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Universidades, empresas y ciudadanos

Miserables

Saavedra y Martens gastaron S/.185 millones en textos con errores

Durante las gestiones de Jaime Saavedra y Marilú Martens, el Ministerio de Educación gastó 185,058,527 soles en miles de textos escolares con decenas de errores. Para el 2018 se ha presupuestado S/. 30,366,756, pero el actual ministro, Idel Vexler, ha paralizado el proceso hasta corregirlos.
“Existen una serie de errores detectados en muchos textos escolares que se distribuyen desde el año 2013, están los cursos de Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología, y Personal Social. Se ha invertido más de 180 millones de soles y para no afectar la economía del país, se está evaluando la posibilidad de una fe de erratas, a solicitud de diversas instancias”, refirió el viceministro Guillermo Molinari, en el Congreso.
91 “horrores” contra la educación peruana
Desde que “SuperSaavedra” asumió el Ministerio de Ecucación –con Ollanta Humala-, hasta que Martens los dejó, se destinaron S/. 148,668, 527.43 en preparar e imprimir el material, y S/. 37,390,000 en distribuirlo.
También se informó que el Órgano de Control Interno del Minedu ya tiene un informe preliminar de los responsables directos de estas deficiencias, y que en los siguientes días se empezarán a aplicar las sanciones de ley.
Respecto a los textos del 2018, se detuvo la impresión y distribución. Se había presupuestado 30,366,756 soles para el próximo año, pero el monto de dinero de lo que está paralizado es S/. 6,844,667.

Viceministro de Educación, Guillermo Molinari
Cabe indicar que todo era destinado a este material que, entre varios, “horrores”, enseñaba a nuestros niños que 2,000 más 3,000 eran 7,000. Con la gestión de Idel Vexler, además de los errores difundidos por “Panorama”, se encontró que en el mapa del Perú se había confundido a Junín con Ica, que los textos que planteaban ejercicios estaban mal redactados, etc.
Tambien se detectó 7 errores en Comunicación, 78 en Matemática, y 6 en Personal Social, dando un total de 91 “horrores”. Para aliviar esta falencia, se incluirán fe de erratas en algunos textos, y en otros los profesores deberán hacer las correcciones en clase.
Respecto a la enseñanza sobre el terrorismo comunista, el viceministro Molinari indicó que se está coordinando jornadas de capacitación para docentes de Historia, Geografía y Economía.
¿Incompetencia o sabotaje contra el desarrollo del Perú?
“Si bien dicho se periodo se enseña en quinto de secundaria, se considera necesario que todos los alumnos de secundaria aborden el tema para que la historia no se vuelva a repetir. Se incluirá contenidos sobre terrorismo en los textos y cuadernos de trabajo de 6to de primaria en Personal Social y Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica”, expuso en la Comisión de Educación.
En cuanto a la cuestionada ideología de género que se incluía en el currículo escolar, el funcionario señaló que, si bien el fallo judicial que anulaba la Resolución Ministerial 281-2016-MINEDU está en apelación, se está revisando el tema y evaluándolo más allá de lo que disponga el Poder Judicial.
Al respecto, se ha evitado usar el término género, y se especifica una “cultura de respeto a la mujer y NO a la violencia de ningún tipo. Igualdad de oportunidades y trato igualitario entre hombres y mujeres”.
Fuente: www.manifiesto.net.pe

Análisis del pronunciamiento de docentes

Por OjoVillano.wordpress.com
Viene circulando en redes sociales y otros medios el pronunciamiento de seis docentes consejeros del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales. En este se denuncia que hay informaciones “que no se ajustan a la verdad de los hechos” al indicar que no asisten a las sesiones del consejo, y denuncian irregularidades y vicios en la gestión de la decana Durga Ramírez.
Ojo Villano revisó los aspectos más importantes de este “Pronunciamiento a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales” y, utilizando la información existente y de acceso público sobre hechos conocidos, analizamos la veracidad de algunos planteamientos.
El primero, es claro, es que la falta de los docentes consejeros a las sesiones del consejo no es una afirmación que no se ajusta a los hechos. Es un hecho público y admitido por los propios consejeros como el docente Wilder Moreno. Este docente indicó que sus faltas a las sesiones, como la de los demás consejeros, se debían a las irregularidades atribuidas al decanato.
Ojo Villano ya señaló anteriormente que el faltar a las sesiones del consejo no es un mecanismo de protesta o de solución válido según el reglamento vigente y el estatuto de la universidad.
Pero revisemos los demás puntos:
pronunciamiento consejeros 1

El pronunciamiento de los docentes consejeros:

pronunciamiento consejeros 2

La secretaria académica

Señala el pronunciamiento que “la decana designó unilateralmente a la Secretaría Académica sin el proceso de votación correspondiente […] En sesión de Consejo de Facultad del día 12 de enero de 2017, la Decana en base a un proceso de votación viciado, de manera arbitraria y cometiendo abuso de autoridad designa a la Secretaria Académica pese a contar con solamente dos votos de los representantes estudiantiles; de los cuales, uno se encontraba ausente […] La decana además contó su voto como válido, por lo que aparentemente suman 3 votos cuando el Art. 39 del Reglamento vigente del Consejo de Facultad señala que El decano tiene voto dirimente […] El Art. 15 del Reglamento del Consejo de Facultad menciona que los acuerdos se tomarán con la votación de una mayoría simple, es decir la mitad más uno d los miembros asistentes, por lo que los votos no son suficientes para dar por designada a la Secretaria Académica.”
Sin embargo, según consta en las actas y según se pudo validar, la elección de la secretaria académica se prolongó durante tres fechas debido a los cuestionamientos de los docentes a la propuesta de la decana: Angélica Orrego. Cabe señalar que la sesión de instalación se realizó el 6 de enero, pero ante la dificultad de consenso se añadieron dos sesiones extraordinarias, el 9 y el 12 de enero. Es decir, las 3 sesiones corresponden a la prolongación de una misma sesión. El día de la votación final, 12 de enero, los docentes consejeros no votaron en contra, sino que se abstuvieron de votar. Entonces, con votos estudiantiles (no todos, cabe señalar), Orrego fue electa como secretaria académica. Los detalles de este procedimiento y su interpretación pueden ser sujetos de debate, en efecto, pero es una posición extraña considerando que el propio rector ha validado la elección de Orrego, como explicaremos más adelante.

Cartas sin respuesta, ¿verdad o mentira?

En el inciso 6 señalan los docentes: “Los miembros docentes del Consejo de Facultad, preocupados por este manejo que está al margen de la ley hemos enviado hace varios meses cartas, inclusive notariales a la señora Decana para corregir esta anómala situación y no responde lo que se solicita, sino agrede y amenaza, manifestando una vez más su conducta autoritaria y totalmente fuera de contexto”.
En efecto, los docentes consejeros expresaron su posición a través de cartas. Sin embargo, hemos comprobado que al contrario de lo que afirman, dichas cartas sí fueron respondidas a su tiempo.
Carta del 21 de abril. Los 6 docentes consejeros remiten una carta denunciando “la incorrecta transcripción de las actas de las sesiones que no corresponden a lo discutido y aprobado”, lo que sostienen devino en que a esa fecha la facultad “no cuenta con ninguna acta firmada”. Denuncian también “la existencia de resoluciones decanales, hechas de manera arbitraria y sin respetar los acuerdos tomados en el Consejo de Facultad”.

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Carta de los docentes del 20 de abril, recibida el 21.

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La respuesta. El decanato respondió con el oficio 051-2017-D-FCCSS-UNFV fechado el mismo 21 de abril. La decana respondió entonces indicando que las actas fueron enviadas con anticipación a cada consejero por correo electrónico y se proporcionó además a cada consejero un folder con las actas previas, con cargos debidamente firmados, a fin de recibir las observaciones y aportes. Añadió que la denuncia imprecisa de resoluciones arbitrarias es un juicio de valor subjetivo. En este oficio el decanato respondió también a cuestionamientos anteriores a la carta del 21 de abril, como el de “posibles irregularidades en la supuesta manipulación de notas de algunos estudiantes de la EPSO” (ante la cual indica solicita precisar y evidenciar de forma específica el o los casos). El oficio finaliza pidiendo suscribir documentos con sus nombres y apellidos (ya que la carta del 21 solo tiene firmas en el papel”, y dejando evidencia de que los términos tendenciosos de la carta enviada le reserva el derecho de iniciar las acciones que le asistan ante instancias correspondientes.

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El oficio 051, respuesta de la decana a carta de los docentes consejeros.

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La carta notarial. Con fecha de notariado 21 de abril y de entrega 24 de abril, los docentes consejeros presentaron un documento donde indican a la decana que sí asistirán a la sesión programada para el 24 de ese mes “solo para reiterarle que se deben cumplir con resolver los puntos mencionados en la carta de la referencia”. Añaden que “hasta la fecha se han realizado 6 sesiones y no existen actas de los acuerdos” (algo falso que aclararemos más adelante) y advierten que “se pondrá en conocimiento al Señor Rector para que se sirva tomar las medidas correspondientes”.

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Carta notarial de docentes consejeros.

La aclaración. El 21 de abril el decanato envía el oficio 053-2017-D-FCCSS-UNFV no a los docentes, sino al rector Oswaldo Alfaro Bernedo. En este documento advierte al rector de la decisión docente de no asistir a las sesiones del consejo y añade que en la búsqueda de una solución ha convocado a una sesión para el 24 de abril.
La respuesta. El decanato sí respondió, mediante el oficio 060-2017-D.FCCSS-UNFV, insistiendo nuevamente en la existencia de actas entregadas de forma física y por correo electrónico a los consejeros. Evidentemente, una cosa es negarse a firmarlas, y otra afirmar que sencillamente no existen. Añade el oficio que en la sesión del 24.04.17 se acordó revisar las actas teniendo en cuenta el registro fílmico existente de las sesiones.

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Oficio de respuesta 060

Carta del 6 de junio. En esta fecha los docentes consejeros firmaron una carta expresando su “desacuerdo a la convocatoria a Sesión de Consejo de Facultad sin haber resuelto con elaborar adecuadamente las Actas del Consejo, que desde su instalación no han sido aprobadas”. Lo indicado sí es correcto en este caso, pues las actas aún no han sido firmadas por todos los consejeros. Continúa el documento señalando que el 23 de mayo se entregó otra carta sin respuesta y finaliza advirtiendo que queda bajo responsabilidad de la decana “la grave situación legal que impide seguir convocando a sesiones de Consejo”. Sin embargo, repetimos no existe ningún punto de reglamento del Consejo, del reglamento universitario, del estatuto o de la Ley Universitaria que ampare que un docente consejero -o un grupo, en este caso-, deje de asistir a las sesiones donde, precisamente, se debe buscar una solución a cualquier asunto de una facultad.

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Carta del 6 de junio.

La respuesta. Con el oficio 072-2017-D-FCCSS-UNFV, el decanato señala que el 22 de mayo se notificó por correo electrónico la absolución de los 4 puntos solicitados en sesión de consejo del 16 de mayo. Se señala también que los docentes faltaron a las sesiones programadas para el 7 y 8 de junio (con una excepción justificada), lo que conlleva a una amonestación según el Reglamento General de la UNFV. Señala también el documento que las cartas enviadas -y respondidas- no justifican su inasistencia las sesiones del consejo programadas.

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Oficio de respuesta 072

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Otras respuestas. Angélica Orrego, secretaria académica de la facultad, envió un documento a la decana fechado el 5 de junio en el que explica el manejo de las actas -cuya redacción es responsabilidad suya- y rechaza que los consejeros nieguen su existencia. El documento completo a continuación:

 Respuesta al Vicerrectorado Académico

Toda la documentación presentada se encuentra en el abultado folio que acompaña al oficio 074-2017-D.FCCSS-UNFV, fechado el 21 de junio. Este documento fue enviado por el despacho del Decanato de Sociales al Vicerrectorado Académico encabezado por el Dr. Manuel Pinto de la Sota Silva, como respuesta a un requerimiento de información sobre la situación de la facultad de Ciencias Sociales. A modo de conclusiones, el decanato señala en este documento que las actas sí existen (y están publicadas en transparencia de la UNFV), que los docentes consejeros sí recibieron respuestas a sus cartas. Además narra cómo los docentes se negaron inicialmente a firmar el cargo de recepción del oficio 060-2017-D-FCCSS-UNFV. Se señala también que la falta a las sesiones de consejo constituye una falta disciplinaria. Finaliza enfatizado que no existen irregularidades, solo la negativa de los docentes consejeros de asistir a las sesiones de Consejo y de suscribir las actas. 

Las actas sí existen y el rector lo prueba

Si las actas de las sesiones de Consejo de Facultad no fueran existentes o válidas, como han denunciado los docentes consejeros, los acuerdos llegados en estas sesiones serían también inválidos.
Entonces ¿por qué el rector ha firmado la resolución rectoral 370, validando los acuerdos de la Facultad de Ciencias Sociales?
En esta resolución rectoral de 7 de febrero se resuelve ratificar las resoluciones decanales 001 y 006 de la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, se aprueba la designación de Angélica Orrego como secretaria académica, así como otras designaciones como la de los directores de las escuelas de Trabajo Social y Sociología, la dirección de Proyección Social y la jefatura de la Oficina de Planeamiento.
Uno de los principales cuestionamientos de los docentes consejeros a la designación de Orrego como secretaria académica fue, como consta en acta, que es una docente a tiempo parcial y no a tiempo completo, algo que no es un impedimento según el reglamento pero que ellos señalaron no era adecuado. La resolución rectoral 370 muestra que se tiene pleno conocimiento de ello pues en el artículo 4 se indica que la docente Orrego “ejercerá su cargo manteniendo su régimen de dedicación de Tiempo Parcial”. Nunca hubo sorpresas en ese sentido.

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Resolución rectora que valida designación de secretaria académica de Sociales.

La comisión presidida por un decano no reconocido por la Sunedu

Como ya informamos, el rectorado ha designado una comisión “Ad Hoc” de 4 integrantes: los decanos de Derecho y Ciencia Política (Carlos Navas Rondón), Humanidades (Martha Chávez Lazarte) y Educación (Clotilde Spelucín Medina), y el alumno de educación José Martín La Rosa Rospigliosi.
La comisión presidida por Carlos Navas envió un documento a la decana Durga solicitando un Informe “sobre los aspectos académicos y administrativos que sean relevantes en el desarrollo de su gestión”. Dicho pedido sin embargo no contaba con la firma de Clotilde Spelucín, por lo que la decana devolvió el oficio y adjuntó, de todas maneras un oficio anterior enviado al rector donde explica la situación con los docentes consejeros y le pide la documentación que sustente la evaluación de la facultad por parte de una comisión externa a esta.
Un dato no menor es que el director de Supervisión de la Superintendencia Nacional Superior de Educación (Sunedu), Jerry Espinoza, aclaró el 11 de mayo último que se denegó el registro firmas de 13 de los 18 decanos de la universidad. Entre las facultades afectadas se encuentran Educación así como Derecho y Ciencia Política. ¿Por qué el rectorado crea, en Consejo Universitario una comisión donde las firmas del presidente y de otro miembro, no tienen validez? Solo el rectorado tiene la respuesta.

Desde Palacio

‘Nadincita’ de PPK ha cobrado S/. 110 mil como proveedora del Estado

Natalia Rey de Castro no figura en planilla gubernamental pero aparece como asesora de Palacio en resoluciones y documentos extranjeros. Afirman que es prima de regidor Augusto Rey, vinculado a OAS.
Natalia Rey de Castro Hernández de Agüero -la bella y poderosa asesora palaciega bautizada en redes sociales como la ‘Nadincita’ de PPK- no figura en la planilla gubernamental pero ha cobrado la suma de S/. 110,763 como proveedora del Estado desde agosto del 2016, unos días después de que Pedro Pablo Kuczynski se afincara en la Casa de Pizarro.
Según el registro del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Rey de Castro Hernández de Agüero (RUC 10440598477) es proveedora de servicios como persona natural desde el 19 de agosto del año pasado y tiene vigencia indeterminada, de lo que se infiere que su pregonada asesoría presidencial se paga por este lado.
Registro de proveedora del Estado para Natalia Rey de Castro
En su cuenta de Linkedink, la empoderada Natalia Rey de Castro señala que trabaja como asesora del Despacho Presidencial desde agosto del 2016, algo que es refrendado por documentos oficiales como la Resolución Suprema N.º 278-2016-PCM y la Resolución Ministerial N.º 149-2017-PCM en la que la incluyen como parte de las delegaciones que acompañaron al jefe de Estado a sus viajes a Bolivia, primero, y a Francia y España, después.
Perfil publicado en red social Linkedin
Incluso su nombre aparece dentro de la delegación peruana que asistió a la reunión del Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) International, llevada a cabo el 9 de junio pasado en París. Rey de Castro figura como asesora de Palacio de Gobierno junto al presidente Kuczynski, el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, y la Primera Dama, Nancy Lange, según el documento al que tuvo acceso MANIFIESTO.
Estuvo en delegación oficial que viajó con PPK a Francia
En la mañana del viernes 28 de julio, mientras se esperaba el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso de la República, la politóloga Mar Mounier escribió en su cuenta de Twitter: “¿De quién fue la idea de incluir a Molinelli, Sr. @ppkamigo? ¿De la Srta. Natalia Rey de Castro, quien sería la nueva Nadincita de su gobierno?”. A partir de ahí empezó el rastreo.
Mar Mounier fue quien la identificó en entorno presidencial
Una fuente palaciega a la que accedió este portal afirma que la bella asesora del presidente Kuczynski Godard es prima del regidor Augusto Rey Hernández de Agüero, exasesor de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de Susana Villarán, que fue vinculado a la constructora brasileña OAS.Esta podría ser una pieza importante para entender el poder inusitado que dicen ostenta dentro de Palacio de Gobierno Natalia Rey de Castro, pues la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente es prima de la banquera Susana de la Puente Wiese, exfinancista de la campaña de PPK que acaba de ser nombrada embajadora plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido.
Sería pariente de regidor que candidateó al Congreso el año pasado
Rey de Castro Hernández de Agüero -quien ha estudiado en Yale Univesity y Yale School of Management, según su cuenta de Linkedin- podría ser un nuevo engranaje palaciego dejado por la banquera, a la que ya se ha vinculado Renzo Labarthe Zlatar, el dueño de Fusión Comunicaciones, señalado como el operador del denominado ‘Troll Center’.
Fuente: www.manifiesto.net.pe

Contralor destituido

Edgar Alarcón

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Edgar Alarcón fue destituido del cargo de contralor. El congresista Marco Arana lideró una subcomisión en el Congreso para evaluar el trabajo del contralor Edgar Alarcón y emitió un informe recomendando su salida. La Comisión Permanente votó a favor del documento. Fueron 22 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.
Estas son las cuatro razones que empujaron la salida de Alarcón:
1. La compra de automóviles. Según el informe, el entonces contralor incumplió un artículo de una Ley de Contraloría, que le impedía tener actividades con fines lucrativos. Entre 2002 y 2014, compró 90 vehículos para un negocio que maneja junto a sus hijos de compraventa. Según el auditor de la Contraloría, Walter Grados, este dinero no fue declarado, pese a que estaba obligado a hacerlo.Edgar Alarcón2. Pago sospechoso. Marcela Mejía trabajaba en la Tesorería de la Contraloría, bajo el mando de Alarcón. Ambos iniciaron una relación y hoy son padres de dos hijos. Cuando dejó su cargo en 2010, fue liquidada presuntamente de manera irregular con S/127 mil. Además, se le pagó otros S/100 mil por concepto de viáticos, pese a que su sueldo no superaba los 4 mil soles.Edgar Alarcón3. Coacción al auditor. Cuarto Poder publicó el 28 de mayo un audio en el cual se escucha a Alarcón sugerir al auditor de la Contraloría, Walter Grados, para que retire la denuncia que hizo en su contra ante el Congreso por la compra de vehículos.Edgar Alarcón4. Más carros. Entre 2013 y 2015, Alarcón le compró una camioneta a Juan Carlos Capcha, un proveedor de la Contraloría, lo cual también está prohibido por la institución al ser considerado una falta ética.
5. Los audios. Aunque este no fue motivo de la votación, ha sido un tema que ha mantenido a Alarcón en medio de la polémica. El domingo 4 de junio, Panorama publicó el audio de una conversación privada entre Alfredo Thorne y el contralor Edgar Alarcón. Tras escuchar el audio, algunos parlamentarios de oposición aseguraron que el entonces ministro de Economía lo amenazó de manera sutil con no transferirle dinero a la Contraloría si el informe sobre el aeropuerto de Chinchero se convertía en un obstáculo para realizar la obra. Ambos negaron ser autores del audio. Además, Thorne dijo que no tuvo intención de presionar al contralor. Sin embargo, renunció a su cargo tras no obtener el voto de confianza del Congreso.El domingo 25 de junio, Cuarto Poder publicó otro audio en el cual Alarcón se le escucha conversando con el primer ministro Fernando Zavala; el ministro de Transportes, Martín Vizcarra y también con el entonces ministro Thorne. En la reunión se les escucha hacer un balance sobre distintos proyectos de inversión, entre ellos Chinchero. Distintos parlamentarios de oposición han dicho que este último audio no es tan grave como el primero.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Rafo no cambia

Por Ricardo León Dueñas- Político.pe
No es la primera vez que Rafo León apela a su cuestionable y maletero “humor político” para ofender a una mujer. Una vez más Keiko Fujimori fue víctima de otra de sus infelices frases racistas y denigrantes, una que por obvias razones omitiremos repetir.
León Rodríguez, quien se desempeñó como gerente de Comunicaciones en PromPerú en la segunda mitad de los noventas (ganando la nada despreciable suma de 6600 dólares mensuales) en pleno fujimorismo y que hoy se ha convertido en un furioso e implacable adalid del antifujmorismo más radical y extremo, esta vez se parapeta una vez más en su personaje de la China Tudela para insultar de la manera más grosera y procaz a la dirigente política hija del gobernante para el que alguna vez trabajó.
Y el tema no queda ahí, pues también lo hace constantemente a título personal en su muro del Facebook, como para que no quede duda de su posición sobre el tema.
Como no podía ser de otra manera ya surgieron las voces que intentan relativizar el exabrupto —al que nos tiene tan acostumbrados el reportero viajero— señalando que lo ha hecho desde un personaje ficticio, como si eso atenuara en algo el impacto de la frase o la hiciera menos agraviante. Por supuesto, son las mismas voces que se indignaron con las frases racistas de Phillip Butters contra los futbolistas ecuatorianos pero que obviamente pasan por agua tibia las de su engreído columnista —celebrando sus “ocurrencias” como divertidas, y a las que consideran parte de una sátira inofensiva— o, en el mejor de los casos, callan en todos los idiomas.
La misma doble moral e hipocresía de siempre y que no me cansaré de señalar.
salvador del solar

Maltrató a Martha Meier y Karina Calmet

El Ministerio de Cultura se pronunció sobre la columna del periodista Rafo León en la revista Caretas, en la cual a través del personaje ‘China Tudela’ se refiere a una mujer como “la porcina ojo jalado”.
En la columna de ficción se hace alusión a personas de la vida real, en específico a Kenji y Keiko Fujimori, aunque no se mencione su apellido. Ante los fuertes calificativos que se lanzan en la columna, el ministerio ha señalado a través de un comunicado que “las frases contenidas en la mencionada publicación pueden ser calificadas como denigrantes y racistas”.

Pantaleón Pantoja

Asimismo, la cartera de Cultura remarca que dichas frases son dentro de un contexto de sátira política, por un personaje ficticio que es una caricatura de una frívola y discriminadora mujer de “clase alta” limeña.
“Más allá de si jurídicamente cabe una sanción estatal por actitudes o frases recogidas en la esfera de la ficción y en el ejercicio del humor, desde el Ministerio de Cultura, comprometidos con la lucha contra toda manifestación racista, expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas por estas frases”, remarca el ministerio, el cual agrega que hacen un llamado a los periodistas y comunicadores en general a “ejercer su libertad de creación y de expresión con la mayor responsabilidad”.
Fuente: Diario Perú21.

Por qué defender a Keiko

Por Enrique Pasquel– Diario El Comercio.
El mes pasado, Phillip Butters fue expulsado -con razón- de Willax TV a raíz de las denigrantes frases que utilizó contra futbolistas ecuatorianos. “Los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura […] ustedes hacen una prueba de ADN a Felipe Caicedo y no es humano, es un mono, un gorila”, fueron algunas de las perlas de Butters. Sumaron varias las personas y organizaciones que se manifestaron en contra del conductor y, entre ellas, el Ministerio de Cultura, que publicó un comunicado de rechazo. El lenguaje de este último fue contundente, pues indicó que los comentarios de Butters fueron “denigrantes”, señaló que “rechaza toda manifestación racista” y recordó que “el periodismo [cumple] un rol fundamental en transmitir valores”.
La semana que pasó, por otro lado, el periodista Rafo León, a través de su personaje satírico la China Tudela, calificó a Keiko Fujimoride “porcina ojo jalado” y la gran mayoría de personas que, con buenos motivos, saltaron en el caso de Butters callaron en esta ocasión. El Ministerio de Cultura, por su parte, también emitió un comunicado, pero con un tono muy distinto. Señaló que las frases “pueden ser calificadas como denigrantes y racistas” (se cuidó de decir que efectivamente lo son). Y a continuación precisó que “dichas frases son proferidas, dentro de un contexto de sátira política, por un personaje ficticio que es, a su vez, una caricatura de una frívola y discriminadora mujer de ‘clase alta’ limeña, lo que supone una crítica a este tipo de actitudes”.
Esta última justificación del ataque a la lideresa de Fuerza Popular, por cierto, es falaz. Y es que ese comentario de la China Tudela no buscaba ser una parodia crítica de cómo supuestamente piensa una mujer frívola y clasista (la cual en el imaginario popular no tiene una actitud de ese tipo frente a Keiko Fujimori). Rafo León, en buena cuenta, puso en la boca de su personaje de ficción un insulto racista y denigrante que replica el tipo de los que él realiza también en persona por las discrepancias políticas que tiene con la señora en cuestión. Como muestra, puede revisarse la publicación que hizo en su página de Facebook el 24 de diciembre del 2016, en la que trata a Keiko de “ronsoco”, mientras que en otra ocasión, a través de la misma red social, la calificó de “chancha pendeja”.
Dicho sea de paso, no es la única mujer ligada al fujimorismo a la que León se ha referido denigrantemente. Sobre Karina Calmet, el periodista dijo en su página de Facebook que en una foto “la colocaron ante un tablero de ajedrez, como para dar la idea de que es un ser pensante”, que “su inteligencia apenas supera la de un teléfono monedero” y que “sonreía como una cachalota en el día de su boda”.
Pero volviendo a nuestro tema, es claro que el Ministerio de Cultura y todas aquellas personas que se indignaron con el Caso Butters y no con el de León manejan un doble estándar. Palo para sus opositores políticos y guante de seda para quienes gozan de su simpatía. Esto deslegitima los esfuerzos por erradicar el trato denigrante y la discriminación, pues revela que para muchos no se trata de un tema de principios, sino de personas. Y, de esta forma, pierden autoridad moral en su prédica.
Quien siga esta columna sabrá que cuando lo hemos creído necesario no escatimamos en críticas al fujimorismo. No obstante, no me cabe duda de que si no podemos reconocer que también debemos tratar con el respeto que merece cualquier persona a aquellos con quienes discrepamos, es mejor que no hablemos de igualdad. Porque, claramente, no sabemos de qué estamos hablando.

¡Yo aliada de Kenji, fallezco!

Por Rafo León- Revista CARETAS.
Ay, chola, ya me está hartando Morelli con sus visitas inopinadas a mi departamento y su acoso cuando estoy jugando golf o a punto de entrar a nadar a la piscina del club, chola, donde tengo la sospecha de que unas señoras emprendedoras de pelo pintado color cucaracha de grifo y cuerpo de tamal mal envuelto, esas que no sé cómo se han vuelto  socias, bueno, se hacen la pila en el agua de la piscina, por más que se les dice que se les formará alrededor una mancha color morado, a lo que una de ellas contestó que le encantaba ese color porque hacía juego “con los sofás de mi living”. Pero bueno, Morelli está obsesionado con que yo me meta a apoyar a Kenji en su estrategia de tomar distancia de la porcina ojo jalado de la hermana, y así propiciar un acercamiento con PPK, la verdad no sé para qué. Un día lo recibí por media hora en el consultorio y me vino con la monserga de que Kenji representa el lado decente del fujimorismo y que el subnormal ese, en su opinión es poco menos que un Einstein incomprendido. Yo me limité a preguntarle si quería otro café antes de irse, con lo cual la cara de poto que le quedó no se le debe haber borrado hasta hoy. Pero es que, cholita, ¿hay necesidad de aliarte con agentados, improvisados, horribles y advenedizos para que el Perú empiece a andar como se debe? Porque aquí entre nos, reina, PPK está ya en un estado en el que gobernar para él es sinónimo de bailar ese pasito de Papa Noel en huelga de hambre que a mí me saca de mis casillas, cómo te explico. Entonces, sí, es necesario que alguien tome el liderazgo para gobernar con mano dura y pulso firme, como me quiso decir Sue el otro día en el sauna del club, pero creo que se estaba ahogando con el vapor o los cuatro pisco sour habían hecho su efecto porque lo que en verdad me dijo fue que el Perú necesita “una trola dura en la mano firme”, y yo la entendí porque la conozco desde que éramos así. Bueno, sigo con la reflexión del proyecto nacional, ¿ya? Mira, lo que estamos viviendo, que es algo así como un burdel de epilépticas, en realidad es la consecuencia de todo lo que el país ganó gracias al Chino, a quien detesto con alma, corazón y vida, pero como soy justa, pucha, se lo tengo que reconocer. O sea, si el Contralor se dedica a vender y comprar cientos de carros, pucha, está en su derecho porque este es un país libre y mejor tener un Contralor pragmático y emprendedor, que un borsifláis caviarón y teta frita que se meta todo el tiempo a hacerle auditorías a las empresas. Igual, cholita, o sea, la composición del directorio del BCR a mí me parece regia y súper equilibrada, a pesar de que Rafi Rey sea un zampatortas chupacirios que usa cilicio en el muslo gordo y rosado; y bueno, Pepe, ¿no?, cómo te explico. Ya tenemos en el gabinete de PPK a por lo menos tres ministros de nuestro lado, y todo esto sin hacer ninguna alianza con la wantán quemado ni el oligofrénico del hermanito, qué quieres que te diga. Investigando en la Biblioteca del Congreso en Washington he encontrado documentos que prueban que en el Perú, desde la sociedad de Caral en adelante, siempre ha habido dos elites en el poder. Una regia, cosmopolita, políglota, con una clase nivel Maria Callas y un poder de decisión inquebrantable. Y otra, pucha, compuesta por unos seres más cholos que juntar mesas en un restaurante, no sabes, impresentables, zafios, retorcidos y cutreros, pero que hacen regio su trabajo para nosotros. Entonces, Morelli, a ver si de una buena vez entiendes que no voy a reunirme con Kenji porque yo no sé tratar con gente bruta, nunca me ha tocado hacerlo en mi vida y además, ni falta que me hace. Regio, ¿no? Chau, chau.

CAF en Apurímac

CAF apoyará proyectos de desarrollo sostenible en región Apurímac

Ambas partes suscribieron un Memorando de Entendimiento que busca impulsar la infraestructura y servicios públicos esenciales que fomenten el desarrollo sostenible de esa región del Perú.
A fin de contribuir con el proceso de desarrollo de Apurímac y apoyar iniciativas de infraestructura social y productiva, sobre todo en el sector agrícola y agroindustrial, así como los servicios públicos para impulsar la actividad económica, social y ambiental sostenible en esa región andina del centro sur peruano, CAF –banco de desarrollo de América Latina- y el Gobierno Regional de Apurímac suscribieron un Memorando de Entendimiento.Eleonora Silva, directora representante de CAF en Perú, precisó que este memorando establecerá las bases para un futuro acuerdo de cooperación entre las partes, con la finalidad de explorar la posibilidad de apoyo técnico y financiero para los proyectos de inversión que el Gobierno Regional de Apurímac coordine con la entidad financiera multilateral.
“También buscamos fortalecer las capacidades institucionales, de gestión y de recursos humanos del Gobierno Regional de Apurímac, a través de intervenciones específicamente diseñadas para esos propósitos”, expresó.
Por su parte, Wilber Venegas, gobernador regional de Apurímac, resaltó que la firma de este memorando constituye una oportunidad de impulsar el desarrollo social y ambientalmente sostenible en la región.
“La firma de este documento permitirá explorar y analizar la cartera de proyectos prioritarios contenidos en los planes de desarrollo y, más adelante, contar con el apoyo técnico y financiero de CAF para impulsarlos en beneficio de toda la población de Apurímac”, subrayó.
Añadió que los proyectos se centrarán principalmente en el sector infraestructura, “que es un elemento difícil de concretar si no hay inversión”.
“Estamos seguros que alcanzaremos el crecimiento anhelado para nuestra región, con miras a convertirnos en un referente del país”, puntualizó.
Fuente: Diario Gestión.La obra no ha avanzado más del 15%, lo cual genera preocupación.

Contraloría advierte del avance de solo 15% en la Línea 2 del Metro de Lima

El contralor general de la República, Édgar Alarcón advirtió que el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima solo tiene un avance de 15.71%, cuando a estas alturas debería estar en 41.85%.
Asimismo, señaló que existe incertidumbre en determinar el número total de predios que se necesitarán para este proyecto.
“Se ha hablado del patio de taller pero no está plasmado en el documento inicial de la concesión que se haya entregado. Yo te puedo decir que el patio va a estar ahí, pero tengo que sustentarlo con el documento”, afirmó.
Por otro lado, refirió que en cuanto a la Refinería de Talara hay un incremento en el presupuesto de la obra de US$1,335 millones a US$4,155 millones, los cuales, indicó se han dado sin que exista un cambio en el alcance del proyecto o la calidad del mismo.
Asimismo, indicó que se está negociando con la empresa Contratista Técnicas Reunidas la ejecución de unidades auxiliares para la obra por US$815 millones sin considerar que el costo de referencia era de US$644 millones.
En cuanto al Gasoducto del Sur, el contralor informó que han detectado que en el caso existe el riesgo de que se incurra en demoras innecesarias, con costos no previstos.
“Al no definirse quién será el administrador, todos los bienes, equipos, maquinarias y herramientas están en manos del concesionario (Gasoducto Sur Perú)”, reveló.
Fuente: Diario Perú21.

Patenta Universidad

VRIN e INDECOPI organizan curso de Patenta UNIVERSIDAD 2017

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, conjuntamente con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) organizaron el programa Patenta UNIVERSIDAD 2017 cuya capacitación se dio del 22 al 24 de mayo en el auditorio y en el laboratorio, de las facultades de Psicología e Ingeniera Electrónica e Informática respectivamente.
Este programa tiene la finalidad de fortalecer y dar a conocer a nuestros estudiantes, docentes, temas relacionados a la propiedad intelectual, el sistema de patentes, las bases de datos gratuitas de patentes de las plataformas más importantes del mundo: Base de datos Espacenet (Europa), USPTO (Estados Unidos) y Base de datos Latipat (América Latina), entre otros, la capacitación estuvo a cargo del Sr. Jhon Carlos Ríos, especialista de la dirección de invenciones y nuevas tecnologías de INDECOPI.
La inauguración estuvo presidida por el Dr. Carlos Napoleón Tello Malpartida, Vicerrector de Investigación, Dr. José Livia Segovia, Decano de la Facultad de Psicología, Dr. Justo Pastor Solís Fonseca, decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática, Dr. José Urquizo Maggia asesor del Vicerrectorado de Investigación, y tuvo la afluencia de asistentes entre docentes, estudiantes, y público en general.
Fuente: VRIN UNFV.

El documento que se esfumó

El Ministerio Público anunció​ en su cuenta de Twitter, que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez​ ​se reunirá próximament​e con​ el exfiscal suizo, Stefan Lenz. ​Añadió que las coordinaciones ​”d​el Basel Institute ​on Governance ​permitirán que Lenz brinde servicios de consultoría al Ministerio Público​ en #CasoOdebrecht”​.​ ​
FotoPor Gustavo Gorriti- IDL Reporteros
El 14 de febrero, durante una de las animadas mañanas de Ideéleradio, Glatzer Tuesta entrevistó al encargado de cooperación internacional de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña Cabrera. ¿El tema? Lava Jato.
A continuación, las partes más importantes del diálogo:
Peña Cabrera.- … Tuvimos [en Suiza] la oportunidad de hablar con el fiscal Stefan Lenz, que ha ayudado bastante a Brasil […] he recibido llamadas de Panamá, Colombia, Brasil y nos han preguntado: ¿cómo han podido ustedes hacer un acuerdo? […]  han querido que nosotros afinemos la estrategia de ellos para que la puedan refinar en sus propios países.
G. Tuesta.- Usted ya ha mencionado a Stefan Lenz, él ya dejó de ser fiscal y contribuyó de manera muy importante para que se [realicen] las investigaciones… ¿hay la posibilidad de que él pueda vincularse más al trabajo de…”
Peña Cabrera.- [interrumpe] Sí, puedo más o menos dar un adelantamiento [sic]. Nosotros tenemos una cooperación con el Instituto Basel of Governance y ellos tienen una filial acá en el Perú, nosotros tenemos un convenio de cooperación del año 2014. El año pasado se firmó un nuevo convenio de cooperación suscrito por el Fiscal de la Nación y creo que estamos tratando de la posibilidad de que él pueda venir a colaborar con nosotros…
G. Tuesta.- ¿El ex fiscal…?
Peña Cabrera.- …Stefan Lenz
G. Tuesta.- ¡Qué excelente sería…!
Peña Cabrera.- No, sería perfecto. Él sabe el manejo total de como se han llevado las investigaciones y como vuelvo a reiterar [sic] ayudó en su momento a Brasil, a nosotros también nos ha ayudado, hemos emitido en su momento una carta rogatoria y en marzo podemos estar recibiendo la información muy relevante para esos casos.
G. Tuesta.- ¡Ah, excelente! Ese sería un golazo, porque él conoce y ha contribuido de una manera muy importante, y ahora al no estar ya vinculado al sistema fiscal ahí puede colaborar, me imagino, más profundamente e intensamente con usted. De verdad una muy buena…
Peña Cabrera.- Sí. Nosotros estamos, Glatzer, afinando muy bien este tema y este tipo de cooperación. Lo que pasa es que no salimos en los medios de comunicación a dar este tipo de información, ¿no? Puedo decir con toda seriedad que estamos en un camino que creemos conscientemente de que la posibilidad de poder dilucidar [sic] un caso de tan grave complejidad requiere de la cooperación internacional.
Alonso Peña Cabrera. (Foto: diario Correo).

Alonso Peña Cabrera. (Foto: diario Correo).

La propuesta
La posibilidad de que el legendario fiscal Stefan Lenz pudiera sumarse a la investigación peruana del caso Lava Jato era, en efecto, muy alta. Lenz, el fiscal federal que había dirigido grandes investigaciones anti-corrupción, como el caso Alstom, antes de lograr decisivos avances en el de Lava Jato en Suiza, renunció a fines de 2016 a la Fiscalía Federal suiza en protesta por la “falta de reconocimiento al trabajo” de los fiscales de su equipo.
Con la información fresca de sus recientes y exitosas pesquisas, el Basel Institute on Governance (que trabaja con Perú y varios otros países en la lucha anti-corrupción, sobre todo a través de la capacitación de jueces y fiscales en cómo recobrar el dinero robado) lo interesó en la posibilidad de asesorar al Perú. Lenz aceptó y preparó el borrador de un esquema estratégico de trabajo.
El 22 de febrero, apenas una semana después de los anuncios de Peña Cabrera por Ideéleradio, Stefan Lenz entregó al Basel Institute un documento de cuatro páginas titulado: “Propuesta de colaboración con el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) del Perú.
El documento, como pueden ver, fue presentado en castellano. El objetivo era que la Propuesta fuera compartida y discutida con las contrapartes del Basel Institute en la Fiscalía de la Nación.
Algunos de los puntos más importantes de la propuesta de Lenz, que recomiendo leer íntegramente, fueron:
• Que en la reunión de autoridades judiciales peruanas y suizas el 16 de diciembre de 2016, “se comprobó que los documentos confiscados en Suiza permitían al menos en parte comprender o, en su caso, demostrar los actos de soborno cometidos en el Perú…”.
• Que LenLaw (la compañía de consultoría de Lenz) “tiene un conocimiento profundo de de los elementos de prueba confiscados en Suiza, entre los que también se incluye una parte de la contabilidad B (irregular) de Odebrecht”. Gracias a ello, añadió, LenLaw no solo podría ayudar con eficiencia en la investigación peruana sino apoyar en la recuperación y repatriación de activos robados.
• El ofrecimiento de clasificar las pruebas sobre Odebrecht “confiscadas en Suiza”. Identificar a las personas implicadas “dentro y fuera del Perú’. Y, sobre todo, la “identificación y listado de cuentas relevantes para que se puedan recabar los documentos bancarios correspondientes dentro y fuera del Perú.
• Identificar las coimas de Odebrecht en diversos proyectos peruanos; a las personas que actuaron como agentes de Odebrecht; a los “receptores de dichos pagos (personas señaladas con los nombres en clave a quienes se destinaban los pagos”); a los “verdaderos receptores de esos pagos”; los “intermediarios financieros”; los “pagos efectuados en total por cada proyecto”.
En fin, siempre se puede pedir más, pero llevar la propuesta a la práctica hubiera significado un enorme avance estratégico en la investigación anti-corrupción de Lava Jato en el Perú. Así de simple. Identificar con pruebas a los corruptos, los corruptores y los montos de la cutra hubiera significado su desvelamiento y castigo.
El mismo día que el documento de Stefan Lenz fue entregado al Basel Institute, este fue reenviado por correo electrónico a la Fiscalía de la Nación en Lima.
En el documento no se menciona el pago de los honorarios por la investigación.
Pero, según ha podido averiguar IDL-R, ese mismo día se inquirió al respecto. Por un trabajo de equipo de varios meses, la compañía de Stefan Lenz [LenLaw] pedía 150 mil dólares de honorarios.
La Fiscalía de la Nación repuso que no disponía de ese dinero y preguntó al Basel Institute si ellos podían encontrar fuentes de financiación.
La propuesta en sí no se discutió.
Pasaron las semanas y luego un par de meses. No hubo ninguna respuesta ni iniciativa de la Fiscalía de la Nación. La investigación del caso Lava Jato, entre tanto, siguió avanzando con lentitud.
¿Era cierto que el Ministerio Público no tenía el dinero para pagar una consultoría de importancia decisiva para la investigación? Era falso.
El veinte de enero de este año, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 007, para “financiar la implementación de Fiscalías Especializadas en Delitos de corrupción de funcionarios para la investigación del caso Odebrecht, que comprende la contratación de peritos altamente especializados, servicios de traducción, viáticos, acondicionamiento de locales, equipamiento, entre otros”. El monto fue de 10 millones de soles.
Decreto Supremo 007. (Fuente: El Peruano).

Decreto Supremo 007. (Fuente: El Peruano).

El nueve de marzo, el Ejecutivo puso en vigor otro DS, el 047, aumentando 20 millones de soles más para sufragar el “incremento de la carga procesal, que comprende la contratación de fiscales, peritos y expertos, personal de apoyo fiscal, servicios de traducción, pasajes y viáticos, mantenimiento y acondicionamiento, equipamiento, entre otros”.
Decreto Supremo 047. (Fuente: El Peruano).

Decreto Supremo 047. (Fuente: El Peruano).

Hubo, como se ve, una asignación extraordinaria de casi 10 millones de dólares para el Ministerio Público, para reforzar y energizar la investigación del caso Lava Jato, ¿y resultó que dijeron no tener 150 mil dólares que hubieran muy probablemente financiado un avance decisivo en las investigaciones?
¿Se debatió siquiera la propuesta?
El Fiscal no se enteró
El viernes 21 contacté al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para saber porqué se había ignorado desde febrero la propuesta de uno de los mayores expertos mundiales en investigar lavado de dinero y corrupción. ¿No era eso una negligencia? ¿Solo lo explicaba la incapacidad o era algo más grave?
Para mi sorpresa, Pablo Sánchez me respondió que no conocía ni siquiera de la existencia de la propuesta. Que no sabía de qué se trataba ni la había visto tampoco. Que sí sabía de la petición de honorarios de Lenz, a lo que había reaccionado indicando que el Ministerio Público no tenía plata. Cuando le señalé que sí la había, repuso que eso se dio después (lo que no es exacto), pero insistió en que ignoraba la existencia de la propuesta.
Se la envié de inmediato por Whatsapp y me respondió al cabo de unos minutos indicando que el documento no estaba dirigido a él, que no había pasado por Secretaría ni tampoco por Cooperación Internacional. Es decir que, en términos burocráticos, no existió.
Según la información acreditada que tiene IDL-Reporteros, por lo menos un alto funcionario de la Fiscalía de la Nación recibió la propuesta en febrero y la recibió mediante transmisión digital. El hecho de que se la hubiera redactado en castellano y dirigido al Basel Institute fue para facilitar la discusión de esa organización especializada con la Fiscalía de la Nación.

Paul Hernandez (primero de la izquierda), gerente de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional del Ministerio Público; Javier Palomino (tercero), secretario general de la Fiscalía de la Nación; y Pablo Sánchez (cuarto), Fiscal de la Nación. (Foto: Ministerio Público).

Paul Hernandez (primero de la izquierda), gerente de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional del Ministerio Público; Javier Palomino (tercero), secretario general de la Fiscalía de la Nación; y Pablo Sánchez (cuarto), Fiscal de la Nación. (Foto: Ministerio Público).

Pero el fiscal de la Nación solo recibió la información de los honorarios solicitados, que rechazó injustificadamente, sin tener idea de la propuesta de trabajo que lo sustentaba. Y así, como sucede con frecuencia en organizaciones con burocracias intrigantes e ineficaces, el asunto quedó en el aire y se paralizó.
Se perdieron, increíblemente, dos meses de importancia vital en la investigación. No fue la única negligencia en ese ámbito, pero sí la más grave.
Le pregunté al fiscal de la Nación qué iba a hacer ahora que conocía el contenido de la propuesta de Stefan Lenz.
“Voy a hacer que lo contacten mañana”, fue su respuesta.
Es, claro, la respuesta correcta. Acepte, rechace o modifique la propuesta de Lenz, lo menos que puede hacer, por su importancia, es discutirla a fondo.
El problema es que es una respuesta correcta con dos meses de retraso. Y alguien debiera responder por ello.

¿Gobierno perdonó $66 millones a Odebrecht?

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
Esta es la historia de cómo Odebrecht (Odb) logró que el Gobierno le devolviera, una carta fianza por US$ 66.7 millones, a pesar de haber incumplido las obligaciones a las que se había comprometido en el proyecto Kuntur (K).
En mi opinión el caso que a continuación se presentará demuestra el muy elevado nivel de influencia que alcanzó Odb sobre el sector público. Logrando librarse de sus obligaciones en Kuntur, una empresa privada que asumía todos los riesgos de la construcción y operación de un gasoducto al sur y quedándose con la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y su abusivo contrato de concesión, en el que la mayor parte de los riesgos los asumen los consumidores eléctricos (que posteriormente asume el Estado).
Como recordarán nuestros lectores la concesión del gasoducto al sur fue otorgada inicialmente a Kuntur Transportadora de Gas, propiedad de Conduit Capital Partners (fondo de inversión USA). Dicha concesión fue otorgada por solicitud de parte; por lo que no se exigía concurso público para otorgar la concesión de transporte (artículo 12 DS 081-2007-EM). Pero por esa misma razón, en esta modalidad el concesionario debía asumir todos los riesgos y no podría recibir el subsidio de los consumidores eléctricos, del que había gozado el proyecto Camisea. En sus primeros años Kuntur se dedicó a desarrollar algunos de los estudios de pre inversión del proyecto, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente, en el 2012, Odebrecht adquiere el 100% de Kuntur, al que llamaremos Odebrecht-Kuntur.
La cláusula 2.2 del Contrato de Concesión, de fecha 06.10.2008 establecía que “El Concesionario asume la Concesión y las obligaciones del Contrato a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y es responsable por el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones establecidas en el Contrato y en las Leyes Aplicables durante la vigencia del Contrato”. Y la carta fianza que por US$66.7 otorgara Odebrecht al MEM respaldaba el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
A pesar de lo anteriormente reseñado, Odebrecht-Kuntur, a través de la Carta Kuntur-GG-049-2010 del 04.06.2010, comunicó al MEM su interés en negociar modificaciones al Contrato de Concesión. Siendo la más significativa el otorgamiento del subsidio de los consumidores eléctricos. Lo que no pudo conseguir por no haber obtenido la concesión en una licitación o concurso.
Es en estas circunstancias que se presenta la primera de numerosas coincidencias sospechosas entre las decisiones (o ausencia de ellas) que ha ido adoptando el Gobierno y lo que le convenía a Odebrecht. Ya que “coincidentemente” el presidente Humala anunció en el Mensaje a la Nación del 28.07.12 que se convocaría a un concurso internacional para el Gasoducto Sur Peruano (GSP), que tendría la misma ruta que el de Odebrecht-Kuntur, pero que contaba con el subsidio de los consumidores. Para todo fin práctico, desde ese momento Odb-K ya estaba liquidada, pues era imposible que compitiera con un proyecto igual pero con subsidio.
Y sospechosamente, ante ese grosero cambio en las reglas del juego, Odb nunca protestó ni permitió que los gremios a los que pertenecía protestaran ante dicho sorpresivo cambio. ¿ Es que Odb ya sabía lo que le iba a deparar el futuro?
Con la Ley 29970 se estableció que para recibir los beneficios de dicha ley (subsidio de consumidores eléctricos principalmente) se requería que el proyecto debería ser licitado por ProInversión.
Con los beneficios de la Ley 29970, mediante oficio N° 002-2013-DM del 03.01.13, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicita a Proinversión (PI) incorporar al proceso de promoción de la inversión privada al proyecto “Mejora de la Seguridad del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. Siendo necesario destacar dos controvertidos episodios de la licitación. El primero se refiere a que mediante Oficio N°002-2013 del 17.04.2013, PI se dirige al ministro de energía Merino para solicitarle información sobre el estado de situación del contrato de concesión de Kuntur con el Estado (100% de propiedad de Odebrecht, al que llamaremos Odb-K) . Y el MEM, en lugar de contestar en horas un asunto tan sencillo, se demora más de un año en responder. Es así que mediante Oficio N° 851-2014-MEMSG, del 30.04.2014, adjunta el Informe N° 069-2014-MEMDGH, el que concluye: 1) que el contrato de concesión de Kuntur se encuentra vigente, y 2) que “actualmente se encuentra suspendida la evaluación referida al Cronograma de Ejecución de Obras presentado por Odebrecht-Kuntur hasta la conclusión de las negociaciones y consecuente aprobación o desaprobación de la modificación solicitada”. Por lo que PI recién supo el estado de situación de Odebrecht-Kuntur 60 días antes de otorgar la buena pro, cuando ya se les había negado a los competidores de Odb algunos cambios que hubieran permitido que todos pudieran haber competido en igualdad de condiciones. De otro lado, ¿cómo podía afirmar el 30.04.2014 el MEM que la concesión de Odebrecht-Kuntur seguía vigente y suspendida la evaluación del Cronograma de Ejecución de Obras, si hacía meses que estaba en proceso la licitación para el GSP, (con la participación de Odebrecht), lo que definitivamente liquidaba a Odb-K? Inclusive el propio ministro Merino ya había anunciado que no le iban a otorgar a Odb-K lo que pedía. ¿O la idea era mantener artificialmente vigente a Kuntur para beneficiar a Odb?
Asimismo la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) tendría que haberse pronunciado acerca del cronograma de ejecución de obras, el que, de acuerdo al contrato, debía terminar 39 meses después de la aprobación de su EIA (07.06.11). Es decir en setiembre del 2014. Y como ni siquiera se habían iniciado las obras del gasoducto de Odb-K, la DGH debió declarar la caducidad de la concesión. Pero no solo no se hizo esto, sino que el MEM “suspendió” el contrato el 3 de abril del 2012 por un año, a cuya finalización en lugar de declarar la caducidad, se le volvió a renovar. ¿No resulta sospechoso que el MEM le otorgara tantas facilidades a Odb-K? Esta empresa se convirtió en inviable desde que se aprobó un gasoducto con su mismo trazo, pero con subsidio de los consumidores eléctricos (Ley 29970); y la mejor prueba de ello era la participación de Odb en la licitación del GSP.
Otra coincidencia sospechosa entre lo que decidió (o dejó de decidir) el gobierno de Humala y lo que le convenía a Odb, se presentó en la licitación del GSP, cuando el consorcio competidor de Odb solicitó, mediante carta del 09.05.14, que para estar en igualdad de condiciones, el Estado garantizara que el ganador de la licitación pudiera utilizar el EIA ya aprobado (de propiedad de Odb-K) cuyo costo sería asumido por el ganador. Sin embargo el gobierno no aceptó la razonable solicitud planteada. Si la hubiera aceptado se hubiera tenido que liquidar Odb-K, y Odb hubiera tenido que asumir el pago de la carta fianza que garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones.
Esta negativa posibilitó que apenas Odb obtuviera la concesión del GSP, solicitara la terminación de la concesión de Odebrecht-Kuntur. La que fue otorgada mediante la RS N° 079-2014-EM. Finalizada la concesión ya no había obligaciones que cumplir. Por lo que Odb-K solicita que se le devuelva la garantía que había otorgado respaldando el cumplimiento de sus obligaciones en dicha empresa. Argumentando que la suscripción del contrato de concesión del GSP había tornado inviable técnica y económicamente la concesión de K. En otras palabras, Odb-GSP había originado la inviabilidad de Odb-K. Esto fue posible porque artificialmente el MEM mantuvo con vida a Odb-K hasta que se solicitara el fin de dicha concesión. Argumentando que el contrato del GSP liquidaba Kuntur; y que el desarrollo del GSP (al amparo de la Ley 29970) “es un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que ha modificado sustancialmente la concesión de K”.
Es así que el “experto” Alfredo Dammert Lira, en un fallo “final e inapelable” decide que ha habido una Fuerza Mayor, y que esto originó la inviabilidad de la concesión de Odb-K. Por lo que el MEM “debe proceder a devolver dicha garantía al Concesionario”. Si bien este fallo se ejecutó durante el gobierno anterior; la documentación del caso se ha hecho pública recientemente.
Finalmente cabe mencionar que habría otra importante irregularidad, debido a que Odb-K elevó el monto de la inversión estimado a US$6,004 millones, según una carta enviada a la Bolsa de Valores de Lima (el 6 de julio del 2012), por lo que debió entregar una garantía de US$300 millones (5% de la inversión), lo que tampoco habría hecho.
De la lectura del artículo, todo parece indicar que se habrían ejecutado una serie de artificios que al final permitieron que Odb se libre del cumplimiento de sus obligaciones en Odb-K y obtuviera la concesión del GSP. La que, quizás por justicia divina, perdiera al no poder completar el cierre financiero.
Existen más coincidencias sospechosas, algunas de las cuales ya han sido explicadas en anteriores artículos. Sin embargo ya sería tarea de las autoridades pertinentes trabajar a partir de ellas.

Qué pálido está Moreno

Cecilia ValenzuelaPor Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.

 “Yo no tengo fotografía social con esta gente, yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht, no conozco a Barata, nunca lo he visto en ninguna reunión”, dijo ayer en una conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas de los periodistas, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno.
Y en esa afirmación Moreno no miente, la fiscalía sostiene que el gobernador del Callao recibió sobornos de Odebrecht, por un valor de dos millones de dólares, a través de intermediarios que cruzaban correos electrónicos mencionando explícitamente su nombre y el de su contacto, el empresario israelí Gil Shavit.
Claro, también dice que es inocente, que jamás recibió las coimas que aparecen en la planilla de María Lucía Tavarés, la secretaria de la gerencia de la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, el departamento que esa empresa creó para llevar la contabilidad de los sobornos que pagaba en Latinoamérica. Ahí están registrados dos pagos para la Vía Costa Verde Callao en el Perú, los días 26 y 27 de marzo del 2015.
De otro lado, Moreno afirma que viajó a Brasil siete veces durante los meses en los que se aprobaron las millonarias adendas a la construcción de la Vía Costa Verde Callao, de vacaciones o para dar conferencias de medicina.
Antes de renunciar a Willax TV, encargué al periodista Óscar Quispe que investigara por qué, a partir de agosto del 2012 –fecha en la que el Gobierno Regional del Callao hizo pública su decisión de construir el tramo que une la Costa Verde con el puerto–, el gobernador de esa región se convirtió en un pasajero frecuente de las aerolíneas que vuelan al Brasil. Su movimiento migratorio registra siete viajes con ese destino entre agosto del 2012 y enero del 2015: siempre en las semanas previas a que se tomaran las decisiones sobre los contratos, las adendas con incrementos millonarios a favor de la constructora y las ampliaciones de fechas de entrega de los tramos.
Lo que la investigación de Quispe corroboró fue precisamente la forma como encajaban los pasos decisivos que se dieron para el diseño, la adjudicación y la ejecución de la millonaria obra, y luego las adendas, siempre perjudiciales para la economía del puerto del Callao, con los viajes de Moreno a Brasil y con los vicios que el gobierno regional aprobó y pasó por alto para no contrariar a la constructora. La contraloría ha determinado, por ejemplo, que la región Callao convocó a la licitación que pronto ganaría Odebrecht sin contar con la disponibilidad física del terreno, con el permiso de la municipalidad y con el de la dirección de la Capitanía de la Marina.
Pero también está demostrado que el gobernador regional del Callao aprobó, personalmente, una propuesta modificatoria del diseño original de la obra sin consultar a la empresa que realizó el expediente técnico ni pedir autorización de la contraloría, a pesar de que la modificación implicó un incremento importante al valor de una obra que comenzó costando 302 y por la que los chalacos terminarán pagando más de 470 millones de soles.
Félix Moreno aprobó que se emitieran cinco adendas al contrato, con los incrementos que cada una de ellas implicaba y que sumaron 168 millones de soles en perjuicio de la comuna chalaca, y se permitieran seis ampliaciones de plazos con los contratiempos que cada una de ellas le causaría a la población y a los usuarios del primer puerto del país.
Ahora Félix Moreno evita las preguntas de la prensa. Teme que su destino se una al de su socio, preso en Piedras Gordas, Álex Kouri; pero Moreno ya había hecho bulla a finales del 2013 cuando se descubrió que ordenó la construcción, con la plata de la región Callao, de un sauna en el Pentagonito a iniciativa de su amigo, el operador montesinista Óscar López Meneses. Y en julio del 2016 cuando fue denunciado por la fiscalía del Callao por avalar la venta del fundo Oquendo en manos de traficantes de terrenos.
Aunque Moreno se supo asociar a poderosos empresarios que lo defendían en los medios de comunicación y a exaltados “comunicadores” que jugaban sucio por él, la impunidad no dura para siempre.

Carlos NeyraPor Carlos NeyraAlvaro Reyes y Alvaro Reyes- Diario Perú21.

El Ministerio Público inició el último domingo un nuevo operativo como parte de las investigaciones que realiza para esclarecer el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos. La primera parte de las acciones concluyó con una detención y el allanamiento de diez inmuebles.
El empresario Gil Shavit es el personaje que fue capturado en una de las salas de arribo del aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con fuentes fiscales de Perú21, el ciudadano israelí de 49 años había llegado ese mismo día al Perú procedente de Cuba. Pero, ¿por qué se le detuvo?
Según la resolución de la Fiscalía, Shavit fue intervenido por estar involucrado en una investigación al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto Vía Costa Verde, entre los años 2012 y 2014. A ambos se les imputa el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias.
“Se vincula la participación de Félix Manuel Moreno Caballero y el detenido Gil Shavit, amigo de la referida autoridad regional del Callao, en actos que llevaron al otorgamiento de la buena pro y ejecución de la obra Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao, a cargo de la empresa Odebrecht”, se lee en la resolución. Seguidamente, se indica que esta concesión se dio “a cambio de una suma de dinero”.
El expediente señala que la concesión del proyecto Costa Verde se otorgó a Odebrecht tras negociarla -de manera ilícita- por US$4 millones.

Reuniones y pagos

Siempre en versión del Ministerio Público, Félix Moreno y Gil Shavit llegaron a un acuerdo con la firma brasileña tras reunirse hasta tres veces con un directivo de la misma que no fue identificado.
En el primer encuentro, sostenido en diciembre de 2012, Shavit habría expresado al “funcionario 5” de la constructora (así se lo refiere en la resolución) el interés de otorgarle la buena pro de la obra.
En la segunda reunión, en el primer trimestre de 2013, en la que participan Shavit y Moreno, proponen al mismo funcionario brasileño cederle la concesión a cambio de US$4 millones, de los cuales el 60% sería para el gobernador regional y el 40% para el empresario.
Dicho monto, indica el documento, sería entregado a la autoridad chalaca a través de Luis Favre, “simulando” el pago por servicios de asesoría por la campaña electoral de 2014.
“Al investigado Félix Moreno se le habrían pagado US$2 millones en cinco cuotas de US$400 mil por intermedio de Luis Favre, los pagos se realizaron entre junio de 2014 y marzo de 2015”, se detalla.
“Al investigado Gil Shavit le habrían transferido a la offshore Cardiff Internacional Ltd, situada en la banca de Bahamas Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies; a la que Odebrecht, con fecha 4 de junio de 2014, entregó US$350 mil por contratos de consultorías por medio de la offshore Klienfield Services Ltd”, añade el documento fiscal.
En la investigación se reseña, además, que “con fecha 16 de abril de 2015 la empresa Fincastle Enterprises Ltd (off-shore de Odebrecht) simuló un contrato de consultoría por US$410 mil a la compañía Cardiff International Ltda”. En total, al ciudadano israelí se le transfirieron US$760 mil.
La resolución suscrita por el fiscal Sergio Jiménez, quien conforma el equipo que investiga el caso Lava Jato, indica que los pagos se interrumpieron en junio de 2015, luego de que se detuviera en Brasil a Marcelo Odebrecht, máximo directivo de la transnacional que hoy se acoge a una delación premiada para reducir la pena de 19 años de prisión que se le impuso.
Otro dato importante a resaltar es que los pagos a Moreno y Shavit habrían provenido de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a cargo del ejecutivo Fernando Migliacció Da Silva. Como es sabido, este departamento se encargaba de contabilizar y distribuir los sobornos.
De momento, Gil Shavit está detenido de manera preliminar por 24 horas. Hoy la Fiscalía tendría que solicitar al Poder Judicial la extensión de su detención en una audiencia.
Félix Moreno, por su parte, está libre. Si bien tres de los inmuebles que allanó el equipo de fiscales eran de su propiedad, sobre el funcionario no pesaba una orden de captura. Esa situación, sin embargo, puede cambiar en las próximas horas.
Perú21 intentó comunicarse con Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, para conocer si su patrocinado tomará acciones tras la intervención de sus propiedades. Roy Gates no contestó las llamadas.
De los diez inmuebles allanados por el Ministerio Público, tres eran propiedad de Félix Moreno: su mansión en La Molina, una vivienda en Magdalena y otra en el Callao.
Las siete propiedades restantes le pertenecen al empresario israelí Gil Shavit. No fue posible contactarse con su abogado.
La Fiscalía detalló que las investigaciones a Moreno y Shavit obedecen a los actos de corrupción que admitieron directivos de Odebrecht ante la justicia de EE.UU. Esta vez, el ex ejecutivo Jorge Barata no fue el delator.
Luis Favre negó haber entregado sobornos de Odebrecht a Moreno.

Sobornos para Félix Moreno y Gil Shavit

Por Doris Aguirre– Diario La República.

En la información proporcionada por los colaboradores eficaces de la constructora Odebrecht a las autoridades peruanas se menciona la identidad de los funcionarios brasileños que participaron en el presunto desembolso de coimas al gobernador regional chalaco Félix Moreno, su ex publicista Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) y a su socio y amigo, el empresario israelí Gil Shavit.
Para la consumación de los pagos, señala la investigación del fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Javier Jiménez Niño, Odebrecht habría recurrido a su red de empresas “offshore” que manejaba la División de Operaciones Estructuradas, es decir, el aparato dedicado exclusivamente a cumplir con el abono de las coimas, de acuerdo con las instrucciones de los directivos y funcionarios implicados.
Moreno, Favre y Shavit rechazan haber recibido dinero de Odebrecht. Favre emitió una declaración en la que fue claro en señalar que nunca le fue entregado dinero por parte de Odebrecht.
Es más, anotó que nunca tuvo vínculo laboral con las constructoras brasileñas envueltas en casos de corrupción.
“La existencia de pagos corruptos por medio de empresas offshore se sustenta con el Acta Fiscal de Recepción de Documentos (…) en los que se registra: (a) El correo de ‘Tsarina’ a ‘Waterloo’, disponiendo el pago de US$ 200,000 de la Planilla 1 a la Planilla 2. (b) El correo de ‘Waterloo’ a ‘Tumaine’, aludiendo al pago de dos millones divididos en cuotas de 400, que serían de US$ 400,000”, señala la Fiscalía a cargo del caso.
Las autoridades brasileñas del caso Lava Jato han informado a sus pares del Perú que “Tsarina” era el seudónimo de la funcionaria de Odebrecht Angela Ferreira Palmeira; que “Waterloo” era la falsa identidad de Fernando Migliaccio Da Silva, asignado a los pagos de sobornos mediante los offshore y otras modalidades y que “Tumaine” era el sobrenombre de Maria Lucia Tavares, otra funcionaria dedicada a los pagos ilícitos de la constructora. Las dos mujeres trabajaban en la División de Operaciones Estructuradas en coordinación con Migliaccio.
Ferreira y Tavares ya entregaron toda la información a la justicia brasileña y Migliaccio, detenido en Suiza, negocia el suministro de más datos. Ellas construyeron las “planillas negras” en las que registraban los pagos ilícitos a altos funcionarios gubernamentales brasileños y extranjeros con seudónimos.

Delaciones y menciones

En la documentación suministrada por los delatores de Odebrecht se incluyen informes precisos de cómo se hicieron los desembolsos.
“(c) El extracto bancario en que aparece la disposición de fondos. La asignación de US$ 350,000 y US$ 410,000 por la obra Costa Verde Callao. (d) El pago del mencionado monto con detalle de financiamiento por consultoría a la empresa Fincastle Enterprises Ltd., que según el documento se vincula a Cardiff International. (e) La participación de la empresa Cardiff International Ltd., que tiene como beneficiario a Gil Shavit”, menciona el documento judicial con el que se autorizó el allanamiento de las viviendas de Félix Moreno y Gil Shavit.
El esquema que usó Odebrecht para repartir coimas a diestra y siniestra es el mismo que habría sido aplicado para conseguir la adjudicación de la construcción del tramo del Callao de la Costa Verde, conforme el documento fiscal.
“Los pagos indebidos a favor de Félix Moreno y Gil Shavit habrían sido gestionados por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a cargo de Fernando Migliaccio Da Silva”, indica el informe del fiscal Javier Jiménez.
Incluso menciona que en el caso de Gil Shavit se le abonó el dinero desde la “offshore” Klienfeld Services, usada frecuentemente por Fernando Migliaccio para apoquinar coimas.
Al momento de su detención en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegaba de Cuba, Shavit expresó extrañeza y preguntó el motivo. Cuando le explicaron que se trataba de su relación a unos pagos de un supuesto soborno de Odebrecht, contestó a las autoridades que, efectivamente, había sostenido una relación profesional con la constructora brasileña como consultor y que probablemente los pagos estaban referidos a los servicios que prestó.
Si bien el caso de Shavit se hace referencia a que constituyó expresamente la offshore Cardiff International para recibir el dinero supuestamente de origen ilícito, los documentos no precisan cómo ocurrió en el caso de Félix Moreno.
Solo se desprende que Odebrecht habría pagado a Moreno por intermedio de su ex publicista o una empresa de este, pero no se explica si se usaron offshore o los abonos se hicieron en efectivo.Qué pálido está Moreno, la columna de Cecilia ValenzuelaEl Ministerio Público pidió prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, acusado de haber recibido US$2 millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por la adjudicación del proyecto Costa Verde.
El pedido se dio luego de que Gil Shavit, supuesto nexo entre el gobernador y Odebrecht, se acogió a la colaboración eficaz y acusó a Moreno presentando pruebas en su contra, confirmaron a Correo.
“Se ha formalizado contra ambos la investigación preparatoria pero solo se pidió prisión preventiva contra Félix Moreno. Parte del acuerdo de la colaboración eficaz fue dejar libre a Gil Shavit con comparecencia restringida, impedimento de salida del país y el pago de una caución”, dijo la fuente oficial a Correo.
Como se conoce, la Contraloría de la República señaló que se han “detectado un promedio de perjuicio económico de S/50 millones” en el proyecto. La entidad de control presentó varios informes de auditoría a la Fiscalía sobre el referido proyecto vial.
Fuente: Diario Correo.