como un icono como un referente sobre la situación que luces nos puede aportar, para que se de una solución.
Yo deseo que la Universidad siga siendo Católica y siga siendo Pontificia, lo de Pontificia no es una simple tarjeta decorativa, sino que significa que esa institución comparta y comulga con los ideales de la Iglesia Católica. Creo es muy importante se tome en cuenta a la hora de tomar decisiones; la Iglesia no hay que verla como tantas personas creen que es una especie de cadena fundamentalista o que va a negar la libertad de expresión, no, sino que nos guía pero también nos pide que seamos consecuentes con nuestra fe.
Menos que un bono de la reforma agraria
El Padre Luis Gaspar, experto en derecho canónico, explicó que la rebeldía de quienes dirigen la ex PUCP pone en riesgo los títulos universitarios de los alumnos, luego que el Vaticano despojara a la universidad de los títulos de “Pontificia” y “Católica”.
El sacerdote miembro del tribunal eclesiástico de Lima, explicó en el noticiero Primera Edición de América TV, que el tratado del Estado peruano con el Vaticano de 1980, conocido como Concordato, estipula en sus artículos 1 y 19 que “la Iglesia tiene plena independencia para organizarse y también para erigir centros educativos a todo nivel”.
Por eso, explicó, la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano, tiene la facultad de ponerse en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para que los organismos nacionales como la Asamblea Nacional de Rectores, encargada de expedir los títulos universitarios, acaten el decreto de la Santa Sede que prohíbe el uso de los títulos de “Pontificia” y “Católica” a la universidad.
El sacerdote dijo que mientras no se aplique el decreto ley del Vaticano, los alumnos podrán seguir obteniendo de la ANR sus títulos de la ex PUCP, “pero corren el riesgo en cuanto siga el proceso ya en el tribunal peruano o eclesiástico de que esas sentencias obliguen a que se cumpla”.
Estas medidas legales harían que quienes obtuvieron el título con el nombre de la “Pontificia Universidad Católica del Perú” se vean obligados a canjear sus documentos por otros en los que figure el nuevo nombre que podría asumir la universidad.
El Padre Gaspar explicó además que el Concordato debe respetarse y por ser un tratado internacional “está por encima de toda ley nacional” como la ley universitaria, por ejemplo.
El experto precisó además que los títulos de “Pontificia” y “Canónica” no son honoríficos sino que “tienen implicancias canónicas jurídicas” que permitían, por ejemplo, que el Papa a través de la Congregación para la Educación Católica nombrara al rector.
Sobre el rechazo de la ex PUCP al decreto del Vaticano, el sacerdote dijo que “tenía la esperanza de que la directiva de la universidad recapacite. Es penoso el comunicado de ayer que deplora el decreto del Vaticano”.
“¿Deplora al Santo Padre? Esa es mi pregunta. Él es quien da este mandato. Deplorar al Santo Padre es como llamar a la desobediencia a una indicación de la más alta autoridad eclesial”, continuó.
El sacerdote dijo luego, en referencia a las autoridades de la ex PUCP, que “no sé de qué tipo de católicos estamos hablando, de qué tipo de universidad católica estamos hablando si este tipo de pronunciamientos lleva a romper un diálogo, un vínculo con la autoridad eclesiástica”.
Tras recordar que todo este proceso ha durado unos 40 años, el Padre Gaspar hizo votos para que las autoridades de la ex PUCP recapaciten.

Agrupación Riva Aguero

La Agrupación Universitaria Riva Agüero, fundada por miembros de la ex Pontificia Universidad Católica del Perú (ex PUCP), teniendo conocimiento de algunos hechos suscitados en la Asamblea Universitaria e informados del pronunciamiento expuesto por el mismo órgano administrativo en relación al Decreto emitido por la Secretaria de Estado de la Santa Sede, que retira los títulos de “Pontificia” y “Católica” de la denominación oficial de la universidad, expresa a la comunidad universitaria, a la sociedad y a la opinión pública en general lo siguiente:
1. Nos genera un razonable ánimo de rechazo los términos empleados para aludir a los documentos oficiales emitidos por la Santa Sede. Resulta incongruente que autoridades y alumnos miembros de la Asamblea Universitaria, pertenecientes a una universidad que dice ser católica, ‘deploren’ un decreto emitido bajo la autoridad del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI.
2. En el mismo sentido, lamentamos la ausencia de honestidad y seriedad de parte de las autoridades de la ex PUCP al referir que nuestros esfuerzos y, directamente, nuestra Carta Pública a la Asamblea Universitaria respondan a un ‘pánico’ y ‘desinformación’ frente al ‘ataque’ del Vaticano.
3. Es contrario a la verdad afirmar que la universidad se rige únicamente bajo la normativa nacional, desconociéndose deliberadamente la naturaleza jurídica con la que se originó al ser una institución de la Iglesia Católica, ya que la legislación internacional garantiza la aplicación conjunta del derecho canónico y la legislación nacional de cada país a las diversas instituciones de la Iglesia Católica.
4. Con su actuación, la Asamblea Universitaria, y en consecuencia la ex PUCP, ha manifestado públicamente su renuncia a los valores católicos y a la misión apostólica por los que fue fundada, al traicionar la memoria de todas las personas que en 95 años de vida institucional dieron parte de su vida por construir una institución educativa superior al amparo de la Iglesia Católica y en servicio de la sociedad peruana.
5. Por último, como organización hacemos un llamado a los miembros de la comunidad universitaria, de diversas generaciones, a tomar las medidas que consideren pertinentes para proteger sus intereses frente a esta errada decisión de la Asamblea Universitaria.
Ni Pontificia ni Católica
Por Federico Prieto Celi
El Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha publicado este año un libro de Monseñor José Dammert Bellido (1917–2008) titulado: “Los primeros años de la PUCP”, cubriendo la etapa inicial de esa casa de estudios (1917-1942), explayándose después en la Facultad de Derecho.
Narra el autor de este libro póstumo que “Del 20 al 27 de setiembre [de 1942] se celebró, con gran aplauso y reconocimiento, la Semana Jubilar por los veinticinco años de la Universidad Católica. Debido a la consolidación obtenida por la Universidad […] se solicitó a la Santa Sede su elevación al rango de Pontificia. Gracias a las gestiones del nuncio Fernando Cento, dicha distinción fue otorgada –en decreto fechado en Roma el 30 de setiembre de 1942– por la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades en nombre del Papa Pío XII”.
En 1970, la Universidad abandonó unilateralmente sus estatutos aprobados por la Santa Sede, organizándose como las universidades estatales, bajo el mando supremo de una Asamblea Universitaria, rompiendo el vínculo natural que tenía con Roma. La Congregación para la Educación Católica no ha dejado de instar a los arzobispos Landázuri, Vargas Alzamora y Cipriani para que las autoridades universitarias elaboren estatutos acordes con las leyes canónicas y civiles. Pero todos los intentos han sido vanos.
La Iglesia católica, como toda institución bien organizada, tiene un derecho que todos los fieles católicos debemos cumplir, so pena de ser sancionados, para que rectifiquemos. No debemos sorprendernos si ello sucede. La Iglesia lo hace para recuperar lo que estaba perdido.
“Pontificia” Universidad “Católica” del Perú, dura pero merecida sanción
Por Ricardo Sánchez-Serra
La universidad rebelde PUCP, después de “mecer” por más de 30 años a El Vaticano, ha perdido por específico mandato del Papa Benedicto XVI sus títulos de “Pontificia” y “Católica” (el primero otorgado por el Papa Pío XII y el segundo por el Arzobispo de Lima Pedro Manuel García y Naranjo), por no modificar sus estatutos y adecuarlos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae.
Se enfrentó a los papas Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI y a los arzobispos de Lima Juan Landázuri Ricketts, Augusto Vargas Alzamora y Juan Luis Cipriani Thorne. ¿Qué más paciencia vaticana había que esperar?
El desviacionismo doctrinal de la PUCP viene desde los años ´70 cuando el dictador izquierdista Juan Velasco Alvarado se hizo del poder y comenzó a demoler la sociedad “marxistizándola”: medios de comunicación fueron asaltados, a los hacendados se les robó sus tierras, muchas empresas fueron estatizadas, etc.
La sociedad se resquebrajó, no había ningún respeto a la propiedad ni a los valores. Los escolares fueron obligados a utilizar el uniforme único como en el maoísmo. Y en esta parafernalia enjaularon a las universidades, alguna de ellas fueron cuna de terroristas.
Incluso la Iglesia fue sacudida por la Teología de Liberación. El desviacionismo fue general, se “marxistizó” dicha teología con la lucha de clases y fue germen de la violencia. Tuvo que llegar Karol Wojtyla al papado para anunciar la “Teología de la Reconciliación” y comenzar a poner en orden las cosas.
La PUCP, nacida en 1917 por la Congregación de los Sagrados Corazones, el documento fundacional señala que la Iglesia Católica es la fundadora. Por esos años sólo la jerarquía eclesiástica podía fundar escuelas y universidades católicas. Por tanto era un centro de estudios de la Iglesia Católica y en la década del ´70 comenzó no sólo el desviacionismo ideológico, sino también alejarse de El Vaticano.
La PUCP aprobó estatutos sin la anuencia de El Vaticano (“consideramos que dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a la Iglesia”, señala la Santa Sede), los comunistas se habían enquistado en la universidad en un proceso que dura hasta hoy. Entró en desacato y desobediencia a El Vaticano y en un fatídico julio del 2012 perdieron los títulos de “Pontificia” y “Católica”, siendo rector Marcial Rubio Correa, cuyo nombre entrará a la historia de manera desprestigiante y aborrecible. En mi opinión habría un poder económico siniestro, además del ideológico, que tendría aprisionada a la universidad.
Cardenal Bertone jala las orejas a Conferencia Episcopal Peruana
Es destacar, asimismo, la llamada de atención al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñero y a su institución, carta que se distribuyó a todos los obispos del país: “Para el bien de la Universidad y por la responsabilidad de la Iglesia en el campo educativo, esa Conferencia Episcopal debe sostener la posición de la Santa Sede y al Arzobispo de Lima, desautorizando con vigor cualquier intervención contraria e invitando al episcopado del país a una acción colegial leal.
En caso de eventuales dudas, usted y los demás obispos tendrán la amabilidad del consultar al Sr. Nuncio en Lima”, además “El Santo Padre espera que, en lo sucesivo, la Conferencia Episcopal preste un decidido y claro apoyo a las decisiones tomadas por la Santa Sede con respecto a la situación de la PUCP y se eviten nuevas incomprensiones y divisiones”. La Iglesia es una e indivisible, esas vertientes ideológicas u odios personales, son dañinas y no son cristianas. Los obispos deben cerrar filas o irse.
¿Asamblea universitaria será seria u orquesta con ruidos desafinados y desatinados?
¿Y cuál será la reacción de la Asamblea Universitaria del lunes 23? Lo más sensato sería pedir una reconciliación a El Vaticano y cambiar los estatutos, pero eso sería pedir peras al olmo.
El Vaticano les da una salida: “La Santa Sede seguirá atentamente la evolución de la situación de esta Universidad, deseando que en un futuro próximo las Autoridades académicas competentes reconsideren su posición con el fin de poder revisar las presentes medidas. La renovación requerida por la Santa Sede hará que la Universidad responda con más eficacia al cometido de llevar el mensaje de Cristo al hombre, a la sociedad y a las culturas, según la misión de la Iglesia en el mundo”.
La camarilla enquistada en dicha universidad, que está infestada de soberbia y henchida de arrogancia, buscará el enfrentamiento, insultará y culpará al Cardenal Cipriani, dirá que El Vaticano estaba desinformado, defenderá “hasta las últimas consecuencias” su derecho a “Católica”, que ya un infantil defensor legal de la PUCP adelantó que es un “genérico y que está inscrito en Indecopi”, igual repite sin investigar la presidenta del FEPUC; así como, de otro lado, que el penúltimo testamento de Riva Agüero es el que vale. ¡Qué enseñanzas de Derecho hay en ese centro de estudios! Pobres alumnos…
Los errores son de la camarilla de la PUCP y de nadie más, perjudicando con su tozudez a los alumnos y exalumnos, quienes en adelante serán ex PUCP. Lucharán en todos los foros lo de PUCP, pero finalmente perderán. El Perú tiene que respetar el Concordato con El Vaticano, que si no lo hace ese Estado nos llevará al Tribunal de La Haya, en donde nuestro país será derrotado. El gobierno no debe inmiscuirse al tratar de defender a los presumidos caviares, porque el desprestigio internacional del Perú será grande.
Marcial Rubio, ¿héroe?
La ignominia de Marcial Rubio seguramente será premiada por la irreflexiva Asamblea Universitaria. El seguramente renunciará y será ratificado, saliendo como “héroe”. Salvo que sea bizarro, asuma su irresponsabilidad y renuncie irrevocablemente. Lo demás será pantomima.
El Secretario de Estado vaticano Tarcisio Bertone le dice una verdad: “debo constatar que en las Autoridades de la Universidad que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa arbitrariedad, y que pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos al servicio de la educación católica”, señala en su misiva al rector de marras.
No se pueden robar una universidad a la Iglesia tan descaradamente.

Fuente: Diarios El Comercio, La República, Correo y La Razón. Sigue leyendo

IV Encuentro Nacional de Misioneros Laicos

IV Encuentro Nacional de Misioneros Laicos
PROGRAMA
TEMA: MISIÓN INTERCULTURAL Y ECOLOGÍA
Sábado 04 y domingo 05 de agosto
Lugar: Obras Misionales Pontificias, Mariscal Miller 1524- Lince
Sábado 04 de agosto
8:30 Inscripciones.
9:00 Oración y presentación de los participantes.
9:20 Inauguración del Encuentro
9:30 PONENCIA – VER
Tema: “Misión intercultural-Yurimaguas”
Monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde CP, Obispo Vicario Apostólico de Yurimaguas
Tema: “Experiencias misioneras étnicas en lo intercultural”
Rafael Alonso Ordieres, Secretario Técnico del Centro Cultural José Pío Aza.
11:00 Dinámica.
11:05 Refrigerio
11:15 Trabajos de grupo.
12:00 Plenario
1:00 Almuerzo
3:00 PONENCIAS – JUZGAR
Tema: “Interculturalidad a nivel nacional”
Dr. Ivan Lanegra Quispe Viceministro de Interculturalidad, Ministerio de Cultura
Tema: “Teología de los bienes de la creación”
Padre Víctor Livori – Director Nacional de Obras Misionales Pontificias-OMP
4:30 Refrigerio
5:00 Trabajos de grupo
6:00 Resumen del primer día del encuentro.
Domingo 05 de agosto
9:00 Oración
9:30 PONENCIA – ACTUAR
Tema: “Labor y experiencias en el cuidado de los bienes de la creación”
Monseñor Pedro Barreto Jimeno SJ, Arzobispo Metropolitano de Huancayo.
10:20 Refrigerio
10:40 Trabajos de grupo.
11:30 Plenario y conclusiones finales
12:30 Clausura del Encuentro
12:45 Misa.

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Carta y Decreto de Roma

COMUNICADO DE LA SALA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE
La Santa Sede, con Decreto del Emmo. Secretario de Estado, en base a específico mandato Pontificio, ha decidido conforme a la legislación canónica retirar a la Pontificia Universidad Católica del Perú el derecho a usar en su denominación los títulos de “Pontificia” y de “Católica”.
La mencionada Universidad, fundada en 1917 y erigida canónicamente con Decreto de la Santa Sede en 1942, a partir de 1967 ha modificado unilateralmente sus Estatutos en diversas ocasiones perjudicando gravemente los intereses de la Iglesia.
A partir de 1990, la Universidad ha sido requerida por la Santa Sede en múltiples a adecuar sus Estatutos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae (15 de agosto de 1990), sin que haya respondido a esta exigencia legal.
Tras la Visita Canónica realizada en diciembre de 2011 y la entrevista del Rector con el Emmo. Cardenal Secretario de Estado en febrero de 2012, tuvo lugar un ulterior intento de diálogo en vista de adecuar los Estatutos a la ley de la Iglesia.
Recientemente, mediante dos cartas dirigidas al Emmo. Secretario de Estado, el Rector ha manifestado la imposibilidad de realizar cuanto se le requería, condicionando la modificación de los Estatutos a la renuncia por parte de la Arquidiócesis al control de la gestión de los bienes de la Universidad.
La participación de la Arquidiócesis de Lima en el control de la gestión patrimonial de esta entidad ha sido confirmada en varias ocasiones con sentencias de los Tribunales civiles del Perú.
Ante esta actitud por parte de la Universidad, confirmada además por otras iniciativas, la Santa Sede se ha visto obligada a adoptar las mencionadas medidas, ratificando en cualquier caso el deber que sigue teniendo dicha Universidad de observar la legislación canónica.
La Santa Sede seguirá atentamente la evolución de la situación de esta Universidad, deseando que en un futuro próximo las Autoridades académicas competentes reconsideren su posición con el fin de poder revisar las presentes medidas. La renovación requerida por la Santa Sede hará que la Universidad responda con más eficacia al cometido de llevar el mensaje de Cristo al hombre, a la sociedad y a las culturas, según la misión de la Iglesia en el mundo.
Vaticano, 20 de julio de 2012

ANR

Señor Rector Marcial Rubio Correa
La Santa Sede ha seguido con particular atención la evolución de la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), especialmente tras la Visita canónica del Emmo. Card. Peter Erdo y su visita a Roma el pasado 21 de febrero.
Durante la conversación que mantuvimos en aquella oportunidad, por mandato del Santo Padre le comuniqué, en sustancia, la ‘exigencia legal’ de adecuar los Estatutos de esa Universidad a la legislación canónica de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, como debería haberse hecho ya desde 1990.
Ese ha sido en todo momento el claro requerimiento que la Santa Sede les ha hecho como obvio requisito para que sean reconocidas y garantizadas adecuadamente la identidad y la misión específicas de esa Universidad.
He sido informado detalladamente par el Nuncio Apostólico en el Perú, Su Excelencia Monseñor James Green, de las reuniones que han tenido en la sede de la Nunciatura Apostólica, así como de sus propuestas. Atendiendo al pedido que Usted le hizo, se amplió el plazo para la adecuación de los Estatutos desde el 8 al 18 de abril último.
Debo comunicarle ahora la notable decepción con que esta Secretaria de Estado ha ido percibiendo la orientación que ese Rectorado daba a la problemática, particularmente en la carta N. 068/12.R del 13 de abril de 2012 y en la sorprendente carta N. 095/12.R, del 9 de mayo de 2012, publicada como ‘Aviso’ en el Diario ‘La Republica’ el 11 de mayo de 2012. Llama particularmente la atención el modo de presentar en ella las indicaciones recibidas de la Santa Sede y el papel desempeñado por el Arzobispo de Lima. Esa interpretación ha sido causa de desinformación para la comunidad universitaria, para los fieles y los ciudadanos en general.
Como he tenido modo de expresarle antes, la situación irregular que viene atravesando la Universidad no es reciente y ha sido materia de seria preocupación de los tres últimos Arzobispos de Lima, no solamente del actual. La Universidad ha venido incumpliendo las disposiciones legales establecidas, que se ha advertido reiteradamente por escrito.
Consta en nuestros archivos que los últimos Estatutos de la PUCP fueron aprobados, como corresponde a una Universidad Pontificia, por la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades en 1946 y a ellos se han ido incorporando modificaciones aprobadas por la misma Congregación en los años 1957, 1964 y 1967.
Desde la última fecha, las Autoridades de la mencionada Universidad, sin previa y necesaria aprobación de la Santa Sede, han realizado múltiples y sustanciales modificaciones de los mismos perjudicando gravemente los derechos de la Iglesia. A la luz del Acuerdo vigente entre Perú y la Santa Sede y del Derecho Canónico consideramos que dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a la Iglesia.
Habiendo recibido de su parte una respuesta negativa al requerimiento de la Santa Sede, debo constatar que en las Autoridades de la Universidad que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa arbitrariedad, y que pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos al servicio de la educación católica.
Esta actitud no reconoce la legítima autonomía de que goza la Iglesia para organizar sus instituciones educativas, como es el caso de la PUCP, en total observancia de las leyes civiles vigentes en el País y del Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede. La autonomía de las Universidades Católicas ha sido siempre plenamente reconocida por la Iglesia, dentro del ámbito de sus normas, porque el necesario aporte de la libertad es imprescindible para una sana actividad de estudio e investigación comprometida en la búsqueda de la Verdad, empeño que debe presidir todo esfuerzo por ampliar las múltiples dimensiones del conocimiento y del saber.
Por el contrario, dejando de lado el requerimiento que ha sido hecho a esa Universidad de acomodarse a la ley canónica, del todo compatible con la legislación peruana, ese Rectorado responde que, como ‘premisa’ para adecuarse a la ley de la Iglesia es necesaria una ‘negociación’ con el Arzobispado de Lima que impida el control de este sobre la administración del patrimonio de la Universidad.
Sobre este punto se han pronunciado los tribunales del Perú. Se trata de un derecho-deber a favor de la Iglesia de Lima, que busca sólo garantizar la transparencia y ejemplaridad en dicha administración patrimonial y su adecuación a los fines fundacionales de esa Universidad. Son objetivos que interesan por igual a todos los fieles de esa comunidad eclesial.
Sorprende aun, el hecho que ese Rectorado anteponga un problema ‘que, al fin y al cabo, es exclusivamente un asunto de bienes materiales’, como decía Usted en su carta del pasado 13 de abril, al deber que esta Secretaria de Estado le recordaba de observar la legalidad eclesial.
Ambas cuestiones poseen su propia autonomía. Una ‘solución integral’, como Usted dice, que no respete los elementos de justicia que hay en una cuestión y en la otra, representa una solución contraria a la justicia. La primera exigencia, incondicional, que esa Universidad tiene que cumplir es la de ajustarse al Derecho y adecuar sus Estatutos a la legislación canónica.
A la luz de cuanto he escrito y después de tantos años de diálogo y tentativos para restablecer la legítima autonomía propia de una Universidad Católica, la Santa Sede se ve obligada a adoptar las necesarias medidas en relación con esa Universidad.
A la presente carta le adjunto el Decreto de la Santa Sede al respecto. A Usted, Sr. Rector, le incumbe una concreta responsabilidad en la presente situación ya que, por razón del cargo, tiene la misión de hacer cumplir en la comunidad universitaria las leyes y disposiciones de la Iglesia.
Con todo el respeto le saluda atentamente y le encomienda
Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Su Santidad

Cardenal Bertone SDB

Decreto
El Secretario de Estado, en cumplimiento del mandato de Su Santidad Benedicto XVI, dirigió una carta al Magnifico Rector de la Pontificia Universidad Católica del Peru el dia 21 de febrero de 2012 reiterando la exigencia de acomodar los Estatutos de la susodicha Universidad a las prescripciones de la Constituci6n Apostólica Ex Corde Ecclesiae, del 15 de agosto de 1990 (AAS 82, [1990] 1482-1490), estableciendo asimismo como termino del plazo para cumplir dicha obligación el dia 8 de abril de 2012. Esta petición se sumaba a muchas otras hechas en el mismo sentido a lo largo de los ultimos veinte años a la citada Universidad.
El plazo inicialmente establecido fue prorrogado sucesivamente a petición del Rectorado de la Universidad hasta el dia 18 de abril de 2012, sin que se realizara el mandato de la Santa Sede.
Sucesivamente, por medio de dos cartas del Rector Magnifico dirigidas al Emmo. Cardenal Secretario de Estado, una el 13 de abril de 2012, y otra “carta abierta” fechada el 9 de mayo de 2012 y publicada por el mismo Rectorado como “Aviso” en el diario de Lima “La Republica” el 11 de mayo de 2012, se daba cuenta de no poder acceder al requerido cumplimiento de la ley. Por todo ello:
– considerando que la citada Universidad fue fundada el 1 de marzo de 1917 con aprobación eclesiástica del Arzobispo de Lima, Mons. Pedro Manuel Garcia y Naranjo; reconocida por el Estado peruano el 24 de dicho mes y año como Universidad Católica; erigida por el Papa Pio XII el 30 de septiembre de 1942 en persona jurídica canónica, sometida como tal a la legislación canónica en materia de Centros Superiores de enseñanza y cuyo patrimonio posee consiguientemente la condición de bien eclesiastico a tenor del vigente can.1257 §1;
– considerando que el art. 1§3, de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de 15 de agosto de 1990 establece que todas las Universidades sometidas a la legislación canónica deben adecuar sus Estatutos a la citada Constitución, cosa que no ha hecho hasta el momento la Pontificia Universidad Católica del Peru a pesar de los reiterados requerimientos;
– considerando que el cumplimiento de la legislación canónica es compatible con la legislación peruana en la materia, en el marco de los articulos I y XIX del Acuerdo celebrado entre la Santa Sede y la República del Peru el 19 dejulio de 1980 (AAS 72, [1980J 807-812);
– considerando que la mencionada Universidad persiste en seguir orientando sus iniciativas institucionales segun criterios que no son compatibles con la disciplina y la moral de la Iglesia;
– considerando que ninguna Universidad, aunque sea efectivamente católica y se halle encuadrada en la legislación de la Iglesia, puede utilizar en su denominación el titulo de “católica” si no es con el consentimiento de la correspondiente autoridad eclesiástica, como establece el can. 808 (cfr. cann. 803, 216 del Código de Derecho Canónico);
– considerando que análogamente es necesario también el consentimiento expreso de la Santa Sede para poder utilizar la denominación de “Pontificio” o “Pontificia”, (Declaratio ad Summi Pontificis dignitatem tuendam, en AAS 102, [2010] 59);
En consecuencia, en virtud del mandato recibido de Su Santidad Benedicto XVI por el presente Decreto
1. Se prohíbe a la mencionada Universidad el uso del título de “Pontificia” en su denominación, suprimiendo la concesión que en tal sentido Ie fue otorgada en precedencia.
2. Se prohíbe asimismo que la mencionada Universidad use en su denominación el título de “CatóIica”, retirando el consentimiento que en tal sentido Ie fue concedido precedentemente, a tenor del vigente can. 808 del Código de Derecho Canónico.
3. Se declara al mismo tiempo que la citada Universidad, como persona jurídica pública que es de la Iglesia, sigue sometida a la legislación canónica en las materias en que esta actualmente vinculada, aunque por las razones indicadas haya sido privada del derecho de utilizar en su denominación los títulos de “Pontificia” y de “CatóIica” y que la Santa Sede seguirá empeñándose en el pleno respecto de la disciplina canónica.
Del presente Decreto se da noticia a la Congregación para la Educación Católica, para su efectivo cumplimiento.
Dado en la Ciudad del Vaticano, el dia 11 de julio de 2012
La luz en las tinieblas brilla
¿Puede una entidad como la Iglesia regir el nombre que usa una universidad peruana? Luego del decreto del Vaticano que prohíbe a la PUCP usar los términos “Pontificia” y “Católica”, parece que sí. Para conocer los fundamentos en los que la Iglesia se basa para hacer esto, elcomercio.pe consultó al especialista en Derecho Canónico, Gonzalo Flores. Estas fueron sus respuestas:
¿Puede la iglesia “quitarle el nombre” a la PUCP?
En primer lugar algo que hay que tener presente es que la PUCP es una universidad católica. En su origen es una institución canónica, por tanto se regula por el código de derecho canonico. No todas las personas jurídicas canónicas tienen derecho a usar los términos “Católica” o “Pontificia”. Eso lo concede la Iglesia luego de evaluar que en su actuar es totalmente fiel al magisterio de la Iglesia. Es decir que no todas las instituciones que pertenecen a la Iglesia tienen esos títulos y aunque no lo use, pueden seguir siendo parte de la Iglesia.
¿Qué significa que a pesar de no poder usar los términos “Pontificia” y “Católica”, la PUCP “sigue sometida a la legislación canónica”?
La Santa Sede ha evaluado su conducta y, ante la rebeldía de no adecuar sus estatutos, ha decidido que no usen los nombres para no dañar ni confundir a los fieles de la Iglesia porque no la está representando adecuadamente. Eso no significa que esa universidad haya dejado de pertenecer a la Iglesia. Justamente porque le pertenece, tiene que mirar siempre a la Santa Sede como su autoridad máxima. La Iglesia no ha renunciado a la vinculación o propiedad sobre la universidad Católica. No es que la está abandonando a su suerte.
¿Puedo yo poner una universidad que use en su nombre los términos “Católica” o “Pontificia”? ¿Por qué la Iglesia debe autorizar su uso?
Los nombres que pertenecen a instituciones internacionales no pueden ser apropiados por una institución particular. Ninguno de nosotros podría crear una empresa que se llame “República Argentina” e inscribir el nombre de la empresa en Indecopi. Ese es un absurdo en el derecho internacional. Por tanto, al ser la Iglesia Católica una institución internacional sujeta al derecho internacional, sus nombres no pueden ser apropiados en un particular. Por eso la Iglesia autoriza o desautoriza los usos de estos términos.

Peces fritos

Carta a la CEP
Por Andrés Beltramo Álvarez- Vatican Insider Diario La Stampa
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) no debe ser instrumentalizada por la “universidad rebelde”. Al contrario, está obligada a prestar un “decidido y claro” apoyo a la Santa Sede en el contencioso por la legítima propiedad de la institución, hasta ayer Pontificia y Católica. Este es el núcleo de una carta enviada por el Vaticano al presidente de los obispos del país sudamericano, Salvador Piñeiro. Un duro llamado de atención, para acabar con las ambigüedades y el “juego sucio”.
El texto, hasta ahora desconocido y a cuyo contenido el Vatican Insider tuvo acceso, fue entregado el viernes 20 de julio en la nunciatura apostólica de Lima al secretario general de la CEP, Lino Panizza Richero. Con él se encontraban el segundo vicepresidente y arzobispo de Arequipa, Javier del Rio y el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani Thorne.
A ellos el embajador papal James Green entregó copia del decreto con el cual la Sede Apostólica dispuso el retiro de los títulos honorarios de “Pontificia” y “Católica” a la universidad. Y también les facilitó la carta del secretario de Estado, Tarcisio Bertone, en la cual anuncia la inédita decisión al rector Marcial Rubio.
Esto ocurrió a primeras horas de la tarde. Green ordenó que los tres documentos, incluida la carta a Piñeiro, sean enviados a todos los obispos del país. Más tarde recibió en la nunciatura a las autoridades de la PUCP, a las cuales transmitió el decreto y la misiva.
El mensaje de Roma al arzobispo de Ayacucho-Huamanga dejó poco espacio para la duda: “Para el bien de la Universidad y por la responsabilidad de la Iglesia en el campo educativo, esa Conferencia Episcopal debe sostener la posición de la Santa Sede y al Arzobispo de Lima, desautorizando con vigor cualquier intervención contraria e invitando al episcopado del país a una acción colegial leal. En caso de eventuales dudas, usted y los demás obispos tendrán la amabilidad del consultar al Sr. Nuncio en Lima”.
Y agregó: “El Santo Padre espera que, en lo sucesivo, la Conferencia Episcopal preste un decidido y claro apoyo a las decisiones tomadas por la Santa Sede con respecto a la situación de la PUCP y se eviten nuevas incomprensiones y divisiones”.
La dureza de las palabras dejó en claro que, en lugar mantener una posición institucional, durante el contencioso por la universidad la cúpula de los obispos se alineó con la casa de estudios. Incluso cuando la rebeldía de sus autoridades era abierta y manifiesta.
Así quedó en claro el 17 de abril, cuando la conferencia emitió una nota pública a nombre de sus cinco obispos delegados en la Asamblea Universitaria de la PUCP. Ese texto fue desconcertante, no sólo porque su contenido estaba en sospechosa sintonía con las tesis del rectorado sino también porque fue difundido sin el consenso de algunos de los supuestos firmantes, que ni siquiera fueron consultados.
Este episodio fue calificado de “lamentable” por la carta vaticana a Piñeiro, la cual fue tajante: “Le pido que cuide que esa conferencia Episcopal evite ser instrumentalizada por el rectorado de la universidad”.
Se trata de una prueba más de la seriedad con la cual la Santa Sede ha afrontado la controversia de la ex Pontificia y Católica. Y aunque sus más radicales alumnos sostengan que el quite de los títulos “no significa nada”, la realidad es otra. Porque se trata de acabar con un contencioso durado más de 40 años y que ha llegado a niveles insostenibles.
Por lo pronto este lunes 23 está prevista una nueva sesión de la Asamblea Universitaria. En ella se analizará la decisión de Roma que, por cierto, no es definitivamente irreversible. Como bien señala el decreto pontificio, es posible rever el quite de los títulos. La salida es sencilla: si los directivos del claustro se retractan y modifican sus estatutos, recuperarán su identidad. De otra manera les espera un futuro negro.
Carta pública
Estimados miembros de la Asamblea Universitaria
Pontificia Universidad Católica del Perú
Los firmantes, alumnos, profesores y egresados de nuestra Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP], les hacemos llegar la presente con la finalidad de compartir nuestra profunda preocupación en torno a la situación actual de la universidad, así como nuestro anhelo de recuperar la institucionalidad de la misma y su relación con la Iglesia Católica.
A lo largo del siglo XX, la existencia de la PUCP, el soporte académico-cultural que ha ofrecido y el gran legado de profesionales que ha entregado, han significado un aporte valioso único para la sociedad peruana. En sus décadas de vida, hombres y mujeres han puesto su esfuerzo, trabajo, sueños y esperanzas en el proyecto de crear y mantener una institución educativa superior sobre la base de los principios de la fe católica, demostrando la sana complementariedad que existe entre la fe y la razón y exigiendo que en el trabajo científico y académico exista pleno respeto a la Doctrina y a los principios éticos de la Iglesia.
Ante el reciente retiro de los títulos “Pontificia” y “Católica” de la denominación oficial de nuestra universidad -consecuencia previsible en el proceso que seguimos al no haberse efectuado la adecuación de los estatutos de la universidad a las disposiciones canónicas pertinentes-, les exhortamos a que, en aras de evidenciar una actuación que represente el sentir de todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria, en concordancia con los principios que la Iglesia Católica aporta a nuestra universidad y que constituyen un beneficio no solo para los miembros de nuestra comunidad universitaria sino también la universidad misma y la sociedad peruana, se realicen las acciones necesarias para cumplir con la adecuación estatutaria a las disposiciones canónicas pertinentes y las observaciones efectuadas por la Santa Sede, pues dichas adecuaciones no solo resultan indispensables para la supervivencia institucional, sino que constituyen un acto de justicia y respeto a la memoria de quienes apoyaron durante su vida a la PUCP como una institución de la Iglesia Católica.
Sin otro particular y en la esperanza de que como consecuencia de una profunda reflexión se arribe a la decisión de recuperar nuestra universidad dentro de los cánones que así lo permitan, confiamos a ustedes el presente y el futuro de nuestra alma máter que por décadas ha sido y sigue siendo un crisol de formación y segundo hogar para miles de jóvenes.

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Gregorio Peces-Barba

Peces
Por encargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Dr. Salomón Lerner Febres, Rector emérito de esta casa de estudios y Presidente Ejecutivo del IDEHPUCP, le entregó el título de Doctor Honoris Causa al jurista Gregorio Peces-Barba Martínez, padre de la Constitución española.
El Dr. Lerner viajó a España para entregar los pergaminos y la medalla del título honorífico al rector de la Universidad Carlos III de Madrid, debido a que el Dr. Peces-Barba no asistió a la ceremonia por problemas de salud. Además, durante su estadía en Europa, el Dr. Salomón Lerner Febres dictó una conferencia en torno a los años de violencia política vividos en el Perú desde 1980 al 2000. La conferencia tuvo lugar en la Universidad Paris Quest Nanterre – La Défense de Francia. Con el propósito de afianzar las relaciones entre la PUCP y otras casas de estudio alrededor del mundo, la Dra. Véroniqué Champeil-Desplats, Directora del Centro de Investigación y Estudio de los derechos fundamentales de dicha casa de estudios, hizo extensiva la invitación al Presidente Ejecutivo del IDEHPUCP.
Ponencia Memoria, reconciliación y democracia: reflexiones a partir de la violencia en el Perú, dictada el 05 de junio en la “Maison des sciencies de l’home”.
Por Salomón Lerner Febres
En el curso del último decenio, el Perú ha vivido un nuevo periodo de transición a la democracia. Este proceso ha implicado, en rigor, una doble transición: desde un gobierno autoritario y profundamente corrupto como aquel que gobernó el país durante la última década de 1990; y desde un periodo de violencia que abarcó las dos últimas décadas del siglo XX y que resultó ser el más terrible de cuantos ha padecido nuestro país a lo largo de su vida independiente. Hoy se puede decir que esa transición ha resultado una oportunidad desperdiciada. No lo ha sido, seguramente, si se la mide con los parámetros más superficiales, aquellos que tienen que ver con la sucesión pacífica en el poder por medio de elecciones. Sin embargo, desde una concepción más profunda y exigente —más genuina— de una democracia resulta claro que el proceso iniciado en el año 2001 está resultando insuficiente y precario, pues el Perú no ha dado pasos significativos hacia su constitución como una verdadera sociedad de ciudadanos, lo cual hubiera implicado la realización de profundas reformas en los momentos en que, por el clima mental y político de la transición, ello hubiera sido posible.
El Perú se encamina, pues —me temo—, a revivir una frustrante experiencia varias veces repetida y varias veces lamentada: el intentar afirmar un régimen político denominado republicano y democrático pero que, en realidad, se halla asentado sobre la exclusión de una parte considerable de sus ciudadanos y sobre la constante deformación de las instituciones del estado de derecho.
Deseo exponer en los siguientes minutos algunas ideas sobre aquellas bases en las que podría apoyarse una futura consolidación del proyecto democrático en mi país; deseo hacerlo, además, desde una perspectiva particular como es el aprendizaje extraído de los años de violencia y la tarea pendiente de una reconciliación entendida como la construcción de paz con justicia. Debo precisar, además, que esta perspectiva tiene su origen en mi experiencia como presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organización estatal independiente que funcionó en el Perú entre los años 2001 y 2003.
Estas reflexiones se basan en una fuerte convicción sobre el papel central que tiene la experiencia ciudadana, o más ampliamente, la ética cívica, en la consolidación de una democracia, consolidación que, si bien tiene en un adecuado diseño institucional un punto de apoyo indispensable, sólo puede
lograrse ahí donde, el respeto de la ley, la participación en las decisiones públicas, son experiencias queridas y valoradas por todos los habitantes de una sociedad.
En la historia reciente de mi patria, toda reflexión sobre las posibilidades de la democracia debe tener en cuenta el verdadero cataclismo moral que significaron para el Perú los veinte años de violencia experimentados entre los años 1980 y 2000. Frente a tal calamidad, que puso en evidencia las hondas fracturas de la sociedad peruana, era necesaria una tarea de reconocimiento y de aprendizaje como la que llevó adelante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Señalaré, pues, de qué manera la tarea de esa organización estatal, centrada en el rescate de una memoria ética y veraz, pudo y puede ser todavía un punto de apoyo para la recuperación —valga la expresión— de una ilusión realista sobre la democracia y como la escasa atención oficial prestada hasta el momento a las lecciones derivadas de tal tarea ilustra las insuficiencias y los estrechos horizontes del reciente periodo transicional que he mencionado. Al desarrollar estas ideas, quisiera señalar de qué manera es que la construcción de una paz con justicia y de una democracia incluyente en el Perú, depende de un reencuentro del lenguaje de la política con el lenguaje de la ética, reencuentro puesto de manifiesto en la experiencia que voy a referir y que implica una cierta concepción de la verdad, de la justicia y de la reconciliación.
Los años de violencia
La ola de violencia que asoló a la sociedad peruana comenzó en mayo de 1980 cuando la organización maoísta autodenominada Partido Comunista del Perú y conocida como Sendero Luminoso inició la lucha armada —que ellos llamaban popular— en pequeñas y empobrecidas localidades de los Andes del Perú. Muy pronto la actividad de Sendero Luminoso se extendió a casi todo el territorio nacional aunque dando prioridad, en sus años iniciales, a las zonas rurales del país. Sabotajes, asesinatos de autoridades, extorsiones a los campesinos más humildes y desprotegidos por el Estado, campañas punitivas —casi siempre sanguinarias— contra las comunidades andinas que se resistían a seguirla, fueron algunos de los métodos de violencia y terror que puso en práctica la organización dirigida por Abimael Guzmán Reinoso, conocido primero como camarada Gonzalo y luego como presidente Gonzalo. Ahora bien, la dinámica de la violencia no se agotó en los movimientos subversivos pues hay que añadir a ellos la acción de las fuerzas policiales y militares del Estado. Éstas no fueron fieles a su misión de defender el Estado de Derecho: es decir, cautelar la vigencia de los derechos de todos los ciudadanos del Perú. En lugar de ello, en numerosas ocasiones, combatieron a las organizaciones terroristas con métodos igualmente cruentos e indiscriminados y cometieron masivas violaciones de los derechos humanos.
En sociedades como la peruana, donde campea la desigualdad, la violencia afecta también de manera diferenciada a las personas. Así, los estratos más humildes del país —campesinos y pastores de las comunidades de alturas de los Andes, olvidados por parte del Estado, ignorados cuando no despreciados por los peruanos de las ciudades— fueron el principal blanco de las organizaciones subversivas que decían luchar por ellos. Sobra decir que esos mismos ciudadanos empobrecidos, acosados y extorsionados por Sendero Luminoso fueron, también, las principales víctimas de la acción contrasubversiva de las fuerzas armadas y policiales. Hay además que señalar que la violencia afectó también a otras poblaciones secularmente marginadas: así, uno de los grandes dramas de esos años fue el ensañamiento de Sendero Luminoso con un pueblo de la Amazonía, la nación asháninka, sometida a una campaña de esclavización y exterminio que, según lo entendió la CVR, podría haber llegado al rango de genocidio. Debemos decir para completar esta aproximación general, que los crímenes cometidos contra los peruanos más humildes tuvieron como lamentable telón de fondo la indiferencia del resto de la población —los peruanos de las clases medias y altas, instruidas, beneficiarias de la modernidad— los que permanecieron por mucho tiempo impasibles ante tal espectáculo de degradación humana y social.
A inicios de la década del 2000, cuando la violencia había cesado por la derrota militar de Sendero Luminoso y el encarcelamiento de su cúpula dirigente, el país tenía una aguda, si bien, inexacta sensación de la catástrofe sufrida. Se suponía que el número de vidas perdidas llegaba a 25 mil y que la cantidad de desaparecidos bordeaba los 6 mil peruanos sin destino ni paradero conocido; quedando como incalculable el número de torturados, de mujeres violentadas, de niños secuestrados, de personas mentalmente quebradas por las atrocidades vividas. Se calculaba asimismo que alrededor de 600 mil personas —principalmente del sector campesino y andino— habían tenido que dejar sus hogares y sus escasas pertenencias para buscar un precario refugio en ciudades donde han vivido, y todavía viven, en condiciones de extrema pobreza y, peor aún, si cabe, sometidos al desprecio de los citadinos. Finalmente, en el recuento de los daños mensurables se mencionaba que las pérdidas materiales por la destrucción de bienes públicos y privados y también por el deterioro de la capacidad productiva del país ascendían aproximadamente a 26 mil millones de dólares, una cifra largamente superior al total de la deuda externa del Perú hacia fines de la última década.
¿Por qué una comisión de la verdad?
Fue en ese contexto de crímenes no esclarecidos, daños no reparados, responsabilidades no sancionadas y defectos sociales no examinados ni corregidos, que surgió en el Perú la demanda de una instancia que ayudara al
país a aclarar lo sucedido en ese periodo de modo que así nos aprestáramos a superar la violencia, y a comprometernos en una auténtica tarea de construcción de la paz.
La Comisión de la Verdad del Perú fue creada el 4 de junio de 2001 por el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua Corazao.
La Comisión fue creada con el mandato expreso de «esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos». Además de identificar hechos y responsabilidades, el Estado encargó a la Comisión explicar los factores sociales, políticos, institucionales y de otros tipos que incidieron en el desencadenamiento de la violencia. También se asignó a la Comisión la tarea de proponer acciones para la reparación de los daños ocasionados a la población afectada y finalmente se le solicitó recomendara reformas sociales, legales o institucionales que sirvieran para impedir nuevos ciclos de violencia.
Desde el comienzo, los integrantes de la Comisión para cumplir con ese mandato tan complejo asumimos la necesidad de llevar adelante rigurosas investigaciones en busca de los datos fácticos sobre las violaciones de derechos humanos cometidas y, tan importante como ello, nos preocupamos por hallar un marco interpretativo que permitiera dar a esos datos un sentido y un significado, no sólo en la perspectiva de aportar una verdad legal o forense sino también una verdad de contenido sociohistórico. Comprendimos, también, que todo ese esfuerzo solamente estaría completo si él se convertía en motivo de una profunda reflexión que nos permitiera, en primer lugar, comprender por qué ocurrieron los sucesos que debíamos investigar, y en segundo lugar, qué era lo que debía ser cambiado en nuestra vida común para que tales desgracias no tuvieran posibilidad de repetirse.
Investigación, análisis y reflexión resultaron, pues, las grandes sendas por las que hubo de transcurrir nuestro trabajo. Y sin embargo, debo decir que al enunciarlos hago una descripción incompleta de la verdadera naturaleza de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, pues finalmente era claro para nosotros que tales actividades solamente cobrarían sentido en cuanto se hallaran remitidas a un propósito moral, que era, a fin de cuentas, la esencia de nuestra misión. Determinar el sentido de ese propósito moral demandó, así, un periodo inicial de reflexión interna durante el cual hubo que hacer una cabal interpretación del mandato legal recibido.
¿Cuál fue la interpretación que realizamos?
Paso a señalarla: La verdad que debíamos buscar y brindar al país no debía entenderse únicamente como la formulación de un enunciado teorético que correspondiera a la realidad de los hechos, como ocurre en el dominio de la ciencia; aspirábamos a obtener y ofrecer una verdad provista de contenido y repercusión morales, es decir, una verdad que implicara el reconocimiento de uno mismo y del prójimo, una verdad que en tal sentido poseyera atributos de curación espiritual. Así pues lo que teníamos que buscar era una verdad sanadora y regeneradora.
La determinación de perseguir la verdad entendida de esa manera se basó en nuestra comprensión de un hecho crucial. Las comisiones de esta naturaleza no son, por lo general, sustitutas de la justicia ordinaria, aquella de los tribunales, y si no lo son eso obedece a que están concebidas más bien como instancias de recuperación moral de una sociedad, que de algún modo ha fallado; están por eso destinadas al rescate de un sentido cívico olvidado y que ha de trascender ―aunque no excluir― la identificación y la sanción de los responsables de crímenes y atropellos de los derechos humanos. Así pues entendimos que para que nuestra Comisión realizara con autenticidad su tarea resultaba indispensable que ella reconociera con claridad qué era lo que se hallaba en juego en el cumplimiento de su misión de manera que no se redujera a una pesquisa policial sino que se convirtiera en fuente de pedagogía ciudadana y de reafirmación ética.
Mal hubiéramos hecho en entender esta inspección de nuestro pasado solamente como una actividad de señalamiento de los culpables directos de crímenes sin nombre. Ello formó parte importante de nuestro trabajo, sin duda alguna. Pero éste se inscribía en un escenario más amplio, que era el de la responsabilidad que debía ser asumida, en el curso de esas dos décadas, por el estado, por la sociedad, por las instituciones que articulaban nuestra vida en común, en fin, por todos los peruanos.
Introduzco aquí un concepto crucial para la afirmación de la democracia y de la gobernabilidad futura en el Perú: el de responsabilidad. Queda claro que tal noción se halla incrustada en el centro de toda reflexión de pretensiones éticas. En efecto solamente en la medida en que somos responsables —y que aceptamos serlo— nuestros actos son susceptibles de juicio moral o incluso judicial. Y en ciertas circunstancias la responsabilidad, en tanto es cualidad de nuestros actos, trasciende largamente la dimensión de las causas inmediatas y eficientes. ¿A qué circunstancias me refiero? Ciertamente, a las que enturbiaron la vida del Perú en las últimas décadas: cuando en un país se desencadena una violencia que deja decenas de miles de muertes, miles de desapariciones forzosas, innumerables destinos humanos destrozados por atropellos, exacciones y humillaciones indescriptibles, es difícil limitar el ámbito de las responsabilidades morales a aquéllos que ejecutaron directamente los crímenes.
Sin ignorar la necesidad absoluta de que los criminales respondan ante la justicia, fue necesario comprender que, en rigor, era todo el cuerpo social de nuestro país —dirigentes políticos, administradores del Estado organizaciones diversas y ciudadanos en general— el que había de comparecer ante el juicio moral que se debía llevar a cabo.
Ahora bien, he hablado de un proceso de violencia, de un fenómeno que involucra a la sociedad entera. No obstante, los miembros de la Comisión fuimos -siempre plenamente- conscientes de que ese proceso existió porque hubo actos de personas concretas que lo iniciaron y lo llevaron hasta extremos de crueldad difícilmente imaginables. Nuestras investigaciones habían de dirigirse, pues, a ese difícil territorio que es el de las acciones y las intenciones humanas, para asumirlo como una dimensión de la vida ética en la que es necesario expresar juicios de valor, los cuales sólo hallan su fundamento en tanto vinculados a fuentes de sentido. Dicho de otro modo, asumimos nuestro trabajo con la conciencia de que aquello que en último término estaba en juego era una interpretación honesta y veraz de comportamientos humanos, fueran ellos personales o institucionales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación entendió por eso que su tarea exigía no solamente recuperar los hechos en su rotundidad fáctica, sino también insertarlos, por medio de una interpretación razonada y razonable, en un relato pleno de sentido para todos nuestros compatriotas. Había una lección moral oculta bajo la masa de hechos conocidos y por conocer; había una narración oscura que hablaba de resentimientos y desprecios, de confusiones e ignorancias, de soberbia y humillación, sin la cual la historia contemporánea del Perú no podría declararse completa. Y nos tocaba a nosotros develarla.
Las desgracias que debíamos aclarar ocurrieron por una opción militante por el atropello y el crimen y asimismo por una deserción de la sensibilidad moral. Pero al mismo tiempo sucedieron porque hubo un contexto social, histórico y cultural que hizo posible todo ello. Había que comprender ese contexto para completar el entendimiento del proceso de violencia. Al hacerlo, estaríamos mejor preparados para evitar que aquél nos amenazara de nuevo en el futuro.
Por último, tuvimos plena convicción de que el conocimiento de los hechos y sus circunstancias solamente constituiría una porción de ese trabajo de restauración de la salud de la sociedad peruana que comprendíamos como nuestra misión fundamental. A ello había que agregar la necesidad de que las víctimas recibieran justicia bajo alguna forma de compensación o reparación de los daños que sufrieron y que, de tal modo, se iniciara en toda la sociedad peruana un proceso de reconciliación, que habría de ser a la vez un punto de llegada y una estación de partida para el Perú. Debía ser un punto de llegada porque solamente si las verdades que expondríamos se ponían al servicio de un nuevo entendimiento, de un diálogo más puro y franco entre los peruanos, tendría sentido y estaría justificada esta inmersión en recuerdos insufribles, esta renovación del dolor pasado que íbamos a solicitar a un número considerable de nuestros compatriotas. Habría de ser, asimismo, un punto de partida, puesto que sería a partir de una reconciliación genuina —es decir, sustentada en un acto de valentía cívica como era el examen que proponíamos— que se haría más robusta nuestra fe en la creación de una democracia que no fuera un mero cascarón de formalidades, sino un espacio común en el que se encontraran las personas investidas plenamente de su dignidad de seres humanos.
El trabajo realizado
Para honrar los objetivos asignados en el mandato legal ya mencionado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación creó una amplia organización con expertos en las diversas tareas que había de cumplir y centrada en la atención a las víctimas. En razón de esto último, su investigación hubo de descansar principalmente sobre el recojo de testimonios.
Durante su trabajo, la CVR recabó, en efecto, un número apreciable de testimonios. Diecisiete mil personas de las zonas más diversas del país, y principalmente de las localidades más golpeadas por la violencia, fueron entrevistadas por nuestra organización para que narraran su historia. Fueron además centenares las que a través de Audiencias Públicas contaron a todo el país lo que habían padecido y quienes, al ser oídas, empezaron a encontrar justicia y a ver reconocida su dignidad. Lo que ellas relataron, lo consignado en las entrevistas, todo constituyó una valiosa información que fue interpretada en una perspectiva multidisciplinaria. La analizamos desde un punto de vista jurídico, a la luz del derecho penal peruano, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, para establecer la ocurrencia de patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos atribuibles tanto a las organizaciones subversivas como a las fuerzas de seguridad del Estado. El enfoque jurídico nos sirvió para establecer responsabilidades individuales que, esperamos, deberán dar lugar a procesos penales en los órganos correspondientes.
Por otro lado, la Comisión desarrolló investigaciones de reconstrucción histórica y de interpretación científico-social que nos permitieron, siempre a la luz de esos testimonios y otras fuentes directas, hacer comprensible el proceso de la violencia en el contexto social y político del Perú contemporáneo.
Esas investigaciones se complementaron con un largo ciclo de entrevistas con los actores directos del conflicto, siempre con la finalidad de reconstruir los hechos recogiendo la palabra directa de los involucrados para someterla a análisis y corroboración. Así, la Comisión sostuvo conversaciones con los altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía nacional sobre su participación en el proceso de violencia. Se conversó también con los mandos actuales y con varios oficiales retirados que fueron altos jefes militares en la época de la violencia. De igual manera, se sostuvo diálogo con los principales jefes de las organizaciones subversivas, hoy recluidos en centros penales de alta seguridad, así como con otros líderes importantes, aunque de menor rango, igualmente presos en diversas cárceles del país.
El informe final; sus conclusiones y mensajes
La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó el Informe Final de sus investigaciones el 28 de agosto del año 2003. Lo hizo ante los presidentes de los tres Poderes del Estado peruano —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— después de más de dos años de trabajo en todo el país y en especial en las áreas donde se manifestó con mayor gravedad la violencia. En esa presentación se puso el mayor énfasis en los hallazgos centrales de la CVR, que, como ya indiqué, no fueron solamente fácticos sino que incluyeron un severo juicio político-moral sobre el Estado y el país así como un urgente llamado a la acción. En una síntesis extrema, cabe decir que la CVR encontró:
1. Que el número de víctimas fatales —muertos y desaparecidos— más que duplicó la cifra más pesimista prevista antes de su trabajo. Se hablaba, en el peor de los casos, de 35 mil víctimas fatales, y según nuestras estimaciones éstas fueron casi 70 mil.
2. Que el principal —pero no único— responsable de esa tragedia fue el Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso (PCP-SL) por haber sido quien inició la violencia contra el Estado y la sociedad peruanos; por haber planteado su así llamada «guerra popular» con una metodología terrorista y en ocasiones genocida que negaba todo valor intrínseco a la vida humana individual; y por haber sido, como resultado de esa metodología, quien ocasionó la mayor cantidad de muertos reportados a la CVR.
3. Que las violaciones de derechos humanos cometidas por las organizaciones subversivas – principalmente el PCP-SL – y por las fuerzas de seguridad del Estado no fueron hechos aislados. Tales violaciones —ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, violaciones sexuales y otras— fueron masivas y se perpetraron, en ciertos lugares y momentos, de manera sistemática y/o generalizada y configuraron, así, delitos de lesa humanidad.
4. Que los gobiernos civiles de Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez, al igual que el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori Fujimori, tuvieron una gravísima responsabilidad moral y política en el proceso por entregar poderes irrestrictos a las fuerzas armadas para lidiar con la subversión omitiendo su deber de ejercer el debido control democrático-constitucional sobre ellas y además por procurarles impunidad frente a los crímenes cometidos y denunciados por diversos sectores de la sociedad peruana. En lo que concierne a Fujimori Fujimori, la CVR consideró que esa responsabilidad llegó a ser de tipo penal pues la Comisión tuvo pruebas ciertas de su compromiso directo en la creación y aliento de grupos para-militares encargados de asesinatos selectivos.
5. Que sin perjuicio de las responsabilidades individuales e institucionales que se derivaban del proceso, éste cobró la magnitud y la gravedad conocidas, por la existencia de viejos y profundos hábitos de exclusión, discriminación y racismo en la sociedad peruana. Estos hábitos se manifestaron en la opinión pública bajo la forma de cierta indiferencia a la tragedia vivida por los peruanos de las regiones rurales de los andes e inclusive se expresaron en decisiones de gobierno. La Comisión encontró que la decisión de pagar un cierto costo social en vidas de peruanos humildes para combatir al PCP-SL, asumida por los gobiernos llamados democráticos, fue una clara expresión de ese racismo.
6. Que la verdadera paz y la democracia arraigarán en el país solamente si se pone en práctica un vasto proceso de transformación —cambio institucional y de cultura cívica— que deje atrás el patrón de exclusión y discriminación antes señalado. Así, se expresó que la reconciliación en el Perú ha de ser el resultado de la exposición plena de la verdad, el ejercicio de la justicia en la forma de reparaciones a las víctimas y castigos a los culpables, y de la puesta en práctica de profundas reformas institucionales.
La Comisión señaló de qué manera la violencia y el carácter que ésta tuvo obedecieron en una medida significativa a las insuficiencias del desarrollo político peruano. El elemento originario de esas insuficiencias se encuentra en el problema de la ciudadanía. En el Perú, la condición de ciudadano, entendida como la posesión de derechos civiles, políticos y sociales, y la capacidad de ejercerlos efectivamente, no es una situación generalizada, sino más bien el privilegio de un sector reducido de la población.
Entendimos que ese gran vacío se encuentra, también, en el origen de las continuas frustraciones democráticas del Perú. Con una población poco favorecida por la existencia del Estado de Derecho, puesto que éste, de existir, sólo favorece a una minoría, es comprensible que la democracia en nuestro país sea frágil y resulte vulnerable a proyectos autoritarios. Sostuvimos, por tanto, que era urgente llevar adelante vigorosas políticas de desarrollo ciudadano. Ellas deberían ser el gran horizonte en el cual debían cobrar sentido y hacia el cual deberían atender las recomendaciones que hicimos para enfrentar el legado de la violencia, como parte de nuestro mandato legal.
Reconciliación
Creemos que el rescate o la restitución de una memoria veraz es el requisito previo fundamental para el cumplimiento de las recomendaciones que he mencionado. Al mismo tiempo, para la CVR esas recomendaciones son componentes de un horizonte más amplio, de alcances históricos, que es el horizonte de la reconciliación.
El concepto y la propuesta de reconciliación presentado por la CVR, siempre en cumplimiento de su mandato, aparece como una tarea esencialmente moral orientada a la comprensión del pasado y del presente, y a nuestro autorreconocimiento como sujetos poseedores de una voluntad abocada a descubrir y sobre todo a construir los medios del «nunca más». Ello implica crear un acuerdo social superior que se inspire en la práctica de la justicia y la solidaridad y que proclame el valor y la dignidad absolutos de la persona humana.
Así pues, el primer ingrediente de la reconciliación será la verdad ligada al ejercicio de una memoria colectiva. Sólo mediante el desvelamiento del pasado común y el ejercicio de una memoria plena de significados compartidos, de una memoria que tenga como sujeto el nosotros, será posible la reconciliación.
Memoria y reconciliación
En efecto, toda comunidad basa sus relaciones presentes en el modo cómo comprende su pasado; por tanto, mientras más auténtico sea el diálogo que materializa dicho pasado común, más genuinas serán las tareas de la reconciliación. Por esa razón, una memoria colectiva deformada interesadamente por los poderosos, una memoria que falsea u oculta los hechos y de ese modo anula la primera vía para la recuperación de las víctimas, será, a nuestro juicio, el primer obstáculo por vencer en un proceso reconciliador.
De otro lado, y así lo ha manifestado la Comisión con rotundidad, el ejercicio de la memoria no debe confundirse con una cultura de la venganza pues tal confusión, en lugar de liberar a las sociedades, las hace esclavas del pasado.
¿Cómo se obtiene esa memoria dialógica, creativa y liberadora? En el caso de la CVR, se buscó esa memoria mediante una apertura a las vivencias de quienes sufrieron en carne propia la violencia. La palabra de las víctimas, de los que habitualmente no tienen voz pública, abrió las vías a un encuentro intersubjetivo, a un acto de integración voluntario —y por tanto libre— entre todos los que eligieron recordar. Ese recordar se concibe como un patrimonio intransferible: nadie recuerda en nuestro lugar; nuestra memoria no puede ser impuesta desde fuera, sino que crece en nosotros o entre nosotros. En esta radical intersubjetividad de la memoria se encuentra su naturaleza esencialmente ética: el pasado se recupera, pero no como un ejercicio de poder —control y dominio— sino como un acto fundante de la comunidad. Al rememorar, conmemoramos.
Reconciliación, justicia y perdón
Ahora bien, si la verdad es condición de la reconciliación, ella no es verdad sin propósito sino una verdad que abre el camino de la justicia. Ésta es, por tanto, no sólo condición sino también consecuencia de la Reconciliación. La justicia debe ser entendida en sentido amplio. En su naturaleza judicial, ella implica la acción de la ley sobre los culpables de crímenes. Eso significa poner fin a la arbitrariedad. De otra parte en lo social y político, la justicia demanda el resarcimiento material y moral de las víctimas. En todo caso, nunca debe ser confundida con la venganza.
Sobre la base de esas ideas, y teniendo presente la historia inmediata de la violencia y la larga historia nacional de la cual ella es una trágica expresión reciente, la Comisión propuso pues una noción de reconciliación consistente en la restauración de los lazos entre el Estado y la sociedad. Como habrán apreciado tal restauración —que cobra la forma de un nuevo pacto social— implica una transformación de la comunidad política para convertirla en una sociedad de ciudadanos. Una ética cívica, un diálogo de la política con la moral como el que está implícito en esta propuesta reconciliadora puede parecer imposible en los tiempos de cinismo y utilitarismo superficial que vivimos. Pero no lo es: verdad y memoria han sido siempre poderosas a lo largo de la historia humana y han gravitado como eficaces aliadas de la justicia y de la afirmación de una democracia.
Como lo ha hecho esta magnífica nación vuestra a lo largo de siglos, también los peruanos tenemos la ambición y el deber de construir una sociedad justa, pacífica y democrática mediante la memoria. Ella está llamada, tarde o temprano, a prestar sus servicios al rescate de un proyecto democrático en el Perú.

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