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Fuentes históricas

Abanderado de la mentira

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Hernández dio dinero de ICCGSA a Vizcarra, según nuevo aspirante a colaborador eficaz

Por Graciela Villasis, Giovanna Castañeda, Carlos Neyra, Delsy Loyola- Unidad de investigación del Diario El Comercio.
Un nuevo aspirante asegura que sí hubo entrega de S/1’300,000 de ICCGSA al mandatario por hospital de Moquegua. Dijo que el dinero se entregó en casa del exministro y en oficinas de la empresa ATA, que fue contratada para la supervisión de dos obras en Moquegua. Esta es la historia sobre la relación entre Hernández y el mandatario, su participación en la campaña de PPK y el desempeño de su empresa en Moquegua, que ha sido cuestionado ampliamente por la contraloría.
En la última declaración que ha brindado un nuevo aspirante a colaborador eficaz al fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, existen más detalles sobre la participación del exministro de Agricultura José Hernández Calderón en la entrega de pagos ilícitos del Consorcio Hospitalario Moquegua (conformado por las empresas ICCGSA e Incot) al hoy presidente Martín Vizcarra.
El Comercio accedió a este nuevo testimonio, en el que se confirma lo que declararon hace unas semanas otros tres aspirantes en esta investigación sobre los pagos a cambio de la buena pro de la construcción del Hospital Regional de Moquegua, una inversión de más de S/123 millones.
A las 10 de la mañana del pasado martes 20 de octubre, el aspirante a colaborador N° 01-2020 se acercó al despacho del fiscal Juárez para declarar que el presidente del directorio de la supervisora Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA) y exministro Hernández fue el intermediario de la entrega de dinero que realizó ICCGSA por S/1’300.000 a Vizcarra cuando este era gobernador regional de Moquegua y en el 2016, cuando era vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones.
Ing. Jorge Alva, Rector de la UNI y padre de la ministra Toni Alva, junto a José Hernández Calderón, en el restaurante Cascajal de Lince durante el homenaje a Martín Vizcarra Cornejo.
La amistad y los pedidos
El aspirante contó que el exministro y el jefe del Estado se conocieron alrededor de “fines de los ochenta”, cuando el mandatario era director ejecutivo del Proyecto Especial Pasto Grande, en Moquegua. “En ese entonces ATA ya venía prestando servicios para este proyecto. Es en esas circunstancias que Hernández conoce a Vizcarra y fue creciendo una amistad entre ellos, porque […] había reuniones constantes”, señaló.
Recordó que, en el 2011, cuando Vizcarra asume como gobernador regional de Moquegua, “se reaviva la amistad”. “Este le manifestó a Hernández que tenía la intención de culminar los proyectos emblemáticos y mencionó, entre ellos, el proyecto Pasto Grande [Lomas de Ilo] y el hospital de Moquegua”, narró.
Sobre los pagos ilícitos, el aspirante declaró que, “aproximadamente en noviembre del 2013”, Rafael Granados, quien era gerente comercial de la empresa ICCGSA, “le comentó a Hernández […] que ICCGSA asociada con Incot habían presentado su oferta a la licitación del hospital de Moquegua”. Granados le contó a Hernández que le habían pedido que redujera su oferta económica, pero no sabía cuáles eran los resultados, y que de “acuerdo a las bases de licitación la aprobación la daba el Gobierno Regional de Moquegua”, por eso tenía interés en conversar con Vizcarra, y sabía que él era su amigo.
Dos o tres días después –narró el aspirante–, Granados le volvió a insistir que lo ayudara con Vizcarra. El exministro de Agricultura le respondió que iría a la CADE del 2013, en Paracas, y “que posiblemente asistiría Vizcarra, ahí podían conversar”. Durante la reunión de la CADE, Granados se acercó a Hernández y, como no vio a Vizcarra en el evento, le pidió que se comunicara con él telefónicamente. “Hernández se comunicó al celular de Vizcarra y le dijo que estaba con Rafael Granados de ICCGSA, […] que quería hablar de la obra [hospital de Moquegua] que estaba en proceso de licitación”, declaró.Vizcarra habría recibido S/1’300,000, según aspirantes. El hospital de Moquegua se inauguró tres años después de lo estipulado. Foto: Archivo
Hernández le cedió su celular a Granados para que conversaran. “Luego Vizcarra pidió hablar con Hernández y una vez que este tomó el teléfono, Vizcarra le preguntó si eran serios y si había algún apoyo. ‘Lo que pasa es que ellos se comen la torta solos’, dijo Vizcarra, insinuando que le dieran algo de dinero para él”, contó el aspirante. Continuó indicando que el exministro le explicó a Vizcarra que este tema debía hablarlo directamente con Granados, “pero Vizcarra le insistió que le diga”.
Según el aspirante, Hernández le comentó a Granados “que Vizcarra estaba pidiendo un dinero aparte para él” y este le dijo que haría la consulta porque ya habían reducido su propuesta económica ante Unops y no tenían mucho presupuesto. Granados consultó con los representantes de ICCGSA –contó– y le dijo a Hernández “que ya tenía autorización” y le pidió que se comunicara nuevamente con Vizcarra. Y así lo hizo. Hernández le comunicó a Granados que Vizcarra “estaba solicitando la suma de S/1’300.000”. Así, sostuvo, cerraron el trato.
Las entregas
En el 2014, Granados citó al exministro a su oficina y le pidió que llevara “un paquete para Vizcarra”, relacionado al acuerdo que tenían por la adjudicación de la obra del hospital. “Se trataba de un sobre manila grande, evidentemente con dinero”, precisó el candidato a colaborador. A la salida, aseguró que Hernández le pidió a su chofer Carlos Aranda Huamán que llevara ese paquete a la casa de Vizcarra en San Isidro.
Luego, “Aranda le confirmó la entrega del paquete a Vizcarra”. Este último también confirmó la recepción. Según contó, hubo otra ocasión en que se repitió esa modalidad de entrega.Vizcarra y Hernández juntos en una de las actividades del gobierno de PPK. El exministro fue el intermediario para los pagos ilícitos que habría recibido Vizcarra.
“Estas entregas de dinero ocurrieron creo que en tres oportunidades más. Siempre José Hernández recibía los paquetes conteniendo dinero en las oficinas de ICCGSA, se los entregaba siempre Granados y fueron entregados por Hernández directamente a Vizcarra en la oficina del directorio del primer piso de la empresa ATA, en Lince”, sostuvo. Según contó, Vizcarra le pedía que lo llevara a la oficina de Hernández, “con el pretexto de que no le alcanzaba el tiempo” para ir a ICCGSA. Por esta razón, mencionó, las entregas fueron en ATA.
Las entregas fueron entre el 2014 y el 2015. “Definitivamente la primera entrega ha debido ser aproximadamente entre marzo y abril del 2014”, remarcó el aspirante. Dijo que la información precisa de las entregas se puede corroborar con la fecha de los registros de las llamadas telefónicas.
A fines de agosto del 2016, cuando Vizcarra ya era vicepresidente de la República y titular del MTC, el aspirante señaló que el ahora presidente le dijo a Hernández: “Castillo todavía me tiene un saldo pendiente, refiriéndose a Fernando Castillo Dibós, dueño de ICCGSA”. Vizcarra –añadió– le pidió a Hernández que citara a Castillo para que fuera a su casa ubicada en La Molina y “resolver el saldo de dinero pendiente”.
Así se dio el encuentro del 25 de agosto del 2016 en La Molina, que ya habían narrado otros tres aspirantes. Según el relato, la reunión fue “tensa”. Por momentos, detalló el aspirante, Hernández los dejaba solos en varias ocasiones para servir bebidas y bocaditos y para ir al baño. “En una de esas salidas con la intención de dejarlos solos Hernández observó que Castillo se levantó de su asiento y se dirigió hacia una especie de banqueta parecida a una repisa que está cerca al mueble donde estaba sentado Martín Vizcarra. Cuando Hernández volvía de la cocina observó que Vizcarra se acomodaba el saco por los bolsillos interiores que se veían abultado”, narró. Al salir, dijo, que “Hernández le preguntó a Vizcarra si todo estaba saldado y éste respondió que sí”.
La versión del aspirante a colaborador N° 01-2020 coincide con las brindadas por los aspirantes N° 01-2018 y 13-2019 al fiscal Juárez sobre los pagos y las entregas a Hernández.
Este nuevo aspirante ha señalado que, además, entregará documentos como fotografías de la sala donde ocurrió la reunión y entrega de dinero a Vizcarra. También dará un “croquis explicativo” de las fotos y mensajes de WhatsApp entre Vizcarra y Hernández, así como del exministro con Granados y Castillo Dibós.
Con Camayo
Antes de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se disputaban la presidencia, se organizó una reunión de coordinación y apoyo a la candidatura de PPK en el restaurante Sarcletti de San Isidro, según el aspirante N° 01-2000. A esa cita asistieron Vizcarra y Antonio Camayo, quien es investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. “Estuvieron presentes Antonio Camayo Valverde, Enrique Wong Pujada [secretario general de Podemos Perú], Martín Vizcarra, José Vega Antonio y José Hernández Calderón”, manifestó.Antonio Camayo, José Vega, Martín Vizcarra y el exministro Hernández se habrían reunido en este local. Foto: César Bueno.
Vizcarra estuvo en calidad de jefe de campaña de PPK y candidato a la primera vicepresidencia. “Vega apoyaba la disposición del partido UPP y Antonio Camayo ofrecía el apoyo logístico que se requiriera”, contó.
Después de que Kuczynski ganó las elecciones en el 2016, ocurrieron otras reuniones para celebrar el triunfo. Una fue en la casa de Hernández y la otra “en la casa de Camayo Valverde, en San Isidro, a media cuadra del Ministerio del Interior. Ahí estuvieron reunidas las personas de Hernández, Vizcarra, Vega, Héctor Becerril, Wong y Camayo”.Antonio Camayo fue detenido en julio del 2018 tras haber sido implicado en los CNM audios. Foto: Kelvin García.
Hernández, según el aspirante, ha visitado en varias oportunidades a Vizcarra, en su departamento ubicado en San Isidro, entre el 2018 y el 2020, cuando Vizcarra ya era presidente de la República. “Esas visitas eran a raíz de invitaciones que le hacía Vizcarra a Hernández por la confianza que había y para tratar temas técnicos relacionados al sector agrario, reconstrucción y los proyectos pendientes que tenía Hernández con la empresa ATA”, indicó.
Asimismo, para narrar la reciente cercanía entre Hernández y Vizcarra, el aspirante contó que Hernández estuvo en la reunión de despedida que le hicieron a Vizcarra cuando fue designado embajador de Canadá. “Lo cual fue en un restaurante en Lince. Hubo mucha gente e incluso el señor Hernández Calderón dio unas palabras de despedida para el señor Martín Vizcarra y, cuando éste último venía para Lima, se comunicaba con Hernández para reunirse. Eso era cada vez que llegaba a Lima. Se reunían por la amistad que tenían ambos”, dijo.
El Comercio tuvo acceso a imágenes y videos de aquella despedida que, como contó el aspirante a colaborador, fue en un restaurante ubicado en Lince.La empresa contratada
Hernández está estrechamente vinculado con las dos obras en las que, Vizcarra habría recibido en total S/ 2’300,000. Este vínculo ha sido a través de la empresa en la que el exministro fue representante legal y gerente general hasta el 2016: Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA), que se dedica a la supervisión de obras y consultorías para elaborar expedientes técnicos.
ATA S.A. inició sus actividades en el Perú en 1966, hace 54 años. En 1980, Hernández se sumó como accionista de la empresa, según detalló el exministro en su declaración jurada de intereses.Aquí, en las oficinas de Ata, Vizcarra habría recibido los pagos ilícitos, por intermedio de José Hernández, según aspirante a colaborador. Foto: César Bueno.
Hernández ocupó el cargo de gerente general desde 1994, durante 22 años; sin embargo, en julio del 2016, renunció cuando fue convocado a integrar el Gabinete Ministerial como titular del sector Agricultura y Riego, en el gobierno de Kuczynski. Tras su gestión como ministro, Hernández volvió a tener un alto cargo en la empresa en julio del 2018, según los reportes de Registros Públicos: fue designado presidente del directorio, posición en la que se mantiene hasta la fecha.
Desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia, son S/27’732,398.60 los que ha recibido ATA del Estado por diecinueve contratos y órdenes de servicio.
Las supervisiones en Moquegua
El 20 de diciembre del 2013, el GRM contrató a ATA para la supervisión de la ejecución de obra de Lomas de Ilo por S/4’573.185,04. Sin embargo, según ha señalado la contraloría en una auditoría realizada en el 2019, el GRM terminó desembolsando más debido a que se aprobaron seis prestaciones adicionales y 14 ampliaciones de plazo. El monto final, confirmó ATA a este Diario, fue de S/ 6’049.885,23. Meses antes, el 7 de marzo, ATA ya había sido contratada para elaborar el expediente técnico del proyecto por un total de S/.2’373,076.8. Según precisó ATA, terminó costando S/2’691,374.47.
En el último informe realizado por la contraloría acerca de esta obra, se remarca que la entidad aprobó y pagó por un expediente técnico “que presenta deficiencias”, al no haber tomado en cuenta las características del terreno ni la presencia de sales en el suelo. Por los problemas con el expediente técnico, la contraloría señaló que el GRM desembolsó más de S/8 millones adicionales al consorcio.
El expediente técnico y la obra ejecutada tenía una supervisión que -como hemos señalado- también estuvo a cargo de ATA. En la auditoría, se señala que en su informe técnico de supervisión, ATA no advirtió ninguna observación respecto a las “deficiencias e incongruencias” del expediente técnico, que fue realizado por la misma empresa.
En diálogo con El Comercio, Alonso Robas, gerente de control de Megaproyectos de la contraloría, quien estuvo a cargo de esta auditoría, aseguró que el expediente técnico realizado por ATA, por el que el GRM pagó más de S/2 millones, “nunca se debió aprobar”. “No sólo se aprobó, sino que, debido a estos errores, a estas omisiones, se generaron adicionales de obra y ampliaciones de plazo”, dijo.
En tanto, David Espinoza, gerente del PEPG, sostuvo a este Diario que “hay suspicacias” por la supervisión de ATA en esta obra.
La supervisión del expediente técnico y de la ejecución de la obra por el Hospital Regional estuvo a cargo también de la empresa ATA. El 19 de diciembre del 2013 el GRM firmó el contrato por este servicio por un valor de S/5’403.178,29. Al día siguiente, como hemos señalado líneas antes, firmó el contrato por el mismo servicio para Lomas de Ilo.
Hernández y las campañas de PPK
Para entender la relación de Vizcarra y Hernández durante su gestión en el GRM, El Comercio identificó varios hechos que ocurrieron antes de que Pedro Pablo Kuczynski asuma la presidencia de la República. El excongresista Gilbert Violeta, junto con su hermana Giovanna, conformaron un equipo de trabajo denominado ‘Grupo PPK’ para la campaña del 2011. Según el testimonio del ex jefe de juventudes de Peruanos por el Kambio (PpK) Luis Terán Poemape, el financista de los haberes del Grupo PPK fue el exministro Hernández a través de sus empresas.
“Giraba recibos por honorarios a nombre de Pedro Pablo [Kuczynski]. Había meses que nos pagaba el Consorcio [supervisor de] hospitales, Kukova, Asesores Técnicos Asociados [y Proyectos y obras SAC]”, señaló a El Comercio.
En abril del 2016, Hernández respondió al programa La noticia Rebelde del canal Latina que “fue una colaboración que nos solicitó el Instituto País en el año 2013, por ser una ONG”. Hernández admitió haber pagado los honorarios de Terán Poemape a través de sus empresas: “Siete recibos por honorarios en total de Asesores Técnicos Asociados […] y dos del consorcio Supervisor del Hospitales”.“El señor José Manuel Hernández presentó al señor Vizcarra Cornejo a las personas de Gilbert Violeta y otros del Partido de Pedro Pablo Kuczynski y una semana después lo llevó junto con Gilbert Violeta a la casa de Kuczynski para presentarlo. Ello fue en el contexto de la campaña electoral del 2016, por cuanto Vizcarra quería participar en el gobierno de algún partido político en Lima que llegase a ganar las elecciones presidenciales, y fue así que el señor José Manuel Hernández le pidió a Kuczynski la posibilidad de que lo ponga en la plancha presidencial, situación que previa una discusión interna del partido político, decidieron ponerlo como primer vicepresidente en la lista presidencial”, narró el aspirante N° 01-2020.
El nombramiento en el gabinete
El Comercio conversó con César Caro Jiménez, ex asesor del despacho vicepresidencial de Vizcarra, quien contó que conoció a Gilbert Violeta durante una exposición que hizo Alianza para el Gran Cambio en Moquegua en el 2010. La amistad -dijo- se fortaleció y en el 2015, Caro le escribió a Violeta para proponerle que Vizcarra conforme la plancha presidencial. Tras el pedido, señaló Caro, hubo una reunión en casa de Kuczynski.
“Todos los correos, como las conversaciones verbales [con Violeta] eran de conocimiento de Martín [Vizcarra], quien viajó a Lima a fines de abril del 2015, reuniéndose con Kuczynski en su casa en San Isidro. En dicha ocasión –según Vizcarra– hablaron de todo, coincidiendo plenamente en casi todo lo tratado, especialmente en cuanto a metas, estrategias y tiempos”, manifestó Caro en un escrito remitido a este Diario.
Cuando Kuczynski asumió la presidencia de la República, inició su gestión al lado de Fernando Zavala como presidente del Consejo de Ministros. Ambos -según contaron exdirigentes a El Comercio- decidieron nombrar a Vizcarra y a Hernández como ministros.
Este diario también consultó a dos exministros del gobierno de Kuczynski, quienes pidieron que no se revelen sus nombres. Ellos señalaron que Hernández ayudó durante la campaña presidencial del 2016 en organizar las movilizaciones en la zona norte del país. Las mismas fuentes señalaron que la ruptura entre Vizcarra y PPK se dio luego de que la exvicepresidenta Mercedes Araoz, cuando fue primera ministra, decidió retirar a Hernández del ministerio de Agricultura.
Descargos
Desde la oficina de prensa de Palacio de Gobierno, señalaron que el jefe del Estado “rechaza categóricamente” las declaraciones de los aspirantes a colaboradores y que “no se va a pronunciar más” sobre este tema. Remarcaron que Vizcarra responderá y participará en todas las diligencias de la Fiscalía de la Nación, de manera “transparente”, sobre este hecho.
“Siguen siendo aspirantes. Se tiene que corroborar y comprobar lo que dicen, por eso no son colaboradores formales. Estos aspirantes están siendo procesados hace años. Tampoco son declaraciones directas de las personas que nombran ahí, como Hernández o los otros nombres. Son terceros que nombran a otras personas en situaciones no corroboradas. Todas estas últimas semanas, han sido esas las fuentes. El Presidente se ha puesto a disposición para responder a las consultas de las entidades competentes de estas investigación, como ya lo ha dicho públicamente”, agregaron en comunicación con este Diario.
El Comercio buscó la versión del exministro Hernández a través de su abogado Mateo Castañeda, quien dijo que “no emitirá ningún comentario”. Los abogados de ICCGSA indicaron también que no se pronunciarán.
En respuesta a las consultas de este Diario sobre los cuestionamientos de la contraloría, ATA indicó que “no existe ningún conflicto de intereses” y tampoco “ningún impedimento administrativo ni legal” al haber ganado la buena pro de la elaboración del expediente técnico, así como la supervisión de Lomas de Ilo.
Señalaron que el expediente técnico fue elaborado “de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia que preparó la entidad”. Desde ATA reconocieron que durante la ejecución de la obra se efectuaron modificaciones, lo que implicó el reconocimiento de adicionales. “Sin embargo, estos adicionales escasamente llegan en conjunto al 4% del costo del contrato de obra, muy por debajo del límite establecido en la Ley”, agregaron.
Sobre los S/1’400,000 adicionales que cobraron por el expediente, respondieron que el monto está sujeto al tiempo de la ejecución de la obra y que cualquier monto adicional está sujeto a las ampliaciones que estableció el GRM con el consorcio Obrainsa-Astaldi.
Respecto a la construcción del hospital, manifestaron que en su función como supervisores fueron “muy celosos en cuidar los intereses del Estado”. Indicaron que la “discrepancia” con la contraloría son “estrictamente de interpretación técnica y contractual” y que todo ello será “explicado en las instancias que correspondan.
Actualmente, la liquidación de la obra y del servicio de supervisión están pendientes por el hospital. Al ser consultados por las menciones al exministro Hernández como intermediario de los pagos ilícitos por esta obra, indicaron que “no se pronunciarán sobre temas que no son empresariales.

Negarlo todo

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Por Dante Bobadilla- ElMontonero.pe
Recuerdo una película en que un abogado increpa airado a su defendido por haber admitido su culpa. “¡Cómo se te ocurre admitirlo!” aulló el abogado. “Pero ella lo sabía todo. ¿Qué más podía hacer?” tartamudea el defendido. “¡Negarlo todo!” bramó el abogado. Contrariado, el cliente añadió “¿Cómo podía negarlo si ella me acusaba con la mayor convicción?”. El abogado lo miró con furia y sentenció: “¡Frente a la mayor convicción existe el mayor cinismo!”.
Sospecho que esta escena se repite muchas veces en la vida real, como parte de la estrategia de defensa. Pero también existen personas que poseen el cinismo como uno de los componentes fundamentales de su personalidad. El mundo está lleno de ellos. Y lo peor es que esta clase de personajes inunda la política y tienen la astucia y habilidad para trepar a los más altos cargos.
Negarlo todo es siempre la mejor estrategia de defensa. Incluso cuando existe un video que lo muestra recibiendo dinero o un audio que delata su fechoría. “Está editado” y “Me han sacado de contexto” son excusas básicas para despertar dudas. Nunca está de más alegar que se trata de audios o videos obtenidos ilegalmente. Es un buen contraataque para convertir a los acusadores en delincuentes y hacer que las luces se dirijan a ellos. También se puede jugar al rol de víctima de una confabulación. “Los corruptos me quieren fuera” es una frase repetida por varios de nuestros luchadores anticorrupción. Son como esos pastores que predican la moral pública y luego terminan acusados de ser unos pervertidos.
Y es que no hay mejor estrategia que la de erigirse como el superhéroe de la lucha contra los corruptos y defensor de la moral. No tiene pierde. Y no hace falta hacer nada más que hablar. No es tarea del presidente luchar contra la corrupción. Al contrario, suelen ser los presidentes los que generan la corrupción. Pero siempre da muy buenos resultados salir al balcón a denunciar a los corruptos y prometer llevarlos presos. Es lo que le gusta oír a la gente. ¿Qué ha hecho en concreto Martín Vizcarra en su tan mentada lucha contra los corruptos? ¡Nada! Solo ha usado ese discurso para el circo político. Es un showman de la lucha anticorrupción, como lo fueron tantos otros antes que él, y que hoy esperan sentencia.
¿Y qué hará el señor Presidente ahora que los casos de corrupción empiezan a brotar como hongos a su rededor? Ahora que sus ex amigos sacan los muertos del closet y sus ex socios empiezan a desenterrar los cadáveres. ¡Negarlo todo! Minimizarlo: “es un refrito”. Asegurar con total frialdad que “eso ya fue investigado y archivado”. ¿O no fue archivado el caso Madre Mía? ¿No desapareció mágicamente el expediente completo del Capitán Carlos? ¿No quedó en nada la compra de testigos? Como quedó en nada el caso de las firmas falsas de Toledo, con sus testigos y otros involucrados desaparecidos de la faz de la tierra. Casos que se archivan rápidamente mientras que otros se mantienen abiertos por más de treinta años, como El Frontón.
“El juez se puede escoger” anotó Nadine en su agenda cuando no era nadie. Tal vez Vizcarra haya anotado en algún lado algo parecido. ¿Y por qué no? Casi todo se puede en provincias cuando se tiene un cargo público. Hay pueblos en donde casi todos son amigos, parientes o compadres. Vizcarra llevó a varios de ellos a Palacio, pero olvidó que Lima no es Moquegua y que ser presidente del Perú no es igual que serlo de una provincia modesta, pequeña, alejada e ignorada. Repartir cargos no le iba a asegurar impunidad perpetua.
Vamos a ver hasta dónde puede seguir negando las evidencias. Ni siquiera Toledo ha llegado al desliz de admitir culpa alguna en ningún caso. Parece que todos los acusados aún siguen al pie de la letra el consejo del abogado defensor: negarlo todo.

Comisión de Relaciones Exteriores archiva ratificación del Acuerdo de Escazú

Por – Diario Perú21.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el dictamen que dispuso la no aprobación del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso de información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
El dictamen fue aprobado con nueve votos a favor y tres en contra de las bancadas de Partido Morado, Somos Perú y el Frente Amplio.
Los congresistas que expresaron su postura en contra expresaron que la vigencia del Acuerdo de Escazú afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia y asimismo, consideraron que el tratado no era necesario dado que el sistema jurídico peruano ya cuenta con regulación suficiente en materia de acceso a la información y justicia ambiental.
Fernando Meléndez (APP) acusó al Poder Ejecutivo de que el acuerdo internacional haya sido firmado sin contar con la opinión de la sociedad civil, comunidades indígenas ni colegios profesionales.
“El Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía, menoscaba la independencia y soberanía del Estado peruano. Nos convierte en una nación frágil porque abrimos la posibilidad de que las ONG, que le postergan el desarrollo de la Amazonía. nos denuncien por cualquier circunstancia”, acotó.
Su coparlamentaria, Tania Rodas, expresó en el mismo sentido indicando que el Acuerdo “subordina la soberanía del país” en temas de derechos ambientales.
Antes de pasar a votación, los congresistas Alberto de Belaunde (Partido Morado) y Guillermo Aliaga (Somos Perú) presentaron un dictamen en minoría que fue descartado.
En la sesión, De Belaunde solicitó que se pueda debatir el próximo lunes. Su pedido fue respaldado por Absalón Montoya (Frente Amplio).
Pese a ello, el presidente de la Comisión, Gilmer Trujillo, rechazó el pedido porque el Acuerdo de Escazú ya había sido analizado por su grupo de trabajo en 13 sesiones.
Martha Chávez (Fuerza Popular), por su lado, criticó el pedido de De Belaunde y de Montoya dado que anteriormente se había pedido acelerar el debate por Escazú pero ahora piden mayor tiempo. “Hoy los mismos que pedían con desesperación que se apruebe, quieren darle larga”.
Al finalizar el debate, se alcanzó una votación final en la que primaron los votos de congresistas de Acción Popular, APP, UPP, Fuerza Popular, Podemos y Frepap. 

El Ministerio de Defensa frente al Acuerdo de Escazú ¿El Perú primero?

Por Mayor General FAP (r) Carlos Ordoñez Velázquez- Diario EXPRESO.
Dentro del marco de la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para recibir las posiciones de los diferentes actores de la sociedad respecto del Acuerdo de Escazú, el Ministro de Defensa, General de Brigada EP (r) Jorge Chávez Cresta, se presentó invitado el pasado 05 de octubre, para hacer saber la posición del Sector Defensa sobre el mismo, puesto que, de acuerdo a lo sugerido por dicha comisión, era necesario conocer la posición de las Fuerzas Armadas respecto a la posible afectación de la Soberanía Nacional en caso que el Congreso apruebe dicho instrumento internacional.
En su exposición, el ministro resaltó, respecto al proceso de implementación y aprobación de dicho acuerdo, que el Presidente Vizcarra ya había remitido en el mes de agosto de 2019 la aprobación del Ejecutivo con el respaldo del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y señaló que, según el espíritu del mencionado acuerdo, la evaluación de los alcances del mismo (o su compatibilización con los intereses nacionales), correspondió a los mencionados ministerios, no habiendo participado el Ministerio de Defensa y, por lo tanto, su opinión no debía ser vinculante con la decisión por adoptar por el Congreso de la República.
El ministro también señaló que, recién en julio del presente año, el Presidente de la Comisión de RR.EE. del Congreso pidió la opinión al Sector Defensa, a la cual se dio respuesta con el Oficio Nº 1115-2020-MINDEF/DM del 03 de setiembre de 2020 después de su asunción al cargo en agosto del presente año. En dicho oficio, además de respaldar la política exterior que define el Presidente de la República, el General Chávez hizo especial mención que, en el marco de la misión constitucional asignada a las instituciones armadas, orientada a la defensa y salvaguarda de la independencia, soberanía e integridad territorial, había solicitado a la PCM que, a través del Viceministro de Gobernanza Territorial, en su condición de Presidente de la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), se evalúe la correspondencia entre la Política Nacional Marítima y el referido Acuerdo de Escazú.
En la misma exposición, el Ministro de Defensa señaló un solo artículo de los veintiséis (26) con que cuenta el citado Acuerdo Regional, y fue el artículo 3º “Principios”, en donde únicamente resaltó el principio referido a la “Permanente soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales”, dando a entender que, para el Sector Defensa, la mención de este principio sería suficiente para determinar que el citado Acuerdo Regional no afecta o amenaza la Soberanía Nacional.
Finalmente, en la estación de preguntas de los miembros de la citada comisión, los congresistas Gilmer Trujillo y Otto Guibovich le indagaron si, como Ministro de Defensa, creía que en caso de aprobarse el citado acuerdo, se afectaba de alguna manera la Soberanía Nacional y, por otro lado, cuáles eran las razones por las que el Comando Conjunto y las Instituciones Armadas no habían presentado a través de sus respectivos Comandantes Generales su posición respecto al Acuerdo de Escazú, la cual también se les había solicitado. En ese sentido, su respuesta a la primera pregunta fue que, en la implementación del acuerdo entre 2014 y 2018 en que se suscribió el mismo, habían intervenido tanto la Cancillería como el Ministerio del Ambiente y no había sido considerado el MINDEF por lo que entendía que no era necesaria la intervención del Sector Defensa; por otro lado, respecto a la segunda pregunta el Ministro Chávez respondió que, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas no son deliberantes y, por lo tanto no pueden ni deben presentar su posición ante el Congreso.
El pasado martes 13 de octubre la Comisión de Relaciones Exteriores dio por concluida la fase de sesiones para escuchar las diferentes posiciones expuestas por representantes de asociaciones, comunidades, colegios profesionales, movimientos sociales, consejos departamentales, frentes cívicos, cámaras de comercio regionales; así como de políticos, congresistas, representantes comunales, abogados, ex ministros, diplomáticos e internacionalistas, y, habiendo escuchado y tomado conocimiento oportuno de las diversas posiciones presentadas ante dicha comisión, considero que se pueden condensar algunas reflexiones sobre su presentación y establecer las correspondientes conclusiones que se mencionan a continuación:
Cuando el Ministro de Defensa menciona que en el proceso de implementación y aprobación del Acuerdo de Escazú, el Presidente de la República ya lo había aprobado en el año 2019, lo que habría hecho, es justificar la no participación del Sector Defensa al no haber sido requerido por las dependencias del Ejecutivo que “negociaron” el citado acuerdo; sin embargo, el Ministro de Defensa no pudo explicar que lo que ha pasado es que no habría existido la articulación horizontal (intersectorial) que establece el acápite VI. Articulación e Implementación de Política del Decreto Supremo Nº 012-2017-DE que aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional, articulación que, por mandato del decreto supremo mencionado debe existir entre las políticas de Estado de los sectores defensa, relaciones exteriores, y ambiente, entre otros, como componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA). Debe entenderse que la articulación de las políticas de estado es una necesidad, y más específicamente, frente al logro de los objetivos establecidos en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, la articulación de políticas se convierte en una condición imperativa para asegurar el cumplimiento del Objetivo Nº1 “Garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de los Intereses Nacionales” mediante los Lineamientos de Política 2 y 4, lineamientos que al estar dispuestos en un decreto supremo, son normas taxativas y conllevan obligaciones legales derivadas de la Constitución y las leyes para los responsables de las entidades estatales, puesto que el estado peruano asigna presupuestos y organiza recursos públicos para “controlar y proteger el territorio de la República, considerando que el Perú es un país marítimo, andino, amazónico, presente en la cuenca del Pacífico, con proyección bioceánica y que promueve su presencia activa y permanente en la Antártida”, para lo cual se debe “participar activamente en los organismos internacionales competentes en temas de seguridad global, hemisférica y regional, así como proteger y proyectar nuestros intereses nacionales a través de organismos bilaterales y multilaterales”, así como para asegurar el cumplimiento del Objetivo Nº3 “Alcanzar niveles de desarrollo sostenible que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional” y su Lineamiento de Política 6. “Asegurar la protección y la conservación del ambiente, la explotación sostenible de los recursos naturales, el desarrollo y la ocupación ordenada del territorio nacional, en especial de la Amazonía, con respeto a los usos asignados, los ecosistemas, la diversidad y la identidad cultural de las comunidades”.
El Ministro de Defensa, tampoco ha explicado a la comisión del congreso que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional presidido por el Presidente de la República, es el ente rector; por consiguiente, el actual titular del sector, así como su antecesor el General de División EP (r) Walter Martos Ruiz, tendrían que explicar cuáles son las normas complementarias que desde la dación del mencionado decreto supremo deberían haberse emitido para el cumplimiento de lo dispuesto en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, tal como lo establece la Disposición Complementaria Final Única de la mencionada norma y, en caso no se haya dictado ninguna norma complementaria, tendrían responsabilidad por omisión.
Por otro lado, es muy extraño (por decir lo menos) que, con el oficio Nº1115-2020-MINDEF/DM del 03 de setiembre de 2020, el Ministro de Defensa haya derivado la solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, hacia el Viceministro de Gobernanza Territorial (PCM), en su condición de Presidente de la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), para que se evalúe la correspondencia entre la Política Nacional Marítima y el referido Acuerdo de Escazú. Esta acción del MINDEF hace suponer que, existiría un desconocimiento de sus competencias, o que habría sido mal asesorado, o simplemente se haya querido evitar problemas, enviando la consulta a un organismo que no tiene que ver con el tema Escazú, ya que, como lo establece el artículo 2º del Decreto Supremo Nº118-2017-PCM que crea el COMAEM, su objeto “es el seguimiento y la fiscalización de las políticas sectoriales, regionales y locales, y la emisión de informes técnicos a fin de proponer una política nacional marítima y su permanente actualización, y sobre otros aspectos vinculados a las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo nacional”. La pregunta que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debería hacerse, es: ¿qué tienen que ver las funciones del COMAEM con los alcances e implicancias del Acuerdo de Escazú? Esto hace presumir que se habría pretendido desvincularse del tema, y con esto, se habría querido confundir a los congresistas miembros de dicha comisión.
Igualmente, cuando el Ministro de Defensa resalta solamente el principio referido a la “Permanente soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales”, dando a entender que, para su sector, este principio es suficiente para determinar que el citado acuerdo regional no afecta la Soberanía Nacional, nos hace pensar que no se habría efectuado un análisis integral del Acuerdo en mención, pues, de haberlo hecho así, se hubiera advertido que existe una colisión frontal entre lo que menciona dicho principio, con el artículo 19º “Solución de Controversias”, en donde se especifica, sin lugar a dudas, que las controversias sobre los procesos que se deriven de la aplicación del acuerdo, serán definidos en última instancia en cortes supranacionales como la CIDH o la Corte Internacional de Justicia, con lo cual se comprobaría que esa soberanía para tomar decisiones sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, no pasaría de ser un principio declarativo únicamente. Con esto se presume que el MINDEF no habría profundizado en el tema o no habría tenido un debido asesoramiento.
Respecto a la afirmación que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y, por lo tanto, están impedidas de presentar su posición respecto del Acuerdo de Escazú, es importante mencionar la posición del eminente constitucionalista Enrique Bernales que en su libro “La Constitución de 1993– Análisis comparado” indica que: “En el Perú se ha entendido usualmente que el carácter no deliberante de estas instituciones, equivale a su total proscripción aún de la opinión sobre asuntos de interés nacional. No obstante, debe admitirse que, como instituciones de importancia trascendente para el país, deben ejercer la posibilidad de opinar sobre ciertas materias e, inclusive, de ilustrar las grandes decisiones nacionales”. En este sentido, no debe considerarse no deliberantes a las Fuerzas Armadas cuando deben emitir una opinión respecto de su propia finalidad constitucional y menos, cuando esta opinión ha sido solicitada por un poder del Estado, como en el presente caso lo es el Poder Legislativo. Por lo tanto, no debería menoscabarse la facultad del Congreso para recibir las opiniones que requiere para tomar una decisión trascendente como la de este delicado asunto. En ese sentido, tanto el Comando Conjunto como las Instituciones Armadas, deberían hacer conocer su posición respecto al Acuerdo de Escazú y sus implicancias con la Soberanía Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 165º de la Constitución.
Finalmente, en lo referente a las múltiples presentaciones o documentos dirigidos a la Comisión de Relaciones Exteriores, es entendible que hayan personas naturales y jurídicas que hayan manifestado su acuerdo con aprobar el Acuerdo de Escazú; sin embargo, por otro lado, la gran mayoría se ha manifestado en contra de la aprobación de dicho tratado, dentro de las cuales podemos mencionar algunas organizaciones gremiales como la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM), la Sociedad Nacional de Pesquería, la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (CONFIEP), la Cámara de Comercio de Loreto, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Tacna; otras organizaciones gubernamentales, civiles o colegios profesionales como el Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional de Amazonas, la Mancomunidad Regional Amazónica (Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), la Asociación Nacional Pro Marina, la Liga Provincial de Huaytará (Huancavelica), el Colegio de Ingenieros del Perú, la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMPI), la Asociación de Gremios Productivos Agrarios, la Coordinadora Republicana, entre otros. También organizaciones de militares en retiro como los Oficiales Generales de la FAP en Retiro, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (ADOGEN), la Asociación de Oficiales de la Marina de Guerra (ASOMAR), la Asociación de Oficiales de la FAP (AOFAP), los Ex Ministros de Guerra, Marina, Aeronáutica y Defensa, los ex Presidentes del CCFFAA y los ex Comandantes Generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea; así como expertos internacionalistas, diplomáticos y políticos como Francisco Tudela, Miguel Rodríguez Mackay, Luis Gonzales Posada, el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, Ántero Flores Araoz, entre otros; y también representantes de comunidades indígenas o nativas como el Apu Marden Tapullima Macahuachi de la Federación de Comunidades Indígenas del Marañón y Samiria, el Apu Jorge Kategari Iratsimeri de la Comunidad Nativa Machiguenga de Monte Carmelo de Echarate, el dirigente Evelardo Antun Yampintza de la Comunidad Nativa Awajún del Cenepa en Amazonas, Segundo Hernández Villoslada Director Nacional de Justicia Indígena de Nauta, Loreto, Jacob Yampis Kuau de la Organización de Comunidades del Alto Comaina, Eduardo Salhuana Cavides Asesor Legal del FEDEMIN en Madre de Dios, entre otros.
Es bueno resaltar que todas las organizaciones y personas mencionadas anteriormente tienen diferentes formaciones: unos son empresarios, otros políticos, otros militares en retiro, otros destacados profesionales, diplomáticos, internacionalistas y políticos, y finalmente, otros son dirigentes comunales nativos o indígenas, pero todos tienen algo en común: a diferencia del Ministerio de Defensa y de la Cancillería, rechazan la aprobación del Acuerdo de Escazú y tienen la certeza de que dicho acuerdo atenta contra la Soberanía Nacional, y lo tienen muy claro. Entonces, si todos los mencionados actores sociales han podido analizar el citado acuerdo y, de una u otra manera, han llegado a la conclusión que ese Acuerdo Regional afectaría la soberanía nacional, cómo es posible que el Ministerio de Defensa cuya responsabilidad es garantizarla, no haya sido capaz de manifestarse respecto de la afectación o no, de la soberanía nacional en caso de aprobarse el Acuerdo de Escazú.
Sobre el particular, el desconocimiento del tema en el Sector Defensa, la falta de proactividad para dar respuesta a las interrogantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el haber derivado la consulta a una entidad que no tiene que ver con el caso, y la falta de capacidad para determinar la posibilidad de afectación de la Soberanía Nacional de un acuerdo donde, hasta personal no especializado en estos temas lo ha hecho, me permiten inferir que el actual Ministro de Defensa no tendría las capacidades requeridas para desempeñar ese importante cargo.

¿Acuerdo de Escazú o acuerdo entre Aliaga y De Belaunde?

La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el congresista Gilmer Trujillo Zegarra (FP), rechazó, este viernes 23 (por diez votos en contra, tres a favor y cero abstenciones), los tres pedidos de reconsideración de la votación del dictamen que recomienda el archivamiento del Acuerdo de Escazú. Después de un breve debate sobre la propuesta de Resolución Legislativa N°4645/2019-PE, la votación dejó sin efecto las solicitudes de los congresistas Guillermo Aliaga Pajares (SP), Absalón Montoya Guivin (FA) y Alberto de Belaunde de Cárdenas (PM). Los tres congresistas coincidieron en reconocer la oportunidad, por parte del titular de la Comisión, de priorizar y definir el tema, que fue aprobado el martes 20 de octubre pasado… PERDERIAMOS SOBERANIA SOBRE LA AMAZONIA, HABRÍA QUE INVESTIGAR QUÉ ACUERDO HAY ENTRE ALIAGA Y DE BELAUNDE.

Lo que debería ocurrir

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Por Ricardo Uceda– Diario La República.
Ante las graves denuncias contra Martín Vizcarra, que afectan su legitimidad, tres escenarios deseables en orden de conveniencia: 1. La renuncia. 2. La vacancia. 3. Nuevo gabinete y un premier opositor.
Tres discusiones concurren tras la aparición de nuevos aspirantes a colaboradores eficaces que aseguran haber sobornado a Martín Vizcarra para obtener obras durante su gestión como gobernador regional. La primera concierne a su legitimidad como presidente hasta el 28 de julio del 2021. La segunda, al rol del Ministerio Público. Y la tercera, a la solidez acusatoria de las versiones recogidas por el fiscal del Equipo Especial de Lava Jato, Germán Juárez.
La importancia y verosimilitud de las últimas acusaciones hacen razonable un debate sobre la vacancia presidencial. Ya no estamos hablando de la dolosa contratación de un amigo como Richard Swing, sino de coimas descritas con detalle, pertenecientes al más repudiable tipo de corrupción. La Constitución, sin embargo, establece que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo por actos excepcionales entre los que no está el cohecho. Y para la vacancia por incapacidad moral, otro camino, se requeriría la evidencia incontrastable de una infamia. Mas no está probado que Vizcarra sea corrupto.
Daños inminentes
De todos modos, el debate va a darse, y no por los supuestos anteriores. Está condicionado por la certeza de que a Vizcarra le espera un calvario judicial cuando deje sus funciones. Incluso si fuera inocente y las pruebas aparecidas formaran parte de una patraña, usará su cargo para protegerse y salir bien librado. Esto distorsionará la función presidencial, algo indeseable en un período de elecciones.
Y puestos en la eventualidad de que no fuera inocente sino culpable, el daño se concretará no solo en distractoras medidas políticas, sino en un sistemático trabajo de ocultamiento de pruebas, especialmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dirigido por un ministro, Carlos Estremadoyro, que fue jefe del proyecto del hospital de Moquegua, una de las obras por las que se habría pagado sobornos. No debiera sorprender que Estremadoyro pase de la condición de ministro a la de imputado, o a la de colaborador eficaz. ¿Qué hace en el gabinete?
Los dos voceros
Por otra parte, dos miembros del Consejo de Ministros se han convertido en voceros de la supuesta inocencia del exgobernador de Moquegua. ¿Por qué la titular de Justicia, Ana Neyra, funge de defensora de Vizcarra por sus dichos en los audios del caso Richard Swing, que son materia de una investigación en el Ministerio Público? Debería ponerse al margen. ¿Por qué el primer ministro, Walter Martos, sale a cumplir el mismo rol de alcahuete, diciendo que la UNOPS no contradijo a Vizcarra, y que la defensa de este respecto de las acusaciones de sobornos –en el caso de Obrainsa– es consistente?
Hasta el momento el presidente no ha podido introducir en el debate político la idea de que son los corruptos quienes están detrás de sus acusadores. Atribuyó a cómplices de Odebrecht la denuncia de supuestas coimas recibidas de Obrainsa, y a resentidos del “Club de la Construcción” la de pagos que le habría hecho ICCGSA. Para el segundo caso usó información oficial que presenta medias verdades, en una entrevista con Augusto Thorndike, de Cuarto Poder, el último domingo.
El cuadrito mágico
Para demostrar su tesis, Vizcarra sostuvo que durante su gestión como titular del MTC y presidente impidió el sobreprecio en las obras públicas. Aseguró que se pagaba ocho por ciento por encima del valor referencial. La eliminación de este margen ahorró más de mil millones al Estado –dijo, mostrando un cuadrito–, lo que habría motivado que dos empresas del “Club de la Construcción” se vengaran acusándolo. El periodista retrucó que estas compañías, Obrainsa e ICCGSA, habían sido muy beneficiadas desde que fue gobernante. (Hay también un cuadrito que lo confirma, publicado por Gato Encerrado.)
Pero existe otra información indicativa de que puede haber sobreprecio aun cuando una empresa cobre exactamente el precio señalado por el Estado, o incluso cantidades menores. La corrupción puede subir el valor referencial. En ese caso, el cuadrito mágico del presidente queda reducido a la nada. Precisamente, una de las modalidades de cohecho que se investigan en el “Club de la Construcción” es el aumento de los precios referenciales en las obras, según lo detalló una nota de La República, el 27 de febrero del 2019.
El gabinete imposible
Es posible que en el debate sobre la vacancia prevalezca el criterio de mantener el trazado de la Constitución, afrontando los riesgos de una presidencia perniciosa, cuya deslegitimación puede ir en aumento. Está claro que Vizcarra no renunciará, camino deseable y amparado por la legalidad. ¿Cómo, entonces, controlar los daños? No quedaría otro recurso que propiciar, o forzar, un gabinete de ancha base, independiente, con un primer ministro que fuera un anti corrupto probado, y con Vizcarra en una situación de reinar y no gobernar, hasta que cumpla su mandato. Parece un gabinete imposible, pero cabe reclamarlo si no hubiera vacancia.
El contexto se complica por el momento que atraviesa del Ministerio Público, con una fiscal de la Nación que no brinda garantías de imparcialidad, y en cuyo seno hay pugnas inocultables. Defendiendo la decisión de no molestar al presidente siquiera con indagaciones preliminares, Zoraida Ávalos ha argumentado que defiende la democracia y la gobernabilidad. Esto puede resultar pura retórica. Un corrupto desde el poder –si ese fuera el caso– puede causar daños irreparables al sistema. Se requiere una vigilancia activa, que al parecer solo quedará en manos de la prensa de cualquier signo, pues los organismos anticorrupción de la sociedad civil siguen entretenidos con la reforma política, desde alguna casa de reposo, soñando con que levante vuelo Julio Guzmán o alguna candidatura conveniente.

Vizcarra, final del juego

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Por Mariella Balbi- Político.pe
Los audios conocidos sobre Martín Vizcarra donde este elabora una estrategia para mentirle a la Fiscalía y las conversaciones de su exasistente Karem Roca con el abogado Fabio Noriega, detallando las inconductas de Vizcarra, abrieron una caja de Pandora inmanejable para el mandatario. Tanto que evade las preguntas de la prensa afín, ahora curiosa, antes silente.
Roca menciona un rosario de irregularidades que empapelan al gobernante: negocios, cajeros, amores y su vínculo con la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, evidenciando la complicidad de esta con Vizcarra. Por eso es necesario que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la investigue con celeridad.
La primera acción de la JNJ fue suspender seis meses, sin fundamento, al fiscal supremo Gonzalo Chávarry. La suspensión se acordó –como en el cuento de Caperucita Roja– ¡para investigarlo mejor! Aunque es evidente la real razón: descabezar y controlar la Junta de Fiscales Supremos. Lo mismo ocurrió con el fiscal supremo Tomás Gálvez.
El acelerado proceso contra Chávarry se inició en base a las denuncias de la prensa adicta al régimen. En los audios del caso Vizcarra hay menciones ominosas sobre Ávalos publicadas en los medios. Motivo suficiente para que la JNJ le inicie una pesquisa ya. Principalmente por el cargo que ocupa y por la cercanía que parece tener con el gobernante.
Fabio Noriega presentó recientemente una denuncia fundamentada contra Ávalos ante la JNJ, pidiendo su suspensión. Si la JNJ no le abre investigación confirmaremos de qué pie cojea. Además, Ávalos decidió no investigar al gobernante hasta que termine su mandato, el 28 de julio próximo. Vizcarra, que es astuto, pidió que le iniciaran el proceso de inmediato. La Fiscal de la Nación accedió. Abrió el proceso, pero no realizará ninguna pesquisa hasta que Vizcarra deje el poder. Una engañifa grosera.
Además, en este simulacro no se menciona el evidente delito en el que estaría incurso Vizcarra. A saber: colusión agravada. Lo favorece y lo protege en la cara pelada de todos los peruanos. Otro motivo más que la JNJ debe sumar a su obligada intervención. No puede ponerse de costado.
El Congreso está indeciso en vacar a Vizcarra. Un gran sector considera que es corrupto pero que acelerar su salida sería perjudicial para el Perú. Peor no podemos estar. El PBI caerá 14.8%. El mal manejo de la pandemia nos colocó como el primer país con más muertos por millón del planeta.
Vizcarra se vinculó con la corrupción desde que era presidente regional de Moquegua. Como ministro de Transportes favoreció a las empresas que le dieron coima en su región. Saldrán más trapacerías porque hay colaboradores eficaces en este caso y en el de ‘Swing’. Aunque es improbable, su círculo íntimo debería aconsejarle a Vizcarra que renuncie por el bien del país.

Nueva etapa del MAS

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David Choquehuanca y Luis Arce en el cierre de campaña del MAS, La Paz, 14-10-20 (Tw @LuchoXBolivia)

Por Pablo Stefanoni*- Le Monde Diplomatique.
El triunfo de Luis Arce en primera vuelta sorprendió incluso dentro de las filas del MAS y confirmó el fracaso del “voto útil” en su contra. Ni siquiera unida la oposición hubiera logrado imponerse. Durante casi el año que duró el gobierno de Áñez, el MAS logró entender la nueva etapa, revisar sus propios errores y hasta generar nuevos liderazgos. Sin embargo, su gobierno no será nada fácil en un escenario regional posprogresista y una economía muy complicada.
Cuando se iba acercando la medianoche y la falta de resultados oficiales –e incluso de bocas de urna y conteos rápidos– comenzaba a crispar el ambiente y alimentar la sospecha, se produjo un vuelco inesperado. La cadena Unitel, una de las más seguidas en la noche electoral y de mayor audiencia en el país, que venía postergando una y otra vez sus proyecciones, anunció que finalmente se conocería el conteo rápido de la firma Ciesmori. Los resultados cayeron como una bomba: ni los más optimistas en la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) imaginaron semejante número: Luis Arce Catacora sobrepasaba con holgura el 50% de los votos y se transformaba en presidente sin necesidad de una segunda vuelta. El ex presidente Carlos Mesa, la carta del “voto útil” para impedir el retorno del MAS, quedaba a 20 puntos de distancia.
Todos los análisis de la campaña y de la misma jornada electoral sobre el techo de votos de Arce ­–supuestamente el candidato con menos posibilidades de crecer­– estallaron por los aires, y el MAS se prepara para regresar al Palacio Quemado con una votación plebiscitaria. Incluso si hubiera habido una sola candidatura anti-MAS, si la oposición hubiera logrado la unidad, no hubiera resultado suficiente. El hecho de que la presidenta interina Jeanine Áñez reconociera rápidamente el triunfo del MAS y felicitara a Arce contribuyó, sin duda, a evitar que el clima de crispación y potencial inestabilidad terminara por imponerse frente al lento conteo oficial después de una jornada ejemplar de votación siguiendo los protocolos en épocas de pandemia.
El MAS obtuvo, además, mayoría en el Parlamento. En su bastión de La Paz se impuso 65% a 32%, en tanto logró un significativo 35% en Santa Cruz, donde se hizo fuerte el conservador Luis Fernando Camacho, líder de las protestas callejeras de noviembre del año pasado que, en el marco de un amotinamiento policial y un pronunciamiento militar, llevaron al derrocamiento de Morales y a su exilio en Argentina.
Liderazgo
Con estos resultados a la vista, Arce deberá construir su propio liderazgo presidencial, con un Evo Morales que volverá a Bolivia menos fuerte que antaño, pero sin duda influyente, y un vicepresidente, David Choquehuanca, distanciado de Morales y con base propia entre las dirigencias aymaras del altiplano paceño. Aún más: Arce deberá mostrar que su modelo económico ­–una de las cartas fuerte del MAS en su década y media en el poder­– sirve también en tiempos de crisis económica e incertidumbre profundizada por la pandemia. Por lo pronto, en su discurso del domingo en la noche, se mostró humilde, sugirió una autocrítica y prometió la unidad nacional.
¿Qué estaba en juego en los comicios? Más que programas electorales, la elección enfrentó lecturas en disputa sobre los 14 años del MAS en el poder y los casi 12 meses de gestión de Jeanine Áñez, una senadora conservadora que, aprovechando el vacío de poder tras el derrocamiento de Evo Morales y la renuncia de la presidenta del Senado a asumir la presidencia, recaló inesperadamente en el Palacio Quemado.
Desde un comienzo, el gobierno interino buscó demonizar al MAS, al que intentó reducir a una fuerza “narcoterrorista”, caracterizando su gestión como una mezcla infame de autoritarismo, corrupción y despilfarro de recursos públicos, alejado de las imágenes de éxito económico resaltadas incluso por organismos internacionales. En esta narrativa radical, algunos hablaron incluso de una “dictadura” en la que solo se podía hablar en susurros en los cafés para no ser perseguido por el autoritarismo indígena. Sin embargo, como suele ocurrir con las asonadas antipopulistas, el revanchismo se impuso sobre las promesas institucionalistas y republicanas, a lo que en Bolivia se sumó una gestión administrativa particularmente deficiente de la crisis generada por el coronavirus, que provocó más de 8,000 muertes según datos oficiales.
Muchos vieron en el gobierno de Áñez un esfuerzo de las clases medias y altas “blancas” por recuperar un poder parcialmente perdido desde 2006. Pero el MAS, pese a haber sufrido una desbandada en noviembre del año pasado, logró reconstituirse desde el Parlamento –donde siguió conservando su mayoría de dos tercios– y desde las calles, manteniendo su lugar de única fuerza de base popular en el país. Por momentos, el gobierno de Áñez se pareció bastante al de la Revolución Libertadora argentina de 1955: muchos no dudaron en referirse a Evo Morales como el “tirano prófugo” y no lograron percibir que, pese a todo, el MAS seguía expresando un bloque étnico-social de matriz plebeya. Las sobreactuaciones represivas del ministro del Interior Arturo Murillo, que amenazó con encarcelamientos y persecuciones, produjeron un efecto paradójico, en la medida en que apuntaban no solo al MAS, sino a expresiones más amplias de los movimientos sindicales y sociales.
En el plano estrictamente electoral, Carlos Mesa confió demasiado en el “voto útil”, a partir de la premisa de que una mayoría quería evitar a toda costa un regreso del MAS, y posiblemente ni siquiera intentó conectarse con el mundo indígena-popular. Pero como se vio en las elecciones, tal rechazo –que en redes sociales y medios de comunicación parecía absoluto– no existía; no al menos con esa fuerza. El “voto útil” se limitó a alrededor del 30% de los sufragios.
El segundo dato electoral es la confirmación de la dificultad de los liderazgos cruceños para salir de su región. Camacho, que en 2019 parecía haber conquistado a muchos paceños, obtuvo un resultado intrascendente en la sede de gobierno, al tiempo que se consolidó como fuerza regional. Santa Cruz eligió su propio “voto útil” en defensa de sus intereses regionales y regionalistas.
El MAS
Al mismo tiempo, el triunfo del MAS muestra que sí era posible ganar con un candidato que no fuera Evo Morales, y que sus esfuerzos reeleccionistas terminaron llevando a su gobierno a un callejón sin salida, que habilitó una suerte de “contrarrevolución” que terminó echándolo del poder. Su incapacidad de deshacerse del MAS no quita que el rechazo a la reelección indefinida no fuera amplio y que el gobierno masista haya visto implosionar su forma de ejercicio del poder en noviembre pasado. La asonada terminó en un golpe, lo que no excluye que hubiera masivas movilizaciones (por abajo) y una fuerte crisis (por arriba) que explican la salida tumultuosa del MAS del poder.
Sin embargo, la represión y la vuelta al llano insufló una nueva mística a la campaña electoral, de la que careció la de 2019, cuando la confianza en el aparato estatal reemplazó la movilización desde abajo. La crisis también permitió la emergencia de una nueva camada de dirigentes, como Andrónico Rodríguez, sucesor de Morales en los sindicatos cocaleros. Campesino con una licenciatura en Ciencias Políticas, Rodríguez expresa la nueva sociología del mundo rural, cada vez más interconectado con las ciudades. En esta campaña aparecieron muchos “Andrónicos” que permitieron desplazar del primer plano a varios dirigentes sociales desgastados y con visiones prebendalistas de la política y el Estado.
Desde el comienzo, el MAS actuó con una autonomía relativa respecto de un Evo Morales exiliado en Buenos Aires y limitado en sus movimientos. Los parlamentarios, con Eva Copa a la cabeza, eligieron la moderación frente a los llamados a la resistencia que llegaban desde Argentina. Lo cierto es que no había un pedido masivo de que “Evo vuelva”; lo que existía era más bien un rechazo a actos agraviantes del nuevo gobierno, como los conatos de quemas de wiphalas en las protestas anti-MAS y otros episodios considerados racistas, como las continuas referencias a las “hordas del MAS” y las columnas en la prensa sobre el “enemigo público número uno” (3) o el “cáncer de Bolivia” (4). El “voto útil” del mundo rural y urbano popular periférico fue, sin duda, a Arce, y eso definió su ventaja final.
A diferencia de parte de la solidaridad internacional antigolpista, perdida en consignas vacías, el MAS logró entender la nueva etapa y apostar a la salida electoral, con los compromisos que esta requirió, por encima de la resistencia en las calles. Esto fue así sobre todo en quienes se quedaron en Bolivia, que entendieron la complejidad de lo ocurrido en noviembre: el proceso que terminó en una “sugerencia” militar para que Morales renuncie, lo que técnicamente configura un golpe, fue parte de una crisis con más dimensiones, incluida la de la popularidad inicial de Áñez y el propio desgaste de Morales. Esa autonomía relativa amplió el margen de acción del MAS, al tiempo que el tenor moderado de Arce –un economista técnico obligado a jugar el juego de la campaña, cantando o jugando al básquet en público–, sumado a su prestigio como gestor de la economía, permitía responder, sin sobreactuaciones, a los ataques de la derecha.
El futuro
El nuevo desafío del MAS será gobernar sin el poder que tuvo entre 2006 y 2019. Ese periodo “épico” de la revolución ya no podrá repetirse. Su gestión operará en un escenario posprogresista en la región, y posiblemente deberá transformarse en un partido más abierto a compartir el poder y aceptar en mayor medida la alternancia, sin pensar la salida del gobierno como pura catástrofe.
El escenario es más favorable de lo que cualquiera hubiera imaginado en los días previos: por un lado, la amplia ventaja en las urnas constituye un capital electoral fundamental, en un contexto de polarización; por otro, varios actores políticos, económicos y sociales ya habían descontado la posibilidad de que el MAS regresara al Palacio de gobierno.
Por último, la épica de la “Revolución de las pititas” –como fue conocido el movimiento de noviembre– terminó de diluirse pese a los libros, suplementos de periódicos e intentos por construir un relato de “liberación”. No obstante, queda como un recuerdo de que las insurrecciones urbanas son una constante en la historia nacional boliviana –tanto las progresistas como las reaccionarias– y que el nuevo gobierno deberá reconciliar pedazos de la sociedad atravesados por clivajes étnicos, sociales y regionales. Que en estos tiempos convulsionados la salida haya sido electoral no es poca cosa, ni para Bolivia ni para el continente.
Notas:
1. https://twitter.com/tutoquiroga/status/1291001530049597445
2. Fernando Molina, La carta de la oposición boliviana, https://nuso.org/articulo/la-carta-de-la-oposicion-boliviana/
3. https://eldeber.com.bo/opinion/el-enemigo-publico-no-1_184334
4. https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191116/columna/cancer-bolivia
* Jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad.

Historia con odio

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Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Hace algunas semanas el presidente Donald Trump señaló como único camino hacia la unidad de su país compartir la identidad de ser estadounidenses y consideró urgente la restauración de la educación patriótica en las escuelas. En el Día de la Constitución sostuvo que la ‘Comisión de 1776’ se abocará a animar a los profesores a enseñar sobre “el milagro de la historia estadounidense”. Ocurre que el desprecio a la fundación de ese país recorre los colegios de los Estados Unidos, impulsado por el ‘Proyecto 1619’ que reescribe la historia desde la raza y el conflicto racial, gracias al comunistoide The New York Times. El proyecto de marras se basa en la serie de ensayos de la periodista Nikole Hannah-Jones con el título “Los ideales fundacionales de nuestra democracia eran falsos cuando fueron escritos” y publicado en una edición especial de cien páginas de la revista dominical (19 de agosto de 2019) de tal diario, al conmemorarse 400 años del arribo de los primeros veinte esclavos africanos a Port Comfort, Virginia, entonces colonia británica.
“El racismo antinegro está en el mero ADN de este país”, escribe Hannah-Jones en su introducción, una afirmación irracional y que colisiona con la ciencia pues los antagonismos raciales o sociales no derivan de ningún proceso biológico. Quienes pretenden destruir la organización del Estado-Nación recurren a la biología para referirse a un tema cultural como el racismo, pero rehúyen de la ciencia cuando debaten el enfoque de género, eso sí indesligable de la biología y la genética. Los sectores que impulsan la falacia de que un hombre puede convertirse en mujer y viceversa, negando la existencia de dos sexos determinados por la genética, y promueven la insania de que el género es una construcción cultural, salen ahora con la aberración de que los blancos estadounidenses odian a sus compatriotas negros, más o menos, desde el vientre materno.
Estamos ante una escandalosa falsificación de la historia por la cual su autora ganó un premio Pulitzer. Sus fines son políticos y polarizadores. Sin evidencia alguna afirma que Estados Unidos se formó solo para mantener la esclavitud. Cientos de miles de ejemplares adicionales de la revista con el mentiroso ensayo antiestadounidense y un suplemento especial fueron impresos para ser distribuidos gratuitamente entre profesores, colegios, bibliotecas y museos. La Asociación Nacional de Académicos de los Estados Unidos ha presentado una carta pública a la Junta del Pulitzer solicitando le retiren el premio a Nikole Hannah-Jones pues su trabajo es inconsistente y está plagado de errores (obviamente premeditados para echarle más gasolina al fuego y normalizar el odio entre los hijos de la misma tierra). Más o menos como trata de hacerse por acá.

Caso Club de la Construcción

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Aspirante a colaborador asegura que consorcio Obrainsa- Astaldi pagó S/1 millón a Vizcarra

Por Graciela Villasis- Unidad de investigación Diario El Comercio.
El pago ilícito, según el testimonio al que accedió El Comercio, fue en el 2014 a cambio de una obra en Moquegua, cuando el hoy mandatario era gobernador regional. Vizcarra desmiente esta acusación.
El último testimonio que se ha incorporado en la investigación del llamado ‘Club de la Construcción’ ha puesto a Moquegua en la lista de regiones donde operaba este cártel de empresas peruanas y extranjeras que se repartían las millonarias adjudicaciones de obras públicas a cambio del pago de coimas.
El Comercio accedió al testimonio completo de un nuevo aspirante a colaborador eficaz, quien ha manifestado al fiscal Germán Juárez, a cargo del caso y miembro del equipo especial Lava Jato, que la empresa Obrainsa, investigada por el Club de la Construcción, y su socia Astaldi, de capital italiano, hicieron un pago ilícito de S/1’000,000 al hoy presidente Martín Vizcarra. El desembolso, dijo, fue a cambio de que se le otorgue la buena pro de la obra Lomas de Ilo, cuando el mandatario era gobernador regional de Moquegua.
El aspirante a colaborador N°10-2018 ha detallado a Juárez, en la declaración que brindó la semana pasada, que el desembolso -el 2% del total de la obra- se pagó en dos armadas con cheques girados a nombre del conserje de la constructora, y que hubo reuniones previas con el ahora jefe del Estado en las oficinas de Obrainsa ubicadas en San Isidro. La licitación fue convocada a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).
Una larga relación
La cercanía entre el presidente Martín Vizcarra y su hermano César Vizcarra con los hermanos Ernesto y Elard Paul Tejeda Moscoso —propietarios de la empresa Obras de Ingeniería Obrainsa— se inició hace casi dos décadas, cuando sus empresas se unieron para participar en consorcio en una millonaria licitación que fue convocada por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa).
En agosto del 2003, la empresa C y M Vizcarra, de propiedad del mandatario y de su hermano César, conformó el consorcio Colca junto a Obrainsa, Constructora Upaca, Ingenieros Civiles y JACSA SAC. Este ganó la buena pro para elaborar el expediente técnico y la ejecución de la construcción del Sistema de Regulación Hídrica de la Cuenca del Río Sumbay- Presa Pillones por un total de US$14’641,277. Sin embargo, a través de una serie de arbitrajes, el consorcio exigió una mayor compensación por parte del Estado, lo que generó que la obra supere los US$22 millones.
Diez años después, en el 2013, cuando ya era el gobernador regional de Moquegua, Vizcarra se encontró nuevamente con los hermanos Tejeda de Obrainsa. Esta vez la constructora estaba interesada en construir La Línea de Conducción 1 Jaguay – Lomas de Ilo y el Sistema de Riego I Etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo. El proceso fue convocado por la Unops por encargo del Proyecto Especial Pasto Grande del Gobierno Regional de Moquegua (GRM).
El 27 de noviembre del 2013, el consorcio Obrainsa – Astaldi ganó la buena pro. Sin embargo, días antes de que dicha compañía se adjudicara la obra, ocurrió una serie de hechos que garantizaron a los Tejeda, dueños de Obrainsa, que ganarían el proyecto, según el relato que la semana pasada dio el aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 al fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato.
Fiscal Germán Juárez miembro del equipo especial Lava Jato y responsable de la investigación del Club de la construcción.
El testigo relató que entre los días 3 y 4 de noviembre del 2013, Elard Tejeda, gerente general de Obrainsa, “se comunicó telefónicamente desde su celular 999708606 o desde el teléfono fijo directo en Obrainsa 2226691 con el señor Martín Vizcarra Cornejo a sus teléfonos celulares 953522023 o 962992291, que en ese entonces era presidente del Gobierno Regional de Moquegua, a quien conocía personalmente”. Durante la llamada, de acuerdo al aspirante, Vizcarra le hizo saber a Tejeda que se encontraba en Lima, que estaba informado de la presentación de las ofertas a Unops y que tenía interés de visitarlo en las oficinas de Obrainsa, ubicadas en Emilio Cavenecia, en San Isidro.
“Esa reunión se realizó en las oficinas de Obrainsa entre los días 4 o 5 de noviembre de 2013 en horas de la tarde. La secretaria de la gerencia de Obrainsa, Carmen Ríos Quintana, recibió al señor Martin Vizcarra y lo invitó a pasar al directorio”, según el aspirante, quien agregó que en esa reunión participaron solo el mandatario y Elard Tejeda.
De acuerdo al relato del testigo, Vizcarra “fue incisivo” al señalar que la convocatoria se había hecho sin indicar el valor referencial, y “que le iba a brindar una información privilegiada” que consistía en señalarle que para este proyecto el GRM “tenía un presupuesto de S/90’000,000” que incluía la obra, así como los costos de ingeniería y supervisión.
En ese momento, Vizcarra le indicó a Tejeda que para adjudicarles el contrato era “indispensable que presenten una nueva propuesta que no debía exceder los S/81’000,000”. Esto lo dijo porque el consorcio Obrainsa-Astaldi había presentado una propuesta económica de S/86’454,818.06.
Según el aspirante a colaborador, Vizcarra le indicó a Tejeda que, terminada la evaluación por parte de la Unops, “a él le informaban los resultados antes de realizar la adjudicación para que manifieste su no objeción”.
El pedido y el millón
“Martín Vizcarra le requirió un pago a Elard Paúl Tejeda Moscoso por el apoyo otorgado”, ha señalado el aspirante a colaborador al fiscal Juárez. “Y se justificó aduciendo que necesitaba fondos personales para atender gastos en relación a su cargo y que tenía conocimiento de que, en las obras que licitaba Provías Nacional, todas las empresas que ganaban pagaban una comisión de más del 2% del costo directo de la obra a los funcionarios públicos”, agregó. Por esa razón, dijo, le solicitó que el consorcio “le pague el 2% del costo directo de la obra”.
Culminada la reunión entre Vizcarra y Tejeda, este último llamó a su socio Giacomo Orsatti de Astaldi para informarle sobre el encuentro y el pago solicitado por el entonces gobernador de Moquegua, a cambio de la buena pro, se detalla en el testimonio. La solicitud también fue aceptada por los socios de Obrainsa.
El 7 de noviembre, días después de la primera reunión, el consorcio Obrainsa-Astaldi presentó una nueva propuesta a Unops por S/80’981,137.34. El 25 noviembre del 2013, la Unops les comunicó que ganaron la buena pro y el contrato con el GRM fue firmado el 6 de diciembre de ese año.
El aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 declaró a la fiscalía que “el porcentaje del 2% solicitado por el [hoy presidente de la república] al consorcio Obrainsa Astaldi equivalía a S/1’016,212.76”, dijo.
El 20 de enero del 2014, cuando el consorcio ya había iniciado los trabajos en Lomas de Ilo y recibido el primer adelanto, el ahora mandatario “llamó al celular o al teléfono privado de la oficina de Tejeda para solicitarle que lo atendiera con lo acordado y que tenía necesidad de hacer unos pagos”. En ese momento, el gerente general de Obrainsa le respondió “que tenía que gestionar los recursos y que le informaría cuando tenga el dinero disponible”. Tejeda se comunicó con Giacomo Orsatti de Astaldi -su socio- para coordinar la disponibilidad de dicho dinero.
El testigo “tiene conocimiento que el señor Tejeda realizó gestiones internas para que el pago indebido solicitado por Vizcarra Cornejo sea realizado con cargo a la cuenta corriente del consorcio”. En una primera oportunidad, contó, se intentó enviar una carta al BBVA Banco Continental y, en una segunda oportunidad, se giró un cheque por S/400,000. Sin embargo, ninguno de los dos intentos pudo hacerse efectivo, ya que los funcionarios de Astaldi no quisieron firmar el cheque al no existir sustento administrativo para la salida de ese dinero.
Para resolver este impasse, el empresario arequipeño gestionó un préstamo de Obrainsa al consorcio por S/400,000 para “cumplir con parte del pago indebido acordado” con el entonces gobernador regional de Moquegua. “[…] El dinero fue obtenido de las cuentas de Obrainsa mediante el cobro del cheque N°60002342307 del Banco BBVA Continental, el 27 de enero de 2014, por S/400,000, girado a Tobías Puerta Gutiérrez, conserje de la empresa, que se encargó de cobrar ese monto, y de entregárselo en efectivo a Tejeda Moscoso en las oficinas de la compañía”, precisó. Este Diario ha accedido a los cheques emitidos, que fueron cobrados por Puerta Gutiérrez.
Con el dinero en mano, Tejeda “se comunicó telefónicamente con Vizcarra, indicándole que ya tenía parte de su encargo y que se apersone a las oficinas de Obrainsa”, ubicada en la calle Emilio Cavenecia N°225, 2do. Piso- Torre 1, San Isidro. Como Astaldi era el socio mayoritario del consorcio, Tejeda le recomendó a Giacomo Orsatti que conociera a Vizcarra porque era importante. “La reunión se llevó a cabo entre los días 27 o 28 enero del 2014 en las oficinas de Obrainsa”, manifestó el aspirante. El hoy presidente “fue recibido por la secretaria Carmen Ríos Quintana, y atendido con café por Donato Reyes Antezana”.
Según el aspirante a colaborador en las oficinas de Obrainsa ubicadas en San Isidro, se hizo la entrega de un millón de soles en dos armadas.
En esa reunión participaron Vizcarra, Tejeda, Orsatti y César Bayro Orellana, exgerente de Obras Civiles de Obrainsa y exrepresentante legal del consorcio, quien falleció en el 2018. El aspirante a colaborador indicó que Vizcarra mantenía comunicación telefónica con Bayro a su número celular 973814298 y, a través suyo, le enviaba mensajes al gerente general de Obrainsa.
“Este hecho puede corroborarse con el tráfico de llamadas entre el número que le pertenecía y los números de celulares que utilizaba Vizcarra: 953522023 y 962992291”, añadió. Orsatti y Bayro Orellana se retiraron de la reunión y dejaron solos a Tejeda y Vizcarra. Tejeda aprovechó ese momento “para entregar los S/400,000 en efectivo dentro de un sobre manila al gobernador regional. Luego Vizcarra Cornejo se retiró con el dinero”, remarcó.
El testigo protegido del caso ‘Club de la Construcción’ afirmó “que la segunda entrega de dinero en efectivo fue acordada entre el señor Elard Tejeda y Martín Vizcarra Cornejo en la primera semana de abril de 2014, la cual se realizó solicitando nuevamente los fondos a Obrainsa para ser atendido con cargo a la Cuenta de Dividendos de Accionistas”. Indicó que “apenas” se confirmó la disponibilidad se procedió a cobrar el cheque N° 000241968 del Banco BBVA Continental, emitido el 04 de abril del 2014 por S/600,000. Este también fue girado a nombre del conserje Puerta Gutiérrez, encargado de cobrar el dinero en efectivo y de entregárselo a Tejeda.
Posteriormente, añade, el gerente general de Obrainsa se comunicó telefónicamente con Vizcarra para informarle que vaya a su oficina. “Entre los días 4 al 7 de abril 2014, por la tarde, se realizó la [segunda] entrega en un sobre manila conteniendo los S/600,000 en efectivo, que fueron recibidos personalmente por Vizcarra Cornejo”. En total, a Vizcarra, según el colaborador, se le entregó S/1’000.000 en efectivo más los S/35,985.65 cancelados a la empresa ATSA por el alquiler de una avioneta.
La avioneta alquilada
El 2 de diciembre del 2013, cuando el consorcio ya había ganado la obra, Elard Tejeda recibió una llamada de Martín Vizcarra desde Moquegua en la que le pidió “que le alquile una avioneta, porque tenía urgencia de reunirse con unas personas que se encontraban en Lima y necesitaba que los trasladen a Tacna o Ilo por el día para reunirse con él. En la llamada, según el testimonio, le indicó que el costo de este servicio sea “a cuenta de lo pactado”, refiriéndose al pago ilícito acordado que debía dársele por la adjudicación” a favor del consorcio que conformó Obrainsa y Astaldi. El Comercio tuvo acceso a los correos electrónicos que confirman de la aeronave.
Tejeda de inmediato le encargó a su secretaria Ana Ellen que solicite cotizaciones para alquilar una avioneta. Ella se puso en contacto con la empresa Aerotransporte S.A. (ATSA) para solicitar el costo del alquiler de una avioneta y recibió por parte de Ricardo Jaime Descailleaux Becker (a través de su correo RDescailleaux@atsaperu.com), ejecutivo de planeamiento comercial de la empresa ATSA, una cotización por S/28,829.01.
Esta cotización fue enviada por Ellen a Tejeda Moscoso, su jefe, quien a su vez se la remitió a Vizcarra, a la cuenta de correo electrónico presidencia@regionmoquegua.gob.pe. Estimado Martín: Adjunto cotización requerida. Saludos, Paul Tejeda”. Al día siguiente, el 3 de diciembre, Vizcarra respondió a Tejeda que le envíe la cotización porque “solo llegó 02 gráficos”. Estos correos fueron enviados el mismo 2 de diciembre del 2013.
Ese mismo día, a las 11:38 a.m., Ricardo Jaime Descailleaux Becker (RDescailleaux@atsaperu.com), envió un correo electrónico a Ellen y adjuntó la cotización de la aeronave disponible modelo Beechcraft 1900C, por un total de S/35,985.64, indicando que el servicio se facturará a Obrainsa y detallando el número de cuenta bancaria para que se proceda con la cancelación, así como la programación del vuelo para el mismo día martes 3 de diciembre del 2013 a las 13:30 horas.
Ellen recibió en copia una comunicación de Descailleaux Becker (RDescailleaux@atsaperu.com), el mismo día a las 11:53 a.m., en el que le solicitaba la confirmación de la transferencia del dinero y la lista de pasajeros. La secretaria reenvió esta última comunicación al correo institucional de Vizcarra (mvizcarra@regionmoquegua.gob.pe), con copia a Tejeda (paul.tejeda@obrainsa.com.pe), en el que le solicitó “le indique la lista de pasajeros que viajarían en la avioneta, toda vez que la empresa ATSA requería esa información”.
Casi una hora y media después, a la 1:18 p.m., Vizcarra respondió al correo de Ellen con copia a Tejeda Moscoso con el asunto “Relación de pasajeros” y detalló los nombres de los pasajeros que abordarían el avión: Luis Arce Catacora, Viviana Caro Hinojosa, Edwin Rojas Ulo, Jorge Manrique Arduz, Roxana Mallera Mamani y Saúl Linares Beza. Al final de dicho correo electrónico el señor Martín Vizcarra Cornejo se despidió con las palabras: “Saludos, Martín Vizcarra”.
Este Diario comprobó que todas estas personas eran altos funcionarios del gobierno de Evo Morales. El ministro de Economía, Arce Catacora, era quien encabezaba la delegación conformada por la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro; el ministro de Consejería de la Embajada de Bolivia en Perú, Jorge Manrique Arduz; y el viceministro de Tesoro Público, Edwin Rojas. Arce Catacora es actualmente candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales. Las elecciones se realizarán este 18 de octubre.
Todos ellos arribaron al Terminal Portuario de Ilo y fueron recibidos por Martín Vizcarra, tal como lo registraron los medios locales. En aquella oportunidad, el ministro boliviano Arce manifestó que “evaluaban con optimismo” la alternativa de exportar sus productos por el Puerto de Ilo en corto plazo. Vizcarra indicó que “estas visitas fortalecen la propuesta del gobierno regional para priorizar la modernización del Puerto de Ilo y la construcción de un ferrocarril para integrar a ambos países”.
Ese mismo día, 3 de diciembre, a las 4:43pm., Ana Ellen envió un correo electrónico a Martín Vizcarra Cornejo (mvizcarra@regionmoquegua.gob.pe) con copia al señor Elard Paúl Tejeda Moscoso (paul.tejeda@obrainsa.com.pe) en el que adjuntó el correo enviado por ATSA confirmando el servicio y realizando las indicaciones de ingreso.
Posteriormente, la empresa ATSA procedió a girar la factura N°001-0044816 a Obrainsa por concepto de Transporte de pasajeros, por un total de S/35,985.65, que fue cancelada días después, el 12 de diciembre. Este Diario accedió a la factura y relación de pasajeros. ¿Por qué una empresa que había ganado la buena pro de una obra, tres días antes de firmar el contrato con el gobierno regional de Moquegua paga el alquiler de una avioneta con pasajeros que se reunirían con el entonces gobernador?
La obra –según el contrato– debía ser culminada en 300 días calendario, sin embargo, se hicieron varias ampliaciones y recién el 23 de marzo del 2016 se entregó la obra; es decir, dos años después del tiempo acordado. En total, se pagó S/115’443.003. Es decir 35 millones 443 mil soles más del dinero pactado, y este proyecto no ha logrado su objetivo de irrigar las Lomas de Ilo.

-Confirman los correos y las visitas de Vizcarra a Obrainsa-

Según fuentes confiables de este Diario, el viernes último las dos secretarias de Obrainsa -Carmen Ríos Quintana y Ana Ellen- declararon al fiscal Juárez que vieron a Vizcarra en dos oportunidades. Ríos señaló que recibió a Vizcarra en abril del 2014 y lo condujo hasta la oficina del exgerente general de Obrainsa Elard Tejeda; Hellen confirmó la autenticidad de los correos que intercambió con el entonces gobernador regional para el alquiler de una avioneta en diciembre del 2013.
La semana pasada se realizó también una diligencia en las instalaciones de esa compañía para extraer una copia espejo de los servidores para corroborar la autenticidad de los correos. El fiscal Juárez, los peritos del Ministerio Público y los ingenieros de sistemas de Obrainsa estuvieron presentes.
-Los acuerdos para justificar el pago-
El aspirante indica que antes de la entrega de la oferta técnica y económica el consorcio ganador, Obrainsa y Astaldi acordaron celebrar un contrato por concepto de “Prestación de Servicios de Asesoría Técnica para Elaboración de Propuesta Técnica – Proyecto Construcción Línea de Conducción N° 1. Jaguay-Lomas de Ilo, por S/ 1’352,385.00.
Este acuerdo se hizo para justificar el dinero que se le entregó indebidamente -según el aspirante- por Vizcarra, “acordando que éste sea pagado por Obrainsa con cargo a dividendos, para lo cual se calculó e incrementó los impuestos correspondientes”.
-Descargos-
A través de la oficina de prensa de Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra “negó rotundamente” lo que ha declarado el aspirante a colaborador eficaz 10-2018 y respondió a El Comercio que es “absolutamente falso”. “Siguen manchando honras”, sostuvo. Mónica Moreno, jefa de prensa de Palacio de Gobierno, indicó que Vizcarra “se acuerda mucho de la época y de las cosas que pasaron”. “Esa obra la convocó y adjudicó Unops”, agregó.
Sobre el alquiler de la avioneta mencionado por el aspirante a colaborador como un “adelanto” del pago ilícito, desde Palacio afirmaron que funcionarios bolivianos se comunicaron con el GRM para decirles que querían viajar a Ilo. “El presidente reconoce a toda la lista. Como la empresa tenía interés de que vinieran, ellos dijeron: ‘Nosotros los traemos’”, dijo.
Moreno sostuvo que Vizcarra fue en carro de Moquegua a Ilo. “Eso no es oculto, no es nada ilegal ni nada. Fueron ellos [Obrainsa] quienes pagaron por la avioneta. Estuvieron en Ilo y luego se regresaron. El presidente señala que tuvo una participación como autoridad que recibe a otra y que probablemente haya correos de la empresa preguntándole quiénes vienen”, añadió.
-Obrainsa investigada-
Obrainsa se encuentra incluida como persona jurídica en la investigación que sigue el Ministerio Público junto a otras 16 empresas que formaron parte del Club de la Construcción. También figura como tercero civil responsable en el proceso.
La fiscalía señala que las compañías del ‘club’ se habrían repartido obras entre 2011 y 2014. En el caso de Obrainsa, las obras en las que participó y que forman parte de la investigación son la del Tramo 2: El Arenal- Punta de Bombón y la construcción de un corredor vial en Piura.
Por este último proyecto, la contraloría también identificó que Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, realizó pagos indebidos por S/2.5 millones al Consorcio Gestiones Viales del Norte, del que formó parte Obrainsa.
Elard Tejeda Moscoso, propietario de Obrainsa, está siendo investigado por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias en modalidad agravada y organización criminal.
Estas son las que Obrainsa ganó cuando Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones, vicepresidente de la república y presidente constitucional del Perú.
Martín Vizcarra – Ministro de Transportes:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP- PE-1N- PAMPLONA-SAN JOSÉ – CAJATAMBO – EMP. PE-18
Convocatoria: 30/12/2015
Buena pro: 23/09/2016
Empresa: Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/144’731,157.17
Valor adjudicado: S/142,488,707.44
Firma del contrato: 31/10/2016
Fecha prevista de fin de la obra: 2/11/2021
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA CENTRO- SUR DEL PAIS
Convocatoria: 26/06/2015
Buena pro: 7/11/2016
Empresa: CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ, conformado por Ingenieros Civiles Y Contratistas Generales S.A. Iccgsa (38.00 %); Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa 37.00%); Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú (25.00 %)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/220’749,696.50
Valor adjudicado: S/220’528,310.30
Firma del contrato: 7/12/2016
Fecha prevista de fin de la obra: 1/7/2018
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH Y JUNÍN
Convocatoria: 26/10/2016
Buena pro: 01/02/2017
Empresa: CONSORCIO PUENTES REGIONALES, conformado por Obras de Ingeniería S.A- Obrainsa. (38.00 %); Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICCGSA (37.00 %); Construcciones Y Promociones Balzola S.A. Sucursal Del Perú (18.00 %); Constructora Duran S.A. (7.00 %)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/190’252,949.62
Valor adjudicado: S/183’980,033.65
Firma del contrato: 01/03/2017
Fecha prevista de fin de la obra: 30/08/2018
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Martín Vizcarra– Vicepresidente de la República:
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL RÍO PIURA DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA
Convocatoria: 07/08/2017
Buena pro: 29/08/2017
Empresa: CONSORCIO HCC, conformado por Obras de Ingeniería S.A.Obrainsa (40.00 %); Herdoiza Crespo Construcciones S.A. Sucursal Perú (30.00 %); EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. (30.00 %)
Entidad: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL
Valor referencial: S/232’944,270.72
Valor adjudicado: S/64’375,065.09
Firma del contrato: 21/09/2017
Fecha prevista de fin de la obra: 12/12/2017
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SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LA RUTA NACIONAL PE – 1S, SECTOR ATICO KM 731 + 000 (CARRETERA PANAMERICANA SUR)
Convocatoria: 07/08/2017
Buena pro: 11/08/2017 (contratación directa por situación de emergencia)
Empresa: Obrainsa
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/4’318,652.50
Valor adjudicado: S/4’318,652.50
Firma del contrato: 14/08/2017
Fecha provista de fin de la obra: 14/09/2017
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OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA – EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE, EMPALME, RUTA PE- 5N (LA CALZADA)
Convocatoria: 01/06/2017
Buena pro: 27/06/2017
Empresa: Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/67’986,406.40
Valor adjudicado: S/.67,986,406.40
Firma del contrato: 18/07/2017
Fecha provista de fin de la obra: 09/07/2018
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Martín Vizcarra– Presidente de la República:
SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA DV. MARCONA – DV. PUERTO LOMAS Y TANAKA – PUERTO INKA Y DV. CHAPARRA- PUENTE CHAPARRA
Convocatoria: 03/08/2018
Buena pro: 29/11/2018
Empresa: Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/91’298,599.53
Valor adjudicado: S/79’475,132.80
Firma del contrato: 28/12/2018
Fecha prevista de fin de la obra: 30/12/2019
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Vizcarra se contradice sobre si conocía o no el valor con el que Obrainsa se adjudicó obra en Ilo

En medio de la investigación sobre el contrato de Obrainsa-Astaldi por el proyecto de Las Lomas de Ilo el presidente Martín Vizcarra indicó que no conocía la cifra, dado que el concurso lo llevaba adelanta Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).
Este es uno de los argumentos que brindó el aspirante colaborador eficaz, quien detalló a la Fiscalía que dicha información supuestamente fue brindada por el entonces gobernador regional de Moquegua a Obrainsa para se adjudique el proyecto.
“[¿Acudió a la reunión convocada el 3 o 4 de noviembre en San Isidro?] En esa oportunidad no. Podía viajar a Lima como todos los gobernadores, pero en esa fecha, en esa oportunidad no tuve ninguna reunión, en absoluto”, aseguró en entrevista en Panorama.
“Unops tiene completa reserva de todo el proceso. Quien tiene que responder es Unops. Ellos llevan todo el proceso y lo mantienen con absoluta reserva hasta que, finalmente, dicen cuál es el ganador. Nosotros, en este y cualquier proceso, no tenemos acceso a la información […] No puedo dar la cifra porque no la conozco”, comentó.
Sin embargo, en otro momento de las declaraciones en Panorama, el mandatario reveló que para el proyecto ellos brindaron el valor referencial del proyecto.
“Nosotros le dimos el monto referencial (del proyecto a Unops)”, expresó, tras indicar que con ello se realizó el estudio de mercado.
Fuente: Diario Gestión.

Martín Vizcarra reconoce que tramitó vuelo de autoridades bolivianas con Obrainsa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reconoció que participó en las coordinaciones para que el consorcio en el que participó Obrainsa alquile una avioneta que trasladó a funcionarios de Bolivia en diciembre del 2013, cuando era gobernador regional de Moquegua, y aseguró que este trámite fue “totalmente transparente” y que no prueba que haya recibido algún pago ilícitos de esta empresa que es parte del ‘Club de la Construcción’.
“El gobierno boliviano, por varios años atrás, tenia interés en el puerto de Ilo porque la carga de salida e ingreso de Bolivia va por puertos chilenos. Yo, como gobierno regional, invito al gobierno de Bolivia para que use el puerteo de Ilo”, aseguró el presidente en una entrevista al programa “Panorama”.
El mandatario señaló que Obrainsa corrió con los gastos del vuelo que no benefició a ningún interés particular como parte de la “responsabilidad social” que asumen las empresas al ganar proyectos de licitación.
“Eso es absolutamente transparente y parte de la responsabilidad social de la empresa para el entorno donde va a ser el proyecto y precisamente tiene una relación directa. Luis Arce, ministro de Economía, es uno de los candidatos para las elecciones de Bolivia, es una persona que tiene toda una vida dentro de la administración pública muy reconocida que vino en función de constatar la capacidad logística del puerto de Ilo y comenzó a derivar parte de la carga boliviana de Chile a Perú”, añadió.
Martín Vizcarra destacó que todas estas coordinaciones se hicieron a través de correos institucionales y que las autoridades de Moquegua estaban al tanto de que se había coordinado el vuelo con el consorcio de Obrainsa.
“[¿Le preocupan los correos electrónicos?] En absoluto. Es completamente transparente”, resaltó.
Fuente: Diario Perú21.

Villasís: “Unops desmiente la versión que dio el presidente Vizcarra”

La periodista Graciela Villasís indicó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), desmintió la versión que el presidente Martín Vizcarra brindó hace unos días sobre la licitación de la obra Lomas de Ilo que el consorcio Obrainsa-Astaldi ganó en el 2013, cuando este era gobernador regional de Moquegua.
Durante una entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde, la jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio precisó que Unops aclaró que si bien estaba encargada de recibir las bases y la convocatoria del concurso para la citada obra, la buena pro para la firma del contrato correspondía al Gobierno Regional de Moquegua.
“De esta manera Unops desmiente la versión que dio el presidente Vizcarra el día domingo. También desmiento lo que él dijo en relación a que ellos eran encargados de hacer el estudio de mercado y ellos eran encargados de poner el valor referencial”, dijo.
En relación a una supuesta solicitud a Obrainsa que hizo Vizcarra sobre el pago del alquiler de una avioneta para el traslado de un grupo de personas desde Lima a Moquegua, Graciela Villasís señaló que “claramente es un favor” que hace la empresa al entonces gobernador regional. De esta manera, la periodista cuestionó la versión del mandatario, quien afirmó que el arriendo de la nave era parte de una “responsabilidad social” empresarial.
“Si Obrainsa lo hizo por un tema de responsabilidad social, (por qué) en los correos se dirige al señor Paul Tejeda y le dice ‘me podría por favor enviar toda la cotización sobre el alquiler de la avioneta porque solo me han llegado dos páginas. Entonces, el presidente Vizcarra señala que él no sabía nada de eso y que lo hizo esa empresa por responsabilidad, ¿por qué pregunta por el costo de la avioneta?”, expresó.
Como se recuerda, el pasado domingo El Comercio accedió al testimonio de un nuevo aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, quien declaró ante el fiscal Germán Juárez que la empresa Obrainsa hizo un pago ilícito de S/1 millón a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua en el 2013.
Ese mismo día el Jefe de Estado rechazó el citado testimonio y señaló que la información aparecía luego que reclamó avances en las investigaciones del caso Lava Jato. Durante la noche en el programa Panorama, el mandatario Martín Vizcarra afirmó que desconocía el monto final que fijó la Unops para el proyecto Lomas de Ilo, ya que su gestión sólo prepara un expediente técnico con montos referenciales.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Ávalos: Decisión del MP marca un hito porque la tradición era que a los presidentes no se les investiga

Fiscal de la Nación precisó que los hechos del caso Richard Cisneros ya vienen siendo investigados en la primera instancia.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, justificó su decisión de abrir investigación preliminar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en el caso de Richard Cisneros, pero al mismo tiempo suspender las indagaciones contra el mandatario hasta el 28 de julio del próximo año, cuando concluya su mandato.
Señaló que en principio su decisión marca un hito en la historia del Ministerio Público, porque con los anteriores presidentes en ejercicio la decisión que tomaban sus antecesores era no investigarlos, y las denuncias se archivaban, lo que no ha ocurrido en esa ocasión.
“La posición jurídica en el Ministerio Público durante años ha sido no abrir investigación a un presidente que está en mandato, y se ha archivaba (…) En este caso (de Vizcarra) tiene una particularidad, que hay una investigación de un mes”, señaló.
Sin embargo, en entrevista con Punto Final de Latina, explicó que esto no significa que la investigación al presidente va a quedar archivada hasta el próximo año.
Según dijo, los hechos que involucran al presidente ya son materia de indagación a través de otros coacusados, algunos a cargo de la fiscal provincial, y otros, como el caso de la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, a cargo de su despacho, pues goza del antejuicio político.
“¿Eso significa que la denuncia contra el presidente se va archivada en la gaveta? No. Los mismo hechos están siendo investigados, unos por la primera instancia, y yo estoy investigando a la exministra (Patricia)Balbuena. Nosotros no investigamos personas, nosotros investigamos hechos que comprometen personas”, señaló.
Era necesario calificar delitos
Sobre la decisión de calificar desde ya los eventuales delitos en que habría incurrido el presidente Vizcarra, el Fiscal de la Nación dijo que era necesario hacerlo desde la investigación preliminar, pues de lo contrario, la opción que quedaba era archivar.
“Consideramos que era necesario calificar (los delitos), caso contrario tendría que haber archivado, y hubiera sido un archivo definitivo, pues tendría la condición de cosa decidida, y esos hechos ya no los podían haber denunciado el 29 de julio, salvo que aportara nuevos elementos”, señaló.
Quieren desacreditar investigación
Tras señalar que ya notificó al presidente Vizcarra de su decisión de abrir una investigación preliminar en su contra, la fiscal Ávalos desmintió que exista algún acercamiento entre ella y el mandatario, y dijo que estos comentarios solo tratan de desacreditar las investigaciones que realiza su institución.
“¿Cercanía?, ninguna, es un afán de desacreditar. ¿Qué prueba hay que tengo una cercanía con el presidente? ¿Alguna vez me han visto tomando un café, conversando con él? Jamás. Mi relación ha sido con él enteramente funcional, como lo es con todos. No tengo ninguna relación con ningún ministro, ni con el presidente ni con nadie, pero de alguna forma tenían que desacreditar las investigaciones que estamos haciendo”, afirmó.
Asimismo, adelantó que no se inhibirá de investigar al presidente Vizcarra, como lo ha pedido el procurador Amado Enco, y tampoco retirará su pedido para que la exasistenta de Palacio de Gobierno, Karen Roca, se retracte de lo que dice de su persona en uno de los audios.
Ese audio se refiere a que, en una reunión del Consejo de Estado, Ávalos se habría reunido con el presidente Vizcarra para organizar un complot contra los congresistas Omar Chehade y Edgar Alarcón.
Al respecto, precisó que en principio su pedido no tiene relación con los audios en que participa el Presidente de la República, sino con otros, y además porque la misma ley orgánica del Ministerio Público no contempla esta situación como causal para inhibirse de una investigación.
Fuente: Diario El Peruano.

No audios, solo encuestas

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El presidente Martín Vizcarra dijo que las investigaciones del caso ‘Richard Swing’ determinarán si es cierto lo que se oye en los audios.

Martín Vizcarra sobre audios por caso ‘Swing’: “No las escucho por salud mental”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no ha escuchado los audios que grabó la ex asistente de su despacho, Karem Roca, relacionados al caso ‘Richard Swing’ por un tema de “salud mental”. Esto, tras la difusión de grabaciones que involucran a su ex coordinador de prensa, Óscar Vásquez.
“No he escuchado los audios por salud mental que ahora tanto necesitamos. No he escuchado los audios. Me dicen que hay horas y horas de audios. Que los expertos los escuchen, los verifiquen, los contrasten porque hay veces que precipitadamente se da por cierto lo que se dice, y lo digo en general, lo que dicen a favor o en contra”, señaló en declaraciones a la prensa.
Martín Vizcarra comentó esto luego que Óscar Vásquez fuera incluido formalmente en la investigación que se está realizando por presuntas irregularidades en los contratos a favor de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura desde el 2018 hasta la fecha.
Vásquez, quien también tiene una investigación en el Ministerio Público por presuntas coordinaciones con fiscales sobre el caso ‘Richard Swing’ mencionadas en audios protagonizados por Karem Roca, renunció a su cargo de confianza la semana pasada.
El presidente aseguró que el accionar de Roca, ex asistenta de su despacho, fue una “traición a su confianza”, pero reiteró que serán las investigaciones las que determinen a los responsables de presuntas irregularidades. En esa línea, recordó su crítica contra la aceptación a trámite de una moción de vacancia en su contra tras la difusión de las grabaciones de Martín Vizcarra con personas de su entorno de confianza a pesar de que “no hay ningún delito”.
“Estoy en desacuerdo que se haya tomado la aceptación del proceso de vacancia sin ninguna justificación, porque no hay ningún delito y ahora lo ratifico. Hemos actuado siempre de manera correcta, honesta y transparente”, manifestó.
Martín Vizcarra concluyó destacando que sea el Ministerio Público el que se tome el trabajo de escuchar los audios que él descartó haber oído.
“Que el Ministerio Público se tome el trabajo, como seguramente hacen ustedes periodistas, las 6, 8 o 15 horas de grabaciones y finalmente determinen”, comentó antes de retirarse de la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde acudió a supervisar el inicio del ensayo de vacuna contra el COVID-19.
Fuente: Diario Gestión.

La venganza tarda pero llega

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Cuando aparecieron los audios de Los Cuellos Blancos se escuchó a Antonio Camayo, “Toñito”, mencionar la celebración del cumpleaños y la asunción al mando de Martín Vizcarra. También su gusto por el ron Zacapa. Camayo terminó con prisión preventiva, dicen que está anímicamente quebrado. Lo cierto es que lo silenciaron.
Ayer supimos de la detención preliminar de Karem Roca, asistente personal de Vizcarra; Mirian Morales, ex secretaria del despacho presidencial; Richard Swing (Cisneros), estrafalario personaje; el exasesor Óscar Vásquez –del círculo más íntimo del gobernante– y otras personas vinculadas al Ministerio de Cultura donde Swing ganó buena plata sin merecerlo, su contrato de servicios fue ratificado por siete ministros de Cultura.
Roca -que no designó a Swing- publicitó el audio donde ella, Vizcarra y Morales urdían cómo mentir a la Fiscalía. Esta ya determinó que se borraron cerca de 27,000 correos de las computadoras de Palacio. Morales habría ordenado borrar el celular de la exministra de Cultura Patricia Balbuena. Ella no está investigada, tampoco Vizcarra, ni la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, mencionada en los audios como amiga cercanísima del gobernante, con todo lo que ello implica.
Probablemente estos tres últimos personajes saldrán bien librados, aunque Vizcarra cada vez está más desacreditado. La lógica indica que la organización criminal que se montó tendría a Vizcarra como jefe. Quienes ordenan la contrata de Swing, de sus parientes, de sus amigos del tenis no son ni Morales, ni Roca, ni Vásquez. Los ministros santificaron esos nombramientos, no alguien de menor rango.
Ávalos sigue en la duda de si abre investigación a Vizcarra. Fue descalificada por el audio. Se propone a Pablo Sánchez, quien archivó provisionalmente el caso Chinchero, salvando a Vizcarra. Cuando Gonzalo Chávarry fue fiscal de la Nación reabrió el caso. Le cayó la quincha y está separado de la junta de fiscales supremos, al igual que Tomás Gálvez.
Al gobernante le tomó tiempo desmantelar la Fiscalía pero lo logró. Tampoco será indagada la exministra Balbuena. Menos la cuñada de Vizcarra que sería el enlace, el correveidile con Ávalos y fiscales moqueguanos. Probablemente sus familiares y amigos siguen en sus puestos.
Ya se conoce la homologación judicial del Acuerdo con Odebrecht, proporcionada por la congresista Martha Chávez. La fiscalía anticorrupción se alteró afirmando que Chávez no respeta la confidencialidad. El texto confirma la benevolencia con la que se trató a Odebrecht, incluyendo casos tontísimos, excluyendo al Gasoducto, y la reparación civil es una mala broma. ¿Hubo cohecho?
La lucha anticorrupción machacada por Vizcarra es una gran farsa. La venganza, ya lo ilustró Shakespeare, no tiene límites y arrastra a inocentes. Encarcelar en estos momentos de pandemia, de coronavirus es verdaderamente macabro. El libreto es el mismo de Los Cuellos Blancos, Fiscalía, Diviac, chaleco ilegal con inscripción de detenido. etc. Mientras la economía peruana está en alto riesgo.

Caso Richard Swing: ¿Quiénes son los 10 ex funcionarios detenidos preliminarmente?

Por Alicia Rojas Sánchez– Diario El Comercio.
El despacho de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas solicitó la detención preliminar de 10 personas incluidas en las investigaciones del caso Richard Swing. Se trata de ex funcionarios del Ministerio de Cultura (Mincul) vinculados con las nueves órdenes de servicio entre este sector y el artista Richard Cisneros, firmados entre los años 2018 y 2020.
Por un plazo de siete días, los ex trabajadores estarán detenidos ante el posible peligro de fuga y obstaculización del proceso que se lleva a cabo, sustentó la fiscalía.

1. Mirian Morales Córdova, ex secretaria general de Palacio de Gobierno

Mirian Morales fue directora general de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del 17 de agosto del 2016 al 24 de marzo del 2018, designada en este cargo por el presidente Martín Vizcarra cuando era titular del MTC. Con Vizcarra asumiendo la presidencia, Morales ingresó a Palacio de Gobierno con el cargo de secretaria general. Finalmente, renunció a estas funciones el pasado 13 de setiembre.
La ex funcionaria palaciega fue incluida en las indagaciones de la fiscalía debido a que el presidente Vizcarra habría “coordinado y acordado” con ella para que se comunique con los ministros de Cultura y Cisneros, y procedan a realizar los contratos con el Mincul por el monto total de S/155,400.
De acuerdo con la declaración de un testigo reservado, Morales entregó a la exministra de Cultura Patricia Balbuena, a través de WhatsApp, la hoja de vida de Cisneros. Este mismo testigo indicó que, entre junio y julio del 2018, Balbuena fue contactada por Morales por encargo del presidente para que se asigne a Cisneros un puesto de trabajo.
La fiscalía agrega que Morales se habría reunido el 28 de junio del 2018 con Richard Cisneros en la Secretaría del Palacio de Gobierno para coordinar un puesto de trabajo y las posteriores contrataciones directas mediante órdenes de servicios, pese a las irregularidades advertidas en su contratación y que están siendo investigadas.
Morales es investigada por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Como delitos conexos materia de investigación, la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.

2. Óscar Manuel Vásquez Zegarra, ex asesor de Comunicaciones del presidente

Óscar Vásquez fue uno de los últimos asesores cercanos del presidente Martín Vizcarra parte de la denominada “muralla moqueguana”. El ex funcionario, quien asesoraba en comunicaciones al mandatario, es uno de los protagonistas de los audios que involucran a Vizcarra con las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno.
En uno de los diálogos, Vásquez, Vizcarra, Morales y Karem Roca coordinan una presunta repartición de las visitas hechas por Richard Cisneros a la sede del Ejecutivo.
Además, Vásquez ayudó a Karem Roca, la responsable de las grabaciones, a conseguir un abogado para las investigaciones que tenía en el Ministerio Público y el Congreso. En otro audio, el presidente Vizcarra reconoce que él y Óscar Vásquez la apoyan económicamente con su defensa legal.
El pasado 10 de setiembre, la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla inició una investigación en contra de Vásquez, el fiscal superior Marcos Villalta, y el abogado Daniel Jo Villalobos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, esto tras la tras la difusión de un audio entre Roca y Cisneros en el que se les escucha que Vásquez buscó a un “fiscal corrupto” para variar las indagaciones en la fiscalía.
Adicionalmente, Óscar Vásquez es investigado por el despacho de la fiscal Janny Sánchez Porturas por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Como delitos conexos materia de investigación, la presunta comisión del delito de obstrucción de la justicia.

3. Karem Alexandra Roca Luque, ex secretaria del Despacho Presidencial

La relación entre Karem Roca Luque y el presidente de la República empezó el año 2011. En aquel tiempo y hasta el 2014, se desempeñó como asistente de Vizcarra cuando este se encontraba al frente del Gobierno Regional de Moquegua.
Posteriormente, durante la campaña electoral del 2016, Roca también trabajó junto al mandatario. Una vez en el Ejecutivo, ingresó a trabajar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hasta el 2017, cuando Vizcarra fue titular de dicho sector. Finalmente, el 2018 fue contratada en Palacio de Gobierno como asistente del Despacho Presidencial cuando Vizcarra asumió la presidencia.
En los audios revelados, Roca coordina junto al presidente y Morales en qué sentido irían sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la cual se presentó el 26 de junio, y dio su testimonio bajo juramento.
Un informe de El Comercio reveló los contratos de la empresa familiar del esposo y hermanos de Roca que se firmaron durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua, los cuales ascienden a S/159,618.10.
Durante esa misma gestión, también contrató con el gobierno regional su cónyuge, el arquitecto Edgar Iván Zapata Yactayo. El monto fue de S/19,800. Su hermano Danny Alejandro Roca Luque también fue contratado con el gobierno regional de esa época para temas administrativos por S/10,598.10. Finalmente, su hermana Odaliz Roca, psicóloga de profesión, en el 2019 tuvo contratos con Essalud por S/11,500.
Roca es indagada por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Como delitos conexos materia de investigación, la presunta comisión de los delitos de ocultamiento real y falsedad genérica.
Richard Swing fue detenido en su domicilio ubicado en la cuadra 3 de la calle Conde de la Monclova San Isidro.

4. Richard Cisneros Carballido, ex proveedor del Mincul

El personaje de este entramado, el cantante Richard Cisneros, fue uno de los primeros invitados a la Comisión de Fiscalización del Congreso por los nueve contratos que firmó con el Mincul. La fiscalía sostiene que Cisneros tuvo contactos previos con altos funcionarios del Estado para llegar a acuerdos y ser favorecido con contratos directos para proveer “servicios innecesarios” al Mincul.
Se presume que el cantante se valió de la “confianza” que tuvo con Vizcarra para que este lo recomiende a la exministra de Cultura Patricia Balbuena. Así habría ingresado al sector con montos sobrevalorados, bajo la elaboración de un perfil hecho a medida.
La fiscalía indica que la cercanía entre Cisneros y el mandatario se sustenta en las visitas que hizo el cantante a Palacio de Gobierno: siete en total, una durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta información fue recolectada por la fiscalía tras la recuperación de 27.420 correos electrónicos entre los años 2017, 2018 y 2019, que habían sido borrados. De ellos, se pudo extraer siete que se refieren a las solicitudes de autorización de ingreso de Cisneros.
Cisneros es indagado por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

5. Patricia Aída Dávila Tasaico, ex secretaria general del Mincul

Patricia Dávila fue designada el 9 de setiembre como secretaria general del Conadis. Previamente, fue designada por la exministra de Cultura, Ulla Holmquist, el 15 de marzo del 2019, como secretaria general del Mincul. El cargo lo ejerció hasta el 3 de enero de este año. Dávila es indagada por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

6. Diana Angélica Tamashiro Oshiro, ex secretaria general del Mincul

Diana Tamashiro, ex secretaria general del Mincul, fue incluida en la indagación de la fiscalía debido al cargo que ocupó en este sector. Ella fue asignada a estas funciones por la ex ministra de Cultura Sonia Guillén el pasado 16 de enero de este año. Dejó el cargo el 30 de junio, cuando el caso Swing había sido revelado.

7. Lincoln Martín Matos Parodi, ex director general de la Oficina General de Administración del Mincul

Fue director general de la Oficina General de Administración hasta el 4 de junio de este año, cuando el ministro Alejandro Neyra aceptó su renuncia. Matos fue designado en este cargo el 22 de agosto del 2019, en la gestión del exministro de Cultura Luis Jaime Castillo.
Antes de asumir este cargo, Lincoln Matos fue consultor de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial del 1 de julio del 2019 al 23 de agosto del mismo año, de acuerdo con su declaración jurada de intereses presentada el 25 de junio de este año.
Matos fue invitado también a declarar en la Comisión de Fiscalización del Congreso el pasado viernes 26 de junio.

8. Aura Elisa Quiñones Li, ex directora general de Recursos Humanos del Mincul

Fue designada directora general de la Oficina General de RRHH el 28 de febrero de este año tras la renuncia de Lilian Margot Chanamé Castillo. La resolución de Quiñones fue firmada por la exministra Sonia Guillén. Su salida del Ministerio de Cultura ocurrió el 4 de junio del 2020.
Otros cargos que ejerció Quiñones Li: de marzo 2013 a julio 2013, fue jefa de la Unidad de Personal de Agro Rural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura (Minagri). De julio del 2013 a enero del 2014 fue directora de Administración, también en esta entidad. De marzo del 2014 a julio del 2016, fue directora general de la oficina de Recursos Humanos del Minagri, y posteriormente ejerció este cargo de agosto del 2016 a setiembre del 2017 en el Ministerio de Salud. Durante octubre del 2017, fue también directora general de Asesoría Técnica del Instituto Nacional de Salud (INS).
El 11 de junio de este año, cuando el caso Richard Swing ya había sido revelado, Diana Tamashiro -también detenida preliminarmente- firmó una Resolución de Secretaría General en la que se determina la investigación y precalificación de hechos denunciados contra Quiñones Li y Chanamé Castillo, ex directoras generales de la Oficina General de Recursos Humanos, y contra Lincoln Matos Parodi.

9. Liliana Margot Chanamé Castillo, ex directora general de Recursos Humanos del Mincul

Fue designada directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del 27 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2020, cuando fue reemplazada por Quiñones Li.
Chanamé ingresó al Mincul luego de darse por concluida la designación de Consuelo Chávez Medina, quien ejerció el cargo de manera temporal. La contratación de Chanamé a este cargo fue firmado por la exministra Ulla Holmquist. Previamente, Chanamé fue gerente de Administración y Finanzas de la Empresa Municipal Administradora de Mercados de Lima (EMMSA).

10. Mauricio Manuel Salas Torreblanca, coordinador y programador del Gran Teatro Municipal

Mauricio Salas Torreblanca es coordinador y programador del Gran Teatro Nacional. Si bien no es posible separarlo del cargo de manera preventiva por su régimen contractual, había solicitado la suspensión de sus funciones por 30 días, en tanto se realizan las primeras acciones en el ámbito penal. La suspensión concluirá el 11 de octubre. El Mincul inició un procedimiento disciplinario en su caso.

Abogado de Mirian Morales dice que Karem Roca trató de eliminar registro de correos borrados

El abogado de Mirian Morales, Carlos Rodas, dijo que la exasistente del despacho presidencial Karem Roca trató de eliminar el registro de correos electrónicos borrados sobre las visitas que hizo Richard Cisneros (conocido como ‘Richard Swing’) a Palacio de Gobierno.
“La señora Karem Roca le pidió al jefe de la Oficina de Tecnología de la Información que borre definitivamente los ingresos que había eliminado. Se lo pidió y de eso es testigo el jefe de la Oficina de Tecnología de Información de Palacio de Gobierno. Estamos pidiendo que declare ante la fiscalía. Eso va a terminar de aclarar absolutamente todo”, dijo en declaraciones a RPP.
Rodas dijo que este funcionario rechazó el pedido de Roca porque señaló que sería atentar contra la transparencia de ingresos a Palacio de Gobierno.
“Que venga el señor, que corrobore esta información. Los vamos a llamar a declarar, bajo juramento. Hay testigos de esto. Creo que por la respuesta clara y contundente que le dio a Karem Roca, esta persona no tendría por qué mentir”, comentó.
El abogado de Miran Morales dijo que en los audios grabados por Karem Roca, esta última admite que fue ella quien eliminó los correos electrónicos en los que solicitó que se autorice el ingreso de ‘Richard Swing’ al Palacio de Gobierno. Por eso, resaltó que pedir una prisión preventiva contra su defendida antes de corroborar estos hechos no estaría basada en evidencia real.
“Si a la fiscalía le interesa la verdad […] esto se tiene que aclarar antes que se pida prisión preventiva. Si esto no se aclara, estaríamos ante un pedido de prisión preventiva completamente injusto, incompleto que no se está basando en hechos o testigos”, señaló.
Fuente: Diario Gestión.

La farsa continúa

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Sin corbata el presidente peruano, Martín Vizcarra, en una imagen de archivo. GUADALUPE PARDO/REUTERS
Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
¡Confúndalos, distráiganlos! Así pretenden que pase desapercibido el ignoto “Convenio con Odebrecht”, ahora conocido por la congresista Martha Chávez, y cuya difusión será catastrófica para el régimen y sus digitados. El show “Detención preliminar por siete días para los investigados del caso Richard Swing” pretende eso, distraer sobre el perjuicio causado al Perú por los fiscales del caso Lava Jato y los defensores de un acuerdo que deja en el limbo los hurtos perpetrados a nuestra patria, comandados por el psicópata corporativo Marcelito O. confabulado con sus consorciados locales.
La detención de la ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra, Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez y el “talentoso artista” Ricardo Cisneros Carballido, alias Richard Swing, “amigo, más que amigo” (Mirian Morales dixit), del okupa de Palacio es una farsa, pues el principal saltarín de la valla de la ley fue Vizcarra: él “recomendó” a Swing a Patricia Balbuena, del Ministerio de Cultura, sí a su negado visitador palaciego, y él instruyó a sus subalternas mentir ante la Fiscalía. Es inmoral apresar a Karem Roca por quien conocimos de las confabulaciones presidenciales en medio de la pandemia que ya se ha cobrado la vida de más de 80 mil peruanos, según cifras extraoficiales. En los audios un nervioso Vizcarra evalúa cómo ocultar las múltiples visitas de Swing y se dirige inapropiadamente a su personal. A Mirian Morales solo le preocupa el teléfono de Swing que ingresaba a Palacio siempre por autorización directa del golpista. ¿Con quién se comunicaba por ese número, qué fotos almacena, era para los “selfies” con Swing, como dijo en pleno ataque de verborrea el macabro polichinela Cisneros?
Los asesores de Palacio han recurrido a la conocida táctica de la Caja China, que funciona como ella: una caja dentro, luego otra, otra más y así sucesivamente, esto para desviar la atención, para el caso, de la explosiva información de Martha Chávez. La Caja China tiene gran impacto para distraer a la opinión pública y enfocarla en una noticia espectacular -como las detenciones- y con ello despertar la curiosidad por ese tema y no por el material en manos de la Dra. Chávez sobre Odebrecht, por ejemplo.
El tiro puede salir por la culata. La estrategia de la Caja China es peligrosa porque despierta el morbo; y con un personaje tan estrambótico como Swing de por medio vaya usted a saber cómo estará volando la imaginación de la gente. Solo una mula puede haberle sugerido a Vizcarra que sus sumisos fiscales y jueces hicieran esto. Veremos cómo queda el don.

De heroína a villana

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Por Ricardo Uceda- Diario La República.
Existía la idea de que la separación de Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez de la Junta de Fiscales Supremos, para ser investigados por inconducta funcional, permitiría al Ministerio Público navegar viento en popa, bajo la briosa conducción de su timonel, Zoraida Ávalos. A su lado, los ángeles de Lava Jato y los Cuellos Blancos trabajarían en armonía, sin zancadillas de malos magistrados. Esta versión idílica ya no es convincente. Dos fenómenos revelan delicados problemas en la cúpula –no en los fiscales de caso–, relacionados en lo básico con un problema de dirección. No faltan quienes los disimulan como una nueva ofensiva de la corrupción “para obstruir el avance las investigaciones”.
Un hecho insólito se produjo cuando Zoraida Ávalos descalificó las afirmaciones de la ex secretaria del presidente Karem Roca, referidas a su supuesta cercanía con Martín Vizcarra. Le exigió rectificarse bajo amenaza de enjuiciarla. Una Fiscal de la Nación no puede tomar partido de esa manera. Como los audios con los dichos de Roca están dentro de un proceso, lo último que cabe esperar es que los descalifique quien representa a los investigadores. Es aún menos aceptable el amedrentamiento a una de las partes. El Procurador Anticorrupción, Amado Enco, ha pedido que Ávalos se inhiba de participar en el proceso, postura que ha encontrado razonable el Procurador General del Estado, Daniel Soria.
La más débil
Karem Roca es fundamental en el proceso que tendrá a Vizcarra como principal imputado al término de su mandato. Pero es el personaje más débil de la trama, y embates desde el Estado la han hecho retroceder. Ya le pidió disculpas por escrito al Ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, por comentar que era el cajero del Presidente. Y también a la Marina de Guerra, que la había amenazado con un juicio por decir que hacía interceptaciones telefónicas en Palacio de Gobierno. Afronta otra demanda del abogado compadre del gobierno, Luis Jo. Su otrora defensor, Fabio Noriega, ha desaparecido. No sorprendería que Roca suscriba otra carta notarial declarando que inventó lo que dijo de la Fiscal de la Nación. Estos desmentidos no son necesariamente creíbles, porque fueron hechos bajo presión.
Es diferente el caso de Mirian Morales, la ex Secretaria General de la Presidencia, quien goza de un abogado pagado por el Estado, hasta por un monto de ochenta mil soles, de acuerdo con una resolución administrativa del 4 de septiembre.
Los defensores
Hay, pues, una imputada VIP. Es necesario que un Gobierno pueda financiar la defensa legal de un funcionario cuando es enjuiciado por el cumplimiento de responsabilidades. ¿Pero qué función estatal es la de componer versiones ante la fiscalía? (Aquí conviene una digresión: la medida fue aprobada por Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, desempeñada por Pedro Angulo de Pina, un abogado sin ninguna experiencia para el delicado cargo. Días después fue nombrado reemplazante de Mirian Morales, pese a que, como indica su hoja de vida, colgada en la página web de Palacio de Gobierno, nunca gestionó una oficina pública o privada, grande o pequeña).
Esta subvención se suma a los anteriores setenta mil soles que el MTC aprobó a Mirian Morales para financiar su defensa legal por la contratación irregular de su cuñada cuando estuvo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 2017. El documento probatorio, que no está colgado en la web del MTC, pero que fue confirmado por una fuente autorizada, es una resolución directoral. Así, para defender a Mirian Morales, el Estado gastará casi tanto dinero como ganó, sin trabajar, Richard Swing. (Segunda digresión: uno de los filones más interesantes de la investigación es cómo este amigo de Vizcarra financia su abogado y sus gastos personales. Diera la impresión de ser mantenido por un benefactor).
Cuestiones de fondo
El segundo suceso revelador es la remoción de la fiscal Rocío Sánchez en el caso de Los Cuellos Blancos. Hay cuestiones de fondo y de forma. En el fondo, como se adelantó en esta página, la Fiscal de la Nación tiene conflicto de interés porque al menos un testigo de la fiscal Sánchez brinda pistas de un posible favorecimiento de José Luis Cavassa, en 2013, para que fuera nombrada Fiscal Suprema por el Consejo Nacional de la Magistratura. Volveremos más adelante sobre este episodio.
Otra cuestión de fondo es que Jesús Fernández, el Fiscal Supremo Provisional que investiga a una porción de aforados, tiene un enfoque diferente al de Rocío Sánchez, cuyos imputados no gozan de ese privilegio. Fernández trabaja a partir de la narrativa del ex Presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos. Sánchez, desde audios y testimonios reservados. (Tercera digresión: ¿aportará algo el dirigente del Partido Morado, Julio Guzmán, en apoyo de la denuncia que hizo en 2016, según la cual quisieron cobrarle para que el jurado electoral lo dejara participar en las elecciones de ese año? Jesús Fernández, entonces miembro del JNE, fue el ponente de su exclusión. Había razones para ello, como aquí se dijo, pero acreditadas voces opinaron que ese formalismo era fraude. En el despacho de Rocío Sánchez hay una pista insospechada, que no comprometería a Fernández).
El rol de la JNJ
Las diferencias de estrategia, sumadas a los conflictos de interés, fueron encarados torpe, brutalmente: Fernández pidió prisión preventiva para los testigos de Sánchez, que entraron en pánico. La Fiscal de la Nación empoderó a la entusiasta ex adjunta, Sandra Castro, quien se abalanzó a la mala sobre los cuadernos de colaboración. Es falsa la figura de dos fiscales rivales que se pelean. El discurso oficial del Ministerio Público pretende transformar a una de sus heroínas en villana, mediante procesos arbitrarios, a juzgar por el minucioso relato de Sánchez especialmente en La Voz del 21, entrevistada por Álvaro Reyes. Si no apelaba a la prensa, la iban a botar sin miramientos. Algo tendría que decir la Junta Nacional de Justicia, si el conflicto continúa.

Caso Los Cuellos Blancos: Las pugnas entre los fiscales que divide la investigación

Por Giovanna Castañeda Palomino– Diario El Comercio.
Las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro se habían mostrado en los últimos dos años como la dupla que le hacía frente a los Cuellos Blancos del Puerto. Unidas. Imperturbables. Esa imagen de unión ha pasado a ser historia en menos de un mes: ahora están enfrentadas y el liderazgo de esta pesquisa, así como su avance, son cada vez más inciertos.
El Comercio ha podido documentar las últimas acciones y cuestionamientos entre los investigadores de este llamado equipo especial del caso Los Cuellos Blancos, también conformado por el fiscal supremo provisional Jesús Fernández. Mientras tanto, nuevos operativos contra esta mega investigación siguen en suspenso.

Pedidos en 24 horas

El pasado 9 de septiembre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalosdecidió nombrar a Castro coordinadora a nivel provincial de las fiscalías a cargo de Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, desde el 5 de noviembre del 2019, según pudo verificar este Diario, la fiscal Sánchez le había solicitado la “necesidad” de designar un fiscal coordinador.
El oficio enviado en noviembre del 2019 por la fiscal Rocío Sánchez a la fiscal de la Nación señalándole que era necesario que el equipo especial tenga un coordinador (Fuente: El Comercio).
El nombramiento ocurrió días después de que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público abriera una indagación preliminar de oficio -la primera- contra Sánchez por la presunta infracción a sus funciones. El origen fue el chat de WhatsApp difundido por el programa “Panorama”, en el que la fiscal conversa con Carlo Magno Salcedo, abogado del Partido Morado. En este, Salcedo le consultó a Sánchez sobre una llamada de la fiscalía que recibió su patrocinado Julio Guzmán para enviarle un documento. “No se trata de cualquier chat, no podemos ponernos una venda en los ojos ni tampones en los oídos. Es el asesor de un partido político”, dijo Castro el lunes en Canal N.
El mismo día que salió el nombramiento, empezaron los pedidos de Castro que han terminado en otra investigación -la segunda- del Órgano de Control Interno contra Sánchez también por presunta infracción a sus funciones. Ese 9 de septiembre, la nueva coordinadora hizo “una visita protocolar” a Sánchez y envió un oficio para solicitarle que en un plazo de 24 horas remita el número de carpetas que existen “debiéndose informar el número de procesos especiales con el que cuenta cada carpeta”. Es decir, incluidos los procesos de colaboración eficaz.
En ese momento empezaron los oficios de ida y vuelta: Castro reiterando su pedido con carácter de “muy urgente” y con el plazo de 24 horas; Sánchez pidiendo precisiones y un plazo razonable. Por esto inició la segunda indagación preliminar contra Sánchez: “por no haber dado cumplimiento de manera oportuna y completa” a lo dispuesto por Castro.
Cuando las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro se mostraban juntas en eventos públicos. Fueron la dupla que empezó con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto (Fuente: Archivo El Comercio).
En su resolución del 15 de septiembre, el órgano de Control Interno indicó que Sánchez envió el reporte, pero que Castro señaló que la información “no estaba completa, dado que requería principalmente los cuadernos reservados de colaboración eficaz de testigos en reserva y otros similares” que correspondan a cada carpeta a cargo de Sánchez.
Una semana después, el 23 de septiembre, Castro dispuso que al haber pasado diez días y Sánchez no entregaba lo requerido, “todas las carpetas reservadas” se mantengan bajo su custodia. Estas nuevamente tenían que ser entregadas en 24 horas.
El último pedido de Castro a Sánchez fue enviado el 28 de septiembre, bajo los mismos términos. “Hay algunas personas que no les gusta tal vez trabajar en equipo y es ahí donde se incomodan porque el trabajo tiene que ser coordinado. Por eso se llama equipo especial. El caso no es del fiscal, es de la institución. Ningún fiscal es indispensable”, dijo Castro el lunes en Canal N.
Este Diario buscó a la coordinadora, pero no atendió las llamadas ni los mensajes. También buscó a la fiscal de la Nación a través de su asesor de prensa y no tuvo éxito. En su última declaración sobre el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, Ávalos remarcó que lo que ha hecho es “fortalecer” y que “no ha sacado” a Sánchez. “Simple y llanamente está Sandra que ha trabajado esta investigación. Están trabajando a veces hay cuestiones personales pero que se tienen que ir limando”, respondió en Cuarto Poder.
El último oficio enviado el lunes 28 de setiembre por la fiscal Sandra Castro a la fiscal Rocío Sánchez (Fuente: El Comercio).
Uno de los casos que, por orden de Castro, podría perder según Sánchez y pasar a manos de otro fiscal es la carpeta “madre” -como la llaman- en la que inicia Los Cuellos Blancos del Puerto y se han emitido más de treinta disposiciones. Otro importante caso -advierte Sánchez- es el que tiene su despacho sobre la infiltración de esta red en el Jurado Nacional de Elecciones. Para Sánchez, el empezar esta arista de la pesquisa “coincide en fechas” con todo lo que se ha iniciado en su contra. “Tengo derecho a decir con qué caos puedo quedarme porque conozco muy bien. No hay respeto al trabajo, al tiempo, al avance”, señala la ahora fiscal investigada.

La ampliación

La última decisión de la Oficina Desconcentrada de Control Interno ha sido el lunes 28, cuando decidió ampliar la investigación contra Sánchez. Esta vez porque se advertía que los fiscales superiores y supremos asignados a la investigación comunicaron a la Fiscal de la Nación que “enfrentan serias dificultades para avanzar sus indagaciones debido a que la fiscal Sánchez no suele responder a sus requerimientos de información”.
Según el documento, el fiscal supremo Jesús Fernández -quien pertenece al equipo especial- “se habría quejado” sobre la actuación de la fiscal Sánchez. “No se le habría comunicado que los exasesores del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Pablo Morales Vásquez y Miguel Torres Reyna estaban en condición de colaboradores eficaces”, señalan.
Hace un mes, Fernández pidió prisión preventiva contra Morales y Torres por el nombramiento presuntamente irregular de los fiscales Juan Canahualpa Ugaz y Armando Mamani Hinojosa. El fiscal supremo sostuvo que los elementos de convicción fueron admitidos por el Poder Judicial, así como la prognosis de pena, pero que fue por un tema de salud que se dispuso comparecencia con restricciones. La apelación a esta decisión le correspondía al fiscal supremo Pablo Sánchez. Sin embargo, según confirmó Fernández, el exfiscal de la Nación desistió de hacerla.
El fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón investiga a exmagistrados implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Asegura que su estrategia no está en contra de la fiscal Rocío Sánchez (Fuente: Archivo El Comercio).
“No me he quejado [contra Rocío Sánchez]. He presentado un informe”, dijo Fernández a El Comercio. Aseguró que fue en agosto del 2019 y que no obtuvo respuesta de parte de Sánchez sobre la condición de Morales y Torres. Tampoco -señaló- le envío transcripciones de audios requeridas por su despacho. “Pedir la prisión no fue para perjudicarla, sino al contrario. Yo iba a corroborar que ellos cometieron un delito con la entrega de dinero. Es un apoyo ¿no? Es falso e incorrecto decir que mi estrategia está en contra de la fiscal Sánchez”, sostuvo Fernández. Para el fiscal supremo, “están tratando” de dividirlos y enfrentarlos. “Esto es una mafia, una organización criminal, es evidente que alguien quiere sacar provecho de esto”, agregó.
Sánchez señaló a este Diario que la versión de Fernández sobre sus pedidos no es cierta. “Sí le he contestado. Le dije que [los investigo] por organización criminal, no por el caso del fiscal Canahualpa. Ellos están en una carpeta reservada. Qué le costó llamarme para decirme que no le he precisado bien”, manifestó. “Las defensas sí coordinan. ¿Cómo no coordinamos los fiscales?”, se preguntó Sánchez. Sobre las transcripciones de los audios, indicó que tiene los oficios del grupo Constelación de la Policía para certificar que sí se atendieron sus pedidos. “Son un montón. Yo no soy su adjunta. [Algunos números] o no existían o el número no coincidía. Esos son los pedidos que dicen que no contesto. Si no existe o si son timbradas, ¿en qué aportan a su investigación?”, agregó.
El caso Cuellos Blancos es una investigación compleja porque no solo investiga a abogados, empresarios u operadores. También implica, por ahora, a un exjuez supremo como César Hinostroza, exjueces superiores, exfiscales. Por ello, quienes conforman el equipo especial no solo son fiscales provinciales -como Rocío Sánchez o Sandra Castro- sino que son superiores o supremos, como Fernández o Pablo Sánchez. Para el exfiscal supremo adjunto Avelino Guillén, esta “falta de coordinación y liderazgo” es responsabilidad de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y que ello “perjudica” la pesquisa.
“Nunca se ha tenido claro quién es el responsable del caso, quién es el vocero. Los jueces han hecho ver discrepancias en las estrategias de los fiscales. No hay un plan de trabajo, no tienen un objetivo. Este caso avanza como puede. Todo genera una sensación de caos y desorden que se van sentir más cuando se pase a la etapa de juzgamiento. A la fiscal de la Nación le corresponde poner orden”, precisó Guillén. “Si bien nadie es indispensable, debe valorarse que es lo mejor para la institución. La desunión favorece a la corrupción”, agregó.
El último documento que le ha llegado a la fiscal Rocío Sánchez ha sido una notificación de la Oficina de Control Interno para indicarle que un testigo quien tendría pruebas declarará en el proceso disciplinario por el chat del WhatsApp. “Nunca ha ocurrido esto”, aclara. “Tengo dos años y medio y las defensas no me han podido tumbar nada. Mi propia institución es la que me desacredita”, remarcó.

TRES REQUISITOS

Cuando se trata de auscultar el gobierno de Vizcarra, hay que mirar tres fuentes: primero Moquegua, luego el gobierno de Humala y la Universidad Católica, ese think tank especializado en la producción abogados y “científicos sociales” de marca caviar. La abogada Fabiola Morales Dodero reúne los tres requisitos como para ser ministra del vizcarrato y su vocera, por encima de Relaciones Exteriores, en el pretendido acuerdo de Escazú que pretende quitarnos soberanía en nuestra selva amazónica.

SERVIDORA DEVOTA

Fabiola Morales estuvo pues en las reuniones clave de Escazú tras el paraguas de ser ministra del Ambiente del moqueguano. Recordemos que el hecho de meter sus narices en temas medioambientales y de derechos humanos viene de antaño, desde el gobierno de Alejandro Toledo, a quien sirvió devotamente, como todo y toda ‘caviar’, en el Ministerio de Agricultura entre los años 2002 y 2005.

OTRO BANDIDO

Eran años en que los conflictos mineros empezaron a declinar al compás del inicio del boom de la minería que duraría hasta el gobierno de Humala, que le entregó la dirección de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre que devendría en el actual SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), esto entre el 2014 y 2016, hasta que llega al pináculo del poder apoyando al dúo PPK-Vizcarra.

ÚLTIMO RÍO LIMPIO

La señorita Fabiola, en el ínterin, olió otra veta que sus camaradas de “La Cato” odiaban: el empresariado minero. Ella no le hizo ascos y se puso a trabajar con Angloamerican-Quellaveco, en Moquegua, en la gerencia de Relaciones Comunitarias. De ahí viene su amistad con Vizcarra, a quien apoyó en tanto gobernador regional para la licencia social y de construcción para la transnacional que está ubicada en la naciente del río Asana, que era el último río limpio de la zona y que ahora está contaminado. Gracias Fabiola.

LA CHICA DE AMBIENTE

Como amor se paga con amor, incluido en política, tanto Angloamerican como un desconfiado Vizcarra, hombre de muy pocos amigos, coinciden en la necesidad de tener a Fabiola en Lima, nada menos que en el estratégico Ministerio del Ambiente que tanto temen los empresarios mineros por el tema urticante de los conflictos sociales que allí se reproducen manipulados por la izquierda caviar y extremista.

¿OTRA CIDH?

Volviendo a Escazú, no obstante que Fabiola Muñoz estuvo en un ínterin en Agricultura, siendo una ágrafa en política agraria, su agenda seguía siendo el tema del medioambiente y los derechos humanos, y con esa agenda trabajó, en silencio, con el aparatchik caviar de los organismos internacionales, el acuerdo de Escazú, que se resume en garantizar la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en los pueblos indígenas y nativos. Es la versión de la CIDH en materia ecologista. No pues. El Perú no puede volver a ceder en soberanía jurídica menos aún territorial.
Fuente: Diario EXPRESO.

Juzgado admite acción de amparo de exdirector del SERFOR contra Martín Vizcarra y Jorge Montenegro

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la acción de amparo interpuesta por el ex director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Luis Alberto Gonzales Zúñiga, contra el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, por haberlo cesado intempestivamente en el cargo, al cual había accedido mediante concurso público para un período de cinco años.
La resolución del juez Iván Cabrera Giurisich, titular del juzgado mencionado, da un plazo de cinco días a los demandados para que, conforme lo establecido en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, expresen sus descargos.
La demanda fue presentada por Gonzales Zúñiga el 09 de julio de este año, luego de que el 05 de junio fuera cesado en sus funciones sin que se mediara explicación alguna, según denunció el exfuncionario.
En declaraciones a RPP Noticias, el día que se hizo oficial su cese en el cargo, Gonzales Zúñiga calificó de “sorprendente” su salida del Serfor y consideró que existían “intereses económicos” detrás de la decisión del Gobierno.
El exfuncionario recordó que el 3 de marzo fue llamado de manera súbita por la viceministra de Políticas Agrarias del Minagri, Paula Carrión Tello, quien directamente solicitó su renuncia. Pero él indicó que salvo hubiera cometido una falta grave entonces presentaría su dimisión.
“Apenas asumo esta responsabilidad, sabía que nos íbamos a enfrentar a intereses muy fuertes. El 70% de toda esas actividades se desarrollan en un marco de ilegalidad e informalidad y en el sector forestal eso debe ser del 80%”, dijo.
Luis Alberto Gonzáles Zúñiga asumió sus funciones el 1 de febrero del 2019 tras un concurso público. Su periodo debería haber culminado el año 2024. Su cese intempestivo fue cuestionado por organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas defensoras de temas forestales.
La acción de amparo, admitida el último 4 de septiembre, busca dejar sin efecto la resolución de cese firmada por el Presidente de la República y el titular de Agricultura y que se reponga a Gonzáles Zúñiga en la Dirección Ejecutiva de la autoridad forestal.
Fuente: Radio Programas del Perú.