Archivo por meses: febrero 2015

Waldo ‘Infocorp’ Ríos

Meme

Seis de los nueve aportantes de dinero que ayudaron a juntar el millón de soles para pagar la reparación civil que Waldo Ríos, electo presidente regional de Áncash, debía al Estado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para cambiarse de bancada, figuran en Infocorp con récord negativo.

Se trata de Patricia Quezada Barrera, gerente de una empresa de transportes, quien donó 140 mil a pesar de que figura en Inforcop con una deuda de más de 35 mil soles.

También está la psicóloga Sabik Soriano Navarrete, quien aportó 220 mil soles a Ríos, pese a que debe 18 mil soles a un banco. Además, la arquitecta Iris Aldea Correa, quien dio S/.181 mil, adeuda S/.678 mil.

Igualmente, Christian Cárdenas Depaz, de 34 años, quien aportó S/.128 mil 500, debe 8 mil soles a una entidad privada. Daniel Reynafarje Quiroz, gerente de una constructora y sobrino de Ríos, le regaló S/.60 mil a su tío aunque tiene una deuda de S/.179 mil. Finalmente, Javier Contreras Lara, apoderado en una ferretería, donó S/.90 mil soles, pero debe S/.345 mil.

“ES UN MILAGRO”
Waldo Ríos señaló que no saldrá de Lima hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue su credencial de presidente regional de Áncash. A través de la cuenta de Facebook ‘Waldo a la región’, calificó como “una victoria del pueblo ancashino” el hecho de que la Corte Suprema lo haya rehabilitado para ejercer el cargo para el que fue electo. 

La Procuraduría Anticorrupción verificará el origen del dinero que utilizó el electo presidente de Áncash, Waldo Ríos, para pagar la reparación civil de un millón de soles que le impuso el Poder Judicial.

Fuente: Diario Perú21.

Aportes a Waldo Ríos no son gratuitos

La inestabilidad política en Áncash sigue en agenda. Esta vez, el presidente regional encargado, Enrique Vargas Barrenechea, dejó en evidencia que anda enfrentado con su otrora correligionario Waldo Ríos, quien ya canceló el millón de soles de reparación civil que adeudaba al Estado desde el 2009. Con esto, en los próximos días Ríos podrá asumir la presidencia de este gobierno regional, y esa no parece ser tan buena noticia para algunos.
Uno de ellos parece ser el propio Vargas Barrenechea. Tras conocer que próximamente tendrá que dejar la presidencia regional, advirtió que el aporte hecho por un grupo de profesionales y empresarios para que Ríos pagara la reparación civil no es desinteresado.  
“Nadie te ayuda gratis, tienes que darle a cambio algo. Si él [Ríos] entra a la región, qué cosa les va a ofrecer”, se preguntó en una rueda de prensa con medios de comunicación locales.
La actual autoridad dejó entrever que durante la gestión de Ríos se tendrá que pagar el ‘préstamo’ y aparentemente se hará con obras, puestos de trabajo u otros servicios para el gobierno regional. 
“Ya ustedes verán en el transcurso del tiempo cómo anda la región […] Yo desconozco quiénes son esas personas, posiblemente son empresarios que quieren entrar a trabajar a la región”, agregó Vargas. Además, exigió que se investiguen la procedencia del dinero y a los aportantes para saber de dónde y cómo han conseguido esos recursos. 

Fuente: Diario El Comercio.

Solo habrían prestado sus nombres

El millón de soles que nueve personas aportaron para pagar la reparación civil que Waldo Ríos, electo presidente regional de Áncash, debía al Estado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para cambiarse de bancada, no provendría del peculio de estas, sino de terceras personas.

Así lo afirmó Henry Aldea Correa, hermano de Iris Aldea Correa, una de las empresarias que aparece como donante del millón de soles.

“Los donantes solo habrían prestado sus nombres para dar visos de legalidad a una transacción que permita a Ríos gobernar y a los verdaderos dueños cobrarse el favor contratando con el gobierno regional sin quedar en evidencia”, dijo Aldea a Radio Santo Domingo de Chimbote.

Aldea también reveló que su hermana no es la dueña de los 181 mil soles donados a favor de Waldo Ríos y que ella permitió prestar su nombre.

[Waldo Ríos quedó rehabilitado por Poder Judicial tras pagar reparación civil]

Precisó que, para darle apariencia de legalidad al proceso de bancarización y justificar la procedencia del dinero, se aprovechó una operación bancaria que ella realizó en el marco de sus actividades inmobiliarias.

Agregó que los verdaderos dueños del dinero serían empresarios chimbotanos.

“Es el adelanto de una coima disfrazada de donación. Los donantes son personas que han sido utilizadas (por terceros) para concretar el objetivo. Este pago para los que figuran no fue gratis”, recalcó.

Fuente: Diario Perú21.

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Juramentación de la directiva de REDAP

Red en el Gobierno Regional

La Red de Líderes Locales de Apurímac, REDAP, es una asociación de hombres y mujeres líderes de diversas comunidades de la región Apurímac, que fomentará el desarrollo regional, luego de haber sido capacitados por el Programa de Formación de Liderazgo Local; ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas y el Banco Mundial.

RED APURIMAC

La directiva conformada por su Presidente Miguel Angel Huachaca Mamani (Regidor Provincial de Cotabambas), Secretario Lázaro Diaz Huamaní (Huancabamba-Andahuaylas), Tesorero Guzmán Vargas Lancho, Delegado Provincial Ernesto Huaraca Pocco; juramentó en la sede del Gobierno Regional de Apurímac a las 11 am.Visite su página web: www.reddelideresapurimac.org

Más rojo que el achiote

Por Gabriel Daly- Diario El Comercio

El lunes 9 de febrero, el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki inició un paro indefinido por supuestos daños ambientales contra las actividades exploratorias en el lote 108, propiedad de la empresa argentina Pluspetrol. Este paro desencadenó una espiral de violencia que llevó a los manifestantes a entrar a la base militar de la localidad donde la empresa almacenaba el material para realizar sus actividades. 

Luego, la turba se desplegó hacia la comisaría, donde se inició un enfrentamiento que causó la muerte de Ever Pérez Huamán, estudiante de 25 años. Hubo más de 170 heridos, 32 de ellos por armas de fuego. Esta situación terminó por generar una crisis política en el Ejecutivo que forzó al presidente Ollanta Humala a hacer cambios en el Gabinete.

¿Qué hizo estallar el problema? Para entender las razones de fondo, es importante retroceder en el tiempo y analizar las características geográficas de la zona, la situación económica en la selva central, las actividades ilícitas y el rol de la empresa y el Estado. 

CAFÉ DE CHANCHAMAYO

Las provincias de Chanchamayo y Satipo se consideran la primera zona productora de café. Después de la lucha contra el terrorismo, Pichanaki recibió una gran cantidad de personas de Apurímac que se dedicaron a la actividad cafetalera, lo que permitió el desarrollo de la zona. 

Sin embargo, en los últimos años, la economía de Pichanaki ha sido severamente afectada  por la presencia de la plaga de la roya amarilla que ha destruido los cultivos de café. De las más de 75 mil hectáreas que fueron afectadas en el 2012-2013, más de 31 mil estaban en Chanchamayo.

Como resultado de esta crisis, en agosto del 2013, los productores de café de la zona bloquearon la carretera y exigieron al Estado ayuda económica, pero esta problemática no fue debidamente atendida por el Estado.

En entrevista con El Comercio, Rubén Vargas, experto en temas de seguridad y narcotráfico dijo: “Con la roya amarilla hubo mucha desesperación que el gobierno no entendió y no salió al auxilio [de los cafetaleros]”.

El actual presidente de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo, considera que “el Estado tiene una posición de no diálogo, no conversación. Se convierte solo en bombero para apaciguar el incendio, pero deja el problema pendiente”.

ACTIVIDADES ILEGALES
Algunos líderes de opinión han afirmado que las raíces del problema en Pichanaki se encontrarían en el tráfico ilícito de drogas: los narcotraficantes estarían financiando a un grupo de radicales para evitar la presencia del Estado que perjudicaría sus actividades.
Sin embargo, Pichanaki no es una zona de cultivo de coca ni donde haya una fuerte presencia del narcotráfico. Si bien es cierto que este distrito es una zona de entrada al Vraem y una ruta por donde circula la coca, el verdadero problema se encuentra en San Martín de Pangoa y Mazamari, distritos ubicados aproximadamente a dos horas de Pichanaki.

Lo que sí existe en Pichanaki es una tala indiscriminada. En entrevista con El Comercio Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, sostuvo que “no hay financiamiento narco”. Él considera que “el interés es la madera y el hecho de que entre la empresa significaría que no se podría seguir con esta actividad”. Lo cual tiene cierta lógica, pues la presencia del Estado y de la empresa representaría un obstáculo para el contrabando de madera.   

PUNTO DE QUIEBRE
La destrucción de los cultivos de café, la ruta del narcotráfico y la tala ilegal no nos explican por sí solas el inicio del paro de este mes. Para Julio Rojas, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo de la PCM, “hay elementos de tala ilegal y narcotráfico, pero evidentemente las fuerzas que han propiciado este paro son fuerzas antidesarrollo con una estrategia de manipulación”. 

En el 2013 el Estado aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pluspetrol para hacer una exploración sísmica (inversión de aproximadamente US$75 millones). Es a raíz de la presencia de Pluspetrol en la zona que el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, liderado por Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, inició un paro el 22 de setiembre del 2014. 

Al cumplirse cuatro días de huelga y, ante las quejas de decenas de camioneros que no podían llevar sus productos perecibles a Lima, luego de una reunión con los congresistas Federico Pariona y Jhony Cárdenas, se acordó tener una mesa de diálogo. Esta nunca se dio. 

¿QUÉ PASÓ EN FEBRERO?
Si sumamos a la ecuación el aprovechamiento de un líder con una gran capacidad discursiva (ambientalista y en contra de la inversión privada) y una excelente habilidad organizativa, tenemos la fórmula perfecta para un conflicto social. 

Rojo achiote

En ese sentido, tanto Chavarría como el cura Ricardo García han acusado a la empresa Pluspetrol de contaminar el medio ambiente. Para ello, han mostrado videos y fotos de los pasivos ambientales del lote 1AB en Loreto, también propiedad de la empresa. Sin embargo, este lote lo empezó a explotar en 1971 la Occidental Petroleum Corporation y luego Petro-Perú se lo entregó a Pluspetrol, que heredó una serie de pasivos ambientales y se comprometió a remediar los que se había identificado. 

Luego de recibir la aprobación del EIA del lote 108, la empresa empezó su actividad exploratoria. Según expertos consultados por este Diario, las probabilidades de afectar el medio ambiente son mínimas. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas ha evaluado la posibilidad de eliminar la necesidad de obtener un EIA para la siguiente fase. 
Pluspetrol ha cumplido con los requisitos de ley. Ha hecho 134 talleres, 15 de ellos en Pichanaki, además de organizar 3 audiencias públicas y firmar 2.000 convenios con personas de la localidad. 

Sin embargo, varios analistas y representantes del Estado consideran que este trabajo ha sido deficiente. En entrevista a RPP esta semana, el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, sostuvo que “la empresa pudo haber hecho más para comunicar [el proyecto]”. De acuerdo con Ángel Ayala, experto en organizaciones de base, “cuando haces un taller, no significa que tienes la aprobación de la gente.  Uno puede hacer mil talleres, pero eso no significa que has sido aceptado”. Para Jaime Antezana, “la empresa no ha hecho bien su trabajo con la población […], han hecho los talleres, pero han llevado solo a las personas que les conviene”.

EL ESTADO AUSENTE

El último elemento de esta compleja situación es el rol del Estado. Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú, señala que “el Estado se gasta plata en ‘roadshows’ para traer al privado y cuando este llega lo deja solo”. En la misma línea, el ex ministro del Interior Fernando Rospligliosi sustenta que “cuando un grupo de dirigentes le mete miedo a la población no hay nadie que responda […], no tienen a nadie al frente”.  

En una entrevista a RPP, el experto en conflictos sociales Luis Felipe Polo señaló: “El gobierno no sabe negociar. Negocia con el primero que se le pone al frente […]. En este gobierno, como todos, no hay políticas de prevención”. El representante de la PCM Julio Rojas precisa: “Tengo que admitir que el trabajo hecho por mi oficina es importante, pero insuficiente. Hemos permitido que un grupo minoritario genere esta situación […] necesitamos una presencia más activa del Estado”. Efectivamente, en Pichanaki solo hay una posta médica y los servicios de agua y desagüe son deplorables.

COLOFÓN
Ante esta situación, el Ejecutivo tomó la decisión de enviar a dialogar a los entonces titulares de Justicia, Daniel Figallo, y de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga –dos personajes cuestionados por sus presuntas vinculaciones en el caso de Martín Belaunde Lossio y de una empresa petrolera, respectivamente–. El diálogo no llegó a buen puerto y el ministro Mayorga afirmó que la empresa se retiraría en tres días. No obstante, a la fecha la empresa sostiene que no han recibido ningún tipo de comunicación del Estado. 
Julio Rojas partió esta semana hacia Pichanaki con una estrategia. Para él, “de lo que se trata es de impulsar un diálogo que incluya proyectos de salud, educación y agricultura. Se va a articular un plan de desarrollo integral”.

No obstante este plan, cuando la delegación llegó a Pichanaki, el Ejecutivo permaneció en el local del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), mientras un exaltado Chavarría se rehusaba a ir al local e instaba a tener un diálogo en la Plaza de Armas. Chavarría vociferaba frente a más de 1.000 personas: “Vamos a liberar al país de los que se creen los patrones. Los ministros […] no quieren venir a la plaza a hablar con nosotros y nos acusan de que nosotros no queremos dialogar”. El Ejecutivo no accedió a las demandas. Nuevamente el diálogo se frustró.

DISCURSO RADICAL
Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma nació en  el distrito de Pichanaki el 27 de agosto de 1976 e hizo el servicio militar obligatorio en esta zona de 1990 a 1996, lo que le permitió conocer las necesidades de la población y la geografía.

Chavarría  participó en el ‘andahuaylazo’ en enero del 2005, que cobró la vida de 4 personas. De hecho, él habría llevado a habitantes de Pichanaki para que participaran en el levantamiento. A pesar de que niega haber tenido un liderazgo en ese conflicto, fue condenado a nueve años de cárcel y estuvo recluido siete años en el penal de San Jorge. 

Chavarría ha sido capaz de desarrollar un discurso etnocacerista sumamente articulado y convincente en contra de lo que él llama el modelo neoliberal y a favor de la protección del medio ambiente. En diálogo con RPP, los primeros días de febrero, declaró: “Nuestra protesta es para defender el medio ambiente, la selva central, la agricultura, y garantizar una vida digna de la población. Por ello, estamos exigiendo el retiro de la empresa petrolera Pluspetrol de la zona, debido a que tiene antecedentes de haber derramado petróleo en otras regiones”.  

Ricardo García es el segundo personaje de esta compleja historia. El cura español tiene siete años en la zona y en los últimos meses ha mostrado daños ambientales en el lote 1AB, propiedad de la empresa Pluspetrol en Loreto muy cerca de la frontera con el Ecuador. Estos videos han sido ampliamente divulgados en la zona y hasta ha coordinado con profesores para mostrarlos en los colegios. En una entrevista con este Diario señaló: “Esta empresa contamina, no paga multas y compra dirigentes”. 

Cuando se le preguntó acerca de las fuentes de financiamiento del Frente de Defensa Ambiental, García respondió: “El frente de defensa no recibe financiamiento, solo ‘ayudas’. No tiene dinero ni de las ONG, ni de partidos políticos”.

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El pantanoso caso Chaupe

Maxima
Emociona hasta las lágrimas el drama de la campesina indigente a la que desean desalojar Yanacocha y la policía. Hasta que aparecen evidencias de que es dueña de nueve predios por la vía de la ocupación.

Por Ricardo Uceda- Diario La República

La historia fue explicada oficialmente por la ONG Grufides, fundada por el dirigente de Tierra y Libertad Marco Arana. Ha sido asumida sin reservas por personalidades, por otras ONG nacionales e internacionales y por un sector de medios. En esta versión, Carlos Chaupe, su esposa Máxima y sus hijos ocupan el predio Tragadero Grande, en Cajamarca, desde antes que la minera Yanacocha empezara a comprar tierras para su proyecto Conga. Los Chaupe lo compraron legítimamente a un tío. Pruebas: un certificado de posesión sobre dieciocho hectáreas otorgado por la comunidad campesina de Sorochuco –que menciona una transferencia en enero de 1994– y un documento de compraventa suscrito por un juez de paz. Después la empresa adquirió tierras colindantes. Y acto seguido, con el mayor descaro, pretendió apropiarse de la propiedad de los Chaupe. 

Sobre la base de títulos sin valor, en forma ilegal y abusiva, Yanacocha intentó desalojarlos mediante salvaje actuación policial. No contenta con ello, denunció penalmente por usurpación agravada a los campesinos, logrando que un juzgado condenara a Máxima a dos años y ocho  meses de prisión suspendida y al pago de cinco mil quinientos soles de reparación civil. Pero en diciembre del 2014 una sala penal de apelaciones anuló la sentencia y declaró inocentes a los Chaupe. Finalmente triunfó la verdad y quedó demostrado que la única usurpadora era la empresa.

LA VERDAD OPUESTA

La versión de Yanacocha difiere en todos los puntos. En 1996 y 1997, su proyecto Minas Conga S.A. compró 496 hectáreas a la comunidad campesina de Sorochuco. Comprendían el predio que los Chaupe reclaman como suyo. Hasta entonces las tierras le pertenecían completamente a esta comunidad, con títulos irrefutables. Los documentos de compraventa fueron firmados por sus representantes calificados, incluyendo a Samuel Chaupe, padre del esposo de Máxima, avalando la transferencia de Tragadero Grande. Por otra parte, evidencia fotográfica satelital demuestra que es falso que el terreno en disputa haya estado ocupado por los Chaupe desde 1994. Estos recién ingresaron ilícitamente en agosto del 2011, cuando estalló el conflicto de Conga.

Según Yanacocha el certificado de posesión que exhiben los Chaupe no es un título de propiedad. Sin este documento nadie estaba en capacidad de transferirles Tragadero Grande en 1994. Por eso la comunidad de Sorochuco, que sí tenía títulos, pudo vender después las tierras a Minas Conga. Cuando los Chaupe quisieron invadir sus terrenos en 2011, la empresa los denunció penalmente y pidió a la policía desalojarlos. Existe un video demostrativo de que no hubo la violencia que se denuncia.

Hasta aquí, incluso admitiendo que los títulos de propiedad de Yanacocha fueran válidos, la causa de los Chaupe suscita solidaridad. Los Chaupe son pobres, y hay episodios oscuros que les dan el beneficio de la duda. Pudieron haber estado allí desde antes de que el proyecto Conga obtuviera sus permisos. Es posible que hubieran sido víctimas de violencia policial. Imágenes de un brazo amoratado de Jilda Chaupe, hija de Máxima, han sido ampliamente difundidas, así como la información no comprobada de que se quedó una hora inconsciente después de recibir un culatazo de escopeta policial. Las dudas se alimentan por la mala imagen de Yanacocha en Cajamarca. En general, en el Perú es dable admitir con facilidad que una gran empresa actúa con rapiña y que es insensible con los débiles. La policía tampoco tiene credibilidad. 

TODOS SOMOS MÁXIMA

Pero la fuerza moral de la denuncia procede del testimonio de Máxima. Es convincente su discurso de que la explotación de esas tierras es el único recurso de su familia para subsistir. Es más convincente que si Marco Arana se cortara un brazo y acusara a Yanacocha de su mutilación. Arana es un activista antiminero en carrera electoral, en cambio Máxima, La Dama del Lago, es una víctima: una campesina indigente que lucha por sobrevivir.  

Es la versión de los Chaupe y de sus defensores. En agosto del 2013, en la víspera de que un juzgado de Celendín los sentenciara por usurpación, Máxima Chaupe declaró al canal Portafolio Periodístico que recibía amenazas de Yanacocha, y que si la empresa la mataba quería ser enterrada en Tragadero Grande. “Es el único terreno que tengo”, añadió. Después de esta sentencia, su abogada Mirtha Vásquez, de Grufides,  dijo que los Chaupe defendían su única propiedad, y que no tenían otro lugar adónde ir. En el internet pueden encontrarse otras declaraciones en el mismo sentido. Por ejemplo, de la hija de los campesinos, Isidora, en mayo del 2014, afirmando que no tenían otro lugar para vivir. O de la propia Máxima Chaupe, en agosto del mismo año. Llora cuando se refiere al pago de la reparación civil que les fue impuesta. No tenía recursos para pagarla.

-Compré mi terreno sufriendo, sin comer un pan, sin vestirme una ropa, sin dormir- dijo a Cajamarca Reporteros.

NUEVE PROPIEDADES

Por eso fue pasmosa la revelación que hizo el 9 de febrero, en TV Norte, el periodista cajamarquino Luis Mego. Los esposos Chaupe tenían título de propiedad de seis predios en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín: Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Aluche. Además, poseían otros tres –Sigues, La Playa de Sigues y La Nueva Chica– en el distrito de Huasmín. No es que sean terratenientes ni mucho menos: las chacras, en conjunto, suman solo diez hectáreas. Lo llamativo es que les fueron entregadas en propiedad luego de que demostraran la posesión sobre las mismas.  

Los Chaupe obtuvieron nueve certificados de posesión otorgados por la Región Agraria de Cajamarca, de acuerdo con el Decreto Legislativo 667, que formaliza la propiedad rural. Establece un trámite simplificado. Tratándose de predios de particulares, el beneficiario debe demostrar con testigos una posesión efectiva durante cinco años. Los títulos de dominio en favor de los Chaupe en la SUNARP indican que en cada caso acreditaron “posesión directa, continua, pacífica y pública” por ese tiempo. Y que fue constatada la explotación económica de los predios. Los registros fueron obtenidos en 2004 y 2005. 

¿Cómo, durante el lustro anterior, estuvieron ocupando estos terrenos y al mismo tiempo Tragadero Grande?

LA OTRA VÍA

Mirtha Vásquez, de Grufides, abogada de los Chaupe, respondió que estos terrenos eran “una herencia”. Mego dijo que los documentos de SUNARP  demuestran lo contrario. Vásquez también señaló que las propiedades carecían de valor. Pero la inspección del Ministerio de Agricultura reporta tierras cultivadas y cría de animales. Cualquier agrotécnico demostraría que estas chacras son mejores que el duro y helado territorio de Conga. 

Los Chaupe están en todo su derecho de hacerse de predios ocupados por cinco años. Pero haber mentido acerca de su “única propiedad” echa sombras sobre toda la historia y deja mal paradas a organizaciones de derechos humanos que los defendieron. A todo esto, la última sentencia no se pronuncia sobre la legitimidad de la posesión por los Chaupe de Tragadero Grande. Los declara inocentes de usurpación agravada. Por un motivo: no se acreditó que hubieran empleado violencia al ocupar el terreno que Yanacocha reclama como suyo, algo asociado a ese delito. Pero expresamente la sentencia soslaya el tema de fondo, que no es de naturaleza penal. La cuestión de la propiedad se dirimirá en la vía civil, vaya uno a saber en cuántos años más. 

Máxima y los “mínimo minimorum”

Por Miguel Santillana- Diario Correo

Es muy amargo el despertar y darse uno cuenta que ha sido utilizado. Que su buena fe ha sido aprovechada por individuos que tienen una agenda o intereses subalternos. Es difícil sacar cara por una causa asumiendo consecuencias, inclusive personales -como perder el trabajo o la posición de dominio que uno ostentaba- para que al final uno se dé cuenta que todo fue en vano.

La telenovela Máxima Chaupe vs. Minera Yanacocha fue un montaje. La ONG Grufides del excura Marco Arana (líder de Tierra y Libertad, único partido de “izquierda” con franquicia electoral), a través de la abogada Mirtha Vásquez, asume la defensa de la familia Chaupe. El predio en disputa “Tragadero Grande”, se tragó la reputación y credibilidad de varios.

Marco acuñó el lema ¡Conga NO va!; peor si el proyecto busca avasallar los derechos de propiedad de una “humilde familia”. Como mentiroso contumaz y aprovechador de los pobres, Marco tenía una perfecta plataforma política dentro y fuera del país. Encima, una oportunidad para sacarle a los gringos otros $1.5 millones al año para sus proyectos de humo: “proyectos” que no han aumentado la productividad agrícola ni han producido un litro adicional de leche en Cajamarca. Es un vendedor de aire tóxico. ¿Indecopi?

Minera Yanacocha ha cometido demasiados errores en sus dos décadas de presencia en Cajamarca. No me quedan dudas de que los gringos de Newmont (socio mayoritario) han caído redonditos en las manos de unos inescrupulosos gerentes y asesores (algunos que han purgado prisión), que los viven cual parásitos (los gringos lo saben, ¿por qué no hacen nada al respecto?); sin embargo, en este caso con Máxima tienen la razón.

Que la fábula de la “pobre” Máxima nos sirva para reflexionar cómo nos venden interesadamente las “causas justas”. Hay que ver más allá de lo evidente.

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Anama

Museo de los minerales Andres Del Castillo

Por Juan Saldarriaga- Diario El Comercio

Aruntani, segundo productor aurífero nacional después de Buenaventura, pondrá en marcha la primera operación minera a gran escala del departamento de Apurímac, anunció Guido Del Castillo, director-fundador de la minera peruana.

“Estamos contentos porque Anama está avanzando bastante. Es el primer proyecto que entrará en producción en Apurímac. Esta región tiene una carga altísima de proyectos mineros pero todavía ninguno produce minerales. Anama será el primero”, explicó.

Apurímac es, en efecto, la región que concentra la mayor inversión en proyectos mineros para la presente década, con US$11,990 millones en inversiones comprometidas.  Es el caso de Las Bambas, que saldrá en 2015; Haquira, programado para iniciar producción en 2017 ó 2018; Apurímac Ferrum, sin fecha oficial de salida; Los Chancas, paralizado actualmente por temas sociales; y Anama.

“Anama producirá 60,000 onzas anuales de oro. Se encuentra a 4.000 metros de altura, en la zona más alejada de Apurímac, en la parte alta de Antabamba”, precisó Del Castillo.

MINA DE COBRE

Anama no es el único proyecto de Aruntani en Apurímac. “Esperamos entrar en producción con Anabia en el 2015. Este proyecto producirá aproximadamente 20,000 toneladas de cobre metálico por año”, indicó el empresario.

La minera también explora en México. “Perú y México son los mejores países para explorar en el mundo. Es donde se están desarrollando los descubrimientos”, sentenció.

Aruntani opera cuatro minas de oro en el sur del Perú: Aruntani (Moquegua), Arasi (Puno), Anabi (Cusco) y Apumayo (Ayacucho). Juntas suman una producción de 350.000 onzas de oro. 

Refinerías suizas apoyarán formalización minera

Las cuatro refinerías auríferas más grandes del mundo han puesto la mirada en el universo de 100 mil mineros artesanales que operan en el país. Su objetivo: adquirir oro a precio justo como forma de contribuir a la formalización de la minería nacional, informó el Embajador de Suiza en el Perú, Hans-Ruedi Bortis, en el XI Simposium Internacional del Oro y la Plata.

El embajador explicó que estas cuatro refinerías tienen su sede en Suiza y que su  interés en nuestro país viene dado porque el Perú exporta más del 50% de su producción anual de oro a la nación helvética.

“Debido al tema de la trazabilidad (el rastreo del oro hasta su origen para constatar que se produce sin causar daño al medio ambiente), las empresas y el gobierno suizo se juntaron para formar la Iniciativa Oro Responsable”. 

Indicó que el objetivo inmediato de esta iniciativa es fomentar la certificación de los mineros a pequeña escala y artesanal para que puedan importar al mercado suizo, evitando los intermediarios y recibiendo un precio justo (de mercado) por su producto. 

EXCEPTO MADRE DE DIOS

“Vamos a beneficiar a todo el país, menos a Madre de Dios”, dijo, añadiendo que la propuesta va dirigida a los 100,000 mineros artesanales que explotan vetas auríferas (y no depósitos aluviales, como en la selva).

“A la fecha tenemos ejemplos exitosos en la región de Chala y estamos avanzando con la iniciativa”, refirió.

Las cuatro refinerías suizas que han decidido comprar oro a la minería artesanal peruana a través de la Iniciativa Oro Responsable son Pamp, Metalor, Argor Heraeus y Max Havelaar Suiza.

La preocupación de estas empresas es genuina pues se acusa a muchas refinerías en Perú, Suiza y otros países, de recibir “oro sucio”, es decir, producido en instalaciones que violan los mas mínimos estándares socio-ambientales.

Según estadísticas de Macroconsult, el oro peruano exportado ilegalmente representa US$1,800 millones y una buena cantidad se dirige a Suiza.

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Primer domingo de Cuaresma

Cuaresma

Por Antonio Elduayen Jiménez CM

Me gusta el tratamiento que da Marcos a la Cuaresma de Jesús, sus 40 días en el desierto. A diferencia de Mateo (4, 1-11) y de Lucas (4, 1-13), que abundan en detalles sobre las tentaciones, Marcos se despacha en 4 líneas (1,12-15). Dice simplemente que el Espírituempujó a Jesús al desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Nada sobre el contenido de las tentaciones. Pero mucho, en su retrato mudo, de la lucha entre el bien y el mal, entre Jesús, animado por el Espíritu, y Satanás. Sabemos que éste se retiró derrotado, pero jurando que se volverían a encontrar (Lc 4,13)

Vencer el mal a fuerza de bien, aún a costa de la propia vida, es lo que Jesús decidió en aquellos cuarenta duros días. Con sangre sudor y lágrimas y buscando en oración la voluntad de su Padre. Nada de un Mesías espectacular y taumaturgo sino humilde y sencillo, aunque sin defraudar a sus seguidores (Mt 11,6).Y nada de un Mesías con un trono poderoso desde donde reinar, sino alguien que, levantado en la cruz, habría de atraer todas las cosas hacia El (Jn 12, 32). ¡Cómo debió sufrir y gozar el Señor decidiéndose por todo esto! Satanás ni se lo podría imaginar…

Otras cuestiones que le preocuparon a Jesús y que oró largo con su Padre, antes de tomar una decisión, fueron, según Marcos, estas otras dos: el dejar Judea e iniciar su evangelización en Galilea…, si el asunto que Juan el Bautista se traía entre manos -el non licet a la amante de Herodes-, terminaba mal, como terminó (Mc 6, 14-29). Y el concretar lo que habría de decir y lo que habría de hacer y conseguir en su evangelización.

Ciertamente, para Jesús, sus 40 días “de desierto” fueron la ocasión de representar y redimir en su persona la historia de su pueblo Israel -(yendo y viniendo por el desierto durante 40 años en medio de tremendas tentaciones, en las que cayó casi siempre) Fueron también la ocasión de encarnar en su persona la historia de salvación de la humanidad entera, en lucha contra la triple concupiscencia del mundo (1 Jn 2,16). Ustedes y yo estábamos de algún modo allí con El, luchando contra las tentaciones del placer, del tener (dinero, poder) y del parecer (vanidad y fama), desenfrenados.

Como Jesús, hagamos de la Cuaresma un tiempo fuerte de búsqueda de la Voluntad de Dios y, como nos pide el Papa Francisco en su Mensaje de Cuaresma 2015, una ocasión para fortalecer los corazones.

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Alianza para la transparencia

Alianza para la transparencia
La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, destacó los aportes de la  “Alianza para la Transparencia” y de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que se impulsan en el Perú con el objetivo final de tener una adecuada gobernanza en el sector extractivo, con beneficios reales para la ciudadanía.
La titular del MEM participó en la presentación de los resultados de la Alianza para la Transparencia, iniciativa que Perú y Canadá lanzaron en noviembre de 2013 para fomentar la transparencia en las industrias extractivas, en cumplimiento de un acuerdo adoptado en la Cumbre del G-8 que congrega a los países más industrializadosdel mundo.
“La transparencia constituye no solo un valor, sino una valiosa práctica que con el tiempo otorga prestigio y legitimidad a quien la detenta”, enfatizó la ministra, quien dijo además que nuestro país está en condiciones de hacer de la transparencia en las industrias extractivas, “no solo un discurso sino una práctica a nivel nacional, regional y local”.
Recordó que su sector, de acuerdo con el compromiso asumido por el Estado Peruano para con la Implementación de EITI en el Perú, ha venido impulsando esta importante iniciativa en nuestro país hace 10 años.
“Estando a punto de la culminar el 4to Estudio de Conciliación Nacional – condición necesaria de un “país cumplidor” para mantener este estatus ya reconocido a nivel continental y mundial-, y en plena elaboración de los dos primeros Estudios de Transparencia Regional en Moquegua y Piura, estamos convencidos que EITI Perú inicia una nueva fase a nivel mundial; una nueva posibilidad de desarrollo sostenible local con aportes en lo extractivo basado en un esquema sólido multiactor: Estado – Empresa – Sociedad Civil, y desde ya es un aporte peruano al mundo”, aseguró.
Consideró, asimismo, que los aportes de la “Alianza para la Transparencia” serán importantes principalmente en los retos nuevos que tiene EITI Perú en los procesos regionales de Moquegua y Piura, las primeras en adecuarse en el Estándar EITI 2013 a nivel mundial.
Reconoció, además, el compromiso de los países desarrollados para seguir promoviendo estrategias que permitan mejorar la gobernabilidad local para el progreso de los peruanos, reafirmando un espíritu descentralista y considerando que es en las regiones en donde se tiene que promover la transparencia con mayor énfasis.
“Saludamos los aportes de esta Alianza para la Transparencia realizados durante  el año pasado y su compromiso a futuro con promover esta importante práctica como la transparencia en el sector extractivo y sus contribuciones con el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales, en cuanto a su eficacia en inversión pública”, expresó.
Finalmente, la ministra Ortiz Ríos subrayó que estas iniciativas están orientadas a “hacer del Perú un país con instituciones eficaces que aporten a la calidad de vida de las personas”.
En la ceremonia de presentación de los resultados 2014 participaron también la embajadora de Canadá en el Perú, Patricia Fortier; Pilar Camero Berrios, representante de la Sociedad Civil para esta iniciativa; Fernando Ruiz–Mier representante del IFC Perú.
Estos resultados fueron entregados en dos publicaciones: Informe de Gestión 2014, y Plan de Acción y Monitoreo de Resultados de los Proyectos en Transparencia 2014.
Fuente: www.minem.gob.pe

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Presidente Humala se reunió con líderes políticos

Presidente Humala

El presidente Ollanta Humala sostuvo una reunión con los líderes de las principales fuerzas políticas del país, con el propósito de hacerles llegar alcances de las investigaciones y acciones por el reciente caso de presunto espionaje en perjuicio del Perú.

En el encuentro, que se desarrolló en Palacio de Gobierno, participaron Alan García Pérez (Partido Aprista Peruano), Alejandro Toledo (Perú Posible), Nadine Heredia (Partido Nacionalista) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
También asistieron Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), Fernando Andrade (Somos Perú) y Raúl Castro (Partido Popular Cristiano). 
Acompañó al mandatario en la cita, la Jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara.
Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski (Perú Más) y Mesías Guevara (Acción Popular) se disculparon por no poder participar en la reunión por encontrarse fuera del país; al igual que César Acuña (Alianza para el Progreso) por estar fuera de la capital.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

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Diez verdades sobre la promesa del ‘Gran Canal’

Monica Lopez y Ernesto Cardenal

Por Mónica López Baltodano

Desde hace dos años, diría yo, se puso en marcha un deliberado proceso de fetichización llamado el “Gran Canal Interoceánico”. Trama de intoxicación de la palabra y la comunicación, de aturdimiento y sumisión de conciencias, en esta Nicaragua convertida hoy, en una especie de “prisión invisible, sin muros, ni puertas”.

Con honestidad científica debo reconocer que en el mercado de la opinión pública, el poder, concentrado en la figura de la pareja presidencial -que ejerce de manera monopólica el control casi total de los medios de creación de opinión y los canales del tejido social e institucional indispensables para la creación de  conciencias-, ha logrado imponer la opinión sumisa de que el Canal Interoceánico y su caporal, esta vez chino, trae consigo el mágico hechizo que pondrá fin a los problemas históricos del país.

Esta engañosa verdad del poder, fundada en el canal alucinante, mito que ha recorrido el torrente histórico de Nicaragua desde la conquista, ha sido convocado ahora para lograr, con todo el peso de la violencia simbólica y el ejercicio sin escrúpulos del poder, seducir y someter el consciente e inconsciente de una ciudadanía ansiosa y sedienta de la realización de tantas expectativas colectivas frustradas.

Sociedad la nuestra predispuesta a tomar voluntariamente el somnífero de la moderna colonización de Nicaragua, hoy sintetizada en una mega-concesión del Presidente Ortega, que en su esencia es la antítesis de las luchas emancipadoras de la humanidad.

Estimados amigos y amigas:

No existen verdades del poder exentas de mentiras, ocultamientos y engaños. Como también es muy cierto que la verdad silenciada de la opinión crítica, que busca fisuras para liberarse, tampoco prevalece por sí misma. No prevalece sin resistencia popular. No prevalece sin arduo trabajo, en tiempos complejos de criminalización de la protesta, de campañas de intimidación, difamación y agresiones.

Amigos y amigas, la verdad no prevale sin información honesta y transparente.

Permítanme en una pincelada resumir mis modestos aportes al develamiento y desmitificación de lo que yo llamo, la perversión sin precedente del ejercicio del poder absoluto, de este gran negocio de la ignominia y la usurpación descarada de la soberanía nacional.

Luego de casi dos años de investigación, y sobretodo, del acompañamiento a las acciones de insubordinación y resistencia de miles de ciudadanos encabezados por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, quiero compartirles 10  afirmaciones:

    1. Enfrentamos una concesión abiertamente inconsulta y violatoria de derechos humanos, que atropellando intempestivamente la Constitución de Nicaragua, vergonzosamente fue aprobada en la Asamblea Nacional, por la Bancada de Gobierno, en tan solo 3 horas de debate y en expedito trámite formal que duró menos de una semana.

      2. Enfrentamos una concesión que entrega por 116 años, derechos absolutos a favor de un inversionista privado sobre nuestros más valiosos recursos naturales, entre ellos, nuestro majestuoso Lago Cocibolca, y más de 7 áreas protegidas nacional e internacionalmente. Ello, sin que existiera previamente ningún tipo de estudio de impacto ambiental, ni mucho menos estudios de factibilidad técnica, financiera o comercial.

        3. Enfrentamos una concesión que entrega propiedades públicas, privadas y comunitarias de pueblos indígenas, en cualquier de los territorios que el inversionista desee, que bien puede ser cualquier parte del país, quedando el pueblo nicaragüense sometido a un régimen de expropiación vergonzoso, que no solo le entrega a Wang Jing gratuitamente las propiedades públicas, sino que es extremamente oneroso para más de 40,000 productores y campesinos quienes, siendo sometidos a un despojo forzoso de sus hogares, según la Ley Canalera recibirían un pago equivalente al valor catastral -que es ampliamente inferior al valor real de sus tierras-, y un ticket sin retorno para el viaje incierto de su reubicación.

          4. Enfrentamos una concesión que vende al país por un pago directo de 100 millones de dólares, pagaderos a destajos si funciona el canal, monto que para ilustrar es directamente proporcional a lo que ingresa en nuestra economía nacional, en tan solo 2 meses de remesas familiares. Actualmente, Nicaragua ostenta tan solo el 1% de las acciones totales del proyecto.

            5. Enfrentamos una concesión que generosamente exime al inversionista, sus amigos y aliados, del pago de cualquier tipo de impuestos durante 116 años para todos los proyectos incluidos en el gran-combo de la concesión, dígase canal húmedo, canal seco, oleoducto, puertos de aguas profundas, zonas de libre comercio, aeropuerto, y la gran caja de sorpresas de los nuevos sub-proyectos que Wang Jing puede ir agregando ad infinitum, bajo su libre albedrío y sin pagar un centavo.

              6. Enfrentamos una concesión que, en palabras del Presidente, prometía generar un millón de empleos pero que ahora, en palabras del inversionista chino, teóricamente tan solo aseguraría 25,000 empleos para nicaragüenses en condiciones de enclave y jornadas extenuantes.

                7. Enfrentamos una concesión que inventó un mega-ministerio llamado “Comisión del Canal”, que no solo se erige como autoridad todopoderosa –bajo designio Presidencial-, sino que paradójicamente hoy, 18 meses después de inventada, nadie sabe dónde se reúnen, cuando se reúnen, ni mucho menos qué deciden -en nombre de los nicaragüenses- pues sus resoluciones nunca han sido publicadas.

                  8. Enfrentamos una concesión entregada arbitrariamente a un ciudadano chino, llamado Wang Jing, quien hemos descubierto, ha constituido una red de 16 empresas de maletín, fantasmas jurídicos inventados para este proyecto, sin antecedentes técnicos ni experiencia y que están “respaldadas”, según documentos de registro, por capitales sociales que oscilan entre $400 y $1,200 dólares. Nadie sabe hoy de dónde saldrán los 50 mil millones de dólares que hipotéticamente cuesta el proyecto.

                    9. Enfrentamos una concesión que abusivamente sustrae al inversionista del cumplimiento de la ley nacional, estableciendo que no se le podrán aplicar sanciones ni civiles, ni penales, ni administrativas. Y que aún va más allá, pues el Presidente Ortega, como si se tratase de la cereza del postre, también prometió a Wang Jing reformar la Carta Magna de la nación entera, ajustándola a los intereses corporativos del gran capital, como en efecto lo hicieron.

                      10. Frente a la concesión que enfrentamos, nosotros también hemos respondido:

                          –> Más de 70,000 campesinos y pobladores han protagonizado 30 marchas de protesta en diferentes partes del país, en tan solo 5 meses.

                            –> Ello han recogido ya más de 60,000 firmas demandando la derogación de la ley canalera, firmas que se suman a los 32 recursos por inconstitucionalidad que 180 ciudadanos presentamos en su momento.  

                              –> El mundo ha enviado 10,000 cartas a Ortega solicitando la suspensión del proyecto, junto a organismos y redes internacionales de mucho prestigio que también se han pronunciado.

                                –> Líderes indígenas del Caribe han solicitado medidas cautelares en contra del Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

                                  –> Con el Grupo Cocibolca hemos realizado más de 20 foros-debates, a los que el gobierno nunca asiste, que se suman a los valiosos esfuerzos de la Academia de Ciencias de Nicaragua.

                                    –> Se han creado comités de solidaridad en España, Italia y Costa Rica, y siguen creciendo.

                                      Y ahora, al igual que ustedes, estamos aquí por amor al majestuoso Cocibolca, por amor a la urgente armonía entre sociedad y naturaleza, y porque no queremos vivir engañados en una patria de enclave.

                                      Estamos aquí porque no le tenemos miedo al progreso, porque no tememos defender la libertad, en fin, porque estamos comprometidos con el llamado de nuestro querido Padre Ernesto “el mundo debe saber lo que pasa en Nicaragua”.

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                                      Desarrollo de la selva central

                                      Diálogo paralelo

                                      La mesa de trabajo instalada por el Poder Ejecutivo en el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) concluyó sin la presencia del Frente de Defensa de Pichanaki, provincia de Chanchamayo (región Junín).

                                      El diálogo se frustró por la negativa de los dirigentes de asistir a esta sede, pues según lo acordado en un acta de compromiso firmada hace una semana, se debía realizar la reunión en el municipio de Pichanaki.

                                      “Se quedó que el diálogo se iba a realizar en el frontis del municipio, o sea en la Plaza Principal, hemos estado esperando desde las 9 de la mañana y los ministros no han aparecido”, manifestó Edmundo Inga Garay, abogado del Frente de Defensa.

                                      “Estamos con un espíritu dialogante ubicados en la Plaza Principal, junto con el párroco; sin embargo, se han ido al INIA, que queda a unos 5 kilómetros de Pichanaki”, agregó.

                                      Los ministros solo se reunieron con representantes de comunidades nativas y la Federación Agraria de Selva Central y terminada la cita se trasladaron a Satipo, mientras que los dirigentes del Frente de Defensa Ambiental se mantienen en la Plaza Principal.

                                      Fuente: Radio Programas del Perú.

                                      Ministros de Estados, representantes de la sociedad civil y organizaciones de productores de la selva central suscribieron hoy un acta de acuerdo para abordar proyectos que impulsen el desarrollo integral de esta zona del país.

                                      La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que el mencionado documento fue suscrito por los ministros de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites; y del Ambiente, Manuel Pulgar- Vidal; miembros de la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo encargada de dialogar con la población de Pichanaki. 
                                      Agregó que al término de la sesión, realizada en el Instituto de Innovación Agraria (INIA), quedó establecido que la próxima reunión de las mesas de trabajo será el 24 de marzo en Satipo.
                                      La PCM detalló que la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo llegó esta mañana a Pichanaki para comenzar el diálogo con las organizaciones agrarias, autoridades locales, líderes de comunidades nativas, entre otros. 
                                      Uno de los primeros actos fue la instalación de las seis mesas de trabajo como son Educación, Salud, Ambiente, Agricultura, Vivienda y Turismo.
                                      Cada una de estas mesas, integradas por delegados de las organizaciones agrarias, autoridades locales, líderes de comunidades nativas, entre otros, comenzó a abordar la problemática de la selva central y elaborar propuestas orientadas a impulsar el desarrollo de esa región del país.
                                      Al promediar la una de la tarde, se dio inicio a la reunión en la sede del INIA de Pichanaki, la cual contó también con la presencia del jefe de la Oficina de Diálogo de la PCM, Julio Rojas; y los viceministros de Minas, Salud, Transportes y Comunicaciones, Construcción y Saneamiento, Gestión Pedagógica y otros funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
                                      También participaron el presidente del Gobierno Regional de Junín, Ángel Unchupaico y los congresistas Jorge Rimarachín (Cajamarca) y Jhonny Cárdenas (Junín).
                                      Se registró la presencia de 80 representantes de la selva central, y los alcaldes de Pichanaki, Satipo, Mazamari, San Martín de Pangoa, Río Tambo, Río Negro, Chanchamayo, Perené, Vitoc y San Luis de Shuaro. 
                                      También asistieron, los presidentes de la Federación Cafetalera de la Selva Central, Jaime Cuyubamba  y de la Junta Nacional del Café, Anner Román y dirigentes de las principales áreas cafetaleras de Junín. 
                                      El titular del Minagri reiteró su invitación a los demás dirigentes de Pichanaki, entre ellos, los representantes del Frente de Defensa Ambiental, para que se sumen al diálogo para  trabajar por una agenda constructiva por el desarrollo integral de la selva central. 
                                      Los alcaldes solicitaron la participación de representantes debidamente elegidos por las agrupaciones en las diferentes mesas de dialogo, mientras líderes de las comunidades asháninkas pidieron no desinformar a la población.
                                      En la reunión se abordaron temas relacionados con el desarrollo integral en materia de saneamiento, salud e infraestructura vial, apoyo al sector agrario, para lo cual han arribado también, y con buena disposición, los viceministros de los sectores correspondientes.

                                      Pulgar-Vidal sostuvo que luego se tiene previsto dialogar con los apus de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes, pues “al Estado le corresponde atender todo el territorio nacional”.

                                      El diálogo se instauró la semana pasada en Pichanaki, donde un sector se la población reclamaba el retiro de la empresa petrolera Pluspetrol.
                                      Fuente: Agencia Andina de Noticias.
                                      Beneficios económicos

                                      El próximo 27 se reunirán los representantes de las comunidades campesinas y organizaciones del distrito de Challhuahuacho en Cotabambas, Apurímac. El objetivo es decidir cuáles serán las acciones que tomarán como parte de su demanda para que se instale una mesa de diálogo con las principales autoridades de la región y la PCM.
                                      Ellos exigen que la empresa Minmetals, propietaria del proyecto minero Las Bambas, impulse mayores oportunidades laborales para la población local, así como el aporte del 10% de las utilidades para un fondo social.
                                      Al respecto, José de Echave, subdirector de CooperAcción, manifestó que a diferencia de otros conflictos este es “sui géneris”, pues es de convivencia y no de oposición al desarrollo del proyecto minero.
                                      “Gira en torno a expectativas no satisfechas. Demandas de empleo y actividad de la empresa con la economía local”, señaló a Gestión.
                                      Indicó que al culminar la etapa de construcción del proyecto ha disminuido la convocatoria de empleo para mano de obra no calificada. “Se está entrando al momento del sinceramiento del número de empleos”, expresó tras señalar que ahora se dará paso al empleo calificado y cuya cantidad es mucho menor.
                                      Añadió que la solución dependerá mucho de la capacidad de las autoridades locales y nacionales para encauzar el diálogo.
                                      Fuente: Diario Gestión.

                                      Rimarachin y Garcia

                                      Conflictos sociales

                                      Pichanaki, Alto Marañón, Las Bambas, Tía María. El mapa de los conflictos sociales ligados a los recursos naturales vuelve a encender las alarmas. 
                                      La producción de petróleo del Lote 192 de Pluspetrol Norte sigue paralizada a un mes de que nativos achuar de los ríos Tigre y Corrientes tomaron 17 pozos. Reina la calma chicha en la región, pese a la reanudación de la mesa de diálogo instalada en octubre del 2012. Sin embargo, las comunidades de Nuevo Remanente en el río Tigre y Nueva Esperanza en el río Corrientes mantienen la medida de fuerza. La paralización compromete el 25% de la producción de petróleo nacional.

                                      Mientras se intentaba recuperar la tranquilidad en el Alto Marañón, estalló la violencia en Pichanaki, Junín, con el saldo de 32 civiles heridos de bala, un universitario muerto, y decenas de policías contusos, el jueves 12.

                                      Al día siguiente, los ministros de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, y de Justicia, Daniel Figallo, viajaron a Pichanaki. Los ministros se dirigieron a la exacerbada población desde una tarima improvisada sobre un camión. El cortejo fúnebre de Ever Pérez Huamán, 22, estudiante de contabilidad muerto el día anterior, desfiló ante la mirada consternada de los ministros y sus agentes de seguridad.

                                      En ese tenso clima, Mayorga anunció el retiro de la zona de la empresa petrolera Pluspetrol. El resto de demandas legítimas son comunes: obras de desarrollo, salud, educación, etcétera. Tras 13 horas de tensas negociaciones, los ministros suscribieron un acta de compromiso.

                                      “Había que ir”, señaló a CARETAS a pocos minutos de dejar el cargo. “Era peligroso, pero estamos ante un posible “Baguazo”. Iba a viajar a Madre de Dios e Iquitos ese día. Acepté el pedido que me hicieron”.

                                      Carlos Gálvez, nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha criticado duramente que en el acta Mayorga demandara la salida de Pluspetrol de la zona.

                                      “Pluspetrol ya estaba de salida”, se defiende Mayorga. “Teníamos una deuda con Pichanaki. Hubo 140 heridos”.

                                      El ministerio del Interior movilizó 1,600 efectivos con instrucciones estrictas de usar equipo rompe manifestaciones y no armas de fuego. Pero los policías se resisten a dejar sus armas de fuego en el almacén.

                                      El año pasado, el gobierno modificó el Art. 30151 del Código Civil sobre excepción de responsabilidad de los efectivos del orden al hacer uso de sus armas de fuego. La Defensoría del Pueblo sostiene que una ley más estricta ayudaría a la propia Policía en el uso apropiado de sus armas. Existen parámetros de las Naciones Unidas específicos sobre la materia.

                                      La súbita aparición de los ministros fue sin duda un acto de sincera consternación y solidaridad con la población frente a la feroz represión del día anterior.

                                      Pero también fue una mala señal.

                                      En lugar de gestionar el conflicto, el gobierno sustituye el diálogo técnico por un golpe de muñeca político que no es precisamente su fuerte.

                                      Sin duda, es difícil sentarse a dialogar cuando la contraparte no está abocada a la solución del conflicto, sino a competir por el espacio político.

                                      El Frente Ambiental de Pichanaki es liderado por Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, un exlicenciado de las FFAA partícipe del “Andahuaylazo” en 2005 junto con Antauro Humala, quien purgó casi 7 años de prisión por los hechos.

                                      Chavarría comentó a CARETAS sobre su demanda para que Pluspetrol salga de toda la Selva central sostuvo: “Es algo legítimo y tiene que ser así”. Calificó a Pluspetrol como una empresa “contaminadora” e “irresponsable”.

                                      Reconoce su línea etnocentrista, “pero aquí no tiene nada que ver la cuestión política, esta es una lucha social”.

                                      Sobre su futuro político afirma que “quizás más adelante la población decidirá”.

                                      Pluspetrol ya había anunciado que se retiraba de Pichanaki, y se encontraba en la última fase del repliegue logístico.

                                      Las labores de sísmica avanzadas indican que los yacimientos de gas natural en la selva central son equivalentes a los de Camisea en su primera fase o 2 TCF (trillones de pies cúbicos).

                                      Se descarta que exista una vinculación entre la efervescencia social en el Alto Marañón y la Selva central que pudiera desembocar en una protesta pan-amazónica como la que precedió al trágico “Baguazo” en 2007.

                                      En el Alto Marañón, las llamadas “Cuatro cuencas” –ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón– se enervan por reclamos de larga data por la contaminación de 40 años de explotación de petróleo en los viejos yacimientos de la OXY, en cambio la protesta en Pichanaki es urbana e ideologizada.

                                      Los nativos asháninca en Junín no se han plegado a la movilización.

                                      En Palacio de Gobierno se analiza la estrategia para contrarrestar la ola de protestas. En diciembre, el Alto Comisionado de Diálogo de la PCM, Vladimiro Huaroc, renunció por desavenencias con la Premier Ana Jara precisamente sobre cómo encarar el malestar en el Marañón.

                                      Los nativos achuar habían amenazado con tomar los pozos petroleros en plena Cumbre de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (COP20) en Lima. El efecto mediático hubiera hecho que la incursión de Greenpeace a las Líneas de Nasca fuera un juego de niños.

                                      Ya entonces los reclamos de Pichanaki se cocían a fuego lento, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.

                                      Pluspetrol anunció que no suspenderá las operaciones de exploración en el resto del territorio. El martes, el ministro de Agricultura Juan Manuel Benites viajó a Pichanaki, Pangoa y Satipo con varios funcionarios para evitar que se propague la revuelta. La mesa de desarrollo se instalaría el jueves 19.

                                      Fuente: Revista CARETAS.

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