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Congreso 2021: ¿otro Parque de las Leyendas

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COLEGIO DE SOCIOLOGOS ¿INCUBADORA DE LA CORRUPCIÓN?

Por JOSÉ JUSTO CALDERÓN DONGO
Hace menos de una década algo empezó a oler mal en el Colegio de Sociólogos del Perú y solo estaba empezando. El mal manejo de las formas electorales en que se maquinaban con artimañas a los elegidos, y las gestiones preñadas de desaciertos, terminaban con resultados ineficientes.
Mientras, se iban acumulando las perlas umbrías, que desde las sombras manipulaban a las directivas del gremio. La raíz de la ventaja se originaba en el control del Comité Electoral, que no se elegía en Asamblea Plena, sino que se designaba desde las sombras a obsecuentes personajes.
Cuando esto no fue suficiente, se realizaron cambios en los estatutos o los reglamentos electorales; por ejemplo, donde figuraba ‘seis años de colegiatura’, se cambió a ‘seis años de ejercicio’, cambios con nombre propio para permitir candidatear a personajes que carecían de la membrecía indispensable.
En los últimos años el Colegio de Sociólogos del Perú ha pasado de tener gestiones mediocres y azarosas, a manejos sorprendentemente desvergonzados y a accionar con la mayor procacidad y falta de conciencia. Como comprar un local del Colegio en Lima, en el famoso Jirón Zepita, un “lenocinio Street”; donde abunda la rufianería con la que gran parte de los agremiados no se sienten emparentados, no podemos hablar por aquellas minorías que operan desde la oscuridad.
Llegado el momento del cambio de directiva, de nuevo se recurrió a un Comité Electoral designado por la Directiva saliente, quienes no contentos con haber estado dos periodos consecutivos, volvían a la contienda a por otro periodo directivo más. Todo el aparato institucional se parcializó con la lista favorita que se puso de nombre ‘Integración’, llevando el número 1 como símbolo. Empezaron a abundar los vicios en el proceso y las injerencias de tirios y troyanos; no faltaron las infamantes cartas anónimas que usaron la base de datos de los correos electrónicos y los teléfonos de los agremiados, base de datos a la que solo tiene acceso la directiva del CSP. Nada faltó, todo estuvo permitido a la lista ‘Integración’, el Comité Electoral nada prohibió; Incluso cambiaron las reglas de juego: se exigió que para estar habilitados para votar se debería pagar las últimas diez mensualidades. Esto alejó de las urnas a los profesionales mayores que conocen el mal manejo institucional y acercó a los flamantes sociólogos que no conocen la problemática institucional y que son fácilmente utilizados por el clientelismo de los operadores de la lista ‘Integración’.
Pese a todos los esfuerzos el resultado fue contrario a sus pretensiones: solo ‘ganaron’ en Lima; en provincias ganó la lista 2. Pero tras el resultado, continuaron las trampas para manipular los resultados y convertir una victoria pírrica en un triunfo holgado.
En Lambayeque se llegó a un empate pese a que el Comité local también estaba fraguado. Pero en el transcurso de llegar a una segunda votación, pactada para el domingo 3 de marzo y con evidencia palmaria de la parcialización del Comité Electoral de Lambayeque por la lista 1, la lista 2 decidió impugnar el proceso.
El hecho de mayor relevancia ha sido que ahora todos los sociólogos son testigos de los titiriteros. Así, hemos visto al Congresista que, con su voz rasposa y cansona, pretendiendo dar lecciones de moral y de lucha contra la corrupción, auspiciaba sin ambages a la lista 1. Algunos que saben del turbio proceder del sociólogo Manuel Dammert no se han inmutado. Lo mismo ha ocurrido cuando otra revelación salió de la Caja de las tinieblas: el muy ponderado Sinesio López.
Ahora ya sabemos quiénes son los que mueven los hilos del Colegio de Sociólogos del Perú, que manipulan a los Comités Electorales; que apadrinan gestiones desastrosas que no favorecen a los agremiados, sino a un clan privilegiado que actúa para su propio beneficio.
Estos señores se presentan como parte de proyectos políticos en ciernes, esgrimen postulados de ética y moralidad en la política; nos preguntamos ¿saben estas agrupaciones del accionar de estos personajes? ¿Pretenden construir así un Nuevo Perú?
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos: dime a quien cobijas y te diré quién eres.

Alias jilguerito

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El presidente Vizcarra y Antonio Camayo en el Hotel Country, Los Eucaliptos 590, San Isidro, Lima, Perú (San Isidro).

Martín Vizcarra sí se reunió con Antonio Camayo

El presidente Martín Vizcarra negó en más de una oportunidad haberse reunido con el empresario Antonio Camayo, quien fue acusado por el Ministerio Público de pertenecer a la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, reveladoras imágenes a las que accedió Correo demuestran que mintió al país. Al menos fueron dos los encuentros que pudimos corroborar.
El caso podría ser considerado como otra de las mentiras a las que ha apelado Vizcarra en los últimos tiempos. A fines de julio de 2018, el mandatario negó que haya tenido una cita con el citado empresario: “No es la primera vez. Ya con esta es la tercera vez que hacen mención irresponsablemente al presidente de la República, personas con las cuales no nos hemos reunido, que nunca han estado en Palacio de Gobierno”.
El jefe de Estado dio esa versión tras conocerse audios en los que el exjuez supremo César Hinostroza y el propio Camayo coordinaban una posible reunión con Vizcarra a fin de que el magistrado le presente “proyectos para el (Ministerio de) Justicia”.
También se conoció un audio en el que Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, le dice a su esposa: “El flamante presidente (de la República) que acaba de juramentar al cargo, chupa con Toñito (Antonio Camayo) Ron Zacapa puro”.
Sospechas
A fines del año pasado, Correo tenía indicios de estas reuniones y contactó a personas que participaron en ella. Una de las citas -registrada en imágenes- en la casa de Camayo se dio en los últimos días de julio de 2016, tras haber juramentado como ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Esta reunión no duró más de dos horas y cerca a las 10 de la noche, el jefe de Estado abandonó la casa de Camayo.
La otra imagen muestra a Vizcarra en un ambiente distinto, en salones que muestran mesas y vajillas propios de una recepción, almuerzo o ágape. El presidente tiene colocada una escarapela en su saco. El lugar sería el hotel Country Club de San Isidro. La fecha y el contexto está aún por descifrar.
Cabe recordar que luego de conocerse los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto en los que se aludía a una relación entre Camayo y Vizcarra, este negó hasta en tres oportunidades que conociera al dueño de Iza Motors.
El 11 de julio de 2018, en una conferencia de prensa, el presidente respondió así a las consultas: “No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personajes que no conozco y con quienes jamás me he reunido”.
Fuente: Diario Correo.
Representantes del consorcio ICCGSA-Incot hicieron el pago ilícito a cambio de la buena pro para millonario proyecto cuando Vizcarra era gobernador regional, según declararon aspirantes a la fiscalía.

Tres aspirantes a colaboradores eficaces afirman que consorcio pagó S/1’300 000 a Vizcarra por hospital de Moquegua

De acuerdo a la declaración de tres nuevos aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía, las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), e Incot pagaron S/1’300.000 al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional para obtener la buena pro de la construcción del Hospital Regional de Moquegua, según informó este domingo el diario El Comercio.
La publicación señala que los tres aspirantes a colaboradores eficaces declararon al fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, y respaldaron sus declaraciones con una serie de documentos.
El aspirante N° 01-2018 afirma que días después de presentadas las ofertas para la construcción del hospital regional de Moquegua en el 2013, un emisario de Martín Vizcarra se comunicó con Rafael Granados, representante de ICCGSA, y le manifestó que el actual jefe del Estado “solicitaba aproximadamente S/1′300 000 para proceder a dar la aprobación a la oferta presentada y que si no se aceptaba no daría su conformidad para firmar el contrato”.
De acuerdo, al mismo aspirante, Granados se comunicó con Javier Jordán Morales, representante legal de ICCGSA, quien consultó con Incot “y se vieron obligados a acceder al pedido con la finalidad de no perder el contrato”.
Cabe indicar que en el 2013, dos consorcios estaban interesados en la construcción del referido hospital: Consorcio Moquegua I, conformada por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Mantenimiento y Proyectos Generales SAC y Kukova; y el Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA e Incot.
El Comercio precisa que la mayoría de los pagos que realizó el consorcio ICCGSA-Incot fueron a través de Granados, entre el 2014 y el 2016, y que estos también se hicieron a través del mismo emisario de Martín Vizcarra. Según la publicación, este sería un exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Además, el aspirante a colaborador eficaz N°01-2018 asegura que cuando Martín Vizcarra era vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016, su emisario llamó a Fernando Castillo de ICCGSA para solicitar cancelar el saldo pendiente sobre la buena pro de la obra en Moquegua.
La publicación indica que la entrega de este dinero, S/200 000, se realizó en la casa de este emisario en La Molina donde también estuvo presente Martín Vizcarra. El monto se colocó dentro de un sobre de manila y se ubicó en una repisa por parte de Fernando Castillo.
“Minutos después, Vizcarra se levanta de su lugar y se dirige a la repisa donde se encontraba el dinero y lo guarda”, agregó el aspirante a colaborador.
Asimismo, el aspirante a colaborador eficaz N°013-2018 también aseguró al fiscal Juárez la existencia del monto de S/1’300 000 que solicitó Martín Vizcarra a ICCGSA para dar “aprobación de la oferta” por la obra en la región Moquegua.
Mientras que el tercer aspirante a colaborador eficaz confirmó “el acuerdo ilícito” entre Granados, representante de ICCGSA, y Martín Vizcarra por el hospital y lo afirmado por los otros aspirantes a colaboradores.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Exministro Hernández corrobora coima de ICCGSA por S/ 1.3 millones a Martín Vizcarra.

El ingeniero José Manuel Hernández, exministro de Agricultura 2016-2018, en las últimas horas del viernes 17 de octubre, habría confesado ante el fiscal del equipo Lavajato, Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación del Club de la Construcción, según La República, corroborando la existencia de una coima, hasta por S/1.3 millones que había pactado el empresario Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA (asociado con INCOT), con Martín Vizcarra Cornejo por la obra del Hospital Regional de Moquegua por S/123.5 millones (18/12/13) durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014), cifra que menciona El Comercio.
Según la confesión ante el fiscal de Castillo Dibós a comienzos de semana, la coima pactada que comenzó con una cuota inicial de S/1.3 millones con Vizcarra se entregaría en ocho partes pero ICCGSA se demoró en cumplir con las cuotas restantes.
Vizcarra y Castillo si bien coincidieron en la universidad (UNI), afianzaron su relación comercial entre el 2005 y 2011 cuando la empresa del presidente y sus hermanos C y M Vizcarra se convirtió en proveedor del consorcio Conirsa, conformado por Odebrecht, ICCGSA y Graña y Montero a cargo del tramo 2 y 3 de la Interoceánica del Sur.
DISPUTA EN LA FISCALÍA
El fiscal Juárez, apelando a su conciencia y a la historia, acaba de abrir investigación directa a Martín Vizcarra, dejando de lado a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, que había dispuesto el último viernes que sea la fiscalía Anticorrupción, léase, el fiscal Omar Tello y el fiscal Elmer Chirre quiénes investiguen este explosivo caso que involucra al jefe de Estado. Como se recuerda Juárez y Chirre antes tuvieron problemas con la colaboración de Martín Belaúnde, en que se filtraron algunas grabaciones de los interrogatorios.
Ante este conflicto de competencia, según la norma, tendría que dirimir un Fiscal Supremo -que no incluye a la Fiscal de la Nación- por lo que serían: Pablo Sánchez o Betsabé Revilla que verían con buenos ojos que siga investigando el equipo Lavajato.
Vizcarra firmó el contrato con el consorcio ICCGSA-INCOT, el 18/12/2013  que también, como el de Obrainsa Lomas de Ilo y otras tres obras de su gestión en la región- fue santificado por la agencia de las Naciones Unidas (UNOPS), cuyo funcionario Fernando Cotrim participó del proceso.
El adelanto de S/24.7 millones se entregó el 30/12/2014 sin que el postor haya cumplido con terminar el expediente técnico del proyecto, pero la empresa supervisora Asesores Técnicos Asociados (ATA) de José Manuel Hernández dio la “luz verde” requerida.
Un hombre clave en la relación de las empresas del Club de la Construcción con UNOPS es Aldo Belaunde Gensollén (implicado por la Comisión Investigadora de los Recursos de los Vladimiro Montesinos- Congreso 2002), sindicado además por el colaborador eficaz de la brasileña OAS, Valfredo de Assis, en el caso Hospital Lorena del Cusco como el “operador de UNOPS” que les habría cobrado el 8% del presupuesto de esta obra para repartirlos entre los actores claves que facilitarían que la agencia internacional les allanará el camino hacia la buena pro.
El hospital fue la gran obra de la gestión de Vizcarra en Moquegua. El gerente general del gobierno regional era el ingeniero Edmer Trujillo, exministro de Vivienda y Transporte 2016-2019, que fue el que autorizó los desembolsos, mientras que el jefe del proyecto del hospital era Carlos Estremadoyro, hoy flamante ministro de Transporte y Comunicaciones, que fuera sindicado como “el cajero” por la exsecretaria del presidente Karen Roca.
Un año después (30/12/2014), coincidentemente también en los últimos días del año, la empresa supervisora ATA; de José Manuel Hernández, volvió a dar el visto bueno para que ICCGSA-INCOT, cobrarán un adelanto para adquisición de materiales por S/41.9 millones.
Edmer Trujillo, al día siguiente, el 31 de diciembre, el último día del año 2014 y último día de la gestión de Vizcarra como presidente regional, cuando los empleados se preparaban para celebrar el advenimiento de un nuevo año se dedicó a emitir velozmente 131 comprobantes de pago de un promedio de S/310 mil, un alegre “pitufeo” que ascendió a S/41.9 millones a favor de ICCGSA-INCOT.
Curiosamente, también se emitieron otros misteriosos comprobantes de pagos por las siguientes sumas: uno por S/256,217, otro por S/31 mil y otros comprobantes que sumaron S/971,686. La Contraloría General de la República (Informe No.1297-2018) observó que un pedido de adelanto de pagos por materiales generalmente dura semanas en su tramitación, pero ICCGSA-INCOT lo tramitó en solo un día.
Además, que los dos adelantos entregados representaban el 53.9% del valor de la obra, cuando ni siquiera se había entregado el terreno para la construcción del hospital. Todas estas movidas contaron con el visto bueno obligatorio del supervisor ATA de José Miguel Hernández.
VIZCARRA COMO MINISTRO DE TRANSPORTE FAVORECIO A ICCGSA PARA COBRAR SUS SALDOS
Cuando Vizcarra fue elegido primer vicepresidente y luego ministro de Transportes (28/07/16-22/05/17), según Hernández ante el fiscal, aprovechó para ajustarle las clavijas a Castillo Dibós por los pagos pendientes de la coima, sin embargo, el empresario consiguió voltearle la tortilla, exigiéndole a cambio más obras para ICCGSA, esta vez, en la Cartera de Transportes.
Las cuentas se empezaron a saldar en una cena que organizó el 25 de agosto del 2016 el “emisario” en su Casa en la Molina, a donde acudió el entonces ministro Martin Vizcarra para coger “de una repisa un sobre manila que contenía seis paquetes de US$10 mil sujetados con ligas”.
ICCGSA durante la gestión de Vizcarra como ministro de Transporte, prácticamente se “abrochó” con la construcción de 28 puentes de reemplazo en Arequipa, Ayacucho, Ica y Tacna y otros 29 puentes en Ancash y Junín. En todos esos consorcios tuvo como socio a la empresa Obras de Ingeniería SA (Obrainsa) de los hermanos Tejeda, que también han reconocido que le entregaron sobornos a Vizcarra por S/1 millón.
El otro socio de ICCGSA en los puentes de la zona Centro Sur fue la constructora brasileña Aterpa, que aportó S/200 mil a la campaña de Alejandro Toledo el 2011. Los socios de ICCGSA para los puentes de Ancash y Junín, además de Obrainsa, fueron la española Construcciones y Promociones Balzola y la peruana Constructora Durán SA (Codursa).
La construcción de esos 57 puentes en los participó ICCGSA fueron contratados por S/404.5 millones, que equivale al 22% del presupuesto para obras que manejó Vizcarra como ministro.
Es decir, del mismo cuero salieron las correas para completar los S/5 millones del Hospital de Moquegua.
HERNANDEZ LLEVO DE LA MANO A VIZCARRA ANTE PPK.
José Manuel Hernández entró con fuerza a la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a principios del 2015, aportando la casa situada en la calle Barcelona 275, San Isidro, como local de Plan de Gobierno. Y, alrededor del mes de octubre del 2015, llevó a Vizcarra de la mano ante PPK para presentarlos como precandidato a congresista por Moquegua. En esos momento PPK barajaba una plancha electoral con Meche Araoz y Pedro Olaechea, sin embargo, le hicieron reparar que necesitaba un líder regional, en frase poco feliz de Carlos Bruce “necesitábamos provincianos” y por eso acabó de primer vicepresidente desplazando a “Meche” y a las pocas semanas terminó jefaturando el comando de campaña. Hernández y Vizcarra, colegas y amigos fueron elegidos ministros y como PKK confundieron los temas de estado con sus negocios privados.
Así las cosas, todos los presidentes regionales de la promoción “Martín Vizcarra” 2011-14, que recurrieron a estas artimañas, salvo el de Madre de Dios, están en calidad de sentenciados, presos, fugados, o a punto de la condena. Desde Tumbes hasta Tacna.
A ambos políticos se los asocia principalmente con las empresas constructoras CASA, ICCGSA y OBRAINSA, miembros VIP del Club de la Construcción que fueron favorecidas cuando Vizcarra ocupó el ministerio de Transporte 2016-18.
El viernes 10 José Manuel Hernández almorzaba con su familia en el restaurante Fiesta de Miraflores sabiéndose acorralado y tomando impulso necesario para la confesión que daría una semana después.
Fuente: www.gatoencerrado.net

A Dios, lo que es de Dios

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Evangelio según San Mateo 22,15-21.
Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones.
Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos, para decirle: “Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie.
Dinos qué te parece: ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no?”.
Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: “Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa?
Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto”. Ellos le presentaron un denario.
Y él les preguntó: “¿De quién es esta figura y esta inscripción?”.
Le respondieron: “Del César”. Jesús les dijo: “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”.

Homilía del Padre Paul Voisin CR, Superior General de la Congregación de la Resurrección:

Hay una gran variedad de respuestas de personas a las elecciones. Parece que en la mayoría de los países democráticos el porcentaje de personas que votan en una elección está cayendo. A veces la gente siente que su voto es tan insignificante que no vale la pena votar. Mejor sentarse en casa y quejarse de los resultados, y de la falta de acción por parte de los electos.
A lo largo de la historia, sin embargo, un voto ha marcado la diferencia en el mundo.
Por un voto, en 1645, Oliver Cromwell tomó el control de Inglaterra, y cuatro años después, por un voto, el rey Carlos I fue ejecutado
Por un voto en 1776, el inglés fue adoptado como idioma de los Estados Unidos, en lugar del alemán.
En 1868, un voto evitó que Andrew Jackson fuera acusado como presidente.
En 1875, un voto cambió Francia de monarquía a república.
Así que, un voto puede y hace la diferencia!*
El evangelio de este fin de semana (Mateo 22:15-22) nos recuerda que tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos al César, esperaban atraparlo y acusarlo de desobediencia civil. Por su simple y profunda respuesta, “Paga al César lo que pertenece a César, y a Dios lo que pertenece a Dios”, no cae en su trampa. Su respuesta se convierte en un “puente” para que la gente entienda su lugar en el mundo.
A lo largo de la historia ha surgido la noción del dualismo: que lo espiritual es bueno y lo material es malvado. Esto ha llevado al desdén por las cosas del mundo y a menudo a un pasivismo o desconexión con el movimiento de la historia y la sociedad. Desde la Sagrada Escritura sabemos que estamos “en el mundo” pero “no del mundo”. En los capítulos decimocuarto y decimoséptimo del evangelio de Juan Jesús se refiere a esta realidad. Aunque vivimos en el mundo, no somos “del mundo” porque nuestras virtudes y valores son del reino de Dios en lugar de los valores y virtudes cambiantes del mundo. Algunas personas toman estas palabras como justificación para quitarse de contribuir al mundo -como votar y otras actividades de construcción comunitaria- y ven sus actividades espirituales como las únicas dignas de su tiempo y esfuerzo. Esta reacción extrema va en contra del espíritu del evangelio y del papel que estamos jugando como personas de fe en el mundo. Después de todo, si queremos ser la “luz del mundo” no podemos permanecer debajo de una cesta de bushel, pero debemos ser vistos y escuchados por otros.
Entonces, cuál es el papel del cristiano comprometido en el mundo hoy? Si vamos a trabajar por la resurrección de la sociedad como creemos que Dios nos llama, no podemos ser pasivos o inactivos. Esto implica que estamos buscando activamente el cambio y la renovación: ¡que somos “agentes” del cambio y la renovación! Estamos llamados a marcar la diferencia en todos los aspectos de la vida: industria, comercio, educación, atención médica y gobierno. Todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad necesitan la presencia de Cristo, que vamos a traer. No vivimos nuestra vida en Cristo en un vacío o sólo en lo espiritual, sino en todos los aspectos de la vida y la actividad humanas. Deberíamos ser testigos de Cristo siempre y en todas partes.
De una manera práctica, ¿cómo hacemos “al César lo que pertenece a César”? o mejor dicho, ¿cómo hacemos eso mientras profesamos y somos testigos de “lo que pertenece a Dios”? En nuestras vidas -en casa, en el trabajo y en la escuela- vamos a traer a Jesucristo, y su amor y verdad, en cada discusión, cada reunión, cada encuentro, cada decisión. A veces podemos hacer esto sin mencionar el nombre de Jesús, pero compartiendo con otros las virtudes y los valores del reino de Dios: buscando la verdad y el amor, la reconciliación y el respeto, la justicia y la paz, la compasión y el entendimiento. Otras veces podemos revelar más explícitamente la fuente de nuestra inspiración y fortaleza: Jesús el Señor. Entonces no llamamos la atención sobre nosotros mismos, sino más allá de nosotros mismos a Jesús el Señor. Estamos dando al Señor “gloria y honor”, como cantamos en el Salmo. Estamos reconociendo y proclamando que lo que hacemos tiene un propósito y hace la diferencia porque creemos que es parte del plan de Dios. No estamos haciendo las cosas “quieras o no” sino que estamos tomando decisiones conscientes y deliberadas PARA Cristo, EN Cristo y CON Cristo. Estamos demostrando que estamos “en el mundo”, y comprometidos con su resurrección, pero que también no somos “del mundo”, que no nos inclinamos ante cada tendencia o moda que viene en nuestro camino y balancea la mayoría de la gente.
Podemos responder sabiamente y profundamente como lo hizo Jesús, y declarar que hoy tenemos un papel en el mundo y queremos contribuir a la construcción de una sociedad más justa? Podemos mostrar por nuestras vidas que estamos dispuestos a dar “al César lo que pertenece a César”, pero que sobre todo, incluso haciéndolo, ¿estamos “dando a Dios lo que pertenece a Dios”?
* Esta historia introductoria es tomada de Illustrated Sunday Homilies, Año A, Serie II, por Mark Link, S.J. Tabor Publishing, Allen Texas. Página 111.

Con un pie adentro

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Por Ricardo Uceda- Diario La República.

Cantó el primer jilguero y habría un segundo. Una versión verosímil. El oscuro MTC.

Aunque aún no puede darse por cierta la versión de que Obrainsa pagó una coima a Martín Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, la acusación tiene visos de verosimilitud. El presidente la niega. Un aspirante a colaborador eficaz sostiene que el dinero le fue entregado en dos ocasiones por Paul Tejeda, uno de los propietarios de la empresa, sin la presencia de testigos, como suele ocurrir con las coimas. La acusación deberá ser demostrada por una suma de indicios, parte de los cuales fue revelada por la edición dominical de El Comercio.
El hecho de que el procesamiento a Vizcarra solo ocurrirá cuando deje el cargo, dentro de nueve meses, no suspende hasta entonces algunos efectos. Uno es la pérdida de su credibilidad como líder anticorrupción. Lo más importante es que su gobierno estará marcado por esfuerzos judiciales y políticos para protegerse de la acusación. Le espera un pedido de prisión preventiva –infaltable en estos casos– el próximo 28 de julio. Está con un pie adentro.
Es posible que la gestión presidencial ya haya estado determinada por una estrategia de protección, pues la delación de Obrainsa se insinuaba desde 2019. Hace unas semanas, en círculos muy cerrados, se conocían algunos detalles del proceso. Habría una segunda delación en ciernes de otra empresa vinculada al “Club de la Construcción”, el cartel empresarial para repartirse obras públicas del MTC. La estabilidad de Vizcarra, de momento sostenible, podría verse seriamente comprometida.

Empresas amigas

En 2013 Obrainsa obtuvo del GORE Moquegua una obra de irrigación en Lomas de Ilo mediante el pago de un millón de soles, de acuerdo con el delator. La gestión de Vizcarra también ha sido denunciada por un pago irregular a ICCGSA, que construiría un hospital en Moquegua. En 2014, un día antes de cesar Vizcarra como gobernador, su administración le entregó un adelanto de 40 millones de soles gestionado en un solo día. La investigación, reabierta tras haber sido archivada en dos ocasiones, ya involucró al ex gerente regional Edmer Trujillo, y alcanzaría a Vizcarra al término de su mandato. Pero antes podría haber sorpresas en el expediente.
Diversas publicaciones, especialmente la digital Gato Encerrado, han documentado asignaciones de obras a ICGSA y Obrainsa, durante las gestiones de Vizcarra como ministro y presidente. También las recibió CASA, que según otro colaborador eficaz entregó dinero a la campaña de PPK cuando Vizcarra la dirigía. No hay acusaciones en concreto, pero el MTC funciona en la oscuridad desde que el presidente decidió que lo dirigieran sus íntimos, algunos involucrados en su gestión como gobernador en Moquegua, como Carlos Estremadoyro, el actual ministro; y Edmer Trujillo, desde hace poco asesor del Minagri para que funcione en Pampas de Ilo la obra de irrigación por la que se habría pagado la coima.

Posibles razones

Cuando Vizcarra fue ministro (2016-2017), el MTC le otorgó a Obrainsa la construcción de 57 puentes y obras en una carretera por S/ 547 millones. Además la empresa fue autorizada para quedarse con tres carreteras que mantenía en sociedad con Odebrecht. Por último, el ministro Edmer Trujillo aprobó el pago de 13 millones de soles por gastos adicionales de un proyecto que estaba en proceso arbitral –el MTC desistió, sin pelear–, y por la que Obrainsa pedía tres millones más. Esto ocurrió hasta el 2018 pero en 2019 ya no hubo favores a la empresa. Es posible que esta circunstancia, unida al hecho de que Paul Tejeda vivía más de un año a salto de mata, imputado por actos ilícitos del “Club de la Construcción”, haya determinado la colaboración eficaz que ahora pone contra las cuerdas a Vizcarra.
El presidente atribuyó la denuncia y su publicación a una conspiración de Odebrecht, una disparatada teoría que no terminan de comprar sus defensores. En una entrevista en Panorama, la noche del domingo, Vizcarra se refugió en la discutible probidad de UNOPS, la oficina de la ONU para contrataciones, aunque admitió las visitas a Obrainsa. Si se comprueba que fueron próximas a las fechas de preparación de los cheques, la versión del delator estará prácticamente confirmada.

Otra mano amiga

Como la presunta coima se hizo efectiva en 2014, cuando Vizcarra no era ministro ni presidente, la investigación no será dirigida por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sino por Germán Juárez, que pertenece al Equipo Especial Lava Jato. Es lo mejor. Ávalos ha reforzado las sospechas sobre su falta de imparcialidad respecto de Vizcarra en el caso Swing: omitió el delito principal en la calificación del expediente. De otro lado, ha rehusado mantenerse al margen del proceso, como pidió el procurador anticorrupción, Amado Enco. En los audios se menciona explícitamente una supuesta cercanía suya a Palacio de Gobierno. Con posterioridad ella misma descalificó el material probatorio en una entrevista periodística y amenazó con un juicio a la principal testigo del caso, algo inaceptable para quien representa a los investigadores.

La fiscal de la Nación refuerza sospechas sobre su parcialidad en el caso Richard Swing. ¡Omitió el delito principal!

La tesis principal de la fiscal Janny Sánchez Porturas es que el presidente y la secretaria de la Presidencia son instigadores de colusión agravada, cometida por funcionarios públicos que conciertan para defraudar al Estado, con daño patrimonial. Vizcarra y Morales habrían instigado a los ministros para que contrataran a Swing. El delito tiene una prognosis de prisión de seis a quince años. Además, se postulan obstrucción a la justicia y negociación incompatible, que acarrearían penas menores. En su Disposición 01, la fiscal de la Nación olvida la colusión y apoya los dos delitos restantes, añadiendo el de instigación de tráfico de influencias, también de bajo calado y difícil de demostrar. Gran favor al presidente, que ha pasado desapercibido.

Historia con odio

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Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Hace algunas semanas el presidente Donald Trump señaló como único camino hacia la unidad de su país compartir la identidad de ser estadounidenses y consideró urgente la restauración de la educación patriótica en las escuelas. En el Día de la Constitución sostuvo que la ‘Comisión de 1776’ se abocará a animar a los profesores a enseñar sobre “el milagro de la historia estadounidense”. Ocurre que el desprecio a la fundación de ese país recorre los colegios de los Estados Unidos, impulsado por el ‘Proyecto 1619’ que reescribe la historia desde la raza y el conflicto racial, gracias al comunistoide The New York Times. El proyecto de marras se basa en la serie de ensayos de la periodista Nikole Hannah-Jones con el título “Los ideales fundacionales de nuestra democracia eran falsos cuando fueron escritos” y publicado en una edición especial de cien páginas de la revista dominical (19 de agosto de 2019) de tal diario, al conmemorarse 400 años del arribo de los primeros veinte esclavos africanos a Port Comfort, Virginia, entonces colonia británica.
“El racismo antinegro está en el mero ADN de este país”, escribe Hannah-Jones en su introducción, una afirmación irracional y que colisiona con la ciencia pues los antagonismos raciales o sociales no derivan de ningún proceso biológico. Quienes pretenden destruir la organización del Estado-Nación recurren a la biología para referirse a un tema cultural como el racismo, pero rehúyen de la ciencia cuando debaten el enfoque de género, eso sí indesligable de la biología y la genética. Los sectores que impulsan la falacia de que un hombre puede convertirse en mujer y viceversa, negando la existencia de dos sexos determinados por la genética, y promueven la insania de que el género es una construcción cultural, salen ahora con la aberración de que los blancos estadounidenses odian a sus compatriotas negros, más o menos, desde el vientre materno.
Estamos ante una escandalosa falsificación de la historia por la cual su autora ganó un premio Pulitzer. Sus fines son políticos y polarizadores. Sin evidencia alguna afirma que Estados Unidos se formó solo para mantener la esclavitud. Cientos de miles de ejemplares adicionales de la revista con el mentiroso ensayo antiestadounidense y un suplemento especial fueron impresos para ser distribuidos gratuitamente entre profesores, colegios, bibliotecas y museos. La Asociación Nacional de Académicos de los Estados Unidos ha presentado una carta pública a la Junta del Pulitzer solicitando le retiren el premio a Nikole Hannah-Jones pues su trabajo es inconsistente y está plagado de errores (obviamente premeditados para echarle más gasolina al fuego y normalizar el odio entre los hijos de la misma tierra). Más o menos como trata de hacerse por acá.

De Quito a Manaos

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João Gutemberg Coelho Sampaio FMS

El 14 de septiembre, el cardenal Claudio Hummes, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, presentó en conferencia de prensa al hermano João Gutemberg Coelho Sampaio FMS, de la Provincia de Brasil Sul-Amazonia, como nuevo director ejecutivo de la Red fundada por las organizaciones católicas en septiembre de 2014, para trabajar al servicio de la vida en la Amazonía, en defensa de nuestra Casa Común. El Hermano João reemplaza a Mauricio López Oropeza.
La REPAM, al igual que los Ríos de la Amazonia, está formado por la convergencia de los nueve países que forman el territorio amazónico, una región con 7.8 millones de kilómetros cuadrados donde viven 33 millones de habitantes, incluidos 1.5 millones de indígenas de 385 pueblos. Es una organización que apuesta por el protagonismo de los pueblos amazónicos en la defensa y cuidado de la casa común a través de un servicio de interconexión y articulación de acciones. Esta busca escuchar, acompañar, apoyar, animar, formar, servir, estimular, comunicar y unir las fuerzas para responder a los grandes desafíos socioambientales.
Una evaluación del papel de la Red para la Pan-Amazonia en los últimos 6 años. El vicepresidente, cardenal Pedro Barreto, presentó el camino de discernimiento de la Red y los horizontes para los próximos años.
En la rueda de prensa, junto con la presentación del Hermano João Gutemberg, el cardenal Cláudio Hummes hizo balance del papel de la Red para la Pan-Amazonia en los últimos 6 años. El vicepresidente, cardenal Pedro Barreto, presentó el camino del discernimiento de la Red que se están llevando a cabo y los horizontes para los próximos años.
João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio nació en Cruzeiro de Sul, en el estado de Acre, en el interior amazónico que se encuentra en la confluencia de Brasil con Perú y Bolivia. Allí estudió y recibió acompañamiento vocacional y formativo de los misioneros maristas que llegaron a la Región en 1968 y de las Congregaciones presentes en el lugar. Continuó sus estudios en el sur de Brasil y Europa. En la misión apostólica, trabajó casi siempre en el contexto amazónico: educación, pastoral y formación.
Actualmente integra y ayuda a articular la Red Eclesial Panamazónica– REPAM, en la coordinación del Eje de Formación y métodos de acompañamiento pastoral en la perspectiva de la Ecología Integral, que conecta a los 9 países amazónicos. Asimismo forma parte de la Comisión de Vida Consagrada para la Amazonía de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, CLAR.
Fuente: Champagnat.org
El cardenal Cláudio Hummes OFM anunció el cese de su mandato como presidente de la REPAM. El cargo será asumido el próximo 9 de noviembre por el cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ.

REPAM

“Después de un profundo y orante proceso de discernimiento, y en vista de la dimensión del nuevo encargo eclesial a la guía de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), he tomado la decisión de cesar en mis funciones como presidente de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)”. Así, el Cardenal Cláudio Hummes anunció, en un comunicado de prensa, el cese de su mandato, asumido en el nacimiento de la REPAM, el 12 de septiembre de 2014, y la entrega de la presidencia, a su vicepresidente, el Cardenal Pedro Barreto.
En el comunicado de prensa, el cardenal Hummes, presidente del CEAMA, destaca en primer lugar el objetivo de la Red Eclesial Panamazónica, cofundada por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), Cáritas de América Latina y la Comisión Episcopal para la Amazonía de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), de crear en las Américas una conciencia de la importancia de la Amazonía para toda la humanidad, establecer entre las Iglesias locales de varios países sudamericanos, situadas en la cuenca del Amazonas, una pastoral conjunta con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Una obra, la del organismo eclesial, que tiene por objeto “promover una Iglesia con rostro amazónico y cuidar la casa común, con una visión preferencial de los pueblos indígenas y las comunidades vulnerables, para que sean los sujetos prioritarios de su historia”.
El cardenal afirma que ha asumido este desafío desde la fundación del organismo, trabajando en el territorio, escuchando las peticiones y deseos de la gente, para construir nuevos caminos junto con las comunidades, en “un ejercicio constante de escucha, diálogo, estructuración y adaptación” y evaluando cada año el camino recorrido, para entender cómo la red debe y puede seguir fortaleciéndose.
La salida del Cardenal Hummes es, como él mismo afirma, el resultado de “un profundo y orante proceso de discernimiento” y la consecuencia de su nuevo cargo, asumido el pasado mes de junio, como presidente de CEAMA, uno de los frutos del Sínodo para el Amazonas.
El nuevo presidente, el cardenal Pedro Barreto, hasta ahora vicepresidente de la REPAM, presente también desde la fundación de la red eclesial – anunció el purpurado – comenzará oficialmente su nueva función el 9 de noviembre, en el espíritu del Sínodo, con ocasión de la asamblea virtual de la REPAM.
El nombramiento del nuevo vicepresidente tendrá lugar tras un proceso de consultas entre la REPAM nacional y las instituciones fundadoras, y siguiendo los criterios y perspectivas panamericanas.
Por último, el comunicado indica que la Red Eclesial Panamazónica, como parte del proceso de discernimiento y reorganización, ha cambiado su secretario ejecutivo y que la función ha sido asumida por el hermano marista João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio. Además, su sede se trasladó de Quito (Ecuador) a Manaos (Brasil).
Fuente: Jesuitas.lat

Transacción sospechosa

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Fiorella Molinelli era la segunda del entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra y vicepresidente de la República, que se convirtió en Jefe de Estado en marzo de 2018 tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder en medio del escándalo del caso Lava Jato. Foto: Gestión.

FinCEN Files: La transacción sospechosa de la contratista del proyecto Chinchero

Por Shirley Cayetano y Milagros Salazar Herrera, de Convoca.pe (Perú)/ Emilia Delfino, del diario Perfil (Argentina), La Nación (Argentina) y el Semanario Búsqueda (Uruguay).
Convoca.pe identificó una transacción reportada como sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos por más de US$98 mil de Proyecta & Construye, la principal contratista del consorcio Kuntur Wasi que ganó la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero- Cusco. La transacción involucra a una financiera uruguaya, cuya subsidiaria es investigada por lavado de dinero y a una compañía argentina. Conoce una nueva historia de los ‘FinCEN Files’, proyecto liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La mañana del 17 de marzo de 2017, el fiscal José Domingo Pérez Gómez llegó presuroso junto a un equipo de la Policía Anticorrupción a un edificio ubicado en la cuadra seis de la Av. Pardo y Aliaga, en el distrito de San Isidro, considerado el emporio empresarial de Lima. Pérez allanó las instalaciones de Kuntur Wasi S.A, consorcio conformado por el grupo peruano Andino Investment Holding y el conglomerado argentino Corporación América del multimillonario Eduardo Eurnekian, que dos años atrás ganó la licitación para construir el aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
El megaproyecto, valorizado en más de 500 millones de dólares en sus diversas etapas, enfrentaba en esos días duras críticas luego que la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, firmara la adenda Nº1 del Contrato de Concesión el 3 de febrero de 2017, seis semanas antes del allanamiento del fiscal Pérez a las oficinas de Kuntur Wasi.
Los cuestionamientos a la modificación del contrato original se centraban en que existía una desequilibrada estructura del financiamiento de la obra: el Estado se comprometió a financiar el 80.73 por ciento del costo total del proyecto, ya no el 28.6 por ciento como lo establecía el contrato original y a adelantar 40.6 millones de dólares en un etapa del proyecto que no le correspondía para que así Kuntur Wasi iniciara las obras de construcción del aeropuerto, según un informe de la Contraloría General de la República.
En ese escenario movedizo, el fiscal Pérez fue en busca de respuestas a las instalaciones de Kuntur Wasi, donde incautó una serie de documentos que daban cuenta de préstamos millonarios al consorcio en 2016 provenientes de empresas relacionadas principalmente a Corporación América como Liska Investments Corp, representada por Martín Eurnekian con sede en Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal.
Para José Domingo Pérez esas transacciones evidenciaban que Kuntur Wasi no contaba con el financiamiento económico necesario para el proyecto que debía ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público Privada. Pero, además, detectó que al mismo tiempo se realizaban decenas de desembolsos que no guardaban relación con los estados financieros del consorcio entre 2014 y 2016, a favor de una compañía: Proyecta & Construye.
Esta empresa fue creada en el Perú por Andino Investment Holding y Corporación América en 2011, las socias de Kuntur Wasi. Pocos años después, este consorcio terminó contratando a Proyecta & Construye para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero.
Pérez abrió una investigación por lavado de activos, crimen organizado y presuntos sobornos por la obra del aeropuerto en el que incluyó a los representantes de Kuntur Wasi y diversos funcionarios públicos. Pero en noviembre de 2018 fue apartado del caso tras discrepancias con Pedro Chávarry, entonces Fiscal de la Nación.
El caso fue derivado a la fiscal Zoila Sueno Chirinos del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien formalizó la investigación el 23 de agosto de 2019 ante el Poder Judicial imputando a funcionarios peruanos por colusión agravada.
La investigación por el delito de lavado de activos, no obstante, fue archivada por la fiscal Sueno el 15 de enero de 2020. Pero este reportaje da nuevas pistas sobre la forma en que Proyecta y Construye, de la mano del consorcio Kuntur Wasi, manejaba sus operaciones hacia el exterior.
Hacia un paraíso fiscal
Entre los más de 2 mil 100 reportes de actividad financiera bajo sospecha de la filtración ‘FinCEN Files’, Convoca.pe identificó una transferencia por 98 mil 85 dólares realizada por Proyecta & Construye S.A. el 23 febrero de 2015, diez meses después de que el consorcio Kuntur Wasi obtuviera la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
La operación se realizó de la siguiente manera: salió del Banco de Crédito del Perú (BCP) a través del Bank of New York Mellon (banco corresponsal o intermediario) hacia una cuenta en DMS Bank & Trust ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán a nombre de la financiera uruguaya Columbusnet S.A.
La Ruta del Dinero
El reporte, que incluía más de 3 mil transferencias además de la operación vinculada a Proyecta & Construye, fue presentado por el Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos (FinCen por sus siglas en inglés) al considerar que las transacciones estaban vinculadas a “empresas fantasmas o no podían ser identificadas”.
Los fondos y el propósito de estas operaciones “estaban vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo”; no existía información verdadera de la persona o empresa que ordenó la transacción o el beneficiario final”, entre otras razones señaladas por el banco estadounidense.
Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento de EE.UU. Fuente: FinCen Files / ICIJ-BuzzFeed News.
Conexión con Uruguay
En la calle Sarandí, ubicada en la ciudad de Montevideo, cerca a una tienda de lencería y de joyas, se encuentra Columbusnet, la financiera que aparece en el reporte de operaciones sospechosas y a la que Proyecta & Construye transfirió más de 98 mil dólares a inicios de 2015 a través de una cuenta en DMS Bank & Trust con sede en las Islas Caimán.
Columbusnet es subsidiaria de Columbus S.A., una casa de cambio en Argentina, investigada desde finales de 2018 en el Juzgado Penal Económico N°3 de Buenos Aires por presunto lavado de activos y delitos tributarios relacionadas a actividades sospechosas en la compra de moneda extranjera, según indican las fuentes judiciales de Argentina.
Columbusnet S.A., ubicada en Uruguay, es una empresa de servicios financieros que funcionó anteriormente como casa de cambio. Foto: Columbusnet.
La actividad ilegal relacionada a la compra de moneda extranjera es conocida como ‘coleros’, que consiste en la organización de personas de bajos recursos, que forman largas filas en las afueras de financieras como Columbus para cambiar dólares o euros con fondos entregados por cabecillas de redes ilícitas que buscan ocultar la procedencia del dinero. A cambio, los ‘coleros’ reciben una pequeña comisión.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos–Procelac (la unidad encargada de investigar el lavado de activos, evasión tributaria y fraude bancarios en Argentina) solicitó también que se investigue a los dueños de la financiera Columbus S.A. para determinar si habían actuado en complicidad con los reclutadores de los ‘coleros’.
“Nuestra empresa tiene licencia desde 1967 y respondiendo a su inquietud, los descargos correspondientes serán presentados debidamente al juzgado cuando corresponda”, señaló al diario perfil, Sergio Polite, director de Columbus S.A.
“En el caso de la transferencia de Proyecta & Construye que salió desde el Perú, figuraba como uno de los destinatarios una financiera uruguaya: Columbusnet”.
Actualmente, la fiscalía argentina analiza la documentación que incautó en 2019 en las instalaciones de Columbus para investigar si el origen del dinero de los ‘coleros’ era ilícito y si la financiera actuó en complicidad.
Pero la historia de la transferencia que salió desde la cuenta bancaria de Proyecta & Construye, no termina con Columbusnet.
Un estudio bonaerense y un ingeniero huidizo
En la ciudad de Buenos Aires, en la calle Juan Domingo Perón, funciona una empresa dedicada a brindar asesoramiento técnico en obras civiles e industriales llamada Estudio GF. Las iniciales corresponden a los apellidos de sus principales socios: Carlos Grinberg y Néstor Feliz. ¿Qué tiene que ver esta empresa con la operación bajo sospecha de la principal contratista del proyecto Chinchero?
En el reporte del Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, no solo aparece Columbusnet, al lado figura ‘Estudio GF’ como si se tratara del nombre de una sola compañía.
Convoca.pe se comunicó con la gerente legal y de asuntos corporativos de Andino Investment Holding, Giuliana Cavassa, para corroborar si el Estudio GF fue realmente el beneficiario final. Entre diversas llamadas, mensajes por WhatsApp y correos electrónicos, Cavassa, una abogada que lleva trabajando hace siete años en el holding y aparece como directora de Proyecta & Construye, empezó a hacer memoria.
Cavassa aseguró que Estudio GF fue contratado para tareas previas al proyecto de ingeniería definitivo del aeropuerto Chinchero-Cusco y la certificación LEED, que se otorga a proyectos amigables con el medio ambiente. Esta certificación es otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).
Pero una pregunta seguía en el aire: ¿por qué se transfirió el dinero a la financiera uruguaya Columbusnet y no directamente a Estudio GF? “Nosotros hacemos lo que el proveedor nos dice: págame en Argentina o págame en Uruguay”, respondió a Convoca.pe.
Carlos Grinberg. Foto: La Nación.
La periodista argentina Emilia Delfino buscó al presidente de Estudio GF, Carlos Grinberg, quien respondió que no cobró ni tramitó la certificación LEED del proyecto Chinchero. El ingeniero industrial explicó que Corporación América, la socia argentina de Kuntur Wasi, lo contactó para dar el servicio pero éste no se concretó.
“Nuestra empresa se encarga de tramitar la certificación LEED, pero nunca cobramos nada por el trabajo, ni un peso, sólo gastos, porque la obra (la construcción del aeropuerto) no se hizo”, afirmó Grinberg.
En efecto, Proyecta & Construye no llegó a ejecutar las obras de construcción del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco. Tras la firma de la cuestionada adenda al contrato de concesión, el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, hoy Presidente de la República, renunció a su cargo a fines de mayo de 2017, dejando sin efecto el contrato y la adenda. Un año después, Kuntur Wasi inició un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones–CIADI por la cancelación del contrato.
Grinberg insistió en que no conoce la ruta que siguió la transferencia reportada como sospechosa. “No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán ni en ningún otro país extranjero. No conocemos a la financiera Columbusnet”, remató.
El ingeniero argentino aseguró que el monto de los ‘gastos’ no alcanzó de ninguna manera los más de 98 mil dólares. Ante esta respuesta, se le entregó los números de las facturas que Corporación América aseguró que Estudio GF entregó como respaldo del servicio brindado.
Carlos Grinberg dijo que revisaría la información en sus archivos pero nunca más respondió nuestros mensajes y llamadas.
Giuliana Cavassa de Andino Investment Holding tampoco ha entregado los comprobantes del pago del servicio que se le atribuye a Estudio GF porque aseguró que “la política de la empresa prohíbe difundir documentos sobre terceros”. Lo que sí señaló es que las facturas tienen fecha 9 de enero de 2015: la primera por un monto de 71 mil 925 dólares y la segunda por 26 mil 160 dólares. En ambos casos el concepto de los comprobantes aparece como “Certificado Nº1 LEED”, indicó.
Convoca.pe preguntó a Cavassa por qué se le pagó a Estudio GF en febrero de 2015 por el trámite de una certificación que recién realizaría años después, es decir, cuando el proyecto esté concluido. Al respecto, la abogada señaló que el ingeniero argentino se involucró en el proyecto desde las tareas iniciales antes de que se presente el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) al Ministerio de Transportes y que incluso Grinberg entregó un CD con planos como parte de su servicio. Pero esta documentación tampoco fue entregada a este medio.
¿Se realizaron otros desembolsos para Estudio GF? La abogada respondió que “es posible”.
El viaje de la fiscal
Las investigaciones relacionadas a las compañías del consorcio Kuntur Wasi no solo se realizaron en Perú.
A finales de 2018, Corporación América y tres miembros de la familia Eurnekian fueron denunciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la justicia federal Argentina por “soborno trasnacional” vinculados al caso Chinchero.
Procelac señaló que había recolectado “suficientes pruebas como para afirmar que las personas a cargo de Corporación América”, como parte de la Sociedad Aeroportuaria de Kuntur Wasi, “habrían intervenido en actos de sobornos en calidad de coautores” ofreciendo “sumas de dinero, dádivas u otras compensaciones a funcionarios públicos peruanos” para la suscripción de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto.
Cuando el caso se abrió en Argentina, la fiscal Zoila Sueno solicitó reunirse con su colega Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación en dicho país, y viajó a su encuentro en febrero de 2019 para intercambiar información y averiguar si existía evidencia de pago de sobornos por parte de los representantes de Corporación América.
Fiscal Zoila Sueno Chirinos. Foto: Gestión.
Durante esta visita, la fiscal peruana también se reunió con el juez federal Claudio Bonadio, quien tenía información relacionada a Hugo Antranik Eurnekian, hermano menor de uno de los directores de Kuntur Wasi y Proyecta & Construye, sobre ‘Los cuadernos de la corrupción’, un caso que reveló una serie de anotaciones que vinculaban a funcionarios argentinos con el pago de sobornos por obras públicas.
La investigación en Argentina, sin embargo, fue archivada el 10 octubre de 2019 a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Una de las razones: no había imputados argentinos en la investigación de la fiscal Zoila Sueno, según quedó registrado en el acta del fiscal Pollicita tras su reunión en febrero con la fiscal, como pudo corroborar Perfil para este reportaje.
Vaivén de millones
En las indagaciones preliminares del fiscal José Domingo Pérez se registraron millonarios movimientos de dinero de Kuntur Wasi vinculados a las compañías de Corporación América, que revelaban que el consorcio no contaba con suficientes recursos para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero, y por lo tanto, cumplir con el contrato suscrito con el Estado peruano.
Cedicor (Uruguay) y Liska Investments (Islas Vírgenes Británicas), compañías relacionadas al conglomerado argentino, y Aeropuertos Andinos (Perú) realizaron préstamos por 3 millones 800 mil dólares a Kuntur Wasi en 2016.
El último préstamo otorgado a Kuntur Wasi fue de Aeropuertos Andinos por la suma de 1 millón 200 mil dólares, el 23 de diciembre de 2016, seis semanas antes de que se suscribiera la adenda Nº 1 al contrato de concesión del aeropuerto Chinchero.
Sin embargo, la fiscal Zoila Sueno consideró que estos préstamos por casi 4 millones de dólares otorgados a Kuntur Wasi durante 2016 fueron una práctica empresarial común debido a que el consorcio no generaba liquidez y debía realizar pagos relacionados al proyecto Chinchero como los estudios de ingeniería.
Pero no solo Kuntur Wasi tenía problemas de financiamiento sino también su principal contratista: Proyecta & Construye.
En marzo de 2014, la empresa tenía un patrimonio de apenas S/. 609 mil 088 soles (unos 217 millones de dólares) y activos por S/1 millón 374 mil 413 soles (cerca de medio millón de dólares), según informaron sus accionistas a la Bolsa de Valores de Lima. (El tipo de cambio utilizado es 2.81 correspondiente a marzo de 2014).
Proyecta & Construye fue contratada bajo una modalidad conocida como “llave en mano”, en la que el contratista asume la responsabilidad del proyecto para luego entregárselo al contratante, en este caso Kuntur Wasi, una vez que la obra se encuentre operativa.
Los movimientos económicos entre el consorcio y su contratista fueron objeto de investigaciones fiscales. Según la disposición no 72 de la fiscal Zoila Sueno, Kuntur Wasi realizó una serie de pagos a Proyecta & Construye por cerca de 9 millones de dólares por “conceptos de adelanto” y “valorización de trabajos de ingeniería”, entre 2014 y 2016.
Según indagaciones preliminares del fiscal Pérez, el monto por dichos conceptos podría ser superior por varios millones y no guardaban relación con los estados financieros del consorcio.
Un banco en Armenia
Otras transacciones vinculadas a empresas en paraísos fiscales son los préstamos otorgados al consorcio Aeropuertos Andinos, conformado por las mismas empresas que integran Kuntur Wasi. Según las investigaciones fiscales, entre 2016 y 2017 Aeropuertos Andinos, encargado de ejecutar obras cinco aeropuertos del sur del Perú, recibió dos préstamos por US$2 millones de Converse Bank CJSC, un banco en la República de Armenia.
En dichos contratos de préstamos, Santa Catarina Corporation y Liska Investment, domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, actuaron de garantes, y Mario Gálvez Abad, exgerente de Aeropuertos Andinos y apoderado de Proyecta & Construye, según registros públicos.
Al igual que Liska Investment y Santa Catarina Corporation, Converse Bank se encuentra afiliada a la multimillonaria familia argentina Eurnekian y a su emporio comercial: Corporación América, dueña de más de 52 aeropuertos en 7 países.
Converse Bank CJSC ubicado en la República de Armenia. Créditos: MLL Industries.
“Converse Bank era un banco que nos financiaba de todas maneras”, señaló Gálvez Abad, quien aseguró a Convoca.pe que a pesar de su cargo en Proyecta & Construye no tuvo ninguna participación en el proyecto Chinchero y que desconoce la transacción que presuntamente iba dirigido a Estudio GF.
Entre 2014 y 2017, durante el proceso de licitación y firma de la adenda del contrato del aeropuerto Chinchero, Mario Gálvez Abad viajó a Argentina cinco veces, coincidiendo en tres fechas entre octubre 2016 y noviembre del 2017 con Carlos Vargas Loret de Mola, director de Kuntur Wasi, y José Balta del Río, gerente general del consorcio.
En esos días, quien estaba a cargo de la parte operativa de Proyecta & Construye era el portugués Rui Pedro Varanda Guimaraes. Él fue contratado por dicha empresa en noviembre de 2013 para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto del aeropuerto Chinchero.
Antes de trabajar para la principal contratista de esta megaobra, Guimaraes fue presidente y director ejecutivo de Mota Engil Perú, una de las empresas que integraba el Consorcio Aeroportuario Imperial y que competía en el proceso de adjudicación del aeropuerto del Cusco contra Kuntur Wasi y el Consorcio Aeropuerto Chinchero, integrado por Graña y Montero.
La oferta económica del consorcio peruano-argentino fue más atractiva para los funcionarios del gobierno de Ollanta Humala en abril de 2014: estaba por debajo de las compañías competidores, algunas de ellas investigadas por su participación en el ‘Club de la Construcción’, aquel cártel de empresas que se repartían las obras adjudicadas por Provías Nacional, del Ministerio de Transportes.
Chinchero Crédito: Shutterstock

Fincen Files: acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

Por Iván RuizMaia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon– Diario La Nación Argentina.*
El proyecto de un nuevo aeropuerto para Cusco y Machu Picchu, emblema del turismo andino. Una obra valuada en US$500 millones que nunca comenzó, pero provocó un escándalo político en Perú. Y una investigación judicial archivada en la Argentina. El “caso Chinchero” obligó al presidente peruano, Martín Vizcarra, a dar explicaciones en el congreso. Pero fue un giro menor de esa trama, por apenas US$98,000, lo que encendió las alarmas del sistema financiero de los Estados Unidos.
Dos años antes de que el escándalo estallara en Perú, un banco de Nueva York analizó ese giro por US$98.000 de febrero de 2015 y puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América -el grupo que lidera Eduardo Eurnekian- y a su socia peruana para el aeropuerto en Cusco, Andino Investment Holding.
El Bank of New York Mellon envió un reporte de operación sospechosa al organismo antilavado de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), en junio de 2015, con detalles sobre 3239 transferencias. Entre ellas, la referida al giro por US$98,000 que terminó en una cuenta en las islas Caimán de la financiera uruguaya Columbusnet SA.
El giro no salió, sin embargo, de las cuentas de Corporación América o de su socia, Andino, sino por cuenta y orden de una subsidiaria de ese consorcio. ¿Su nombre? La peruana Proyecta & Construye SA, según surge de los 2100 reportes que bancos de todo el mundo enviaron a la FinCEN , obtuvo BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACIÓN.
Aeropuerto Internacional Chinchero- Cusco, un proyecto que nunca se concretó Crédito: Captura de video.

El contrato

La sociedad entre Corporación América y Andino Investment Holding nació en 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco, con la modalidad público-privada.
Corporación América y Andino Investment Holding fundaron una subsidiaria, Proyecta y Construye, a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos, explicaron ambas empresas ante la consulta del equipo de ICIJ para esta nota, integrado por Convoca.pe (Perú), el Semanario Búsqueda (Uruguay) y Perfil y LA NACIÓN (Argentina). En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto “llave en mano”. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.
Ante la consulta de los miembros de esta investigación, Giuliana Cavassa (gerenta de Asuntos Institucionales Andino Investment Holding) y voceros de Corporación América defendieron la legalidad de su proceder. Indicaron que la transacción señalada como “sospechosa” en el reporte de FinCEN fue por “el pago de unas facturas a Estudio GF SA, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED”.
Estudio GF SA es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. ¿Por qué se usó la cuenta de una financiera uruguaya con cuenta en Islas Caimán para realizar esos pagos? “Probablemente porque en el momento fue solicitado así por el proveedor”, respondió Cavassa.
“No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán y no conocemos a la financiera Columbusnet”, sostuvo, sin embargo, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF SA ante la consulta del equipo de ICIJ. “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”, aseguró Grinberg.
Andino asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF SA, con fecha 9 de enero de 2015, con el concepto: “Certificado Nº 1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera fue por US$71.925.76 y la segunda factura US$26.160 (total, US$98.085,76). El titular de Columbusnet SA, Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar sus cliente y las actuaciones que se estén realizando”.
Fragmento del reporte de operación sospechosa con el giro de Proyecta&Construye a Columbus Net

La pesquisa judicial

En Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de Perú, la adenda podía perjudicar las arcas públicas al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado peruano y un presunto perjuicio de unos U$40 millones.
No sólo eso. Pese al replanteo contractual, las obras en el aeropuerto de Cusco -que ya deberían estar concluidas- nunca comenzaron y el Estado terminó por suspender el contrato. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado peruano.
Para entonces, hacía cuatro meses que la fórmula presidencial Pedro Pablo Kuczynski – Martín Vizcarra había llegado al poder. Vizcarra tenía doble cargo: además de vicepresidente, era ministro de Transporte. Pero la firma de la adenda desató un escándalo que conllevó su interpelación en el Congreso y su posterior renuncia como ministro, aunque continuó como vicepresidente y terminó asumiendo la presidencia cuando Kuczynski dimitió por los coletazos del Lava Jato.
El proyecto fallido del Aeropuerto Internacional Chinchero Crédito: Captura de video.
En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.
Consultados por LA NACIÓN, desde Corporación América rechazaron de plano esa hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. “Las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales)”, agregaron.
En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era “lesiva” para el erario público peruano porque establecía que el Estado “asumía el riesgo por financiación de la obra”, algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.
La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y a si la adenda de 2017 terminó perjudicando al Estado, algo que tanto Vizcarra como Andino y Corporación América han negado. Ante la consulta del equipo de ICIJ, Corporación América dijo que la adenda “no trajo cambios respecto del riesgo financiero” y que “el Estado salía beneficiado y no así el consorcio”. “Lamentablemente, como estas cuestiones se encuentran discutidas en el CIADI, no podemos dar información al respecto”, afirmaron. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra ($265 millones) y que la adenda “solo cambió el mecanismo de financiamiento”.
Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato. Abarca a 13 personas, aunque entre los imputados no figuran ni Vizcarra, ni directivos de Corporación América.
Chinchero, cerca de Cusco Crédito: Shutterstock.
En la Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Corporación América ante la Justicia local en 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato “permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto”. La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal peruana, incluso, llegó a viajar a Buenos Aires para intercambiar información con Comodoro Py.
A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que “no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana”. Aclaró, sin embargo, que no correspondía sobreseer a los argentinos denunciados por la Procelac porque parte de la investigación sigue su marcha en Perú.
*Con la colaboración de Emilia Delfino (Perfil www.perfil.com), Milagros Salazar y Shirley Cayetano (Convoca.pe), Guillermo Draper (Semanario Búsqueda) y Ricardo Brom (LN Data).

Ni sobredimensionado ni desproporcionado

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Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Martín Vizcarra repite machaconamente que el caso Swing (Richard Cisneros) es desproporcionado y sobredimensionado, ofendiendo la inteligencia de los peruanos. Arguye que el pago de S/175,000 a Swing es una cifra de menor cuantía. Ha creado un tarifario a la medida de su laxa moral, soslayando que obligó al Ministerio de Cultura a actuar ilegalmente, irrespetando las normas. Y no es el único caso, están los de sus amigotes y parientes en otras entidades del Estado.
Lo cierto es que Contraloría ha determinado que el proyecto Chinchero “generó un grave perjuicio al país”, dándole en la yugular a Vizcarra, quien por entonces era ministro de Transportes. La fiscal a cargo de este caso, Zoila Sueno Chirinos (reemplazó al fiscal José Pérez por orden de Gonzalo Chávarry, exfiscal de la Nación), ha remitido sus elementos de convicción a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, para que investigue a Martín Vizcarra por ser alto funcionario. Sueno Chirinos señala, entre otros, que las preguntas del pliego interpelatorio a Vizcarra estaban respondidas siete días antes en la computadora de la contratista de Chinchero Kuntur Wasi.
La fiscal Janny Sánchez Porturas, encargada del caso Swing, también envió sus elementos de convicción sobre Vizcarra al despacho de Ávalos, como lo indica la ley. Las tres autoridades señalan que el gobernante tuvo acciones delictivas. Pero este reitera que el escandaloso tema de Swing no existe y que se trata de una conspiración de los congresistas Manuel Merino (presidente del Congreso) y Édgar Alarcón.
Pese a los cuestionamientos que pesan sobre Vizcarra, a los que se suman las 11 investigaciones fiscales en Moquegua, el mandatario insiste en culpar a otros. Los galimatías lanzados en una entrevista televisiva confirman que no está a la altura del cargo que ocupa. Dijo: “No encuentran explicación, que quieren ahora encontrar explicación hasta el punto de vista de que, entonces, seguramente si esto no encuentro por si pues, no corresponde, debe haber algo que no se dice”. Las redes se ocuparon del dislate.
En dos años y medio de gobierno destruyó al país y de qué manera. Pulverizó a la Fiscalía e injirió en el Poder Judicial. Impuso un referéndum y ahora tenemos normas electorales confusas e impracticables. Encarceló a Keiko Fujimori. Copó el Tribunal Constitucional y cerró el Congreso dando un golpe de Estado.
Gracias al mal manejo de la pandemia, la economía peruana está destruida, la más afectada en América Latina. No hay trabajo, se ha ‘fumado’ el fondo de estabilización fiscal y la pobreza se incrementa indeteniblemente.
Vizcarra ha pedido declarar ante la fiscal de la Nación, su “amiguis” según Karem Roca, exsecretaria del mandatario. Para él es un gesto, para el país una pachotada. Las elecciones serán sumamente turbias. Con este currículo no serán confiables. ¿Qué hay tras el caso Swing?

PAOLA UGAZ Y LA JUSTICIA MEDIÁTICA

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Como ya he lo he comentado con anterioridad, he querellado a Paola Ugaz. La razón de esta querella es que la mencionada señora se dedicó y se dedica de manera sistemática a difamarme en diversos medios de comunicación. Lo cierto es que Paola Ugaz vive en una burbuja de soberbia que la hace pensar que es intocable. Más aún cuando recurre a su ya conocida capacidad de victimización.
Cualquier mal que le ocurre, sin excepción lo vincula a su “investigación” sobre el Sodalicio, inmediatamente surgen como hongos toda una tropa de ayayeros dispuestos a firmar manifiestos, hacer colectas, fiestas, tómbolas y demás pellejerías para consolar a esa pobre víctima de una especie de conspiración clerical, que no le perdona su “agudeza” y sus “certeras denuncias”.
Cualquier mención de sus sospechosos movimientos alrededor de la mafia de las chalinas verdes, la posibilidad de sus posibles vínculos, a través de Pedro Salinas, con los enjuagues económicos de CHISAC, sus sospechosos viajes a Panamá, la denuncia de Expreso sobre lavado de activos, algún comentario sobre sus signos exteriores de riqueza, sus vínculos con IDL, todo esto y más son inventos del Sodalicio. Buena coartada, pero no le servirá para siempre.
Resulta que en el caso nuestro se equivoca, pues no sólo no tengo ningún vínculo con esa organización religiosa, ni he tenido un ánimo difamatorio al comentar sus sospechosas conductas, todo lo que he escrito sobre ella se ajusta a la verdad y a un punto de vista objetivo.
Lo cierto es que el pasado 21 de septiembre fue la primera audiencia de la querella que busca que Paola Ugaz se rectifique por haberme difamado en varios medios de comunicación. La citada audiencia dejó varios temas que comentar.
En primer lugar, llamó mi atención que la señora Ugaz a la pregunta del juez de dónde trabajaba y cuáles eran sus ingresos manifestó que su trabajo era el de corresponsal del diario español ABC y tuvo muchas dificultades para explicar cuánto ganaba. Es más, nunca pudo hacerlo con precisión.
El abogado de Paola Ugaz, Carlos Rivera, al iniciar su defensa nos acusó de pretender instrumentalizar la justicia para perseguir periodistas y pretendió disminuir la gravedad de las expresiones de Paola Ugaz sobre nuestra persona, que califican como difamación y son motivo de la querella, señalando que fueron dichos coloquiales.
Luego para nuestra sorpresa hizo una larga síntesis de todas las denuncias y querellas que tenía Paola Ugaz, como si todo esto tuviera que ver con el hecho de haberme difamado y pasó a desarrollar una especie de teoría conspirativa en que imaginaba todo un tinglado de medios y personas dispuestos a conspirar contra Paola Ugaz. Y se pregunta Rivera teatralmente: ¿Por qué Paola Ugaz es tan importante? ¡Paola Ugaz no es un demonio! ¡Es solo que está realizando una investigación sobre el Sodalicio y por eso hay que demolerla! Y sigue con su teoría conspirativa.
Finalmente termina su lamentable intervención. Rivera cierra su perorata con frases lastimeras de victimización, grandilocuente y teatral introduce temas que no tienen nada que ver en el caso. Pretende voltear las cosas y lejos de defender a la acusada quiere pasar a la ofensiva convirtiéndose en acusador y mencionando una serie de hechos y publicaciones posteriores a la querella, incluso de otras personas y pretende atribuirme esa responsabilidad. Impostadamente lee una serie de tuits que no tienen ninguna relación con el caso.
Ese es Rivera, abogado de IDL y otrora defensor de terroristas, que me agrede verbalmente, ahí mismo en presencia del juez. Vuelve a soltar una sucesión de adjetivos pretendiendo encasillarme, me llama perverso, indigno, machista, misógino…
Luego viene la intervención de Paola Ugaz. Tuvo expresiones sorprendentes. Por ejemplo, dijo textualmente que LA ABEJA es el tipo de medios que deben ser llevados ante la justicia y censurados. Salió su verdadera personalidad, en el fondo, como todo izquierdista, es partidaria de la censura.
Luego dedicó varios minutos a buscar la conmiseración del juez diciendo que en mis redes sociales y en La Abeja había llegado al extremo de meterme con sus hijos. Otra falsedad. En La Abeja no se ha publicado absolutamente nada sobre sus hijos. Únicamente, en un tuit hice mención a que la señora Ugaz muestra signos exteriores de riqueza, al tener a sus dos hijos en el colegio más caro de Lima, con una pensión mensual de 1400 dólares por cada uno, asunto que no deja de sorprender, más aún luego de la audiencia en que declaró que su trabajo era en el ABC y no fue capaz de mencionar cuánto ganaba en ese empleo. Salvo que lo denunciado por Expreso se confirme.
La audiencia terminó. Pero Ugaz siguió con su drama. Ha recorrido varios medios. Ha buscado respaldo de diversas instituciones, ha movilizado una red internacional de contactos para que se pronuncien avalando sus fantasías. Personalmente ya he sido contactado de dos oenegés norteamericanas para preguntar sobre el hecho. Todo esto con el único afán de presionar al juez. De generar un ambiente mediático que lo condicione a fallar a su favor. Incluso Kate Harrison la progre embajadora británica tuiteó solidarizándose con Ugaz y Pedro Salinas. Esto último muy lamentable, ya que compromete a su embajada al inmiscuirse en asuntos que no le competen, cosa que viene haciendo hace tiempo. Ya la hemos visto antes apoyando la ideología de género.
Esta tournée de presión mediática sobre el juez llegó a su momento cumbre cuando Rivera, Ugaz y Salinas montaron una conferencia de prensa para denunciar un supuesto reglaje en su contra entre otros delirios y fantasías.
Rivera inició la conferencia hablando de los que quieren demoler a Salinas y Ugaz y luego soltó la bomba: ¡Paola Ugaz ha sido amenazada de muerte!
La supuesta amenaza es en Instagram donde algún bromista de mal gusto ha posteado algo relacionado al Charlie Hebdo. Curiosa y coincidentemente esta “amenaza” les cae como anillo al dedo para poder reforzar su papel de víctimas.
El mecanismo está muy claro ante un problema judicial, se pone en marcha todo un tinglado que incluye medios, personajes del mundo caviar, algunas organizaciones internacionales para así hacer notar al juez con quien se está metiendo.
Esta especie de extorsión debe terminar. No se puede permitir que los medios invadan la agenda judicial y menos aún que se busque una justicia mediática como resultado del linchamiento de quienes osan cuestionar la seriedad y los métodos de cierto sector de la prensa y sus aliados desde las oenegés.

Cardenal Pell

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El Papa recibe al cardenal Pell tras ser absuelto de los delitos de pederastia

El papa Francisco recibió al cardenal australiano George Pell, exministro de Economía del Vaticano, quien regresó a Roma hace unos días desde Australia donde se encontraba tras ser absuelto del juicio en el que se le acusaba de varios delitos de pederastia.
La audiencia del papa con Pell, de 79 años, se produce en medio de un escándalo económico que ha salpicado al que fue administrador de la Secretaría de Estado vaticana (2011-2018), el cardenal Angelo Becciu, y con quien el purpurado australiano mantenía malas relaciones por los diferentes modos de gestión de las finanzas vaticanas.
Becciu fue retirado por el papa de su cargo de prefecto para la Congregación para la causa de los santos y así como de sus derechos como cardenal. Según los medios italianos, Francisco le recibió también hace unos días.

El cardenal fue apartado del cargo de ministro de Finanzas del Vaticano durante su proceso judicial

Aunque no es oficial el motivo o la duración de la visita de Pell al Vaticano, se cree que el cardenal que ya no tiene ningún cargo en la Curia regresó para poner seguir la mudanza ante su salida del Vaticano. El cardenal fue apartado del cargo de ministro de Finanzas del Vaticano durante su proceso judicial al cumplir los cinco años que duraba su mandato.
Fue absuelto el pasado abril por la máxima instancia judicial de Australia tras ganar un recurso de apelación contra su condena, emitida en marzo de 2019, a seis años de cárcel por cinco cargos de abusos sexuales a menores ocurridos en los años noventa.
Tras pasar varios meses en la cárcel, Pell vivió en la archidiócesis de Sídney y fue sucedido en su cargo por el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves.
En una de las informaciones publicadas en estos días por los medios italianos sobre el caso Becciu se afirmó que desde la Secretaría de Estado se emitieron transferencias por cerca de 700,000 euros a una cuenta bancaria en Australia, y que este dinero estaría vinculado al juicio por abuso sexual que afrontó el cardenal australiano George Pell.
El Corriere della Sera especuló que habrían servido para pagar a los testigos que acusaron a Pell de abusos sexuales a menores.
El abogado del cardenal Pell, Robert Richter, afirmó a medios australianos que se debería “abrir una investigación internacional” después de la noticia de los supuestos sobornos a quienes inculparon a Pell.
Fuente: Agencia de Noticias EFE.

Más de 600,000 euros: ¿quién es Cecilia Marogna?

Por  Jesús Bastante– Religión Digital.
“Es un arma de distracción masiva”, apuntan fuentes conocedoras del caso, que apuntan a que la investigación vaticana irá más allá, llegando sin duda a Becciu, aunque algunos ven también en jaque la posición del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.
¿Espía, amante, traidora? ¿Chivo expiatorio? ¿Cortina de humo? Tras el impacto de la detención de Cecilia Marogna por malversación de fondos vaticanos, y su implicación con el ‘caso Becciu’, llegan las preguntas. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo entra en relación con la Secretaría de Estado?
Muchas preguntas, que se suman al absoluto silencio con el que la Santa Sede ha tomado una detención que, según medios italianos, se produjo vía Interpol a petición del propio Vaticano.
Poco se sabe de esta mujer, nacida hace 39 años en Cerdeña, como el propio Becciu, con quien entró en contacto en 2015, presentándose como asesora experta en relaciones internacionales.
Una red paralela
Según la investigación vaticana, y tal y como confirmó ella misma en distintas entrevistas a medios italianos, Cecilia Marogna ofreció al cardenal defenestrado por el Papa el 24 de septiembre crear una “red diplomática paralela en los países del norte de África y Oriente Medio” para proteger de los terroristas las nunciaturas y sedes diplomáticas de la Santa Sede en esas zonas.
Cecilia Marogna
Más allá de las acusaciones de desfalco o de tramar una diplomacia paralela a la Santa Sede, lo cierto es que Marogna no aparenta ser ni la ‘dama’ de Becciu, ni una ‘Mata Hari’ del siglo XXI. Madre soltera de una niña de 10 años, se retrata a sí misma como “analista” y “experta en inteligencia”, aunque parece que ni siquiera se graduó en Relaciones Internacionales.
Pero su mejor tiro lo logró en 2015 cuando, según su versión, logró conectar con Angelo Becciu a través de un simple correo electrónico. Otras fuentes apuntan a que ambos ya trabajaron juntos en la época en la que el purpurado ejercía como nuncio en Angola o Cuba.
Cobró el dinero cuando Becciu ya no estaba
Después, vino el pago de medio millón de euros, sin facturas, y algunos gastos de difícil justificación (bolsos caros, ropa, perfumes, un sillón de cuero…) todo ello con el aval de Becciu, pues Marogna contaba con una acreditación oficial de la Secretaría de Estado.
“Es un arma de distracción masiva”, apuntan fuentes conocedoras del caso, que apuntan a que la investigación vaticana irá más allá, llegando sin duda a Becciu, aunque algunos ven también en jaque la posición del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.
No hay que olvidar que buena parte del dinero recibido por la analista, que niega ser la amante de Becciu, se produjo a través de una empresa con sede en Liubliana, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, cuando Becciu ya no estaba en la Secretaría de Estado, sino en la Congregación para las Causas de los Santos. ¿Un nuevo episodio de guerra interna en el Vaticano? Veremos.

Caso Club de la Construcción

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Aspirante a colaborador asegura que consorcio Obrainsa- Astaldi pagó S/1 millón a Vizcarra

Por Graciela Villasis- Unidad de investigación Diario El Comercio.
El pago ilícito, según el testimonio al que accedió El Comercio, fue en el 2014 a cambio de una obra en Moquegua, cuando el hoy mandatario era gobernador regional. Vizcarra desmiente esta acusación.
El último testimonio que se ha incorporado en la investigación del llamado ‘Club de la Construcción’ ha puesto a Moquegua en la lista de regiones donde operaba este cártel de empresas peruanas y extranjeras que se repartían las millonarias adjudicaciones de obras públicas a cambio del pago de coimas.
El Comercio accedió al testimonio completo de un nuevo aspirante a colaborador eficaz, quien ha manifestado al fiscal Germán Juárez, a cargo del caso y miembro del equipo especial Lava Jato, que la empresa Obrainsa, investigada por el Club de la Construcción, y su socia Astaldi, de capital italiano, hicieron un pago ilícito de S/1’000,000 al hoy presidente Martín Vizcarra. El desembolso, dijo, fue a cambio de que se le otorgue la buena pro de la obra Lomas de Ilo, cuando el mandatario era gobernador regional de Moquegua.
El aspirante a colaborador N°10-2018 ha detallado a Juárez, en la declaración que brindó la semana pasada, que el desembolso -el 2% del total de la obra- se pagó en dos armadas con cheques girados a nombre del conserje de la constructora, y que hubo reuniones previas con el ahora jefe del Estado en las oficinas de Obrainsa ubicadas en San Isidro. La licitación fue convocada a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).
Una larga relación
La cercanía entre el presidente Martín Vizcarra y su hermano César Vizcarra con los hermanos Ernesto y Elard Paul Tejeda Moscoso —propietarios de la empresa Obras de Ingeniería Obrainsa— se inició hace casi dos décadas, cuando sus empresas se unieron para participar en consorcio en una millonaria licitación que fue convocada por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa).
En agosto del 2003, la empresa C y M Vizcarra, de propiedad del mandatario y de su hermano César, conformó el consorcio Colca junto a Obrainsa, Constructora Upaca, Ingenieros Civiles y JACSA SAC. Este ganó la buena pro para elaborar el expediente técnico y la ejecución de la construcción del Sistema de Regulación Hídrica de la Cuenca del Río Sumbay- Presa Pillones por un total de US$14’641,277. Sin embargo, a través de una serie de arbitrajes, el consorcio exigió una mayor compensación por parte del Estado, lo que generó que la obra supere los US$22 millones.
Diez años después, en el 2013, cuando ya era el gobernador regional de Moquegua, Vizcarra se encontró nuevamente con los hermanos Tejeda de Obrainsa. Esta vez la constructora estaba interesada en construir La Línea de Conducción 1 Jaguay – Lomas de Ilo y el Sistema de Riego I Etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo. El proceso fue convocado por la Unops por encargo del Proyecto Especial Pasto Grande del Gobierno Regional de Moquegua (GRM).
El 27 de noviembre del 2013, el consorcio Obrainsa – Astaldi ganó la buena pro. Sin embargo, días antes de que dicha compañía se adjudicara la obra, ocurrió una serie de hechos que garantizaron a los Tejeda, dueños de Obrainsa, que ganarían el proyecto, según el relato que la semana pasada dio el aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 al fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato.
Fiscal Germán Juárez miembro del equipo especial Lava Jato y responsable de la investigación del Club de la construcción.
El testigo relató que entre los días 3 y 4 de noviembre del 2013, Elard Tejeda, gerente general de Obrainsa, “se comunicó telefónicamente desde su celular 999708606 o desde el teléfono fijo directo en Obrainsa 2226691 con el señor Martín Vizcarra Cornejo a sus teléfonos celulares 953522023 o 962992291, que en ese entonces era presidente del Gobierno Regional de Moquegua, a quien conocía personalmente”. Durante la llamada, de acuerdo al aspirante, Vizcarra le hizo saber a Tejeda que se encontraba en Lima, que estaba informado de la presentación de las ofertas a Unops y que tenía interés de visitarlo en las oficinas de Obrainsa, ubicadas en Emilio Cavenecia, en San Isidro.
“Esa reunión se realizó en las oficinas de Obrainsa entre los días 4 o 5 de noviembre de 2013 en horas de la tarde. La secretaria de la gerencia de Obrainsa, Carmen Ríos Quintana, recibió al señor Martin Vizcarra y lo invitó a pasar al directorio”, según el aspirante, quien agregó que en esa reunión participaron solo el mandatario y Elard Tejeda.
De acuerdo al relato del testigo, Vizcarra “fue incisivo” al señalar que la convocatoria se había hecho sin indicar el valor referencial, y “que le iba a brindar una información privilegiada” que consistía en señalarle que para este proyecto el GRM “tenía un presupuesto de S/90’000,000” que incluía la obra, así como los costos de ingeniería y supervisión.
En ese momento, Vizcarra le indicó a Tejeda que para adjudicarles el contrato era “indispensable que presenten una nueva propuesta que no debía exceder los S/81’000,000”. Esto lo dijo porque el consorcio Obrainsa-Astaldi había presentado una propuesta económica de S/86’454,818.06.
Según el aspirante a colaborador, Vizcarra le indicó a Tejeda que, terminada la evaluación por parte de la Unops, “a él le informaban los resultados antes de realizar la adjudicación para que manifieste su no objeción”.
El pedido y el millón
“Martín Vizcarra le requirió un pago a Elard Paúl Tejeda Moscoso por el apoyo otorgado”, ha señalado el aspirante a colaborador al fiscal Juárez. “Y se justificó aduciendo que necesitaba fondos personales para atender gastos en relación a su cargo y que tenía conocimiento de que, en las obras que licitaba Provías Nacional, todas las empresas que ganaban pagaban una comisión de más del 2% del costo directo de la obra a los funcionarios públicos”, agregó. Por esa razón, dijo, le solicitó que el consorcio “le pague el 2% del costo directo de la obra”.
Culminada la reunión entre Vizcarra y Tejeda, este último llamó a su socio Giacomo Orsatti de Astaldi para informarle sobre el encuentro y el pago solicitado por el entonces gobernador de Moquegua, a cambio de la buena pro, se detalla en el testimonio. La solicitud también fue aceptada por los socios de Obrainsa.
El 7 de noviembre, días después de la primera reunión, el consorcio Obrainsa-Astaldi presentó una nueva propuesta a Unops por S/80’981,137.34. El 25 noviembre del 2013, la Unops les comunicó que ganaron la buena pro y el contrato con el GRM fue firmado el 6 de diciembre de ese año.
El aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 declaró a la fiscalía que “el porcentaje del 2% solicitado por el [hoy presidente de la república] al consorcio Obrainsa Astaldi equivalía a S/1’016,212.76”, dijo.
El 20 de enero del 2014, cuando el consorcio ya había iniciado los trabajos en Lomas de Ilo y recibido el primer adelanto, el ahora mandatario “llamó al celular o al teléfono privado de la oficina de Tejeda para solicitarle que lo atendiera con lo acordado y que tenía necesidad de hacer unos pagos”. En ese momento, el gerente general de Obrainsa le respondió “que tenía que gestionar los recursos y que le informaría cuando tenga el dinero disponible”. Tejeda se comunicó con Giacomo Orsatti de Astaldi -su socio- para coordinar la disponibilidad de dicho dinero.
El testigo “tiene conocimiento que el señor Tejeda realizó gestiones internas para que el pago indebido solicitado por Vizcarra Cornejo sea realizado con cargo a la cuenta corriente del consorcio”. En una primera oportunidad, contó, se intentó enviar una carta al BBVA Banco Continental y, en una segunda oportunidad, se giró un cheque por S/400,000. Sin embargo, ninguno de los dos intentos pudo hacerse efectivo, ya que los funcionarios de Astaldi no quisieron firmar el cheque al no existir sustento administrativo para la salida de ese dinero.
Para resolver este impasse, el empresario arequipeño gestionó un préstamo de Obrainsa al consorcio por S/400,000 para “cumplir con parte del pago indebido acordado” con el entonces gobernador regional de Moquegua. “[…] El dinero fue obtenido de las cuentas de Obrainsa mediante el cobro del cheque N°60002342307 del Banco BBVA Continental, el 27 de enero de 2014, por S/400,000, girado a Tobías Puerta Gutiérrez, conserje de la empresa, que se encargó de cobrar ese monto, y de entregárselo en efectivo a Tejeda Moscoso en las oficinas de la compañía”, precisó. Este Diario ha accedido a los cheques emitidos, que fueron cobrados por Puerta Gutiérrez.
Con el dinero en mano, Tejeda “se comunicó telefónicamente con Vizcarra, indicándole que ya tenía parte de su encargo y que se apersone a las oficinas de Obrainsa”, ubicada en la calle Emilio Cavenecia N°225, 2do. Piso- Torre 1, San Isidro. Como Astaldi era el socio mayoritario del consorcio, Tejeda le recomendó a Giacomo Orsatti que conociera a Vizcarra porque era importante. “La reunión se llevó a cabo entre los días 27 o 28 enero del 2014 en las oficinas de Obrainsa”, manifestó el aspirante. El hoy presidente “fue recibido por la secretaria Carmen Ríos Quintana, y atendido con café por Donato Reyes Antezana”.
Según el aspirante a colaborador en las oficinas de Obrainsa ubicadas en San Isidro, se hizo la entrega de un millón de soles en dos armadas.
En esa reunión participaron Vizcarra, Tejeda, Orsatti y César Bayro Orellana, exgerente de Obras Civiles de Obrainsa y exrepresentante legal del consorcio, quien falleció en el 2018. El aspirante a colaborador indicó que Vizcarra mantenía comunicación telefónica con Bayro a su número celular 973814298 y, a través suyo, le enviaba mensajes al gerente general de Obrainsa.
“Este hecho puede corroborarse con el tráfico de llamadas entre el número que le pertenecía y los números de celulares que utilizaba Vizcarra: 953522023 y 962992291”, añadió. Orsatti y Bayro Orellana se retiraron de la reunión y dejaron solos a Tejeda y Vizcarra. Tejeda aprovechó ese momento “para entregar los S/400,000 en efectivo dentro de un sobre manila al gobernador regional. Luego Vizcarra Cornejo se retiró con el dinero”, remarcó.
El testigo protegido del caso ‘Club de la Construcción’ afirmó “que la segunda entrega de dinero en efectivo fue acordada entre el señor Elard Tejeda y Martín Vizcarra Cornejo en la primera semana de abril de 2014, la cual se realizó solicitando nuevamente los fondos a Obrainsa para ser atendido con cargo a la Cuenta de Dividendos de Accionistas”. Indicó que “apenas” se confirmó la disponibilidad se procedió a cobrar el cheque N° 000241968 del Banco BBVA Continental, emitido el 04 de abril del 2014 por S/600,000. Este también fue girado a nombre del conserje Puerta Gutiérrez, encargado de cobrar el dinero en efectivo y de entregárselo a Tejeda.
Posteriormente, añade, el gerente general de Obrainsa se comunicó telefónicamente con Vizcarra para informarle que vaya a su oficina. “Entre los días 4 al 7 de abril 2014, por la tarde, se realizó la [segunda] entrega en un sobre manila conteniendo los S/600,000 en efectivo, que fueron recibidos personalmente por Vizcarra Cornejo”. En total, a Vizcarra, según el colaborador, se le entregó S/1’000.000 en efectivo más los S/35,985.65 cancelados a la empresa ATSA por el alquiler de una avioneta.
La avioneta alquilada
El 2 de diciembre del 2013, cuando el consorcio ya había ganado la obra, Elard Tejeda recibió una llamada de Martín Vizcarra desde Moquegua en la que le pidió “que le alquile una avioneta, porque tenía urgencia de reunirse con unas personas que se encontraban en Lima y necesitaba que los trasladen a Tacna o Ilo por el día para reunirse con él. En la llamada, según el testimonio, le indicó que el costo de este servicio sea “a cuenta de lo pactado”, refiriéndose al pago ilícito acordado que debía dársele por la adjudicación” a favor del consorcio que conformó Obrainsa y Astaldi. El Comercio tuvo acceso a los correos electrónicos que confirman de la aeronave.
Tejeda de inmediato le encargó a su secretaria Ana Ellen que solicite cotizaciones para alquilar una avioneta. Ella se puso en contacto con la empresa Aerotransporte S.A. (ATSA) para solicitar el costo del alquiler de una avioneta y recibió por parte de Ricardo Jaime Descailleaux Becker (a través de su correo RDescailleaux@atsaperu.com), ejecutivo de planeamiento comercial de la empresa ATSA, una cotización por S/28,829.01.
Esta cotización fue enviada por Ellen a Tejeda Moscoso, su jefe, quien a su vez se la remitió a Vizcarra, a la cuenta de correo electrónico presidencia@regionmoquegua.gob.pe. Estimado Martín: Adjunto cotización requerida. Saludos, Paul Tejeda”. Al día siguiente, el 3 de diciembre, Vizcarra respondió a Tejeda que le envíe la cotización porque “solo llegó 02 gráficos”. Estos correos fueron enviados el mismo 2 de diciembre del 2013.
Ese mismo día, a las 11:38 a.m., Ricardo Jaime Descailleaux Becker (RDescailleaux@atsaperu.com), envió un correo electrónico a Ellen y adjuntó la cotización de la aeronave disponible modelo Beechcraft 1900C, por un total de S/35,985.64, indicando que el servicio se facturará a Obrainsa y detallando el número de cuenta bancaria para que se proceda con la cancelación, así como la programación del vuelo para el mismo día martes 3 de diciembre del 2013 a las 13:30 horas.
Ellen recibió en copia una comunicación de Descailleaux Becker (RDescailleaux@atsaperu.com), el mismo día a las 11:53 a.m., en el que le solicitaba la confirmación de la transferencia del dinero y la lista de pasajeros. La secretaria reenvió esta última comunicación al correo institucional de Vizcarra (mvizcarra@regionmoquegua.gob.pe), con copia a Tejeda (paul.tejeda@obrainsa.com.pe), en el que le solicitó “le indique la lista de pasajeros que viajarían en la avioneta, toda vez que la empresa ATSA requería esa información”.
Casi una hora y media después, a la 1:18 p.m., Vizcarra respondió al correo de Ellen con copia a Tejeda Moscoso con el asunto “Relación de pasajeros” y detalló los nombres de los pasajeros que abordarían el avión: Luis Arce Catacora, Viviana Caro Hinojosa, Edwin Rojas Ulo, Jorge Manrique Arduz, Roxana Mallera Mamani y Saúl Linares Beza. Al final de dicho correo electrónico el señor Martín Vizcarra Cornejo se despidió con las palabras: “Saludos, Martín Vizcarra”.
Este Diario comprobó que todas estas personas eran altos funcionarios del gobierno de Evo Morales. El ministro de Economía, Arce Catacora, era quien encabezaba la delegación conformada por la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro; el ministro de Consejería de la Embajada de Bolivia en Perú, Jorge Manrique Arduz; y el viceministro de Tesoro Público, Edwin Rojas. Arce Catacora es actualmente candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales. Las elecciones se realizarán este 18 de octubre.
Todos ellos arribaron al Terminal Portuario de Ilo y fueron recibidos por Martín Vizcarra, tal como lo registraron los medios locales. En aquella oportunidad, el ministro boliviano Arce manifestó que “evaluaban con optimismo” la alternativa de exportar sus productos por el Puerto de Ilo en corto plazo. Vizcarra indicó que “estas visitas fortalecen la propuesta del gobierno regional para priorizar la modernización del Puerto de Ilo y la construcción de un ferrocarril para integrar a ambos países”.
Ese mismo día, 3 de diciembre, a las 4:43pm., Ana Ellen envió un correo electrónico a Martín Vizcarra Cornejo (mvizcarra@regionmoquegua.gob.pe) con copia al señor Elard Paúl Tejeda Moscoso (paul.tejeda@obrainsa.com.pe) en el que adjuntó el correo enviado por ATSA confirmando el servicio y realizando las indicaciones de ingreso.
Posteriormente, la empresa ATSA procedió a girar la factura N°001-0044816 a Obrainsa por concepto de Transporte de pasajeros, por un total de S/35,985.65, que fue cancelada días después, el 12 de diciembre. Este Diario accedió a la factura y relación de pasajeros. ¿Por qué una empresa que había ganado la buena pro de una obra, tres días antes de firmar el contrato con el gobierno regional de Moquegua paga el alquiler de una avioneta con pasajeros que se reunirían con el entonces gobernador?
La obra –según el contrato– debía ser culminada en 300 días calendario, sin embargo, se hicieron varias ampliaciones y recién el 23 de marzo del 2016 se entregó la obra; es decir, dos años después del tiempo acordado. En total, se pagó S/115’443.003. Es decir 35 millones 443 mil soles más del dinero pactado, y este proyecto no ha logrado su objetivo de irrigar las Lomas de Ilo.

-Confirman los correos y las visitas de Vizcarra a Obrainsa-

Según fuentes confiables de este Diario, el viernes último las dos secretarias de Obrainsa -Carmen Ríos Quintana y Ana Ellen- declararon al fiscal Juárez que vieron a Vizcarra en dos oportunidades. Ríos señaló que recibió a Vizcarra en abril del 2014 y lo condujo hasta la oficina del exgerente general de Obrainsa Elard Tejeda; Hellen confirmó la autenticidad de los correos que intercambió con el entonces gobernador regional para el alquiler de una avioneta en diciembre del 2013.
La semana pasada se realizó también una diligencia en las instalaciones de esa compañía para extraer una copia espejo de los servidores para corroborar la autenticidad de los correos. El fiscal Juárez, los peritos del Ministerio Público y los ingenieros de sistemas de Obrainsa estuvieron presentes.
-Los acuerdos para justificar el pago-
El aspirante indica que antes de la entrega de la oferta técnica y económica el consorcio ganador, Obrainsa y Astaldi acordaron celebrar un contrato por concepto de “Prestación de Servicios de Asesoría Técnica para Elaboración de Propuesta Técnica – Proyecto Construcción Línea de Conducción N° 1. Jaguay-Lomas de Ilo, por S/ 1’352,385.00.
Este acuerdo se hizo para justificar el dinero que se le entregó indebidamente -según el aspirante- por Vizcarra, “acordando que éste sea pagado por Obrainsa con cargo a dividendos, para lo cual se calculó e incrementó los impuestos correspondientes”.
-Descargos-
A través de la oficina de prensa de Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra “negó rotundamente” lo que ha declarado el aspirante a colaborador eficaz 10-2018 y respondió a El Comercio que es “absolutamente falso”. “Siguen manchando honras”, sostuvo. Mónica Moreno, jefa de prensa de Palacio de Gobierno, indicó que Vizcarra “se acuerda mucho de la época y de las cosas que pasaron”. “Esa obra la convocó y adjudicó Unops”, agregó.
Sobre el alquiler de la avioneta mencionado por el aspirante a colaborador como un “adelanto” del pago ilícito, desde Palacio afirmaron que funcionarios bolivianos se comunicaron con el GRM para decirles que querían viajar a Ilo. “El presidente reconoce a toda la lista. Como la empresa tenía interés de que vinieran, ellos dijeron: ‘Nosotros los traemos’”, dijo.
Moreno sostuvo que Vizcarra fue en carro de Moquegua a Ilo. “Eso no es oculto, no es nada ilegal ni nada. Fueron ellos [Obrainsa] quienes pagaron por la avioneta. Estuvieron en Ilo y luego se regresaron. El presidente señala que tuvo una participación como autoridad que recibe a otra y que probablemente haya correos de la empresa preguntándole quiénes vienen”, añadió.
-Obrainsa investigada-
Obrainsa se encuentra incluida como persona jurídica en la investigación que sigue el Ministerio Público junto a otras 16 empresas que formaron parte del Club de la Construcción. También figura como tercero civil responsable en el proceso.
La fiscalía señala que las compañías del ‘club’ se habrían repartido obras entre 2011 y 2014. En el caso de Obrainsa, las obras en las que participó y que forman parte de la investigación son la del Tramo 2: El Arenal- Punta de Bombón y la construcción de un corredor vial en Piura.
Por este último proyecto, la contraloría también identificó que Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, realizó pagos indebidos por S/2.5 millones al Consorcio Gestiones Viales del Norte, del que formó parte Obrainsa.
Elard Tejeda Moscoso, propietario de Obrainsa, está siendo investigado por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias en modalidad agravada y organización criminal.
Estas son las que Obrainsa ganó cuando Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones, vicepresidente de la república y presidente constitucional del Perú.
Martín Vizcarra – Ministro de Transportes:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP- PE-1N- PAMPLONA-SAN JOSÉ – CAJATAMBO – EMP. PE-18
Convocatoria: 30/12/2015
Buena pro: 23/09/2016
Empresa: Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/144’731,157.17
Valor adjudicado: S/142,488,707.44
Firma del contrato: 31/10/2016
Fecha prevista de fin de la obra: 2/11/2021
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA CENTRO- SUR DEL PAIS
Convocatoria: 26/06/2015
Buena pro: 7/11/2016
Empresa: CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ, conformado por Ingenieros Civiles Y Contratistas Generales S.A. Iccgsa (38.00 %); Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa 37.00%); Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú (25.00 %)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/220’749,696.50
Valor adjudicado: S/220’528,310.30
Firma del contrato: 7/12/2016
Fecha prevista de fin de la obra: 1/7/2018
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH Y JUNÍN
Convocatoria: 26/10/2016
Buena pro: 01/02/2017
Empresa: CONSORCIO PUENTES REGIONALES, conformado por Obras de Ingeniería S.A- Obrainsa. (38.00 %); Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICCGSA (37.00 %); Construcciones Y Promociones Balzola S.A. Sucursal Del Perú (18.00 %); Constructora Duran S.A. (7.00 %)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/190’252,949.62
Valor adjudicado: S/183’980,033.65
Firma del contrato: 01/03/2017
Fecha prevista de fin de la obra: 30/08/2018
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Martín Vizcarra– Vicepresidente de la República:
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL RÍO PIURA DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA
Convocatoria: 07/08/2017
Buena pro: 29/08/2017
Empresa: CONSORCIO HCC, conformado por Obras de Ingeniería S.A.Obrainsa (40.00 %); Herdoiza Crespo Construcciones S.A. Sucursal Perú (30.00 %); EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. (30.00 %)
Entidad: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL
Valor referencial: S/232’944,270.72
Valor adjudicado: S/64’375,065.09
Firma del contrato: 21/09/2017
Fecha prevista de fin de la obra: 12/12/2017
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SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LA RUTA NACIONAL PE – 1S, SECTOR ATICO KM 731 + 000 (CARRETERA PANAMERICANA SUR)
Convocatoria: 07/08/2017
Buena pro: 11/08/2017 (contratación directa por situación de emergencia)
Empresa: Obrainsa
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/4’318,652.50
Valor adjudicado: S/4’318,652.50
Firma del contrato: 14/08/2017
Fecha provista de fin de la obra: 14/09/2017
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OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA – EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE, EMPALME, RUTA PE- 5N (LA CALZADA)
Convocatoria: 01/06/2017
Buena pro: 27/06/2017
Empresa: Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/67’986,406.40
Valor adjudicado: S/.67,986,406.40
Firma del contrato: 18/07/2017
Fecha provista de fin de la obra: 09/07/2018
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Martín Vizcarra– Presidente de la República:
SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA DV. MARCONA – DV. PUERTO LOMAS Y TANAKA – PUERTO INKA Y DV. CHAPARRA- PUENTE CHAPARRA
Convocatoria: 03/08/2018
Buena pro: 29/11/2018
Empresa: Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa)
Entidad: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Valor referencial: S/91’298,599.53
Valor adjudicado: S/79’475,132.80
Firma del contrato: 28/12/2018
Fecha prevista de fin de la obra: 30/12/2019
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Vizcarra se contradice sobre si conocía o no el valor con el que Obrainsa se adjudicó obra en Ilo

En medio de la investigación sobre el contrato de Obrainsa-Astaldi por el proyecto de Las Lomas de Ilo el presidente Martín Vizcarra indicó que no conocía la cifra, dado que el concurso lo llevaba adelanta Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).
Este es uno de los argumentos que brindó el aspirante colaborador eficaz, quien detalló a la Fiscalía que dicha información supuestamente fue brindada por el entonces gobernador regional de Moquegua a Obrainsa para se adjudique el proyecto.
“[¿Acudió a la reunión convocada el 3 o 4 de noviembre en San Isidro?] En esa oportunidad no. Podía viajar a Lima como todos los gobernadores, pero en esa fecha, en esa oportunidad no tuve ninguna reunión, en absoluto”, aseguró en entrevista en Panorama.
“Unops tiene completa reserva de todo el proceso. Quien tiene que responder es Unops. Ellos llevan todo el proceso y lo mantienen con absoluta reserva hasta que, finalmente, dicen cuál es el ganador. Nosotros, en este y cualquier proceso, no tenemos acceso a la información […] No puedo dar la cifra porque no la conozco”, comentó.
Sin embargo, en otro momento de las declaraciones en Panorama, el mandatario reveló que para el proyecto ellos brindaron el valor referencial del proyecto.
“Nosotros le dimos el monto referencial (del proyecto a Unops)”, expresó, tras indicar que con ello se realizó el estudio de mercado.
Fuente: Diario Gestión.

Martín Vizcarra reconoce que tramitó vuelo de autoridades bolivianas con Obrainsa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reconoció que participó en las coordinaciones para que el consorcio en el que participó Obrainsa alquile una avioneta que trasladó a funcionarios de Bolivia en diciembre del 2013, cuando era gobernador regional de Moquegua, y aseguró que este trámite fue “totalmente transparente” y que no prueba que haya recibido algún pago ilícitos de esta empresa que es parte del ‘Club de la Construcción’.
“El gobierno boliviano, por varios años atrás, tenia interés en el puerto de Ilo porque la carga de salida e ingreso de Bolivia va por puertos chilenos. Yo, como gobierno regional, invito al gobierno de Bolivia para que use el puerteo de Ilo”, aseguró el presidente en una entrevista al programa “Panorama”.
El mandatario señaló que Obrainsa corrió con los gastos del vuelo que no benefició a ningún interés particular como parte de la “responsabilidad social” que asumen las empresas al ganar proyectos de licitación.
“Eso es absolutamente transparente y parte de la responsabilidad social de la empresa para el entorno donde va a ser el proyecto y precisamente tiene una relación directa. Luis Arce, ministro de Economía, es uno de los candidatos para las elecciones de Bolivia, es una persona que tiene toda una vida dentro de la administración pública muy reconocida que vino en función de constatar la capacidad logística del puerto de Ilo y comenzó a derivar parte de la carga boliviana de Chile a Perú”, añadió.
Martín Vizcarra destacó que todas estas coordinaciones se hicieron a través de correos institucionales y que las autoridades de Moquegua estaban al tanto de que se había coordinado el vuelo con el consorcio de Obrainsa.
“[¿Le preocupan los correos electrónicos?] En absoluto. Es completamente transparente”, resaltó.
Fuente: Diario Perú21.

Villasís: “Unops desmiente la versión que dio el presidente Vizcarra”

La periodista Graciela Villasís indicó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), desmintió la versión que el presidente Martín Vizcarra brindó hace unos días sobre la licitación de la obra Lomas de Ilo que el consorcio Obrainsa-Astaldi ganó en el 2013, cuando este era gobernador regional de Moquegua.
Durante una entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde, la jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio precisó que Unops aclaró que si bien estaba encargada de recibir las bases y la convocatoria del concurso para la citada obra, la buena pro para la firma del contrato correspondía al Gobierno Regional de Moquegua.
“De esta manera Unops desmiente la versión que dio el presidente Vizcarra el día domingo. También desmiento lo que él dijo en relación a que ellos eran encargados de hacer el estudio de mercado y ellos eran encargados de poner el valor referencial”, dijo.
En relación a una supuesta solicitud a Obrainsa que hizo Vizcarra sobre el pago del alquiler de una avioneta para el traslado de un grupo de personas desde Lima a Moquegua, Graciela Villasís señaló que “claramente es un favor” que hace la empresa al entonces gobernador regional. De esta manera, la periodista cuestionó la versión del mandatario, quien afirmó que el arriendo de la nave era parte de una “responsabilidad social” empresarial.
“Si Obrainsa lo hizo por un tema de responsabilidad social, (por qué) en los correos se dirige al señor Paul Tejeda y le dice ‘me podría por favor enviar toda la cotización sobre el alquiler de la avioneta porque solo me han llegado dos páginas. Entonces, el presidente Vizcarra señala que él no sabía nada de eso y que lo hizo esa empresa por responsabilidad, ¿por qué pregunta por el costo de la avioneta?”, expresó.
Como se recuerda, el pasado domingo El Comercio accedió al testimonio de un nuevo aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, quien declaró ante el fiscal Germán Juárez que la empresa Obrainsa hizo un pago ilícito de S/1 millón a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua en el 2013.
Ese mismo día el Jefe de Estado rechazó el citado testimonio y señaló que la información aparecía luego que reclamó avances en las investigaciones del caso Lava Jato. Durante la noche en el programa Panorama, el mandatario Martín Vizcarra afirmó que desconocía el monto final que fijó la Unops para el proyecto Lomas de Ilo, ya que su gestión sólo prepara un expediente técnico con montos referenciales.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Ávalos: Decisión del MP marca un hito porque la tradición era que a los presidentes no se les investiga

Fiscal de la Nación precisó que los hechos del caso Richard Cisneros ya vienen siendo investigados en la primera instancia.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, justificó su decisión de abrir investigación preliminar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en el caso de Richard Cisneros, pero al mismo tiempo suspender las indagaciones contra el mandatario hasta el 28 de julio del próximo año, cuando concluya su mandato.
Señaló que en principio su decisión marca un hito en la historia del Ministerio Público, porque con los anteriores presidentes en ejercicio la decisión que tomaban sus antecesores era no investigarlos, y las denuncias se archivaban, lo que no ha ocurrido en esa ocasión.
“La posición jurídica en el Ministerio Público durante años ha sido no abrir investigación a un presidente que está en mandato, y se ha archivaba (…) En este caso (de Vizcarra) tiene una particularidad, que hay una investigación de un mes”, señaló.
Sin embargo, en entrevista con Punto Final de Latina, explicó que esto no significa que la investigación al presidente va a quedar archivada hasta el próximo año.
Según dijo, los hechos que involucran al presidente ya son materia de indagación a través de otros coacusados, algunos a cargo de la fiscal provincial, y otros, como el caso de la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, a cargo de su despacho, pues goza del antejuicio político.
“¿Eso significa que la denuncia contra el presidente se va archivada en la gaveta? No. Los mismo hechos están siendo investigados, unos por la primera instancia, y yo estoy investigando a la exministra (Patricia)Balbuena. Nosotros no investigamos personas, nosotros investigamos hechos que comprometen personas”, señaló.
Era necesario calificar delitos
Sobre la decisión de calificar desde ya los eventuales delitos en que habría incurrido el presidente Vizcarra, el Fiscal de la Nación dijo que era necesario hacerlo desde la investigación preliminar, pues de lo contrario, la opción que quedaba era archivar.
“Consideramos que era necesario calificar (los delitos), caso contrario tendría que haber archivado, y hubiera sido un archivo definitivo, pues tendría la condición de cosa decidida, y esos hechos ya no los podían haber denunciado el 29 de julio, salvo que aportara nuevos elementos”, señaló.
Quieren desacreditar investigación
Tras señalar que ya notificó al presidente Vizcarra de su decisión de abrir una investigación preliminar en su contra, la fiscal Ávalos desmintió que exista algún acercamiento entre ella y el mandatario, y dijo que estos comentarios solo tratan de desacreditar las investigaciones que realiza su institución.
“¿Cercanía?, ninguna, es un afán de desacreditar. ¿Qué prueba hay que tengo una cercanía con el presidente? ¿Alguna vez me han visto tomando un café, conversando con él? Jamás. Mi relación ha sido con él enteramente funcional, como lo es con todos. No tengo ninguna relación con ningún ministro, ni con el presidente ni con nadie, pero de alguna forma tenían que desacreditar las investigaciones que estamos haciendo”, afirmó.
Asimismo, adelantó que no se inhibirá de investigar al presidente Vizcarra, como lo ha pedido el procurador Amado Enco, y tampoco retirará su pedido para que la exasistenta de Palacio de Gobierno, Karen Roca, se retracte de lo que dice de su persona en uno de los audios.
Ese audio se refiere a que, en una reunión del Consejo de Estado, Ávalos se habría reunido con el presidente Vizcarra para organizar un complot contra los congresistas Omar Chehade y Edgar Alarcón.
Al respecto, precisó que en principio su pedido no tiene relación con los audios en que participa el Presidente de la República, sino con otros, y además porque la misma ley orgánica del Ministerio Público no contempla esta situación como causal para inhibirse de una investigación.
Fuente: Diario El Peruano.