PNP: al descubierto ascensos “truchos”

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
La totalidad de ascensos de la Policía Nacional publicados el pasado 25 de octubre podrían ser anulados debido a que se realizaron sin una junta evaluadora, según denunció el jefe de Estado Mayor, Víctor Jorge Pérez Arteaga, ante el director general de la Policía, José Luis Lavalle Santa Cruz.
Asimismo, reveló que las resoluciones de ascensos a general PNP fueron publicadas en el diario oficial “El Peruano” el día 25 de octubre de 2019; sin embargo, el 28 de octubre del 2019 recibió la visita del secretario de la junta y las actas de selección no estaban firmadas.
En el oficio N°1825-2019-EMGPNP/SEC de fecha 30 de octubre al cual EXPRESO tuvo acceso, el general Pérez Arteaga informa sobre su participación como vocal en la Junta Selectora en el proceso de Ascenso por Selección al Grado de General de Armas y de Servicios de Abogados y Médicos de la PNP del año 2019- Promoción 2020.
En dicho documento le explica al también general PNP Lavalle Santa Cruz los fundamentos por los cuales el 28 de octubre de 2019 no firmó las actas de procedimientos porque no ha sido convocado ni ha participado, situación que sería causal de nulidad del presente proceso.
Hay que señalar que en ese momento, el secretario de la Junta de Selección era el general José Luis Cueva Velarde.
En el citado escrito Pérez Arteaga señala que el 28 de octubre de 2019 recibió en su despacho al general PNP, secretario de la Junta Selectora de Ascensos 2019 –Promoción 2020, portando todas las actas que han formulado durante el proceso, señalando que venía “por disposición del presidente de la junta” para que firme las actas.
“Situación que me causó extrañeza, por tal razón le dije al general que solo va a llevar mi firma el acta del procedimiento al que fui convocado y por lo tanto participé en el procedimiento relacionado a la entrevista donde se evaluó la exposición de los trabajos que se le encargó a los coroneles postulantes al proceso, y recalco que es el único procedimiento al que se me convocó y que participé y que las otras me negué a firmar porque no corresponde que las avale con mi firma”, detalla.
Cabe detallar que la junta tuvo como presidente al mencionado general José Luis Lavalle Santa Cruz y como vocales al teniente general Menahem Gustavo Hananel García y a los generales Víctor Pérez Arteaga, Emilio Arce de la Torre Bueno, Jorge Salazar Quiroz y como secretario el general José Luis Cueva Velarde. La referida directiva dispone que el proceso de ascenso se efectúe a propuesta del comandante general de la PNP, por intermedio del ministro del Interior observando las etapas y procedimientos de evaluación de méritos y deméritos de la Junta Selectora, previo informe de preselección de la corporación de oficiales generales de la Policía.
“Sobre este procedimiento, hago de conocimiento, mi general de Policía presidente de la Junta Selectora, que el suscrito como vocal de la Junta Selectora, por razones que desconozco, no fue convocado para esta actividad, por lo tanto no participé en la evaluación y resolución en instancia final y definitiva de algún recurso administrativo que se haya puesto de conocimiento a la Junta Selectora”, precisa.

NUNCA LO CONVOCARON

Si bien la reglamentación del proceso señala que se formularán las actas y un informe de las actividades desarrolladas, a fin de que obren en archivo de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP y sirvan para que se expidan las respectivas resoluciones, Pérez Arteaga sostuvo que en su calidad de vocal no fue convocado para participar en este procedimiento.
“Por lo tanto no tuve injerencia ni conocimiento de qué decisiones se habrán tomado, razón por la cual desconozco si se levantaron actas o se formularon informes al respecto”, sostiene.
Asimismo, el general Pérez señala que no fue llamado para recibir el informe de preselección, acta y las carpetas de votación en sobre cerrado, lacrado y firmado por todos los integrantes del cuerpo de oficiales generales PNP que participaron en el acto de evaluación y votación; así como los legajos personales, reportes de información personal y el escalafón.
“Para este procedimiento tampoco se me convocó, razón por la cual desconozco sobre la recepción de algún informe, acta, carpetas de votación de los integrantes de la corporación de oficiales generales PNP que participaron en este acto”, indica.
Añade que tampoco pudo evaluar el desempeño operativo y administrativo en la jerarquía de oficial superior y formación profesional de los postulantes otorgando los puntajes, porque tampoco fue convocado, según su versión.

SIN JUNTA EVALUADORA

El 25 de octubre último El Peruano publicó las resoluciones que daban cuenta de 23 ascensos en la PNP, precisando que tres generales pasaron al grado de teniente general de armas y 18 coroneles ascendieron a generales de armas. Asimismo, dos coroneles pasaron a generales de servicios. La denuncia es que estos ascensos se habrían ejecutado sin una junta evaluadora.

PROPUESTA INVÁLIDA

Aunque parezca increíble, el general Pérez tampoco fue convocado para el otorgamiento de puntajes, conteo de votos ni formulación respectiva de acta.
“Para este delicado e importantísimo procedimiento que tiene que ver con la transparencia del proceso por tratarse del escrutinio o conteo de votos, tampoco fui convocado y por lo tanto no he participado en esto y no tomé conocimiento sobre cómo se llevó a cabo esta actividad y menos que se haya formulado un acta al respecto”, comentó.
No obstante, señaló que si bien fue llamado para la entrevista a los postulantes, añade desconocer cómo sacaron los promedios para la nota final teniendo en cuenta que los evaluadores debieron ser todos los integrantes de la Junta, razón por la cual solo firmó lo relacionado a la evaluación de la entrevista.
De acuerdo al proceso, el comandante general de la PNP presentará ante el Ministerio del Interior la propuesta institucional de ascenso de coroneles a generales PNP, sin embargo como vocal -al no haber sido convocado ni haber participado en casi todos los procedimientos que se han detallado-, la propuesta es inválida.
“Por las consideraciones que he detallado sería un irresponsable y no ético firmar las actas que se me pretendió hacer firmar validando un proceso en donde solo he participado en un solo procedimiento”, subraya en su denuncia.
“Asimismo, quiero hacer conocer a la superioridad que causa extrañeza cómo es que las resoluciones de ascenso a general PNP han sido publicadas en el diario oficial “El Peruano” el día 25 de octubre de 2019 y a la fecha, el 28 de octubre de 2019 que recibí la visita del secretario de la junta, estas no estaban firmadas”, informa Pérez Arteaga.
Es por eso, señala, que no firmó las actas de los procedimientos donde no fue convocado y por lo tanto no participó, por “cuestiones de principios de conducta que han sido siempre mi filosofía de comportamiento durante los años de mi carrera policial”.
“Al no haberse cumplido en forma colegiada las funciones y mandatos establecidos en la directiva N°005-2019-COMGEN–PMP-DIRREHUM-PNP-A, aprobado mediante la RCG N°479 -2019-CG-PNP/EMG del 6 de agosto del 2019 y normas legales vigentes, el presente proceso carece de validez al contener vicios de nulidad insalvables”, subraya el alto oficial de la PNP.
“Por lo que en aras de la integridad institucional, solicito se declare nulo el proceso de ascenso por Selección al grado de general de armas y de servicios abogados y médicos de la PNP del año 2019 –Promoción 2020 y se proceda a ejecutar dicho proceso de acuerdo a los procedimientos preestablecidos”, finaliza.

¿Y LA SUPERVISIÓN?

La normativa de ascensos indica que el ministro del Interior, en este caso Carlos Morán, en tanto responsable político del sector, tiene la obligación de supervisar el proceso de ascensos.  ¿Lo hizo?

DENUNCIA SÓLIDA

El acta de procedimiento donde se evaluó la exposición de los trabajos que se le encargaron a los coroneles postulantes al proceso de ascensos a generales es el único procedimiento al que se me convocó, denuncia Pérez Arteaga.

Una nueva edición de la revista de artículos de investigación científica Cátedra Villarreal (volumen 6, número 2, julio-diciembre 2018) fue presentada el martes 2 de julio, en el auditorio del Rectorado de nuestra casa de estudios superiores.
La referida publicación está a cargo del Vicerrectorado de Investigación (VRIN), liderada por el doctor Carlos Napoleón Tello Malpartida.
Durante la presentación, la doctora Rosalvina Campos Pérez, editora asociada de Cátedra Villarreal y jefa de la Biblioteca Central villarrealina, fue la encargada de realizar los comentarios referidos a los nueve artículos publicados en dicha edición.
El doctor Tello Malpartida se dirigió a los presentes para comentar las gestiones realizadas para concretar la actual publicación, así como la impresión de parte de nuestra Imprenta Universitaria, que por primera vez se encargó de realizar esta tarea.
Del mismo modo, exhortó a los jefes de las oficinas de Gestión de la Investigación de las facultades persistir, a pesar de sus recargadas labores, en la tarea de recopilar los trabajos de investigación científica realizados por los docentes villarrealinos.
“Con ello –enfatizó el vicerrector de investigación- se dará visibilidad a nuestra universidad, lo cual es uno de los indicadores del plazo de otorgamiento del licenciamiento institucional; según los propios representantes de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”; destacó para dar por concluida la presentación oficial.
En esta edición figuran los artículos Violencia simbólica y discurso docente en el aula de clase: un estudio de caso en un centro de educación básica alternativa de Lima, de Rodrigo Gerardo Cisneros Cisneros; Erosión hídrica por lluvias máximas en diferentes tiempos de retorno en la subcuenca Cumbaza, Región San Martín, de Katherine del Carmen Camacho Zorogastúa.
Igualmente, Esquemas emocionales y dependencia emocional en estudiantes de Psicología de universidades de Lima Metropolitana, de Marivel Aguirre Morales; y Rosendo Maqui: Ejemplaridad y universalidad de un personaje de Ciro Alegría, de Nécker Salazar Mejía; son algunos de los destacados trabajos publicados en este número de la revista.
Fuente: www.unfv.edu.pe

Los testigos del documental de Al Jazeera

El jueves 15 de diciembre del 2016, la cadena árabe Al Jazeera transmitió el reportaje –producido, según ella misma admitió públicamente, por Paola Ugaz y realizado por el reportero Daniel Yovera– titulado The Sodalitium Scandal. Este reportaje, difundido mundialmente, da cuenta de un supuesto tráfico de tierras que habría realizado una institución del Sodalicio, pagando a la organización criminal La Gran Cruz para invadir terrenos de campesinos de la Comunidad Campesina de Castilla y apropiárselos luego por medio de una mafia de papeles.
Con base en cuatro testigos, se construyó toda esta trama noticiosa. Samuel Alberca afirma en el reportaje que monseñor Eguren le ofreció en la Iglesia del Santísimo Sacramento de Piura tres millones de dólares para invadir los terrenos, a lo que se negó, ocupándose de hacer el trabajo Dennis Cruz (líder de la Gran Cruz). Asimismo, la señora Carmen Rosa Campodónico declaró haber sido despojada de su casa por los sodalicios, quienes con la Gran Cruz la habrían sacado a ella y a su familia con machetes y armas de fuego. Se cuenta también con el testimonio de Pedro Zapata Monteza, quien se atribuye haber sido el investigador que desarticuló a la organización criminal de la Gran Cruz y que afirma que la Asociación Civil San Juan Bautista –vinculada al Sodalicio– habría pagado a la Gran Cruz para invadir terrenos ajenos.
Finalmente, se oye también la declaración de Pedro Coveñas Chávez, actual presidente de la Comunidad Campesina de Castilla, quien señala que las tierras adquiridas por la Asociación Civil San Juan Bautista pertenecen en realidad a la Comunidad y que se les ha arrebatado a sus poseedores por la fuerza, y con la complicidad de jueces y fiscales.
Pero, ¿quiénes son estos testigos en los que se basa el reportaje de Al Jazeera?
Samuel Alberca Reyes es una persona con un amplio prontuario judicial que incluye delitos de extorsión, robo agravado y homicidio. Ha sido condenado a un año de pena privativa de libertad por el delito de difamación agravada a raíz de lo dicho precisamente en el reportaje de Al Jazeera. No solamente no ha podido demostrar lo que declaró en dicho reportaje, sino que ha sido públicamente desmentido por el párroco de la Iglesia del Santísimo Sacramento, el padre José Guillermo Uhen. Lo más llamativo es que, de acuerdo con información de Diario Correo de Piura, se le ha sindicado como el asesino de Gerardo Escobar Calderón (a) Comandante Mela, quien lideraba una organización criminal y que al parecer habría revelado información sobre los negocios delictivos de Samuel Alberca. Es decir, lo habría silenciado con la muerte.
Carmen Rosa Campodónico Díaz tiene también un amplio prontuario en delitos de usurpación, y esa información se le hizo conocer a los reporteros de Al Jazeera, la que no fue en lo absoluto considerado por ellos. Posteriormente, la Fiscalía la acusó por un nuevo delito de usurpación y pidió para ella 4 años de pena privativa de libertad. Actualmente, purga condena en el penal de mujeres de Sullana por el delito de tráfico ilícito de drogas, ya que pretendió ingresar droga al penal en sus partes íntimas.
Campodónico ha reconocido su delito y aceptado la pena de 9 años de pena privativa de libertad. Según la querella que la Asociación San Juan Bautista le ha interpuesto por lo declarado en el reportaje de Al Jazeera, existe una pericia informática que a través de los datos de Google Earth demuestra que ella nunca vivió en la zona en la que dice que fue despojada violentamente por los sodalicios (se trata de terrenos eriazos sin ninguna vivienda).
Pedro Zapata Monteza es un expolicía retirado que actualmente trabaja como abogado. Ha tenido una denuncia por extorsión que le interpuso la congresista Maritza García. Ha pretendido ser gobernador regional, pero al no ser su lista admitida llegó a hacer calificativos de grueso calibre contra las autoridades electorales. Además, existe información de que tendría una relación nada santa con Samuel Alberca Reyes.
Y Pedro Coveñas Chávez es el actual presidente de la Comunidad Campesina de Castilla. Ha estado en prisión por ESTAFA y ha sido denunciado por su propia comunidad por actos de administración fraudulenta. En la actualidad, se encuentra acusado por denuncia calumniosa y el Ministerio Público ha pedido que se le imponga una pena privativa de libertad.
La pregunta que surge después de todos estos datos es: ¿Puede considerarse fiable el reportaje de Al Jazeera, “The Sodalitium Scandal”? Esto no tiene nada que ver con el tema de abusos sexuales, sino con atribuirle a esta institución y a sus representantes (que no son sodalicios) la usurpación de tierras y que pagaron a una organización criminal para hacerlo. Para sustentar esta imputación, se basaron en los cuatro testigos antes mencionados.
Mientras tanto, ahora Paola Ugaz niega ser la productora del reportaje (a pesar de que lo dijo públicamente en un medio de comunicación) y Daniel Yovera conserva un mutismo por lo menos llamativo sobre la credibilidad de sus testigos.
Fuente: Redacción Político.pe y foto captura de Youtube.

Carta a la opinión pública

Por Carlos Alberto Gómez de la Torre- Político.pe
En el año 2012 ocupé el cargo de apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista (en adelante ACSJB), comprando en el mes de enero la posesión de aproximadamente 300 hectáreas a 15 posesionarios con un compromiso futuro de venta. Eran extensiones en las que realizaban pequeños sembrados con especies oriundas que podían crecer en terreno eriazo. Recorrimos con los posesionarios la zona sin encontrar ninguna edificación, ni a nadie otro que ejerciera la posesión. Por eso, luego de las consultas legales, procedimos a adquirir la posesión con el compromiso de que los posesionarios, una vez formalizada su propiedad, la transferirían a la ACSJB.
En febrero de 2012, cuando la ACSJB empezó los trabajos de topografía para cercar los terrenos adquiridos, comenzaron a aparecer distintas personas naturales y jurídicas que alegaron derechos de posesión sobre las mismas tierras, y procedieron a denunciarme por el delito de usurpación, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir por ser el representante de la ACSJB. En la misma época un grupo autodenominado Construcción Civil invadió 87 hectáreas de las tierras adquiridas, alegando contar con derechos posesorios otorgados por la Comunidad Campesina de Castilla y que, en todo caso, teníamos que pagarles si las queríamos de vuelta.
Como representante de la ACSJB tuve que tomar la decisión de recomprar esas hectáreas, por lo oneroso y largo que habría sido seguir un proceso civil de desalojo, además de la paralización de los proyectos de inversión previstos. Una vez recompradas esas tierras, las mismas no fueron desalojadas sino que se nos pidió el pago de un servicio de vigilancia para que no sean nuevamente invadidas. Se tomó la decisión de hacer los pagos hasta conseguir instalar un sistema propio de protección para poder defender los terrenos.
En las denuncias por usurpación hubo un primer pronunciamiento archivando todas las denuncias. Pese a ello, la ACSJB tuvo reuniones abiertas de diálogo con los denunciantes para resolver las disputas posesorias y se llegó a arreglos satisfactorios. Esos arreglos no influyeron en la investigación fiscal, pues se formalizó investigación preparatoria por los hechos denunciados, incluyéndoseme en el proceso penal como representante de la ACSJB. Sin embargo, en esa etapa procesal fui excluido por resolución judicial firme, en la medida de que no tenía ninguna intervención en los delitos imputados. En la actualidad, el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento de todas esas denuncias porque ninguno de los denunciantes ha podido probar haber tenido una posesión previa.
En el caso del autodenominado sindicato de “construcción civil”, un equipo especial de la Policía de Lima determinó que se trataba de una organización criminal (a la que denominó La Gran Cruz) y se detuvo a sus miembros. La fiscalía a cargo de la investigación nos citó a declarar como testigos. Nunca se nos imputó ser miembros o financistas de la referida organización.
La tesis de pagar para invadir terrenos carecía de toda lógica, pues eso terrenos ya habían sido adquiridos anteriormente a los quince posesionarios. Nadie paga para invadir unos terrenos que ya adquirió. La legalidad de nuestra adquisición está respaldada por el hecho de que en la actualidad la propiedad se ha formalizado y registrado a partir de los contratos de compra de posesión que se hizo con los 15 posesionarios. Así han sido los hechos y, de esa manera, es también como las propias investigaciones fiscales lo han determinado.
Sin embargo, determinadas personas quieren pintar una situación distinta porque vinculan a la ACSJB con el Sodalicio, construyendo una trama de tráfico de tierras dirigida por monseñor Eguren y por mí para invadir terrenos con La Gran Cruz y falsificar luego documentos con los que poder hacernos de la propiedad de terrenos de pobres campesinos. Es así que a las protestas de los primeros denunciantes (cuyas denuncias la misma fiscalía está sobreseyendo) y denuncias extorsivas hechas por los directivos de la Comunidad Campesina de Castilla que nos pedían que les pagáramos a ellos por las tierras (todas esas denuncias fueron archivadas por su absoluta falta de sustento), se sumó una refinada construcción noticiosa impulsada por la Sra Paola Ugaz por medio de la cadena árabe Al Jazeera.
Utilizando cuatro testigos y sin hacer el menor caso a nuestros descargos hechos llegar notarialmente por el abogado de la ACSJB al periodista Daniel Yovera, se elaboró y difundió mundialmente el reportaje The Sodalitium Scandal, producido por la señora Paola Ugaz, quien luego de haber reconocido públicamente ser la productora ahora lo niega para evitar asumir su responsabilidad por la absoluta falsedad del reportaje.
No soy sodálite y vivo exclusivamente de mi trabajo. El daño que ese reportaje me ha producido es indescriptible. Mi familia está sumamente afectada y reputacionalmente mi imagen está por los suelos. Laboralmente es difícil que pueda encontrar un trabajo en el nivel gerencial, en el que siempre me he movido. La señora Ugaz, en su afán por crear una nueva historia con el Sodalicio, no ha tenido el menor reparo de dañar mi imagen sin tener en cuenta que no soy sodálite y que la asociación no es dirigida por el Sodalicio, sino por personas naturales que cumplen con la finalidad social no lucrativa de la ACSJB.
Con mis propios medios y contando con el apoyo de amigos abogados, decidí empezar a querellar a los testigos. Querellar al periodista Yovera o a la productora Ugaz, o a la misma cadena Al Jazeera, no habría tenido ningún sentido pues se habrían escudado en la figura del “reportaje fiel (ellos solo reproducen los que dicen los testigos)”. Y resulta que el Poder Judicial de Lima ya ha condenado a dos de los testigos que hicieron explícitamente referencias difamatorias en mi contra (Samuel Alberca Reyes y Carmen Rosa Campodónico Díaz). Con esas sentencias he enviado cartas notariales a la Sra Ugaz y al Sr. Yovera para que rectifiquen o hagan la gestión ante la cadena Al Jazeera con el fin de que se retire el reportaje o se tenga en cuenta que sus fuentes mintieron, como lo ha determinado el Poder Judicial.
La señora Ugaz nunca me ha respondido. Y lo que ha hecho el señor Yovera , más bien, es difundir aún más en sus redes sociales el reportaje, esta vez con conocimiento pleno de que los testigos me habían difamado con afirmaciones falsas.
No voy a parar en esta cruzada personal contra los que dañaron mi nombre simplemente por querer dañar al Sodalicio, institución con la que no tengo ninguna relación. Reitero: no soy sodálite y no estoy involucrado en ninguna situación de abuso. He tenido que denunciar a la señora Ugaz porque ha declarado falsamente en juicio que no es la productora de Al Jazeera, cuando ella misma antes lo ha reconocido en una entrevista pública.
Aunque me tome toda la vida, no voy a parar hasta que Al Jazeera, la Sra. Ugaz y el Sr. Yovera se rectifiquen del grave daño que me han hecho con un reportaje que solo recoge afirmaciones falsas y difamatorias.
Carlos Alberto Gómez de la Torre Prettel
DNI: 29300947
Imagen: El Periódico.com

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
En octubre del 2018, la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP decidió destituir al profesor Hildegardo Córdova, denunciado por una trabajadora administrativa. El Consejo Universitario ratificó la sanción. Tres días antes había acordado que a los despedidos por acoso sexual no se les pagara la pensión complementaria que la PUCP guarda para sus empleados antiguos cuando se jubilan. De modo que Córdova fue doblemente sancionado. La Comisión Especial puede despedir a alumnos o docentes.
Córdova, de 72 años, Doctor en Geografía por San Marcos, con maestría y PhD en su especialidad en Austin y Wisconsin, ha sido profesor visitante en cinco universidades de Estados Unidos y Europa.  Cuando estalló el problema dirigía el Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la PUCP, donde enseñó 34 años. Su denunciante y subordinada dijo haber sido víctima de expresiones verbales indebidas.  Córdova lo niega. Ambos laboraban juntos desde hacía muchos años con un pequeño grupo de expertos y empleados familiarizados entre sí.

Dichos impropios

El tipo de acoso denunciado es definido por la PUCP como una conducta de connotación sexual no deseada por la persona contra la que se dirige. Es una forma de violencia que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, como mecanismo de presión para forzar a la víctima. La denunciante afirmó que en una ocasión Córdova le preguntó si era activa sexualmente con su esposo.  Al mes siguiente le habría manifestado sentirse atraído por ella. Semanas después, que “él, como todo hombre, tenía necesidades fisiológicas”. Según la denuncia, el profesor, al no encontrar reciprocidad, empezó a controlar sus movimientos.
Las expresiones atribuidas al denunciado serían típicas de una hostilización sexual asociada al abuso de poder de un superior jerárquico. Córdova acudió ante la comisión sin el apoyo de un abogado. Allí declaró que tenía una amistad de muchos años con la denunciante pero que nunca le insinuó tener sexo, que la veía como una hija, que ella le pedía consejos sobre su matrimonio y que sus recomendaciones habían sido sacadas de contexto.   En cuanto al “control de movimientos”, se debía a sus cada vez más frecuentes ausencias e incumplimientos, lo que se podía corroborar fácilmente.

Dos posiciones

La denunciante dijo que a raíz del hostigamiento eliminó a Córdova de su Facebook.  Ante lo cual el profesor le escribió: “Veo que me has echado del olimpo de tus amigos. Es el precio de haber sido honesto contigo y decirte lo que sentía en respuesta a tus preguntas. Solo nuestro Dios es perfecto. Con mucha amistad”. La denunciante presentó este mensaje como prueba. Córdova reconoce el texto, pero señala que evidencia una relación cercana, que a veces podía ser burlona.  Después de ese incidente siguieron almorzando juntos y eventualmente ella lo esperaba para que la llevara a su casa.
La Comisión tomó manifestaciones a tres testigos y sólo una de ellas respaldó la denuncia. Consideró, sin embargo, que había pruebas suficientes para disponer la destitución. El Consejo Universitario se pronunció en noviembre, ante una apelación. Se produjo un empate, y el Rector, por entonces Marcial Rubio, dirimió en contra del denunciado.   Este mes, la Defensoría Universitaria, dirigida por el abogado Wilfredo Ardito, produjo el Informe N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”.

El informe N° 8

El informe sostiene que la denunciante acusó al profesor Córdova porque se le habían descubierto malos manejos administrativos de hasta por 34,000 soles. Según la Defensoría Universitaria, al ponerse en condición de víctima, ella habría buscado evitar que fuera despedida por sus infracciones, lo que en efecto no sucedió.  Las irregularidades ya fueron comprobadas. El denunciado las desconocía y por eso no las mencionó en su defensa.
Los colegas de Córdova señalaron a la Defensoría que él trataba con corrección a las mujeres de la universidad y que tenía una amistad respetuosa con la denunciante. Una de ellas conocía de las irregularidades y había pedido al profesor que controlara sus ausencias. Ofrecida como testigo por Córdova, no fue llamada por la comisión. Otra importante testigo, que sí declaró, dijo que la comisión cambió el sentido de su manifiesto: aparece respaldando las acusaciones cuando ella siempre insistió en que los cargos contra Córdova eran falsos.

Caso abierto

El caso no está cerrado, pues será tema de un nuevo debate en el Consejo Universitario. En la decisión del 2018 no fue tomada en cuenta la malversación descubierta ni la declaración de una mujer que desmiente a la única testigo que apoyó la denuncia. La Comisión la señaló como víctima de acoso sin siquiera haberla contactado.  Lo que parece evidente es que a Córdova le fue restringido severamente su derecho de defensa. No tuvo apoyo de ningún abogado, un recurso indispensable en este tipo de procesos (y un error del propio denunciado, quien tampoco lo buscó porque creía que bastaba su manifestación).
La PUCP, que fue pionera en establecer mecanismos contra el acoso sexual, lidia con procesos complejos, donde deben garantizarse los derechos de ambas partes para llegar a la verdad. La Defensoría Universitaria pone en duda la imparcialidad de la Comisión Especial, dirigida por la abogada María Soledad Fernández. Hasta no hace mucho un ululante feminismo radical la acusaba de falta de firmeza. Aunque estos grupos pueden considerar el derecho de defensa como un mecanismo cómplice de los acosadores, en realidad su valor trasciende el interés del denunciado. Es lo que garantiza la calidad de cualquier decisión correcta.

Estudiantes de la PUCP exigen destitución del defensor universitario Wilfredo Ardito

“¿A quién defiende el defensor?” es lo que se preguntan las estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú luego de que se filtrara un informe en donde Wilfredo Ardito, el Defensor Universitario de la PUCP desde marzo de 2017, intentara deslegitimar el trabajo de una docente miembro de la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual al señalar que esta no podía opinar de forma objetiva porque ella misma había vivido acoso sexual, sumado a las afirmaciones sobre la salud mental de la representante estudiantil de la misma Comisión Especial con el intento de descalificarla para su labor.
Estas pretensiones de deslegitimar a mujeres que trabajan para visibilizar, erradicar y prevenir la violencia sexual que se vive en la PUCP, y hacer justicia con las víctimas de agresiones sexuales, fueron las gotas que rebalsaron el vaso de un defensor que tiene una serie de acusaciones de trato machista y homolesbotransfóbico de varios estudiantes que se han sentido expuestos y desprotegidos por quien, se supone, debería defenderlos.
En el Informe Defensorial N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”, que es realmente una apelación a la resolución de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual que sancionó a este profesor con su destitución, decisión luego aprobada por el Consejo Universitario el 23 de noviembre de 2018, Ardito hace una cerrada defensa de este, señalando que el profesor Córdova es “inocente” y la trabajadora administrativa que lo denuncia es “deshonesta”.
Acusan a la trabajadora de querer esconder detrás de la denuncia de violencia sexual un delito de malversación de fondos, y que el informe elaborado por la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual refleja “falta de objetividad e imparcialidad”, así como “una serie de violaciones al debido proceso”. Así también, dudan de “la capacidad de los integrantes de la Comisión Especial de enfrentar temas delicados como la destitución de un docente”.
Pero lo que despertó la indignación del alumnado fueron las afirmaciones en contra de la abogada Marisol Fernández Revoredo, miembro de la Comisión Especial desde que esta empezó a funcionar en el 2014. Sobre ella, el informe dice lo siguiente:
“Todas las irregularidades en el proceso contra el profesor Córdova reafirman nuestra convicción de que los procesos ante la Comisión Especial carecen de objetividad y que la profesora Fernández no se encuentra en condiciones de actuar de manera imparcial en denuncias sobre acoso sexual”.
¿Por qué afirma eso el informe defensorial? Pues porque la profesora Fernández habría señalado en “varias ocasiones que ella había sido víctima de una agresión sexual y que hasta el momento aún se considera bajo los efectos traumáticos” que estas agresiones causan. Luego el informe cita la única vez que Fernández lo hizo público, en una asamblea de Derecho, en agosto de 2018, en donde decenas de alumnas contaron sus casos de violencia sexual en la universidad por primera vez frente a sus autoridades. Según el informe, esta vivencia la invalida para tratar el tema, como invalidaría al 90% de mujeres del Perú por carecer de la objetividad para hacerlo. Es decir, los únicos que podrían decidir si hubo o no violencia sexual contra las mujeres serían aquellos que nunca la vivieron, ellos sí serían objetivos en sus resoluciones y sentencias.
Sobre la representante estudiantil Ana Calderón, Ardito afirmó ante el Consejo Universitario que ella sufría de bulimia, depresión y que “llora todo el día” a causa de la carga emocional de la Comisión. Lo que he pasado en los últimos días no se lo deseo a nadie. A estas alegaciones, que no vienen al caso de ser expuestas en ningún Consejo Universitario, la estudiante respondió públicamente lo “nefasto y humillante” que resulta que una autoridad use información privada “para destruirla” y que pensó en renunciar, pero que desistió puesto que no hizo nada malo.
Frente a estos hechos, el colectivo feminista Se acabó el silencio, que surgió a partir del caso de la exestudiante  de Derecho de la PUCP, Claudia Pérez, quien fuera violada hace 14 años por su jefe directo, José Carlos Angulo Portocarrero, en el estudio de abogados en donde hacía sus prácticas, se pronunció sobre estos hechos exigiendo a sus autoridades “una postura contundente contra el uso de estereotipos de género en las investigaciones de hostigamiento sexual”.
Así también, enviaron cartas a sus autoridades para que actúen de una vez contra Wilfredo Ardito.
El 19 de marzo, el colectivo de Estudiantes de la Maestría de Género de la PUCP realizó una protesta denominada Alfombra Roja, en la cual vestidas de rojo se trasladaron por los ambientes de la universidad para luego echarse en el suelo y levantar carteles exigiendo el retiro definitivo de Wilfredo Ardito.
Ellas manifestaron que lo hacen “por lxs estudiantes, docentes y trabajadorxs que han sufrido y continúan sufriendo esta cultura que existe en la universidad que las culpabiliza de la violencia que sufren y que protege a sus agresores”. También señalaron que se cubrieron los rostros “porque si no lo hacemos, nos hostigan y amedrentan en redes y en persona solamente por manifestarnos y denunciar la violencia que sufrimos”.
Si las estudiantes se preguntan ¿a quién defiende el defensor?, este medio se pregunta ¿por qué las autoridades siguen avalando a Ardito?
Fuente: www.manoalzada.pe

ABOGADO ENCUBRE ACOSADORES EN LA PUCP

Cuando todo parecía volver a los años felices de la obra imperecedera del exrector Marcial Rubio Correa (“Malulo”), resulta que en la Asamblea Universitaria de la PUCP estalla un nuevo escándalo de acoso sexual: el Defensor Universitario y profesor Wilfredo Ardito es acusado de encubrir a un docente destituido por hostigar sexualmente a una funcionaria, cuyo nombre debemos mantener en reserva. Qué vergüenza.
EL PODER MORAL
Mucho se ha escrito en el sentido de que la Universidad Católica ha sido y es el think tank o el tanque de pensamiento de la izquierda caviar que se vende como el poder moral de la nación. A los cobros millonarios indebidos a los estudiantes, que precipitaron la caída de Marcial Rubio Correa, se suma ahora la necesidad de determinar sanciones contra Wilfredo Ardito, el defensor de dicha comunidad universitaria acusado de discriminación de género contra una colega, informa la web Wayka.pe. Y no solo de eso.
POR PARTIDA DOBLE
El pasado martes 19 de febrero trascendieron extractos de un informe de dicha Defensoría sobre un profesor -el geógrafo Hildegardo Córdova- denunciado de hostigar sexualmente a una funcionaria. Lo polémico del documento, elaborado por el caviar Ardito, es que no solo se va contra la víctima acosada, sino que desestima la objetividad frente al caso de otra docente agredida sexualmente en el pasado, María Soledad Fernández, directora de la Comisión Especial que decidió destituir al citado Córdova.ENCUBRIMIENTO
El informe Ardito es pues temerario. “La condena al profesor se habría debido a una maniobra de una trabajadora que [ha] cometido una serie de infracciones administrativas y está implicada en la malversación de fondos de la universidad (…), la trabajadora habría interpuesto la denuncia por acoso como un escudo ante el inminente descubrimiento de sus manipulaciones de dinero”, afirmó. Para los penalistas, Ardito incurre en presunto delito de encubrimiento. El escándalo recién empieza.
HAY OTROS TRES
Además, ayer, en las redes sociales corrió como reguero de pólvora otros casos anteriores poco o nada conocidos. Nos referimos a tres profesores de izquierda, entre ellos Alza Barco y el antropólogo Jaris Mujica, “líderes de organizaciones neomarxistas pro aborto” que fueron “denunciados por hostigamiento sexual o violación a alumnas”. ¿Qué cosa? ¿Las autoridades universitarias no hicieron nada frente a estos abusos sin nombre? ¿Y el defensor Ardito también en esos casos salió en defensa de las víctimas? Hable.
MÁS DE JARIS MUJICA
El 28 de agosto del año pasado el portal ACI Prensa informó, en efecto, que “un grupo de alumnos acusó al profesor Jaris Mujica del delito de violación, durante un foro organizado en el auditorio Gustavo Gutiérrez Merino en la Facultad de Ciencias Sociales. Mujica es conocido por haber sido directivo e investigador de la ONG Promsex, que desde hace más de diez años promueve la despenalización del aborto en el Perú”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Por Jorge Yamamoto-Diario El Comercio.
No es otro peruano. Somos buenos amigos, mejores familiares, solidarios, alegres, generosos. El problema comienza cuando nos hacemos favores, pequeños o grandes, dentro o fuera de la ley; cuando lo hacemos con solo aquellos que forman parte de nuestra argolla, a nuestros ‘hermanitos’, sin pensar si es justo para los otros, sin reflexionar si con eso se arruina a un gran país.
El problema está arraigado en uno de los niveles más profundos de la mentalidad de una nación: los valores. Los estudios de nuestro grupo de investigación en psicología social –conformado por psicólogos de la PUCP y de la consultora Bienestar y Productividad, de la cual soy fundador– encuentran en el Perú los valores de trabajo, ayuda y lealtad; a la vez, los antivalores de la envidia, el chisme y el egoísmo, ‘la tríada social del mal’. Cuando un peruano tiene éxito, el otro peruano se siente miserable y alivia su infelicidad devaluando el mérito del otro con una sofisticada narrativa que entremezcla la verdad con la difamación: el raje.
De lo verbal pasa a lo conductual. Invierte tiempo y dinero para que el envidiado deje de ser exitoso y feliz: el macheteo. Cuando al envidioso le toca el turno del éxito, el envidiado u otro peruano cercano le devolverá el favor practicando el deporte nacional del raje-macheteo. Esto crea un entorno egoísta, corta la ayuda mutua, motor del desarrollo y la felicidad, y degenera en el ‘animus jodendi’, o el hábito de fastidiar al otro, en buena o mala onda.
Este afán de sabotear no se da en solitario. Las empresas, los ministerios y las asociaciones no son equipos articulados para beneficio de la organización, son argollas enfrentadas buscando el beneficio propio, el malestar de las otras argollas, sin importar que a la larga pierda la institución. La tesis de Sharon Gabel, egresada de psicología de la PUCP, utiliza la técnica del análisis factorial confirmatorio y encuentra que, en el ámbito laboral, la envidia contra una persona lleva a sabotear el trabajo de todo el equipo del envidiado, sin importar que eso perjudique a la organización, al desarrollo del sector o del país. Se inicia con una suma cero y termina en una división cero.
La infeliz capacidad destructiva de ‘la tríada social del mal’ va mucho más allá. La tesis de Walter Pachas, también egresado de la PUCP, utilizando la etnografía y la entrevista a profundidad, ha estudiado el daño, oscura y democrática conducta en la que personas de los más diversos niveles socioeconómicos y culturales acuden al ‘malero’, un proveedor de servicios de magia negra, que atiende a los envidiosos nivel III, quienes pagan importantes sumas con el deseo de que el envidiado alcance el fracaso, la enfermedad y hasta la muerte. Al margen que esto ocurra eficazmente, el hecho es que las personas lo desean y pagan por que esto suceda.
Hace unas decenas de miles de años, durante la fase tribal humana, nos defendíamos de los depredadores a través de la unión y el apoyo incondicional de familiares y amigos. Lo hicimos con tanta eficiencia que rápidamente tomamos control del planeta. Con esto, la competencia dejó de ser contra otras especies y se convirtió en una lucha contra otros humanos, organizados en clanes, que fueron creciendo en alianzas para luchar contra otras tribus aliadas.
Hace unos cinco mil años, surgió la civilización: grupos masivos de clanes organizados en una sociedad, políticamente estructurados en poderes y humanamente articulados por valores. Estos valores no son más que principios de convivencia que favorecen el bienestar y el desarrollo de los individuos, las tribus, las organizaciones y los ciudadanos, en el contexto ambiental e histórico de cada sociedad.
Así, la clave del desarrollo de la civilización es el salto del beneficio de la tribu-argolla a costa de los otros, al beneficio de la tribu-argolla a favor de todas las demás, basado en valores humanos y poderes del estado debidamente establecidos. Si esto es correcto, en el Perú estamos doblemente jodidos dado que estamos en una profunda crisis de valores y sumidos en poderes del estado que dan pena, vergüenza y cólera.
‘La tríada social del mal’ es a su vez la fuente de la corrupción y constituye uno de los peores males del país, tan profundamente arraigado que no nos damos cuenta de su gravedad, de sus enormes y ubicuas consecuencias. Es uno de los principales tumores de la mentalidad nacional, que debidamente extirpado puede generar saltos en la productividad, el desarrollo y la felicidad de las familias, los barrios, las organizaciones, el país. Los estudios y experimentos que venimos conduciendo señalan dos ejes de cambio para extirpar este tumor: el primero sugiere convertir la envidia machetera en envidia progresista. Por ejemplo, cuando un huanca progresa, el otro huanca lo envidia y se siente infeliz, pero rápidamente deja de ver a la persona, se fija en el logro y lo convierte en un reto personal. Si encuentra un entorno meritocrático, deja de desear el mal del envidiado para motivarse a alcanzar el mismo logro o uno mayor. Tras el esfuerzo, el envidioso se vuelve el envidiado, pero no genera un afán de devolverle el daño; más bien, motiva la mutua superación, creando un círculo virtuoso de competencia sana, de progreso con felicidad.
Un segundo eje de cambio es la reestructuración de la educación en los primeros años de primaria con el objetivo de formar los valores, con más ejemplo y práctica que discurso hipócrita. Formar el cimiento para la conciencia moral, la empatía y el respeto al otro; la semilla para que en tan solo una generación pasemos de circular por calles violentas, agresivas y salvajes a vivir en una sociedad que progresa con felicidad.

La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene una política en ejecución contra el acoso sexual y la lleva a cabo en solidaridad con las víctimas de estos agravios. Para ello cuenta con la reglamentación correspondiente en materia de faltas sancionables y procedimientos, y ha establecido una Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual presidida por una profesora e integrada por un profesor y una alumna. Adicionalmente, se brinda apoyo especializado a las víctimas.
Esta Comisión investiga y resuelve en primera instancia, de esta forma garantiza a las víctimas la estricta reserva de sus denuncias. El Consejo Universitario -conformado por autoridades, profesores y estudiantes- es la segunda y última instancia y a él se recurre por apelación.
El procedimiento de sanción por hostigamiento sexual debe comenzar con la presentación de una denuncia de quien fue la persona agraviada. Este es un requisito indispensable según el debido proceso constitucionalmente establecido y un derecho humano para el denunciado como agresor. La PUCP, entonces, no puede actuar de oficio sin una denuncia de parte identificada.
En los últimos días, dentro y fuera del campus, ha habido imputaciones públicas sobre actos de hostigamiento sexual en la PUCP y se sostiene que, supuestamente, no hubo una respuesta adecuada frente a estos casos. En este sentido, se ha mencionado públicamente a tres profesores ordinarios de la Universidad.
El primero de ellos fue un profesor ordinario del Departamento de Ciencias Sociales. Sobre su conducta, el Defensor Universitario presentó un informe al Rector, donde indicaba faltas de naturaleza directiva, laboral y económica, así como faltas de acoso sexual. El profesor recibió un plazo de dos semanas para contestar el informe defensorial. Así lo hizo y al día siguiente, el 31 de julio pasado, renunció a su condición de profesor, de acuerdo con su derecho constitucional de libertad de trabajo, que incluye la potestad de renunciar. Con posterioridad a esta renuncia, se ha recibido denuncias adicionales de personas que se consideran víctimas, estos casos se encuentran en investigación según a las normas procesales existentes. Al día de hoy, existen tres presuntas víctimas más que han pedido presentar denuncias, las que se recibirán siguiendo un cronograma establecido por la Comisión respectiva.
El segundo de los profesores mencionados pertenece al Departamento de Derecho y la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual ha recibido información de cinco personas con pruebas referidas a acoso a través de mensajes en redes sociales y correo electrónico. Las personas que se consideran agraviadas han decidido que sus testimonios sean anónimos, por lo que no pueden ser calificados como denuncias, pues es jurídicamente indispensable que estas no sean anónimas. Por lo tanto, no hay a la fecha un procedimiento de sanción abierto contra ese profesor. La PUCP recibirá las denuncias de quienes se consideren víctimas a través de los canales correspondientes.
El tercer caso es el de un profesor del Departamento de Ciencias Sociales, de quien se ha dicho durante varias semanas que Promsex, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, había hecho una investigación según la cual se demostraba que había violado a una mujer, razón por la cual se le había despedido de la institución. Al mismo tiempo, en la PUCP se ha hecho una campaña de denuncia pública por grupos diversos y se ha exigido que se le quite su condición de profesor ordinario. Asimismo, existen, en las redes sociales, videos grabados en el campus de la PUCP calificándolo como violador.
El día 27 de agosto de 2018, Promsex emitió un comunicado según el cual afirma que, en marzo de 2017, recibió “el testimonio de una mujer, quien mantuvo la reserva de su identidad y que señalaba a (este profesor de la PUCP) como responsable de un acto de violación sexual hacia su persona”. El mencionado comunicado agrega que la persona “solicitó no difundir su testimonio, ya que sería ella quien decidiría las medidas posteriores y el momento apropiado para hacerlo”. El tema fue presentado ante el Consejo de Promsex “solo con el testimonio de la mujer” y este organismo solicitó al denunciado que renunciara, a lo que este asintió.
El Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP recibió hace aproximadamente dos meses, un correo sin identificación del remitente, en donde se refería una violación hecha por el aludido profesor. No fue una denuncia formal, pues se desconoce quién la hacía.
El profesor a quien nos referimos no tiene abierta ninguna investigación por acoso sexual o violación hasta este momento en la PUCP. Existen dos testimonios de acoso contra él, pero con exigencia de anonimato, lo que no puede calificarse como una denuncia que inicie un procedimiento de sanción. También hay indagaciones preliminares sobre ciertas denuncias que se le hacen por asuntos vinculados a la tarea docente, materia completamente distinta al acoso sexual, que no han recibido aún formalización de acusación alguna.
La PUCP no admite ni el acoso ni el hostigamiento sexual en su comunidad universitaria y sanciona drásticamente a los agresores mediante debidos procesos, que respetan siempre la dignidad de cada persona involucrada. Para ello reitera el pedido de que el acoso sexual sea denunciado ante las autoridades competentes para su procesamiento y sanción.
Lima, 29 de agosto de 2018
El Rectorado

Por Gonzalo Villamonte Duffoo- Real Academia de la Historia.
Juan de Berindoaga y Palomares nació en Lima (Perú) el 11.XI.1784 y fue fusilado por orden de Simón Bolívar el 15.IV.1826.
Político y militar. Su familia fue parte de la nobleza criolla que durante las guerras de Independencia estuvo a favor de la causa realista. Sus padres fueron Juan Félix de Berindoaga, vizconde de San Donás, y María Josefa Palomares y Salazar. Desde temprana edad se orientó por el estudio de las letras, ingresando en el Real Convictorio de San Carlos, donde se graduó con honores como bachiller en Artes y años más tarde, con el mismo título en Leyes (1804). Apenas terminados sus estudios, realizó sus prácticas legales en el famoso estudio de Don Francisco Valdivieso. Alcanzó el título de abogado ante la Real Audiencia (1808); y se desempeñó con acierto y lucimiento en la defensa de causas importantes, especialmente en la alegación jurídica hecha por los herederos de San Donás contra la testamentaría del marqués de Celada de la Fuente acerca de ciertos derechos que reclamaban como arrendatarios de la hacienda de Huando (1818).
Al parecer, su capacidad de interpretar magníficamente las leyes le otorgó prestigio y consideración, a tal punto que fue nombrado regidor y secretario del cabildo de la ciudad de Lima (1814). En los años siguientes, cuando las luchas por la independencia de Perú eran inminentes, Berindoaga fue reconocido como teniente coronel de milicias realistas y luchó junto al mariscal José de la Mar, siendo designado como su ayudante de campo (1820). En el campo militar demostró igualmente cierta distinción, fue ascendido a coronel y comandó el escuadrón del Regimiento de Dragones de Carabaillo hasta que fue elegido por el virrey como subinspector de las tropas del virreinato.
Cuando José de San Martín ocupó la ciudad de Lima, Berindoaga, al igual que muchos militares realistas, al ver la -y su- situación adversa y conocedores de las pocas posibilidades de repeler la invasión, renunciaron a las milicias españolas y fueron incorporados a la causa patriota.
Como colaborador del general San Martín, el ejército independentista le ratificó el grado de coronel y lo nombró oficial mayor del Ministerio de Guerra y Marina (1821). Fue miembro de la Sociedad Patriótica y apoyó en todo momento las ideas monárquicas que San Martín pretendía para el Gobierno de Perú.
De igual manera, Berindoaga aprovechó el foro de la Sociedad para exponer sus ideas no sólo de gobierno, sino también la forma cómo debería acabar la guerra, las condiciones para ambos bandos y el mantenimiento del orden público.
Durante su permanencia en el Gobierno ocupó varias carteras ministeriales, entre ellas la del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores (1822) y la Secretaría del Consejo de Estado durante la presidencia de la Junta gubernativa. No obstante, a pesar de haber servido a dicha Junta, estuvo de acuerdo en su disolución tras los malos resultados obtenidos en las campañas de Puertos Intermedios (1823). Cuando Torre Tagle asumió el poder Ejecutivo (julio de 1823), Berindoaga fue nombrado ministro de Guerra y posteriormente, de Hacienda, encargándose de la intendencia del Ejército, la Comandancia Militar y la Prefectura del departamento de Lima. Ascendido a general de brigada por órdenes expresas de Torre Tagle, Berindoaga estuvo encargado de las negociaciones con el general realista Canterac para la realización de un armisticio que debía ser aprovechado por las tropas independentistas para su recomposición.
A pesar del servicio prestado a la causa patriota, Berindoaga no dejó nunca sus ideas monárquicas, intentando exponerlas ante cualquier público, especialmente entre la nobleza y los sectores más pudientes de la ciudad. Consciente de los problemas que ello podría provocarle, decidió no salir de Lima cuando los realistas tomaron la ciudad y se presentó ante ellos como un reacio defensor del mantenimiento del orden colonial. Junto a Torre Tagle, Berindoaga se refugió en la fortaleza del Real Felipe, esperando la ayuda de las tropas realistas acantonadas en la sierra. Para su mala suerte, el sitio impuesto por las tropas independentistas impedía cualquier tipo de contacto entre las del ejército realista y los refugiados en el Callao. Berindoaga, al ver cómo sus compañeros morían por docenas a causa de la insalubridad del lugar, pactó su escape con unos pescadores que lo llevarían a alguna playa aledaña. Sin embargo, fue capturado y enviado al cuartel del ejército patriota, donde se le abrió proceso por traición a la patria. Elevado su juicio a la Corte Suprema, la sentencia final fue la pena de muerte. A pesar de las súplicas y ruegos que Berindoaga le hizo a Bolívar, el Libertador no dudó en hacer efectiva la pena, pues fue utilizada como castigo ejemplar para cualquier individuo que se pasara a las filas enemigas. El 15 de abril de 1826, Juan de Berindoaga fue ejecutado en la Plaza Mayor de Lima y expuesto durante todo el día en la horca.
Bibliografía:
M. de Mendiburu, Diccionario histórico biográfico, Lima, Librería e Imprenta Gil, 1934
J. Basadre, Historia de la República del Perú, Lima, Editorial Universitaria, 1983
A. Tauro del Pino, Enciclopedia Ilustrada del Perú, Lima, PEISA, 2001.

La madrugada del 4 de noviembre de 2017, Yubitza Llerena de Mendiburu encontró la muerte. “Tomamos pura cerveza. Recuerdo que llegamos a mi casa y entramos a la habitación. Recuerdo que mi esposa dijo que utilice los juegos sexuales que tenemos. Luego me quedé dormido”, se lee en la manifestación policial del médico Rubén Valera Cornejo, acusado por el delito de feminicidio.

 JUEGO MORTAL

En aquella fecha, el hombre contó que no recordaba los detalles del encuentro sexual, pues había bebido mucho alcohol. Contó a la Policía que usaron juguetes sexuales durante su encuentro íntimo y fue cuando despertó que encontró a su esposa inconsciente. Posteriormente, Yubitza -quien presentaba sangrado en su zona íntima- fue conducida al hospital de Yanahuara (Arequipa), donde los médicos certificaron su muerte.
Y es que, según los indicios de la policía, el médico anestesiólogo habría usado un mortero de guerra, un artefacto militar de unos 35 centímetros de largo y unos 6 centímetros de ancho, el cual estaba dentro de una mochila, en la habitación donde ocurrió el encuentro íntimo.
“Nosotros hemos encontrado estos objetos en una mochila. También hemos encontrado que un mortero de cañón que presentaba rastros de sangre y vello público”, contó a Panorama, Javier Arana, Jefe de la Divincri de Arequipa “presentaba sangre por todo el cuerpo, en la piernas, en las partes íntimas”.
“Se han encontrado ampollas, anestésicos. Él es médico anestesista y se podría presumir que los ha utilizado para reducir el dolor”, agregó.

JUSTICIA

El padre de Yubitza, Washington Llerena, sigue esperando que el médico responda a la justicia. “Que purgue en la cárcel por lo que ha hecho con mi hija. Seguiré luchando hasta el final”, contó entre llantos.
Cabe indicar que Rubén Valera Cornejo se encuentra libre. En noviembre de 2017 fue llevado al Ministerio Público en calidad de detenido como autor del presunto delito de feminicidio; sin embargo, salió en libertad con comparecencia restringida.
Fuente: Diario Correo.

Arequipa: dictan prisión contra médico que mató a su esposa con juegos sexuales

El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Carlos Mendoza Banda, dictó 6 meses de prisión preventiva contra el médico internista Rubén Valera Cornejo quien es acusado de feminicidio en agravio de su expareja identificada como Yubitza Llerena de Mendiburú.
Según la investigación fiscal, Llerena de Mendezú falleció desangrada luego que su pareja usara el casquillo de un proyectil de mortero como juguete sexual. El lamentable hecho ocurrió el 4 de noviembre del 2017.
Después de más de seis horas de audiencia, el juez Mendoza Banda ordenó la búsqueda a nivel nacional de Valera Cornejo quien no asistió a la audiencia. Desde el 2017, el médico tenía libertad con comparecencia restringida e impedimento de salida del país.
El delito de feminicidio es sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 15 ni mayor de 35 años, por lo que el juez aceptó el pedido de encarcelamiento.
Fuente: Diario La República.

Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet

Tras la ampliación de la investigación preparatoria contra ex socias de Odebrecht, anunciada por la Fiscalía tras corroborar la versión de Jorge Barata -ex representante de Odebrecht en Perú -, se conoció el monto que habría recibido Alejandro Toledo justamente de estas ex socias y los nombres de los 5 directivos investigados.
La Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, por los delitos de corrupción de funcionarios y de lavado de activos.
Las pesquisas, que comenzaron en marzo, alcanzarán, según el diario La República, a José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña, representantes legales de dichas empresas.
¿Cuánto pagaron?
De acuerdo al documento de ampliación de investigación fiscal (disposición fiscal N° 19), que cita La República, los representantes de las constructoras tuvieron conocimiento, aprobaron y participaron en el pago ilícito de US$ 20 millones que Odebrecht hizo al ex presidente Alejandro Toledo, entre el 2006 y el 2010.
Barata declaró haber comunicado a José Graña, ex presidente de Graña y Montero; a José Castillo, director de ICCGSA; y a Fernando Camet, presidente de JJ Camet, de sus “tratos” para ganar la licitación de la Interoceánica Sur mediante un soborno a Toledo.
Estos aceptaron, según Jorge Barata, pagar las comisiones ilícitas y explicaron que asumirían su parte del pago de las coimas “a través del reparto de utilidades”.
La corroboración de esta versión que hizo la Fiscalía constó de los documentos sobre el reparto de utilidades, peritajes e información bancaria que recibió de Odebrecht.
De esta manera se estableció que en junio del 2011 los consorcios acordaron aportar S/ 41’499,688.35, equivalente a US$ 15’083,805.24, como declaró Barata para cubrir el soborno a Alejandro Toledo.
“Graña y Montero cedió US$ 6’219,627.15; JJC Camet US$ 5’641,151.70; e ICCGSA US$ 3’223,026.39” para cumplir con el acuerdo, cita La República, montos que se pagaron bajo el rubro de reconocimiento de riesgos adicionales a Odebrecht.
En ese sentido, la Fiscalía señaló que la auditoría a los estados financieros de Graña y Montero que hizo PwC “no realizó observaciones a este inusual reparto de utilidades, que no estaban previstos en los cierre contables de los años 2006 al 2011”, indicó.
Como se sabe, las constructoras peruanas Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet -junto a Odebrecht-, integraron los consorcios Conirsa e Interoceánica Sur tramo 2 y 3. Se adjudicaron los contratos para la construcción y mantenimiento de la vía Interoceánica.
Fuente: Diario Gestión.

Alejandro Toledo negoció con Camargo Correa pago de US$ 5.4 millones

Prófugo expresidente negoció un pago ilícito equivalente al 3% del valor presupuestado del tramo 4 de la vía Interoceánica Sur. De ese monto, 3.9 millones llegaron a dos cuentas de Maiman y se mezclaron con pagos de Odebrecht.
Por César Romero- Diario La República.
El prófugo ex presidente Alejandro Toledo negoció con el representante del consorcio Intersur y la constructora Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, el pago del 3,5% del presupuesto referencial del contrato del tramo 4 de la vía Interoceánica Sur, fijado en 180’373,653.00 dólares.
Eso suponía, de acuerdo con las investigaciones del Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú, el pago de una coima de 6’313,075.00 dólares. De ese dinero, Toledo pidió para él un total de 5’411,207.00 dólares, lo que corresponde al 3% del costo presupuestado del referido tramo de la Interoceánica.
El 0.5% restante, equivalente a 901,868.00 dólares, aparentemente fueron para su amigo y consejero Josef Maiman Rapaport, quien facilitó las cuentas para recibir la coima.

En Brasil y palacio

La fiscalía establece que el acuerdo ilícito entre Toledo y los representantes de Camargo Correa se habría suscitado entre fines del 2004 e inicios del 2005. Muy posiblemente, tal como sucedió con el acuerdo con Odebrecht, durante la XVII Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno del Grupo de Río, que se realizó el 5 de noviembre del 2004 en Brasil.
En esa fecha, Marcos de Moura también estuvo en Brasil, de acuerdo con su registro migratorio. Otra fecha clave pudo ser el 13 de abril del 2005. Ese día, el registro de visitas de Palacio de Gobierno señala el ingreso de Marcos de Moura, acompañado de Bricio Torres, representante de la constructora Queiroz Galvao, y Breno Luis Filomeno Saldanha, representante de Intersur Concesiones. Sostuvieron una reunión con Toledo entre las 17:59 horas y las 19:07 horas.
Luego de cerrar el acuerdo con las constructoras brasileñas, Toledo llamó a Josef Maiman y le comunicó que Camargo Correa tenía un compromiso de pago y que también iba a recibir dinero proveniente de aquellas empresas, por lo que requería sus cuentas bancarias.
Josef Maiman ha confirmado a la fiscalía que atendiendo el pedido de Toledo puso a disposición de Camargo Correa la cuenta de la offshore Trailbridge Ltd-Nº 308478 y la cuenta de la empresa Warbury & Co-Nº 57756799.

Las dos rutas

Maiman precisó que solicitó al ex superintendente de Odebrecht Jorge Barata que “transfiera a Camargo Correa la información bancaria de dichas cuentas que ya obraba en su poder”.
Así, la fiscalía ha podido confirmar que los pagos del consorcio Intersur y Camargo Correa siguieron dos rutas y se realizaron entre junio del 2006 y marzo del 2009.
Igualmente, esto ha permitido establecer que el ex presidente Toledo recibió un total de US$ 3’984,335 de los más de cinco millones de dólares que debía entregarle la mencionada constructora, por los contratos del tramo 4 de la Interoceánica.
Del 22 de junio del 2006 al 12 de marzo del 2007, los pagos por un total de 760,001 dólares se realizaron en la cuenta del Trailbridge en el Citibank Private Banking de Londres.
Luego, entre el 19 de marzo del 2007 y el 5 de marzo del 2009, un total de 3’224,334 dólares llegaron a la cuenta de Warbury en el Barcklays Bank de Londres. Por último, todo ese dinero, más lo que pagó Odebrecht, llegó a una cuenta de la empresa Merhav en Israel.

Una nueva investigación

Por el caso Camargo Correa, el fiscal Hamilton Castro formalizó investigación preparatoria por colusión y lavado de activos contra el ex presidente Alejandro Toledo, Marcos de Moura Wanderley, Josef Maiman Rapaport y Michele Maiman.
Además, los integrantes del Comité de Proinversión que concesionaron la Interoceánica Sur, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font Quevedo y Jhon Barclay Méndez.

Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Universidad de Piura. (Foto: UDEP)

A nivel regional, entre las instituciones universitarias que cuentan con el licenciamiento de la Sunedu, se encuentran la Universidad para el Desarrollo Andino, la Universidad de Piura y la Universidad Católica San Pablo.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
Universidad de Lima (UL).
Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

La SUNEDU otorgó el licenciamiento institucional para ofrecer el servicio de educación superior a la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), ubicada en el distrito de Los Olivos, en Lima. 

Universidad Católica San Pablo (UCSP).
Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA),
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).
Universidad Marcelino Champagnat (UMCH).
Universidad Nacional Autónoma de Huanta, en Ayacucho (UNAH).
Universidad Nacional José María Arguedas, en Apurímac (UNJMA).
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé).
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM).
Universidad del Pacífico (UP).
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Universidad Privada del Norte (UPN).
Universidad Ricardo Palma (URP).
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
Universidad de San Martín de Porres (USMP).
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).Universidad Católica de Santa María (UCSM).Universidad Privada de Tacna.
Universidad Andina del Cusco.
Universidad Nacional del Altiplano (Puno).
Universidad Científica del Sur.
Universidad Nacional de Moquegua.
Universidad Nacional de Jaén.
Universidad La Salle (Arequipa).
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”.
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo).
Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO).
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Universidad ESAN.
Universidad Nacional de Barranca (UNAB).Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga (UNSCH).Universidad Peruana Unión (UPeU).Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann  (UNJBG).
Fuente: Diario El Comercio.