El banco de PPK en el negociado

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso.
Cada día que pasa el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) nos da nuevas sorpresas. Declaró ante el país entero que nunca estuvo en conflicto de intereses con el Estado que lo había acogido. Incluso en una declaración jurada dirigida por escrito a la Comisión Lava Jato del Congreso fue enfático: “Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas…”.
No era cierto. Y, como ya es público, su empresa unipersonal Westfield Capital Limited sí brindó asesorías a la constructora brasileña Odebrecht y como tal  percibió ingresos desde el año 2005 y se prolongó al 2006, es decir cuando se firmó la concesión y empezó la ejecución de los tramos 1, 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
¿Cómo fue esta historia? Resulta que en abril de 2005, la citada Westfield Capital Ltd de PPK –representada por Gerardo Sepúlveda– celebró contrato, junto con el Banco de Crédito del Perú, para asesorar a la candidata a concesionaria de las interoceánicas, la Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Pero el negocio no quedó ahí, sino que una vez conseguida la concesión y firmados los contratos de la buena pro el 4 de agosto de 2005, resulta que el 15 de julio del año siguiente, Westfield y la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., capitaneada por Odebrecht, firman un nuevo contrato para diseñar y negociar los CRPAO o Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el Pago Anual por Obras. Este contrato lo firmó la contadora de PPK, Dennise Hernández.
En cristiano, como se hablaba antes, los CRPAO no eran otra cosa que bonos bancarizables del Estado para que constructoras del corredor vial puedan usarlos ante su declarada insolvencia o falta de recursos para iniciar las obras.
¿En qué consistió esta asesoría de Westfield? Según el quinto párrafo del contrato, el objeto era prestar asesoría técnica para la evaluación, diseño, negociación e implementación de los CRPAO a cambio de un pago de US$ 300,000.00.
Sobre esto último existe una factura emitida por Westfield Capital Ltd. el 27 de diciembre de 2006 y una transferencia por dicho monto a la cuenta de la consultora, realizada el 17 de enero de 2007, ambas aludiendo al trabajo sobre los CRPAO, señala el informe congresal.
¿Pero no es que en esos meses de la firma del primer contrato en 2005, Kuczynski era titular del MEF y presidía el Consejo Directivo de Proinversión entre el 16 de febrero de 2004 y el 16 de agosto de 2005? Obvio. ¿No es que cuando se rubrica el segundo contrato el dueño de Westfield era presidente del Consejo de Ministros (del 16/8/2005 al 28/7/2006)? Claro que sí.

YA ESTABA EN TRÁMITE

Pero hay más sorpresas. Y es que a la fecha de la firma del contrato de la consultoría resulta que este mecanismo financiero de los CRPAO ya estaba acordado y en trámite.
Por tal razón es que los CRPAO se hicieron realidad el 26 de julio de 2006 al suscribirse la Adenda N° 3, como detallaremos líneas abajo, a escasos once días de la firma del contrato con Westfield.
Es más, según la comisión Investigadora del Congreso, el contrato con Westfield tuvo lugar cuando el proyecto de Adenda N° 3 y los CRPAO ya habían sido oleados y sacramentados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el MEF.
A tenor de las investigaciones, todo indica que Kuczynski no solo estaba al tanto, por sus conocimientos de finanzas, de la evolución de los citados CRPAO, sino que de acuerdo a informes que circularon entre el MEF, el MTC y Ositran de mayo a julio, su participación era evidente en el diseño de los citados bonos para Odebrecht.

CINCO BLINDADORES

La Adenda N° 3 de los famosos CRPAO y el cambio total del régimen económico no pudieron hacerse al margen de la coordinación de cinco instituciones, aparte de la PCM donde PPK era el titular, como también lo era de la Comisión de Alto Nivel pro concesión creada por la Ley N°28670, norma que se promulgó para blindar todos los actuados en la entrega de la concesión y excluir en sus funciones a la Contraloría.
Entre esas otras entidades nos referimos al MEF, donde Fernando Zavala era el titular, el MTC y Ositran. El cambio total del régimen económico y sus mecanismos “no pudieron surgir espontáneamente, para generar resultados tan rápidos como diseñar el bono bancarizable [CRPAO] en dos meses desde la solicitud de la concesionaria”, señala el Congreso.

CON MENOS DEL 3 % DE LA INVERSIÓN TOTAL

Ingresos garantizados con sobornos
La historia de la desnaturalización del contrato.
Para entender mejor esta famosa Adenda N° 3, que desnaturalizó el contrato original, es necesario hacer un recuento de las dos que le antecedieron.
Mediante la Adenda N° 1 para los tramos 2 y 3 del corredor vial Sur, el Gobierno reconoció como primer pago el llamado “Costo de Transitabilidad” que no estaba en el contrato original.
Era un reconocimiento de gastos por acondicionar vías alternas para garantizar el paso de los vehículos mientras la concesionaria construía la obra.
Este desembolso de parte del Estado peruano se acordó no obstante que las constructoras incumplieron la cláusula 3.3 del contrato que las obligaba a conseguir financiamiento de la banca privada para el inicio de sus actividades.
Este fue el momento en que se sentaron las bases para nuevas adendas con el argumento del nuevo proyecto de ingeniería de detalle y otros tecnicismos.
En la Adenda N° 2  se centraron en desarrollar lo referido al “costo de transitabilidad” e insistieron en los asuntos de “estudios definitivos ingeniería”.
Pero fue en la Adenda Nº 3, a dos días del cambio de mando presidencial y ante la insistencia de las constructoras de no contar con líneas de crédito ni recursos propios, que obligaron al Gobierno a crear los famosos CRPAO y los hicieron valores financieros bancarizables.
Esta adenda además desarrolló el nuevo concepto de “estudios definitivos de ingeniería” que se había esbozado en la Adenda Nº 1 e introdujo el llamado “Proyecto de Ingeniería de Detalle” (PID) que, en los hechos, daría lugar a un nuevo proyecto que superaba de lejos los cálculos de los términos de referencia de las bases del proyecto y del mismo contrato original.
Entonces, como regalo de fin de gobierno, Toledo y PPK modificaron totalmente el Régimen Económico del contrato y sus componentes.
Es decir, también cambiaron en favor de Odebrecht el procedimiento para el Pago Anual por Obras (PAO) y los famosos PAMO (Pago Anual por Mantenimiento de  Obra o el pago de peajes).
Tanto que en adelante los montos recaudados por concepto de peajes trimestrales debían ser depositados en la cuenta de Fideicomiso de Administración de Pagos para contribuir a pagar el PAO y PAMO a favor del concesionario.
Si acaso los ingresos de peajes no alcanzaron los montos acordados, el Estado estaba ahora obligado a “depositar en el fideicomiso los montos necesarios para completar los pagos de PAO y PAMO”.
Con un monto mínimo de inversión –que representaba menos del 3 % del presupuesto total de las obras– la retribución e ingresos estaban garantizados para la concesionaria, como se puede leer en los cálculos del Informe Lava Jato.
Y todo esto con pago de sobornos, como lo ha admitido el mismo Jorge Barata.

LA CONTRALORÍA

De forma que no era la inversión privada la que asumía los riesgos en la ejecución de las obras sino que era el Estado el que pagaba todo.
Asistimos de esa forma a la desnaturalización total de la concesión en tanto asociación público privada (APP). Esta fue la razón para que la Contraloría observe desde el comienzo el contrato.
El ente de control además señaló, en 2005, entre otras observaciones, que estaban en giro tres juicios entre el Estado y las constructoras Odebrecht , Graña y Montero S.A.A. y Constructora Queiroz Galvao S.A, hechos que no permitían, según la normativa, firmar contrato.
Amén de que indicó en ese entonces que el proyecto superaba el nivel de endeudamiento permitido por la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento, cifras que al final fueron “maquilladas” por el viceministro de Hacienda Fernando Zavala, brazo derecho de PPK, quien dijo que no se registrarían contablemente como deuda, sino como compromisos de pago futuro.

Firmantes y presentes

La aprobación del nuevo contrato, o Adenda N° 3, se consumó “con la presencia y voto favorable de los ministros: Pedro Pablo Kuczynski Godard (ministro de Economía y Finanzas), Carlos Ferrero Costa (presidente del Consejo de Ministros), David Lemor Bezdin (ministro de Producción), José Ortiz Rivera (ministro de Transportes y Comunicaciones) y Glodomiro Sánchez Mejía (ministro de Energía y Minas), integrantes del Consejo Directivo de Proinversión”.
“También estuvieron presentes el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo Díaz; el director ejecutivo adjunto, Jorge León Ballén; Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura y Activos; Cecilia Blume Cilloniz, jefa del gabinete de asesores del MEF”, dice el  informe del Congreso.

Salvador Heresi: “Gilbert Violeta ha tenido que renunciar a la vocería de PPK por errores que ha cometido”

En un enlace telefónico con Canal N, el exministro de Justicia, Salvador Heresi, tuvo duros comentarios en contra de Gilbert Violeta, quien durante una entrevista en el mismo canal, dijo que la salida de la bancada del exministro de Justicia estuvo motivada por discrepancias en la conducción. En palabras de Violeta: “En todo grupo siempre hay ambiciones, celos, envidia. No voy a entrar en el detalle de eso. Cuando yo les he dicho a mis colegas, si alguien tenía algún cuestionamiento conmigo, me lo dice: ¿Gilbert puedes dejar la vocería del partido? Acá está, le pongo un lazo de regalo y te lo entrego”.
Heresi no demoró en contestar: “Lo veo muy exaltado a Gilbert Violeta. Entiendo que él ha tenido que renunciar a la vocería de la bancada de Peruanos Por el Kambio por errores que ha cometido en la conducción de la bancada y que han sido una serie de críticas, no solo de mi parte, sino de varios congresistas renunciantes y no renunciantes de la bancada. […] Quiero recordar que el señor Pedro Pablo Kuzcynski sabe de nuestro trabajo y del trabajo que se ha realizado a lo largo y ancho del país cientos de militantes para formar un partido político que requiere de un trabajo instituciones y de reingeniería.
En otro momento, Heresi dejó un claro mensaje. “El señor Gilbert Violeta por las acusaciones de cupos, hay cosas por las que sí tiene que responder por la contratación de un señor que está preso, que se apellida Cavassa, y que todos conocemos su trayectoria, en la campaña electoral de Pedro Pablo Kuzcynski, donde él fue jefe de campaña. Yo estoy hablando que el partido tiene que hacer un deslinde claro con la corrupción y tiene que hacer una refundación”.
Todo esto habría sido provocado luego de que Gilbert Violeta acusara al parlamentario de tener intenciones de quedarse con la presidencia del partido. “Se lo digo al Salvador Heresi, que está criticando cincuenta cosas del partido y que es Secretario General del partido y quiere tomar la presidencia del partido, ahí está. Yo no voy a pelear porque para mí los cargos no hacen a las personas. Si yo quiero hacer política en este país, lo voy hacer y no necesito ser presidente del partido, ni congresista, ni vocero. |…] Si el señor quiere tomar la presidencia del partido, Salvador, tómala.”, manifestó.
Fuente: Diario La República.

Violeta: Mercedes Aráoz quería que se exculpara de toda responsabilidad a Alan García

Por Oscar Rosales– Altavoz.pe
Peruanos Por el Kambio se encuentra atravesando una de sus mayores crisis políticas. Gilbert Violeta renunció a la vocería de la bancada oficialista debido a las críticas que se habían hecho en su contra desde su propio partido.
De acuerdo al congresista de la bancada de gobierno, él decidió renunciar a la vocería de Peruanos Por el Kambio tras oír las críticas que le había hecho la parlamentaria Mercedes Aráoz.
“He sido muy crítica y lo he dicho públicamente, que la gestión, el liderazgo de la vocería [de Gilbert Violeta] ha sido penosa para decir lo menos. No ha coordinado, se ha perdido la coordinación, las reuniones de bancada para coordinar hemos perdido el equipo técnico que teníamos”, señaló Aráoz en el programa “Punto Final”.
Según Gilbert Violeta, lo que ha molestado a Mercedes Aráoz ha sido que el equipo técnico de Peruanos Por el Kambio encontró que Alan García tenía responsabilidad política y penal en el caso Lava Jato.
“Lo que a ella le ha incomodado es que el equipo técnico de la bancada haya hecho un informe que concluía, en el caso ‘Lava Jato’, responsabilidad política y penal contra el expresidente (Alan) García. Ella no estaba de acuerdo con ese informe del equipo técnico, ella quería que se le exculpara de todo tipo de responsabilidad”, aseguró el exvocero de Peruanos Por el Kambio.

Referéndum 2018:
La Junta Nacional de Justicia NO tiene representación de los Colegios Profesionales.
La NO reelección es peligrosa porque produce un parlamento inexperto. Los ciudadanos debemos decidir quién se queda y quién se va.
NO a 50 senadores más, porque estamos Chihuán.

Chávarry presentó denuncia constitucional contra PPK, Araoz y Bruce

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), los legisladores oficialistas Mercedes Araoz y Carlos Bruce y otros por el presunto caso de compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente.Otras personas incluidas en la denuncia son el ex ministro de Agricultura, José Arista; el suspendido legislador Bienvenido Ramírez y la parlamentaria Marita Herrera. Estos dos últimos son no agrupados y conformaban parte del bloque del también suspendido Kenji Fujimori.
De acuerdo a la denuncia, a PPK se le imputa ser “instigador” de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado.
A Araoz, en su condición de ex primera ministra, y a Bruce, como ex titular de Vivienda, se les imputa ser autores de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.A Arista se le señala como cómplice secundario de la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico impropio.
Asimismo, a Bienvenido Ramírez y Marita Herrera se les imputa, en su condición de parlamentarios, la presunta comisión de delito de cohecho pasivo impropio.
En su escrito dirigido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, Chávarry sostiene que “la presente investigación versa sobre presuntos actos de corrupción en los que se encuentran involucrados desde el más alto funcionario del Estado y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo”. Ante ello, le solicita admitir la denuncia constitucional.
—Antecedentes—
Como se recuerda, el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) mostró en una conferencia de prensa en marzo pasado, junto a otros miembros de su bancada, diversos videos y audios que revelarían que se ofrecieron prebendas a algunos parlamentarios a cambio de que votaran en contra de la vacancia de PPK.
Un día después de la presentación de dicho material, PPK presentó su renuncia a la Presidencia de la República, por lo que el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumió su cargo.
Cabe resaltar que por este mismo caso, en agosto pasado, Pedro Chávarry formalizó una denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.
Fuente: Diario El Comercio.

Lista de 117 supuestos implicados

Cabe recordar que los casos que más personas denunciadas registran son Interoceánica y Gasoducto del Sur. El primero con 39 acusados, mientras que el segundo con 21.
En los proyectos de las IIRSA, la comisión atribuye al prófugo expresidente Alejandro Toledo cuatro delitos: colusión, cohecho tráfico de influencias y lavado de activos. En tanto, a Jorge Barata y a los exrepresentantes de las consorciadas de Odebrecht se les imputa los presuntos delitos de colusión y lavado.
En la lista de acusados también figuran los entonces ministros Fernando Zavala y Pedro Pablo Kuczynski. Ambos sospechosos de haber cometido los delitos de cohecho y colusión.
Políticos
El expresidente Ollanta Humala está incluido como responsable penal en tres casos: gasoducto, Centro de Convenciones y Olmos.
En total, se le acusa por dos presuntos delitos: colusión y negociación incompatible.
Por su parte, la ex primera dama Nadine Heredia está comprendida en los informes de los casos Hospital Lorena y gasoducto. Se le atribuye los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
Fuente: Diario Gestión.

Por Yeni Vilcatoma-Diario Expreso.
Hoy nuestro país vive una crisis aguda respecto al sistema de justicia, las autoridades sufren del descrédito y de la baja aprobación de la opinión pública y es por eso que necesitamos instituciones más sólidas e independientes. No es correcto que las cabezas de otras entidades pidan la salida de sus representantes; no podemos interferir en instituciones autónomas que deben luchar contra la corrupción.
Es sabido que dentro del Ministerio Público (MP) existe una pugna por el poder y quieren la cabeza del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Es cierto también que tiene duros cuestionamientos, pero permitamos que haya un debido proceso y una correcta investigación que determine responsabilidades, de esa manera se podrá definir su permanencia o su salida del cargo.
El Presidente de la República ha pedido en dos ocasiones la renuncia del fiscal Chavarry, la primera fue el 2 de octubre en una visita a Huancayo y la segunda el 29 del mismo mes y desde Palacio de Gobierno. Ante estas declaraciones, el fiscal de la Nación respondió duramente y le recordó las 46 denuncias que tiene en su contra y pidió que respete las instituciones y la democracia, pronunciamiento que fue duramente cuestionado.
Esta semana la declaración del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva fue un chantaje. El fujimorismo pidió, en su etapa de cambio a cargo del congresista Miguel Torres, dialogar con el Gobierno y pactar una agenda en común, a lo que Villanueva respondió, en clara alusión a las denuncias contra Chávarry en el Congreso, “Está en sus manos. Imagino que lo harán y ahí conversaremos”. Claramente se nota un interés en la salida del fiscal. Pues al parecer el Gobierno quiere un fiscal de la Nación a su medida, ¿Acaso hay miedo de alguna investigación en el MP? El que nada debe nada teme.

Nombramientos ‘exprés’ en la Fiscalía

Mientras todo el país está que revienta por el caso de los audios que comprometen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a magistrados del Poder Judicial (PJ), el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, que está de salida, se ha dedicado a firmar resoluciones de nombramiento de nuevos fiscales de su entorno, incluso solicitando al CNM que sea sin concurso, según sus propias normas, publicadas en el diario oficial El Peruano.
Es el caso de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2549-2018-MP-FN, del 16 de julio de 2018, publicada al día siguiente en la gaceta oficial, mediante la cual se traslada al fiscal Samuel Agustín Rojas Chávez de Junín a Lima, pero con la exigencia al CNM de que se le exonere de concurso en su nueva plaza.
Lo delicado es que Sánchez Velarde, en el Artículo Décimo Octavo de la citada resolución, no se limita a “poner a conocimiento del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura” el nuevo nombramiento, sino que le solicita que “que extienda nuevo título a favor del magistrado mencionado [Rojas Chávez]”.
Por su importancia lo transcribimos textualmente:
“Artículo Décimo Octavo.- Poner a conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de que extienda nuevo título a favor del Magistrado mencionado en el artículo tercero de la presente resolución; por los motivos expuestos en la parte considerativa”.

EN 72 HORAS

Pero lo curioso, más allá del mencionado pedido, es que ese traslado a Lima solo era formal, en el papel, porque ya había sido ubicado en la capital el 13 de julio, mediante otra norma, como está escrito en la resolución fiscal Nº 2500-2018-MP-FN.
Es decir Rojas ya laboraba como fiscal adjunto superior provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima y “como Adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación”.
Dicho de otra forma, mientras el fiscal en mención aparentaba estar en Junín, como fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada, para luego ser nombrado “en el Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada” de Lima, a este magistrado Sánchez Velarde “ya lo tenía en Lima viendo expedientes sensibles de enriquecimiento ilícito”, señaló una fuente del Ministerio Público que solicitó el anonimato.
Estando en estos niveles de responsabilidad, sin concurso alguno, en 72 horas le han dado un despacho de crimen organizado con competencia nacional, dejando de lado a fiscales adjuntos provinciales con una amplia trayectoria en crimen organizado, quienes se enfrentan a las balaceras, las amenazas de juicios, entre otros peligros de sus vidas por la proliferación del sicariato, y no son promovidos.

MALESTAR

De otra parte hay malestar en el equipo de los fiscales de crimen organizado contra Sánchez Velarde. Uno de los problemas es que una fiscal superior María Maguiña Torres  archivó el caso del clan de los Sánchez Paredes, incriminados en narcotráfico y lavado de activos, en 10 días en el año 2012, cuando el titular de esa dependencia, Jorge Chávez Cotrina, estaba de vacaciones.
En el caso de los Sánchez Paredes, como es público, el entonces fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, le dio un respaldo implícito no solo a María Maguiña Ramos, al archivar la denuncia que llegó a su despacho, sino al equipo de dicha fiscal que encabezaba Kelin Cárdenas.
Pero las consecuencias de esa decisión recién se deslizan ahora. Y esto porque la Fiscalía Suprema de Control Interno había iniciado una investigación a la fiscal adjunta Maguiña Torres y esa sería la razón del porqué el Ministerio Público informó que la ha retirado del sistema de criminalidad organizada.
Pero acá no queda la historia porque su asistente, una muchacha de nombre Kelin Gloria Cárdenas, quien había proyectado el escrito del archivamiento, resulta que el CNM la nombra fiscal adjunta provincial de crimen organizado.
Si bien dicho documento fue firmado por la fiscal Maguiña, en los archivos consta que lo elaboró un equipo a dedicación exclusiva que, junto a la asistente de función fiscal Kelin Cárdenas, lo integraban Katherine Blas, Karen Mercado y Silvia Díaz.
Y en mayo del año pasado, Sánchez Velarde, sin que Cárdenas tenga mayor experiencia en crimen organizado, “en el sentido que nunca ha sacado un caso importante ni ha ganado juicios”, según se dice en el mismo Ministerio Público, la nombra fiscal provincial de crimen organizado.
Y hace pocos días, en la vorágine de cambios en los días finales del saliente fiscal de la Nación,  “la ha nombrado fiscal adjunta superior para que trabaje en el Despacho de Chávez Cotrina”.
Eso está precisamente en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2522-2018-MP-FN, de fecha 13 de julio de 2018, publicado en el diario oficial el 17 de julio último, que en su artículo 1º da “por concluida la designación de la abogada Kelin Gloria Cárdenas Sánchez, Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lima”, y la nombran “Fiscal Adjunta Superior Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima”.
Hasta acá, para muestra, dos botones.

DECENAS DE NOMBRAMIENTOS

Los citados nombramientos han aumentado las suspicacias porque se dan en un contexto de la publicación de una lluvia de otras designaciones y destituciones que están en blanco y negro en el diario oficial El Peruano en los últimos días del mandato de Sánchez Velarde.
Los archivistas y conocedores del Ministerio Público han detectado alrededor de 50 normas legales publicadas en la gaceta oficial. Si vemos la edición del martes 17 de julio de 2018 encontramos 17 resoluciones de creación de distritos fiscales, como en Lima Sur y Lima Este y el cese de nombramientos y designaciones de fiscales, aceptación de renuncias, traslados y nuevos nombramientos.
En la edición de El Peruano del 14 de julio hay nada menos que 23 resoluciones del Ministerio Público de la misma naturaleza de ceses y nuevos nombramientos, de creación de una nueva fiscalía penal en Santa Anita, con la sola excepción de un cese por motivo de fallecimiento en Apurímac.
Para todos los casos de cambio, recambio y expectoración el argumento es similar. Arguyen que están “atendiendo y trabajando en base a las atribuciones de la Fiscalía de la Nación”. ¿Cuáles son esas?: “convertir, suprimir, trasladar y modificar plazas fiscales de acuerdo a las necesidades del servicio”.
Y para “las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas Contra la Criminalidad Organizada –añaden– se encuentran afrontando una recargada labor, ello proveniente de los juicios orales e incidentes tramitados bajo los parámetros del Código de Procedimientos Penales, así como la atención de los requerimientos de elevación de actuados de los dieciséis (16) despachos…”.

Apoyo al entorno caviar

Al interior de la Fiscalía se sabe que los nombramientos de última ahora tienen contenido político, es decir para favorecer a los amigos de Sánchez Velarde de la llamada “izquierda caviar”. Esto estaría pasando con la fiscal Jacqueline Julissa Pérez Castañeda, cónyugue del exprocurador Ronald Gamarra, quien ha sido designada como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal del Callao. Esto, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2579-2018-MP-FN, de  fecha 17 de julio de 2018.
La investigación iniciada por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao indica que la red de corrupción estaría organizada de la siguiente manera:
1) Red externa, conformada por abogados litigantes y empresarios.
2) Red interna, con la participación de personal administrativo y jurisdiccional de la Corte  del Callao, que tenía como “hombre clave” a su entonces presidente, Walter Ríos.
3) Red integrada por algunos funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Difunden audio entre Alarcón, Zavala, Thorne y Vizcarra

El audio de una conversación entre el contralor Edgar Alarcón, el primer ministro Fernando Zavala; el ex ministro de Transportes, Martín Vizcarra; y el ex titular de Economía, Alfredo Thorne, se difundió en el programa “Beto a saber” de ATV.
Se trata de un extracto de poco más de tres minutos. Se escuchan las intervenciones de los ministros, y solo en una sola ocasión al contralor mencionando la palabra “catorce”.
De acuerdo a la agenda de actividades del contralor publicada en el sitio web de la contraloría, el funcionario tuvo una reunión el 2 de mayo desde las 5 p.m. con el primer ministro en la sede de la PCM.
El contralor Alarcón ya hablaba de la posible existencia de un audio sobre esa reunión. Según dijo ese día a RPP, fue convocado para una reunión con Zavala para aquel 2 de mayo, pero -comentó- le sorprendió encontrar también a Vizcarra y Thorne.
EL AUDIO
A continuación la transcripción del extracto de la conversación difundida por el programa “Beto a Saber”:
Fernando Zavala: “Contralor, como le contaba, los dos ministros… Hemos conversado, hemos visto las desviaciones [sic] que nos han mandado, les ha llegado a 10 funcionarios, creo…
Edgar Alarcón: Catorce…
Fernando Zavala [A Vizcarra]: Catorce. Queríamos comentarle un poquito. Como le comentaba al contralor que el tema es tan importante que le he pedido que él mismo se involucre porque, realmente, lo que salga de aquí… va a marcar la pauta de las negociaciones para el Perú en los próximos años. Habíamos identificado algunas cosas dentro de las desviaciones, digamos, otras son de la letra pequeñita.
Martín Vizcarra: Contralor, como dice el premier, eso es fundamental porque detrás de Chinchero están entrando todos los proyectos medianos, grandes, y, efectivamente, necesitan algunos cambios en las condiciones que encontramos para tirarlos adelante. Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está entrando, a ver cómo, cuál es el desenlace porque son funcionarios públicos y no quieren tampoco estar en problemas, nosotros aquí tenemos los…
Fernando Zavala: Como veo el tema del contralor, yo creo que hay como 4 grandes contratos del estado que no estaban perfectos: Chinchero, el del GSP, Línea 2 y Talara. GSP cometieron un error, nosotros lo aprovechamos hasta el final.
Martín Vizcarra: Jorge Chávez
Fernando Zavala: Pero eso viene de hace once años.
Martín Vizcarra: Ah ya.
Fernando Zavala: Estos cuatro, si los ves, todos se hicieron en un año, año y medio. O sea, están desesperados por hacer el proyecto y sacarlos rápido y yo creo que ahí cometieron errores y lo que nos ha tocado a nosotros es muchas veces perfeccionarlo. En este caso Chinchero y el cierre financiero iba a ser una locura, se centró. En el tema de la Línea 2 lo que hemos encontrado es que el Estado se comprometió a entregar los 4,000 predios y no sé qué, y nadie se preocupó en darle los predios, pues. Ahora estamos atrasados y ellos piden ampliaciones, etc… Y en Talara es un proyecto, para mi gusto, que nunca se debió hacer, pero se hizo y ahora es más costoso salirse, así que tenemos que seguir para adelante de todo esto, estamos tratando de perfeccionarlo.
Martín Vizcarra: Se supone que la contraloría está bien. Entonces, para nosotros lo ideal sería que diga ‘hemos revisado todo y está todo bien’, eso sería lo ideal. Pero quizá la contraloría diga ‘Oye, la razón de ser de la contraloría es encontrar observaciones’. Si no encontramos nada entonces que diga pues, vamos a censurar algo. Que diga esto acá sí, pero lo superaremos de esta forma. Por decir, ‘Oye, seguimos pensando que a pesar de estar garantizado el adelanto, está esto no sé cuánto. Creemos que no es conveniente’, por decirte, ¿no?
Alfredo Thorne: Primero hay que ponernos de acuerdo. Y decimos OK. Hay que ponernos de acuerdo punto por punto. Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, esto se calculó bien, se calculó mal. Después ya vemos cómo salvamos aquí la cara y lo que sí es muy importante es lo que te dice el premier. Si nosotros entrampamos este contrato, todo lo demás se entrampa. Se entrampa la línea 2, se entrampa…

César Nakasaki asegura que declaraciones del testigo protegido de caso Keiko Fujimori no son válidas

El abogado César Nakasaki aseguró que la orden de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori carece de fundamento legal porque está basado, entre otros puntos, en las declaraciones de un testigo protegido que jamás ha sido interrogado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular.
En ese sentido, detalló que esa prueba legal para la orden del juez Richard Concepción Carhuancho es inválida de acuerdo con la ley porque todo abogado debe interrogar a la persona que acusa. Dijo que, en este caso,  Giuliana Loza, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, nunca ha tenido oportunidad de formularle alguna pregunta sobre las acusaciones en contra de su defendida.
“El problema es que el juez (Richard Concepción Carhuancho) no controla la legalidad de las pruebas. Él tiene muchas puebas que pueden ser útiles, interesantes, pero el primer examen de la prueba es ilegal. El testigo protegido, según la ley, no se puede conocer su identidad. Pero, no hay entrevista sin entrevistado, tampoco, hay testimonio sin interrogatorio y ese testigo jamás ha sido interrogado por la defensa, por lo tanto, esa prueba legal no existe”, sostuvo.
En otro momento, César Nakasaki volvió a cuestionar al juez Richard Concepción Carhuancho al considerar que éste no comprende el poder que tiene para determinar las sentencias.
“El proceso penal se ha creado para que solo el culpable vaya a la cárcel, entonces, mientras que no es culpable y si vamos a meter a la cárcel a una persona que se presume inocente, hay un doble de exigencias. Él no comprende que el poder que le dieron es solo para que le quite sus derechos al culpable”, remarcó.
Fuente: Diario Correo.

Si se acepta recusación contra Concepción Carhuancho se anula prisión de Keiko Fujimori

El abogado César Nakazaki calificó de “vital” la recusación que planteó la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra el juez Richard Concepción Carhuancho. Esta será decisiva en la permanencia de la lideresa de Fuerza Popular en la cárcel, afirmó.
“La recusación contra el juez ahora se vuelve vital porque si se declara fundada, se anula la prisión preventiva [de Keiko Fujimori]. Si se declara fundada es porque el juez no debía intervenir. El efecto es que tiene que retrotraerse [el fallo]”.
La defensa legal de Fujimori Higuchi planteó una recusación luego de que el juez Concepción Carhuancho fallara a favor de la detención preliminar por diez días para 24 implicados en el caso, incluyendo a la excandidata presidencial. La medida de privación de la libertad se cumplió parcialmente hasta que la Segunda Sala Penal de Apelaciones ordenó la liberación de Fujimori Higuchi y los demás investigados.
Según Nakazaki, Concepción Carhuancho debió esperar a que se resuelva la recusación en su contra para llevar a cabo la audiencia del pedido de prisión preventiva, pero ahora se puede observar “el apuro de la prisión preventiva de hoy”.
Además, recordó que el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo que investiga el caso Lava Jato, planteó a su vez una recusación contra la sala que anuló las detenciones preliminares, por lo que esta medida es otro factor que puede retrasar más el proceso.
Finalmente, Nakazaki explicó que la otra posiblidad es la apelación que ha presentado la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, tras el fallo de este miércoles.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Giulliana Loza: “Concepción Carhuancho no respetó lo que exige el Tribunal Constitucional”

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza , persistió en sus críticas contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, quien dictó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, y lo acusó de haber estado parcializado a favor del fiscal José Domingo Pérez.
Asimismo, consideró que el magistrado no respetó las disposiciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre los requerimientos que se deben cumplir para dictar una prisión preventiva.
“No ha respetado porque, lo que exige el TC es que motive cada uno de los presupuestos y no lo ha hecho. Lo único que se limitó a decir es que no coincide con los elementos de la defensa y le dio validez a los argumentos del fiscal (José Domingo Pérez)”, declaró Loza a Canal N.
Según la abogada de Keiko Fujimori, Richard Concepción Carhuancho cometió irregularidades al tomar su decisión a favor de la prisión preventiva como interpretar el testimonio de los testigos protegidos que presentó José Domingo Pérez.
“La interpretación no cabe sobre los elementos de convicción, sino lo que reflejan”, comentó.
Asimismo, cuestionó que el magistrado haya reconocido todos los arraigos a favor de Keiko Fujimori, pero aún así le haya atribuido comportamientos de terceras personas, como investigados en el caso ‘Club de la Construcción’ que huyeron de la justicia.
En ese sentido, Giulliana Loza manifestó que la apelación que han presentado contra los 36 meses de prisión preventiva debería estar siendo evaluada en los próximos días, luego que se definan las recusaciones que han presentado tanto la defensa, como el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba.
“Esperamos conseguir una decisión que ordene la libertad en segunda instancia. Vamos a refutar cada uno de los argumentos que presentó el magistrado […] Esperamos que sea lo más pronto posible. Los plazos del nuevo Código Procesal Penal son muy cortos. Calculo que en una tres semanas, aproximadamente”, indicó la defensora de Keiko Fujimori.
Fuente: Diario Perú21.

Mario Amoretti: “Se violó el debido proceso”

Yo soy fiel defensor del debido proceso y los principios. Aquí ya no me voy a referir a la responsabilidad o no de la persona. Hemos visto que a un autor de un hecho delictivo se le considera como testigo protegido. Eso significa impunidad y sentaría un mal precedente en el país.
El juez no puede, bajo la premisa de un testigo protegido, utilizar esa declaración para dictar prisión preventiva. Además, al haber fraccionado el caso y adelantar la decisión a Fujimori, se ha violado el debido proceso. ¿Por qué si se cita a una audiencia para once personas, después se suspende para dar lectura a la resolución de una sola?
Esto lo único que hace es favorecer a Keiko Fujimori porque esta resolución se tiene que anular, ya que, a mi parecer, se violó el debido proceso.
Fuente: Diario Perú21.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario Expreso.
La operación política “Tapa Jato” intenta proteger a los saqueadores de miles de millones de nuestro país, en contubernio con la mafia constructora brasilera. Dice el analista Víctor Andrés Ponce que “se viene el deslacrado del informe ‘Lava Jato’ que, según diversas versiones, se convertirá en una bomba nuclear en contra de las administraciones de Toledo, Humala, PPK y Villarán, así como de los grandes bufetes de abogados”.
Los “Tapa Jato” son una banda compuesta por periodistas amantes del dinero y no de la verdad y cuya incapacidad de análisis avergüenza, sumados a los naturales detractores del fujimorismo, de ciertos abogados y del deseo de la minoría parlamentaria para hacerse de la mesa directiva; de hecho, la noche del viernes estos se reunieron en casa de Víctor Andrés “Vitocho” García Belaunde para “conversar” sobre tal posibilidad.
“Tapa Jato” está encabezada por oenegés marxistas y su red de fiscales y jueces serviles, y cuenta con el respaldo de cierta prensa. Esta  banda ha montado una campaña de desprestigio contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, partido que encabezó la comisión “Lava Jato” y cuyas conclusiones no dejan pollo con cabeza en lo más alto del empresariado y políticos de diestra y siniestra.
El fiscal Domingo Pérez, cercano a IDL-Reporteros, ha montado un circo contra Keiko mientras Odebrecht estaría por hacerse de más de cuatro mil millones de dólares por la venta de algunas de sus obras en Perú. Así es la nuez. No es descabellado pensar que millones de dólares estarían pasando bajo la mesa para comprar periodistas, “testigos”, lobistas, fiscales, jueces y congresistas.
Si Vizcarra aspira al poder absoluto es solo para asegurarse el éxito de “Tapa Jato” pues estaría involucrado en algunos casos; solo esto explica su vocación de demoler la organización democrática, la división e independencia de poderes, el respeto a la presunción de inocencia, entre otros.
La democracia depende de frenos y contrapesos al poder de turno; requiere de jueces imparciales, transparencia de las cuentas públicas y una prensa libre, pero ¿qué tan libre puede ser una prensa subvencionada por el de turno?
La persecución contra Keiko y el fujimorismo no es casual. Aquí hay “criminalización de la política” como recientemente mencionó ella. Le achacan inexistentes delitos e inventadas vinculaciones con Montesinos. Se trata de asesinar su reputación al estilo de cualquier dictadura, pero la verdad saldrá a luz. Paciencia y Fe.

La Asociación Amigos de Lima Metropolitana, colectivo que se encargaba de administrar los aportes para la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Susana Villarán en el 2013, recibió en solo dos meses ingresos por S/1’800,000 a través de tres cuentas bancarias registradas, según da cuenta el dominical “Punto Final”.
De acuerdo con el programa de TV, entre el 6 de febrero y el 20 de marzo de 2013, en medio de la campaña por el No, en esas tres cuentas se registran ingresos que van desde los S/500 hasta los S/258,370, así como desde los U$240 hasta los US$87 mil. Ello a través de transferencias y depósitos en efectivo y en cheques.
Según el reportaje, esta información bancaria la posee el Equipo Especial del Caso Lava Jato de la fiscalía y no ha logrado ser sustentada por los dirigentes de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ante el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El colectivo actualmente se encuentra desactivado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Según la tesis fiscal, la información contenida en estas cuentas registradas a su nombre demostraría la vía a través de la cual la constructora brasileña Odebrecht derivó dinero para la campaña del No a favor de Susana Villarán.
En las cuentas mostradas también se registra la salida del dinero. Entre el 21 de febrero y el 22 de marzo se destinó casi la misma cantidad para pagos de avisaje publicitario y otros.
Además de ello, el Ministerio Público también da cuenta de que entre el 1 de marzo y el 4 de abril de 2013 hubo ingresos por un total de S/318,593.45. Sobre este monto, “Punto Final” señala que tampoco se ha rendido cuentas.
Se consultó sobre este tema a Lidia Huillcañahui, abogada de Susana Villarán, quien remarcó que su defendida “no ha dirigido” la Asociación Amigos de Lima Metropolitana.
“Ella no ha dirigido esa asociación, entonces, ella simplemente era la figura de la campaña. En todo caso, las personas idóneas para responder serían los que dirigían la asociación y explicar detalladamente el tema de los movimientos que se hayan hecho ahí”, refirió la abogada de la ex alcaldesa de Lima.
Fuente: Diario El Comercio.

Antipasto Gagá II

Por MARIELLA BALBI-Diario Perú21.
La situación política está más burbujeante que copa de champán. Nos dicen que el ‘recontrapotente’ tenor y congresista renunciante de las tiendas naranjas tuvo un tentador ofrecimiento: ocupar el sillón del Ministerio de Cultura. Do, re, mi, fa, sol. El cantor y político sueña y ‘resueña’ con un espectáculo de rompe y raja en el Gran Teatro. Laralí, laralá.
Un jurista de nota, zorro él, nos explicó “que tenía más que ‘manyado’ al fiscal Billy ‘The Kid’ Pérez. Facilito –afirmó–, fue a México querido, creó guerrilleros senderistas, despotricó contra el fiscal de la Nación y aquí no pasa nada, señoras y señores”. Preguntamos al letrado el porqué y dijo: “Ponte mosquita, pues. Tiene su ONG que lo defiende y ‘cacarea’ ante la CIDH, donde hay puro beluga”.
“¿Beluga?”, inquirimos desconcertados. “Bien lentita estás, ¿no? En esa comisión afirman que los críticos de Billy ‘The Kid’ Pérez lo están atacando y este pide garantías. Después, sus amigos ‘oenegeros’ lanzan el notición, la primicia, ya no ya. ¿Cuál? Que le forzaron la chapa de su ‘depita’ miraflorino”.
Y continúa: “Sus seres queridos estaban adentro y no sintieron ni chus ni mus. Andaban en otra. La fotito de la chapa se ve normalita nomás. Al toque sus ‘adús oenegeros’ publicitan el ‘pantallazo’ de un ‘traidorete’ o testigo protegido”.
“Sus amiguitos en los medios lo repican. ¡Campanazo! Los chats naranjas (si quieres ponerte fina, di ‘orange’ nomás) rajan de Billy ‘The Kid’ Pérez y además la China menciona al añejísimo y tozudo fiscal de la Nación”.
“No amerita cana lo dicho, pero se arma un escándalo mayúsculo. Gran emboscada. Billy ‘The Kid’ Pérez sabe que la extorsión funciona. Cantas todas tus mamaderas. Me recuerda a tu tío Vladi”. “¿Al mío?”, exclamamos. “Si no es tu pariente, no hagas tanto merengue. Lo que te digo, es”, espeta.
Nos cuentan que en los predios del Poder Judicial “están patidifusos por el torpedo de Billy ‘The Kid’ Pérez contra la vocal de la sala superior que sacó de cana a la China y otros. Asadazos están”, asegura un lorito ‘chismosón’. “Vincular a la dama con Los Cuellos Blancos del Puerto fue un poco demasiado, como dicen en mi tierra charapa”, finalizó.
Nos soplan al oído que “el Parlamento es un avispero. Mucho traidor. Han seguido el estilacho de PPK, comprar almas que tienen problemitas que nunca faltan. A punta de anticuchos los tienen. Pero el visor de Martincito y los otros cuellos apunta al fiscal viejo. Lo quieren di-sol-ver”. Y colorín, colorado, chaucito. Nos vemos.

Rolando Reátegui: “Me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la Fiscalía”

El congresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, afirmó mediante una carta dirigida a Keiko Fujimori que se vio obligado a decir su verdad ante la Fiscalía y priorizar la lealtad a su familia y a dirigentes de su partido que confiaron en él.
“Ante el desamparo de la alta dirigencia del partido, me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la fiscalía. […] Al ver que la lealtad se ha roto por parte del líder, prioricé la lealtad hacia mi familia, mi esposa, hijos, amigos y dirigentes que confiaron en mí, como yo confié en la líder, en su momento”, manifestó Rolando Reátegui.
Con esta confesión, el legislador reconoció ser el testigo protegido del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori y al Partido Fuerza Popular por el presunto lavado de activos a través de los aportes de Odebrecht en la campaña del 2011.
“En este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con impunidad”, dice en la misiva enviada también a los congresistas de su partido.
Rolando Reátegui afirmó además que desde hace más de un año todas los implicados de la región San Martín en las investigaciones por los falsos aportantes a Fuerza 2011, enfrentaron el proceso con lealtad y confiando en la defensa legal del partido de que el proceso no tenía sustento.
EXPRESO LO DIJO
Como informamos por la mañana, EXPRESO tuvo acceso al acta de entrega de documento del testigo protegido TP 2017-55-3, que da cuenta de la colaboración de una persona a quien se identifica con un número telefónico correspondiente al Congreso de la República.
“En las instalaciones de la División de Investigación de Alta Complejidad- DIVIAC, siendo el día 17 de octubre de 2018, a las 21 horas con 30 minutos, en presencia de representante del Ministerio Publico, fiscal adjunta provincial Elvia del Carmen Caro Izquierdo y el asistente en función fiscal Christian Max Luyo Clavijo, se procede a recibir la continuación de la declaración de testigo protegido TP 2017-55-3”, indica el documento.
“El testigo protegido TP 2017-55-3 señala que su teléfono celular institucional del Congreso de la República (operador Claro), Iphone, color negro, con IMEI Nº 35303909848503, contiene información relevante para corroborar lo declarado. Por lo que, de manera voluntaria, procede a exhibir el contenido de su celular antes descrito, referido a una conversación por el chat grupal denominado ‘La Botica’, de la aplicación Telegram”.
Fuente: Diario Expreso.

Rolando Reátegui habría delatado a Keiko Fujimori ante la Fiscalía

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario Expreso.
Cuando Keiko Fujimori dijo que existía un “topo” en su partido, se habría referido nada menos que al congresista Rolando Reátegui, quien sería el testigo protegido 2018-55-3 que habría filtrado la conversación del grupo de Telegram “La Botica”, conformado por legisladores y dirigentes de Fuerza Popular.
A través de su cuenta de Twitter, en la mañana de ayer el periodista Nicolás Lúcar publicó lo que era un secreto a voces: “Último minuto. Se complica situación de Keiko Fujimori después de que congresista Rolando Reategui se acogiera a la figura de testigo protegido y entregara a la Fiscalía su teléfono celular así como otras evidencias”.
Por el mismo medio, Rolando Reátegui no negó ni tampoco afirmó si esa noticia era cierta. “Al respecto de la información que circula por el Caso Cocteles, quiero anunciar que no daré ninguna declaración a los medios de comunicación y que mi defensa legal está tomando las acciones que corresponden”, indicó.
EXPRESO tuvo acceso al acta de entrega de documento del testigo protegido TP 2017-55-3, que da cuenta de la colaboración de una persona a quien se identifica con un número telefónico correspondiente al Congreso de la República.
“En las instalaciones de la División de Investigación de Alta Complejidad- DIVIAC, siendo el día 17 de octubre de 2018, a las 21 horas con 30 minutos, en presencia de representante del Ministerio Publico, fiscal adjunta provincial Elvia del Carmen Caro Izquierdo y el asistente en función fiscal Christian Max Luyo Clavijo, se procede a recibir la continuación de la declaración de testigo protegido TP 2017-55-3”, indica el documento.
“El testigo protegido TP 2017-55-3 señala que su teléfono celular institucional del Congreso de la República (operador Claro), Iphone, color negro, con IMEI Nº 35303909848503, contiene información relevante para corroborar lo declarado. Por lo que, de manera voluntaria, procede a exhibir el contenido de su celular antes descrito, referido a una conversación por el chat grupal denominado ‘La Botica’, de la aplicación Telegram”.
SIETE FOTOS
El expediente detalla que el declarante presentó siete tomas fotográficas de una conversación entre Keiko Fujimori, Pier Figari, Leyla Chihuán, Úrsula Letona, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo, Karina Beteta, Rosa Bartra, Daniel Salaverry y Milagros Salazar.
Cabe indicar que días atrás, se hicieron públicas varias conversaciones de “La Botica”, en la que se coordinarían ataques contra el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.
De acuerdo a fuentes fiscales, dicho material fue entregado por el testigo protegido 2017-55-3 al Ministerio Público.
Este diario pudo comprobar que el número telefónico que se indica en el documento, y que por obvias razones no reproducimos, es el del parlamentario Rolando Reátegui.
CRÍTICA SITUACIÓN
La situación de Rolando Reátegui  es crítica luego de que un testigo protegido interrogado por el fiscal José Domingo Pérez lo sindicara como el nexo para conseguir falsos aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en  2011.
La lista de personas que habrían  brindado sus nombres para figurar como aportantes son Marizol Valles Chong, con US$ 10,000; Liulith Sánchez Bardales, con US$ 5,000, Pedro Velayarce Llanos, US$ 10,000; Rafael del Castillo Reátegui, con US$ 5,000, y Jean Louis Maze Cam, con US$ 10,000.
Precisamente, Marizol Valles Chong, esposa de Rolando Reátegui, también fue incluida en la orden de detención preliminar dictada la hace 15 días por el juez Richard Concepción Carhuancho,  al figurar, de acuerdo a la acusación fiscal, dentro del organigrama de la presunta organización criminal como una de las siete personas “participantes que prestaron su nombre” para los aportes partidarios.
Ella figuraba con un aporte de S/ 27,000, que declaró haber realizado en Tarapoto. En su declaración testimonial, Valles sostuvo que no realizó el depósito personalmente, sino a través de la contadora de su empresa, Café Plaza, Micaela del Águila Vela. Sin embargo, Del Águila Vela negó haber ido personalmente al banco para hacer tal depósito.
Según las fuentes fujimoristas consultadas por este diario, la preocupación de Reátegui por la investigación a Fuerza Popular  no es reciente, pues  la habría expresado desde principios del año pasado. Y no era para menos, dado que él y parte de su familia directa, estarían comprometidos en las indagaciones.
¿ASILO?
En horas de la noche se corrió el rumor de que personas allegadas a la familia Fujimori estarían visitando la embajada de Japón y hasta se hablaba de un posible pedido de asilo de Keiko Fujimori.
Ello debido a que hoy el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, investigada por presunto lavado de activos.
Incluso la propia Keiko Fujimori declaró que existe un contubernio entre el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho.
Otros rumores apuntaban al padre, Alberto Fujimori, quien al pedir un asilo, evitaría volver a prisión tras revocarse el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuckzinski.
CEN Y COMITÉ POLÍTICO DE FUERZA POPULAR
Ponen sus cargos a disposición
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Comité Político de Fuerza Popular (FP) también pusieron sus cargos a disposición en el marco de la crisis de esa organización, informó la vocera Úrsula Letona.
“Nos equivocamos en las formas, pudimos hacer lo mismo en el mismo tono de fiscalización, pero mejor. Vamos a empezar el cambio con una agenda legislativa reformadora”, señaló Letona.
“Hemos puesto nuestros cargos a disposición para que, por primera vez, tomemos decisiones juntos, antes había compartimentos, el Comité Político tomaba decisiones en las cuales no participábamos, pero teníamos que ejecutar los acuerdos”, dijo.
Letona aseguró que uno de los que ha puesto su cargo a disposición es Walter Jibaja, contratado como asesor de la bancada Fuerza Popular en la Comisión de Defensa y es secretario de la base de Lima del partido.
Por su parte, el legislador Miguel Torres anunció que él y José Chlimper han puesto sus cargos a disposición ante los diversos problemas que afronta su agrupación por los presuntos aportes irregulares que habría recibido durante la campaña presidencial.
Miguel Torres y José Chlimper son parte de la estructura orgánica de Fuerza Popular, como subsecretario y secretario general, respectivamente.

Testigo inesperado

Por IDL-Reporteros.
Un nuevo testigo protegido, cuya identidad se reveló horas después, amplió los testimonios sobre cómo Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) reclutó falsos aportantes para ocultar la procedencia de fondos para las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
El viernes 2 de noviembre por la mañana, el testigo protegido TP 2017-55-8 acudió alprimer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, del Equipo Especial del caso Lava Jato, para dar información sobre los métodos de Fuerza Popular para la captación de personas como prestanombres a fin de consignar supuestos (y falsos) aportes en la campaña de Keiko Fujimori en 2016.
El testigo protegido que perteneció a la empresa de seguridad GOES SAC (Grupo de Operaciones Especiales y Seguridad), (fundada por el parlamentario fujimorista Miguel Castro Grández en 2007 y de la que se apartó en julio de 2016, al ser elegido parlamentario, según Registros Públicos) dio un testimonio curiosamente desdoblado. “Es en circunstancias que trabajaba para dicha empresa, aproximadamente en el año 2016, que el señor Miguel Antonio Castro Grández me comenta que estaba postulando al Congreso de la República por el partido Fuerza Popular, y que necesitaba aportar con ellos, por lo cual me solicitó una suma de dinero con la finalidad de colaborar con su campaña; no obstante le indiqué que no tenía ningún interés en hacerlo ya que no simpatizaba con dicho partido”.
Pocos meses después, según el colaborador, Miguel Castro volvió a pedirle que apoye al partido Fuerza Popular, para las elecciones, “pero esta vez no me pidió ninguna suma de dinero sino que solamente firme un documento simulando mi aporte, ya que me explicó que había un dinero que él tenía y que no deseaba que figure como suyo,por lo cual necesitaba que yo figure como aportante al partido Fuerza Popular (…)”.
“Yo firmé una sola vez y para un solo documento, y desconozco quién fue la persona que realizó el depósito en el banco del monto que figuraba como supuesto aporte de mi parte.Esta solicitud del señor Miguel Antonio Castro Grández se dio estando en una de las oficinas de la empresa GOES SAC. Es entonces que en ese momento, procedo a firmar el documento que Miguel Antonio Castro Grández me puso a la vista, no recuerdo muy bien las características de dicho documento, tampoco recuerdo si mis datos los consigné yo mismo o ya estaban en el documento, lo que sí recuerdo es que el monto que aparecía consignado en el mismo era de siete mil o diez mil soles, no recuerdo exactamente pero de ninguna manera el monto fue superior a diez mil soles”, relató el testigo protegido TP 2017-55-8.
“De la misma manera que [Castro] me solicitó que firme un documento y figure como aportante para el partido de Fuerza Popular, sin haber dado ningún dinero en realidad”, sostuvo el testigo, “también lo hizo con más trabajadores de la empresa GOES SAC, tales como Ángel Lay, Gherson Aponte, Jorge Palomino, Dayana Castro, María Elena Jáuregui, Henry Flores, Magno no recuerdo su apellido, personas con quien además comentamos sobre lo que Miguel Antonio Castro Grández nos había solicitado”.
“Después de la situación antes señalada”, indicó el testigo protegido, “no volvimos a hablar del tema, hasta el momento en que comenzaron a llegar las citaciones de la Fiscalía, no recuerdo muy bien la fecha exacta pero fue el año pasado a raíz de las notificaciones para venir a declarar al Ministerio Público porque figurábamos como aportantes de Fuerza Popular, tengo entendido que también citaron a las personas que mencioné como Ángel Lay, Gherson Aponte, Jorge Palomino, Dayana Castro, María Elena Jáuregui, Henry Flores y Magno”.
Ángel Lay Gutiérrez fue designado gerente administrativo en la compañía en 2008, según Sunarp. Gherson Aponte y Jorge Palomino se incorporaron al directorio de la empresa en 2016, y al año siguiente el primero fue nombrado gerente general.
Además, el testigo protegido indicó que supo a través de una publicación del semanario Hildebrandt en sus Trece que figuraba como aportante del partido Fuerza Popular “por un monto superior al que había firmado ante Miguel Antonio Castro Grández, que […] no superaba la suma de diez mil soles, entonces advertí que en el periódico consignaban mi nombre como aportante de la suma aproximada de cuarenta y ocho mil soles; no recuerdo bien si figuraban dos o tres documentos o recibos que daban ese monto total. Esto me generó una gran sorpresa y me dejó mortificado, por lo cual me reuní con Miguel Antonio Castro Grández y tras discutir con él le pedí una explicación al respecto. Miguel Antonio Castro Grández, ante mi reclamo e indignación ante la citación y el monto que figuraba como mi aporte y que no era el que yo había firmado, me dijo que no pasaba nada, no le dio importancia y lo tomó como una broma”, relató el testigo protegido TP 2017-55-8.
Según el testigo, días después volvió a reunirse con Miguel Castro en las oficinas de la empresa GOES SAC. “Conversamos sobre la citación a la Fiscalía, indicándome que acudamos a la Fiscalía a confirmar que sí habíamos hecho el aporte por el monto total indicado. Yo lo tomé de forma tal que si no lo hacía como me estaba señalando Miguel Antonio Castro Grández, me iba a quedar sin trabajo, lo cual no me dijo directamente pero lo asumí así. Debo indicar que es posible que a los además les haya indicado lo mismo ya que supe por otra parte de ellos que sí confirmaron sus supuestos aportes ante la Fiscalía”.
“Al respecto efectivamente acudí a la Fiscalía y declaré que sí había hecho la totalidad de los aportes a favor de Fuerza Popular, no recuerdo si fueron dos o tres que figuraban respecto de los cuales acepté que eran mis aportes, tampoco recuerdo los montos de los mismos; pero nada de eso es verdad ya que en realidad nunca desembolsé ningún dinero en efectivo ni como transferencia y tampoco aporte en especie, lo único que hice fue firmar un papel. Aclaro que yo solamente firmé una vez y para un documento, a pedido de Miguel Antonio Castro Grández como favor hacia él, y en las oficinas de GOES SAC, tal como ya indiqué. En esa oportunidad mentí porque Miguel Antonio Castro Grández me dijo que lo haga de esa forma, que confirme el aporte y que sería mejor evitar problemas, sin embargo aclaro que en esta ocasión declaro con la verdad a fin de colaborar con el esclarecimiento de los hechos”.
La campaña del 2011
Esa no fue la primera vez que el testigo protegido TP 2017-55-8 declaró ante la fiscalía. El martes 30 de octubre pasado por la tarde, el colaborador relató a la fiscal adjunta Meryl Huamán Altamirano y el asistente fiscal Christian Max Luyo Clavijo cómo el hoy congresista Miguel Castro actuó como un falso aportante para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y ayudó a captar falsos aportantes.
De acuerdo con el testimonio del testigo, a fines de abril de 2011 Miguel Antonio Castro Grández, Carlos Schreider Aguayo y Erick Matto Monge – amigos desde 2009 según el colaborador – participaron de una reunión social en la que este último les comentó que estaba buscando amigos para que firmen recibos de aportes del partido Fuerza 2011, “para que aparezcan como aportantes, que se los había entregado su amigo el chino Jorge Yoshiyama Sasaki”.
Erick Matto Monge. (Foto: El Comercio)
Según el testigo protegido, Erick Matto Monge le dijo a Castro y a Schreider que los escogidos debían “ser personas solventes, que pudieran aparentar tener dinero para aportar al partido”, y que “el dinero que iba a figurar en los recibos le pertenecía al señor Jaime Yoshiyama Tanaka, que era una persona que tenía mucho dinero, y que buscaba a personas que aparecieran en los recibos para justificar los altos montos de dinero que estaban invirtiendo en la campaña, pero que buscaba fraccionarlos entre varias personas, debido a que no podían aparecer montos altos en los referidos recibos, en un solo depósito”.
El testigo protegido refirió que “Erick Matto Monge se dedicaba a captar aportantes de gente de su entorno para el partido Fuerza 2011”, y que “Miguel Antonio Castro Grandez firmó más de un recibo de aportaciones del partido Fuerza 2011, en los que ya se habían consignado montos”.
“El señor Erick Matto Monge”, agregó el testigo protegido, “tenía consigo un sobre en el que guardaba recibos de aportaciones y otro sobre en el que guardaba vouchers de pago, entonces respecto a los recibos de aportes, estos ya tenían el monto de dinero y se procedía a llenar los datos de nombre; DNI y firma, siendo que los vouchers correspondían a depósitos de dinero se habían realizado con anterioridad al que se consignaba en los recibos de aportaciones.
Además, el testigo indicó que Erick Matto le pidió a Miguel Castro que buscara a otras personas de su entorno para que figurasen como aportantes del partido Fuerza 2011. “La razón por las que se buscaba a estas personas”, según el testigo, era para “no despertar sospechas de un falso aporte, ya que eran personas solventes y de un círculo social de clase pudiente”.
“Miguel Antonio Castro Grández pudo conseguir dos personas con esas características, es decir, pudientes y de su entorno social, Marcos Iván Loayza Vásquez y Eduardo Pereyra Cúneo. Siendo que estas personas fueron citadas a la oficina de Miguel Antonio Castro Grández, ubicada en Canaval y Moreyra N 385-Piso 09-distrito de San Isidro, lugar hasta donde se constituyó Erick Matto Monge, portando recibos de aportaciones y vouchers de depósitos, observando que Marcos Iván Loayza Vásquez y Eduardo Pereyra Cuneo” firmaron más de un recibo de aportaciones del partido Fuerza 2011, con los montos ya escritos y con fechas de registro anteriores.
Para la segunda vuelta electoral del 2011, según el testigo protegido, “Erick Matto Monge estuvo de coordinador de personeros de la Normal de Monterrico, ubicado en el distrito de Surco” y manejó “dinero en efectivo, que le había sido entregado por Jorge Yoshiyama Sasaki, para el pago de personeros, gastos de alimentación, entre otros”.
Jorge Yoshiyama y su abogado. (Foto: La República)
Según el testigo protegido, pasadas las elecciones presidenciales de 2011, Erick Matto tuvo discrepancias con Jorge Yoshiyama por asuntos económicos; mientras que el vínculo de amistad entre Yoshiyama y Castro se hizo más estrecho, “ya que el primero de los nombrados le hizo un préstamo de dinero para los negocios que emprendió Miguel Antonio Castro Grández”.
En septiembre de 2011, de paso, Erick Matto fue nombrado gerente administrativo de la compañía de seguridad de Miguel Castro, quien entonces ocupaba el cargo de gerente general. Castro renunció a la empresa al asumir el cargo de congresista.
Entrevistado por IDL-Reporteros, el congresista fujimorista Miguel Castro indicó que “me acabo de enterar de todo este problema. Ahorita no sé nada. Yo no trabajo en la compañía desde hace cuatro años. Era mi empresa. Antes de entrar a la política arreglé todos mis papeles”. “Sinceramente si yo tengo responsabilidad la voy a asumir, donde tengo que asumirla, que es en el Poder Judicial. Lo que estoy muy preocupado, es cómo se maneja este tema. Yo he hecho mi vida absolutamente pegado [sic] a la ley. Nunca he manejado ningún dinero del partido, ni un sol. Nunca he pertenecido a la cúpula del partido, nunca he pertenecido a la dirigencia del partido, no soy miembro del partido. Esto pone en riesgo el nombre de una empresa que me ha tomado mucho trabajo forjar. Me parece una barbaridad. Yo no puedo hacer ninguna aseveración por temas de testigos, no sé si dijeron o no dijeron…”
¿Usted en algún momento, en las elecciones de 2016, le pidió a trabajadores de la empresa GOES (el congresista interrumpe la pregunta de IDL-R)?, “Mira, dos cosas importantes. Mira, escúchame, entiéndeme una cosa. Yo no puedo ni siquiera autoincriminarme, es un derecho que yo tengo. […], y cuando usted me manifiesta que hay testigo protegido, peor, con mucha preocupación lo veo. Me preocupa. Yo no podría responder nada. […] Yo nunca he manejado plata del partido político, yo nunca he sido miembro de la cúpula del partido. Y además mucho menos he pertenecido a ese grupo selecto del partido. Yo ni siquiera tengo una posición confrontacional. Yo he sido de las personas que he ido a hablar con el Presidente, a tratar de buscar puentes, niveles de entendimientos […]”. “Yo no podría contestar nada, tengo que conversar con un abogado”.
¿Usted le le pidió a alguno de sus trabajadores que figure como aportante cuando no lo eran?, preguntó IDL-Reporteros. “Yo no puedo contestar nada. Voy a llamar a mi abogado y luego te puedo contestar al cien por ciento de tus preguntas. No voy a rehuir a nada, voy a dar la cara, voy a asumir mi responsabilidad y si tengo que pedir licencia, para no recibir un sol hasta que me defienda, lo voy a hacer. Pero dame la posibilidad de ejercer mi derecho de defensa”.
IDL-Reporteros intentó contactar horas más tarde al congresista Castro, tal como había acordado, pero este no contestó. Aparentemente estaba terminando un complejo proceso de toma de decisiones.
Porque poco después Miguel Castro apareció en el programa de televisión “Beto a Saber” para revelar el nombre del testigo protegido.
¿Quién era?
“El testigo protegido del que habla el fiscal, soy yo”.  Miguel Castro.
¿Por qué Castro decidió confesar?
“Si acudí [a la justicia] es porque había otro testigo protegido que no solo manifestaba que yo había participado en esta firma de recibos, sino además decía que mi esposa por ser de origen oriental –que además es china y no japonesa–, es familiar de Keiko Fujimori [y que] también participó de todo este proceso”.
En esa situación, añadió Castro, “mis cuñados, algunos trabajadores míos, mi propia madre, ya enfrentaban la posibilidad de un allanamiento y una detención preliminar. Entonces ante esta situación, si es que hiciste o dijiste algo, lógicamente tú vas a anteponer a tu familia….”.
Así que, según parece, se trató de una delación rectificatoria.
Todo indica que en los días siguientes habrá más delaciones y quizá también más rectificaciones.