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Fuentes históricas

Prófugo Adolfo Prado vive de sus rentas

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UNAMBA: exrector prófugo de la justicia Adolfo Prado intentó tumbarse sentencias que lo condenan

Por Paul Pilco Dorregaray- Radio Titanka.
Defensa de Adolfo Prado Cárdenas presentó recurso de agravio constitucional para dejar sin efecto sentencias y mandato de prisión preventiva de 18 meses dictada en su contra que está vigente. “Argolla altiplánica” frustrada porque ya no podrá preparar el retorno de cuestionada exautoridad.
La defensa técnica del prófugo exrector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas (Unamba), Adolfo Prado Cárdenas, presentó un recurso de agravio constitucional ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac expedida el 14 septiembre del 2022 que declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada a su favor.
El 17 de febrero del 2022, Kathia Campos Beltrán, abogada del condenado por corrupción, Adolfo Prado Cárdenas, interpuso demanda de habeas corpus, contra el juez Carlos Frisancho Enríquez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios; así como a los magistrados René Olmos Huallpa, Erwin Tairo Tairo y Enrique Núñez Castillo, de la Sala de Apelaciones de la CSJA por presunta vulneración de los derechos a la libertad personal, defensa y debida motivación de resoluciones judiciales en agravio de su patrocinado.
Además, solicitó que se declare la nulidad de la resolución del 21 de noviembre del 2019 que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva (18 meses) por los delitos de colusión agravada y la resolución del 31 de enero del 2020 que confirmó la precitada resolución.
En el presente caso, si bien el recurrente invoca los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, entre otros, la argumentación contenida en la demanda planteada no reviste suficiente relevancia constitucional que permita a este colegiado emitir una sentencia de fondo con relación a dichas alegaciones, pues no se fundamenta la forma en que se ha producido la lesión a dicho derecho…“, precisa uno de los considerandos de la sentencia emitida por el TC con fecha 9 de noviembre del 2023 que declaró improcedente la demanda presentada.
Con esta última sentencia, el exrector Adolfo Prado continúa en la condición de prófugo de la justicia y con orden de captura vigente.
LES AGUARON “LA FIESTA
Para la “argolla altiplánica” que hoy día a retomado el control de la primera casa de estudios de Apurímac, esta decisión les cayó como un balde agua fría ya que se encontraban preparando el camino de retorno de Prado Cárdenas a la Unamba.
Ellos (los altiplánicos), buscaban reponerse del duro golpe que recibieron por la fuga de Prado Cárdenas. No nos olvidemos que fue este grupo que lo trajo y colocó como rector en la Unamba, por lo cual necesitaban recuperar y limpiar su imagen, pero con la decisión del TC esto ya no será posible; por eso, ahora optaron por la vía inmediata, recuperar las alianzas con los dirigentes estudiantiles a fin de desestabilizar a todos sus oponentes y tener el camino despejado para las próximas elecciones de autoridades universitarias“, comentó una fuente de la misma universidad.

Bachiller financista firma documentos como licenciado de administración en Gobierno Regional de Apurímac

Por Paul Pilco Dorregaray- Radio Titanka.
Se trata de Donald Salinas Fuentes quien actualmente se desempeña como encargado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. En documento oficial se observa sello de funcionario como “licenciado” ¿Qué pasó con los filtros?
Un memorandum de uso interno al que tuvo acceso Titanka Noticias reveló que el actual gerente encargado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac, Donald Salinas Fuentes firma documentos oficiales como “licenciado” cuando realmente tiene el grado de bachiller en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
En el documento, memorandum N° 261-2024-GRAP/II/GRDS con fecha reciente del 5 de marzo del 2024 se observa el sello con el nombre y apellidos del citado funcionario y al lado izquierdo las abreviaturas “Lic. Adm.”, cuando debería decir “Bach. Adm.”
En consulta efectuada al Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu, Donald Salinas Fuentes ostenta el grado de bachiller en la mencionada carrera con fecha de diploma del 04/11/2011 otorgado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba).
Una fuente legal consultada indicó que el mencionado funcionario habría incurrido en los delitos de falsedad ideológica, designación indebida y/o ostentación de titulo falso en agravio del GORE Apurímac, razón por la cual, su permanencia en el cargo está con las horas contadas.
Salinas Fuentes venía desempeñándose como subgerente de Inclusión Social y asumió la Encargatura de la gerencia regional tras la salida de Elio Vidal que pasó a la jefatura de la Diresa Apurímac.

Blindaje

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Héctor Valer sobre informe final de empresas chinas: Martín Vizcarra permitió “blindarlas

El presidente de la comisión investigadora confirmó que el informe final fue aprobado ayer, y que este incluye al expremier de Castillo, Aníbal Torres, y al prófugo Juan Silva, como autores mediatos.

Esto fue lo que aseguró el vacado exmandatario Martín Vizcarra: “Cuando se hace público el escándalo de Lava Jato, se conoce la corrupción de Odebrecht, y luego se hace conocido este Club de la Construcción de contratos al 108 por ciento; dejan de operar en el Perú las empresas brasileras, y dejan de operar porque están cuestionadas; y están siendo investigadas las principales empresas peruanas que estaban precisamente ejecutando este tipo de obras; entonces, se genera por algún tiempo un vacío, porque el Ministerio de Transportes sigue sacando proyectos, y el Ministerio de Transportes es el que realiza más obras de infraestructura a nivel de todos los ministerios -solito el Ministerio de Transportes saca tanto como los 17 ministerios en infraestructura-, sigue sacando obras, pero ya no están las brasileñas, ya no están las peruanas -COSAPI, Graña, JJ Camet-, porque están en problemas judiciales, y entonces en ese espacio que queda, comienzan nuevas empresas, hay empresas ecuatorianas, y también estas empresas (chinas)”.
Comisión investigadora acaba su trabajo
Después de más de un año de trabajo, la comisión investigadora de empresas chinas, que indaga 85 contratos valorizados en casi S/10 mil millones obtenidos por 13 empresas chinas, entre 2018 y 2022, presentará su informe final a mediados de marzo próximo, para que sea sometido a votación en el Pleno a fines de ese mismo mes.
El experto en contrataciones con el Estado César Candela señaló a este medio que el gobierno de Vizcarra, con la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones, “abrió más la puerta” a las empresas chinas porque les dio facilidades para demostrar su solvencia con cartas fianza.
-En el gobierno de Martín Vizcarra, las empresas chinas ganaron 54 obras valorizadas por 3.9 mil millones. En este periodo, obtuvieron más obras que en otros gobiernos.
-En el periodo de Pedro Castillo, las firmas chinas ganaron 17 contratos por un valor de S/1,771 millones; con Francisco Sagasti, 13 contratos que suman S/1,759 millones, y el de Manuel Merino, un solo contrato de S/205 millones.
-“Vizcarra debe estar en calidad de investigado. Al aprobar las conclusiones del informe final, tendríamos que verlo”, dijo a Perú21 el congresista Miguel Ciccia, integrante de la comisión investigadora de empresas chinas.
Representantes del Ministerio Público junto al expresidente Martín Vizcarra en su vivienda la madrugada de este lunes. Representantes del Ministerio Público junto al expresidente Martín Vizcarra en su vivienda. Fuente: Ministerio Público

Fiscalía realiza operativo de allanamiento e incautación en las viviendas de Martín Vizcarra y Edmer Trujillo

Por Josean Flores– Radio Programas del Perú.
La Fiscalía de la Nación realiza un operativo simultáneo de allanamiento e incautación de bienes y documentos en las viviendas del expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Transportes, Edmer Trujillo, en las ciudades de Lima y Moquegua, como parte del caso ‘Los intocables de la corrupción’.
A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que las diligencias contra ambos imputados las realiza el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en domicilios ubicados en los distritos de San Isidro y Surquillo en Lima, y en la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua.
De a acuerdo a la Fiscalía, a Vizcarra se le investiga por ser presunto autor del delito de organización criminal e instigador del delito de colusión, mientras que a Trujillo por su condición de presunto autor de los delitos de organización criminal y colusión.
Los hechos en los que ambos implicados están referidos “a contrataciones que se habrían realizado en Provías Descentralizado, por las obras de Tintay, Pampas, Samegua, entre otras”.
RPP llegó a la vivienda de Martín Vizcarra ubicada en la cuadra 12 de la avenida Dos de Mayo en San Isidro y constató la presencia de un cordón policial en el frontis del edificio en el que reside el exmandatario. El operativo en este inmueble se inició aproximadamente a las 4:00 a.m. de este lunes.  Hasta el lugar llegó Fernando Ugaz, abogado de Vizcarra.
Caso ‘Los intocables de la corrupción’
El expresidente Vizcarra se encuentra implicado en el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, una organización criminal presuntamente encabezada por él y que operaba en Provias Descentralizado durante su mandato como presidente de la República, entre marzo del 2018 y noviembre del 2020, no descartándose “su continuidad de operación”.
El Ministerio Público ha presentado pruebas que incluyen el testimonio de uno de los investigados, quien afirma haber entregado maletines deportivos en el Palacio de Gobierno, y que Karem Roca, exsecretaria de confianza del entonces presidente, encontró fajos de dinero al revisar uno de estos maletines.
Por este caso ya se dictó 36 meses de prisión preventiva contra los exfuncionarios de Provías Descentralizado, Carlos Revilla y Alcides Villafuerte. Ambos fueron detenidos el pasado 30 de enero
Carlos Revilla se desempeñó como subgerente de obras de Martín Vizcarra, cuando era presidente regional de Moquegua. Según la investigación, cuando Vizcarra fue vicepresidente de la república, solicitó que Revilla fuera nombrado asesor del gabinete de asesores del MTC. Luego, al asumir la presidencia de la República, habría intercedido para que el investigado asuma como director ejecutivo de Provías Descentralizado.
Desde ese cargo, Revilla habría recibido directivas para “promover lobbies ilícitos” en favor de los intereses de la presunta organización criminal. Para ello, habría “formulado vinculaciones” con otros funcionarios como Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte.
“Carlos Revilla habría desplegado acciones tendientes a direccionar las contrataciones públicas con el objetivo de lograr captar el 3.5% de los costos directos de cada convocatoria pública, para lo cual delegó las coordinaciones directas en Alcides Villafuerte, dado que este ya conocía a la mayoría de empresarios”, indica la disposición judicial de su prisión preventiva.
Asimismo, Revilla se habría “mantenido en contacto directo con Martín Vizcarra para los efectos de ponerle en conocimiento todas las actividades que venía realizando y todos los ingresos económicos ilegales que se habría encargado de recaudar Alcides Villafuerte, producto de las acciones colusorias promovidas en el marco del plan criminal”.
Según la Fiscalía, Revilla era el “principal concentrador de las coimas que recibía producto de los acuerdos colusorios, y el dinero recaudado (…) habría entregado porcentajes (a) Edmer Trujillo (ministro de Transportes de Martín Vizcarra en los periodos de Marzo 2018 a abril 2019 y octubre 2019 a febrero 2020), Carlos Estremadoyro (viceministro de Transportes), Hugo Missad Trabucco (asesor de Carlos Revilla), Elizabeth Ugarte Manrique (coordinador de abastecimiento), Juan José Enciso (miembro de comités de selección), entre otros en proceso de identificación”.

Fiscales durante el allanamiento de la vivienda de Edmer Trujillo. Fiscales durante el allanamiento de la vivienda de Edmer Trujillo. Fuente: Ministerio Público

Los Intocables de la Corrupción: Remueven a fiscal del EFICCOP a cargo de caso que implica a Martín Vizcarra

Por JUAN CARLOS CHAMORRO
A menos de 24 horas de que se aprobara el informe final de la investigación a las empresas chinas, el titular de esa comisión que estuvo a cargo de las pesquisas, Héctor Valer, señaló a Perú21 que el expresidente Martín Vizcarra no solo le abrió las puertas para que operen en nuestro país sino que en su gestión se creó una normativa para blindarlas desde el ministerio de Justicia.
Lo más curioso es que las empresas chinas trasladaron las normas arbitrales, que pertenecían al ministerio de Economía y Finanzas al ministerio de Justicia, donde se descuidó por completo; y ahora hay centros de arbitraje exprés…Al extremo que ellos (las empresas chinas) constituyen las instituciones arbitrales, y al día siguiente están presentando su demanda para ganar los arbitrajes o laudos, y cobrar el dinero que le corresponde al erario nacional”, explicó Valer, y recordó que el cambio de esa normativa se dio en el gobierno de Vizcarra.
Valer aseguró además que con ese cambio de la normativa efectuada en la gestión de Vizcarra, el exmandatario no solo les abrió las puertas a las empresas chinas, tras su viaje a ese país en el 2016 revelado por Perú21, sino que en su gobierno se cambió normativas —como la de conformar de centros de arbitraje— para poder blindarlas, “y ganar los laudos arbitrales”.
TORRES Y SILVA: AUTORES DIRECTOS
El titular de la comisión investigadora confirmó además —lo revelado a inicios de semana por este diario— que el expremier del gobierno golpista de Pedro Castillo, Aníbal Torres, y el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, iban a estar mencionados en el informe, puesto que se les encontró responsabilidad.
El expremier Aníbal Torres y el exministro de Transportes, Juan Silva, están incluidos en el informe como autores directos (en el direccionamiento de obras a empresas chinas)”, sostuvo a este diario.
Reveló además que el informe pone al descubierto la existencia de cinco organizaciones criminales —tres de ellas operaron en Provías Descentralizado del MTC, y las otros en el MTC y Provías Nacional — que actuaron impunemente en los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.
Fuente: Perú21.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena cambia a Jose Luis Quispe, quien logró la prisión preventiva de presuntos aliados de Martín Vizcarra en caso “Intocables de la Corrupción”, por el fiscal Pedro Nicho Suyón

Por Laura Vásquez Benavente– Infobae.com
Este miércoles 13 de marzo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, realizó una serie de modificaciones dentro del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) que afectarían directamente a la manera en la que se desarrollarán las investigaciones en contra del expresidente Martín Vizcarra y otros funcionarios en el marco del caso “Los Intocables de la Corrupción”.
Como se sabe, este caso es una de las últimas acciones reveladas por el equipo que tiene como coordinadora a la fiscal Marita Barreto, quien reveló la presunta existencia de una organización criminal enquistada en la Fiscalía de la Nación. Dentro de este mismo equipo especial, se ha desplegado una subdivisión que estaba a cargo del agente Jose Luis Quispe, quien se encargaba de revisar los hechos delictivos presuntamente perpetrados por el vacado expresidente Martín Vizcarra.
Estos hechos fueron conocidos como el caso “Los Intocables de la Corrupción” un grupo de funcionarios cercanos al exmandatario que trabajaban en la entidad de Provías Descentralizado a quienes se les señala de haber recibido una serie de sobornos por parte de empresas que buscaban ganar contratos con el Estado. Este mismo equipo fue el que logró que el Poder Judicial disponga la medida cautelar de prisión preventiva por 36 contra Carlos Revilla y Alcides Villafuerte; sin embargo, este miércoles se conoció que Quispe fue removido del cargo.
Juan Carlos Villena dispone la salida de fiscal que comandaba equipo especial que investigaba a Martín Vizcarra. El Peruano.
En la resolución Nº696-2024-MP-FN, que data del pasado 8 de marzo, el fiscal Juan Carlos Villena, quien ha asumido el cargo de manera interina en tanto se resuelvan las investigaciones contra Patricia Benavides; dispuso la salida del fiscal José Luis Quispe Changanaqui, quien hasta antes de esa fecha formaba parte del EFICCOP. La modificación se da para poner en su reemplazo al abogado Pedro Nicho Suyón.
Así, la resolución detalla no solo “dar por concluido el nombramiento del abogado José Luis Quispe Changanaqui, como Fiscal Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro, y su designación en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, así como la prórroga de sus vigencias”; sino también “designar al abogado Pedro Martín Nicho Suyón, Fiscal Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro, en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación

Ante los graves cuestionamientos que pesan contra el sorpresivo cambio, la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado ratificando las modificaciones hechas por Villena en una edición extraordinaria de El Peruano. pero no solo eso, según lo detallado por el comunicado, este correspondería a una respuesta al pedido de la titular del EFICCOP y coordinadora del equipo, Marita Barreto.
Fiscalía de la Nación señala que cambio de Quispe es a pedido de Marita Barreto. Ministerio Público.
Según el documento, la salida de Quispe se dio “a propuesta de la fiscal superior Marita Barreto Herrera, coordinadora del EFICCOP”; en calidad de “fiscal adjunto provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro” y asignándolo en el “Equipo de Apoyo Fiscal del Distrito Fiscal de Lima Centro”.
En el marco de estos cambios, el periodista Alonso Ramos detalló en que el fiscal José Quispe, quien fue el encargado de dirigir las pesquisas que terminaron con la prisión preventiva de varios de los implicados cercanos a Vizcarra, no habría aceptado ser cambiado a un cargo menor; como el que supone el ser un fiscal asistente en el EFICCOP. Hasta la fecha no se conoce la magnitud que este cambio podría provocar tanto en el desarrollo de las pesquisas contra el expresidente, sino también dentro del reconocido Equipo Especial.

López Aliaga contra el monstruo

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Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Rafael López Aliaga hizo lo que nadie: enfrentar a Odebrecht, esa empresa inmunda, favorecida por el lobbista Pedro Pablo Kuczynski, la pareja delincuencial Humala-Heredia y la muy carismática caviar Susana Villarán de la Puente, fundadora de la ong IDL.
El alcalde de Lima Metropolitana prometió en campaña acabar con el abusivo cobro de peaje en la garita de Chillón, en el distrito de Puente Piedra. Y ayer esa promesa se hizo realidad cuando el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado parte del habeas corpus presentado contra la concesionaria Rutas (‘ratas’) de Lima SAC, ordenando el cese inmediato del pago de peaje. Para los magistrados del TC, ese consorcio vulnera el derecho al libre tránsito de las personas que circulan por esa vía. El consorcio abusivo lo forman, EL fondo Brookfield, Odebrecht Latinvest y Sigma.
Este triunfo de López Aliga nos lleva a reflexionar sobre las fortalezas y los valores lo llevaron al cargo que ostenta y que con tanta eficiencia desempeña; y una de ellas y puede que la más importantes sea su autenticidad. El hombre dice lo que tiene que decir sin cálculos políticos, tiene claro lo que quiere para la capital y se remanga la camisa para lograrlo. Nunca mintió y durante su campaña, se mostró tal y cómo es, un casto, católico que incluye en sus prácticas de perfección espiritual el uso del silicio y la diaria oración del Santo Rosario. Fielmente está llevando a la práctica, todo lo prometido. Don Rafael no se parece ni remotamente a un político tradicional. Sus adversarios lo atacan y con cada ataque él crece.
La zurdería limeña creyó que se le denigraba apodándole ‘Porky’ y le hicieron el favor de su vida: hubiese costado millones de dólares que el mejor de los publicistas lanzara una campaña para lograr identificarlo con el cerdito más querido y popular de la historia, conocido por tantas generaciones y de tan diversos sectores.
Nuestro alcalde quiere cumplir con Lima, y convertirla en una ‘ciudad, potencia mundial’. Para ello trabaja con quienes confía plenamente, que comparten su ideología y fe. No es un tránsfuga que va de partido en partido buscando cargos, es un exitoso empresario. Tiene una sola línea y una forma de ver la vida. No le interesa el poder, sino el poder hacer.
Es un hombre que se hizo solo, un inversionista peruano, generador de empleos y oportunidades que realiza una importante cantidad de obras sociales. Su discurso es siempre una llamado a la unidad, a la necesidad de reconozcamos como hermanos y que entendamos la lacra paralizante que es el comunismo, igual que ese monstruo llamado corrupción y su peor cara, la del empresario mercantilista y torcido de constructoras como Odebrecht a la que le ha dejado ya una espada bien clavada entre los dos ojos.
Rafael destruirá a ese monstruo, aunque todos los medios copados de caviares alquilables se lancen contra él, porque llegó al sillón de Nicolás de Ribera pese a toda esa costra.
¡Gracias, siempre, Alcalde!

EFE/Ernesto Arias

Paola Ugaz: “Monseñor Castillo está muy sólo y, encima, ahora se va el cardenal Barreto, pero estoy segura de que, con la ayuda de Bertomeu, va a hacer todo lo posible para que no sigan utilizando el gorro de la Iglesia católica para cometer delitos

¿HA COMETIDO DIFAMACIÓN EL ARZOBISPO DE LIMA?

Por Luciano Revoredo- LaAbeja.pe
Son varias las veces que nos hemos ocupado de los dislates y desatinos del señor arzobispo de Lima Carlos Castillo Mattasoglio. Hemos denunciado sus nombramientos de funcionarios en Caritas y el arzobispado de Lima, que ha copado de comunistas, feministas, activistas del género y aborteras. Hemos denunciado su desprecio por la tradición católica, hemos puesto énfasis en sus desvaríos doctrinarios y su afán por demoler todo lo que hay de bueno en la iglesia peruana. A todo esto, ahora se suma su condición de temerario difamador.
Como se sabe el instituto de vida consagrada Pro Ecclesia Sancta ha tenido un impasse por una deuda asumida que luego se ha dificultado en su pago. Hay denuncias al respecto, pero todo está en ese nivel. El Vaticano ha enviado al monseñor Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, para investigar el caso. Al respecto el comunicado oficial del arzobispado señala: El Arzobispado de Lima pone en conocimiento la llegada a nuestro país de Monseñor Jordi Bertomeu Farnós, Oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y Comisionado por el Santo Padre para evaluar la investigación canónica en fase diocesana, aún en curso, sobre las presuntas irregularidades financieras atribuidas al Instituto de Vida Consagrada de derecho diocesano “Pro Ecclesia Sancta”. Se dice con propiedad “presuntas”.
Sin embargo, Castillo Mattasoglio en la homilía de su misa en la catedral que concelebró con Bertomeu, la misma en que instó a los fieles a convertirse en Cristos y Cristas, dice: “La venida del padre Jordi como representante del Santo Padre, se va a centrar en los delitos cometidos en torno a las personas que se les pidió muchísimo dinero por parte del grupo Pro Ecclesia Sancta…”. Es decir, para él no existe la presunción de inocencia. Habla de delitos cometidos. ¿Esto no es difamación? ¿No debiera monseñor Castillo rectificarse o ser querellado por los agraviados? O es que la obediencia debe llegar al extremo de tolerar infamias.
Hay que mencionar que Bertomeu ya estuvo hace unos meses en nuestro país en otra misión. Esa vez vino a investigar el caso del Sodalicio y las denuncias que hay en torno a casos de abuso. En aquella oportunidad Bertomeu se ganó una denuncia en Roma ya que habría sucedido algo muy serio, aparentemente algunas de las conversaciones que se han mantenido en la Nunciatura bajo estricto secreto se filtraron convenientemente a la prensa progre. Ahora vuelve este comisionado de dudosa actuación.
En aquella oportunidad un periodista que está involucrado en serios problemas con la fiscalía y que padece de una obsesión con el Sodalicio y con los sectores más fieles a la tradición de la iglesia, manifestó que acabada esa misión se les vendría la noche a Avanzada Católica (que depende de la Asociación pro Ecclesia Sancta) y a los Heraldos del Evangelio. Mostrando lo que en realidad sería la agenda de los enemigos de la iglesia y sus cómplices como el arzobispo de Lima, que actúa como una quinta columna del progresismo. Se cumple lo que se dijimos desde el primer día: van por todos, porque lo que no quieren es a la Iglesia.

Jordi Bertomeu

Por  José Manuel Vidal– Religión Digital.org
Fue el propio arzobispo de Lima, Carlos Castillo, el que en la homilía de la misa dominical lo anunciaba así: “Quiero terminar diciendo que la venida del Padre Jordi como representante del Santo Padre para la investigación de diversas causas se va a centra especialmente esta vez en el caso de los delitos cometidos en torno a las personas a las que se les pidió muchísimo dinero por parte del grupo ‘Pro Ecclesia Sancta’. Con rigor y seriedad, en la Iglesia estamos llamados a hacerla viva y, simultáneamente, a sancionar con claridad a quien cometa delitos. Eso no se puede permitir en nuestro país y, menos, en nuestra Iglesia”.
Para poner coto a estos supuestos delitos, el arzobispo Castillo se puso en contacto con el Santo Padre, que decidió enviar a monseñor Bertomeu (esta vez sin el arzobispo Scicluna) a realizar una especie de auditoría institucionalizada sobre la sospecha de que Lima podría ser no sólo un epicentro de corrupción por abusos sexuales (recuérdese el caso Sodalicio, que sigue en estudio), sino también por abusos económicos.
Dado que nunca se informó en el pasado a la diócesis de las operaciones en torno a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Surco (Lima) y, menos aún, se solicitaron los oportunos permisos para actos de administración extraordinaria que prevé el derecho canónico universal, las autoridades diocesanas sospechan que, en torno a la asociación ‘Pro Ecclesia Sancta’ se habría podido montar una estructura piramidal de corrupción económica, en la que habría más de 100 ‘inversionistas’ y en la que no se podría excluir el lavado de activos o de dinero sucio procedente, entre otros ámbitos, por ejemplo la droga.
Al contrario de lo que se hizo en anteriores administraciones diocesanas, monseñor Carlos Castillo quiere sanear la diócesis a fondo, porque sabe que, como suele decir el Papa desde agosto de 2018 (en plena crisis de los abusos en Chile), los abusos sexuales suelen ir acompañados de abusos de poder, de conciencia, económicos y espirituales.
De ahí el proceso sanador emprendido por el arzobispo de Lima con el aval de Roma y ahora con la ayuda de Bertomeu, consciente de que está en juego el buen nombre de la Iglesia, una institución sumamente respetada en Perú. “La presencia de Bertomeu en Perú, una vez más, ratifica la importancia que el Vaticano concede a que la investigación llegue a buen puerto, porque la gente ha perdido en esa estafa unos 30 millones de dólares y le ha pedido a monseñor Castillo que les devuelva su dinero“, explica la periodista Paola Ugaz, que descubrió, junto a Pedro Salinas, el caso del Sodalicio.
Aunque confía en que la investigación salga adelante, la prestigiosa periodista peruana cree que “monseñor Castillo está muy sólo y, encima, ahora se va el cardenal Barreto, pero estoy segura de que, con la ayuda de Bertomeu, va a hacer todo lo posible para que no sigan utilizando el gorro de la Iglesia católica para cometer delitos“.
Esta última misión especial de Bertomeu se suma, por tanto, a las recientes en Paraguay con el cardenal Tempesta (caso Belén Whittingslow, estudiante universitaria abusada en la Universidad Católica del país), Bolivia (caso de los abusos de menores cometidos por jesuitas) y la aún en curso al Sodalicio del Perú con monseñor Scicluna.
‘Pro Ecclesia Sancta’ fue fundada en Perú en 1992 por el sacerdote jesuita Pablo Menor Menor, natural de Villena, en su afán de promover las vocaciones a la vida religiosa y a la santidad. Por eso, solía decir: “Pro Ecclesia Sancta no podrá ser jamás otra cosa que una reunión de personas enamoradas de Jesucristo que, ayudadas por Él, se santifican amando apasionadamente a Dios y al prójimo“.
En estos momentos Pro Ecclesia Sancta, obra del Sagrado Corazón de Jesús, está integrada por sacerdotes, consagrados y laicos y tiene comunidades en diferentes diócesis de Perú, en Estados Unidos, en Ecuador y en España. A Madrid llegó una primera rama masculina en el año 2000 y también cuenta con una comunidad femenina en la diócesis de Orihuela-Alicante. 

Fiscalía investiga abusos y maltratos en la congregación “Siervas del Plan de Dios

Son veinte denuncias de mujeres que pertenecieron al grupo religioso fundado, así como el Sodalicio, por Luis Fernando Figari. El Arzobispado de Lima y la cúpula de la Iglesia Católica en el Perú han guardado silencio.

Lucero ChávezPor LUCERO CHÁVEZ- ElFoco.pe
Contaron su verdad, esperando justicia, pero esta aún se hace esperar. Al menos 20 exreligiosas de la institución católica Siervas del Plan de Dios denuncian haber sufrido maltrato, abusos y vejaciones dentro de la entidad que pregona la vida consagrada y los valores de Cristo.
Siervas del Plan de Dios fue fundada en 1998 por Luis Fernando Figari, quien también estuvo al mando del Sodalicio de Vida Cristiana. Ambas son instituciones dedicadas a captar a jóvenes y adolescentes para adoctrinarlos a dedicarse a servir a Cristo. Para entrar, hay que cumplir con ciertas características: tener dinero, venir de una buena familia, tener una tez blanca, ojos claros.
En el libro Mitad monjes, mitad soldados, el periodista Pedro Salinas narra los abusos que cometió Figari y su cúpula de poder contra jóvenes. Los testimonios narran cómo fueron expuestos a castigos severos, humillaciones en público, degradación moral y espiritual. En Siervas ocurrió un escenario bastante similar.
EL FOCO tuvo acceso a un documento del Ministerio Público donde se le solicita al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, un informe sobre quejas presentadas en 2019 por exintegrantes de Siervas. La carta llegó el 5 de noviembre del 2021 con la firma del fiscal Eduardo Castañeda Garay, de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada.
Documento del Ministerio Público enviado al arzobispo Carlos Castillo pidiéndole información sobre las denuncias de maltratos y abusos en Siervas del Plan de Dios.
Los testimonios son de terror y contundentes. Una exsierva cuenta que durante su permanencia en la institución fue sometida a trabajos extenuantes, maltratos psicológicos y manipulación espiritual.
Me decían que era bebona, que era inmadura, que no tenía permitido llorar porque si lloraba no estaría preparada para recibir el velo”, narra una de las víctimas.
Otra mujer asegura que, tras su expulsión de la comunidad luego de un proceso de discernimiento -periodo en el que se evalúa si están preparadas para la vida consagrada-, la encerraron sola en una habitación.
Te vemos a ti como vemos a Gris (perra de la casa), entonces, como no es libre la pobre, así te vemos a ti”, le dijeron, al tiempo que le hicieron pensar que la estaban expulsando por estar “enferma”, es decir, ser lesbiana.
La primera historia de abuso dentro de las Siervas la publicó la periodista chilena Camila Bustamante para el medio digital El Mostrador. Eso fue en 2016 y ocurrió en Santiago de Chile. Dos años más tarde, los casos llegaron a Lima.
Las siervas dependen del Arzobispado de Lima. Por una figura legal, lo que se denuncie en otros países, se deriva allá. Desde Chile, se alertó que estaba ocurriendo algo dentro de las siervas cuando siete religiosas acudieron a la oficina de Santiago para presentar su denuncia formal”, cuenta Bustamante.
Las Siervas del Plan de Dios se hicieron conocidas porque tenían una agrupación musical que viajó por el mundo, incluido el Vaticano. La sede de la congregación religiosa está en La Molina y la líder es la monja Andrea García. (FOTO: occatholic.com)
A inicios del 2019 y bajo el mandato del monseñor Juan Luis Cipriani, el Arzobispado de Lima ordenó llevar a cabo una visita canónica. Según Bustamante, se trató de una investigación repleta de vicios.
Enviaron a algunas autoridades a investigar lo que ocurría. Lamentablemente, fue una pantomima. Ejercieron mucha presión sobre las jóvenes. Les dijeron qué y cómo responder”, explica.
La misma Bustamante también fue parte de las Siervas durante su adolescencia. Creyó que su destino era ser religiosa. Años después, cuando estalló el caso Sodalicio, reparó en la violencia que vivió dentro de la institución durante ese periodo. En 2022, publicó el libro Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias.
Encontré que estas adolescentes y jóvenes son captadas y manipuladas por esta organización que tiene carácter sectario. Una vez dentro, se les aísla de su círculo cercano, hasta el punto de convertir a su madre y padre en sus enemigos. Son formateadas mentalmente para hacer lo que las autoridades quieran”, cuenta Bustamante.
Uno de esos deseos de las autoridades es pasar la “semana de la obediencia”. “En esos días”, cuenta en Siervas una religiosa identificada como Elena, “te mandan a hacer cosas sin sentido para probar si eres obediente o no”.
Luis Fernando Figari: fundado del Sodalicio de Vida Cristiana y las Siervas del Plan de Dios. Afronta cargos por abuso sexual y organización criminal. Vive hoy en Roma. (FOTO: Captura de video)
“Se les prohíbe hablar durante las comidas, se les impone más exigencia física en el deporte, y se sustituyen sus cenas por pan y agua”, dice Bustamante en su obra. En otros casos, además, la situación bordea lo absurdo y delirante.
Las envían a contar una bolsa con porotos, o encerrar en un círculo todas las letras ‘a’ que encuentres en un diario, o limpiar un muro de piedra con una pequeña esponja que se rompe sola, o contar cuántas hojas hay en el jardín. Todo es en nombre de Dios”, explica otra exreligiosa en el libro de Camila Bustamante.
Dentro de la institución también está totalmente prohibido hablar sobre sexo, amor o desarrollar cualquier lazo afectivo.
Las relaciones interpersonales son vistas como algo negativo, como si eso te llevase a traicionar tu vocación, es decir tu amor a Dios. Tu única relación más profunda y casi exclusiva debe ser con tus autoridades”, dice Bustamante.
Periodista Camila Bustamante y su libro Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. Bustamante destapó el caso maltratos en la congregación Siervas del Plan de Dios. (FOTO: Archivo personal)
Pero esta prohibición no aplicaba para la cúpula, liderada durante años por la monja Andrea García. En Siervas, Bustamante narra cómo una joven fue testigo de que García pasaba la noche con sus subordinadas. Estas mujeres también estaban obligadas a cumplir con sus tareas domésticas, como lavar la ropa y hacer la comida.
“Dentro de Siervas, el lesbianismo es considerado como lo peor del mundo”, explica Bustamante. “Pero no estamos hablando aquí sobre un tema de atracción sexual, sino de una situación en la que puedes ejercer el poder sobre otra persona”.
Luego de años de sometimiento, salir no es nada fácil. Camila explica que estas mujeres viven en una cárcel mental. Les han enseñado tanto a aborrecer el mundo de afuera que consideran que ser sierva es lo mejor que tienen. Cuando expresan su deseo de retirarse, las envían a terapia, o les dicen que seguramente están pasando por una etapa complicada.
Las que logran salir, se encuentran con una realidad que desconocen. Sin educación ni experiencia laboral, la tarea de volver a insertarse a la sociedad es titánica. “Una mujer de 40 años me contó que le tenía que pedir a su papá dinero para comprar toallas higiénicas”, dice Bustamante.
Monseñor Miguel Ángel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y arzobispo de Lima Carlos Castillo: ambos conocen de las denuncias de maltratos y abusos en Siervas del Plan de Dios.
La mayoría de ellas, debido a una vida repleta de traumas y abusos, se ven en la necesidad de acudir a una terapia para la que, en muchos casos, no cuentan con el dinero necesario.
Hablar, por otro lado, es terapéutico. En Bustamante, encontraron una consciencia con quien expresarse y contar su verdad. Sin embargo, para que su proceso de sanación siga, también necesitan que sus denuncias tengan eco y se haga justicia. Un objetivo que hoy en día parece lejano.
No hay noticias por parte del Arzobispado de Lima respecto a la investigación abierta el año pasado por el Ministerio Público. En la Fiscalía prometieron dar información sobre el estado de la investigación, pero no cumplieron.
EL FOCO se contactó con las Siervas del Plan de Dios para este informe. Primero respondieron que el pedido fue notificado. Luego la reportera recibió un correo con un mensaje que decía que estaban en un “proceso de renovación e implementando medidas correctivas necesarias”. Al mismo tiempo, agradecieron el interés mostrado en conocer más sobre el caso siervas.

Sodalicio confirma envío de cartas del Vaticano e inicia nuevas investigaciones

Eduardo BerdejoPor Eduardo Berdejo– ACIPrensa.com
El Sodalicio de Vida Cristiana (SCV, por sus siglas en latín) confirmó haber recibido del Vaticano cartas con indicaciones para abrir investigaciones a algunos de sus integrantes, y señaló que la divulgación de este proceso en un medio de prensa estadounidense “compromete” el desarrollo de las investigaciones y “la presunción de inocencia de los implicados”.
Bajo el título El ‘007’ del Vaticano regresa a Perú para continuar la investigación sobre grupos plagados de escándalos, el sitio web Crux publicó un artículo sobre la nueva visita a este país del funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Jordi Bertomeu, quien trabaja con el Arzobispo de Malta, Monseñor Charles Scicluna, investigando denuncias de abuso en la Iglesia en distintos países del mundo.
Monseñor Scicluna y el sacerdote Bertomeu también están a cargo de la investigación al SCV, cuyo fundador Luis Fernando Figari recibió una sanción del Vaticano en el año 2017 por casos de abusos y fue exclaustrado de la comunidad de vida apostólica.
Según un comunicado oficial del Arzobispado de Lima, el sacerdote Bertomeu está en Perú del 4 al 12 de marzo no por el caso Sodalicio, sino para “evaluar la investigación canónica en fase diocesana, aún en curso, sobre las presuntas irregularidades financieras atribuidas al instituto de vida consagrada de derecho diocesano Pro Ecclesia Sancta”.
Al final del artículo, publicado antes del comunicado del Arzobispado, la periodista Elise Ann Allen asegura que “fuentes en Perú han dicho a Crux que como parte de su investigación en curso sobre el SCV, el Vaticano ha enviado una serie de cartas que contienen acusaciones contra al menos ocho miembros de alto rango, dando a las autoridades del SCV 45 días para responder con las medidas punitivas que planean imponer”.
Allen, quien estuvo vinculada a la Fraternidad Mariana de la Reconciliación -que hasta 2022 formaba parte de la Familia Sodálite-, da seis nombres de actuales miembros del Sodalicio mencionados en estas cartas. Asegura que cuatro están acusados de abuso físico y encubrimiento, el quinto es un sacerdote acusado de abusar de un menor y el sexto mencionado en las misivas es el periodista Alejandro Bermúdez, quien hasta diciembre de 2022 fue director de ACI Prensa y ACI Group, que incluye a varias agencias de noticias de propiedad de EWTN.
Para Allen, que no detalla las acusaciones contra Bermúdez, “no está claro cuándo concluirá el caso del Vaticano que involucra al SCV, sin embargo, el hecho de que ya se hayan enviado varias cartas implica que la fase preliminar de la investigación del Vaticano ha concluido y que se están tomando los primeros pasos”.

La confirmación del Sodalicio

Daniel Calderón, asistente general de comunicaciones del SCV, indicó a ACI Prensa que las cartas existen y han sido recibidas. “La Misión Especial Scicluna-Bertomeu nos ha dado orientaciones específicas para abrir procesos de investigación a seis sodálites, no ocho, y ninguno de ellos participa del Gobierno General del Sodalicio en la actualidad”, explicó.
Bertomeu visitó el Perú por primera vez en julio de 2023 junto a Monseñor Scicluna, a pedido del Papa Francisco, para investigar acusaciones de abusos y manejo financiero del SCV. “Los sodálites que fueron convocados asistieron a las reuniones, y en agosto de 2023, entregamos la documentación económica solicitada”, dijo Calderón.
El 4 de marzo Crux y Allen publicaron el mencionado artículo en X anticipando que la Arquidiócesis de Lima anunciaría en las próximas horas “que un miembro del principal dúo investigador del Vaticano, el monseñor español Jordi Bertomeu, está de regreso en Perú para continuar investigando a un grupo plagado de escándalos”.
Sin embargo, el comunicado del Arzobispado no vincula la visita de Bertomeu con el SCV y Calderón dice que “hasta el momento, las autoridades del Sodalicio no han sido convocadas para sostener reuniones con Monseñor Bertomeu (NDR como parte de esta visita), fuera de las ya mencionadas que ocurrieron en julio de 2023”.

Violación de la confidencialidad

Al ser consultado sobre el contenido de las cartas y el detalle de las acusaciones difundidas en Crux, Calderón explicó que “la documentación que hemos recibido de la Misión Especial es reservada y confidencial”.
“Lamentamos que parte de ese contenido se haya publicado en el medio de prensa Crux, dado que compromete la búsqueda de la verdad, el desarrollo adecuado de las investigaciones, la reserva de los testimonios y la presunción de inocencia de los implicados”, expresó.
En su cuenta de X, Alejandro Bermúdez criticó a la periodista Elise Ann Allen por no indicar en su artículo que ella es una de sus acusadoras y dijo que ha protestado ante la Santa Sede por no haberse mantenido la confidencialidad.

El Caso Sodalicio

El Sodalicio de Vida Cristiana es una sociedad de vida apostólica laical fundada en Perú en 1971 por el también laico Luis Fernando Figari. Actualmente está presente en varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos e Italia.
Desde el año 2015, el SCV enfrentó acusaciones públicas de abusos sexuales y de poder, principalmente de Figari, luego de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz.
En mayo de 2016 el Vaticano nombró al Cardenal Joseph Tobin, entonces Arzobispo de Indianápolis (Estados Unidos), como delegado para el SCV. Entre sus funciones debía ayudar a su gobierno general en las decisiones a tomar “acerca de las acusaciones formuladas al fundador”.
El 10 de febrero de 2017 se informó que la Santa Sede sancionó a Figari y, entre otras cosas, le prohibió retornar al Perú y tener contacto con miembro alguno de la sociedad de vida apostólica. En su decreto, el Vaticano indicó que se llegó a la convicción de que durante su periodo como superior general, el fundador del SCV fue autoritario y cometió “actos contrarios al sexto Mandamiento“.
Días después, el SCV presentó su informe sobre los casos de abuso cometidos dentro de la institución tras una investigación realizada por expertos internacionales que identificaron como presuntos agresores a Figari, Germán Doig (vicario general fallecido en 2001), y a los exsodálites Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels.
El 10 de enero de 2018 la Santa Sede designó a Monseñor Noel Londoño, Obispo de Jericó (Colombia) como comisario apostólico y a Fray Guillermo Rodríguez como comisario adjunto. Ambos investigaron el estado del SCV y presentaron al Papa Francisco un conjunto de reformas que fueron aprobadas por el Pontífice el 13 de diciembre de 2018.
En enero de 2019 se informó que la Congregación -hoy Dicasterio- para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica eligió al sodálite José David Correa como nuevo superior general por seis años.
El 30 de octubre de 2021 Correa fue recibido por el Papa Francisco, a quien le informó sobre los cambios que se llevan a cabo para la “renovación integral de nuestra comunidad”, según informó la sociedad de vida apostólica.
También entregó al Pontífice la documentación “del proceso de escucha, atención y reparación de víctimas”, así como las acciones realizadas para prevenir abusos y la información “sobre la situación de los procesos jurídicos actuales existentes en el Perú”.
Según un comunicado enviado en 2023 a ACI Prensa, el Vaticano acompaña el proceso de renovación del SCV y ha nombrado tres delegados pontificios: Fray Guillermo Rodríguez, Delegado ad nutum para asesorar y apoyar al superior general y al gobierno general;  Cardenal Gianfranco Ghirlanda, consultor para el proceso de Revisión de las Constituciones del Sodalicio y delegado para la formación; y el Cardenal Joseph William Tobin, delegado para atender los temas económicos.

Visita de Monseñor Scicluna y Monseñor Bertomeu

Como parte de la investigación que lleva adelante el Vaticano, en julio de 2023 el Papa Francisco envió a Lima a Monseñor Scicluna y Monseñor Bertomeu.
Durante su visita, recibieron en la Nunciatura Apostólica a Correa y a varios miembros del Sodalicio, incluyendo al  Arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren. También se reunieron con los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz.
En un comunicado, el SCV agradeció la visita y aseguró que se entregó “información actualizada sobre el proceso de atención y reparación de las víctimas de abuso en el Sodalicio”.
ACI Prensa se contactó con el Arzobispado de Lima y la Nunciatura Apostólica en Perú para consultarle si la segunda visita de Monseñor Jordi Bertomeu a Lima tiene relación con el caso del Sodalicio. Hasta el cierre de esta nota no ha obtenido respuesta.
Nota del Editor: Este artículo ha sido actualizado para detallar la asociación de Elise Allen con la Familia Sodálite, específicamente con la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, institución que se separó del Sodalicio de Vida Cristiana en 2022.

MONSEÑOR JAVIER DEL RÍO Y SU GIRO

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Tres hechos recientes:
El pasado enero se realizó la 126ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal. Entre las distintas participaciones durante los días que duró dicho encuentro, llamó la atención que el ponente para promover el documento Fiducia supplicans fuera, precisamente, el Arzobispo Javier del Río quien, en reiteradas ocasiones, ha manifestado su postura totalmente contraria a las prácticas homosexuales. Por ejemplo, en un articulo de InfoCatólica del 2016 aseguró que ante las próximas elecciones presidenciales «votar a favor del ‘matrimonio gay’ y el aborto es moralmente ilícito, esto se traduce en el lenguaje sencillo como pecado».
También es relevante recordar que en marzo de 2017, el Arzobispo de Arequipa interpeló directamente al entonces ministro Salvador del Solar solicitándole que retire el llamado “enfoque de género” de las escuelas. Estos son dos ejemplos de decenas que se pueden citar. Por eso, llama la atención que monseñor del Río no solo defienda Fiducia supplicans, controvertido documento muy criticado por las facciones más conservadoras de la Iglesia a la cual él pertenecía, sino que también instara a que la Conferencia Episcopal preparara una declaración de adherencia a ese documento: “De modo que muchos fieles católicos y otras personas, también en el Perú, que siguen las noticias y las redes sociales, están confundidos. Por ello, me permito proponer a la Asamblea que se emita un comunicado o mensaje que exprese que los Obispos del Perú, de modo unánime, acogemos la Declaración e instruiremos a nuestros sacerdotes y diáconos sobre la oportunidad y el modo prudente de aplicarla en concordancia con el deseo del Santo Padre y teniendo en cuenta la realidad religiosa y cultural de cada una de nuestras jurisdicciones eclesiásticas”.
Según se dio a conocer en la página web del Arzobispado de Arequipa, durante los días 7 y 8 de marzo se realizaron una serie de actividades dirigidas a distintos públicos a cargo del sacerdote español Jordi Bertomeu quien estuvo de visita en el Perú como parte de una misión para investigar a la institución religiosa Pro Ecclesia Sancta. Lo que llama la atención de este acontecimiento es que es demás conocido en los pasillos eclesiales que Bertomeu pertenece a la facción más progresista de la Iglesia y que, en el Perú, tiene buenas migas con los obispos de la Conferencia Episcopal que comparten esa postura. Por tanto, no debería estar acorde con los principios que tradicionalmente ha defendido Mons. del Río. Entonces, ¿por qué lo invita?
Desde una perspectiva de relacionista público, todo indicaría que monseñor del Río está en una campaña para ser considerado en los nuevos aires que ventean al interior de la iglesia peruana. En ese sentido, es importante señalar que en la actualidad la Conferencia Episcopal del Perú está sufriendo muchas movidas internas que parecen indicar que hay una especie de reubicación de fichas del episcopado peruano bajo la cual se estarían sacando obispos más “conservadores”. En estas movidas tiene no poco que ver el ahora Cardenal Prevost que preside desde enero de 2023 el equivalente a un ministerio en el Vaticano que justamente tiene como misión nombrar obispos. ¿Tendrá Mons. del Río temor a ser reemplazado y por eso prefiere “comulgar” con los nuevos aires ideológicos?
Ojalá que no sea tan ingenuo y piense que le van a “perdonar la vida” por el cambio camaleónico. Desde esta humilde tribuna lo instamos a que no se deje engañar ni por sus compañeros obispos ni por Jordi Bertomeu. Si su cabeza ya está pedida, mejor que se vaya preparando a morir de pie sosteniendo sus principios y no de rodillas ante personas que han demostrado no ser pastores sino inquisidores.

Mons. Jordi Bertomeu y Mons. Javier del RíoMonseñor Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano (izquierda); y Monseñor Javier del Río, Arzobispo de Arequipa (derecha). Crédito: Arzobispado de Arequipa.

Oficial del Vaticano dicta conferencias sobre prevención de abusos en Arequipa

David RamosPor David Ramos– ACI Prensa.
En el marco de su visita al Perú, Monseñor Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, dictó recientemente en la Arquidiócesis de Arequipa, al sur del país, dos conferencias sobre prevención de abusos en la Iglesia Católica.
En un comunicado difundido por la Arquidiócesis de Arequipa, Monseñor Bertomeu fue invitado por el Arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río, para dictar las conferencias sobre “La cultura de la prevención según el Papa Francisco: una respuesta como creyentes a la crisis de los abusos en la Iglesia”, los días 7 y 8 de marzo.
Monseñor Bertomeu se encuentra en Perú desde el 4 hasta el 12 de marzo. De acuerdo a información difundida por el Arzobispado de Lima, el oficial del Vaticano se encuentra en el país para evaluar la “investigación canónica en fase diocesana” realizada por la arquidiócesis de la capital peruana al instituto de vida consagrada de derecho diocesano Pro Ecclesia Sancta sobre “presuntas irregularidades financieras”.
Conferencia de Mons. Jordi Bertomeu para más de 1.500 catequistas el 7 de marzo en Arequipa. Crédito: Arzobispado de Arequipa.Conferencia de Monseñor Jordi Bertomeu para más de 1,500 catequistas el 7 de noviembre en Arequipa. Crédito: Arzobispado de Arequipa.
A mediados de 2023, Monseñor Bertomeu visitó el Perú junto a Monseñor Charles Scicluna, Arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, para investigar a la sociedad de vida apostólica de derecho pontificio Sodalicio de Vida Cristiana.
El Arzobispado de Arequipa indicó que la primera conferencia dictada por Monseñor Bertomeu, el 7 de marzo, estuvo dirigida a más de 1,500 catequistas “de las diferentes parroquias, colegios y movimientos que vienen participando en el VII Curso Anual de Actualización para Catequistas de Confirmación”.

APEC 2024

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El viernes 8 de marzo, en Lima, concluyó con éxito la Primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC y eventos asociados (SOM1 en inglés), con la participación de representantes de las 21 economías miembro de este foro. El evento se desarrolló sin contratiempos, gracias a la estrecha coordinación entre la organización mencionada y las autoridades policiales, lo cual fue elogiado por las delegaciones participantes”, se lee en la misiva.
Asimismo, la organización empresarial reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las próximas reuniones en el país.
Se subrayó la importancia de la cooperación entre las autoridades de la PNP y las instituciones encargadas de la seguridad en la prevención de amenazas contra la integridad de los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, así como la relevancia de eventos internacionales como APEC en el escenario global.
Fuente: Diario EXPRESO.

TC ordena suspender el cobro de peaje

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus colectivo presentada contra Rutas de Lima SAC y ordenó a esta empresa suspender el cobro del peaje en Puente Piedra, por haberse vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes de Puente Piedra y de los usuarios que circulan por esa vía concesionada.
Dicha decisión se mantendrá hasta que se adopten las medidas para cesar el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito o no.
En la sentencia recaída en el Exp. N° 01072-2023-PHC/TC el Tribunal advirtió, por un lado, que existe un deber constitucional de reprimir y combatir la corrupción, por lo que las circunstancias que rodearon el contrato de concesión del peaje deben ser esclarecidas por la justicia peruana; y por otro lado, la implementación del contrato de concesión “Vías Nuevas de Lima”, a través de obras de infraestructura, en el tramo de la Panamericana Norte -a la altura de Puente Piedra-, ha terminado afectando, de modo irrazonable y desproporcionado, el derecho al libre tránsito de los pobladores de Puente Piedra para transitar dentro de su propio distrito o salir de él.
Asimismo, la inexistencia de rutas alternas ha generado también, limitaciones a la transitabilidad, pues los puentepedrinos, para desplazarse entre ambas márgenes de la vía concesionada, tienen salir de su distrito y atravesar los distritos de Los Olivos o Carabayllo y Comas, para luego volver a reingresar a Puente Piedra por la Panamericana Norte, afectando su calidad de vida.
Además, la vía propuesta como alterna, que se inicia en el óvalo Puente Piedra y culmina en la intersección de la autopista Chillón Trapiche y Panamericana Norte, en determinados tramos, cuenta con un solo carril para los vehículos que circulan en sentido norte a sur, por lo que, desde un análisis material, no está en la aptitud de soportar un alto tránsito vehicular. En tal sentido, no puede reputarse como alterna a la vía concesionada.
Igualmente, el Tribunal exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público para que los jueces y fiscales que conocen los procesos penales contra los exfuncionarios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las demás personas que resulten responsables de la celebración del contrato de concesión y adendas, resuelvan los mismos con la celeridad que permita la ley, bajo responsabilidad penal y administrativa.
Lima, 8 de marzo de 2024
Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO Nº009-2023-2024-CR
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE INHABILITA POR DIEZ AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL MIEMBRO DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS POR INFRACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
CONSIDERANDO:
Primero.- Con fecha 10 de mayo de 2023, el congresista de la República JORGE CARLOS MONTOYA MANRIQUE presentó la Denuncia Constitucional 373 contra 1) IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO, Presidenta de la Junta Nacional de Justicia; 2) ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia; 3) HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA, miembro de la Junta Nacional de Justicia; 4) ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES, miembro de la Junta Nacional de Justicia; 5) MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES, miembro de la Junta Nacional de Justicia; y 6) GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en los artículos 361, 376, 381, 395 y 399 del Código Penal, respectivamente.
Asimismo, la Denuncia Constitucional 373 también fue dirigida contra la señora LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política del Perú que regula los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, y por la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en los artículos 361, 376, 381, 395 y 399 del Código Penal, respectivamente.
Segundo.- En sesión del 9 de junio de 2023 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría -10 votos a favor, 6 en contra y 1 sin respuesta- el Informe de Calificación que declaró ADMITIR A TRÁMITE, procedente la Denuncia Constitucional 373 que interpone el denunciante, congresista señor JORGE CARLOS MONTOYA MANRIQUE, contra IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO, Presidente de la Junta Nacional de Justicia, ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA, miembro de la Junta Nacional de Justicia, ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, y GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú y contra LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Se declararon IMPROCEDENTES los demás extremos de la denuncia.
Tercero.- En sesión del 22 de septiembre de 2023, la Comisión Permanente del Congreso, luego de tomar conocimiento del Informe de Calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la Denuncia Constitucional 373, acordó otorgar un plazo de hasta quince días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final, de conformidad con el primer y segundo párrafos del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Cuarto.- En sesión del 16 de febrero de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó -por catorce (14) votos a favor, dos (2) votos en abstención y cuatro (4) votos en contra- el Informe Final recaído en la Denuncia Constitucional 373, que concluye lo siguiente: a) ACUSAR a la señora IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO, Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; b) ACUSAR al señor ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; c) ACUSAR al señor HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; d) ACUSAR al señor ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; e) ACUSAR a la señora MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; f) ACUSAR al señor GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN, miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; y, g) ACUSAR a la señora LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO, miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución, y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política.
En el referido informe final se ha podido acreditar que los seis primeros de los denunciados emitieron la Resolución 224-2020-JNJ mediante la cual acordaron interpretar que el límite de edad previsto en el inciso 3 del artículo 156 de la Constitución Política, solo era un límite de acceso al cargo y no para mantenerse en el mismo; lo cual contradice la disposición constitucional expresa que no hace tal distinción, además de no contar con facultades de interpretación vinculante de la Constitución y de recurrir a SERVIR a efectos de que emita el Informe 001381-2020-SERVIR-GPGSC-SERVIR que contenía dicha interpretación, precisando que el procedimiento de emisión del referido informe fue a instancia de la Junta Nacional de Justicia, representada en ese momento por el denunciado ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS que finalmente fue asumida por los denunciados y que benefició directamente a la denunciada LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO, al mantenerse en el cargo fuera del límite de edad previsto en la Constitución y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en ambos dispositivos en forma taxativa, se señala que para ser miembro de la Junta Nacional de Justica, junto con otros requisitos se requiere “Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años y menor de setenta y cinco (75) años”, por lo que se cumpliría con el estándar probatorio exigido para determinar la infracción de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política.
Quinto.- La Comisión Permanente, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2024, aprobó las conclusiones del Informe Final de la Denuncia Constitucional 373 referidas al denunciado ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, con dieciocho (18) votos a favor, siete (7) votos en contra y un (1) votos en abstención y, además se aprobó la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el Pleno del Congreso de la República, con veintiún (21) votos a favor y cuatro (4) votos en contra.
Sexto.- Durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional, se ha respetado el debido proceso y se ha brindado al denunciado ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS todas las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho de defensa, quien ha presentado sus descargos y ha participado en las sesiones de audiencia pública. Asimismo, se le ha garantizado el acceso al expediente de la denuncia constitucional.
Sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, y luego de haber ejercido el denunciado su derecho a la defensa, el Pleno del Congreso de la República, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso i) del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto:
INHABILITAR por diez (10) años para el ejercicio de la función pública al señor ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, en su condición de miembro de la JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, por infracción a la Constitución Política del Perú, en sus artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3.
Publíquese, comuníquese y archívese.
Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los ocho días del mes de marzo de dos mil veinticuatro.
ALEJANDRO SOTO REYES
Presidente del Congreso de la República
ARTURO ALEGRÍA GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

ASÍ FUE LA VOTACIÓN PARA INHABILITAR A INÉS TELLO:

El papel clave de ‘Los Niños’
Luego, el pleno del Congreso rechazó inhabilitar a Vásquez en una primera votación. En esta, la propuesta para retirarlo de la JNJ solo obtuvo 65 adhesiones; es decir, dos menos del mínimo necesario para ser aprobada.
Sin embargo, el legislador Isaac Mita (Perú Libre) presentó una reconsideración que fue aprobada por mayoría parlamentaria. Con ello, se volvió a votar el caso y en esta nueva ocasión sí se alcanzaron 67 adhesiones.
En esa votación, los legisladores Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi, ambos de Acción Popular; y Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) jugaron un papel clave.
Doroteo cambió su voto de abstención a favor. En tanto, Flores Ancachi no participó en la primera votación, pero sí de la segunda, para pronunciarse a favor.
Por último, Marticorena cambió radicalmente de postura: primero votó en contra de la sanción y luego la respaldó.
ASÍ FUE LA VOTACIÓN FINAL CONTRA ALDO VÁSQUEZ:

Durante el debate parlamentario, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) consideró que Vásquez, quien fue presidente de la JNJ en el 2020, tuvo las herramientas legales para declarar la vacancia de Tello.
Además, cuestionó que los miembros de la JNJ justificaran la permanencia de Tello con un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que concluyó que la edad no era una causal de vacancia señalada en la Ley Orgánica de la junta.
En tanto, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) criticó el rol de la junta. Señaló que, mediante esa institución, Patricia Benavides, hoy investigada por presunta organización criminal y otros delitos, fue nombrada fiscal suprema y luego titular del Ministerio Público.
También aseguró que “Los Cuellos Blancos del Puerto” aún “están vivitos y coleando” porque la JNJ no cumplió con su deber de reformar el sistema de justicia.
Finalmente, el Congreso no alcanzó los votos suficientes para inhabilitar a los magistrados Guillermo Thornberry, María Zavala e Imelda Tumialán, quienes permanecerán en la JNJ. Y dejó pendiente la votación final en el caso de Antonio de la Haza, presidente de la junta.
La defensa de la JNJ
Durante la primera parte de la sesión plenaria, los seis integrantes de la JNJ y Henry Ávila, quien renunció al colegiado hace un par de semanas, realizaron su defensa y exhortaron al Congreso a la reflexión y a no tener injerencia en el sistema de administración de justicia.
Por ejemplo, el presidente de la JNJ, Antonio De la Haza, consideró que la inhabilitación de seis de los siete actuales miembros de la institución “solo conviene a todos aquellos que son investigados, pues prefieren que sus casos no avancen, que prescriban y que sus investigaciones sean archivadas”.
Esto en el contexto de que solo tres de los seis suplentes podrían ingresar a la junta. El resto supera la edad límite para incorporarse.
De la Haza defendió la interpretación que hizo su organismo en el 2020 para permitir que Tello continúe en actividad, al considerar que el artículo 156 (inciso 3) de la Constitución establece que la edad límite para ingresar al colegiado es de 75 años, pero no lo ubica como una barrera para permanecer en este.
“No es posible sostener que hemos realizado una interpretación arbitraria y antojadiza […] Quieren enviar un mensaje a jueces y a fiscales que, si discrepan de los criterios políticos, su autonomía e independencia no estará garantizada”, acotó.
A su turno, Vásquez subrayó que la JNJ “es órgano clave para la preservación de la separación de poderes y de la democracia”. Añadió que la acusación constitucional promovida por Jorge Montoya (Renovación Popular) “afecta la independencia” de esta institución.
Vásquez, en ese sentido, alertó que una remoción total o parcial de los miembros de la JNJ “no se había visto en el Perú desde que Juan Velasco Alvarado destituyó a 13 jueces supremos en diciembre de 1969 [en la dictadura militar] o desde la ruptura del orden constitucional el 5 de abril de 1992 [cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso]”.

Presidente de la JNJ no fue inhabilitado

Samuel Abad dijo que, bajo el criterio de un sector del Parlamento, este, más adelante, podría inhabilitar a toda la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional si es que no comparte sus criterios en una resolución. “Esto significa una afectación a la autonomía e independencia de los órganos de justicia”, concluyó.
Fuente: Diario El Comercio.

Guillermo Tornberry Villarán

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Juró como miembro titular de la JNJ

Por Rodrigo Saldarriaga Valverde– Canal N.
Guillermo Thornberry juramentó como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para completar el período 2020 – 2025, ocupando el puesto vacante tras la renuncia de José Ávila.
Thornberry, que era miembro titular, pasó a ser primer suplente cuando Marco Falconí juró como miembro titular en su lugar, al modificarse el cuadro de méritos por un fallo a favor de este último de parte del Tribunal Constitucional (TC).
La juramentación la realizó el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, como presidente de la Comisión Especial encargada del nombramiento de los miembros de la JNJ.
La ceremonia contó con la asistencia de los actuales titulares del Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, que también forman parte de la Comisión Especial, y el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza Barrantes.
ÁVILA RENUNCIÓ AL CARGO POR DECLARACIONES DE JAIME VILLANUEVA
José Ávila renunció al cargo de manera irrevocable tras ser nombrado en las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.
A través de un comunicado, Ávila indicó que las declaraciones de Villanueva son “hechos notoriamente falsos“, en referencia a la visita que realizó el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, a su despacho en mayo de 2022.
En el marco del proceso de investigación fiscal que viene llevando a cabo la Fiscalía, el señor Jaime Villanueva ha declarado, en su condición de testigo, un conjunto de hechos notoriamente falsos sobre ciertas verdades que atañen a mi conducta en mi condición de miembro de la JNJ, en el contexto de una visita oficial realizada en mi despacho en la segunda quincena de mayo de 2022, que realizó el señor Félix Chero, exministro de Justicia“, se lee en el oficio.
Ávila rechazó las declaraciones de Villanueva y advirtió que renuncia al cargo para garantizar la integridad, transparencia e institucionalidad de la JNJ.

Yaziré, Vizcarra y Figueredo

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Martín Vizcarra y César Figueredo complotan contra Alberto Otárola: se descubre patraña para sacarlo del cargo

La supuesta pareja del premier, Yaziré Pinedo, dice que audio ha sido editado y es del año 2021. Aclaró que le ofrecieron 200 mil dólares para que acuse al premier

Luego ser considerado públicamente como un ‘depredador sexual’, que aprovechaba su cargo de primer ministro para repartir el dinero de los peruanos a fin de contratar a sus amantes de turno, anoche, tras las declaraciones públicas de la propia Yaziré Pinedo, ha quedado en evidencia que toda esta telenovela en realidad sería un complot orquestado por el ‘lagarto’ Martín Vizcarra y César Figueredo (exdirector ejecutivo de Cofopri y actual secretario nacional del partido Perú Primero).
Pinedo confesó que se trata de un audio editado, y que el material original es un video de aproximadamente 14 minutos, grabado por las cámaras de su domicilio, en la que ella entabla una videollamada con el entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, porque esta comunicación se realizó en el mes de enero del año 2021, cuando ella sostuvo una relación de una semana con el ahora primer ministro.
Eso quiere decir que el audio publicado en el programa Panorama, es un material periodístico que se ha presentado fuera de contexto, porque no corresponde al tiempo en que Alberto Otárola ha sido primer ministro del gobierno de Dina Boluarte.
Sin embargo, lo que Yaziré Pinedo no ha dudado en señalar públicamente, en el programa Beto a Saber de Willax TV, es que este material ella se lo entregó al señor César Figueredo en calidad de abogado, y que él se habría encargado de otorgárselo al programa dominical.
Yaziré fue pareja de un hombre clave en esta historia, César Figueredo, exjefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) durante el gobierno de Martín Vizcarra, y actualmente se desempeña como secretario general del partido del ‘Lagarto’, Perú Primero.
Además, no dudó en dar detalles que Figueredo le señaló que el hermano de la presidenta [Nicanor Boluarte], le entregaría 200 mil dólares para que ella declare y corrobore la denuncia hecha pública este último fin de semana, pero que ella no aceptó.
Yaziré Pinedo también dio a conocer que la relación de Figueredo con el hermano de la presidenta es muy cercana y que sus intenciones eran sacar del cargo a Otárola, para que Nicanor Boluarte pueda colocar en ese puesto a alguien de su confianza.
Como prueba de sus afirmaciones, mostró una foto en la que ella aparece junto a Martín Vizcarra, que corresponde al mes de octubre del año pasado, según dijo Yaziré, por lo que quedaría demostrado que durante los últimos meses se habría estado fabricando esta patraña en contra del primer ministro.
Definitivamente, el operador de toda esta patraña sería nada menos que el director ejecutivo de Cofopri durante el gobierno de Vizcarra, César Figueredo, quien sí tuvo una relación sentimental con Yaziré Pinedo, según lo ha señalado ella misma.

Por qué da la cara

En su desesperación dijo que como mujer se siente vulnerada, y que desde que se hizo público este audio se ha visto seriamente afectada en su salud emocional, y ese sería el motivo por el que ahora sale a declarar públicamente pues considera que han mancillado su honor, para complotar en contra del jefe de Gabinete. “Pido ayuda a la presidenta, a la ministra de la Mujer, para que me defiendan”, dijo.
Señaló, además, que está dispuesta a mostrar su teléfono a la propia presidenta Dina Boluarte para que sepa todos los detalles detrás de esta historia para sacar del cargo a su primer ministro; igualmente, dijo que entregaría todo el material al Ministerio Público a fin de que se haga justicia.

Iría a la cárcel si favores eran ciertos

Más temprano abogados penalistas sostuvieron que el premier Alberto Otárola iría más de 15 años a la cárcel, si se corroboraba su protagonismo en la negociación de un servicio de atención o trabajo administrativo en favor de su pareja Yaziré Pinedo en el Ministerio de Defensa, hecho revelado mediante un audio difundido por el dominical Panorama, donde se escucha al titular de la PCM pidiéndole el currículum a la citada joven de 25 años.
En el programa Beto a Saber, se expuso una captura de pantalla de una conversación que la fémina mantuvo con Figueredo, en el que este le dio una sospechosa sugerencia.
¿Y si vendemos el video?, después que lo boten no va valer nada. Jajaajajajaja”, se leyó en el mensaje de WhatsApp expuesto en el programa del periodista Beto Ortiz.
A raíz de esto, la mujer confesó que el clip, que fue viralizado por Panorama, fue grabado por Figueredo. “El señor César (Figueredo) indicó que el día lunes perdió su teléfono, y milagrosamente salió el audio que justamente el quería que salga a la prensa. Incluso me contactó con el señor Marco Vásquez, director de Panorama. Me contactó con él para tener una entrevista”, contó.
En medio de la reveladora entrevista, la amiga de Alberto Otárola culpó al expresidente Martín Vizcarra y al exfuncionario de Cofopri, César Figueredo.
Fuente: Octavo Mandamiento Canal N, Beto a Saber, Diario EXPRESO.

Resolución ministerial firmada por Chávez Cresta que pasa al retiro al coronel EP Héctor Alvarado.Resolución ministerial firmada por Chávez Cresta que pasa al retiro al coronel EP Héctor Alvarado.

“Pantaleón” pasó al retiro a agresor de Yaziré Pinedo

Sucedió en 2020, cuando era titular de Defensa durante el gobierno de Martín Vizcarra

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
La Resolución Ministerial 671-2020-DE/EP, publicada el 31 de octubre de 2020, sería un documento más de pase al retiro en el Ejército Peruano si no fuera porque dos de los nombres que aparecen allí rubricados tienen en común a Yaziré Pinedo Vásquez, la proveedora del Estado que provocó la caída del expremier Alberto Otárola.
Una de las personas es el mismísimo exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, mencionado por Pinedo como el responsable de que ella sea contratada en esa cartera en mayo de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte.
El otro personaje en cuestión es el entonces coronel de Caballería, Héctor Ulises Alvarado Vía y Rada. La resolución firmada por Chávez Cresta anunciaba el fin de la actividad de Alvarado en el Ejército. Pero hay una historia detrás de ese cambio.
La madrugada del 5 de febrero de ese 2020, Yaziré Pinedo denunció por violación a Héctor Alvarado, de 56 años en esa época. Según el parte policial, al que accedió Perú21, Pinedo señaló a Alvarado como su “expareja” y detalló que este intentó ultrajarla en su vivienda de San Isidro, luego de que la recogiera de la Universidad Las Américas, donde estudiaba Contabilidad.
Según el relato, ella estaba dormida sobre su cama y de pronto el militar la despertó “a jalones” para reclamarle por comunicaciones que había encontrado en su laptop con otras personas.
Tras ese pleito, este le pidió tener relaciones sexuales, pero Pinedo Vásquez se negó, a lo que el coronel en retiro amenazó “con hacerla famosa” al difundir en su centro de trabajo las fotos que tenía de ella.
El 2020 fue el último año de gobierno de Martín Vizcarra, antes de ser vacado por el Congreso. Para ese entonces, Yaziré Pinedo ya había trabajado en Cofopri bajo el mando de César Figueredo, a quien comprometió estar detrás de un complot contra Otárola.
¿El pase al retiro de Héctor Alvarado fue consecuencia de la denuncia de Pinedo? Perú21 se comunicó con el exministro Chávez Cresta, quien refirió que no conocía al coronel de Caballería.
En una entrevista anterior, el general del Ejército (r) negó que haya contratado a la exproveedora en el sector Defensa. Pero que su nombre aparezca nuevamente en un hecho protagonizado por Pinedo Vásquez no parece obra de la casualidad.
Este diario también buscó a Alvarado en su vivienda de Surco que declaró ante el Reniec. No obstante, indicaron que él y su familia ya no vivían en ese inmueble.
Fuentes que eran del círculo de Yaziré Pinedo señalaron que esta tenía “más vínculos” con otros integrantes de las Fuerzas Armadas.

Aldo Vásquez se burla del Congreso

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Por un lado, Aldo Vásquez se pasea por los sets sin escatimar mofas contra el Congreso: “no saben aritmética”, confiado en las cautelares delivery que suelen brotar a su favor con celeridad asombrosa tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en el Poder Judicial; mientras que por otro, el pleno del Congreso espera a los siete magistrados que modificaron la Constitución y de paso la lengua española: “para ser miembro de la JNJ -para ellos ser es igual a postular- se requiere ser menor a 75 años”.
Aldo Vásquez, portavoz de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no ha escatimado mofas en el paseíllo que viene realizando por los medios de comunicación para burlarse del Congreso que el próximo jueves 7 votará la destitución de los miembros de la junta, como recomendó la Comisión Permanente que además propuso inhabilitar por 10 años a los integrantes de la JNJ (26/2/24) por haber avalado inconstitucionalmente la permanencia de la magistrada Inés Tello por encima de los 75 años.
Los congresistas tienen diferencias matemáticas
En el rush de entrevistas que viene dando, el doctor Vásquez se viene revelando como un eximio matemático, como si tuviera una calculadora científica en la mano, apela a la extrapolación (calcular los resultados en base a los resultados obtenidos en otro cálculo) ante el estupor de sus entrevistadores.
En RPP señaló: “la suerte no está echada…los congresistas que buscan la remoción de los miembros de la junta podrían llevarse una gran sorpresa, porque parece que tienen alguna deficiencia matemática. Ellos dicen que fue abrumadora la votación en la Comisión Permanente, la verdad es que no… llegaron a 18 que no son los dos tercios del número legal. Si usted extrapola esos números al pleno, podrían llevarse una ingrata sorpresa…” (29/2/24).
Antes, con Rosa María Palacios señaló sumamente confiado: “Si extrapolamos la votación obtenida en la Comisión Permanente al pleno del Congreso, no se hubiera podido vacar a los siete miembros, sino en el mejor de los casos a uno… Creo que podrían llevarse una sorpresa” (Radio Santa Rosa 27/2/24). Se refería a que él mismo, y, además, Henry Ávila obtuvieron solo 18 votos (60% de los votos) y que solo la magistrada Imelda Tumialán alcanzó los 21 votos (70%).
En estos días, la extrapolación se ha convertido en su sueño feliz, que bien podría convertirse en pesadilla, porque ante Mario Ghibellini la volvió a mencionar: “Si extrapolamos (la votación de la “Permanente”) al Pleno del Congreso, no llegarían a completar los votos… la aritmética no engaña (Canal N 26/2/24). Como se puede apreciar, Aldo Vásquez se ha destapado como un sachamatemático de aquellos, o quizá, en su bagaje académico exhiba cursos secretos de estadísticas que le han inflado el ego.
De la extrapolación a la verdad de la milanesa
Sucede que el jueves 7 solo pueden votar 100 congresistas, restando de los 130 congresistas los 30 que forman parte de la Comisión Permanente, y, para aprobar la acusación constitucional se requieren los dos tercios, es decir, 66.66% que redondeando son 66 votos. Además, podrían votar aquellos congresistas de Comisión Permanente, sí los hubiera, que no hayan estado presente durante la votación del informe.
La agenda de la JNJ recompuesta tiene puntos álgidos: el primero de ellos, la reconsideración a la suspensión de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ya acumula dos meses de retraso; la investigación preliminar al fiscal supremo Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y el nombramiento de nuevos jueces supremos y fiscales supremos sin inoculación del caviaraje, que bien podría quedar para la próxima gestión.
SOS: JNJ recluta caviares, caviarones y acaviarados
A ojo de buen cubero, sin recurrir a las sutilezas matemáticas que maneja Vásquez, para el pleno se cuenta como votos seguros por la destitución, restando los congresistas que votaron en la Comisión Permanente, bancada por bancada, lo siguiente: Fuerza Popular 16 votos, APP 9, Renovación Popular 7, Avanza País 6, Acción Popular 6, Perú Libre 8, los que suman 52 votos, quedando por definir si se suman algunos congresistas del Bloque Magisterial 6, Podemos 6, Somos Perú 4 y No Agrupados 21, es decir 37 votos en pugna, con los que se podrían alcanzar 89 votos.
Al otro extremo están los probables votos asegurados en contra: Cambio Democrático (exJPP) 7 que son los caviares al 100%, Perú Bicentenario (ex Perú Libre) 4, que podrían tildarse de caviarones con los que alcanzarían solo 11 votos. Es por ello que requieren de algunos acaviarados que nunca faltan y pululan entre los exPodemos y Somos Perú.
Más allá de la famosa extrapolación queda claro que hay 37 votos por definir, en los que se espera una negociación ardua, negociación política, como se estila aquí y en la Cochinchina.  Podría resultar lógico que en el cabildeo puedan sobrevivir algunos de los siete miembros de la JNJ.
En los pasadizos, por el momento, se especula que existen dos posiciones: la radical, que se vayan todos, con lo que la futura JNJ estaría compuesta en un primer momento por solo cuatros miembros suplentes: el recién juramentado Marco Falconí (65 años) y otros tres suplentes cuya edad es menor a 75 años: Abraham Siles (62), Mónica Rosell (60) y Jaime de la Puente (56), porque los otros tres, Pilar Tello (78), Jorge Calderón (75) y Jacinto Julio Rodríguez (76) ya superan el límite de 75 años. Con lo quedarían cuatro miembros del JNJ.
La otra posición menos radical es que destituyan e inhabiliten a cuatro: Inés Tello, Aldo Vázquez, Imelda Tumialán, Henry Ayala (que esta descontado) y Antonio de la Haza por caviares, quedando Falconí, redimiendo a María Zavala y a Guillermo Thornberry. A los que se sumaría el caviar Abram Siles de todos modos y los otros suplentes: Mónica Rosell y Jaime de la Puente hasta que se elija una nueva composición del JNJ.
Fuente: Diario EXPRESO.

Caso JNJ y Patricia Benavides: declaraciones de fiscal Delia Espinoza sepultan a la Junta | Investigación empezará de cero

Magistrada Delia Espinoza dice que con “información incipiente” del exasesor Jaime Villanueva la Junta suspendió a Patricia Benavides.
Unas recientes declaraciones de la presidenta de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos Por Funcionarios Públicos, Delia Espinoza, confirmaron que el procedimiento disciplinario inmediato abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se llevó a cabo sin la existencia de pruebas que demostraran su supuesta involucración en una organización criminal que operaba en su gestión frente a la Fiscalía de la Nación.
Así lo evidenció las expresiones de la fiscal Espinoza durante la audiencia de tutela de derechos interpuesta por la defensa legal de Benavides del último viernes durante la cual la funcionaria indicó que las diligencias en contra de Benavides se iniciaron con “información incipiente”, en referencia a las declaraciones incriminatorias del exasesor de la fiscal de la Nación Jaime Villanueva.
“Precisamente por eso estamos llevando adelante todas y cada una de las diligencias para contrastar la noticia criminal, para verificar, para indagar, para hacer todo un despliegue de investigación desde cero.
Hemos empezado desde cero porque somos respetuosos y conscientes que todos los informes que llegaron de Eficcop son de ellos, no son nuestros”, manifestó Espinoza “A nosotros no se nos puede criticar por recibir una noticia criminal y, desde el primer día, empezar con diligencias porque para nosotros eran simplemente información incipiente y eso lo acreditamos con nuestra carpeta”, agregó.
Estas declaraciones de Espinoza -que más parecen una confesión culposa- no hacen sino reafirmar que, a Patricia Benavides, la JNJ decidió suspenderla como fiscal de la Nación por las declaraciones de Villanueva que la sindicaban como la presunta líder de una organización criminal que operaba en la Fiscalía, aun cuando ni siquiera el mismo Ministerio Público había abierto una investigación en contra de la funcionaria para corroborar estos supuestos.

Inhabilitación

El solo hecho que con “información incipiente” la JNJ haya suspendido a Patricia Benavides nos dice que el Congreso de la República tiene un nuevo argumento, ahora con la autoridad inequívoca de provenir de la fiscal suprema encargada de la investigación, para inhabilitar a los miembros de la JNJ este 7 de marzo, esto porque está claro que actuaron con grave infracción a sus deberes de función.
Eso es lo que se comenta en la comunidad jurídica, más si reparemos en las palabras que cuidadosamente usa la Dra. Delia Espinoza. No dice “información incompleta” ni “información parcial”. Usa un calificativo de extrema dureza: “información incipiente”.
Es decir, nada. Y en base a nada o con meros chismes es posible suspender una fiscal de la Nación. Dicha de otra forma la citada fiscal suprema deja en claro que nunca hubo caso contra Patricia Benavides.

Habla Abanto

En esa misma línea se manifestó el abogado Humberto Abanto, quien aseveró que la Junta Nacional de Justicia actuó de manera precipitada e irregular en contra de Benavides “con información que no era sólida” y manipulada.
“Hemos visto que (las pruebas) se trataban de pantallazos de chats de WhatsApp que habían sido suprimidas las conversaciones de la otra parte y con eso tomó una decisión. Es más, han pasado 40 días y todavía (la JNJ) no resuelve la reconsideración de la señora Patricia Benavides. Aseverar que la Junta Nacional de Justicia actuó precipitadamente y, estoy seguro que de manera política, no es nada más que constatar un hecho que ha sido corroborado por la señora Espinoza”, indicó en diálogo con EXPRESO.

Objetivo: La Fiscalía

Según señaló Abanto, los magistrados que integran la JNJ habrían actuado con premura en contra de Benavides con el objetivo de poder deshacerse de ella como titular del Ministerio Público y así poder recapturar esta institución en beneficio de determinado sector ideológico/político.
Un sector ideológico al que pertenece la mayor parte de esa junta se dio cuenta que habían perdido el control de un instrumento que convirtieron en arma de ataque a todos sus adversarios políticos y decidieron recuperar de un zarpazo esa institución”, aseveró el letrado. Abanto también afirmó que Benavides significaba un obstáculo para cierto sector ideológico al no permitir que el Ministerio Público fuera utilizado “como un instrumento de persecución de los adversarios políticos de la línea ideológica que defiende la JNJ”.

El monseñor español Jordi Bertomeu predica durante la misa en la diócesis costarricense de Ciudad Quesada en noviembre de 2023. (Crédito: Diócesis de Ciudad Quesada).

‘007’ del Vaticano regresa a Perú para continuar la investigación de grupos

Por Elise Ann Allen-Crux.
Se espera el anuncio por parte de la Arquidiócesis de Lima en Perú de que un miembro del principal dúo investigador del Vaticano, el español monseñor Jordi Bertomeu, está de regreso en el país para continuar las investigaciones sobre un grupo plagado de escándalos.
Bertomeu, funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, viajó el verano pasado a Lima junto con el secretario adjunto del departamento, el arzobispo maltés Charles Scicluna, para entrevistar a miembros del Sodalitium Christianae Vitae (SCV).
Una “sociedad de vida apostólica” bajo la ley de la iglesia y el movimiento laico eclesial más grande del Perú, la SCV fue fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari en 1971.
Poco después de la visita de Scicluna y Bertomeu a finales de julio y principios de agosto de 2023, surgieron acusaciones de irregularidades financieras en torno a otra comunidad con sede en Perú, Pro Ecclesia Sancta (PES), un instituto de vida consagrada de rito diocesano fundado por el padre jesuita español Pablo Menor en 1992. .
Una familia espiritual compuesta por sacerdotes, laicos y religiosos y religiosas, PES se dedica a promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Además de Perú, también tienen presencia en Estados Unidos, Italia, Uruguay, Ecuador y España.
Apodados los “007” del Vaticano, Scicluna y Bertomeu son ampliamente considerados como los investigadores más creíbles del Vaticano, con un historial que incluye varios casos de abuso de alto perfil, como la investigación sobre los Legionarios de Cristo y su fundador, el difunto Padre mexicano. Marcial Maciel Degollado; los explosivos escándalos de abuso sexual clerical en Chile que involucran al difunto ex sacerdote Fernando Karadima; así como crisis de abuso en muchos otros países del mundo.
El año pasado, Bertomeu viajó a varios otros países de América Central y del Sur para manejar casos específicos de abuso, incluidos Bolivia, Honduras y Paraguay. En Paraguay, él y el cardenal brasileño Orani João Tempesta investigaron el caso de Belén Whittingslow, uno entre muchos en la creciente lista de adultos abusados ​​en la iglesia.
Whittingslow, exalumna de la Universidad Católica de Asunción, acusó a su profesor, Cristian Kriskovich, de acoso sexual repetido en línea a través de mensajes e imágenes explícitos. Sin embargo, su caso civil fue desestimado y finalmente ella misma enfrentó cargos legales por supuestamente falsificar documentación y por daños a Kriskovich, lo que la obligó a huir a Uruguay, donde solicitó el estatus de refugiada.
La actual visita de Bertomeu a Perú es un acto en solitario y, según se informa, su objetivo principal será investigar al PES por acusaciones de fraude.
En octubre de 2023, un programa de televisión peruano publicó un informe acusando a la comunidad de realizar una estafa al no pagar un préstamo de 1.2 millones de dólares a un rico empresario jubilado.
Ese empresario, Fernando Reyes Hernández, dijo que había entregado el dinero a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús administrada por el PES en 2017, dinero que según dijo provenía de la venta de su empresa y ahorros de más de 60 años de trabajo.
Dijo que los fondos se habían transferido mediante préstamos con contratos firmados, pero que en 2019 no había recibido ningún reembolso. En total, Hernández dijo que se habían firmado cuatro contratos y diez adendas porque los contratos anteriores expiraron y la comunidad no pagó nada.
Según fuentes de la Arquidiócesis de Lima, además de Reyes Hernández, decenas de personas más afirman haber sido defraudadas por el PES.
Aunque su visita a Lima es principalmente para investigar las acusaciones de corrupción financiera contra el PES, fuentes en Perú le han dicho a Crux que la investigación sobre el SCV está en curso y que recientemente se han tomado medidas contra varios miembros destacados.
Aunque las acusaciones se hicieron varios años antes, los escándalos que involucraban al SCV explotaron en 2015 cuando los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron su exitoso libro Mitad monjes, mitad soldados, que narra años de presunto abuso sexual, físico y psicológico por parte de miembros del SCV. El propio Salinas es un ex miembro del grupo.
Figari fue acusado de abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro de la comunidad, incluso contra menores, y fue sancionado por el Vaticano en 2017 y se le prohibió tener más contacto con miembros del grupo, y actualmente vive en el exilio.
Después de varios intentos fallidos de reforma y múltiples rondas de liderazgo temporal con delegados designados por el Vaticano supervisando el proceso, las víctimas afirman que poco ha cambiado y que la cultura interna sigue siendo la misma, con una corrupción profunda entre los miembros de la élite, mientras que los abusadores y aquellos que han encubierto acusados ​​de diversos abusos continúan su ministerio sin obstáculos.
Durante las investigaciones del año pasado, Scicluna y Bertomeu se reunieron con víctimas del SCV y su dirección, así como con un político que publicó una investigación parlamentaria formal sobre el SCV, y un grupo de campesinos que acusaron de corrupción al arzobispo del SCV, José Antonio Eguren. y tráfico de tierras.
Fuentes en Perú han dicho a Crux que como parte de su investigación en curso sobre el SCV, el Vaticano ha enviado una serie de cartas que contienen acusaciones contra al menos ocho miembros de alto rango, dando a las autoridades del SCV 45 días para responder con las medidas punitivas que planean. imponer.
Las personas mencionadas en estas cartas incluyen al propio Figari; José Ambrozic, quien durante varios años vivió en Denver, Co., pero que ahora reside en Filadelfia y está acusado entre otras cosas de abuso físico y encubrimiento de abuso; y Eduardo Regal, quien actualmente es superior de la comunidad de Denver del SCV y quien también está acusado de abuso físico y encubrimiento de pornografía infantil, entre otros delitos.
Otro residente de SCV en Denver que es objeto de una de las cartas del Vaticano es Alejandro Bermúdez, periodista y ex director del Grupo ACI, propiedad de EWTN, un conglomerado internacional de medios que incluye el sitio web de la Agencia Católica de Noticias en inglés. Ahora dirige Tilma Strategies LLC y está afiliado al sitio web Catholic Vote.
Otros miembros del SCV que fueron objeto de las cartas del Vaticano son Óscar Tokumura y Edwin Scheuch, acusados ​​de abuso físico y encubrimiento de abuso, entre otros delitos; el padre Luis Ferroggiaro, acusado de abuso de menor de edad; y Miguel Salazar, acusado de encubrir al notorio abusador de niños de SCV, Jeffrey Daniels.
No está claro cuándo concluirá el caso del Vaticano que involucra al SCV, sin embargo, el hecho de que ya se hayan enviado varias cartas implica que la fase preliminar de la investigación del Vaticano ha concluido y que se están tomando los primeros pasos.
Un portavoz del SCV no respondió a una solicitud de comentarios de Crux .

Cuando Verónika pudo ser premier

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Pedro Castillo y Verónika Mendoza firmaron un acuerdo político en la segunda vuelta electoral para cambiar la Constitución de 1993.

Por Fernando Vivas– Diario El Comercio.
Una reunión entre Vladimir Cerrón y el delator Jaime Villanueva, en la casa de Ruth Luque, devela una trama que pudo conducir a un premierato de Verónika Mendoza.
Una de las granadas de Jaime Villanueva fue lanzada al corazón de Nuevo Perú (NP) y de la izquierda ‘progre’. La congresista Ruth Luque ha sido devastada con la explosión, pues hasta se le abrió investigación penal. Villanueva, que no tiene corazón ni bandera pues negoció igual con todos los bandos, dijo que pocos días antes de que Castillo asumiera la presidencia, se reunió en casa de Luque, electa por Juntos Por el Perú (la alianza que llevó a Verónika de candidata presidencial) con Vladimir Cerrón y Miguel Girao (también, como Villanueva, futuro asesor de Patricia Benavides, pero entonces lo era de Luque). El motivo del encuentro fue, según el delator, conversar sobre la posibilidad de no incluir a Pedro Castillo en una investigación sobre el financiamiento de la campaña de Perú Libre (PL). El contacto con el Ministerio Público para materializar esa promesa, era, según Villanueva, el fiscal Rafael Vela, quien no asistió pero habría participado por teléfono en altavoz (Vela lo ha negado).

Fiscalía pide 9 años de cárcel para Vladimir Cerrón por recibir resguardo policial irregular

La Fiscalía pidió nueve años de prisión efectiva en contra del prófugo Vladimir Cerrón por el delito de colusión agravada y negociación incompatible que se habrían materializado a través del supuesto resguardo policial irregular que recibió entre los años 2019 y 2021.
Carlos Rodrigo Mera Palomino, fiscal provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, realizó el requerimiento ante el ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín.
El Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, a cargo del fiscal Carlos Rodrigo Mera Palomino formalizó la acusación contra Vladimir Cerrón Rojas y otros por los delitos de Colusión Agravada, y Negociación Incompatible.
La tesis del Ministerio Público sostiene que los funcionarios del Gobierno Regional de Junín, a pesar de tener conocimiento de que los policías fueron designados por la PNP para que presten seguridad y resguardo al gobernador, los contrataron para lo mismo, percibiendo doble remuneración estatal.
Según informó la Fiscalía, “A esto se suma, que el sustento para la emisión de dichas órdenes de servicios, fueron las resoluciones ejecutivas regionales suscritas por los ex gobernadores regionales Cerrón Rojas y Orihuela Rojas, las mismas que se basaron en normas derogadas. Con dicho accionar ocasionaron un perjuicio patrimonial para el Estado por la suma de S/103,500.00 soles, conforme lo estableció la Contraloría General de la República”.
Por ello se ha requerido penas privativas de la libertad que van desde los 4 años y 8 meses hasta los 12 años, entre otras.
Fuente: Lpderecho.pe

Fábula del pelotudo

Por Umberto Jara- LimaGris.com
A lo largo de los últimos años, un mayoritario sector de periodistas se autonombró “la reserva moral” y cuestionaron a los escasísimos escribidores que sosteníamos, bajo riesgo de lapidación pública, que Gustavo Gorriti, Rafael Vela, José Domingo Pérez, Susana Villarán, Martín Vizcarra y tantos otros más, estaban incurriendo en presuntos delitos. Digo presuntos porque, al parecer, la única inocencia que tienen tales individuos es una presunción.
Una amplia cofradía de ¿periodistas? acompañó con imprudente furor, las felonías que se perpetraban. Se sentían tan empoderados que aquellos que pensaban distinto recibían injurias, eran impedidos de publicar, les cerraban las puertas de los medios de comunicación, les negaban entrevistas y hasta el saludo. Y vaya, cómo se alteraban cuando se les precisaba que no hacían periodismo sino activismo. Y era peor cuando se les decía que en lugar de periodismo estaban haciendo lobby: se ponían verdes de furia, fingiendo indignación. Todos y todes.
En estos días, empieza a asomar la realidad de los hechos que tanto disfrazaron. Cómo será la dimensión de los pecados que apenas ha asomado la punta del iceberg y ya muestran su enorme preocupación haciendo malabares para defender a los Gorriti, Vela, Pérez, Villarán, Vizcarra y siguen firmas. Significa que existe un alto nivel de compromisos y culpas compartidas.
En ese afán de defensa, los miembros de “la reserva moral” del periodismo tienen un problema para montar el circo. Acostumbrados como están a desinformar e insultar, carecen de talento para disfrazar una defensa absurda. Como corresponde a la progresía solo han oído de un tal Karl y no conocen a Groucho, el Marx más importante. Si lo conocieran habrían aprendido esta frase muy útil para escapar de los que hoy tienen que defender: “Jamás olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado de hacer una excepción”. Atados a su pasado reciente, han tenido que optar por hacer malabares de defensa pero están mostrando la impericia del mendigo que por primera vez trabaja y en un semáforo: se les están cayendo las pelotitas al piso.
Uno se sonroja de pura vergüenza ajena al escuchar argumentos tipo: “Gorriti solo recibía información y eso no es delito, él solo hacía periodismo”. O este otro: “Susana solo se estaba bañando en una piscina, no sean mezquinos, es un ampay malero”. Recuerdo que en una clase en la universidad Católica —cuando la Católica era una universidad— el gran maestro en Derecho Penal José Hurtado Pozo, planteó esta pregunta: ¿Quién suele defender al culpable? Y nos enseñó algo muy útil: el cómplice.
Eso es lo que está ocurriendo con los periodistas defensores de Gorriti, Vela, Pérez, Villarán, Vizcarra y siguen firmas. Se convirtieron en cómplices porque antes, junto a esos personajes, actuaron como jueces y operadores y no como periodistas. En estas dos últimas décadas, muy empoderados, arrasaron con todo lo que pudieron arrasar en nombre de un progresismo torpe y en busca de ventajas personales. Se autonombraron “periodistas éticos” y con esa careta destruyeron el periodismo nacional que hoy está sin lectores, sin audiencia, con despidos y, ay, sin credibilidad. Era un destino previsible: si hasta protegieron al corrupto del sombrero.
Por todo lo antes anotado, recordé este texto del gran humorista argentino Roberto Fontanarrosa:
Se cuenta que en una ciudad del interior, un grupo de personas se divertían con el pelotudo del pueblo. Un pobre infeliz de poca inteligencia, que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al pelotudo al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas: una de tamaño grande de 50 centavos y otra de menor tamaño, pero de 1 peso. Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos y éste le respondió:
—Lo sé, no soy tan pelotudo…, vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda. Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones:
La primera: Quien parece pelotudo, no siempre lo es.
La segunda: ¿Cuáles eran los verdaderos pelotudos de la historia?
La tercera: Una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos.
La cuarta: (pero la conclusión más interesante) Podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo.
El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelotudo delante de un pelotudo que aparenta ser inteligente.
Roberto Fontanarrosa
Resulta, entonces, que los pelotudos no éramos (tan) pelotudos. ¿Quiénes son ahora los verdaderos pelotudos?

Añaños-Forsyth

Días atrás Carlos Añaños estaba mirando con buenos ojos al fracasado arquerito George Forsyth, hijo del castillista Harold Forsyth. Ahí lo pueden ver en la foto que retrata -en Madrid- a un cholo que quiere blanquearse y un blanco que quiere cholearse.
La última versión es que el socialconfuso Añaños ahora está mirando con interés al actor y cómico Carlos Álvarez, que tiene un discurso de mano dura, a lo Bukele, contra la delincuencia.
Fuente: Diario EXPRESO.

¿Gustavo Gorriti merece una tregua?

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Por Juan Antonio Bazán- Diario EXPRESO.
¿Gustavo Gorriti merece una tregua? Este artículo parte de las ideas de que Gorriti concebía a la política como la guerra por otros medios, y de que un hombre de la guerra, solo por estar enfermo, no es merecedor de una tregua. La teoría de la guerra llama “tregua” a la cesación de fuegos, de hostilidades, por tiempo determinado, entre los enemigos, quedando así tan solo pendiente el reinicio del fuego, sin que de ninguna manera signifique el final de la guerra. La gran tregua histórica fue la de la Navidad de 1914, en la Primera Guerra Mundial, cuando soldados ingleses, franceses, alemanes, austrohúngaros y rusos del frente occidental caminaron a la llamada la Tierra de Nadie para confraternizar por navidad. Gorriti dice haber caído en vulnerabilidad, pues padecería de un cáncer a los ganglios. También parece decir por sufrir de tal enfermedad, no estaría apto para una guerra que la tiene perdida. En verdad, Gorriti quiere así evitar ir a la cárcel. Es decir, la tregua consistiría en quedarse en su casa, con detención domiciliaria o con comparecencia restringida. La tregua consistiría en no ir a la cárcel, y en que no lo investiguen, ni el Ministerio Público, ni el congreso de la república. Lo cierto es que Gorriti hace política como hombre de guerra. A su retorno a Perú, venido de Panamá donde también libro una guerra, fundó IDL-Reporteros, que es una unidad de investigación periodística al interior del Instituto de Defensa Legal-IDL. Se ha desempeñado como periodista en la guerra entre el Estado peruano y Sendero Luminoso; en la guerra con el narcotráfico en Panamá; y organizó los Cuatro Suyos, y otras guerras. Ha trabajado como director del diario La República e IDL Reporteros, y del diario panameño La Prensa. Finalmente, fue declarado persona no grata por el Sindicato de Periodistas de Panamá. Es decir, su trabajo siempre fue la guerra. Él tendría toda una organización de guerra, conformada por fiscales penales a los cuales “orientaba” en las investigaciones preliminares de los políticos a los que concibe como enemigos, y hasta parecía tener en la Diviac a su policía propia. Ha escrito algunos libros sobre investigación periodística, pero que siempre tiene como objeto alguna Guerra, el más importante es Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú.
Gorriti es el general que dirigió la guerra caviar. Ha ejercido el mando del ejército de aniquilamiento caviar con conocimiento, resolución y severidad. Gorriti parece moverse de acuerdo a las enseñanzas de Sun Tzu, en El arte de la guerra. Él es un hombre-soldado peligrosamente deductivo, y estratégico hasta la psiquiatría. Parece que el Maestro Sun le dijo a Gorriti que la guerra “es el terreno de la vida y de la muerte, la vía que conduce a la supervivencia o a la aniquilación”. Gorriti ha dicho sobre el suicidio de Alan García: “Si es que yo hubiera sabido que iba a pasar, hubiera pedido una tregua para tratar de convencerlo de que no lo hiciera”. Gorriti es la demostración de que se puede ser fundamentalista sin religión ni teoría política. Él es un fundamentalista por la guerra misma, y tan solo por el procedimiento. Precisamente, en su guerra ha implementado los mecanismos perversos del lawfare y el infoware con disciplina, organización, jerarquía de mandos. Su único sentimiento es el odio. En todo caso en el único sentimiento que lo ha guiado en su guerra política. Odia fundamentalistamente a Alberto Fujimori y a Alan García. La diligencia de detención preliminar de García fue una operación militar. Gorriti cercó a García cuando sus fuerzas eran “como un quintal frente a una onza”, y las del ex presidente como “una onza frente a un quintal”. Gorriti sabía que la norma en el arte de la guerra consiste en “cercar al adversario si la superioridad de que se dispone es de diez contra uno, en lanzarse al ataque contra él si es de cinco contra uno”. Finalmente, parece que el Maestro Sun le aconsejó a Gorriti que no debía tener forma, para que no lo atrapen el Congreso de la República, el Ministerio Público y la policía. Gorriti es otro monstruo social, como Abimael Guzmán, pero en su propia versión de guerrillero urbano. Gustavo Gorriti no merece una tregua.

Gorriti, Vela y Pérez están cada vez más cercados: Ministerio Público está tras sus pasos

Lamas Puccio, Dino Caro Coria, Mario Amoretti, Natale Amprimo y otros penalistas consideran que el trío que manipuló la Fiscalía tiene que ser investigado.

Por Martín Rodríguez– Diario EXPRESO.
Los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti no podrán escapar de la justicia tras lo anunciado por el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo, quien iniciará indagación previa a estos tres personajes hasta hoy intocables, pero que tienen mucho que explicar a la justicia peruana luego de los testimonios de Jaime Villanueva, más conocido como el “Filósofo”.
Villanueva ha dicho en sus declaraciones que los fiscales Vela Barba (excoordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato), José Pérez (fiscal) y Gustavo Gorriti (director de IDL Reporteros) elaboraron una estrategia para cercar al expresidente Alan García Pérez, quien finalmente acabó con su vida minutos antes de que lo detuvieran.
Las confesiones del “Filósofo” han sido consideradas por el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo quien abrirá indagación previa en contra del operador político Gustavo Gorriti Ellenbogen “por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en su modalidad de cohecho pasivo genérico en agravio del Estado”.

El primer paso

Consultado por este diario, el abogado penalista Luis Lamas Puccio considera que esta decisión del fiscal Alcides Chinchay Castillo es el primer paso para llegar a la verdad que presuntamente se oculta tras el trío conformado por Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti.
“La indagación no es propiamente una investigación, es solamente reunir algún tipo de información para ver si en efecto se decide o no se decide formalizar una investigación preparatoria. Hemos visto que muchas veces las indagaciones terminan en el archivo, entonces mientras no se apliquen medidas de coerción personal, estas indagaciones más allá de los anuncios no tienen ningún resultado definitivo en el plano de la responsabilidad penal”, opinó.
Sin embargo, hay razones más que suficientes para investigar, pero el tema es si en verdad se va a investigar o si simplemente se está generando una situación nebulosa para tratar de dilatar el caso y que esto pase al olvido como tantos otros”, agregó.
Las experiencias han demostrado que en caso de corrupción funcional en las altas esferas del poder, muchas veces estas indagaciones se archivan porque quienes tienen que indagar son los mismos fiscales, entonces, ¿cómo hacemos para separar la paja del trigo? Un fiscal indaga a otro fiscal y por lo general todos tienen el respaldo de personas importantes en los medios de comunicación y tienen prerrogativa para salir y decir lo que quieren a la opinión pública, logrando la tergiversación de la verdad y una orientación de las indagaciones para que todo termine en el archivo bajo el paradigma de que se está obstaculizando la lucha contra la corrupción”.

Caro Coria y otros

Uno de los primeros penalistas en plantear el tema de los presuntos delitos de Gustavo Gorriti fue Dino Carlos Caro Coria en sus redes sociales.
Gorriti podría estar implicado en ‘colusión desleal por el tema [del fiscal suizo] Lenz’; podría haber un tema de tráfico de influencia por los nombramientos de funcionarios; podría haber un tema de usurpación de funciones al dirigir las investigaciones y podría haber además delitos propios”, señaló el jurista despertando comentarios de todo tipo en la comunidad jurídica.
Otros letrados que opinaron son Aldo Cárdenas y Andy Carrión, que aseguraron que Gorriti podría ser investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.
En tanto, el abogado especialista en Derecho Penal, Jorge Zúñiga, señaló que las pesquisas también podrían incluir el delito de usurpación de funciones, debido a que participó de investigaciones fiscales sin ser parte de la entidad pública”, reseña el portal Vigilante.pe.