Vigencia de la propuesta del Padre Felipe MacGregor

Por CECILIA BÁKULA- ElMontonero.pe
En estos tiempos tan agitados, preocupantes y cargados del sentimiento de zozobra, bien le haría al Perú, en su conjunto, recordar la propuesta que hizo un peruano, un gran peruano, y que como filosofía fue incorporada a sus fundamentos por las Naciones Unidas y la UNESCO.
Por la crisis política y la presencia de esta pandemia devastadora, nuestro pensamiento pareciera no encontrar un foco de atención y orientación que nos libere de las sensaciones de angustia. A ello agregamos que, en los últimos tiempos, los conflictos que vive el mundo, y aquellos que añade nuestro país, se dan siempre con asomos de violencia y el resultado parece obvio: vemos debilitados, si no desaparecidos, los sentimientos de cohesión y de pertenencia. Los sentimientos de identidad y de comunidad que existen son, a veces, muy difíciles de definir. Y en tiempos de Bicentenario, más difíciles aun de identificar.
No obstante, vale señalar que en su momento el Perú fue creador de una propuesta de cultura de paz. Y se le debe a una extraordinaria persona y mente brillante: Felipe E. MacGregor SJ Un sacerdote de impecable formación y mejor desempeño de vida, quien propuso entender a nivel global –y por lo tanto, dentro de nuestras fronteras y vidas– que la mejor herramienta contra la violencia, la desesperación y el enfrentamiento es el apego a una “cultura de paz”. Y así lo entendió la Organización de Naciones Unidas, que asumió esa propuesta como propia.
El pensamiento del Padre Felipe MacGregor debería ser hoy puesto nuevamente sobre el tapete y difundido como una herramienta de reflexión. El vivió en carne propia los años más aciagos de la violencia terrorista. Y ante esa realidad que desangraba al Perú, como otras realidades lo hacen en el presente, su pensamiento fue siempre de paz, tolerancia y visión de futuro. “Cada época en la historia tiene sus riesgos y sus posibilidades. Lo difícil de cada una de ellas es saber evitar los primeros y potenciar las segundas. En una época como la actual, en la que la violencia nos amenaza en cada esquina y en la que, además, los medios de comunicación se empeñan en hacerla súper presente, creo que hay que potenciar a la población, mucho tiempo desposeída, en la vida, en la conducción del país, en el gobierno”(*).
Hace ya treinta años que la Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando que “si la guerra, empieza en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben levantarse los baluartes de la paz”, aprobó la Declaración y Programa sobre una Cultura de Paz, cuyo trasfondo filosófico y principista fue aportado por el R. P. Felipe MacGregor, quien logró captar la atención de dos destacados Secretarios Generales de la UNESCO: Amadou-Mahtar M’Bow y Federico Mayor, quienes se convirtieron en impulsores de la cultura de paz.
Y el Perú –que a través de la educación no viene promoviendo ni el recuerdo ni el conocimiento de sus raíces; menos de su historia, de sus héroes, de sus riquezas naturales o de su gente– bien podría hacer un esfuerzo para poner en valor el conocimiento de esta cultura de paz, que no se refiere solo a la inexistencia de la guerra armada, sino también a la educación de los ciudadanos en el aprendizaje y la vivencia constante en los valores de la cooperación, la igualdad, la justicia y la solidaridad y, ciertamente, el cumplimiento de los deberes de cada uno.
En estos tiempos en que la muerte nos ronda y que la violencia se presenta de maneras solapadas, ocultas, y que vemos permanente desatención a los ciudadanos por parte (muchas veces) de las autoridades, la cultura de paz tendría que ser un ingrediente indispensable en nuestra propuesta de diálogo político, dejando de lado el común enfrentamiento al que nos someten quienes gobiernan. Dentro del respeto a las diferencias e incluyendo, por supuesto, la tolerancia y el respeto mutuo.
No solo fue el R.P. Felipe MacGregor quien hizo suya la difusión y puesta en práctica de esa cultura de paz. A lo largo de la historia, muchos hombres han dado la vida para hacernos comprender que la no violencia es la mejor respuesta, y es por ello que serán siempre actuales y vigentes las palabras de Martin Luther King: “La resistencia no violenta no es un método para los cobardes. Es una verdadera resistencia. Por ello Gandhi decía tan a menudo que si la cobardía es la única alternativa de la violencia, es preferible luchar… Si bien es cierto que el resistente no violento es pasivo en el sentido de que no es físicamente agresivo hacia su adversario, su mente y sus emociones no son menos activas, procura constantemente convencer a su adversario de su error. No es una no resistencia pasiva al mal, sino una resistencia no violenta activa al mal”.
Todos, en todos los ámbitos de nuestra vida estamos llamados a ponerla en práctica. Máxime ahora cuando podrían generarse ideas de violencia debidas a la pandemia, el confinamiento, la muerte, la desesperación y la comprobación de ser parte de una sociedad nacional en la que sus gobernantes y autoridades, no alcanzan a cumplir sus obligaciones mínimas de atención a los ciudadanos. Ante ello hay que expresar que la violencia nunca es la solución, y que por paz, debemos entender la obligación de todos no solo de callar las armas, sino ser capaces de construir una sociedad más unida, justa y solidaria.
Mirando el Perú hacia su Bicentenario, esta es una de las muchas tareas pendientes.
* Tomado de Ideele Nº 166 . Octubre 2004.

Por José Lucas Zegarra Granda- Diario El Pueblo de Arequipa
Ayer enterré a un ciudadano que se sabía que tenía COVID-19, y digo que se sabía por la confirmación de la familia, reflejado también en algunos miembros presentes “en el último adiós”, que habían contraído el virus. Lo extraño es que la realidad no coincidía con el papel, su certificado de defunción decía que murió por pulmonía, se sabe que este certificado lo da el médico tratante o el medico que constata la muerte, según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), el sentido de esta reflexión inicial no es encontrar culpables o mucho menos buscar responsables, esta es una práctica populista imprimida en los noventa que debe ser descartada, donde solo habla la indignación nublando nuestro sentido analítico y propositivo para seguir sumando.
Hay razones lógicas, porque las interpretaciones pueden ser varias a raíz de lo sucedido, una versión de ellas es que familia allá pedido que sea así, en un sentido reservado, por miedo al rechazo de la población al tener COVID-19, convirtiéndose a todas aquellas personas que son familiares, amigos o han estado en vinculación a un caso positivo, quedan marginadas y ejercen sobre ellas una discriminación social, convirtiéndose en un grupo vulnerable no reconocido para el Estado ni para la opinión pública. En lo cotidiano se le niega las compras en los mercados o centros de abasto, no pueden entrar a algunos lugares que frecuentaban y es violada su intimidad personal al hacerse público su estado de salud, empeorando la salud mental de las personas que luchan contra la COVID-19. Sin considerar la variable socioeconómica de cada persona, recordemos que ya teníamos problemas estructurales como la pobreza, la informalidad, el desempleo, las brechas en agua y saneamiento, entre otras variables que son transversales al tema de la salud. Por ejemplo una mujer quechua-hablante, adulta mayor, pobre, desempleada, viviendo en una casa alquilada en Atalaya (Pueblo Joven en el Distrito de Mariano Melgar), mujer y con COVID-19, tiene una séptima duplicada vulnerabilidad. Es cierto que el virus no discrimina a nadie, pero si hay diferencias en los medios e instrumentos que tienen las personas para combatir, reflejado en la manera de cómo se atienden, en hospitales y en clínicas.
Otra explicación es el colapso del sistema de salud de nuestros establecimientos de atención primaria. El ciudadano no se siente seguro cuando tiene una gripe, esto no es debido a que no sabe cómo tratarla, sino porque no sabe dónde atenderse. No hay defensa que valga en un sistema de salud que no está disponible, porque carece de medicamentos, la ivermectina, no hay médicos especializados sino generales, atienden en horarios de oficina de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y se curan a las enfermedades pero no se tratan personas. En la accesibilidad, hay anexos o pueblos jóvenes que no tienen posta médica, hay que caminar dos horas y media para llegar al centro de salud más cercano (anexos del distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco). En la aceptabilidad del servicio por parte de población es reticente, tenemos antecedentes, como las esterilizaciones forzadas a las mujeres campesinas, obligando a tomar la opción de la automedicación o buscar medicina natural, valgan verdades las y los abuelos han sido médicos de primera línea en casa por sus conocimiento culturales y ancestrales. Y en la efectividad del servicio de salud, siempre es un dolor de cabeza ir a hacerse atender, por las colas, el maltrato a las gestantes jóvenes, la poca consideración a los adultos mayores, concluyendo que el servicio se puede brindar, puede llegar a ser accesible, pero no es humano, no es de calidad.
Y una última explicación al certificado de defunción en el dilema del fallecimiento por COVID-19 o por pulmonía. Está se puede dar por tos persistente y fiebre, agravándose en el tiempo si no se trata medicamente. El problema es la identificación de las muertes en pandemia, recordando que no todas las personas que están falleciendo se sabe que tienen COVID-19, mucho menos se están realizando pruebas rápidas a los cadáveres, sino depende de la sintomatología que tiene el paciente antes de morir, es así como se otorga los certificados de defunciones, haciendo hincapié que nadie estaba preparado para la crisis, pero todavía podemos hacer algo más.
En el 2019 en el mes de junio en el departamento de Arequipa fallecieron 280 personas según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), siendo el 17% de las muertes por infecciones respiratorias como neumonía, neumonía bacteriana, bronco neumonía, neumonitis, enfermedades pulmonares e infecciones agudas, sumando 48 personas aproximadamente. Ahora en junio del 2020 han fallecido 1192 personas, a comparación de 596 y 489 personas en los años 2019 y 2018 respectivamente, y en el mismo mes, lo que quiere decir que han aumentado en 48.5% las muertes de arequipeñas y arequipeños, casi duplicado la cifra de muertes de años anteriores. Sigamos.
Entonces para ver la cifra soterrada de muertes reales por COVID-19 o al menos aproximarnos en el departamento de Arequipa, aplicamos el mismo 17% como referencia, 203 personas murieron por infecciones respiratorias en junio del 2020, y por causa general de fallecimiento suman en total 653 personas. Este último número, es sí el COVID no hubiera llegado al departamento de Arequipa y no estuviéramos en cuarentena o aislamiento social obligatorio.
Por el coronavirus según el Ministerio de Salud (MINSA) han fallecido en el departamento de Arequipa 215 personas en junio del 2020, sumando al total de fallecidos promedio en Arequipa para este año 868 personas. Entonces las muertes que no se han registrado y son posible COVID-19 son 324 personas, abarcando el 27.2% de los fallecimientos en Arequipa que no registra nuestro Sistema de Salud. Es una tercera parte de los fallecimientos en Arequipa que no son registrados y son posibles casos de COVID-19. Muchos familiares, amigos, hermanas, tías y demás que mueren en casa, que mueren en provincias.
Así como comenzamos enterrando a alguien ayer, teniendo COVID-19 pero con certificado de defunción por pulmonía, por razones subjetivas u objetivas, de colapso del sistema de salud o a causa de una tardía acción, está sucediendo hoy en el departamento de Arequipa. Las cifras solo son referenciales, porque solo bastaría ir al Hospital Goyeneche o al Hospital Honorio Delgado, tal vez entrevistar a Cecilia Capira para entender que nuestras calles se tiñen de rojo, y el blanco de la paz regresara con la vacuna, será una espera en el quirófano de un pueblo que aclama salud para seguir respirando.

Las mujeres que no pudiste silenciar. Carta abierta a Luis Jaime Castillo Butters

Luego de que el exministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Butters, fuera denunciado por varias exalumnas por una serie de delitos de carácter sexual, este empezó su defensa a través de una querella por difamación en contra del periodista estadounidense que publicó el reportaje, Michael Balter, quien recibió una carta notarial del abogado Raúl Canelo. El argumento en contra de Balter, según Canelo, es que este, al recoger las denuncias contra Castillo Butters, está actuando “con una visión imperialista” basado en un “colonialismo cultural” (¿?).
Pero el problema no solo es el ridículo argumento de Canelo para defender a su cliente, sino que hay un serio conflicto de intereses, pues Canelo también asesora legalmente a la PUCP en casos de violencia de género. Es decir, de defender a las víctimas, pasa a defender a un sospechoso de violencia de género. Debido a ello, representantes de organizaciones estudiantiles y feministas de la PUCP exigen a sus autoridades que corten todo vínculo con este estudio de abogados.Frente a continuos actos de hostigamiento, que incluyen cartas notariales enviadas a quienes difundan las denuncias contra Castillo Butters, las mujeres sobrevivientes a la violencia ejercida contra ellas, le mandaron una carta abierta en la que sostienen que son más que los siete testimonios publicados por Balter y que no se van a detener hasta encontrar justicia:
10 de julio de 2020
Luis Jaime Castillo Butters,
Somos algunas de las mujeres que, a lo largo del tiempo, te has encargado de invalidar -una y otra vez- cuyos límites y fronteras has invadido; cuya humanidad no has respetado, cuyos cuerpos has explotado y cuyas inocencias te has robado. No somos todas. Debes saber que somos muchas más. De todos modos, somos suficientes.
Escuchamos tu entrevista. Escuchamos cómo nos ha tratado de callar una vez más usando tus formas habituales. Pero queremos que sepas que tus amenazas no funcionan. En realidad, nunca funcionaron. Y eso, en el fondo lo sabes: nunca lograste callarnos; nuestras palabras e historias se han contado a muchas personas y seguiremos rompiendo el silencio.
Nos criticas por mantenernos en el anonimato. Porque te hace sentir amenazado. Porque se han cambiado las reglas y te das cuenta de que tu poder está siendo desarmado. Tienes miedo del anonimato porque crees saber quiénes somos, pero no estás del todo seguro. Después de todo, le has hecho daño a tantas mujeres.
Hemos roto nuestro silencio de manera pública por varias razones: porque ha llegado el momento, porque el dolor que nos ha tenido ha llegado a sanar y porque ahora contamos con una red de apoyo internacional. Lo hacemos también porque todas tenemos una responsabilidad ética de proteger a las personas que se cruzan en tu camino. Luchamos por negarte la posibilidad de hacer más daño a tus estudiantes y colegas. Ya ha llegado el momento para poner fin a tus abusos. Ha llegado el momento de desmantelar la arquitectura de impunidad que ha facilitado tu ascenso al poder. Pero esto ha llegado a su fin.
Hemos analizado la entrevista que le brindaste a Perú21. Queremos responderte a ti y a todas las personas que han creído -por algún momento- lo que dices ahí, cuestionando nuestras historias y nuestras voces. La transcripción de la entrevista puede ser encontrada al final de esta carta. Particularmente, no ha sido una sorpresa para nosotras el escucharte hablar de esta manera, lo fácil que es para ti mentir y tergiversar nuestra historia. Intentas distraer, contrarrestando nuestras voces con argumentos ad hominem y argucias. Utilizas las defensas típicas de un abusador; algo claro para cualquier persona que tenga una idea de cómo es que los abusadores hablan y actúan. Pero debemos reiterar que, conociéndote, no esperábamos nada diferente de ti.
Tenemos algunas preguntas para ti –preguntas que el periodista debió hacerte, pero tal vez estaba demasiado asustado para hacerlo. Después de todo, hiciste esta amenaza pensando que pasaría desapercibida:
CASTILLO: [28:12] Mire, yo no le digo que vote por mí, pero también le pediría, porque alguna vez tuvo un problema con Perú21 con el asunto de las minas, entonces, -yo lo que le he dado es mi versión y espero que no, no, no, no se tergiverse- siempre corre uno el riesgo, ¿no?
Pero antes de ir al final de la entrevista, comencemos por el inicio. Mencionas que somos anónimas, mujeres sin rostro, identificadas solo con letras. Pero también mencionas que sabes quiénes somos. Te equivocas al no ofrecer una narrativa coherente.
CASTILLO [4:07]: Sí, claro. Lo que pasa es que, como el mundo de la arqueología es muy pequeño, ¿no ?, podemos deducir -yo puedo deducir- quiénes son las personas que están apareciendo.
CASTILLO: [5:50] Entonces … y si es anónimo, y usted no tiene los nombres de las personas, ¿cómo hace para defenderse? Creo que estamos ante una situación muy compleja porque [6:04] hoy en día, ¿no? -pueden destruir la reputación de cualquier persona, digamos, en un… en un- con cinco letras, ¿no?
Tratando de ponderar el anonimato intentas distraer e invalidar nuestras experiencias. Deberías saber que no hacemos estas acusaciones como informantes anónimas. Tenemos nombres, rostros, memorias de tus abusos y testigos para corroborar todos los hechos.
Descartas nuestras historias, mencionando que tienes entre 20 y 100 testimonios que pueden decir lo contrario. Presentas esto como evidencia que lo que contamos realmente no pasó.
CASTILLO [11:46] Pero ninguna de las cosas que se dice ahí, digamos, son correctos. Y para descartarlas tengo el testimonio de más de 100 de mis alumnos que estuvieron presente en [ininteligible]. 100 alumnos, algunos peruanos, extranjeros, algunos en esos años y pueden confirmar que todo lo que dice este señor es falso.
CASTILLO: [18:24] Mira, lo que me parece correcto porque aquí tenemos la versión vertida por tres personas, contra la opinión que van a dar 20-30 y van a contar una historia completamente diferente, seguramente.
CASTILLO: [19:56]… la opinión de tres personas, contra la opinión mayoritaria de 40-50 no puede prevalecer, ¿se da cuenta?
Pero, somos mucho más de tres, pese a que repites esto a lo largo de tus respuestas. Pero eso no es importante, porque así hayas abusado de una sola persona, no importaría lo que 100 personas tienen para decir sobre ti. Igual, hiciste lo que hiciste y la verdad prevalecerá.
Así que, por favor, recopila las cartas de la gente que te debe favores, que te tiene miedo; o, peor aún, que ha naturalizado el hostigamiento y abuso sexual a tal magnitud que no les cree a las mujeres que levantan la voz. Y a aquellos que ponen en duda nuestra integridad les preguntamos: ¿Qué vamos a ganar, más allá de un sentido de justicia tan esperada? Luis Jaime Castillo, por más que intentes negarlo, esto nos pasó y tú lo sabes bien.
Más adelante tratas de invalidar nuestros argumentos en base a la “responsabilidad legal” sobre nosotras. Niegas responsabilidad sobre nuestras historias sobre hostigamiento sexual y abuso de poder que te acusan al mencionar que éramos estudiantes extranjeras y que nunca fuimos “tus estudiantes”. Es más, centras la discusión en nuestros testimonios, ignorando totalmente las historias de los estudiantes peruanas.
CASTILLO: [20:14] Y nunca hemos tenido ninguna queja hasta que han aparecido estas informaciones de este señor y de tres estudiantes norteamericanas. Además, no eran mis estudiantes. No eran alumnas mías. Eran tres arqueólogas que vinieron aquí, básicamente, con sus profesores para buscar un proyecto de investigación. Nunca fueron mis alumnos en el momento en que se narran los hechos. No eran de la Universidad Católica, no tenían ninguna relación con la Universidad Católica. Eran tres arqueólogas que vinieron al Perú a buscar una oportunidad de investigación.
¿Estás insinuando que un estudiante solo puede experimentar abuso sexual y hostigamiento si es que es su profesor o profesora? ¿O si es que son del mismo instituto? Muchas de nosotras participamos en la escuela de campo de San José de Moro, en la Universidad Católica (PUCP) y en algunos años en la Universidad de Harvard. Tú eras el Investigador Principal. Sin embargo, aún si no hubiéramos estado matriculadas en la escuela de campo en el momento que pasaron estos eventos, no teníamos el derecho de hacer lo que hiciste.
Poco tiempo después, atacas la manera en la que hemos decidido pronunciarnos, buscando provocarle miedo a otras personas al sugerir una mafia sin rostro que intenta quemar la academia.
CASTILLO: [22:02] Y claro, a mí me ofende mucho pero, por otro lado a mí me quita las ganas de seguir en el círculo de investigación, porque si así voy a ser de aquí en adelante y vamos a darle oídos a denuncias que vengan de Twitter, y que vengan de blogs -mire- mejor nos buscamos otra cosa que hacer, porque si van a parar, ¿no?
Del mismo modo, nuestras historias y acusaciones contra ti no comenzaron en Twitter. Hemos sido abiertas sobre tus problemas éticos todos estos años. Se lo hemos dicho a nuestros compañeros de clase y colegas, a nuestros (as) mentoras (es) y personas de nuestra red. Tu mala conducta es un secreto a voces en la academia.
¿Sabes por qué las sobrevivientes deciden hacer sus denuncias públicas a través de la prensa y de las redes sociales? Es por las formas de nuestras instituciones y su precarias vías para hacer denuncias, las cuales están diseñadas para proteger al abusador. Estas mismas nos han fallado una y otra vez. Nadie puede juzgar la manera en la que nosotras hemos y continuamos decidiendo cómo contamos nuestras historias. Quizá eso te asusta.
La tuya no es una reputación estelar que ha sido destruida por el reportaje de un periodista. Siempre has tenido una reputación de ser un abusador que se presenta con todo su privilegio como un escudo de protección. Abusaste de tu poder de manera abierta porque te creías invisible. Por eso hay tanta gente que está respondiendo de manera positiva a nuestro llamado por el cambio. Ellas (os) también han querido esto por mucho tiempo.
Presentas tu narrativa invocando el miedo a través de declaraciones hiperbólicas al sostener que las mujeres, al hablar del abuso del que hemos sido víctimas, resultará en acusaciones infundadas contra todos los profesores y académicos. Un argumento desesperado y cobarde. Muchos estudios han seguido que los informes falsos son poco frecuentes.
CASTILLO: [22:22] Van a denunciar a todos los profesores, a todos los académicos. Y lo que va a ocurrir es que nunca jamás van a querer tener un solo alumno, ¿se da cuenta?
CASTILLO [28:31] Lo que yo le he dicho fíjese es lo que es la verdad. Yo no me estoy inventando y lamentablemente, como le digo, veo un problema muy grave, porque TODOS los profesores de TODAS las áreas -de TODAS las universidades- en este momento, están bajo ataque. Y no bajo ataque por su comportamiento, porque hay sinvergüenzas, ¿no? Sino por el hecho que basta una nota en un blog, basta una acusación anónima, para destruirle la carrera, la reputación, la honra, del profesor y su familia, ¿se da cuenta? Entonces, bueno. En esos estamos, en realidad no solo un profesor, de un periodista, de un político -de cualquiera-, ¿no?
Luis Jaime Castillo, esto no es una cacería de brujas. Las sobrevivientes no salen detrás de todos los individuos en la academia, solo detrás de aquellos que han sido abusivos con su poder. El propósito aquí no es dejar a la academia sin hombres, sino dejar la academia sin personas abusivas. Así que en vez de decir que los académicos dejarán de recibir estudiantes porque las historias de abuso se están visualizando, ¿qué tal si los abusadores dejan de abusar? En realidad, es así de sencillo.
Aparte de presentarnos como portadoras de horcas que buscamos justicia de manera mafiosa, también mencionas que tenemos una visión distorsionada de la realidad porque no sabemos o tenemos lo que se necesita para ser académicas, profesoras o arqueólogas. Que somos frágiles, emocionales y débiles. Que nos falta empuje y fortaleza.
CASTILLO: [24:23] Y de los alumnos, evidentemente, viviendo ahí, ellos están ahí, mire, yo -mire-, osea, en ese ámbito, yo creo que ahora es un ambiente tenso; es un ambiente -la investigación arqueológica es un ambiente de mucha sensación, de mucho estrés, de mucho esfuerzo físico, ¿no cierto ?, donde la gente evidentemente- no? Se cansa, se ofusca, o porque se trabaja de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche y luego vive con gentes [ininteligible], ¿se da cuenta? Estos períodos de investigación en el campo son muy, muy intensos, [ininteligible] digamos, todas estas situaciones. Alguna de las personas que creo que es la [25:08] Estudiante B, por ejemplo, es una persona que estuvo en el proyecto y dice que ella tuvo mucha tensión, ¿no cierto? Y, ¡claro! El trabajo de un profesor es como trabajo de tu editor que te dice “termina la nota” antes de poner un pie fuera del edificio. ¿Se da cuenta? El trabajo del director de un proyecto es exigir y avanzar y a veces, evidentemente, eso genera, esa sensación de que hay mucha fuerza, pero lamentablemente así es la vida real, y así es un trabajo, ¿se da cuenta? En la universidad, los estudiantes creen que no, que el mundo va a ser, digamos, parecido como es la universidad, pero quien ya está en el mundo laboral se dará cuenta que eso no es así.
Tu sexismo está clarísimo. Rechazamos la manera en la que nos empequeñeces, sobre todo cómo sugieres que lo que vivió la Estudiante B era meramente “tensión” en tu proyecto. La Estudiante B no necesita que hables por ella. Ella habló fuerte y claro sin la necesidad que intervenga por ella de una manera tan paternalista y misógina.
Además, la Estudiante B sabe muy bien qué es ser exitosa en la academia. No tuvo que besarte el anillo. Ella y cada una de las mujeres valientes que han expuesto tus abusos, han triunfado sin tu ayuda académica o tus conexiones. También rechazamos tajantemente tu lenguaje paternalista y misógino hacia las mujeres, llamándonos “chicas”. No somos chicas, ni lo fuimos cuando te conocimos. Somos mujeres, y muchos años después, ahora tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros propios estudiantes.
Luis Jaime Castillo, también sabemos lo que es el trabajo duro. Nuestras familias nos inculcaron una buena ética de trabajo y persistencia, ya que muchas de nosotras hemos luchado toda nuestra vida. Nada nos fue regalado. Hemos luchado por lo que tenemos y eso nos ha hecho fuertes. Nosotras sobreviviremos esto y te transcendemos.Porque somos muchas, porque cada vez somos más. Solo un recordatorio, esto es como el Sr. Balter nos presenta:
El 2 de junio, solo unos días después de que Harvard Crimson sacó la historia contra Urton, fui contactado por una persona del colectivo de mujeres que está organizada para contraatacar los abusos en la arqueología; sobre todo en el Perú. El núcleo de este grupo tiene cerca de 15 personas al momento en el que esto se está escribiendo. Incluye profesionales del Perú, América del Norte y muchos otros lugares. Este colectivo se está reforzando con un gran número de redes de apoyo alrededor del mundo, con el número actual de personas apoyando su lucha, en los cientos.
La representación que hace el Sr. Balter sobre nosotras y nuestras redes de apoyo es correcta. Somos una colectiva organizada que está definida por la solidaridad que nos mostramos entre nosotras, al igual que una visión y un compromiso compartido. Estamos juntas. Le hemos dado nuestros nombres y afiliaciones al Sr. Balter. Él ha mantenido su promesa de proteger nuestra identidad durante todo este proceso. Él ha verificado y corroborado nuestras denuncias con testigos y fuentes. No compartió ningún tipo de información sin nuestra aprobación previa.
Para ser claras, nosotras nos aproximamos al Sr. Balter porque nos escucha y es tan valiente como nosotras. A él no le importa quién eres —solo le importa que has perjudicado a un gran número de personas. Continúas tratando de intimidarnos al decir que podríamos dejar de usar el anonimato y mirarte a la cara y así saber más de nosotras y nuestras redes de apoyo. Tratas de sacarnos a la luz. Pero, sabes, nosotras vamos a decidir si es que y cuándo nos presentamos al público. Nosotras controlamos este proceso, no tú.
Si de verdad eres tan inocente como mencionas en tu entrevista, no será difícil para ti refutar los puntos que estamos presentando. Estamos atentas a tu “evidencia”.
Las Mujeres Que No Pudiste Silenciar
PD: A todas (os) las (os) estudiantes y exestudiantes que han alzado la voz, agradecemos su apoyo. A todos (as) los que han sido intimidados (os) para no salir a contar sus historias: las vemos, las escuchamos y estamos de su lado. Tengan por seguro que persistiremos. Hacemos esto por ustedes y por las futuras generaciones de arqueólogas (os) del Perú. También queremos que sepan que al pasar de los días nuestras redes internacionales van creciendo; nuestro apoyo incluye recursos financieros para asistir a quien lo necesite si es que Luis Jaime Castillo Butters y sus aliados (as) deciden actuar con represalias.
Fuente: ManoAlzada.pe

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El alcalde de la Victoria se ha convertido en reportero. De incógnito entre su electorado, George Forsyth, cubierto de pies a cabeza y con lentes oscuros como un urraco a la caza de noticias, nos hizo saber a todos los peruanos lo que acontece en el barrio de El Porvenir, donde miles de ambulantes han tomado el parque de la zona.
El alcalde-urraco, con celular oculto, advierte que su distrito –y, en especial, el barrio de El Porvenir– es el más contagiado del Perú, es decir, el foco del contagio de la peste china en la ciudad de Lima. ¡Gracias, señor alcalde, por hacérnoslo saber! Sin embargo, más nos gustaría a los limeños enterarnos sobre qué va a hacer usted, como la máxima autoridad de su distrito, para evitar que lo que denuncia no ocurra.
Y es que el señor Forsyth pareciera querernos tomar el pelo con una vulgar estratagema de comunicación que solo engaña al que quiere ser engañado. Al exarquero de Alianza Lima nadie lo ha elegido como urraco o reportero de barrio para el distrito de La Victoria: lo votaron para que solucione sus problemas: ser el foco principal del COVID-19 en Lima es el prioritario.
El alcalde querría hacer valer la especie de que pasando por urraco estaría cumpliendo con su deber, es decir, proveyendo la solución al problema que él mismo se declara incapaz de solucionar (?) y soplándole la pluma al gobierno al mismo tiempo. Al parecer, estar en la cancha aunque sea de incógnito para que no lo linchen (quizás por consejo de su equipo de comunicaciones o vaya a saber de quién) es buen negocio para la tribuna.
Pero si en vez de un mercado de ambulantes la cancha hubiera sido un estadio de fútbol, al alcalde hace rato que le habrían metido una goleada por la huacha… ¡con él mismo reportando la monumental “hazaña”! 

De lo ridículo hoy

Por Mariella Balbi- Político.pe
El gobierno de Vizcarra se presentó, falazmente, como el paladín de la lucha contra la corrupción. Pero el hurto de poca o mucha monta campea y fuerte. Está en la compra de pruebas moleculares con sobreprecio, mascarillas y respiradores que no llegan. Ciertamente la compra del avión para la Policía, US$ 65 millones, es lo más ominoso. Ucrania no puede entregarlo. No sabemos cómo quedó este desaguisado, tampoco las irregularidades en la entrega de bonos.
Nada de ello concita la atención de Contraloría. Su último hallazgo fue titular en todos los medios: 4212 funcionarios recibieron la canasta básica de municipalidades sin ser población vulnerable. Ridículo y deleznable.
Se repartieron 2’445,817 canastas. Los 4212 funcionarios no llegan ni al 0,2%. Se subrayó que las recibieron empleados que ganaban S/10,000. ¿Cuántos son?: 51 almas. Los municipios y el gobierno con los bonos tuvieron las mismas dificultades en inventariar a los beneficiarios. Hay cuatro listas: MIDIS, INEI, MEF y SIS. No las manejan los municipios. Un verdadero sancochado nacional.
Otra ‘gran denuncia’ de Contraloría fue que las clínicas particulares cobraban más de S/400 por las pruebas moleculares que procesa gratuitamente el MINSA. Igualmente la noticia arrasó en los titulares y Vizcarra se explayó sobre lo implacable que será ante ello.
Las pruebas enviadas por las clínicas fueron 19,746. A la fecha, el MINSA indica que se han tomado 179,374 moleculares. Aunque las clínicas gozan de mala reputación por ‘careras’, tres establecimientos importantes se pronunciaron afirmando que cobraban entre 70 y 60 soles por tomarlas.
Contabilizan: el personal, el uniforme, mascarillas, etc. No se publicaron los recibos por S/400, ni las clínicas. La denuncia se evapora, pero algunos congresistas la usan, presentándose como defensores del pueblo. Obviamente hay que fiscalizar, más aún en esta dolorosa situación, pero cazar hormigas en lugar de peces gordos es ser tolerante con la corrupción gubernamental.
La cuarentena de tres meses no sirvió de nada. El coronavirus avanza en el país, pese a que se apuesta una caja de cerveza a que la curva de infectados descenderá. El viernes tuvimos 6000 nuevos casos. Los hospitales están sobrepasados y los médicos también. Sin embargo, Vizcarra declara tener “la esperanza de que en estos días baje la cantidad de infectados”. Como si fuera una cuestión de fe.
El MEF reparte, nominalmente, dinero en variados programas. La gente debe salir a trabajar y aún no se soluciona el importantísimo tema del transporte. ¿Lo subsidiarán? ¿Cómo? La indolencia de Vizcarra puede traernos un rebote.
Los medios comparsa informan profusamente sobre una alicaída pachanga en Pachacámac durante el toque de queda. Esto no provoca el incremento del Covid-19, menos las muertes. Ambos son de entera responsabilidad del régimen, aunque quiera culpabilizar a los ciudadanos. Ahora se habla de una “nueva convivencia social”. Tarde; el daño ya está hecho.

Mariátegui cuestiona que el Mincul haya entregado S/119 mil para la distribución de un largometraje sobre Hugo Blanco

El periodista Aldo Mariátegui reprochó que el Ministerio de Cultura haya otorgado 119 mil soles para la distribución de un largometraje del comunista Hugo Blanco, quien, rememoró el hombre de prensa, asesinó en noviembre de 1962 al guardia civil Hernán Briceño Minauro en el puesto de Pucyura.
Mariátegui recordó también que el expresidente Fernando Belaunde Terry “cambió su justa condena a muerte por prisión, debido a una campaña internacional liderada, entre otros, por el inefable Mario Vargas Llosa”, y que “luego el dictador izquierdista (Juan) Velasco le liberaría”.
«Blanco siempre fue un político muy elemental y folclórico, que iba en unas fachas terribles como “look”. Lo único positivo que hizo en su vida fue dividir varias veces a la izquierda peruana en momentos claves, por su personalismo», agregó.
Denunció, además, que los responsables de este financiamiento, zanjado a través de una resolución directorial que dio cuenta de los ganadores de un concurso, son el exministro de Cultura Luis Jaime Castillo y la exviceministra de Industrias Culturales María Elena Córdova Burga. «Ellos dos son los responsables principales de este disparate, junto al jurado, integrado por los productores Enid Campos León y Luis Alberto Ramos Choqueconza (productor) y la profesora del Toulosse Lautrec Carla Leví Velázquez», refirió.
«¡Me imagino que el asesinado policía Briceño debe estar retorciéndose indignado en su tumba, como ustedes por sus impuestos!», finalizó Aldo Mariátegui.
Fuente: Diario EXPRESO.

Empresa de congresista morado presentó documentos falsos

En documentos oficiales el actual congresista José Núñez (Partido Morado) figura como gerente general de Vigilancia y Seguridad Organizada SAC (Visor), empresa que presentó documentos falsos para cobrar más de dos millones de soles a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
Ante ello, la Tercera Sala del TrIbunal de Contrataciones del Estado le aplicó una sanción de 41 meses sin poder contratar con el Estado, los cuales recién se cumplen el próximo junio.
El 29 de mayo de 2015, cuando el ahora parlamentario Núñez ya era su representante, la referida firma de seguridad ganó la buena pro en la adjudicación de menor cuantía 3-2015, convocada por la Zona Registral de Tacna, ganando S/2 millones 219 mil.
Un requisito era acreditar buena salud y estado físico de su personal de vigilancia, pero se detectó que cuatro certificados médicos del Hospital Goyeneche de Arequipa, firmados por el doctor Ramiro Pérez Guzmán, daban exactamente el mismo pulso, presión arterial y hasta peso de sendos vigilantes, bajo el mismo número correlativo: 133179.
Fue entonces que el ahora legislador morado gestionó la posición de Visor: de que la documentación cuestionada no estaba en sus archivos, por lo cual iniciaba una investigación interna, y que ellos no habían falsificado los documentos.
Esto fue evaluado por el Tribunal de OSCE, el cual determinó sancionar a la empresa del congresista con 41 meses sin poder contratar con el Estado.
En conversación con EXPRESO, Núñez manifestó que el problema nace de documentos presentados por los mismos trabajadores, quienes incluso fueron citados por el Ministerio Público.
“El gerente no emite ni presenta certificados. En Arequipa me conocen como una persona intachable”, sostuvo.
ANTECEDENTES
En el año 2016, Visor SAC ya había sido suspendida por un caso parecido. En esa ocasión, fueron 38 meses de inhabilitación.
El parlamentario consideró que OSCE no había tomado en cuenta que los papeles presentados estaban en el orden requerido.
Fuente: Diario EXPRESO.

LIDIA FALCÓN DENUNCIA PRESIONES VIOLENTAS DE GRUPOS LGTBI

Izquierda Unida expulsa al Partido Feminista de España por oponerse a las leyes transexuales

La dirección federal de Izquierda Unida -la llamada Asamblea Político y Social- ha aprobado revocar la pertenencia del Partido Feminista de España a IU con el 85% de votos a favor. La razón es que dicho partido está radicalmente en contra de las leyes a favor de la transexualidad.
La Asamblea Político y Social ha aprobado la expulsión del Partido Feminista de España -integrado en IU desde 2015– «por reiterados incumplimientos estatutarios y mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU», según ha informado la formación a través de su cuenta de Twitter.
El Partido Feminista de España también ha acusado a Izquierda Unida de «liquidar el feminismo en su organización» y advierte que recurrirá la expulsión además de no abandonar sus posiciones. «No sólo recurriremos la decisión de esa Asamblea, sino que intentaremos que la militancia despierte y comprenda el horror de la Ley Trans», han escrito en Twitter.
El pasado mes de diciembre, Izquierda Unida se desmarcaba del polémico comunicado emitido por el Partido Feminista de España en el que, entre otras cosas, manifestaban su oposición a que se lleven a cabo leyes de transexualidad para facilitar el cambio de sexo de quienes así lo deseen.
«Los discursos de odio, del enfrentamiento contra ‘el otro’ no son propios ni de la izquierda ni del compromiso feminista», remarcaba Izquierda Unida tras la publicación del polémico comunicado.
«Invitamos a la militancia y dirigentes del PFE a resolver cuantas dudas tengan en los espacios habilitados para ello en la organización y manifestar de forma pública e inmediata una rectificación que ponga fin a la persecución a la que someten con su odio a personas de identidades trans y el conjunto de la comunidad LGTBI o nos veremos en el deber de solicitar las acciones internas pertinentes», avisaron desde la formación.
Niños decidiendo su sexo
El Partido Feminista de España publicó el 10 de diciembre de 2019 un comunicado en el que denunciaba que IU «apoye una Ley de Transexualidad que permite decidir a niños de 4 años el sexo que quieren tener, y en consecuencia el destino de toda su vida, los sometan a hormonación y castración sin ni siquiera unos exámenes médicos y psicológicos. Nos encontramos en el futuro distópico de Un Mundo Feliz».
Además, el Partido Feminista denunciaba las presiones violentas de grupos de activistas trans y LGTB que consideran que las discrepancias políticas han de dirimirse a insultos, agresiones y hasta violencia».
El 16 de diciembre, Lidia Falcón, firmaba un artículo en el diario de izquierdas Público en el que criticaba la «Ley Trans» y la«teoría queer». «Si las mujeres y los hombres no existen sino son solo seres vivos que intercambian corporalidad, sexo y capacidades genitales, cualquiera puede ser «progenitor». Que sea o no gestante depende del dinero que invierta en alquilar úteros de aquellas que sí son mujeres, pero pobres», denunciaba la feminista… enlazando así con otro factor de roce con muchos grupos LGTB: la adquisición de bebés mediante la industria internacional del vientre de alquiler.
Fuente: InfoCatólica.

PNP: al descubierto ascensos “truchos”

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
La totalidad de ascensos de la Policía Nacional publicados el pasado 25 de octubre podrían ser anulados debido a que se realizaron sin una junta evaluadora, según denunció el jefe de Estado Mayor, Víctor Jorge Pérez Arteaga, ante el director general de la Policía, José Luis Lavalle Santa Cruz.
Asimismo, reveló que las resoluciones de ascensos a general PNP fueron publicadas en el diario oficial “El Peruano” el día 25 de octubre de 2019; sin embargo, el 28 de octubre del 2019 recibió la visita del secretario de la junta y las actas de selección no estaban firmadas.
En el oficio N°1825-2019-EMGPNP/SEC de fecha 30 de octubre al cual EXPRESO tuvo acceso, el general Pérez Arteaga informa sobre su participación como vocal en la Junta Selectora en el proceso de Ascenso por Selección al Grado de General de Armas y de Servicios de Abogados y Médicos de la PNP del año 2019- Promoción 2020.
En dicho documento le explica al también general PNP Lavalle Santa Cruz los fundamentos por los cuales el 28 de octubre de 2019 no firmó las actas de procedimientos porque no ha sido convocado ni ha participado, situación que sería causal de nulidad del presente proceso.
Hay que señalar que en ese momento, el secretario de la Junta de Selección era el general José Luis Cueva Velarde.
En el citado escrito Pérez Arteaga señala que el 28 de octubre de 2019 recibió en su despacho al general PNP, secretario de la Junta Selectora de Ascensos 2019 –Promoción 2020, portando todas las actas que han formulado durante el proceso, señalando que venía “por disposición del presidente de la junta” para que firme las actas.
“Situación que me causó extrañeza, por tal razón le dije al general que solo va a llevar mi firma el acta del procedimiento al que fui convocado y por lo tanto participé en el procedimiento relacionado a la entrevista donde se evaluó la exposición de los trabajos que se le encargó a los coroneles postulantes al proceso, y recalco que es el único procedimiento al que se me convocó y que participé y que las otras me negué a firmar porque no corresponde que las avale con mi firma”, detalla.
Cabe detallar que la junta tuvo como presidente al mencionado general José Luis Lavalle Santa Cruz y como vocales al teniente general Menahem Gustavo Hananel García y a los generales Víctor Pérez Arteaga, Emilio Arce de la Torre Bueno, Jorge Salazar Quiroz y como secretario el general José Luis Cueva Velarde. La referida directiva dispone que el proceso de ascenso se efectúe a propuesta del comandante general de la PNP, por intermedio del ministro del Interior observando las etapas y procedimientos de evaluación de méritos y deméritos de la Junta Selectora, previo informe de preselección de la corporación de oficiales generales de la Policía.
“Sobre este procedimiento, hago de conocimiento, mi general de Policía presidente de la Junta Selectora, que el suscrito como vocal de la Junta Selectora, por razones que desconozco, no fue convocado para esta actividad, por lo tanto no participé en la evaluación y resolución en instancia final y definitiva de algún recurso administrativo que se haya puesto de conocimiento a la Junta Selectora”, precisa.

NUNCA LO CONVOCARON

Si bien la reglamentación del proceso señala que se formularán las actas y un informe de las actividades desarrolladas, a fin de que obren en archivo de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP y sirvan para que se expidan las respectivas resoluciones, Pérez Arteaga sostuvo que en su calidad de vocal no fue convocado para participar en este procedimiento.
“Por lo tanto no tuve injerencia ni conocimiento de qué decisiones se habrán tomado, razón por la cual desconozco si se levantaron actas o se formularon informes al respecto”, sostiene.
Asimismo, el general Pérez señala que no fue llamado para recibir el informe de preselección, acta y las carpetas de votación en sobre cerrado, lacrado y firmado por todos los integrantes del cuerpo de oficiales generales PNP que participaron en el acto de evaluación y votación; así como los legajos personales, reportes de información personal y el escalafón.
“Para este procedimiento tampoco se me convocó, razón por la cual desconozco sobre la recepción de algún informe, acta, carpetas de votación de los integrantes de la corporación de oficiales generales PNP que participaron en este acto”, indica.
Añade que tampoco pudo evaluar el desempeño operativo y administrativo en la jerarquía de oficial superior y formación profesional de los postulantes otorgando los puntajes, porque tampoco fue convocado, según su versión.

SIN JUNTA EVALUADORA

El 25 de octubre último El Peruano publicó las resoluciones que daban cuenta de 23 ascensos en la PNP, precisando que tres generales pasaron al grado de teniente general de armas y 18 coroneles ascendieron a generales de armas. Asimismo, dos coroneles pasaron a generales de servicios. La denuncia es que estos ascensos se habrían ejecutado sin una junta evaluadora.

PROPUESTA INVÁLIDA

Aunque parezca increíble, el general Pérez tampoco fue convocado para el otorgamiento de puntajes, conteo de votos ni formulación respectiva de acta.
“Para este delicado e importantísimo procedimiento que tiene que ver con la transparencia del proceso por tratarse del escrutinio o conteo de votos, tampoco fui convocado y por lo tanto no he participado en esto y no tomé conocimiento sobre cómo se llevó a cabo esta actividad y menos que se haya formulado un acta al respecto”, comentó.
No obstante, señaló que si bien fue llamado para la entrevista a los postulantes, añade desconocer cómo sacaron los promedios para la nota final teniendo en cuenta que los evaluadores debieron ser todos los integrantes de la Junta, razón por la cual solo firmó lo relacionado a la evaluación de la entrevista.
De acuerdo al proceso, el comandante general de la PNP presentará ante el Ministerio del Interior la propuesta institucional de ascenso de coroneles a generales PNP, sin embargo como vocal -al no haber sido convocado ni haber participado en casi todos los procedimientos que se han detallado-, la propuesta es inválida.
“Por las consideraciones que he detallado sería un irresponsable y no ético firmar las actas que se me pretendió hacer firmar validando un proceso en donde solo he participado en un solo procedimiento”, subraya en su denuncia.
“Asimismo, quiero hacer conocer a la superioridad que causa extrañeza cómo es que las resoluciones de ascenso a general PNP han sido publicadas en el diario oficial “El Peruano” el día 25 de octubre de 2019 y a la fecha, el 28 de octubre de 2019 que recibí la visita del secretario de la junta, estas no estaban firmadas”, informa Pérez Arteaga.
Es por eso, señala, que no firmó las actas de los procedimientos donde no fue convocado y por lo tanto no participó, por “cuestiones de principios de conducta que han sido siempre mi filosofía de comportamiento durante los años de mi carrera policial”.
“Al no haberse cumplido en forma colegiada las funciones y mandatos establecidos en la directiva N°005-2019-COMGEN–PMP-DIRREHUM-PNP-A, aprobado mediante la RCG N°479 -2019-CG-PNP/EMG del 6 de agosto del 2019 y normas legales vigentes, el presente proceso carece de validez al contener vicios de nulidad insalvables”, subraya el alto oficial de la PNP.
“Por lo que en aras de la integridad institucional, solicito se declare nulo el proceso de ascenso por Selección al grado de general de armas y de servicios abogados y médicos de la PNP del año 2019 –Promoción 2020 y se proceda a ejecutar dicho proceso de acuerdo a los procedimientos preestablecidos”, finaliza.

¿Y LA SUPERVISIÓN?

La normativa de ascensos indica que el ministro del Interior, en este caso Carlos Morán, en tanto responsable político del sector, tiene la obligación de supervisar el proceso de ascensos.  ¿Lo hizo?

DENUNCIA SÓLIDA

El acta de procedimiento donde se evaluó la exposición de los trabajos que se le encargaron a los coroneles postulantes al proceso de ascensos a generales es el único procedimiento al que se me convocó, denuncia Pérez Arteaga.

Una nueva edición de la revista de artículos de investigación científica Cátedra Villarreal (volumen 6, número 2, julio-diciembre 2018) fue presentada el martes 2 de julio, en el auditorio del Rectorado de nuestra casa de estudios superiores.
La referida publicación está a cargo del Vicerrectorado de Investigación (VRIN), liderada por el doctor Carlos Napoleón Tello Malpartida.
Durante la presentación, la doctora Rosalvina Campos Pérez, editora asociada de Cátedra Villarreal y jefa de la Biblioteca Central villarrealina, fue la encargada de realizar los comentarios referidos a los nueve artículos publicados en dicha edición.
El doctor Tello Malpartida se dirigió a los presentes para comentar las gestiones realizadas para concretar la actual publicación, así como la impresión de parte de nuestra Imprenta Universitaria, que por primera vez se encargó de realizar esta tarea.
Del mismo modo, exhortó a los jefes de las oficinas de Gestión de la Investigación de las facultades persistir, a pesar de sus recargadas labores, en la tarea de recopilar los trabajos de investigación científica realizados por los docentes villarrealinos.
“Con ello –enfatizó el vicerrector de investigación- se dará visibilidad a nuestra universidad, lo cual es uno de los indicadores del plazo de otorgamiento del licenciamiento institucional; según los propios representantes de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”; destacó para dar por concluida la presentación oficial.
En esta edición figuran los artículos Violencia simbólica y discurso docente en el aula de clase: un estudio de caso en un centro de educación básica alternativa de Lima, de Rodrigo Gerardo Cisneros Cisneros; Erosión hídrica por lluvias máximas en diferentes tiempos de retorno en la subcuenca Cumbaza, Región San Martín, de Katherine del Carmen Camacho Zorogastúa.
Igualmente, Esquemas emocionales y dependencia emocional en estudiantes de Psicología de universidades de Lima Metropolitana, de Marivel Aguirre Morales; y Rosendo Maqui: Ejemplaridad y universalidad de un personaje de Ciro Alegría, de Nécker Salazar Mejía; son algunos de los destacados trabajos publicados en este número de la revista.
Fuente: www.unfv.edu.pe

Los testigos del documental de Al Jazeera

El jueves 15 de diciembre del 2016, la cadena árabe Al Jazeera transmitió el reportaje –producido, según ella misma admitió públicamente, por Paola Ugaz y realizado por el reportero Daniel Yovera– titulado The Sodalitium Scandal. Este reportaje, difundido mundialmente, da cuenta de un supuesto tráfico de tierras que habría realizado una institución del Sodalicio, pagando a la organización criminal La Gran Cruz para invadir terrenos de campesinos de la Comunidad Campesina de Castilla y apropiárselos luego por medio de una mafia de papeles.
Con base en cuatro testigos, se construyó toda esta trama noticiosa. Samuel Alberca afirma en el reportaje que monseñor Eguren le ofreció en la Iglesia del Santísimo Sacramento de Piura tres millones de dólares para invadir los terrenos, a lo que se negó, ocupándose de hacer el trabajo Dennis Cruz (líder de la Gran Cruz). Asimismo, la señora Carmen Rosa Campodónico declaró haber sido despojada de su casa por los sodalicios, quienes con la Gran Cruz la habrían sacado a ella y a su familia con machetes y armas de fuego. Se cuenta también con el testimonio de Pedro Zapata Monteza, quien se atribuye haber sido el investigador que desarticuló a la organización criminal de la Gran Cruz y que afirma que la Asociación Civil San Juan Bautista –vinculada al Sodalicio– habría pagado a la Gran Cruz para invadir terrenos ajenos.
Finalmente, se oye también la declaración de Pedro Coveñas Chávez, actual presidente de la Comunidad Campesina de Castilla, quien señala que las tierras adquiridas por la Asociación Civil San Juan Bautista pertenecen en realidad a la Comunidad y que se les ha arrebatado a sus poseedores por la fuerza, y con la complicidad de jueces y fiscales.
Pero, ¿quiénes son estos testigos en los que se basa el reportaje de Al Jazeera?
Samuel Alberca Reyes es una persona con un amplio prontuario judicial que incluye delitos de extorsión, robo agravado y homicidio. Ha sido condenado a un año de pena privativa de libertad por el delito de difamación agravada a raíz de lo dicho precisamente en el reportaje de Al Jazeera. No solamente no ha podido demostrar lo que declaró en dicho reportaje, sino que ha sido públicamente desmentido por el párroco de la Iglesia del Santísimo Sacramento, el padre José Guillermo Uhen. Lo más llamativo es que, de acuerdo con información de Diario Correo de Piura, se le ha sindicado como el asesino de Gerardo Escobar Calderón (a) Comandante Mela, quien lideraba una organización criminal y que al parecer habría revelado información sobre los negocios delictivos de Samuel Alberca. Es decir, lo habría silenciado con la muerte.
Carmen Rosa Campodónico Díaz tiene también un amplio prontuario en delitos de usurpación, y esa información se le hizo conocer a los reporteros de Al Jazeera, la que no fue en lo absoluto considerado por ellos. Posteriormente, la Fiscalía la acusó por un nuevo delito de usurpación y pidió para ella 4 años de pena privativa de libertad. Actualmente, purga condena en el penal de mujeres de Sullana por el delito de tráfico ilícito de drogas, ya que pretendió ingresar droga al penal en sus partes íntimas.
Campodónico ha reconocido su delito y aceptado la pena de 9 años de pena privativa de libertad. Según la querella que la Asociación San Juan Bautista le ha interpuesto por lo declarado en el reportaje de Al Jazeera, existe una pericia informática que a través de los datos de Google Earth demuestra que ella nunca vivió en la zona en la que dice que fue despojada violentamente por los sodalicios (se trata de terrenos eriazos sin ninguna vivienda).
Pedro Zapata Monteza es un expolicía retirado que actualmente trabaja como abogado. Ha tenido una denuncia por extorsión que le interpuso la congresista Maritza García. Ha pretendido ser gobernador regional, pero al no ser su lista admitida llegó a hacer calificativos de grueso calibre contra las autoridades electorales. Además, existe información de que tendría una relación nada santa con Samuel Alberca Reyes.
Y Pedro Coveñas Chávez es el actual presidente de la Comunidad Campesina de Castilla. Ha estado en prisión por ESTAFA y ha sido denunciado por su propia comunidad por actos de administración fraudulenta. En la actualidad, se encuentra acusado por denuncia calumniosa y el Ministerio Público ha pedido que se le imponga una pena privativa de libertad.
La pregunta que surge después de todos estos datos es: ¿Puede considerarse fiable el reportaje de Al Jazeera, “The Sodalitium Scandal”? Esto no tiene nada que ver con el tema de abusos sexuales, sino con atribuirle a esta institución y a sus representantes (que no son sodalicios) la usurpación de tierras y que pagaron a una organización criminal para hacerlo. Para sustentar esta imputación, se basaron en los cuatro testigos antes mencionados.
Mientras tanto, ahora Paola Ugaz niega ser la productora del reportaje (a pesar de que lo dijo públicamente en un medio de comunicación) y Daniel Yovera conserva un mutismo por lo menos llamativo sobre la credibilidad de sus testigos.
Fuente: Redacción Político.pe y foto captura de Youtube.

Carta a la opinión pública

Por Carlos Alberto Gómez de la Torre- Político.pe
En el año 2012 ocupé el cargo de apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista (en adelante ACSJB), comprando en el mes de enero la posesión de aproximadamente 300 hectáreas a 15 posesionarios con un compromiso futuro de venta. Eran extensiones en las que realizaban pequeños sembrados con especies oriundas que podían crecer en terreno eriazo. Recorrimos con los posesionarios la zona sin encontrar ninguna edificación, ni a nadie otro que ejerciera la posesión. Por eso, luego de las consultas legales, procedimos a adquirir la posesión con el compromiso de que los posesionarios, una vez formalizada su propiedad, la transferirían a la ACSJB.
En febrero de 2012, cuando la ACSJB empezó los trabajos de topografía para cercar los terrenos adquiridos, comenzaron a aparecer distintas personas naturales y jurídicas que alegaron derechos de posesión sobre las mismas tierras, y procedieron a denunciarme por el delito de usurpación, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir por ser el representante de la ACSJB. En la misma época un grupo autodenominado Construcción Civil invadió 87 hectáreas de las tierras adquiridas, alegando contar con derechos posesorios otorgados por la Comunidad Campesina de Castilla y que, en todo caso, teníamos que pagarles si las queríamos de vuelta.
Como representante de la ACSJB tuve que tomar la decisión de recomprar esas hectáreas, por lo oneroso y largo que habría sido seguir un proceso civil de desalojo, además de la paralización de los proyectos de inversión previstos. Una vez recompradas esas tierras, las mismas no fueron desalojadas sino que se nos pidió el pago de un servicio de vigilancia para que no sean nuevamente invadidas. Se tomó la decisión de hacer los pagos hasta conseguir instalar un sistema propio de protección para poder defender los terrenos.
En las denuncias por usurpación hubo un primer pronunciamiento archivando todas las denuncias. Pese a ello, la ACSJB tuvo reuniones abiertas de diálogo con los denunciantes para resolver las disputas posesorias y se llegó a arreglos satisfactorios. Esos arreglos no influyeron en la investigación fiscal, pues se formalizó investigación preparatoria por los hechos denunciados, incluyéndoseme en el proceso penal como representante de la ACSJB. Sin embargo, en esa etapa procesal fui excluido por resolución judicial firme, en la medida de que no tenía ninguna intervención en los delitos imputados. En la actualidad, el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento de todas esas denuncias porque ninguno de los denunciantes ha podido probar haber tenido una posesión previa.
En el caso del autodenominado sindicato de “construcción civil”, un equipo especial de la Policía de Lima determinó que se trataba de una organización criminal (a la que denominó La Gran Cruz) y se detuvo a sus miembros. La fiscalía a cargo de la investigación nos citó a declarar como testigos. Nunca se nos imputó ser miembros o financistas de la referida organización.
La tesis de pagar para invadir terrenos carecía de toda lógica, pues eso terrenos ya habían sido adquiridos anteriormente a los quince posesionarios. Nadie paga para invadir unos terrenos que ya adquirió. La legalidad de nuestra adquisición está respaldada por el hecho de que en la actualidad la propiedad se ha formalizado y registrado a partir de los contratos de compra de posesión que se hizo con los 15 posesionarios. Así han sido los hechos y, de esa manera, es también como las propias investigaciones fiscales lo han determinado.
Sin embargo, determinadas personas quieren pintar una situación distinta porque vinculan a la ACSJB con el Sodalicio, construyendo una trama de tráfico de tierras dirigida por monseñor Eguren y por mí para invadir terrenos con La Gran Cruz y falsificar luego documentos con los que poder hacernos de la propiedad de terrenos de pobres campesinos. Es así que a las protestas de los primeros denunciantes (cuyas denuncias la misma fiscalía está sobreseyendo) y denuncias extorsivas hechas por los directivos de la Comunidad Campesina de Castilla que nos pedían que les pagáramos a ellos por las tierras (todas esas denuncias fueron archivadas por su absoluta falta de sustento), se sumó una refinada construcción noticiosa impulsada por la Sra Paola Ugaz por medio de la cadena árabe Al Jazeera.
Utilizando cuatro testigos y sin hacer el menor caso a nuestros descargos hechos llegar notarialmente por el abogado de la ACSJB al periodista Daniel Yovera, se elaboró y difundió mundialmente el reportaje The Sodalitium Scandal, producido por la señora Paola Ugaz, quien luego de haber reconocido públicamente ser la productora ahora lo niega para evitar asumir su responsabilidad por la absoluta falsedad del reportaje.
No soy sodálite y vivo exclusivamente de mi trabajo. El daño que ese reportaje me ha producido es indescriptible. Mi familia está sumamente afectada y reputacionalmente mi imagen está por los suelos. Laboralmente es difícil que pueda encontrar un trabajo en el nivel gerencial, en el que siempre me he movido. La señora Ugaz, en su afán por crear una nueva historia con el Sodalicio, no ha tenido el menor reparo de dañar mi imagen sin tener en cuenta que no soy sodálite y que la asociación no es dirigida por el Sodalicio, sino por personas naturales que cumplen con la finalidad social no lucrativa de la ACSJB.
Con mis propios medios y contando con el apoyo de amigos abogados, decidí empezar a querellar a los testigos. Querellar al periodista Yovera o a la productora Ugaz, o a la misma cadena Al Jazeera, no habría tenido ningún sentido pues se habrían escudado en la figura del “reportaje fiel (ellos solo reproducen los que dicen los testigos)”. Y resulta que el Poder Judicial de Lima ya ha condenado a dos de los testigos que hicieron explícitamente referencias difamatorias en mi contra (Samuel Alberca Reyes y Carmen Rosa Campodónico Díaz). Con esas sentencias he enviado cartas notariales a la Sra Ugaz y al Sr. Yovera para que rectifiquen o hagan la gestión ante la cadena Al Jazeera con el fin de que se retire el reportaje o se tenga en cuenta que sus fuentes mintieron, como lo ha determinado el Poder Judicial.
La señora Ugaz nunca me ha respondido. Y lo que ha hecho el señor Yovera , más bien, es difundir aún más en sus redes sociales el reportaje, esta vez con conocimiento pleno de que los testigos me habían difamado con afirmaciones falsas.
No voy a parar en esta cruzada personal contra los que dañaron mi nombre simplemente por querer dañar al Sodalicio, institución con la que no tengo ninguna relación. Reitero: no soy sodálite y no estoy involucrado en ninguna situación de abuso. He tenido que denunciar a la señora Ugaz porque ha declarado falsamente en juicio que no es la productora de Al Jazeera, cuando ella misma antes lo ha reconocido en una entrevista pública.
Aunque me tome toda la vida, no voy a parar hasta que Al Jazeera, la Sra. Ugaz y el Sr. Yovera se rectifiquen del grave daño que me han hecho con un reportaje que solo recoge afirmaciones falsas y difamatorias.
Carlos Alberto Gómez de la Torre Prettel
DNI: 29300947
Imagen: El Periódico.com

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
En octubre del 2018, la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP decidió destituir al profesor Hildegardo Córdova, denunciado por una trabajadora administrativa. El Consejo Universitario ratificó la sanción. Tres días antes había acordado que a los despedidos por acoso sexual no se les pagara la pensión complementaria que la PUCP guarda para sus empleados antiguos cuando se jubilan. De modo que Córdova fue doblemente sancionado. La Comisión Especial puede despedir a alumnos o docentes.
Córdova, de 72 años, Doctor en Geografía por San Marcos, con maestría y PhD en su especialidad en Austin y Wisconsin, ha sido profesor visitante en cinco universidades de Estados Unidos y Europa.  Cuando estalló el problema dirigía el Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la PUCP, donde enseñó 34 años. Su denunciante y subordinada dijo haber sido víctima de expresiones verbales indebidas.  Córdova lo niega. Ambos laboraban juntos desde hacía muchos años con un pequeño grupo de expertos y empleados familiarizados entre sí.

Dichos impropios

El tipo de acoso denunciado es definido por la PUCP como una conducta de connotación sexual no deseada por la persona contra la que se dirige. Es una forma de violencia que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, como mecanismo de presión para forzar a la víctima. La denunciante afirmó que en una ocasión Córdova le preguntó si era activa sexualmente con su esposo.  Al mes siguiente le habría manifestado sentirse atraído por ella. Semanas después, que “él, como todo hombre, tenía necesidades fisiológicas”. Según la denuncia, el profesor, al no encontrar reciprocidad, empezó a controlar sus movimientos.
Las expresiones atribuidas al denunciado serían típicas de una hostilización sexual asociada al abuso de poder de un superior jerárquico. Córdova acudió ante la comisión sin el apoyo de un abogado. Allí declaró que tenía una amistad de muchos años con la denunciante pero que nunca le insinuó tener sexo, que la veía como una hija, que ella le pedía consejos sobre su matrimonio y que sus recomendaciones habían sido sacadas de contexto.   En cuanto al “control de movimientos”, se debía a sus cada vez más frecuentes ausencias e incumplimientos, lo que se podía corroborar fácilmente.

Dos posiciones

La denunciante dijo que a raíz del hostigamiento eliminó a Córdova de su Facebook.  Ante lo cual el profesor le escribió: “Veo que me has echado del olimpo de tus amigos. Es el precio de haber sido honesto contigo y decirte lo que sentía en respuesta a tus preguntas. Solo nuestro Dios es perfecto. Con mucha amistad”. La denunciante presentó este mensaje como prueba. Córdova reconoce el texto, pero señala que evidencia una relación cercana, que a veces podía ser burlona.  Después de ese incidente siguieron almorzando juntos y eventualmente ella lo esperaba para que la llevara a su casa.
La Comisión tomó manifestaciones a tres testigos y sólo una de ellas respaldó la denuncia. Consideró, sin embargo, que había pruebas suficientes para disponer la destitución. El Consejo Universitario se pronunció en noviembre, ante una apelación. Se produjo un empate, y el Rector, por entonces Marcial Rubio, dirimió en contra del denunciado.   Este mes, la Defensoría Universitaria, dirigida por el abogado Wilfredo Ardito, produjo el Informe N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”.

El informe N° 8

El informe sostiene que la denunciante acusó al profesor Córdova porque se le habían descubierto malos manejos administrativos de hasta por 34,000 soles. Según la Defensoría Universitaria, al ponerse en condición de víctima, ella habría buscado evitar que fuera despedida por sus infracciones, lo que en efecto no sucedió.  Las irregularidades ya fueron comprobadas. El denunciado las desconocía y por eso no las mencionó en su defensa.
Los colegas de Córdova señalaron a la Defensoría que él trataba con corrección a las mujeres de la universidad y que tenía una amistad respetuosa con la denunciante. Una de ellas conocía de las irregularidades y había pedido al profesor que controlara sus ausencias. Ofrecida como testigo por Córdova, no fue llamada por la comisión. Otra importante testigo, que sí declaró, dijo que la comisión cambió el sentido de su manifiesto: aparece respaldando las acusaciones cuando ella siempre insistió en que los cargos contra Córdova eran falsos.

Caso abierto

El caso no está cerrado, pues será tema de un nuevo debate en el Consejo Universitario. En la decisión del 2018 no fue tomada en cuenta la malversación descubierta ni la declaración de una mujer que desmiente a la única testigo que apoyó la denuncia. La Comisión la señaló como víctima de acoso sin siquiera haberla contactado.  Lo que parece evidente es que a Córdova le fue restringido severamente su derecho de defensa. No tuvo apoyo de ningún abogado, un recurso indispensable en este tipo de procesos (y un error del propio denunciado, quien tampoco lo buscó porque creía que bastaba su manifestación).
La PUCP, que fue pionera en establecer mecanismos contra el acoso sexual, lidia con procesos complejos, donde deben garantizarse los derechos de ambas partes para llegar a la verdad. La Defensoría Universitaria pone en duda la imparcialidad de la Comisión Especial, dirigida por la abogada María Soledad Fernández. Hasta no hace mucho un ululante feminismo radical la acusaba de falta de firmeza. Aunque estos grupos pueden considerar el derecho de defensa como un mecanismo cómplice de los acosadores, en realidad su valor trasciende el interés del denunciado. Es lo que garantiza la calidad de cualquier decisión correcta.

Estudiantes de la PUCP exigen destitución del defensor universitario Wilfredo Ardito

“¿A quién defiende el defensor?” es lo que se preguntan las estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú luego de que se filtrara un informe en donde Wilfredo Ardito, el Defensor Universitario de la PUCP desde marzo de 2017, intentara deslegitimar el trabajo de una docente miembro de la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual al señalar que esta no podía opinar de forma objetiva porque ella misma había vivido acoso sexual, sumado a las afirmaciones sobre la salud mental de la representante estudiantil de la misma Comisión Especial con el intento de descalificarla para su labor.
Estas pretensiones de deslegitimar a mujeres que trabajan para visibilizar, erradicar y prevenir la violencia sexual que se vive en la PUCP, y hacer justicia con las víctimas de agresiones sexuales, fueron las gotas que rebalsaron el vaso de un defensor que tiene una serie de acusaciones de trato machista y homolesbotransfóbico de varios estudiantes que se han sentido expuestos y desprotegidos por quien, se supone, debería defenderlos.
En el Informe Defensorial N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”, que es realmente una apelación a la resolución de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual que sancionó a este profesor con su destitución, decisión luego aprobada por el Consejo Universitario el 23 de noviembre de 2018, Ardito hace una cerrada defensa de este, señalando que el profesor Córdova es “inocente” y la trabajadora administrativa que lo denuncia es “deshonesta”.
Acusan a la trabajadora de querer esconder detrás de la denuncia de violencia sexual un delito de malversación de fondos, y que el informe elaborado por la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual refleja “falta de objetividad e imparcialidad”, así como “una serie de violaciones al debido proceso”. Así también, dudan de “la capacidad de los integrantes de la Comisión Especial de enfrentar temas delicados como la destitución de un docente”.
Pero lo que despertó la indignación del alumnado fueron las afirmaciones en contra de la abogada Marisol Fernández Revoredo, miembro de la Comisión Especial desde que esta empezó a funcionar en el 2014. Sobre ella, el informe dice lo siguiente:
“Todas las irregularidades en el proceso contra el profesor Córdova reafirman nuestra convicción de que los procesos ante la Comisión Especial carecen de objetividad y que la profesora Fernández no se encuentra en condiciones de actuar de manera imparcial en denuncias sobre acoso sexual”.
¿Por qué afirma eso el informe defensorial? Pues porque la profesora Fernández habría señalado en “varias ocasiones que ella había sido víctima de una agresión sexual y que hasta el momento aún se considera bajo los efectos traumáticos” que estas agresiones causan. Luego el informe cita la única vez que Fernández lo hizo público, en una asamblea de Derecho, en agosto de 2018, en donde decenas de alumnas contaron sus casos de violencia sexual en la universidad por primera vez frente a sus autoridades. Según el informe, esta vivencia la invalida para tratar el tema, como invalidaría al 90% de mujeres del Perú por carecer de la objetividad para hacerlo. Es decir, los únicos que podrían decidir si hubo o no violencia sexual contra las mujeres serían aquellos que nunca la vivieron, ellos sí serían objetivos en sus resoluciones y sentencias.
Sobre la representante estudiantil Ana Calderón, Ardito afirmó ante el Consejo Universitario que ella sufría de bulimia, depresión y que “llora todo el día” a causa de la carga emocional de la Comisión. Lo que he pasado en los últimos días no se lo deseo a nadie. A estas alegaciones, que no vienen al caso de ser expuestas en ningún Consejo Universitario, la estudiante respondió públicamente lo “nefasto y humillante” que resulta que una autoridad use información privada “para destruirla” y que pensó en renunciar, pero que desistió puesto que no hizo nada malo.
Frente a estos hechos, el colectivo feminista Se acabó el silencio, que surgió a partir del caso de la exestudiante  de Derecho de la PUCP, Claudia Pérez, quien fuera violada hace 14 años por su jefe directo, José Carlos Angulo Portocarrero, en el estudio de abogados en donde hacía sus prácticas, se pronunció sobre estos hechos exigiendo a sus autoridades “una postura contundente contra el uso de estereotipos de género en las investigaciones de hostigamiento sexual”.
Así también, enviaron cartas a sus autoridades para que actúen de una vez contra Wilfredo Ardito.
El 19 de marzo, el colectivo de Estudiantes de la Maestría de Género de la PUCP realizó una protesta denominada Alfombra Roja, en la cual vestidas de rojo se trasladaron por los ambientes de la universidad para luego echarse en el suelo y levantar carteles exigiendo el retiro definitivo de Wilfredo Ardito.
Ellas manifestaron que lo hacen “por lxs estudiantes, docentes y trabajadorxs que han sufrido y continúan sufriendo esta cultura que existe en la universidad que las culpabiliza de la violencia que sufren y que protege a sus agresores”. También señalaron que se cubrieron los rostros “porque si no lo hacemos, nos hostigan y amedrentan en redes y en persona solamente por manifestarnos y denunciar la violencia que sufrimos”.
Si las estudiantes se preguntan ¿a quién defiende el defensor?, este medio se pregunta ¿por qué las autoridades siguen avalando a Ardito?
Fuente: www.manoalzada.pe

ABOGADO ENCUBRE ACOSADORES EN LA PUCP

Cuando todo parecía volver a los años felices de la obra imperecedera del exrector Marcial Rubio Correa (“Malulo”), resulta que en la Asamblea Universitaria de la PUCP estalla un nuevo escándalo de acoso sexual: el Defensor Universitario y profesor Wilfredo Ardito es acusado de encubrir a un docente destituido por hostigar sexualmente a una funcionaria, cuyo nombre debemos mantener en reserva. Qué vergüenza.
EL PODER MORAL
Mucho se ha escrito en el sentido de que la Universidad Católica ha sido y es el think tank o el tanque de pensamiento de la izquierda caviar que se vende como el poder moral de la nación. A los cobros millonarios indebidos a los estudiantes, que precipitaron la caída de Marcial Rubio Correa, se suma ahora la necesidad de determinar sanciones contra Wilfredo Ardito, el defensor de dicha comunidad universitaria acusado de discriminación de género contra una colega, informa la web Wayka.pe. Y no solo de eso.
POR PARTIDA DOBLE
El pasado martes 19 de febrero trascendieron extractos de un informe de dicha Defensoría sobre un profesor -el geógrafo Hildegardo Córdova- denunciado de hostigar sexualmente a una funcionaria. Lo polémico del documento, elaborado por el caviar Ardito, es que no solo se va contra la víctima acosada, sino que desestima la objetividad frente al caso de otra docente agredida sexualmente en el pasado, María Soledad Fernández, directora de la Comisión Especial que decidió destituir al citado Córdova.ENCUBRIMIENTO
El informe Ardito es pues temerario. “La condena al profesor se habría debido a una maniobra de una trabajadora que [ha] cometido una serie de infracciones administrativas y está implicada en la malversación de fondos de la universidad (…), la trabajadora habría interpuesto la denuncia por acoso como un escudo ante el inminente descubrimiento de sus manipulaciones de dinero”, afirmó. Para los penalistas, Ardito incurre en presunto delito de encubrimiento. El escándalo recién empieza.
HAY OTROS TRES
Además, ayer, en las redes sociales corrió como reguero de pólvora otros casos anteriores poco o nada conocidos. Nos referimos a tres profesores de izquierda, entre ellos Alza Barco y el antropólogo Jaris Mujica, “líderes de organizaciones neomarxistas pro aborto” que fueron “denunciados por hostigamiento sexual o violación a alumnas”. ¿Qué cosa? ¿Las autoridades universitarias no hicieron nada frente a estos abusos sin nombre? ¿Y el defensor Ardito también en esos casos salió en defensa de las víctimas? Hable.
MÁS DE JARIS MUJICA
El 28 de agosto del año pasado el portal ACI Prensa informó, en efecto, que “un grupo de alumnos acusó al profesor Jaris Mujica del delito de violación, durante un foro organizado en el auditorio Gustavo Gutiérrez Merino en la Facultad de Ciencias Sociales. Mujica es conocido por haber sido directivo e investigador de la ONG Promsex, que desde hace más de diez años promueve la despenalización del aborto en el Perú”.
Fuente: Diario EXPRESO.