Los testigos del documental de Al Jazeera

El jueves 15 de diciembre del 2016, la cadena árabe Al Jazeera transmitió el reportaje –producido, según ella misma admitió públicamente, por Paola Ugaz y realizado por el reportero Daniel Yovera– titulado The Sodalitium Scandal. Este reportaje, difundido mundialmente, da cuenta de un supuesto tráfico de tierras que habría realizado una institución del Sodalicio, pagando a la organización criminal La Gran Cruz para invadir terrenos de campesinos de la Comunidad Campesina de Castilla y apropiárselos luego por medio de una mafia de papeles.
Con base en cuatro testigos, se construyó toda esta trama noticiosa. Samuel Alberca afirma en el reportaje que monseñor Eguren le ofreció en la Iglesia del Santísimo Sacramento de Piura tres millones de dólares para invadir los terrenos, a lo que se negó, ocupándose de hacer el trabajo Dennis Cruz (líder de la Gran Cruz). Asimismo, la señora Carmen Rosa Campodónico declaró haber sido despojada de su casa por los sodalicios, quienes con la Gran Cruz la habrían sacado a ella y a su familia con machetes y armas de fuego. Se cuenta también con el testimonio de Pedro Zapata Monteza, quien se atribuye haber sido el investigador que desarticuló a la organización criminal de la Gran Cruz y que afirma que la Asociación Civil San Juan Bautista –vinculada al Sodalicio– habría pagado a la Gran Cruz para invadir terrenos ajenos.
Finalmente, se oye también la declaración de Pedro Coveñas Chávez, actual presidente de la Comunidad Campesina de Castilla, quien señala que las tierras adquiridas por la Asociación Civil San Juan Bautista pertenecen en realidad a la Comunidad y que se les ha arrebatado a sus poseedores por la fuerza, y con la complicidad de jueces y fiscales.
Pero, ¿quiénes son estos testigos en los que se basa el reportaje de Al Jazeera?
Samuel Alberca Reyes es una persona con un amplio prontuario judicial que incluye delitos de extorsión, robo agravado y homicidio. Ha sido condenado a un año de pena privativa de libertad por el delito de difamación agravada a raíz de lo dicho precisamente en el reportaje de Al Jazeera. No solamente no ha podido demostrar lo que declaró en dicho reportaje, sino que ha sido públicamente desmentido por el párroco de la Iglesia del Santísimo Sacramento, el padre José Guillermo Uhen. Lo más llamativo es que, de acuerdo con información de Diario Correo de Piura, se le ha sindicado como el asesino de Gerardo Escobar Calderón (a) Comandante Mela, quien lideraba una organización criminal y que al parecer habría revelado información sobre los negocios delictivos de Samuel Alberca. Es decir, lo habría silenciado con la muerte.
Carmen Rosa Campodónico Díaz tiene también un amplio prontuario en delitos de usurpación, y esa información se le hizo conocer a los reporteros de Al Jazeera, la que no fue en lo absoluto considerado por ellos. Posteriormente, la Fiscalía la acusó por un nuevo delito de usurpación y pidió para ella 4 años de pena privativa de libertad. Actualmente, purga condena en el penal de mujeres de Sullana por el delito de tráfico ilícito de drogas, ya que pretendió ingresar droga al penal en sus partes íntimas.
Campodónico ha reconocido su delito y aceptado la pena de 9 años de pena privativa de libertad. Según la querella que la Asociación San Juan Bautista le ha interpuesto por lo declarado en el reportaje de Al Jazeera, existe una pericia informática que a través de los datos de Google Earth demuestra que ella nunca vivió en la zona en la que dice que fue despojada violentamente por los sodalicios (se trata de terrenos eriazos sin ninguna vivienda).
Pedro Zapata Monteza es un expolicía retirado que actualmente trabaja como abogado. Ha tenido una denuncia por extorsión que le interpuso la congresista Maritza García. Ha pretendido ser gobernador regional, pero al no ser su lista admitida llegó a hacer calificativos de grueso calibre contra las autoridades electorales. Además, existe información de que tendría una relación nada santa con Samuel Alberca Reyes.
Y Pedro Coveñas Chávez es el actual presidente de la Comunidad Campesina de Castilla. Ha estado en prisión por ESTAFA y ha sido denunciado por su propia comunidad por actos de administración fraudulenta. En la actualidad, se encuentra acusado por denuncia calumniosa y el Ministerio Público ha pedido que se le imponga una pena privativa de libertad.
La pregunta que surge después de todos estos datos es: ¿Puede considerarse fiable el reportaje de Al Jazeera, “The Sodalitium Scandal”? Esto no tiene nada que ver con el tema de abusos sexuales, sino con atribuirle a esta institución y a sus representantes (que no son sodalicios) la usurpación de tierras y que pagaron a una organización criminal para hacerlo. Para sustentar esta imputación, se basaron en los cuatro testigos antes mencionados.
Mientras tanto, ahora Paola Ugaz niega ser la productora del reportaje (a pesar de que lo dijo públicamente en un medio de comunicación) y Daniel Yovera conserva un mutismo por lo menos llamativo sobre la credibilidad de sus testigos.
Fuente: Redacción Político.pe y foto captura de Youtube.

Carta a la opinión pública

Por Carlos Alberto Gómez de la Torre- Político.pe
En el año 2012 ocupé el cargo de apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista (en adelante ACSJB), comprando en el mes de enero la posesión de aproximadamente 300 hectáreas a 15 posesionarios con un compromiso futuro de venta. Eran extensiones en las que realizaban pequeños sembrados con especies oriundas que podían crecer en terreno eriazo. Recorrimos con los posesionarios la zona sin encontrar ninguna edificación, ni a nadie otro que ejerciera la posesión. Por eso, luego de las consultas legales, procedimos a adquirir la posesión con el compromiso de que los posesionarios, una vez formalizada su propiedad, la transferirían a la ACSJB.
En febrero de 2012, cuando la ACSJB empezó los trabajos de topografía para cercar los terrenos adquiridos, comenzaron a aparecer distintas personas naturales y jurídicas que alegaron derechos de posesión sobre las mismas tierras, y procedieron a denunciarme por el delito de usurpación, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir por ser el representante de la ACSJB. En la misma época un grupo autodenominado Construcción Civil invadió 87 hectáreas de las tierras adquiridas, alegando contar con derechos posesorios otorgados por la Comunidad Campesina de Castilla y que, en todo caso, teníamos que pagarles si las queríamos de vuelta.
Como representante de la ACSJB tuve que tomar la decisión de recomprar esas hectáreas, por lo oneroso y largo que habría sido seguir un proceso civil de desalojo, además de la paralización de los proyectos de inversión previstos. Una vez recompradas esas tierras, las mismas no fueron desalojadas sino que se nos pidió el pago de un servicio de vigilancia para que no sean nuevamente invadidas. Se tomó la decisión de hacer los pagos hasta conseguir instalar un sistema propio de protección para poder defender los terrenos.
En las denuncias por usurpación hubo un primer pronunciamiento archivando todas las denuncias. Pese a ello, la ACSJB tuvo reuniones abiertas de diálogo con los denunciantes para resolver las disputas posesorias y se llegó a arreglos satisfactorios. Esos arreglos no influyeron en la investigación fiscal, pues se formalizó investigación preparatoria por los hechos denunciados, incluyéndoseme en el proceso penal como representante de la ACSJB. Sin embargo, en esa etapa procesal fui excluido por resolución judicial firme, en la medida de que no tenía ninguna intervención en los delitos imputados. En la actualidad, el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento de todas esas denuncias porque ninguno de los denunciantes ha podido probar haber tenido una posesión previa.
En el caso del autodenominado sindicato de “construcción civil”, un equipo especial de la Policía de Lima determinó que se trataba de una organización criminal (a la que denominó La Gran Cruz) y se detuvo a sus miembros. La fiscalía a cargo de la investigación nos citó a declarar como testigos. Nunca se nos imputó ser miembros o financistas de la referida organización.
La tesis de pagar para invadir terrenos carecía de toda lógica, pues eso terrenos ya habían sido adquiridos anteriormente a los quince posesionarios. Nadie paga para invadir unos terrenos que ya adquirió. La legalidad de nuestra adquisición está respaldada por el hecho de que en la actualidad la propiedad se ha formalizado y registrado a partir de los contratos de compra de posesión que se hizo con los 15 posesionarios. Así han sido los hechos y, de esa manera, es también como las propias investigaciones fiscales lo han determinado.
Sin embargo, determinadas personas quieren pintar una situación distinta porque vinculan a la ACSJB con el Sodalicio, construyendo una trama de tráfico de tierras dirigida por monseñor Eguren y por mí para invadir terrenos con La Gran Cruz y falsificar luego documentos con los que poder hacernos de la propiedad de terrenos de pobres campesinos. Es así que a las protestas de los primeros denunciantes (cuyas denuncias la misma fiscalía está sobreseyendo) y denuncias extorsivas hechas por los directivos de la Comunidad Campesina de Castilla que nos pedían que les pagáramos a ellos por las tierras (todas esas denuncias fueron archivadas por su absoluta falta de sustento), se sumó una refinada construcción noticiosa impulsada por la Sra Paola Ugaz por medio de la cadena árabe Al Jazeera.
Utilizando cuatro testigos y sin hacer el menor caso a nuestros descargos hechos llegar notarialmente por el abogado de la ACSJB al periodista Daniel Yovera, se elaboró y difundió mundialmente el reportaje The Sodalitium Scandal, producido por la señora Paola Ugaz, quien luego de haber reconocido públicamente ser la productora ahora lo niega para evitar asumir su responsabilidad por la absoluta falsedad del reportaje.
No soy sodálite y vivo exclusivamente de mi trabajo. El daño que ese reportaje me ha producido es indescriptible. Mi familia está sumamente afectada y reputacionalmente mi imagen está por los suelos. Laboralmente es difícil que pueda encontrar un trabajo en el nivel gerencial, en el que siempre me he movido. La señora Ugaz, en su afán por crear una nueva historia con el Sodalicio, no ha tenido el menor reparo de dañar mi imagen sin tener en cuenta que no soy sodálite y que la asociación no es dirigida por el Sodalicio, sino por personas naturales que cumplen con la finalidad social no lucrativa de la ACSJB.
Con mis propios medios y contando con el apoyo de amigos abogados, decidí empezar a querellar a los testigos. Querellar al periodista Yovera o a la productora Ugaz, o a la misma cadena Al Jazeera, no habría tenido ningún sentido pues se habrían escudado en la figura del “reportaje fiel (ellos solo reproducen los que dicen los testigos)”. Y resulta que el Poder Judicial de Lima ya ha condenado a dos de los testigos que hicieron explícitamente referencias difamatorias en mi contra (Samuel Alberca Reyes y Carmen Rosa Campodónico Díaz). Con esas sentencias he enviado cartas notariales a la Sra Ugaz y al Sr. Yovera para que rectifiquen o hagan la gestión ante la cadena Al Jazeera con el fin de que se retire el reportaje o se tenga en cuenta que sus fuentes mintieron, como lo ha determinado el Poder Judicial.
La señora Ugaz nunca me ha respondido. Y lo que ha hecho el señor Yovera , más bien, es difundir aún más en sus redes sociales el reportaje, esta vez con conocimiento pleno de que los testigos me habían difamado con afirmaciones falsas.
No voy a parar en esta cruzada personal contra los que dañaron mi nombre simplemente por querer dañar al Sodalicio, institución con la que no tengo ninguna relación. Reitero: no soy sodálite y no estoy involucrado en ninguna situación de abuso. He tenido que denunciar a la señora Ugaz porque ha declarado falsamente en juicio que no es la productora de Al Jazeera, cuando ella misma antes lo ha reconocido en una entrevista pública.
Aunque me tome toda la vida, no voy a parar hasta que Al Jazeera, la Sra. Ugaz y el Sr. Yovera se rectifiquen del grave daño que me han hecho con un reportaje que solo recoge afirmaciones falsas y difamatorias.
Carlos Alberto Gómez de la Torre Prettel
DNI: 29300947
Imagen: El Periódico.com

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
En octubre del 2018, la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP decidió destituir al profesor Hildegardo Córdova, denunciado por una trabajadora administrativa. El Consejo Universitario ratificó la sanción. Tres días antes había acordado que a los despedidos por acoso sexual no se les pagara la pensión complementaria que la PUCP guarda para sus empleados antiguos cuando se jubilan. De modo que Córdova fue doblemente sancionado. La Comisión Especial puede despedir a alumnos o docentes.
Córdova, de 72 años, Doctor en Geografía por San Marcos, con maestría y PhD en su especialidad en Austin y Wisconsin, ha sido profesor visitante en cinco universidades de Estados Unidos y Europa.  Cuando estalló el problema dirigía el Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la PUCP, donde enseñó 34 años. Su denunciante y subordinada dijo haber sido víctima de expresiones verbales indebidas.  Córdova lo niega. Ambos laboraban juntos desde hacía muchos años con un pequeño grupo de expertos y empleados familiarizados entre sí.

Dichos impropios

El tipo de acoso denunciado es definido por la PUCP como una conducta de connotación sexual no deseada por la persona contra la que se dirige. Es una forma de violencia que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, como mecanismo de presión para forzar a la víctima. La denunciante afirmó que en una ocasión Córdova le preguntó si era activa sexualmente con su esposo.  Al mes siguiente le habría manifestado sentirse atraído por ella. Semanas después, que “él, como todo hombre, tenía necesidades fisiológicas”. Según la denuncia, el profesor, al no encontrar reciprocidad, empezó a controlar sus movimientos.
Las expresiones atribuidas al denunciado serían típicas de una hostilización sexual asociada al abuso de poder de un superior jerárquico. Córdova acudió ante la comisión sin el apoyo de un abogado. Allí declaró que tenía una amistad de muchos años con la denunciante pero que nunca le insinuó tener sexo, que la veía como una hija, que ella le pedía consejos sobre su matrimonio y que sus recomendaciones habían sido sacadas de contexto.   En cuanto al “control de movimientos”, se debía a sus cada vez más frecuentes ausencias e incumplimientos, lo que se podía corroborar fácilmente.

Dos posiciones

La denunciante dijo que a raíz del hostigamiento eliminó a Córdova de su Facebook.  Ante lo cual el profesor le escribió: “Veo que me has echado del olimpo de tus amigos. Es el precio de haber sido honesto contigo y decirte lo que sentía en respuesta a tus preguntas. Solo nuestro Dios es perfecto. Con mucha amistad”. La denunciante presentó este mensaje como prueba. Córdova reconoce el texto, pero señala que evidencia una relación cercana, que a veces podía ser burlona.  Después de ese incidente siguieron almorzando juntos y eventualmente ella lo esperaba para que la llevara a su casa.
La Comisión tomó manifestaciones a tres testigos y sólo una de ellas respaldó la denuncia. Consideró, sin embargo, que había pruebas suficientes para disponer la destitución. El Consejo Universitario se pronunció en noviembre, ante una apelación. Se produjo un empate, y el Rector, por entonces Marcial Rubio, dirimió en contra del denunciado.   Este mes, la Defensoría Universitaria, dirigida por el abogado Wilfredo Ardito, produjo el Informe N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”.

El informe N° 8

El informe sostiene que la denunciante acusó al profesor Córdova porque se le habían descubierto malos manejos administrativos de hasta por 34,000 soles. Según la Defensoría Universitaria, al ponerse en condición de víctima, ella habría buscado evitar que fuera despedida por sus infracciones, lo que en efecto no sucedió.  Las irregularidades ya fueron comprobadas. El denunciado las desconocía y por eso no las mencionó en su defensa.
Los colegas de Córdova señalaron a la Defensoría que él trataba con corrección a las mujeres de la universidad y que tenía una amistad respetuosa con la denunciante. Una de ellas conocía de las irregularidades y había pedido al profesor que controlara sus ausencias. Ofrecida como testigo por Córdova, no fue llamada por la comisión. Otra importante testigo, que sí declaró, dijo que la comisión cambió el sentido de su manifiesto: aparece respaldando las acusaciones cuando ella siempre insistió en que los cargos contra Córdova eran falsos.

Caso abierto

El caso no está cerrado, pues será tema de un nuevo debate en el Consejo Universitario. En la decisión del 2018 no fue tomada en cuenta la malversación descubierta ni la declaración de una mujer que desmiente a la única testigo que apoyó la denuncia. La Comisión la señaló como víctima de acoso sin siquiera haberla contactado.  Lo que parece evidente es que a Córdova le fue restringido severamente su derecho de defensa. No tuvo apoyo de ningún abogado, un recurso indispensable en este tipo de procesos (y un error del propio denunciado, quien tampoco lo buscó porque creía que bastaba su manifestación).
La PUCP, que fue pionera en establecer mecanismos contra el acoso sexual, lidia con procesos complejos, donde deben garantizarse los derechos de ambas partes para llegar a la verdad. La Defensoría Universitaria pone en duda la imparcialidad de la Comisión Especial, dirigida por la abogada María Soledad Fernández. Hasta no hace mucho un ululante feminismo radical la acusaba de falta de firmeza. Aunque estos grupos pueden considerar el derecho de defensa como un mecanismo cómplice de los acosadores, en realidad su valor trasciende el interés del denunciado. Es lo que garantiza la calidad de cualquier decisión correcta.

Estudiantes de la PUCP exigen destitución del defensor universitario Wilfredo Ardito

“¿A quién defiende el defensor?” es lo que se preguntan las estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú luego de que se filtrara un informe en donde Wilfredo Ardito, el Defensor Universitario de la PUCP desde marzo de 2017, intentara deslegitimar el trabajo de una docente miembro de la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual al señalar que esta no podía opinar de forma objetiva porque ella misma había vivido acoso sexual, sumado a las afirmaciones sobre la salud mental de la representante estudiantil de la misma Comisión Especial con el intento de descalificarla para su labor.
Estas pretensiones de deslegitimar a mujeres que trabajan para visibilizar, erradicar y prevenir la violencia sexual que se vive en la PUCP, y hacer justicia con las víctimas de agresiones sexuales, fueron las gotas que rebalsaron el vaso de un defensor que tiene una serie de acusaciones de trato machista y homolesbotransfóbico de varios estudiantes que se han sentido expuestos y desprotegidos por quien, se supone, debería defenderlos.
En el Informe Defensorial N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”, que es realmente una apelación a la resolución de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual que sancionó a este profesor con su destitución, decisión luego aprobada por el Consejo Universitario el 23 de noviembre de 2018, Ardito hace una cerrada defensa de este, señalando que el profesor Córdova es “inocente” y la trabajadora administrativa que lo denuncia es “deshonesta”.
Acusan a la trabajadora de querer esconder detrás de la denuncia de violencia sexual un delito de malversación de fondos, y que el informe elaborado por la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual refleja “falta de objetividad e imparcialidad”, así como “una serie de violaciones al debido proceso”. Así también, dudan de “la capacidad de los integrantes de la Comisión Especial de enfrentar temas delicados como la destitución de un docente”.
Pero lo que despertó la indignación del alumnado fueron las afirmaciones en contra de la abogada Marisol Fernández Revoredo, miembro de la Comisión Especial desde que esta empezó a funcionar en el 2014. Sobre ella, el informe dice lo siguiente:
“Todas las irregularidades en el proceso contra el profesor Córdova reafirman nuestra convicción de que los procesos ante la Comisión Especial carecen de objetividad y que la profesora Fernández no se encuentra en condiciones de actuar de manera imparcial en denuncias sobre acoso sexual”.
¿Por qué afirma eso el informe defensorial? Pues porque la profesora Fernández habría señalado en “varias ocasiones que ella había sido víctima de una agresión sexual y que hasta el momento aún se considera bajo los efectos traumáticos” que estas agresiones causan. Luego el informe cita la única vez que Fernández lo hizo público, en una asamblea de Derecho, en agosto de 2018, en donde decenas de alumnas contaron sus casos de violencia sexual en la universidad por primera vez frente a sus autoridades. Según el informe, esta vivencia la invalida para tratar el tema, como invalidaría al 90% de mujeres del Perú por carecer de la objetividad para hacerlo. Es decir, los únicos que podrían decidir si hubo o no violencia sexual contra las mujeres serían aquellos que nunca la vivieron, ellos sí serían objetivos en sus resoluciones y sentencias.
Sobre la representante estudiantil Ana Calderón, Ardito afirmó ante el Consejo Universitario que ella sufría de bulimia, depresión y que “llora todo el día” a causa de la carga emocional de la Comisión. Lo que he pasado en los últimos días no se lo deseo a nadie. A estas alegaciones, que no vienen al caso de ser expuestas en ningún Consejo Universitario, la estudiante respondió públicamente lo “nefasto y humillante” que resulta que una autoridad use información privada “para destruirla” y que pensó en renunciar, pero que desistió puesto que no hizo nada malo.
Frente a estos hechos, el colectivo feminista Se acabó el silencio, que surgió a partir del caso de la exestudiante  de Derecho de la PUCP, Claudia Pérez, quien fuera violada hace 14 años por su jefe directo, José Carlos Angulo Portocarrero, en el estudio de abogados en donde hacía sus prácticas, se pronunció sobre estos hechos exigiendo a sus autoridades “una postura contundente contra el uso de estereotipos de género en las investigaciones de hostigamiento sexual”.
Así también, enviaron cartas a sus autoridades para que actúen de una vez contra Wilfredo Ardito.
El 19 de marzo, el colectivo de Estudiantes de la Maestría de Género de la PUCP realizó una protesta denominada Alfombra Roja, en la cual vestidas de rojo se trasladaron por los ambientes de la universidad para luego echarse en el suelo y levantar carteles exigiendo el retiro definitivo de Wilfredo Ardito.
Ellas manifestaron que lo hacen “por lxs estudiantes, docentes y trabajadorxs que han sufrido y continúan sufriendo esta cultura que existe en la universidad que las culpabiliza de la violencia que sufren y que protege a sus agresores”. También señalaron que se cubrieron los rostros “porque si no lo hacemos, nos hostigan y amedrentan en redes y en persona solamente por manifestarnos y denunciar la violencia que sufrimos”.
Si las estudiantes se preguntan ¿a quién defiende el defensor?, este medio se pregunta ¿por qué las autoridades siguen avalando a Ardito?
Fuente: www.manoalzada.pe

ABOGADO ENCUBRE ACOSADORES EN LA PUCP

Cuando todo parecía volver a los años felices de la obra imperecedera del exrector Marcial Rubio Correa (“Malulo”), resulta que en la Asamblea Universitaria de la PUCP estalla un nuevo escándalo de acoso sexual: el Defensor Universitario y profesor Wilfredo Ardito es acusado de encubrir a un docente destituido por hostigar sexualmente a una funcionaria, cuyo nombre debemos mantener en reserva. Qué vergüenza.
EL PODER MORAL
Mucho se ha escrito en el sentido de que la Universidad Católica ha sido y es el think tank o el tanque de pensamiento de la izquierda caviar que se vende como el poder moral de la nación. A los cobros millonarios indebidos a los estudiantes, que precipitaron la caída de Marcial Rubio Correa, se suma ahora la necesidad de determinar sanciones contra Wilfredo Ardito, el defensor de dicha comunidad universitaria acusado de discriminación de género contra una colega, informa la web Wayka.pe. Y no solo de eso.
POR PARTIDA DOBLE
El pasado martes 19 de febrero trascendieron extractos de un informe de dicha Defensoría sobre un profesor -el geógrafo Hildegardo Córdova- denunciado de hostigar sexualmente a una funcionaria. Lo polémico del documento, elaborado por el caviar Ardito, es que no solo se va contra la víctima acosada, sino que desestima la objetividad frente al caso de otra docente agredida sexualmente en el pasado, María Soledad Fernández, directora de la Comisión Especial que decidió destituir al citado Córdova.
ENCUBRIMIENTO
El informe Ardito es pues temerario. “La condena al profesor se habría debido a una maniobra de una trabajadora que [ha] cometido una serie de infracciones administrativas y está implicada en la malversación de fondos de la universidad (…), la trabajadora habría interpuesto la denuncia por acoso como un escudo ante el inminente descubrimiento de sus manipulaciones de dinero”, afirmó. Para los penalistas, Ardito incurre en presunto delito de encubrimiento. El escándalo recién empieza.
HAY OTROS TRES
Además, ayer, en las redes sociales corrió como reguero de pólvora otros casos anteriores poco o nada conocidos. Nos referimos a tres profesores de izquierda, entre ellos Alza Barco y el antropólogo Jaris Mujica, “líderes de organizaciones neomarxistas pro aborto” que fueron “denunciados por hostigamiento sexual o violación a alumnas”. ¿Qué cosa? ¿Las autoridades universitarias no hicieron nada frente a estos abusos sin nombre? ¿Y el defensor Ardito también en esos casos salió en defensa de las víctimas? Hable.
MÁS DE JARIS MUJICA
El 28 de agosto del año pasado el portal ACI Prensa informó, en efecto, que “un grupo de alumnos acusó al profesor Jaris Mujica del delito de violación, durante un foro organizado en el auditorio Gustavo Gutiérrez Merino en la Facultad de Ciencias Sociales. Mujica es conocido por haber sido directivo e investigador de la ONG Promsex, que desde hace más de diez años promueve la despenalización del aborto en el Perú”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Por Jorge Yamamoto-Diario El Comercio.
No es otro peruano. Somos buenos amigos, mejores familiares, solidarios, alegres, generosos. El problema comienza cuando nos hacemos favores, pequeños o grandes, dentro o fuera de la ley; cuando lo hacemos con solo aquellos que forman parte de nuestra argolla, a nuestros ‘hermanitos’, sin pensar si es justo para los otros, sin reflexionar si con eso se arruina a un gran país.
El problema está arraigado en uno de los niveles más profundos de la mentalidad de una nación: los valores. Los estudios de nuestro grupo de investigación en psicología social –conformado por psicólogos de la PUCP y de la consultora Bienestar y Productividad, de la cual soy fundador– encuentran en el Perú los valores de trabajo, ayuda y lealtad; a la vez, los antivalores de la envidia, el chisme y el egoísmo, ‘la tríada social del mal’. Cuando un peruano tiene éxito, el otro peruano se siente miserable y alivia su infelicidad devaluando el mérito del otro con una sofisticada narrativa que entremezcla la verdad con la difamación: el raje.
De lo verbal pasa a lo conductual. Invierte tiempo y dinero para que el envidiado deje de ser exitoso y feliz: el macheteo. Cuando al envidioso le toca el turno del éxito, el envidiado u otro peruano cercano le devolverá el favor practicando el deporte nacional del raje-macheteo. Esto crea un entorno egoísta, corta la ayuda mutua, motor del desarrollo y la felicidad, y degenera en el ‘animus jodendi’, o el hábito de fastidiar al otro, en buena o mala onda.
Este afán de sabotear no se da en solitario. Las empresas, los ministerios y las asociaciones no son equipos articulados para beneficio de la organización, son argollas enfrentadas buscando el beneficio propio, el malestar de las otras argollas, sin importar que a la larga pierda la institución. La tesis de Sharon Gabel, egresada de psicología de la PUCP, utiliza la técnica del análisis factorial confirmatorio y encuentra que, en el ámbito laboral, la envidia contra una persona lleva a sabotear el trabajo de todo el equipo del envidiado, sin importar que eso perjudique a la organización, al desarrollo del sector o del país. Se inicia con una suma cero y termina en una división cero.
La infeliz capacidad destructiva de ‘la tríada social del mal’ va mucho más allá. La tesis de Walter Pachas, también egresado de la PUCP, utilizando la etnografía y la entrevista a profundidad, ha estudiado el daño, oscura y democrática conducta en la que personas de los más diversos niveles socioeconómicos y culturales acuden al ‘malero’, un proveedor de servicios de magia negra, que atiende a los envidiosos nivel III, quienes pagan importantes sumas con el deseo de que el envidiado alcance el fracaso, la enfermedad y hasta la muerte. Al margen que esto ocurra eficazmente, el hecho es que las personas lo desean y pagan por que esto suceda.
Hace unas decenas de miles de años, durante la fase tribal humana, nos defendíamos de los depredadores a través de la unión y el apoyo incondicional de familiares y amigos. Lo hicimos con tanta eficiencia que rápidamente tomamos control del planeta. Con esto, la competencia dejó de ser contra otras especies y se convirtió en una lucha contra otros humanos, organizados en clanes, que fueron creciendo en alianzas para luchar contra otras tribus aliadas.
Hace unos cinco mil años, surgió la civilización: grupos masivos de clanes organizados en una sociedad, políticamente estructurados en poderes y humanamente articulados por valores. Estos valores no son más que principios de convivencia que favorecen el bienestar y el desarrollo de los individuos, las tribus, las organizaciones y los ciudadanos, en el contexto ambiental e histórico de cada sociedad.
Así, la clave del desarrollo de la civilización es el salto del beneficio de la tribu-argolla a costa de los otros, al beneficio de la tribu-argolla a favor de todas las demás, basado en valores humanos y poderes del estado debidamente establecidos. Si esto es correcto, en el Perú estamos doblemente jodidos dado que estamos en una profunda crisis de valores y sumidos en poderes del estado que dan pena, vergüenza y cólera.
‘La tríada social del mal’ es a su vez la fuente de la corrupción y constituye uno de los peores males del país, tan profundamente arraigado que no nos damos cuenta de su gravedad, de sus enormes y ubicuas consecuencias. Es uno de los principales tumores de la mentalidad nacional, que debidamente extirpado puede generar saltos en la productividad, el desarrollo y la felicidad de las familias, los barrios, las organizaciones, el país. Los estudios y experimentos que venimos conduciendo señalan dos ejes de cambio para extirpar este tumor: el primero sugiere convertir la envidia machetera en envidia progresista. Por ejemplo, cuando un huanca progresa, el otro huanca lo envidia y se siente infeliz, pero rápidamente deja de ver a la persona, se fija en el logro y lo convierte en un reto personal. Si encuentra un entorno meritocrático, deja de desear el mal del envidiado para motivarse a alcanzar el mismo logro o uno mayor. Tras el esfuerzo, el envidioso se vuelve el envidiado, pero no genera un afán de devolverle el daño; más bien, motiva la mutua superación, creando un círculo virtuoso de competencia sana, de progreso con felicidad.
Un segundo eje de cambio es la reestructuración de la educación en los primeros años de primaria con el objetivo de formar los valores, con más ejemplo y práctica que discurso hipócrita. Formar el cimiento para la conciencia moral, la empatía y el respeto al otro; la semilla para que en tan solo una generación pasemos de circular por calles violentas, agresivas y salvajes a vivir en una sociedad que progresa con felicidad.

La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene una política en ejecución contra el acoso sexual y la lleva a cabo en solidaridad con las víctimas de estos agravios. Para ello cuenta con la reglamentación correspondiente en materia de faltas sancionables y procedimientos, y ha establecido una Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual presidida por una profesora e integrada por un profesor y una alumna. Adicionalmente, se brinda apoyo especializado a las víctimas.
Esta Comisión investiga y resuelve en primera instancia, de esta forma garantiza a las víctimas la estricta reserva de sus denuncias. El Consejo Universitario -conformado por autoridades, profesores y estudiantes- es la segunda y última instancia y a él se recurre por apelación.
El procedimiento de sanción por hostigamiento sexual debe comenzar con la presentación de una denuncia de quien fue la persona agraviada. Este es un requisito indispensable según el debido proceso constitucionalmente establecido y un derecho humano para el denunciado como agresor. La PUCP, entonces, no puede actuar de oficio sin una denuncia de parte identificada.
En los últimos días, dentro y fuera del campus, ha habido imputaciones públicas sobre actos de hostigamiento sexual en la PUCP y se sostiene que, supuestamente, no hubo una respuesta adecuada frente a estos casos. En este sentido, se ha mencionado públicamente a tres profesores ordinarios de la Universidad.
El primero de ellos fue un profesor ordinario del Departamento de Ciencias Sociales. Sobre su conducta, el Defensor Universitario presentó un informe al Rector, donde indicaba faltas de naturaleza directiva, laboral y económica, así como faltas de acoso sexual. El profesor recibió un plazo de dos semanas para contestar el informe defensorial. Así lo hizo y al día siguiente, el 31 de julio pasado, renunció a su condición de profesor, de acuerdo con su derecho constitucional de libertad de trabajo, que incluye la potestad de renunciar. Con posterioridad a esta renuncia, se ha recibido denuncias adicionales de personas que se consideran víctimas, estos casos se encuentran en investigación según a las normas procesales existentes. Al día de hoy, existen tres presuntas víctimas más que han pedido presentar denuncias, las que se recibirán siguiendo un cronograma establecido por la Comisión respectiva.
El segundo de los profesores mencionados pertenece al Departamento de Derecho y la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual ha recibido información de cinco personas con pruebas referidas a acoso a través de mensajes en redes sociales y correo electrónico. Las personas que se consideran agraviadas han decidido que sus testimonios sean anónimos, por lo que no pueden ser calificados como denuncias, pues es jurídicamente indispensable que estas no sean anónimas. Por lo tanto, no hay a la fecha un procedimiento de sanción abierto contra ese profesor. La PUCP recibirá las denuncias de quienes se consideren víctimas a través de los canales correspondientes.
El tercer caso es el de un profesor del Departamento de Ciencias Sociales, de quien se ha dicho durante varias semanas que Promsex, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, había hecho una investigación según la cual se demostraba que había violado a una mujer, razón por la cual se le había despedido de la institución. Al mismo tiempo, en la PUCP se ha hecho una campaña de denuncia pública por grupos diversos y se ha exigido que se le quite su condición de profesor ordinario. Asimismo, existen, en las redes sociales, videos grabados en el campus de la PUCP calificándolo como violador.
El día 27 de agosto de 2018, Promsex emitió un comunicado según el cual afirma que, en marzo de 2017, recibió “el testimonio de una mujer, quien mantuvo la reserva de su identidad y que señalaba a (este profesor de la PUCP) como responsable de un acto de violación sexual hacia su persona”. El mencionado comunicado agrega que la persona “solicitó no difundir su testimonio, ya que sería ella quien decidiría las medidas posteriores y el momento apropiado para hacerlo”. El tema fue presentado ante el Consejo de Promsex “solo con el testimonio de la mujer” y este organismo solicitó al denunciado que renunciara, a lo que este asintió.
El Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP recibió hace aproximadamente dos meses, un correo sin identificación del remitente, en donde se refería una violación hecha por el aludido profesor. No fue una denuncia formal, pues se desconoce quién la hacía.
El profesor a quien nos referimos no tiene abierta ninguna investigación por acoso sexual o violación hasta este momento en la PUCP. Existen dos testimonios de acoso contra él, pero con exigencia de anonimato, lo que no puede calificarse como una denuncia que inicie un procedimiento de sanción. También hay indagaciones preliminares sobre ciertas denuncias que se le hacen por asuntos vinculados a la tarea docente, materia completamente distinta al acoso sexual, que no han recibido aún formalización de acusación alguna.
La PUCP no admite ni el acoso ni el hostigamiento sexual en su comunidad universitaria y sanciona drásticamente a los agresores mediante debidos procesos, que respetan siempre la dignidad de cada persona involucrada. Para ello reitera el pedido de que el acoso sexual sea denunciado ante las autoridades competentes para su procesamiento y sanción.
Lima, 29 de agosto de 2018
El Rectorado

Con faldas y a lo loco

Por Ricardo Vásquez Kunze-Político.pe
No tengo nada contra el color rosado lucido por un hombre. Yo mismo tengo varias camisas de ese tono en variedad de matices que me parecen muy elegantes cuando están bien combinadas con la corbata y la chaqueta adecuada. Es más, incluso alguna vez me he vestido de traje rojo de pies a cabeza con zapatos incluidos así que a mí nadie me va a decir que tengo algún prejuicio con los colores que emergen rebeldes de esa monotonía provinciana que son los grises, negros y azules que visten los hombres aburridos en Lima. Pero lo que vi hoy en un programa me pareció lo más ridículo y estúpido que he visto en mucho tiempo.
Se presentaron dos psicólogos que llevan a cabo un programa de política de Estado denominado “Hombres por las relaciones igualitarias” y cuyo distintivo es un delantal rosado con un lema alusivo a la “igualdad de género”. La “gran idea” del programa es identificar a los líderes de las comunidades donde hay más propensión al machismo y convencerlos de que este es malo poniéndose el delantal rosado para que sirvan como “ejemplo” y repliquen la buena nueva de que hombres y mujeres son iguales y tienen derecho al mismo trato.
Bueno, ¿se imaginan ustedes a un líder de una barra brava poniéndose el delantal rosado que es en sí mismo un símbolo de feminidad? Sí, en sí mismo. Es decir, no es el rosado el problema sino con qué atuendo se usa. El problema es el típico delantal de la abuelita, que es lo mismo a que un hombre se ponga una peluca platinada como la de Marilyn Monroe o unas pantimedias caladas o unos tacones aguja o un vestido de lentejuelas. Todos estos son símbolos de feminidad y nunca lo serán de hombría, por más que unos psicólogos de medio pelo así lo afirmen o un grupo de feministas lo achaque a patrones culturales propios de “patriarcado”.  Es cierto que en la historia de la humanidad las modas han fluido y los gustos de hoy no son los mismos que los de ayer, pero en el contexto de cada cultura siempre ha existido una diferencia clara entre lo que viste un hombre y lo que viste una mujer, y cuando un hombre termina vestido como mujer en cualquier cultura se ve ridículo y no alienta para nada, créanme, ningún tipo de “igualdad” entre los sexos.
Otras de las falacias que dijeron los psicólogos del delantal rosado de la abuelita es que “la violencia es un mecanismo aprendido en el hombre”. No, señores: la violencia es consecuencia de la agresividad y esta, a su vez, es innata en el hombre por la sencilla razón de que el hombre tiene dos pelotas que segregan testosterona, hormona que lo hace más fuerte, más agresivo y más violento que las mujeres que no las tienen. Así pues, la diferencia entre hombres y mujeres es una cuestión biológica, y no social ni cultural ni de patrones impuestos por el “patriarcado”. Han sido la civilización y el progreso tecnológico los que han protegido a las mujeres de la agresividad de los hombres y le han dado un merecido lugar en actividades consideradas propia de los “machos”.
Por ejemplo, la tecnología ha permitido que la mujer salga del hogar que podía manejar en consonancia con sus capacidades físicas a la recia actividad de la construcción civil como una obrera más, dado que como la inteligencia sí es igual en ambos sexos, cualquiera puede aprender a manejar un tractor o una grúa. Pero sin esa tecnología es imposible que la mujer, dada su condición fisiológica, maneje una comba al igual que un hombre que siempre será más fuerte que ella para manipularla. Aquí es el sentido común el que habla y no las paparruchadas teóricas de los “estudios de género”. Toda la desigualdad entre hombres y mujeres a los largo de la historia de la humanidad tiene como génesis ese principio biológico que determina el patrón cultural de inequidad que ha existido hasta nuestros días.
La civilización y la cultura, por otro lado, han sido los grandes diques que han protegido a la mujer de la agresividad y violencia que segrega la testosterona en el hombre. Por ponerlo de alguna forma, la naturaleza de la violencia y la agresividad innata del hombre ha sido cincelada en algún momento de la historia para que la debilidad física de la mujer no quede a merced de la fuerza física del hombre. El ideal caballeresco de los siglos XVIII y XIX ha sido el cenit de este proceso cultural en que la mujer fue dotada de todas las atenciones, consideraciones y preeminencias “propias de su sexo”. Y recalco “propias de su sexo” porque ese es la trasfondo lógico al hoy obsoleto paradigma de que “a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”. Precisamente, porque la civilización y la cultura de una época llegaron al consenso de que el físicamente más débil no puede ser abusado por el físicamente más fuerte que la mujer tuvo la mayor protección en la historia de la humanidad, como lo demuestra la literatura femenina en la gran mayoría de los casos.
Pero las feministas se niegan a aceptar que el respeto del hombre hacia la mujer deba darse en el marco de reconocer que biológicamente uno es más fuerte que la otra y en el consenso cultural de que las mujeres y los niños son los primeros que deben ponerse a buen recaudo cuando de una catástrofe se trata, por poner un ejemplo de este paradigma de sociedad civilizada. Y no lo reconocen por un terco prejuicio  de querer borrar la realidad de la biología y la naturaleza por utopías filosóficas que afirman que aquello es una “condescendencia machista”.
Esto parte de la falsa premisa y, por lo tanto, de la falacia de que la desigualdad física implica una inferioridad de la mujer y una superioridad del hombre. ¿Acaso la mujer no es superior al hombre en un millón de aspectos? Por lo pronto, ¿su falta de testosterona y, por lo tanto, de propensión a la violencia, no la hace adalid de la paz contra las guerras que son el mayor flagelo de la humanidad? ¿Y no es acaso la paz el ideal kantiano por excelencia donde florece la cultura, la ciencia y el progreso? ¿Cuándo han visto a una mujer belicosa y pendenciera con escudo y espada sino en los mitos de las Amazonas y en los cómics de la Mujer Maravilla?
Es paradójico que en el marco de querer igualar absolutamente a la mujer y al hombre por decreto, al obligar por cuotas a hacerla participar en la vida civil, empresarial y política, se den los más abyectos atentados físicos contra las mujeres por parte de los hombres. Es paradójico, digo, porque precisamente ello pone a la mujer como una incapaz que necesita de la protección de la que las feministas abominan por condescendiente. Pero claro, aquí la condescendencia se viste con los oropeles del “derecho”, un artilugio de términos que podríamos resumir coloquialmente en “la misma chola con diferente calzón”.
Tampoco es, como repiten las feministas y algunos hombres sin cacumen, que la violencia física de los hombres contra las mujeres que ha estallado hasta los límites del paroxismo en estos últimos tiempos se deba a una reacción porque los machos se sienten amenazados por el “empoderamiento” de las mujeres de hoy (¿acaso cuando la Pompadour, la Du Barry, Catalina la Grande, María Teresa o María Antonieta regían Europa los machos se sentían “amenazados” y asesinaban a las mujeres por impotencia? ¿No fue esta la mejor época para las mujeres en la historia de la humanidad en cuanto trato galante y consideraciones?). No solo no hay ninguna base científica para afirmar eso de la amenaza por el “empoderamiento” –y por lo tanto, no hay manera de demostrarlo– sino que, por el contrario, si esto fuese cierto y si la educación con “igualdad de género” fuese el pivote para transformar la sociedad machista no se producirían en Suecia –paradigma de la igualdad de género en la sociedad– las cifras más altas en el mundo de denuncias por acoso sexual. Si esto se da en un país que lleva decenas de años de educación con enfoque de género, quiere decir que esa ideología ha fracasado rotundamente y no es ninguna solución al problema del abuso físico del hombre contra la mujer.
Tan es así que en nuestra realidad los agentes del programa del delantal rosado de la abuelita llevan poniéndoselo a cuanta autoridad encuentran por el camino desde junio de 2016, sin ningún resultado (la violencia contra la mujer se ha incrementado exponencialmente en ese período), a no ser el de hacer de los hombres monigotes ridículos.
¡Por Dios! Los hombres no deben convertirse en mujeres ni las mujeres convertirse en hombres para acabar con la desigualdad física entre unos y otras y poner fin a la violencia. Los hombres deben estar orgullosos de sus pelotas y usar la testosterona al servicio de la civilización para proteger con toda la fuerza de su naturaleza a las mujeres. Educados en esa premisa terminará la violencia. Todo lo demás es cuento chino.

La madrugada del 4 de noviembre de 2017, Yubitza Llerena de Mendiburu encontró la muerte. “Tomamos pura cerveza. Recuerdo que llegamos a mi casa y entramos a la habitación. Recuerdo que mi esposa dijo que utilice los juegos sexuales que tenemos. Luego me quedé dormido”, se lee en la manifestación policial del médico Rubén Valera Cornejo, acusado por el delito de feminicidio.

 JUEGO MORTAL

En aquella fecha, el hombre contó que no recordaba los detalles del encuentro sexual, pues había bebido mucho alcohol. Contó a la Policía que usaron juguetes sexuales durante su encuentro íntimo y fue cuando despertó que encontró a su esposa inconsciente. Posteriormente, Yubitza -quien presentaba sangrado en su zona íntima- fue conducida al hospital de Yanahuara (Arequipa), donde los médicos certificaron su muerte.
Y es que, según los indicios de la policía, el médico anestesiólogo habría usado un mortero de guerra, un artefacto militar de unos 35 centímetros de largo y unos 6 centímetros de ancho, el cual estaba dentro de una mochila, en la habitación donde ocurrió el encuentro íntimo.
“Nosotros hemos encontrado estos objetos en una mochila. También hemos encontrado que un mortero de cañón que presentaba rastros de sangre y vello público”, contó a Panorama, Javier Arana, Jefe de la Divincri de Arequipa “presentaba sangre por todo el cuerpo, en la piernas, en las partes íntimas”.
“Se han encontrado ampollas, anestésicos. Él es médico anestesista y se podría presumir que los ha utilizado para reducir el dolor”, agregó.

JUSTICIA

El padre de Yubitza, Washington Llerena, sigue esperando que el médico responda a la justicia. “Que purgue en la cárcel por lo que ha hecho con mi hija. Seguiré luchando hasta el final”, contó entre llantos.
Cabe indicar que Rubén Valera Cornejo se encuentra libre. En noviembre de 2017 fue llevado al Ministerio Público en calidad de detenido como autor del presunto delito de feminicidio; sin embargo, salió en libertad con comparecencia restringida.
Fuente: Diario Correo.

Arequipa: dictan prisión contra médico que mató a su esposa con juegos sexuales

El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Carlos Mendoza Banda, dictó 6 meses de prisión preventiva contra el médico internista Rubén Valera Cornejo quien es acusado de feminicidio en agravio de su expareja identificada como Yubitza Llerena de Mendiburú.
Según la investigación fiscal, Llerena de Mendezú falleció desangrada luego que su pareja usara el casquillo de un proyectil de mortero como juguete sexual. El lamentable hecho ocurrió el 4 de noviembre del 2017.
Después de más de seis horas de audiencia, el juez Mendoza Banda ordenó la búsqueda a nivel nacional de Valera Cornejo quien no asistió a la audiencia. Desde el 2017, el médico tenía libertad con comparecencia restringida e impedimento de salida del país.
El delito de feminicidio es sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 15 ni mayor de 35 años, por lo que el juez aceptó el pedido de encarcelamiento.
Fuente: Diario La República.

Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet

Tras la ampliación de la investigación preparatoria contra ex socias de Odebrecht, anunciada por la Fiscalía tras corroborar la versión de Jorge Barata -ex representante de Odebrecht en Perú -, se conoció el monto que habría recibido Alejandro Toledo justamente de estas ex socias y los nombres de los 5 directivos investigados.
La Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, por los delitos de corrupción de funcionarios y de lavado de activos.
Las pesquisas, que comenzaron en marzo, alcanzarán, según el diario La República, a José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña, representantes legales de dichas empresas.
¿Cuánto pagaron?
De acuerdo al documento de ampliación de investigación fiscal (disposición fiscal N° 19), que cita La República, los representantes de las constructoras tuvieron conocimiento, aprobaron y participaron en el pago ilícito de US$ 20 millones que Odebrecht hizo al ex presidente Alejandro Toledo, entre el 2006 y el 2010.
Barata declaró haber comunicado a José Graña, ex presidente de Graña y Montero; a José Castillo, director de ICCGSA; y a Fernando Camet, presidente de JJ Camet, de sus “tratos” para ganar la licitación de la Interoceánica Sur mediante un soborno a Toledo.
Estos aceptaron, según Jorge Barata, pagar las comisiones ilícitas y explicaron que asumirían su parte del pago de las coimas “a través del reparto de utilidades”.
La corroboración de esta versión que hizo la Fiscalía constó de los documentos sobre el reparto de utilidades, peritajes e información bancaria que recibió de Odebrecht.
De esta manera se estableció que en junio del 2011 los consorcios acordaron aportar S/ 41’499,688.35, equivalente a US$ 15’083,805.24, como declaró Barata para cubrir el soborno a Alejandro Toledo.
“Graña y Montero cedió US$ 6’219,627.15; JJC Camet US$ 5’641,151.70; e ICCGSA US$ 3’223,026.39” para cumplir con el acuerdo, cita La República, montos que se pagaron bajo el rubro de reconocimiento de riesgos adicionales a Odebrecht.
En ese sentido, la Fiscalía señaló que la auditoría a los estados financieros de Graña y Montero que hizo PwC “no realizó observaciones a este inusual reparto de utilidades, que no estaban previstos en los cierre contables de los años 2006 al 2011”, indicó.
Como se sabe, las constructoras peruanas Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet -junto a Odebrecht-, integraron los consorcios Conirsa e Interoceánica Sur tramo 2 y 3. Se adjudicaron los contratos para la construcción y mantenimiento de la vía Interoceánica.
Fuente: Diario Gestión.

Alejandro Toledo negoció con Camargo Correa pago de US$ 5.4 millones

Prófugo expresidente negoció un pago ilícito equivalente al 3% del valor presupuestado del tramo 4 de la vía Interoceánica Sur. De ese monto, 3.9 millones llegaron a dos cuentas de Maiman y se mezclaron con pagos de Odebrecht.
Por César Romero- Diario La República.
El prófugo ex presidente Alejandro Toledo negoció con el representante del consorcio Intersur y la constructora Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, el pago del 3,5% del presupuesto referencial del contrato del tramo 4 de la vía Interoceánica Sur, fijado en 180’373,653.00 dólares.
Eso suponía, de acuerdo con las investigaciones del Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú, el pago de una coima de 6’313,075.00 dólares. De ese dinero, Toledo pidió para él un total de 5’411,207.00 dólares, lo que corresponde al 3% del costo presupuestado del referido tramo de la Interoceánica.
El 0.5% restante, equivalente a 901,868.00 dólares, aparentemente fueron para su amigo y consejero Josef Maiman Rapaport, quien facilitó las cuentas para recibir la coima.

En Brasil y palacio

La fiscalía establece que el acuerdo ilícito entre Toledo y los representantes de Camargo Correa se habría suscitado entre fines del 2004 e inicios del 2005. Muy posiblemente, tal como sucedió con el acuerdo con Odebrecht, durante la XVII Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno del Grupo de Río, que se realizó el 5 de noviembre del 2004 en Brasil.
En esa fecha, Marcos de Moura también estuvo en Brasil, de acuerdo con su registro migratorio. Otra fecha clave pudo ser el 13 de abril del 2005. Ese día, el registro de visitas de Palacio de Gobierno señala el ingreso de Marcos de Moura, acompañado de Bricio Torres, representante de la constructora Queiroz Galvao, y Breno Luis Filomeno Saldanha, representante de Intersur Concesiones. Sostuvieron una reunión con Toledo entre las 17:59 horas y las 19:07 horas.
Luego de cerrar el acuerdo con las constructoras brasileñas, Toledo llamó a Josef Maiman y le comunicó que Camargo Correa tenía un compromiso de pago y que también iba a recibir dinero proveniente de aquellas empresas, por lo que requería sus cuentas bancarias.
Josef Maiman ha confirmado a la fiscalía que atendiendo el pedido de Toledo puso a disposición de Camargo Correa la cuenta de la offshore Trailbridge Ltd-Nº 308478 y la cuenta de la empresa Warbury & Co-Nº 57756799.

Las dos rutas

Maiman precisó que solicitó al ex superintendente de Odebrecht Jorge Barata que “transfiera a Camargo Correa la información bancaria de dichas cuentas que ya obraba en su poder”.
Así, la fiscalía ha podido confirmar que los pagos del consorcio Intersur y Camargo Correa siguieron dos rutas y se realizaron entre junio del 2006 y marzo del 2009.
Igualmente, esto ha permitido establecer que el ex presidente Toledo recibió un total de US$ 3’984,335 de los más de cinco millones de dólares que debía entregarle la mencionada constructora, por los contratos del tramo 4 de la Interoceánica.
Del 22 de junio del 2006 al 12 de marzo del 2007, los pagos por un total de 760,001 dólares se realizaron en la cuenta del Trailbridge en el Citibank Private Banking de Londres.
Luego, entre el 19 de marzo del 2007 y el 5 de marzo del 2009, un total de 3’224,334 dólares llegaron a la cuenta de Warbury en el Barcklays Bank de Londres. Por último, todo ese dinero, más lo que pagó Odebrecht, llegó a una cuenta de la empresa Merhav en Israel.

Una nueva investigación

Por el caso Camargo Correa, el fiscal Hamilton Castro formalizó investigación preparatoria por colusión y lavado de activos contra el ex presidente Alejandro Toledo, Marcos de Moura Wanderley, Josef Maiman Rapaport y Michele Maiman.
Además, los integrantes del Comité de Proinversión que concesionaron la Interoceánica Sur, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font Quevedo y Jhon Barclay Méndez.

Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Universidad de Piura. (Foto: UDEP)

A nivel regional, entre las instituciones universitarias que cuentan con el licenciamiento de la Sunedu, se encuentran la Universidad para el Desarrollo Andino, la Universidad de Piura y la Universidad Católica San Pablo.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
Universidad de Lima (UL).
Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

La SUNEDU otorgó el licenciamiento institucional para ofrecer el servicio de educación superior a la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), ubicada en el distrito de Los Olivos, en Lima. 

Universidad Católica San Pablo (UCSP).
Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA),
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).
Universidad Marcelino Champagnat (UMCH).
Universidad Nacional Autónoma de Huanta, en Ayacucho (UNAH).
Universidad Nacional José María Arguedas, en Apurímac (UNJMA).
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé).
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM).
Universidad del Pacífico (UP).
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Universidad Privada del Norte (UPN).
Universidad Ricardo Palma (URP).
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
Universidad de San Martín de Porres (USMP).
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).Universidad Católica de Santa María (UCSM).Universidad Privada de Tacna.
Universidad Andina del Cusco.
Universidad Nacional del Altiplano (Puno).Universidad Científica del Sur.Universidad Nacional de Moquegua.Universidad Nacional de Jaén.Universidad La Salle (Arequipa).Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”.Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo).Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO).Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).Universidad ESAN.Universidad Nacional de Barranca (UNAB).Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga (UNSCH).Universidad Peruana Unión (UPeU).Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann  (UNJBG).
Fuente: Diario El Comercio.

Otro pelado (del Partido Socialista)

Parwa hizo pública su propia historia de violencia: “Nos pasa a todas, he sufrido violencia psicológica, manipulación y control, me ha insultado y amenazado diciendo que me metería un cuchillo a la cara. Ha llegado a decirme perra, basura y que apesto, ha tirado mis cosas a la calle y me ha empujado para sacarme de su casa, luego ha pedido llorando mil perdones. Él va a decir que es mentira, va inventar, va a tratar de cambiar y manipular todo, como es su estilo; dirá que yo fui agresiva y que tiene grabaciones mías, no voy a negar que en un nivel total de desesperación a los que me sometía, lo empujé contra la pared y le puse mi mano en la cara; porque me estaba dejando de madrugada en la calle llevándose mi dinero y mis llaves, también le he gritado e insultado, no lo voy a negar, la relación ha sacado lo peor de mí.
Me ha mentido y engañado muchísimas veces, me hacía sentir culpable, me hacía dudar de mí, me decía que estaba enferma, me subestimaba, me hacía creer que era menos inteligente que él, me causaba mucho miedo cuando me contaba que había sido violento mientras era parte de la barra de la U, me decía que yo provocaba su violencia, que seguro yo quería que él reaccionara. Se burlaba de mi feminismo, me dijo muchas veces que era una falsa feminista, me llevo a estados de desesperación.
No queda ahí, ha sido infiel durante toda la relación, una de las chicas con las que me engañó, es una ex a la que él negaba, a la que también manipuló y ejerció su violencia y control. Ella podrá contar su historia, pero tiene patrones muy similares, el modus operandi de la manipulación era el mismo. Ella tiembla y vomita del miedo, como yo, a ambas nos mandaba mensajes anónimos amenazantes, tiene videos y fotos que nos sacó sin nuestro consentimiento y a las dos nos debe dinero que le prestamos hace pocos días. Nos aterroriza pensar que pueda hacernos.
Ese es Abraham Valencia, “el pelado”, habrá gente que no me creerá o que dirá de exagero, intentará justificarlo; hay mucho más que podría contar, hay pruebas de todo y de seguro más chicas con la misma historia, ojala que pierdan el miedo y se animen a contar su historia de terror.Pregunto: ¿Alguien así puede decirse socialista, alguien así puede llenarse la boca de discursos y abanderar la lucha de las mujeres, alguien así puede andar tan campante siendo referente y dirigente político de izquierda? 
Hago público mi caso, por mí, por la chica que me mostró y contó todo, por las que dejaron de creer en ellas mismas al ser manipuladas, por todas las mujeres a las que les digo que no callen, repudiemos y sancionemos socialmente estos hechos. 
Sé que esto traerá consecuencias, pero lo personal es político.
A la denuncia por agresión realizada por la abogada Parwa Oblitas contra Abraham Valencia, se sumó una nueva, realizada por otra de las exparejas del dirigente de Nuevo Perú.
Se trata de Laura Arroyo Gárate quien, en una extensa publicación en Facebook, cuenta que fue maltratada física y psicológicamente por Abraham Valencia, durante el tiempo que mantuvo una relación sentimental con él.
“Cuando una se encuentra atrapada en una relación violenta no es fácil ni darse cuenta. Durante todos estos años me he culpado, injustamente, por no haber sido capaz de notar en qué momento inició la espiral”, relata la analista política y comunicadora en un conmovedor post en Facebook.
Arroyo Gárate, quien actualmente radica en España, reveló que lo que la motivó a hacer pública su denuncia fue la conversación telefónica que sostuvo con Parwa Oblitas que, según indicó en el mensaje que escribió el la red social, “ha cambiado mucho mi vida”.
Asimismo, narró los terribles episodios de violencia que vivió y que “empezó con una cosa que parece tan absurda como que un día te diga ‘¡ay! la tontita’ cuando comentabas algo serio” y que luego llegó a la violencia física.
“Y llega el día en que te das cuenta de que estás acostumbrada a que te insulte, pero como no eres tonta sacas fuerzas y vuelves a armarte de valor, preparas el discurso que le vas a decir, lo ensayas porque siempre te dice que eres “pésima argumentando” y te lo has creído, y vas dispuesta a enfrentarlo y le sueltas lo preparado, pero él es más fuerte y poderoso que tú y te insulta, te grita, te lanza las llaves a la cara, te hace daño y, cuando te pusiste de pie para darte un poco de coraje, se pone de pie también, te pone las manos en el cuello y con ambas te abofetea. Perdón, ME abofetea”, escribió.
Asimismo cuestionó que Abraham Valencia le pidiera disculpas públicas y se tomara la potestad de dar conocer una historia que ella había decidido mantener en reserva, solo “con la intención de detener lo que, sin duda, debe ser un mal trago para él, pero que no tiene punto de comparación con lo que al menos Parwa y yo hemos vivido por culpa suya”.
Laura Arroyo Gárate precisó además que “en ningún momento Valencia intentó contactar conmigo para pedir disculpas privadas y sinceras, ni por whatsapp, SMS, Skype, Facebook, Twitter o todas las vías que existen para hacerlo”.
Finalmente, hace una valiente reflexión: “Esta será la primera navidad en que regresaré a mi país a ver a mi gente, abrazar a mi familia y mis amigos sintiendo miedo, sí, porque el miedo no se va, pero será un miedo distinto. Será el miedo por haberme atrevido y no por haberme callado. El miedo de la valentía y no del silencio. El miedo por estar del lado correcto y no por estar en la ambigüedad cómplice que invisibiliza y mata. Quiero sentir ese miedo. Quiero vivir ese miedo. Quiero -¡cuántas ganas tengo!- subir al avión, ponerme el cinturón de seguridad y emprender el vuelo del regreso valiente que me reconcilie conmigo misma. Porque nunca fue mi culpa. Serán, sin duda, las mejores 12 horas de mi vida. Será el mejor trayecto de todos. Gracias eternas, Parwa, por permitirme comprar ese impagable pasaje de regreso”.
Fuente: Diario Perú21.

Valencia / Milla / Ferrari

Por Gabriel Ruiz Ortega

Si alguna tara mayor exhibe la intelectualidad peruana, esa es, sin duda alguna, su doble moral.
A esta maravilla de la ética, sumemos ahora su conchudez, esa incapacidad para pedir disculpas, la ausencia de autocrítica que la equipara al nivel del lastre que más crítica.
Cuando pensaba que la izquierda local detendría su caída libre, esta nos sale con otra sorpresa. Peor cuando estos destapes vienen por cuenta de mujeres que han sufrido los maltratos de hombres y mujeres que han hecho suyo el indignado discurso de la violencia contra la mujer.
Estas denuncias públicas de las mujeres violentadas, física y psicológicamente, aparte de revelar el rasero de la intelectualidad zurda, ponen de manifiesto la inutilidad de las posturas de superioridad moral de las voces actuales del feminismo local, que ahora recibe una letal dosis de ubicaína, puesto que si pretendes señalar hacia el patio, primero debes hacerlo con los hombres y mujeres que conforman el colectivo con el que se construye una postura ante la sociedad.
Las denuncias contra Abraham Valencia, Ricardo Milla Toro y Verónica Ferrari, son axiomáticos reflejos de la gangrena que recorre por las venas emocionales del país. Esta gentuza creía que nunca se sabría de las agresiones verbales y físicas que cometían contra sus parejas. Claro, se alucinaban intocables porque sacaban provecho de una postura política basada en la defensa y el bienestar común, fungiendo de portavoces de esta cuando en la intimidad masacraban a sus parejas.
Todavía no leo el comunicado de Ferrari, y espero que piense lo que dirá, porque de lo que se le acusa, se sabía, corría como un rumor entre los gremios feministas, que no hacían nada para no afectar el bien mayor.
Pero sí he leído los comunicados del otro par de huevones. O sea, qué paja: masacro, ofendo y digo que me someteré a terapia. No, baboso, lo que debes es rehacerte, volver al grado cero de tu esencia, en un tacho de basura, por ejemplo, y permitir que hombres y mujeres más capaces y dignos sean los que prediquen y honren en coherencia lo que tú jamás.
Mientras tanto, seguiré esperando las férreas condenas de los autodenominados representantes de la Ética de las redes sociales. No sentiré que estaré el tiempo, porque con ellos no existe la doble moral.
Si alguna tara mayor exhibe la intelectualidad peruana, esa es, sin duda alguna, su doble moral.
A esta maravilla de la ética, sumemos ahora su conchudez, esa incapacidad para pedir disculpas, la ausencia de autocrítica que la equipara al nivel del lastre que más crítica.
Cuando pensaba que la izquierda local detendría su caída libre, esta nos sale con otra sorpresa. Peor cuando estos destapes vienen por cuenta de mujeres que han sufrido los maltratos de hombres y mujeres que han hecho suyo el indignado discurso de la violencia contra la mujer.
Estas denuncias públicas de las mujeres violentadas, física y psicológicamente, aparte de revelar el rasero de la intelectualidad zurda, ponen de manifiesto la inutilidad de las posturas de superioridad moral de las voces actuales del feminismo local, que ahora recibe una letal dosis de ubicaína, puesto que si pretendes señalar hacia el patio, primero debes hacerlo con los hombres y mujeres que conforman el colectivo con el que se construye una postura ante la sociedad.
Las denuncias contra Abraham Valencia, Ricardo Milla Toro y Verónica Ferrari, son axiomáticos reflejos de la gangrena que recorre por las venas emocionales del país. Esta gentuza creía que nunca se sabría de las agresiones verbales y físicas que cometían contra sus parejas. Claro, se alucinaban intocables porque sacaban provecho de una postura política basada en la defensa y el bienestar común, fungiendo de portavoces de esta cuando en la intimidad masacraban a sus parejas.
Todavía no leo el comunicado de Ferrari, y espero que piense lo que dirá, porque de lo que se le acusa, se sabía, corría como un rumor entre los gremios feministas, que no hacían nada para no afectar el bien mayor.
Pero sí he leído los comunicados del otro par de huevones. O sea, qué paja: masacro, ofendo y digo que me someteré a terapia. No, baboso, lo que debes es rehacerte, volver al grado cero de tu esencia, en un tacho de basura, por ejemplo, y permitir que hombres y mujeres más capaces y dignos sean los que prediquen y honren en coherencia lo que tú jamás.
Mientras tanto, seguiré esperando las férreas condenas de los autodenominados representantes de la Ética de las redes sociales. No sentiré que estaré el tiempo, porque con ellos no existe la doble moral.

Foto original: El Comercio

Por Martha Meier Miro Quesada-Diario Expreso.
Un día se le cayeron todas las caretas, afloró su gusto por insultar a las mujeres y usó la violencia verbal como arma: “Gordita horrorosa y majadera” dijo sobre una periodista incómoda. El asunto le gustó y semanalmente profirió insultos injuriosos.
Quienes conocen al tal Rafael dicen que es incapaz de autoanalizarse, que tiene un agudo complejo de inferioridad, que se siente perseguido y por eso vive en guerra permanente contra algo o contra alguien.
Con el paso del tiempo sus agresiones verbales escalaron convirtiéndose en un ejemplo viviente de deplorable misoginia. Las amistades no le dijeron que se pasaba de la raya porque “es malhumorado y no tiene paciencia. Si alguna crítica llega, se le acaba la risa, se enciende como un fósforo y responde severamente”, que oye pero no escucha, que es tozudo, soberbio y arrogante, que parece “un niño y, como tal, tiene rabietas infantiles”.
Alguien que lo repudia sinceramente sostiene -con su misma violencia verbal- que “es solo un miedoso lleno de inseguridades, que actúa irresponsablemente en base a los despeños estrogénicos de su crisis mensual”.
Es fácil imaginar al tal Rafael paladeando vinos franceses para sentirse menos sudaca, rodeado de su anillo de amigos, ensoberbecido porque algunos celebraban sus agresiones contra toda mujer inconveniente para él y su costra.
Un psicólogo que no lo estima afirma que su personalidad presenta rasgos psicopáticos, según definición del doctor Robert Hare en “Psychopathy Checklist” (PCL), es decir: capacidad verbal y encanto personal superficial, tendencia a mentir de forma patológica, comportamiento malicioso y manipulador, falta de culpa o de cualquier tipo de remordimiento, falta de control sobre la conducta, actitud impulsiva, incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre sus actos, entre otras.
Alguien soltó maliciosamente el rumor de que el tal Rafael es gay o bisexual, entonces para demostrar su “machura” arreció en insultos contra las mujeres con poder político o económico: “falsa, mediocre, desadaptada, sesgada, seudo ecologista, mentirosa, manipuladora, fracasada, mujer que miente todo el tiempo, muñequita de pastel, pobre señora, neuróticas de siempre, malcriada, soberbia, desquiciadas”.
Por suerte para el hermano país del Ecuador, Rafael Correa dejó el poder tras diez años y su sucesor Lenin Moreno está abocado a erradicar la violencia de género: “Hay que poner fin a esas muertes, a las violaciones, al acoso y al insulto”, dice; obviamente Rafo lo considera y llama traidor.

Arlequines de la sátira denigrante

El periodista Beto Ortiz, durante su programa en ATV, se refirió con duras palabras a Rafo León tras la polémica que se generó con relación a la columna satírica en la que el periodista de Caretas se burlaba de la condición física de las congresistas de Fuerza Popular.
En su programa Beto a Saber, Ortiz criticó el “doble rasero” de la sociedad peruana, ya que, según él, existen dos criterios de evaluación según quién sea el agresor. Ortiz criticó que la revista Caretas haya sacado una portada victimizándose por los ataques cuando son ellos que deberían regularse. “Caretas está gritando mordaza cuando en realidad son los arlequines del Ejecutivo” expresó. 
“Si esto se hubiera dicho sobre Diez Canseco se hubiera armado un escándalo, pero como son fujimoristas entonces está bien” dijo Ortiz.
La congresista de Fuerza Popular, Ursula Letona, también se refirió al hecho. “La frase ‘nos tocan a una nos tocan a todas’ no aplica si eres fujimorista para cierto grupo de personas”.
En ese sentido, el aprista Velasquez Quesquén, comparó lo hecho por León con lo que ocurrió con los agresores físicos que fueron noticia recientemente. “Hemos visto como hay hombres que arrastran por el suelo a mujeres y por esto que también es una agresión no podemos decir que es libertad de expresión”.
Fuente: Lucidez.pe

La hora primitiva

“Si aceptamos que lo dicho por el muñeco exime de responsabilidad al ventrílocuo seremos igual al abusador”.
Por Cecilia Chacón Congresista de la República-Diario El Comercio. 
Cada diez segundos una política es insultada en Twitter con palabras como “puta” o “zorra”, según detectó la consultora británica Demos al analizar los mensajes recibidos por parlamentarias, alcaldesas, gobernadoras y candidatas, entre otras.
En el caso de las parlamentarias, ocho de cada diez sufrirán alguna forma de violencia psicológica durante su mandato, según “Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias” (2016). La investigación de la Unión Interparlamentaria realizada en 39 países de cinco regiones determinó que el 82% de las legisladoras fueron víctima de violencia psicológica con comentarios, gestos e imágenes de naturaleza sexual, sexistas o humillantes y las redes sociales fueron el medio principal.
Esto que indigna es validado en nuestro país por una revista que semanalmente es usada como plataforma para insultar y descalificar a las mujeres peruanas, sean políticas, profesionales, con poder, destacadas, que marcan tendencia y hasta jóvenes comunicadoras de estratos emergentes que recién empiezan sus carreras.
Esta violencia psicológica escrita se disfraza de sátira y no es más que insulto enfocado en el aspecto físico de la mujer (fea, vieja, gorda, chola, machona, con bozo), algo propio de la enfermiza mentalidad del machista promedio y de quienes odian o se sienten amenazados por las mujeres.
Alicia H. Puleo, profesora titular de Filosofía Moral de la Universidad de Valladolid, explica que “los insultos a las mujeres consisten generalmente en una grosera sexualización”, y que “la descalificación sexista implica […] negarles el estatuto de ‘persona’”. Puleo afirma que las mujeres que sobresalen gatillan un “imaginario sexista” en numerosos individuos (para el caso, Rafael León Rodríguez: Rafo León o China Tudela).
Van algunos ejemplos del discurso de odio de Rafo/China: “esas reporteritas de codo puntiagudo y marcado bozo”; “pensé que se trataba de alguna nueva propuesta feminista, las putas al poder: meretriz y cracia”; “esas chicas que descienden de una cultura sin escritura”, “directora de UGEL igualita a lo que la Bartra será en unos años, y rogarle o regalarle una gallina para que no te mande a trabajar con cien indiecitos”; “las madres de la patria hacen pichi, pupú y algunas hasta se lavan las manos”; “una tal Anaculo, que creo que es iqueña”; “la Losada (que aún vive y con su cabellera de bataclana en día libre)”; “Porcina ojo jalado” y más.
Invoco a las mujeres de todas las vertientes ideológicas a pronunciarse contra este tipo de “sátira política” que enraíza el machismo, la misoginia y la violencia. No combatir el maltrato nos hace igual al maltratador. Si aceptamos que lo dicho por el muñeco exime de responsabilidad al ventrílocuo seremos igual al abusador.
Esta es una lucha de todos por el derecho a ser respetados. Es hora de trazar una línea entre los cómplices del maltrato y quienes no lo somos.