En diez frases (pero nueve candidatos)

Por Julio Guerrero-Político.pe
Enrique Ocrospoma (PN): “Yo quiero ser ese salvador que tú necesitas (sic). Ese outsider. No tengo esa gran plata que tienen otros; esas grandes publicidades (sic)”.
Daniel Urresti (PP): “Lima necesita orden y seguridad en este momento, ¡ahora!, y yo soy el único que puede darles eso. Ya lo demostré como alto comisionado para la minería ilegal; como ministro del Interior”.
Jaime Salinas (APP): “A partir de que hace unos días en el Congreso ya se aprobó la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao en pocos meses el transporte público pasará a manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y solo tres asientos tendremos en el directorio de ocho personas presidido por el ministerio. ¿De qué estamos hablando?”
Pablo Silva (FREPAP): “Yo soy el ciudadano de a pie, yo soy el que verdaderamente conozco la problemática. Porque los políticos solo hacen el recorrido en la campaña política. En cambio, yo no. Yo vivo en ese lugares. Inclusive conocen el Pasamayito por la campaña, nada más. Ellos no transitan por ahí”.
Luis Castañeda (Solidaridad Nacional): “Las buenas cosas, lo mejor, continuará. Y aquellas cosas que haya que corregir las corregiremos. También quiero decirles que voy a trabajar por una Lima donde haya muchísimas obras; porque las obras son trabajo, bienestar, chamba”.
Esther Capuñay (UPP): “Implementaremos cuarenta y tres plataformas de mujeres en coordinación con las distintas instituciones, atendidas por profesiones mujeres. Que mejor que una mujer para atender a una mujer en situaciones difíciles”.
Jorge Villacorta (PPK): “Esta elección también es un referéndum porque se le está diciendo a la población qué inseguridad ciudadana, qué corrupción se va a combartir, qué mejora del tránsito se va a hacer si todos esos contratos están ya amañados, y tienen hermanitos y amiguitos en el Poder Judicial”.
Jorge Muñoz (Acción Popular): “Hay desde nuestra perspectiva una pirámide invertida donde peatón, después al ciclista, el transporte de pasajeros, el transporte de mercadería y en última ratio, el transporte privado. Los buses de gran calado”.
Juan Carlos Zurek (Somos Perú): “Iremos de la mano con el Ministerio de Vivienda, a efectos de detectar la vulnerabilidad inmediata en las zonas más riesgosas (sic). De este modo, tenemos que trabajar para implementar muros de contención, rutas de evacuación, y obras de prevención sísmica”.
Renzo Reggiardo (PPS): “Tengo entendido que el debate verdaderamente ha sido una andanada de denuncias y agresiones entre los candidatos, y fundamentalmente todas contra quien habla… y seguramente iba a ser lo mismo con mi presencia”.

Fiscal Pedro Chávarry abre investigación preliminar a PPK

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, inició una investigación preliminar en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la presunta compra de votos de congresistas para evitar un pedido de vacancia.
El anuncio sobre la mencionada indagación fue efectuado por el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter.
Además de PPK, también serán investigados la vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Araoz, así como los legisladores Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio), Marvin Palma, Maritza García y Lucio Ávila (no agrupados).
Se informó que la investigación se da por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.
De otro lado, el Ministerio Público sostuvo que se ha ampliado una investigación preliminar contra el ex ministro de Agricultura José Arista por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.
Además, se amplió una investigación preliminar contra los congresistas Marvin Palma, Clayton Galván, Maritza García, Estelita Bustos, Marita Herrera, Lizbeth Robles y Sonia Echevarría (no agrupados) por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
En marzo último, el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) mostró en una conferencia de prensa, junto a otros miembros de su bancada, diversos videos y audios que revelarían que se ofrecieron prebendas a algunos parlamentarios a cambio de que votaran en contra de la vacancia de PPK.
Un día después de la presentación de dicho material, Kuczynski presentó su renuncia a la Presidencia de la República, por lo que el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumió su cargo.
Cabe resaltar que por este mismo caso, en agosto pasado, Pedro Chávarry había formalizado una denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra.
Fuente: Diario El Comercio.

Comisión Lava Jato: Informe final concluye que hubo US$ 3000 millones en sobrecostos de obras

La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó y suscribió su informe final, después de un año y medio desde que inició sus investigaciones sobre los presuntos sobornos de empresas constructoras brasileñas a funcionarios públicos.
La aprobación del documento final fue en sesión reservada y estuvieron presentes los parlamentarios Rosa Bartra (Fuerza Popular) Mauricio Mulder (Apra), Humberto Morales (Frente Amplio), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio).
Según adelantó la congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora, una de las conclusiones del informe es que existió un sobrecosto en las obras que superan los US$3 mil millones.
“Lo que podemos decir es que los sobrecostos por parte de las empresas que han ejecutado las obras, ya sea por adendas, por incrementos, por nuevos contratos, por cancelaciones, superan largamente los 3 mil millones de dólares”, dijo Bartra.
Respecto a los nombres de los investigados, y al ser consultada sobre la no inclusión del ex presidente Alan García y Keiko Fujimori, aseguró que no podía dar detalles de las personas que en el informe se recomienda la denuncia y la acusación.
“Hemos sido prudentes y responsables con mantener la reserva.  Esperamos que futuras comisiones investigadoras y el Ministerio Público cumplan con el tan necesario deber de reserva. Todo se va a conocer después que se debata en el pleno”, manifestó.
Concluida la sesión, Bartra presentó el informe final a la Oficialía Mayor del Parlamento para que siga el trámite y “prontamente” sea debatido en el Pleno.
Remarcó que depende de la Mesa Directiva cuándo ponga en agenda el debate en la sesión plenaria. “Eso ya escapa realmente de lo que nosotros podamos determinar”, agregó.
Fuentes: Diario El Comercio y Correo.

Confianza: recias críticas y un Frente Amplio como nueva escopeta de dos cañones

Por Aaron Salomón-Político.pe
Evidentemente el presidente de la República ganó la partida y el Congreso se vio obligado este miércoles a aprobar la cuestión de confianza planteada por el primer ministro César Villanueva, con el fin de que se aprueben los cuatro proyectos de reforma política-judicial enmarcados en las políticas de integridad y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.
Durante su presentación ante el Pleno, Villanueva fue enfático al señalar que “no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro (propuestas de reforma constitucional)”, dado que –mencionó– las reformas expuestas permitirán “iniciar el gran cambio en la historia de este país”.
“La historia recomienza hoy”, exclamó.
Acto seguido, el premier destacó la aprobación de la modificación del putrefacto CNM (ahora denominado Junta Nacional de Justicia). “A pesar de los adjetivos que no son los nuestros ni tampoco vamos a tomarlos en cuenta, este Congreso de manera unánime y sin mayores cambios al ‘mamarracho’, al disparate, lo aprobó por unanimidad histórica”, acotó para sustentar que las propuestas podrían tranquilamente contar con luz verde antes del 4 de octubre para ser sometidas a referendo el 9 de diciembre. Y durante los últimos instantes de su agitada alocución, el también legislador de Alianza Por el Progreso aseguró que Martín Vizcarra no postulará en las elecciones del 2021.
Como era de esperarse, la disertación palaciega no gustó para nada en la Representación Nacional. Parlamentarios de diversas bancadas no dudaron en tomar la palabra y expresar su malestar ante –dijeron– tremendo mensaje confrontacional. Así, el aprista Mauricio Mulder acusó al gobierno de exhibir un doble discurso, dado que a puertas cerradas el jefe de Estado se muestra dialogante y conciliador con la oposición, pero públicamente actúa de forma contraria. Ello –manifestó– quedó demostrado con lo dicho por el premier, quien intentó ponerle plazos al Congreso cuando ya existe un cronograma establecido en la Junta de Portavoces.
De igual forma, el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde lamentó que el premier Villanueva haya dado un “discurso para la calle”. Asimismo, sostuvo que se debe encontrar la manera de evitar que el Ejecutivo a partir de ahora pretenda presentar una cuestión de confianza cuando se le ocurra o alertó cuando se interpele a algún ministro. En el mismo sentido, Javier Velásquez Quesquén (Apra) dijo que “ojalá se hubiera dado la cuestión de confianza porque nos oponemos, por ejemplo, a la reconstrucción del norte del país”. “Mañana cuando interpelemos a un ministro nos van a presentar otra cuestión de confianza”, se quejó.
A su turno, el frenteamplista Justiniano Apaza condenó que cierta prensa deje entrever que los congresistas tienen miedo a un eventual cierre del Parlamento porque perderían sus sueldos. “La política es para servir”, afirmó el izquierdista.
La legisladora fujimorista Luz Salgado, en tanto, sancionó que el premier Villanueva se haya presentando ante la Representación Nacional en un tono altisonante.
Después de casi doce horas de debate –cuya duración podemos calificar de exagerada porque solo tendrían que haber tomado la palabra los voceros–, finalmente el Congreso aprobó el pedido de cuestión de confianza con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Por supuesto, en su habitual modus operandi, luego de haberse pronunciado a favor en la mañana la bancada del Frente Amplio se opuso a la confianza porque reclama llamar a elecciones para crear una nueva Constitución.
¿Qué es lo que viene? Pues bien: si el primer ministro Villanueva ha dicho que con la aprobación de las cuatro reformas “la historia recomienza”, tendríamos entonces que asumir que al día siguiente del referéndum (10 de diciembre) el gobierno resolverá todos los problemas del país (que no son pocos). De no ser así, todo este show mediático no habrá sido más que pura demagogia para ocultar las incompetencias del Ejecutivo.
Y no hay mejor juez que la historia misma, señor Vizcarra.

Congreso aprobó cuestión de confianza solicitada por Vizcarra

La bancada de Fuerza Popular no efectuó una votación en bloque, sino dividida, respecto a la cuestión de confianza presentada por el Gabinete Ministerial interpuesta para agilizar las reformas políticas y judiciales de cara a un referéndum.
Fueron 32 los parlamentarios naranjas que se manifestaron a favor del instrumento constitucional planteado por el primer ministro César Villanueva.
Entre los que votaron a favor figuran Cecilia Chacón, Leyla Chihuán, Nelly Cuadros, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma, entre otros. En contraste a ellos, 11 parlamentarios se mostraron en contra del pedido del Ejecutivo y 13 se abstuvieron.
Los congresistas de Fuerza Popular que votaron por la abstención a la cuestión de confianza fueron: Joaquín Dipas, Modesto Figueroa, Israel Lazo, Úrsula Letona, Moisés Mamani, César Segura, Roy Ventura, Federico Pariona, Miguel Torres, Milagros Salazar, Edwin Vergara, Gilmer Trujillo y Juan Yuyes.
Mientras que los legisladores de Fuerza Popular que votaron en contra fueron: Rosa Bartra, Karina Beteta, Gladys Andrade, Juan Carlos del Águila, Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Osías Ramírez, Milagros Takayama, Mario Mantilla, Luis Galarreta y Esther Saavedra.
“Nosotros hemos tenidos posiciones diferenciadas. Ayer quedamos que íbamos a escuchar al jefe del Gabinete y, en función a ello y al sustento de los diferentes congresistas, íbamos a tomar una decisión, que es el fiel reflejo de esta votación”, dijo Milagros Salazar en diálogo con Canal N.
Como se recuerda, la cuestión de confianza planteada por el Gabinete Ministerial fue aprobada por 82 votos a favor, 22 votos en contra y 14 abstenciones.
Fuente: Diario El Comercio.

Las maldades de Vizcarra

Por Ricardo Escudero- Laabeja.pe
Uno no llega a conocer a las personas totalmente y aun después de tiempo se lleva asombrosas decepciones. Eso es lo que está pasando con el actual presidente y su contradictorio lenguaje, inexplicables anuncios y la ausencia casi absoluta de ideas y propuestas de gobierno que lo caracterizan a él y a casi todos sus ministros, salvo –valga decirlo- el responsable de la cartera de economía, que está reordenando el desastre dejado por su antecesor, el del paquetazo.
Para muchos, Vizcarra era un señor con antecedentes de gestión limpia en el pequeño gobierno regional de Moquegua, gracias a un buen manejo de su presupuesto y al orden que puso para cada asunto, destacando como eje la educación, una fortaleza que no se puede desmoronar jamás. Sin embargo, al pasar de lo pequeño a lo nacional, él cambió y se rodeó de gentes dispuestas a priorizar ambiciones personales o de grupos de interés, antes que ponerse como bandera de unidad, las legítimas aspiraciones ciudadanas.
Le han hecho creer –y él se lo cree en mi opinión- que puede ser un nuevo héroe, una nueva voz, un líder político que inunde con su legado al país. Absurdo, insostenible, irracional proyecto. El señor Vizcarra es un reemplazo constitucional del anterior presidente, que tuvo que renunciar ante la acumulación de escandalosas pruebas referidas a conflictos de intereses y operaciones financieras incompatibles con el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Y entonces, debe completar un período, realizar las acciones que ofrecieron en bien el país y no estar inventando cada semana una nueva forma de pelear entre peruanos, llenando de odio y discursos su agenda violenta.
No es un presidente elegido, sino un suplente válido, el reemplazo, el fusible que permita la continuidad de lo acertado del anterior, y el cierre de lo perjudicial que estaba dejándonos. Pero, él cree que es su inicio, el comienzo de la nueva era Vizcarra, no señor. Es su debut, y el 28 de julio que corresponda, su despedida. En este tiempo que media entre la salida de su antecesor, haya sido mediante un complot de su primer ministro o un acuerdo con otros grupos políticos, no lo sabemos aún, el señor Vizcarra debe gobernar, ordenar la economía nacional, impulsar la inversión privada y no aumentar el gasto público, mejorar las oportunidades del empleo seguro, proyectar un país que permita pensiones y jubilaciones dignas, fortalecer el rol de las fuerzas armadas, darle respeto a las instituciones y promover la unidad, comenzado por el impulso a la familia matrimonial.
El Perú no es la hipoteca vencida de un mal gobierno, no es la herencia pesada de un mal presidente, es la consecuencia de lo que permitimos y frente a ello, las maldades de Vizcarra –porque eso son, maldades- no podemos permitirlas. Por eso, hoy que se ha enfrentado a las familias peruanas, tenemos que ponerle un freno al señor presidente y su entorno caviar, levantando la bandera de la familia, de la unidad nacional.

Martín Vizcarra amenaza con disolver el Congreso

Un conflicto de poderes se incuba en Perú tras una velada amenaza del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, si frena sus reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción.
En un mensaje al país, Vizcarra advirtió el domingo que si el Congreso frena sus reformas políticas y judiciales, que espera aprobar en un referéndum el 8 de diciembre, planteará la llamada “cuestión de confianza”, norma constitucional que abre la vía para disolver el parlamento.
“Respetuoso de la Constitución (…), acudo a ella, poniendo como testigos a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133 ‘Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República’, para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso” en respuesta a un escándalo en el poder judicial, dijo Vizcarra.
La Constitución establece que el gobierno puede “plantear ante el Congreso una cuestión de confianza (…) si la confianza le es rehusada, o si es censurado”, mientras que el mandatario “está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
El partido de Keiko Fujimori, que domina el legislativo, ha desestimado la urgencia de aprobar este año las propuestas de Vizcarra, que incluyen el fin de la reelección parlamentaria y restituir la bicameralidad en el Congreso, además de cambiar el procedimiento de designación y control de jueces.
“La urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país”, afirmó Keiko el 23 de agosto.
El partido de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantuvo maniatado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de gobierno hasta que consiguió su renuncia el pasado 21 de marzo.
Además, la “luna de miel” entre Vizcarra y Keiko terminó abruptamente hace casi dos meses precisamente por las reformas, que de paso amenazan el poder del fujimorismo en el parlamento, según analistas.
“Las tan necesarias Reforma Política y Reforma del sistema de Justicia son Cuestión de Estado, y como tales prioritarias” para erradicar la corrupción, expresó Vizcarra, quien cumple seis meses de mandato el próximo domingo.
Aunque no están claros cuales serán los próximos pasos de Vizcarra, porque faltan instancias constitucionales antes de que pueda disolver el Congreso, su mensaje cosechó críticas de legisladores opositores.
“El presidente sigue en su onda monotemática y confrontacional para ocultar otros problemas”, dijo la líder de la bancada fujimorista, Úrsula Letona.
“Vizcarra está utilizando una fórmula exagerada para poder seguir levantando popularidad”, indicó el centroderechista Víctor Andrés García Belaúnde.
Los líderes de las bancadas legislativas iniciaron este lunes una reunión para debatir el mensaje de Vizcarra, encabezados por el presidente del parlamento, el fujimorista Daniel Salaverry.
En caso de disolver el Congreso, Vizcarra debe convocar a nuevas elecciones legislativas en cuatro meses más, escenario que la oposición no desea debido al alto nivel de desaprobación del parlamento (82%) y de Keiko (80%).
Las elecciones legislativas y presidenciales deben efectuarse en 2021.
El mandatario también anunció que convocó al Congreso a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta de reforma, lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde el 8 de julio.
El escándalo provocó la caída del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi. Hay 12 magistrados detenidos, entre ellos el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos.
También fue suspendido un juez de la Corte Suprema, César Hinostroza, mientras que el fiscal general, Pedro Pablo Chávarry, está en el ojo del huracán y un creciente coro de voces pide su renuncia, a lo que él se niega.
Vizcarra destacó que el caso de las comprometedoras grabaciones de conversaciones telefónicas de jueces estalló 18 años después del escándalo de los ‘Vladivideos’, la difusión de videos grabados por el entonces jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, que dejaron al desnudo una corrupción generalizada y condujeron a la caída de Alberto Fujimori.
“Han pasado ya 18 años desde que el país fue consciente de la grave crisis institucional. Sin embargo, hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido?”, se preguntó.
Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum, dijo este domingo que espera convocar a la consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores (la primera ronda será el 7 de octubre).
La aprobación popular de Vizcarra subió 11 puntos en agosto para alcanzar 46% tras su propuesta de reforma, según Ipsos.
Fuente: Diario Clarín y AFP.

La cuestión de confianza no era necesaria

EDITORIAL DE LAMPADIA
Es muy preocupante que el presidente Vizcarra haya cedido al graznido de los halcones para lanzarse a la aventura peligrosa de la cuestión de confianza en torno al referéndum.
Máxime cuando, como veremos, algunos de los argumentos del Presidente no son ciertos y una eventual disolución del Congreso –si se negara la confianza- haría imposible la ejecución del referéndum antes de mediados del primer semestre de 2019, manteniendo el statu quo judicial.
Se dijo desde un comienzo que la cuestión de confianza se plantearía si el Congreso denegaba los proyectos de reforma o no los procesara. Pero ocurre que la Comisión de Constitución tuvo su predictamen sobre la reforma del CNM listo el martes pasado. No se pudo aprobar en la sesión del martes porque no hubo acuerdo. Sin embargo, sobre la base de esa discusión y de las críticas y aportes formulados, la Comisión elaboró una nueva propuesta (que adjuntamos), que debía ser discutida y aprobada hoy en la Comisión de Constitución, y el martes mismo se empezaría a discutir el proyecto de restablecimiento de la bicameralidad. ¿El Presidente desconocía esta información?
No solo eso. En su mensaje a la Nación, el presidente argumentó no solo que no se había avanzado –lo que no es cierto, como hemos dicho- sino que se había desnaturalizado la propuesta original. Dijo: “Los peruanos no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas”. Efectivamente, el predictamen establecía eso, a propuesta del congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú según se ha informado. Grave error. Pero esa disposición fue criticada en el debate y hubo consenso en retirarla, y eso se anunció desde ese mismo día.Entonces el presidente Vizcarra sabía perfectamente, desde hace 5 días, que esa disposición ya no formaba parte del predictamen. El hecho de que la invoque como causal de la cuestión de confianza, revelaría que este recurso tiene en realidad una finalidad política más que realmente constructiva.
El Presidente se ha convertido en un aplicado populista. Agregó en su mensaje que “es inaceptable que se proponga impedir a los nuevos titulares del Consejo Nacional de la Magistratura investigar los actos de corrupción cometidos con anterioridad. Eso equivale a garantizar la impunidad, y constituye una burla a la voluntad ciudadana de transparencia y lucha contra la corrupción”. Y tiene razón. El predictamen había cometido el error de eliminar esa disposición transitoria, pero luego de la sesión de la Comisión la disposición transitoria fue repuesta.
De lo que se desprende que los argumentos dados por el Presidente serían pretextos. Pretextos para forzar la aprobación sin discusión de los proyectos enviados y conquistar por esa vía, acaso, mayor aprobación popular. Eso tampoco es muy democrático.
La Comisión de Constitución había aprobado un cronograma para lograr que las reformas pudieran aprobarse a tiempo a fin de que llegaran al referéndum de diciembre, pese a que voceros de la propia bancada de PPK, como Juan Sheput, habían declarado que hay temas que necesitan mucha más discusión y debate y que no podrían aprobarse tan rápidamente. Y eso es puro sentido común.
Y lo que probaría la naturaleza puramente política –en el peor sentido del término- del planteamiento de la cuestión de confianza, es que, si esta fuera viable y el Congreso no diera la confianza al gabinete, el Congreso tendría que ser disuelto y entonces no habría Congreso que apruebe los proyectos que, por lo tanto, no se podrían llevar a cabo el referéndum. Absurdo. Pasarían cuando menos cuatro meses más antes de que se realice la elección del nuevo Congreso y habría que esperar un tiempo más a terminar el conteo y se instale el nuevo Parlamento. O sea, no habría referéndum hasta mediados del 2019, algo muy conveniente para mantener el statu quo y parar las indispensables reformas, y quién sabe si también otros procesos anti-corrupción. Y lleva a sospecha que lo que se buscaría no es la aprobación urgente de las reformas sino disolver este congreso para buscar una nueva composición política en el que resultare elegido.
Hay, por demás, un hecho también sospechoso que podría no ser casualidad. Y es que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, le solicitó en varias ocasiones al congresista Alberto Oliva (de PPK), presidente de la Comisión de Justica, que ambas comisiones sesionaran juntas para tener un solo dictamen y no dos, sabiendo que la comisión preeminente en este caso es la de Constitución, porque se trata de una reforma constitucional. Pero el congresista Oliva nunca quiso. Entonces cuando el viernes convocó a sesión de la comisión de Justicia, sin advertir en la agenda que se trataría el dictamen que a último minuto esa comisión había elaborado, casi idéntico al proyecto enviado por el Ejecutivo y distinto obviamente al de Constitución, los miembros de la comisión pertenecientes a Fuerza Popular se abstuvieron porque estaban en desacuerdo y no habían sido citados para ese fin ni conocían el predictamen. Esa abstención fue presentada por parte importante de la prensa y la televisión como que Fuerza Popular se oponía y rechazaba la reforma del CNM, cuando en realidad el dictamen principal, que ya estaba reformulado y listo, era el de Constitución.
Quizá fue una celada en la que los congresistas de Fuerza Popular cayeron incautamente. El hecho es que sirvió para crear el ambiente mediático para plantear la cuestión de confianza.
Es lamentable que esto esté ocurriendo. En lugar de llamar a los líderes políticos para concertar los proyectos, el Presidente ha optado por la confrontación, lo contrario de su mandato constitucional. El Congreso, sin embargo, no debe pisar el palito y debe aprobar hoy –en la Comisión de Constitución- el dictamen relativo a la reforma del CNM. Y debe concertar con el Ejecutivo el cronograma mencionado asegurando que se aprobarán reformas que, sin duda, son muy importantes para el país.
La apurada, ‘desinformada’ e inconsecuente intervención del presidente Vizcarra puede terminar creando todo lo contrario de lo que dice buscar, paralizando la urgente e importante reforma judicial.
Foto tomada del twitter de Augusto Hidalgo: goo.gl/EqYCuy.

La inverosímil cronología de la Interoceánica Sur

Odebrecht coimeó a Alejandro Toledo con $20 millones por la Interoceánica Sur. La pérdida social de la Interoceánica supera los $6,000 millones. Pero, robo al Perú no hubiera sido posible si Kuczynski y Proinversión no hubieran desechado objecciones de Contraloría en apenas 18 minutos.
En febrero de 2017, la confesión de Jorge Barata sobre la coima de Odebrecht a Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur causó un terremoto en la política nacional. A la natural vergüenza de haber tenido un presidente corrupto se le agrega el que la Interoceánica Sur es un elefante blanco. En efecto la pérdida social de haber hecho la Interoceánica Sur podría superar los 6 mil millones de dólares. Ver mis artículos del 25 de julio de 2015 (goo.gl/tI38ib) y del 11 de febrero de 2017 (goo.gl/UWQPX5) para más detalles sobre el despilfarro en la carretera.
Con Toledo prófugo, uno se pregunta por qué sus ministros o los miembros de Proinversión no se opusieron al despropósito que era la Interoceánica. Peor aún, uno queda sorprendido de constatar que en el gobierno de Toledo se hizo todo lo posible para que la carretera viera la luz del día contra viento y marea. En particular, llama la atención que Pedro Pablo Kuczynski y otros funcionarios del gobierno de Toledo eximieron a la Interoceánica Sur de pasar por el filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), elevaron el techo de endeudamiento público para construir la carretera e ignoraron las objeciones de la Contraloría en múltiples ocasiones.
Sin embargo, los sucesos del 4 de agosto de 2005, día en que se firmaron los contratos de la Interoceánica Sur, deben ser investigados por la Fiscalía. Lo más probable es que el 4 de agosto de 2005 varios funcionarios del gobierno de Toledo cometieron más de un delito con funestas consecuencias para la economía popular. Recordemos que el 23 de junio de 2005 se había dado la adjudicación de la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera. Los tramos 2 y 3 fueron ganados por un consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA. El tramo 4 fue adjudicado a Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao. A continuación, la cuasi fantástica cronología de lo ocurrido el 4 de agosto de 2005.
1. A las 10:00 de la mañana del 4 de agosto, en el salón Sevillano de Palacio de Gobierno, “se instaló el Comité de PROINVERSIÓN para dar inicio al cierre de la licitación y la firma de los contratos de concesión, tal y como consta en el “Acta de Fecha de Cierre de los Tramos 2, 3, y 4” de Proinversión.
2. A las 10:15 “el Presidente del Comité”, Sergio Bravo Orellana, “recibió la información de que se había recibido en mesa de partes de PROINVERSIÓN a las 10:02 horas” un Oficio de la Contraloría de fecha 3 de agosto en que se oponía a la firma del contrato pues Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero tenían juicios con el Estado peruano lo que las imposibilitaba de contratar de acuerdo a la legislación entonces vigente.
3. A las 10:40, “el Comité dispuso (…) suspender el proceso de firmas hasta que se cuente con las instrucciones correspondientes del Consejo Directivo” de Proinversión.
4. A las 12:30, según un reportaje de Cuarto Poder, el Consejo Directivo de Proinversión, presidido por PPK, se reúne en el MEF. Participan de la reunión Carlos Ferrero, José Ortiz y René Cornejo.
5. A las 13:05 se suspende la sesión del Consejo Directivo.
6. A las 13:27 se reanuda la sesión del Consejo Directivo pero ahora en Palacio de Gobierno. En el curso de 18 minutos, tal y como obra en la página 44 del Informe Pari de Junio de 2016, el Consejo realiza las siguientes acciones:
a) “…se comunicó a las empresas de las observaciones de la Contraloría y ellas respondieron por escrito”;
b) “…se le solicitó al asesor legal de Proinversión una opinión y este la respondió por escrito”;
c) “ …se solicitó una opinión legal de un estudio jurídico externo, se seleccionó al estudio y este alcanzó su respuesta”. Este estudio era el del doctor Juan Monroy.
7. A las 13:45 el Consejo Directivo de Proinversión expide el acuerdo 109-01-2005 que concluye que las objeciones de la Contraloría no son válidas y que se debe proceder con la firma de los contratos de concesión.
8. A las 13:50 se continúa con el proceso de firmas. Toledo, sus ministros, Barata y sus socios participan de la ceremonia de firmas en Palacio de Gobierno.
¿Es creíble que en el curso de 18 minutos se hayan podido realizar todas las acciones descritas en el punto 6 líneas arriba? ¿Cómo así, en apenas 1080 segundos, se solicitó la opinión del estudio Monroy, el estudio analizó el caso, recabó la información necesaria, emitió y redactó su opinión, y la hizo llegar, en físico, a la mesa de partes de Proinversión? ¿Es posible, en 18 minutos, absolver una consulta legal tan importante, redactar la opinión correspondiente y llevar la carta desde la Calle Roma 376, donde se ubica el estudio Monroy, a las oficinas de Proinversión en Canaval y Moreyra 150?
Si ello sucedió, la sesión del Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto debería ser la más eficaz, así haya sido para firmar contratos lesivos, de la historia del hombre sobre la tierra. Sin embargo, el sentido común sugiere que el Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto no hubiera podido, con las leyes de la física del universo en que vivimos, haber completado todas las acciones que se detallan en el acuerdo 109-01-2005.
El propio abogado Juan Monroy, en su testimonio en la Comisión Lava Jato del 27 de febrero de 2017, niega categóricamente haber sido capaz de redactar la opinión legal que sirvió de sustento al acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión del 4 de agosto de 2005. En las palabras de Monroy:
“(…) es que todo ocurre en 18, 20 minutos y todo eso bueno. Yo estoy afirmando desde el comienzo que este documento que yo produzco, debe haber sido entregado o el 9 o el 10 de agosto. Yo, hace doce años que ocurrió esto. Yo no tengo el documento. Si ahí en esa acta dice que es el mismo 4 [de agosto] es una mentira, porque no hay absolutamente nada que pruebe que eso ha ocurrido.
Además, no puede ocurrir por la cantidad de información que hay en la consulta. Es una consulta que es materialmente imposible que alguien la haya hecho. Inclusive es imposible que alguien se haya anticipado ¿por qué? Porque es el 3 de agosto cuando llega el oficio de la Contraloría diciendo ´tengan cuidado, no vayan a contratar con tal y tal porque tiene dificultades´ cuando ellos deciden hacer la consulta, Presidente. Entonces, se pone uno a trabajar y hace eso. 
Si ahí aparece que el día 4 tiene un informe, eso es absolutamente falso, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, lo estoy sabiendo en este acto, y se lo ratifico. ¿Por qué? Porque es un imposible. Este documento no puede trabajarse así. No puede uno ir a partida registral. Son cinco expedientes judiciales, seis en realidad expedientes judiciales que hay que revisar. (…)
…y cuando aparece ahí en el acta que ese 4 de agosto hay una consulta, todo lo que hay es un pedido. No hay absolutamente ninguna consulta porque es imposible, es materialmente imposible. No hay que jugar con los tiempos. No hay que hacer ucronías. No tiene ningún sentido. Este trabajo que yo hice, para esta consulta, puede haber tomado 6 u 8 días, señor congresista. Eso es lo que toma, además, para cualquier persona razonable y diligente.”
¿Qué dicen nuestras autoridades presentes y pasadas? ¿Podrían Kuczynski y los otros funcionarios involucrados decirnos la verdad por favor? ¿Hubo presiones de Toledo en Proinversión? ¿Por qué parece que, lejos de oponerse a la Interoceánica, Proinversión marchó al ritmo de la samba delincuencial que Barata le tocaba a Toledo? ¿No es hora ya de decir realmente lo que pasó? El sueldo que ganan nuestras autoridades, así como las enormes pérdidas causadas por la Interoceánica, salen del bolsillo del ciudadano.
Año y medio despues de la confesión de Barata, Alejandro Toledo se pasea a sus anchas por los Estados Unidos: ha sido visto departiendo con amigos, compartiendo cenas y licores, y viajando por norteamérica. ¿Cuál ha sido el esfuerzo e interés de los gobierno de Kuczynski y Martín Vizcarra en extraditar a Toledo?
Fuente: Blog de Juan Mendoza www.juanmendozaperu.blogspot.com
El Acta de Fecha de Cierre de Proinversión está en: goo.gl/Plbt1J.
El vínculo al reportaje de Cuarto Poder es: goo.gl/W0dZOQ.
El informe de Juan Pari se puede encontrar en:  goo.gl/cEBKij.
Parte del testimonio de Juan Monroy: goo.gl/ZlsSUy.

COMISIÓN “LAVA JATO” CONFIRMÓ QUE EMPRESA DE PPK RECIBIÓ MILLONES DE DÓLARES DE ODEBRECHT

Entre el 26 de noviembre del 2004 al 30 de julio del 2017, la empresa First Capital, vinculada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y su socio/empleado chileno Gerardo Sepúlveda, recibió del Grupo Odebrecht aproximadamente unos US$ 4`945,653, conforme obra en la documentación bancaria analizada por la comisión parlamentaria que investiga el caso “Lava Jato”.
Según informó el diario Expreso, en ese período First Capital recibió por parte de la Concesionaria Trasvase Olmos una suma ascendente a US$ 1´059,836 por asesorías financieras. Por la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2, First Capital recibió US$ 18,500 en el año 2008.
En lo referido al Gasoducto Sur Peruano, Odebrecht depositó un total de US$ 127,750 a First Capital Inversiones entre julio y diciembre de 2012. Los pagos habrían sido realizados por la elaboración de asesorías en las que participó Gerardo Sepúlveda, socio de PPK, y relacionadas con la estructuración de la intervención de Petroperú en el proyecto de transporte de gas al sur del país.
La comisión encontró que, pese a estas millonarias operaciones, First Capital Inversiones no cuenta con autorización para realizar actividades de estructuración financiero en el Perú ni cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC), por lo que no ha realizado pago de tributos en el Perú.
Fuente: www.manifiestoperu.com

PIDEN ACUSAR CONSTITUCIONALMENTE A HUMALA Y SEIS EXMINISTROS POR ESTAFA DEL GASODUCTO DEL SUR

La comisión parlamentaria que investiga el llamado “caso Lava Jato” aprobó el informe final sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano, en el que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala y a seis exministros de su gobierno, por haber impulsado esta iniciativa solo para beneficiar económicamente a la transnacional brasileña Odebrecht.
Según el diario Expreso, el documento recomienda solicitar a la Fiscalía que inicie una investigación a la exPrimera Dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos al tener un grado de participación en los tratos para beneficiar a Odebrecht con este proyecto tan demandado por las regiones del sur.
El Gasoducto Sur Peruano (GSP) fue investigado por la citada comisión debido a que su presupuesto pasó de US$ 1,400 millones a US$ 7,328 millones, convirtiéndolo en el proyecto más caro en la historia peruana.Proyecto de Gasoducto Sur Peruano fue el más caro de la historia del Perú
En su informe final, el grupo presidido por la congresista Rosa Bartra (FP) recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala Tasso al haber favorecido un “proyecto lesivo para los intereses del país”.
Igual recomendación es efectuada en el caso de los exministros Luis Castilla Rubio (Economía); Jorge Merino Tafur (Energía y Minas); Eleodoro Mayorga Alba (Energía y Minas); René Cornejo Díaz (Vivienda); Juan Benites Ramos (Agricultura) y Milton Von Hesse La Serna (Agricultura y Vivienda).
Ellos habrían cometido el presunto delito de colusión agravada al haber facilitado la concesión de un proyecto con condiciones negativas para los intereses del país y en beneficio de la constructora brasileña Odebrecht.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Exfuncionario de Alejandro Toledo dirige campaña para recolectar firmas pro referéndum

Rodríguez Rabanal se hace el independiente, cuando estuvo vinculado a gobiernos corruptos

Hace unos días se anunció la conformación de un “Comité Ciudadano para el Referéndum” que ayudaría al gobierno en la tarea de recoger firmas e impulsar las reformas de la justicia y de la composición parlamentaria. Preside la iniciativa Roberto Rodríguez Rabanal del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP).
Esta persona es un sociólogo de quien se recuerda su paso como funcionario en el gobierno de Alejandro Toledo, donde fue presidente del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas (Patpal), cuando esta entidad pertenecía al gobierno central.
De hecho, su paso por esta entidad que administra el conocido zoológico capitalino estuvo acompañada por cuestionamientos pues un informe de auditoría interna del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) encontró que había cobrado más de 150 mil soles en remuneraciones que no le correspondían.
Por ello, terminó destituido por orden de la entonces ministra, Ana María Romero, y su caso fue derivado a la Contraloría General de la República, donde no le pasó nada pues el contralor Genaro Matute era amigo personal de Toledo. A eso se suma que César Rodríguez Rabanal, su hermano, era asesor en Palacio de Gobierno.
Culminado el gobierno toledista, Rodríguez terminó recalando en el partido Fuerza Social, de Susana Villarán, con quien se conocía desde los tiempos del Parque de las Leyendas, y en el Partido Nacionalista, donde llegó a formar parte del comité electoral donde postulaba Gonzalo García-Núñez, quien luego recaló en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
En los últimos meses, Rodríguez Rabanal estuvo en el entorno del partido Nuevo Perú, que lidera Verónika Mendoza, llegando incluso a ser voceado como candidato en elecciones internas de la izquierda para elegir al candidato a la alcaldía de Lima. Hoy se hace el independiente cuando, al contrario, está ligado a políticos investigados por recibir dinero de constructoras brasileñas.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Detenido José Cavassa exige garantías para su vida

José Cavassa Roncalla, quien cumple prisión preventiva por ser presunto miembro de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, pidió garantías para su vida tras haber revelado que asesoró al partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK) para la campaña presidencial del 2016.
Tal como informó Correo, Cavassa Roncalla declaró ante el fiscal adjunto Henry Amenábar que brindó consultorías para los personeros de ese partido en las regiones del país “por autorización del entonces jefe de campaña, Gilbert Violeta López”.
Humberto Abanto -abogado del también sindicado de haber sido operador de Vladimiro Montesinos en la ONPE- expresó a Correo que la vida de su patrocinado corre peligro por las condiciones carcelarias en las que se encuentra en el penal Ancón I.
“Él está detenido con un régimen de máxima seguridad, que le impide hasta recibir periódicos. Ni el terrorista Abimael Guzmán tiene eso. Por eso pedimos garantías para su vida”, explicó Abanto.
En esa línea, advirtió que su defendido “está a merced del Ejecutivo” por la denuncia que realizó ante la Fiscalía.

INVOLUCRADOS EN TROMPO

El analista político Fernando Rospigliosi indicó que resulta “sorprendente” que el partido Peruanos Por el Kambio haya contratado a José Cavassa, a sabiendas de que se trataba de un “conocido operador político delincuencial en el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos”.
“Los responsables son los jefes de campaña, que fueron Gilbert Violeta, hasta mediados de febrero … y Mercedes Aráoz, que fue la directora de personeros”, apuntó.
“Todos ellos tienen que saber y responder por eso (contratación de Cavassa)”, añadió.
Sobre el pedido de garantías para la vida de Cavassa, Rospigliosi dijo que lo solicitaría por haber delatado a altos funcionarios del Gobierno.

CUELLOS BLANCOS DE CHOQUEHUANCA

Según la fiscalía, Cavassa habría sido un operador en la Corte del Callao para gestionar favores políticos a fin de manejar la designación de magistrados en beneficio propio o de terceros.
Para lograr su cometido, se habría valido del detenido Walter Ríos y de miembros del CNM también involucrados en la citada organización delictiva.
Fuente: Diario Correo.

Fiscal Pablo Sánchez no interrogó a Alfredo Thorne por el “Caso Chinchero”

Trece meses han transcurrido desde que salió a la luz un audio donde Alfredo Thorne, entonces ministro de Economía, habría presionado al contralor Edgar Alarcón para que evacuara un informe favorable sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco). Sin embargo, poco o nada se ha hecho por profundizar las investigaciones.
¿Hubo un desinterés de parte de la Fiscalía, en aquel entonces al mando de Pablo Sánchez Velarde, por ahondar en las pesquisas?
En un reportaje presentado por el dominical “Panorama”, se enfatiza en que, pasado más de un año de la divulgación de la charla entre Alfredo Thorne y Edgar Alarcón, lo único que se ha hecho es solicitar al extitular del MEF sus descargos por escrito. Es decir, la Fiscalía no interrogó al exfuncionario de Estado y no volvió a pronunciarse sobre el caso. 
“Si usted me dice, ‘oiga, pero el doctor Sánchez también habría incurrido en responsabilidad por no haber investigado’, probablemente  y eso deberá ser investigado y esclarecido en su momento”, sostuvo el abogado Luis Vargas Valdivia. 
En el audio, que luego provocó su renuncia, Alfredo Thorne usó el nombre del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para pedirle una promesa al contralor a favor de Chinchero y a cambio darle una partida presupuestal a su despacho.
“A simple vista sale a relucir que habría habido un poco interés en que esto se dilucidara lo más pronto posible”, señaló el abogado penalista Luis Lamas Puccio. 
Hace unos días, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, dispuso abrir investigación preliminar contra el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Eduardo Thorne Vetter, por el delito de cohecho en agravio del Estado.
Fuente: Diario Correo.

Peirano y Rodríguez: colaborador eficaz detalla cobro de coimas y repartición de dinero

Cuarto Poder tuvo acceso al testimonio de un colaborador eficaz clave del caso de ‘Los cuellos blancos del puerto’, encabezado por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos.
El colaborador 0108-2018, que sería del círculo cercano de Ríos, detalla paso a paso cómo operaba esta red de corrupción chalaca. Este testimonio se dividiría en tres partes.
Nombramientos de fiscales y jueces a cambio de dinero, empresarios que obtuvieron favores en sus procesos judiciales y el detalle de los integrantes de la organización criminal liderada por Walter Ríos.
Por ejemplo, se relata que Armando Mamani Hinojosa, quien postulaba a fiscal adjunto anticorrupción de Tacna, buscó a Walter Ríos por intermedio de su asesor, Gianfranco Paredes, para que lo ayudara con su nombramiento.
Según detalla el colaborador eficaz, Ríos contaba con el apoyo de Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez. Contó que Ríos le solicitó a Mamani cuatro botellas whisky etiqueta azul, vinos y pago de almuerzos para los consejeros. Además de 10 ‘verdecitos’ como garantía para asegurar su ingreso.
Relató que el 26 de abril, Ríos, Mamani y Miguel Torres Reyna [asesor de Marcelo Herbert Cubas], se reunieron en un restaurante y este último le habría dado al postulante a fiscal cuatro preguntas que se le iban a hacer el día de la entrevista. Mamani Hinojosa pagó la cuenta por un monto aproximado a 500 soles.
Tras la elección de Mamani, detalló que este almorzó con Walter Ríos, Luis Díaz Asto, entonces asesor de Duberlí Rodríguez, y el alcalde de Tacna, Luis Torres Robledo, quien pagó la cuenta. Ese día el colaborador indica que le dio seis botellas de vino a Ríos y efectuó un depósito de 10 mil soles adicionales en la cuenta de Gianfranco Paredes, como agradecimiento a la gente del CNM.
Sobre la repartición del dinero, se señala que John Misha Mansilla, chofer del expresidente de la Corte Superior del Callao, fue el encargado de llevar los sobres con dinero para los asesores del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Hebert Marcelo Cuba y Orlando Velásquez. Señala además que Pablo Morales, asesor de Velásquez, habría recibido 3000 soles por su gestión. Esto fue negado a Cuarto Poder por Morales.
Otro caso, fue el del Lidia Farfán Espinoza, juez supernumeraria en el Callao, quien le habría pagado 16 mil soles a Walter Ríos, en dos partes, por su designación.
Favores a amigos
Entre otros casos, según el colaborador, a fines de 2017, Ríos favoreció al gerente de Enapu Callao, Javier Prieto Balbuena, amigo de Julio Gutiérrez Pebe, en una demanda de reincorporación de trabajadores a cambio del nombramiento del fiscal Mamani.
En esa oportunidad, según se cuenta, la jueza Rosario Quijano favoreció a los trabajadores, por lo que Ríos la removió del cargo y nombró en su lugar a Orestes Vega Pérez, cuñado de su chofer John Misha. Tras una apelación, Vega le dio la razón a Enapu.
Hijo de Duberlí Rodríguez pidió ayuda al círculo de Ríos
El colaborador eficaz declaró ante el Ministerio Público que Javier Rodríguez Gómez, hijo del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pidió ayuda al círculo de Walter Ríos para que interceda a su favor en un proceso por minería ilegal procedente del Cusco.
Para ello se entrevistó con Gianfranco Paredes, asesor del juez Walter Ríos. En marzo del 2017 se ordenó la devolución del mineral.
El colaborador reveló que, tras el pago de 50 mil dólares, la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao, presidida por Daniel Peirano Sánchez, favoreció a la empresa Aram Asset Management, que exigía la devolución de oro incautado por el Estado peruano. Ríos habría cobrado por este asunto.
El colaborador detalla también que Walter Ríos contrató durante su gestión a 23 personas bajo la modalidad de terceros, todos recomendados de importantes personajes de la judicatura nacional. Entre ellos, Henry Quevedo Quiroz, recomendado de Orlando Velásquez y Milagros Díaz Morales, hija de Luis Díaz Asto, asesor de Duberlí Rodríguez.
También se detalla el momento en que Ríos se dio cuenta que sus conversaciones eran escuchadas por el Ministerio Público. Indica que la información fue comentada por el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza al hermano de Duberlí Rodríguez, José Luis Rodríguez Tineo, en una fiesta donde asistieron los miembros del CNM.
Hinostroza le habría dicho a Ríos que vería la forma de ver el tema con el fiscal Rodríguez Monteza para manejarlo, declarar nula la investigación y archivarla.
El colaborador contó que entre ellos comentaban quién habría sido la persona que filtró los audios a la prensa. Tanto Hinostroza como Ríos llegaron a la conclusión que el fiscal supremo Pablo Sánchez habría sido quién entregó los audios a IDL Reporteros.
Arreglo de expedientes a empresarios amigos
El testimonio indica también que el empresario pesquero Óscar Peña pagó 30 mil dólares a Walter Ríos y otros 30 mil dólares al juez Fernando Salinas Valverde para declarar fundadas las acciones de amparo interpuestas por su empresa LSA Enterprises Perú SAC en contra del Ministerio de la Producción para continuar operando en el mar peruano.
Fuente: www.americatv.com.pe

VINCULADOS A LAVA JATO Y DEFENSORES DE PPK DETRÁS DE CAMPAÑA CONTRA FISCAL CHÁVARRY

Para la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero, personajes vinculados al escándalo de “Lava Jato”, a las consorciadas peruanas y políticos comprometidos con la compra de votos en el Congreso para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski estarían detrás de una “campaña” en contra del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.
En declaraciones a diario Exitosa, Ampuero afirmó que las denuncias contra el magistrado obedecen al temor que existe entre los personajes comprometidos con las constructoras brasileñas y sus consorciadas peruanas, pues ha dado muestras claras de avanzar en las investigaciones del caso de millonarios sobornos pagados por estas empresas a personajes políticos y empresarios del país.
La abogada dijo que no solo los implicados en la investigación de Lava Jato muestran su interés en apartar del cargo a Chávarry, sino también los personajes comprometidos con la “compra” de votos congresales” para impedir el segundo pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.
“Es importante salvar la institucionalidad del Ministerio Público y que se realicen las investigaciones, como corresponde, en el caso del fiscal Chávarry”, indicó.
Añadió que “lo ideal sería que no regrese Pablo Sánchez, sería nefasto”, tras recordar que durante su gestión como fiscal de la Nación poco o nada se avanzó en las investigaciones de los actos de corrupción de las empresas brasileñas.
Caso contrario sucedió con el fiscal Pedro Gonzalo Chávarry, que apenas se hizo cargo del Ministerio Público tomó acciones inmediatas y nombró al fiscal Rafael Vela en reemplazo de Hamilton Castro, que lideró el equipo de investigación del caso Lava Jato y no obtuvo los resultados esperados.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Los Cheques de Cavassa

Asesoría en PPK coincidió con tacha de Julio Guzmán. Su comité fue desactivado antes de balotaje.

José Luis Cavassa se convirtió en el César Hinostroza de la semana: el personaje de quien hay que alejarse.
Desde el 29 de julio se encuentra con prisión preventiva por su vinculación con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, evidenciada en los CNM-audios.
El viernes 7 declaró al fiscal Henry Amenábar, de Lavado de Activos, que durante la campaña de 2016 trabajó y capacitó a los personeros de Peruanos Por el Kambio (PPK). Preparó a los jefes territoriales para apelar y tachar las actas, y contar y verificar votos.
Cavassa fue el mandamás de la ONPE en tiempos de Vladimiro Montesinos y fue procesado por las firmas falsas de la re-reelección. La Fiscalía pide 30 años de cárcel por ayudarle al exgobernador de Áncash, César Álvarez, a lavar coimas de Odebrecht. Su influencia en la CNM y ONPE para beneficiar la inscripción del partido Podemos Perú del excongresista José Luna, precedió el escándalo de los audios.
LA TACHA DE GUZMÁN
¿Se limitó a capacitar personeros? Su período de asesoría, de noviembre de 2015 a abril de 2016, coincidió con el huaico de diez tachas que sacaron de carrera al candidato Julio Guzmán. Una la interpuso Antonio Sigifredo Castillo Miranda, presentado por la prensa como militante de PPK. Mercedes Aráoz anunció que sería separado, pero no estaba oficialmente inscrito. Por el contrario, en septiembre de 2016, fue nombrado director de la Oficina de Coordinación Descentralizada del Organismo de Formalización de la Propiedad (Cofopri), cargo que ocupa hasta la actualidad. Además, es nada menos que candidato de PPK a la alcaldía de San Juan de Lurigancho.
Copia de uno de los tres cheques girados a Cavassa proporcionados por la ONPE.
LOS CHEQUES DE CAVASSA
Cavassa dijo que “para que se me cancelen mis pagos, coordinaba con el abogado Carlos Portocarrero, quien era el personero legal de PPK… Para ello llamaban a Gilbert Violeta o, en su defecto, a su hermana Giovanna”.
El congresista Violeta negó conocerlo (su contratación “fue un error, mas no un delito”) y le pasó la pelota al exministro de Trabajo Alfonso Grados, quien fuera gerente de la campaña. “Al señor Cavassa no lo conozco, no he hecho nada con él”, respondió Grados.
Portocarrero fue también el “jefe político de personeros” y, según él, la contratación de Cavassa fue una decisión exclusivamente suya.
En registros de la ONPE figuran tres recibos de US$ 1,840 emitidos por Cavassa y los tres cheques correspondientes (23/12/2015, 7/3/2016, 11/4,2016), girados por José Alberto Labón y Jesús Sierra, tesorero y secretario de finanzas de PPK, respectivamente.
En sus recibos Cavassa declara el concepto de “asesoría y capacitaciones en Defensa del Voto del Partido, a nivel nacional”.
A poco menos de un mes de la segunda vuelta, en un comunicado del Comando Nacional de Personeros de PPK del 9 de mayo de 2016 firmado por Pedro Pablo Kuczynski, Violeta, Aráoz, Martín Vizcarra, Luis Dyer y Portocarrero se informa que “el cargo de Jefe Político de Personeros y Comité de Defensa del Voto queda desactivado de forma automática”.
Es decir, desaparecieron el comité en el que trabajó Cavassa. Según una fuente de Palacio de Gobierno, “lo expectoraron cuando en el comando de la campaña supieron de su existencia”.
Fuente: Revista CARETAS.
Cavassa, con 36 meses de preventiva. Derecha, “Fue un error, no un delito”. Congresista Violeta dijo que no conoce a Cavassa.

Cavassa reveló en la Fiscalía que trabajó para PPK durante la campaña del 2016

Según el “Operador” de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, sus pagos los autorizaba el actual congresista Gilbert Violeta.
José Luis Cavassa Roncalla, detenido en el operativo del pasado 29 de julio por el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, se le señala como el nexo entre los exvocales del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez y Guido Aguila y el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo. El acta fiscal de su detención  califica a Cavassa como “una persona con influencias del más alto nivel de funcionarios en el sistema judicial”.
El día de hoy viernes 7 de septiembre, durante más de cuatro horas, Cavassa soportó un exhaustivo interrogatorio por parte del fiscal Henry Amenábar, adjunto de la Fiscalía Provincial de Lavado de Activos que dirige el fiscal José Domingo Pérez sobre su participación en las campañas electorales.
Casi en la mitad del interrogatorio soltó una bomba que aquí reproducimos:
Respuesta a la pregunta 14:
-“Mi contratación para el partido Peruanos por el Kambio (PPK) fue aprobada por el propio partido… porque los pagos me los hacían con fondos del partido. Estos pagos fueron debidamente informados a la Sunat”.
-“Para que se me cancelen mis pagos, coordinaba con el abogado Carlos Portocarrero quien era el personero legal de PPK… Para ello llamaban a Gilbert Violeta o en su defecto, a su hermana Giovanna. Ellos eran quienes autorizaban y gestionaban mis pagos”.
Minutos antes de esta respuesta, Cavassa había señalado lo siguiente:
Respuesta a la pregunta 9:
-“Durante la campaña electoral del 2016 no he tenido vínculo alguno ni relación con Fuerza Popular, dado que en la última elección presidencial trabajé para el partido Peruanos por el Kambio en el área de capacitaciones para los personeros de mesa. El propio partido me contrataba”.Curiosamente, el Comando Nacional de Personeros de PPK tuvo entre sus líderes a los empresarios Samuel Dyer Ampudia y Samuel Dyer Coriat, colaboró codo a codo con el actual presidente Martín Vizcarra en su calidad de jefe de campaña. Una foto de un almuerzo de celebración de este comando de personeros aumentó en varios decibeles el escándalo del Caso Chinchero. Cavassa tenía a su cargo la charla de instrucción a los jefes territoriales, a quienes aleccionaba en un primer momento sobre la estrategia a seguir para apelar y tachar las actas electorales. En un segundo momento, los entrenaba para seguir el conteo y verificación de los votos.
Sobre su relación con el fiscal Tomás Gálvez Cavassa señaló lo siguiente:
Respuesta a la pregunta 8:
-“Conozco a Tomás Aladino Gálvez desde el 2014; quien me lo presentó fue el exministro Absalón Vásquez, a quien conozco desde hace 15 años aproximadamente. Ambos tuvimos un juicio por el caso de las “Firmas falsas” del partido Perú 2000”.
Cavassa, al negar las imputaciones del fiscal Tomás Gálvez precisó:
Respuesta a la pregunta 6:
-“Lo que ha declarado Tomás Gálvez respecto a mí es falso”.
Respuesta a la pregunta 7:
-“Tuvimos amistad hasta los primeros meses de este año (2018). Él, y su hermano y amigo, el abogado José Luis Castillo Alva, han desatado una campaña mediática en mi contra tratando de ocultar su participación real y comprobada de los hechos investigados con el expresidente de la Corte del Callao”.
Sobre su presunta relación con el partido Fuerza Popular o con Keiko Fujimori, Cavassa respondió lo siguiente:
Respuesta a la pregunta 1:
-“No conozco a Keiko Fujimori, ni a Mark Vilanella, ni tampoco a Juan Carlos Luna Frisancho”.
Respuesta a la pregunta 10:
-“En la campaña del 2011 no trabajé para ningún partido. He realizado consultorías individuales a candidatos a congresistas. Ninguno de estos congresistas es de Fuerza 2011 o de Fuerza Popular”.
Respuesta a la pregunta 11:
-“No he tenido ni tengo vínculo alguno con congresistas, dirigentes, líderes o voceros del partido Fuerza Popular”.
Respuesta a la pregunta 12:
-“No conozco a (Lucho) Mejía, ni a Adriana (Tarazona), Antonietta, Cecilia, Herrera, tampoco a Jaime ni Joaquin Ramírez”.
Respuesta a la pregunta 13:
-“En ningún momento el vocal César Hinostroza me ha mencionado quien es la señora K”.
Respuesta a la pregunta 15:
-“No tengo vínculo con algún otro dirigente, líder, vocero o congresista de ese partido”.
Sobre su pasado Cavassa confirmó:
Respuesta a la pregunta 2:
-“Desde el año 1995 hasta el año 2000 trabajé como gerente de Gestión Electoral en la ONPE”.
Respuesta a la pregunta 3:
-“En esta época no existía en la ONPE la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios”.
Respuesta a la pregunta 4:
-“Desde el año 2009 al 2016 no tuve ningún vínculo con gente de la ONPE ya que todos los que trabajaron en su gestión fueron cesados de esta institución para que ingrese la gente de la ONG Transparencia”.
Respuesta a la pregunta 5:
-“No conozco ni a Magdalena Chu ni a Mariano Cucho, exjefes de la ONPE”.
Fuente: www.gatoencerrado.net

Por Karem Barboza Quiroz-Diario El Comercio.
Marcelo Odebrecht, CEO de la constructora transnacional brasileña, entregó nueva documentación sobre el presunto pago de US$3 millones que realizó a la campaña electoral del ex presidente Ollanta Humala, en el 2011.
Según reportó el portal brasileño Estadao, el CD con correos electrónicos y muestras de las transferencias realizadas por los funcionarios de Odebrecht, fueron presentados a los fiscales de la Fuerza de Tareas Lava Jato de la Procuraduría General de Brasil.
El detalle de las muestras referidas a Ollanta Humala se encuentran consignadas en el anexo 4.2.5 del documento entregado por Odebrecht. Se hace referencia a 9 informes obtenidos de la copia espejo del software “My Web Day B”, donde la constructora registró de manera encriptada los pagos ilícitos que hacía.
Según se relata, Odebrecht consignó pagos a la campaña de Humala bajo el “codinome” o código “Campanha NAC 3” que había sido manejado a través de Antonio Palocci. Esta operación era conocida como “La Obra Italo-Italiano-Elección Perú”.
Como se recuerda, según la declaración que Odebrecht prestó a las autoridades peruanas y de lo que El Comercio informó; su empresa entregó US$3 millones de dólares para que Humala solventara su campaña electoral.
Parte del dinero, indicó a los fiscales peruanos y también brasileños, se lo entregó a Nadine Heredia, esposa del ex presidente.
En estos nuevos documentos, publicados por el portal brasileño, se señala que la operación bajo el código “Campanha NAC 3” era para “El programa OH”, que Marcelo Odebrecht consignó en su agenda electrónica como parte del dinero que se envió para la campaña presidencial en Perú.
Las coordinaciones de Marcelo Odebrecht con sus funcionarios para el proyecto con Humala en Perú -según los correos electrónicos entregados- iniciaron en mayo del 2011 y así también los pagos como se mostrará más adelante.
Incluso, Odebrecht les da instrucciones a Luiz Antonio Mameri (ex director de Odebrecht en América Latina y Angola) y Benedicto Barbosa Da Silva Junior (ex-presidente de Odebrecht Infraestructura) para apurar las coordinaciones con Humala, puesto que OAS les podría ganar esa plaza.
Correos electronicos de Marcelo odebrecht a sus funcionarios para que apresuren las conversaciones con Ollanta Humala.
De acuerdo con los documentos, ello fue a petición del Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente brasileño Lula Da Silva (hoy preso por corrupción) y que salieron de la Caja 2 de la constructora.
Lista de pagos entregados por Marcelo Odebrecht a la justicia de Brasil (Fuente: Estadao).
-Pagos a través de terceros-
Los pagos para la campaña de Humala que ascendieron a US$1 millón 939 mil 846.38 según los documentos entregados en Brasil, se hicieron a través de la cuenta de la compañía peruana Construmaq SAC de Gonzalo Monteverde Bussalleu.
También se reportan cuatro pagos más entre junio y noviembre del 2011 que ascienden a US$1 millón 160 mil dólares. Todo ello llega a sumar US$3 millones 99 mil dólares.
Monteverde Bussalleu, según la investigación fiscal en nuestro país, fue el que recibió la mayoría de los pagos ilícitos que hizo Odebrecht y que fueron repartidos para diversas obras. También se hicieron otras transferencias en julio, agosto, setiembre y octubre del 2011 que ascienden a US$1 millón 239,896.38:
Ordenes de pago realizados por Odebrecht para la campaña de Ollanta Humala, según Marcelo Odebrecht (Fuente: Estadao).
Así, el documento de Odebrecht señala que en el mes de mayo del 2011 se hicieron tres pagos que suman en total US$700 mil:
Ordenes de pago realizados por Odebrecht para la campaña de Ollanta Humala, según Marcelo Odebrecht (Fuente: Estadao).
Este diario trató de comunicarse con la defensa legal de Humala Tasso y de su esposa Nadine Heredia, sin éxito.
-Otras obras-
Cabe indicar que en los correos electrónicos y muestras de pagos que entregó Odebrecht también figuran las transferencias que se hicieron por las Obras Carhuaz donde está investigado el expresidente regional César Álvarez, la investigación de la Carretera Interoceánica y del Tren Eléctrico.
Ordenes de pago realizados por Odebrecht para la campaña de Ollanta Humala y otras obras en el Perú, según Marcelo Odebrecht (Fuente: Estadao).
Ordenes de pago realizados por Odebrecht para diversas obras en Perú, según Marcelo Odebrecht (Fuente: Estadao).

Crimen de lesa humanidad: hallan responsabilidad de Ollanta Humala en caso Madre Mía

Por Airon Nelson-Diario Perú21.
El primer capítulo del borrador del informe final elaborado por la comisión Madre Mía, correspondiente a los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la base contrasubversiva del mismo nombre –en Huánuco, durante 1992–, encuentra responsabilidad directa, de estos hechos, en el ex presidente Ollanta Humala.
Fuentes de este grupo informaron a Perú21 que los testimonios de soldados, que declararon de manera reservada, junto al de otros testigos, dieron cuenta de que el ex jefe de Estado, efectivamente, era conocido como el ‘Capitán Carlos’, personaje que ordenó dichos crímenes.

Documento

La primera parte de este capítulo fue revisada en este grupo de trabajo, que preside el congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular (FP).
Según detallaron nuestros informantes, solo se ha modificado la redacción del documento en algunos aspectos, pero no los temas de fondo.
Sin embargo, la revisión continuará, y luego se acordarán las conclusiones y recomendaciones.
Esta comisión espera que el miércoles se inicie el análisis del segundo capítulo, dedicado a la compra de testigos para que modifiquen sus versiones durante el proceso judicial que se le siguió al ex mandatario entre 2006 y 2009.
La revisión de la tercera y última parte del borrador del informe final, que trata sobre la actuación de los magistrados que tuvieron en su poder el caso Madre Mía, se iniciaría el jueves.
Cabe anotar que esta comisión tiene hasta el 7 de setiembre para presentar su informe final, el cual luego será debatido en el Pleno del Congreso. En mayo de 2017, el Parlamento aprobó la creación de dicho grupo, que tuvo inicialmente a la legisladora Úrsula Letona, de Fuerza Popular (FP), como presidenta.
En octubre de ese mismo año, la presidencia recayó en su colega Héctor Becerril (FP) y se decidió que Yeni Vilcatoma, entonces no agrupada, asuma la vicepresidencia.

Hamilton Castro figura en agenda de empresa OAS

Increíble. El nombre del fiscal Hamilton Castro Trigoso, entonces coordinador del equipo especial a cargo del caso Lava Jato, figuraba en una agenda de Franco Martín Burga Hurtado, representante de la empresa brasilera OAS, quien es investigado por supuestamente haberse coludido con otros para defraudar al Estado en el llamado “Club de la Construcción”.
La denuncia la hizo la fiscal provisional Rocío Balbín, exintegrante del equipo especial, en el programa de la periodista Milagros Leiva. Balbín precisó que el hecho –del que ella fue testigo presencial– ocurrió el 12 de enero pasado durante una serie de allanamientos que hizo el Ministerio Público en diversos inmuebles de las denominadas empresas consorciadas.
Ese día, al ingresar a uno de los inmuebles de OAS, el fiscal Hamilton Castro, el procurador y los abogados de la empresa revisaron una agenda de Burga Hurtado, y verificaron que el nombre del citado fiscal aparecía escrito con lápiz junto a varios WhatsApp y con cifras que estaban detalladas aparentemente en portugués.
EXPLICACIONES
El hecho, según Balbín, fue atestiguado por los abogados de las consorciadas, como de ICCGSA, Málaga y otras, y por el procurador público del caso Lava Jato que pidió que se levantara un acta y posteriormente presentó un escrito para transcribir los textos.
Balbín relata que los presentes sugirieron a Castro que se dejara constancia por escrito del incidente, pero el magistrado se negó y pidió que el hecho “quedara entre nosotros”.
A los integrantes del equipo especial y abogados el fiscal Castro intentó explicarles que quizá el motivo de que su nombre apareciera en la agenda se debía a que él, en algún momento, había entregado una tarjeta personal de presentación. Lo sorprendente es que ese mismo día, en otro inmueble allanado de OAS, se encontró una tarjeta de Hamilton Castro.
El hecho, ocurrido en medio de una crisis política generada por el indulto presidencial otorgado al expresidente Alberto Fujimori, fue conocido por la procuraduría pública y la fiscal Balbín afirma que consta en la carpeta fiscal respectiva. Pero no motivó comentario alguno ni una gestión del despacho del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.
¿SABÍA?
La fiscal Balbín recuerda que en los días previos al allanamiento a las sedes de las empresas consorciadas el fiscal Marcial Páucar Chapa las instruyó a ella y a la fiscal Mayra Melgar para que efectuaran coordinaciones con el fin de determinar qué fiscales los iban a apoyar en la operación.
Ellas le dieron los nombres de dos fiscales que tenían experiencia en esas intervenciones.
Entonces, prosigue, el fiscal Páucar le dijo que llamara al fiscal superior Rafael Vela Barba para que dispusiera de los dos fiscales y ella contactó a la asistente del magistrado, quien no tenía conocimiento de la diligencia y, por lo tanto, le pidió la resolución que ordenaba la intervención.
“Al darle cuenta al fiscal Páucar, este me dijo: dile al doctor Vela Barba que el pedido es de parte del fiscal de la Nación e incluso me lo apuntó”, sostiene.
“Con eso era evidente que las decisiones las tomaba Pablo Sánchez y yo soy testigo que en todo momento [el equipo especial de Lava Jato] ha coordinado con el entonces fiscal de la Nación”, enfatiza Balbín.
No es cierto cuando se afirma que cada fiscal tiene autonomía, añade.
COORDINACIÓN
Al hacer la gestión, continúa Balbín, “la secretaria del doctor Vela Barba se incomodó y el doctor Páucar Chapa me recriminó y me dijo que hubiera dicho que yo, una fiscal provincial adjunta, era la que estaba pidiendo a un fiscal superior que asigne a dos fiscales para una diligencia fiscal, un hecho que configura una falta total de respeto con un superior”.
La fiscal Balbín dice haber sido testigo de la forma en que el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez coordinaba y se mantenía al tanto “milimétricamente” de las acciones que realizaba el equipo especial encabezado por Hamilton Castro, un fiscal de su entera confianza que él mantuvo en el cargo pese a las críticas que se formulaban por su gestión.
Sin embargo, asegura que mientras ella fue parte del equipo especial de Lava Jato ha sido testigo de numerosas irregularidades y hechos graves que fueron puestos en conocimiento de sus superiores y la oficina de control. Estas actuaciones irregulares, asegura, favorecieron a algunos investigados y afirma tener pruebas que sustentan su denuncia.
“Presumo que algo oscuro ha pasado acá. Estoy convencida de que ahora, con la indignación de todos, la verdad saldrá a la luz”, enfatiza la joven magistrada.
Evidencias desaparecen
La desaparición de 16 pruebas lacradas que fueron incautadas en las oficinas de la constructora Andrade Gutierrez, denunciada el domingo pasado, ha encendido las alertas de la lucha anticorrupción en la Fiscalía y el sistema de justicia.
Exige garantías
La fiscal Balbín dice que, por todo lo que ella ha presenciado, no confía “en absoluto en los fiscales Pablo Sánchez, Hamilton Castro, Germán Juárez Atoche y Sergio Jiménez”. Además afirma que varios investigados en el caso Lava Jato han sido favorecidos y, por eso, ha solicitado garantías a las autoridades.
¿ALTERARON DOCUMENTOS Y DESAPARECIERON FIRMAS?
En el allanamiento del 12 de enero, cuando se intervino el inmueble de una de las empresas investigadas, se halló un folder rojo que contenía las declaraciones del colaborador eficaz 001-2015 y eso se registró en el acta de allanamiento que se lacró, recuerda la fiscal Rocío Balbín.
Cuando ella fue a la audiencia de comparecencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción y la defensa quiso hacer creer que esos documentos hallados eran de dominio público, que habían sido presentados por el fiscal Juárez “porque él estuvo a cargo de este colaborador eficaz”.
Sin embargo, en presencia de los funcionarios de control que acudieron a abrir cajas lacradas, la fiscal Balbín pidió al fiscal Juárez que se abstuviera de intervenir porque los documentos hallados tenían las firmas íntegras y no los sellos del Ministerio Público, un procedimiento establecido en una directiva para las investigaciones de lavado de activos.
Fuente: Diario Expreso.

OAS habría aportado a campañas de Humala, Villarán y Castañeda

La empresa OAS habría financiado las campañas políticas de Ollanta Humala Tasso, Susana Villarán de la Puente y Luis Castañeda Lossio, según se detalla en portugués en la agenda del representante de la empresa brasileña, Franco Burga Hurtado.
Fue el mismo fiscal Hamilton Castro Trigoso, excoordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato, quien indicó que estaba tratando con el empresario para acogerse a la colaboración eficaz, a cambio de brindar información sobre los presuntos aportes que habría hecho la constructora al expresidente de la República, así como de la exalcaldesa y al actual burgomaestre de Lima.
“En la agenda también se encontró los nombres de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán y Luis Castañeda. La colaboración eficaz de OAS no prosperó debido a que la empresa consideró que no existía, en aquella época, las condiciones jurídicas que permitiesen dicha figura”, puntualizó.
Castro comentó que no puede asegurar con exactitud lo que aparece en la agenda de Burga, ya que esta se encuentra en el idioma portugués, la misma que tendrá que ser transcrita por Equipo Especial para las respectivas investigaciones.
Asimismo, dijo que OAS estaba dispuesto a colaborar respecto a la obra del Hospital Lorena de Cusco, que tiene como principal investigado el expresidente Jorge Acurio y en que también aparece la frase “primera dama” (tendría relación con la esposa de Humala, Nadine Heredia Alarcón).
Precisó que en la agenda también aparece el nombre de Alexander Mendoza, quien fue un gerente comercial de OAS y Valdemir Garreta, publicista brasileño que se convirtió en colaborador eficaz de la Fiscalía peruana y brindó información muy importante. Garreta habría sido la persona que entregó los aportes que hizo la empresa a la campaña del nacionalismo.
Se defiende
Hamilton Castro respondió a las acusaciones de la fiscal Rocío Balbín, quien aseguró que su nombre fue encontrado en la agenda del representante de OAS.
“Si existe alguna anotación relacionada con mi persona muy posiblemente debe estar referida a las negociaciones que en su momento nosotros sostuvimos con los abogados y con algunos directivos de la empresa OAS para una posible colaboración eficaz”, enfatizó.
En otro momento, indicó que durante el allanamiento a la sede de OAS en el Perú, realizada en el marco del caso ‘Club de la Construcción’, se encontró diversidad de documentación, entre la que se encontraba una agenda del Sr. Burga, donde aparecía su nombre sobre anotaciones relacionadas a una negociación para una posible colaboración eficaz.
Por otro lado, mencionó que, durante una diligencia de deslacrado, explicó a los abogados por qué apareció su nombre en las agendas.
“Cuando hice la explicación a los abogados, uno de ellos, no recuerdo quien, había varios, entre ellos el representante de la Procuraduría Pública, me pregunta si iba a dejar constancia en el acta sobre las aclaraciones que hice y dije que no pues no lo vi necesario”, puntualizó.
Enviará carta notarial
El fiscal dijo sentirse indignado por lo declarado por su colega a quien aseguró le enviará una carta notarial. “Yo me siento indignado, me siento muy molesto con la señora Balbín. Le voy a cursar una carta notarial para que se tranquilice y se rectifique. No se puede mancillar mi nombre de esa manera”, refirió. Como se recuerda, Castro fue separado del Equipo Especial porque supuestamente no mostró un avance en las investigaciones que tuvo a su cargo relacionadas al caso Odebrecht. Ahora el nuevo coordinador es el fiscal Rafael Vela Barba.
Fuente: Diario Exitosa.

Por Luciano Revoredo- Laabeja.pe
En los últimos tiempos nuestra capacidad de asombro se ha visto rebasada ante los hechos de corrupción que se han destapado. Desde las millonarias entregas de Odebrecht y sus asociados peruanos a Susana Villarán, Toledo y Humala, hasta todos los “negocios” de Kuczynski, la compra de congresistas por el corrupto gobierno de PPK, con la participación de ministros, parlamentarios, asesores, etc.
Como si todo esto no hubiera sido suficiente se destapó la podredumbre del poder judicial. Quienes administraban la justicia eran auténticos delincuentes y tenían por cómplices a empresarios, lobistas y a periodistas, los llamados por el ingenio popular mermeleros.
Lo más lamentable es que muchos de estos corruptos se vendían como moralizadores. Eran los más preclaros representantes de la reserva moral del país. Se llenaban la boca denunciando la corrupción. Eran los más admirados por la caviarada. Se auto proclamaban representantes de la sociedad civil, moralizadores, auténticos Catones de papel. Pero se destapó el albañal y salieron todo tipo de miasmas y alimañas. Toda la putrefacción que estas mucas de traje y corbata o chalina verde habían ocultado en el fondo de sus oscuras conciencias.
Uno de los casos que promete y que recién se viene destapando es el de la joyita llamada Pedro Salinas, socio de Freddy Chirinos en la últimamente tan mentada CHISAC.
CHISAC en su web se define como especialista en el manejo de la comunicación externa de marcas, empresas o personas a través de la gestión y mantenimiento de relaciones con medios de comunicación. Así como en generar noticias a partir de las actividades de cada compañía y la gestión ante los medios de comunicación para la publicación de notas de prensa y/o entrevistas.
Es decir una perita en dulce para los corruptos. A cambio de un buen presupuesto CHISAC te lava la cara. Y vaya que así fue. No es de extrañar pues que el moralizador Salinas haya trabajado arduamente para lavarle la cara nada menos que a don Alan Azizollahoff, el responsable de la muerte de tantos jóvenes inocentes en la discoteca Utopía. Un buen fajo de dólares y Salinas se multiplica en cafés y cebichitos y bastante mermelada para que la imagen de Azizollahoff se levante, se limpie. Un trabajo notable. Un buen manejo de crisis.
Pero como bussines son bussines, eso no es nada, también hay que limpiar al Fiscal de la Nación. Al favorito de la caviarada, a don Pablo Sánchez, quien al ser denunciado constitucionalmente por su livianidad con la corrupción no tuvo mejor idea que recurrir a CHISAC, y otra vez el diligente Salinas se pisó los callos para convocar a un almuerzo con periodistas por el que cobró nada menos que 17000 soles, El menú: Brochetas de pescado con mermelada de sauco, el segundo Pollo al horno con legumbres y mermelada de moras y de postre panqueques con helado y mermelada de fresas. ¡Vaya chef el que contrataron!
Pero las sorpresas no paran. Recientemente ha twiteado el periodista e investigador Ricardo Escudero una nueva faceta del omnipresente Salinas y su socio Chirinos, como no podía ser de otra manera también prestaron sus servicios a Graña y Montero, la corrupta socia de Odebrecht en el Perú. Eran nada menos que los que estaban en la web de la empresa que decía textualmente que para información sobre Graña y Montero había que remitirse a Chirinos, Salinas & Associates Communication Consultant.
(Ver: https://twitter.com/PrimerPedal/status/1031551246820405249?s=19)
En su momento Chirinos aseguró a la caviarosa IDL que por sus asesorías electorales no cobraba. Claro había que esperar que uno de sus asesorados llegase al poder, es el caso del corrupto PPK, que lo llevó del brazo a las más altas esferas del poder. Pronto sabremos cuanto facturaron a la PCM en los días de PPK, pero ya nos dicen que fueron más de seis dígitos.
La podredumbre seguirá brotando como la putrescina de las tumbas. Estaremos vigilantes.

Agentes de inteligencia filmaron citas secretas de Walter Ríos con “clientes” y Mac Pato

Por Doris Aguirre- Diario La República.
Magistrado todo terreno. Expresidente de la Corte Superior del Callao, en horas de trabajo y con vehículos asignados para sus labores del Poder Judicial, se reunía con personas que pagaban sobornos por sentencias favorables. También mantenía encuentros furtivos en hoteles con mujeres con las que tenía vínculos laborales.

Las pruebas son contundentes. Además de las escuchas telefónicas de sus conversaciones que dejan en evidencia que negociaba fallos judiciales con abogados de procesados en su jurisdicción, el expresidente de la corte chalaca Walter Ríos Montalvo fue filmado varias veces cuando sostenía encuentros clandestinos con sus “clientes”, letrados o personas enjuiciadas que pagaban sobornos para obtener resoluciones beneficiosas.
Pero, además, los agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), quienes estaban a cargo del seguimiento de Ríos, también grabaron en video los encuentros del magistrado en hoteles con mujeres a las que ayudaba a conseguir puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, como consta en los diálogos telefónicos que le fueron interceptados.
Los agentes de la Digimin actuaron bajo las órdenes de la fiscal de Crimen Organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, quien dirige la investigación a “Los cuellos blancos del Callao”.
La República tuvo acceso a un video registrado el martes 9 de enero, a las 5 de la tarde. Los agentes de la Digimin detectaron la llegada de Walter Ríos al restaurante La Boutique del Pan, ubicado en la avenida Colonial 4816, en el Callao. No estaba solo, lo acompañaba el empresario Mario Mendoza Díaz. Ambos descendieron del automóvil Mercedes Benz gris C2L-500, de propiedad de Mario Mendoza.
Minutos después hizo su aparición la camioneta Hyundai blanca D5W-147, del que descendió el juez supernumerario del Callao, Julio Mollo Navarro, así como el juez superior de la Primera Sala Civil del puerto chalaco, Luis Pajares Narva. Ambos ingresaron en el restaurante donde los esperaba Walter Ríos. La reunión, según el video de vigilancia, duró 50 minutos.
De acuerdo con las escuchas telefónicas, Mario Mendoza buscaba que Ríos lo ayudara con expedientes judiciales de su interés, lo cual explica la presencia de Pajares. Cuando este diario buscó al magistrado, la Corte Superior señaló que había solicitado vacaciones.

Buen diente

Como parte del seguimiento de inteligencia, el miércoles 24 de enero Ríos fue filmado cuando salió a las 12 y 46 de la tarde a bordo de su vehículo oficial, conducido por John Misha Mansilla, rumbo a la sede del Ministerio Público ubicada en la avenida Santa Rosa, Callao.
En ese lugar lo esperaba un sujeto vestido de terno y los dos luego se fueron hacia el restaurante tailandés favorito del paladar de Ríos, el Siam Thai Cuisine, de la avenida Caminos del Inca 467, Santiago de Surco. Ingresaron en el local a la 1 y 39 de la tarde. Dentro ya lo esperaba nuevamente el empresario Mario Mendoza y otras cinco personas. Almorzaron y bebieron licor hasta las 3 y 40 de tarde.
La Digimin pudo identificar que entre los acompañantes de Walter Ríos en esa ocasión –de acuerdo al registro vehicular de cada uno– al parecer se encontraba el empresario Jorge Peramás Brugman. También había un vehículo de la empresa Mas Consulting Perú y un automóvil asignado al Poder Judicial.

Incursiones íntimas

La policía detectó por las escuchas telefónicas casi todos los movimientos de Walter Ríos. El martes 20 de marzo a las 10 y 30 de la mañana, el magistrado se dirigió a la plaza Matriz de La Punta para participar en una ceremonia cívica organizada por una agrupación de adultos mayores.
Por las escuchas se conoció que el expresidente de la Corte del Callao se reuniría al mediodía con una funcionaria de la corte chalaca en el hotel Nevado, ubicado en la cuadra 1 de la calle Talara, en La Perla, Callao. Luego de permanecer en el establecimiento durante dos horas, Ríos y su pareja se retiraron en una camioneta que el Poder Judicial le había asignado al juez. Esta vez, el vehículo era conducido por Jorge Granados Granados, el otro chofer de Ríos.
El 9 de enero de 2017, la funcionaria fue designada por Ríos como coordinadora 1 del Área de Servicios Judiciales y Recaudación de la Unidad Administrativa y Finanzas de la Corte Superior del Callao.
El 22 de marzo de este año, los agentes de la Digimin filmaron al magistrado cuando recogió en la cuadra 12 de la avenida Arica, en el Cercado de Lima, a una abogada.
Después de permanecer en el hotel Karioca’s, ubicado en el jirón Almirante Guisse, la pareja se retiró en un vehículo oficial del Poder Judicial conducido por John Misha, que los esperaba a dos cuadras del local.
Walter Ríos no tenía límites.