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Conflictos, integración y procesos sociales

Vizcarra sigue libre

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La religión democrática y la clase política: el caso de Martín Vizcarra

Por Jeffrey Kihien Palza– LaAbeja.pe
Martin Vizcarra Cornejo, llegó a la presidencia del Perú después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski -PPK- del cual era su vicepresidente, el 23 de marzo de 2018. PPK renunció debido a su comprobada relación laboral con la empresa Odebrecht, cuyos directivos han confesado el pago de sobornos prácticamente a todos los políticos del Perú. Vizcarra fue apoderado de Odebrecht en la obra Carretera Transoceánica. Las primeras denuncias oficiales contra Vizcarra las realizó el Congreso de la Republica del Perú en el año 2003, mediante comisión formada para indagar posibles casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori entre 1990-2000. La investigación encontró responsabilidad delictiva contra Vizcarra, el mismo que armó una licitación para adjudicar la obra del canal de Jachacuesta del Proyecto Pasto Grande, sin haber realizado estudio técnico alguno. Para la aprobación de esta licitación, la cual fue ganada por la empresa JJCAMET, el padre de Martin Vizcarra Cornejo, Cesar Vizcarra Vargas, Prefecto de Moquegua durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) tuvo influencia preponderante, exigiendo a funcionarios de Pasto Grande la aprobación de la licitación. El dueño de JJCamet en ese entonces era Jorge Camet, quien fue Ministro de Economía de Alberto Fujimori por más de cinco años. La empresa JJCamet es investigada desde el año 2016 por ser parte de la presunta mafia del “club de la construcción” que obtenía obras públicas sobornando a políticos y funcionarios del estado, y, por estar coludida con Odebrecht. Fernando Camet Piconne, hijo de Jorge Camet ex ministro de Fujimori, fue detenido en España en mayo del 2023 y está en espera de ser extraditado a Perú donde le espera prisión preventiva. La pregunta es: ¿Por qué PPK invito a formar plancha presidencial a Martin Vizcarra, si sabían sobre la investigación del Congreso? La respuesta es otra evidencia sobre la religión democrática y, su debilidad frente a la clase política que la mantiene y se beneficia de ella.
El ex Presidente Vizcarra y su presunto modelo de delito tienen un patrón que no ha cambiado, tal cual lo descubrió la investigación del Congreso del Perú de 2003, solicitan sobornos a cambio de adjudicación de obras públicas. En el proyecto del Túnel de Jachacuesta se justificó la licitación de la obra con un estudio técnico de la empresa ATA, cuyo propietario es el Ingeniero y compañero de universidad de Vizcarra, José Manuel Hernández, que fue Ministro de Agricultura de Agricultura de PPK 2016-2018. Ese supuesto estudio, incompleto o deficiente ocasionó que la obra cuyo presupuesto inicial era de US$17 millones, termine costando US$64 millones de 1989. Todo sospechoso. En el interrogatorio frente a la comisión investigadora del Congreso, Martin Vizcarra Cornejo incurrió en contradicciones entre lo que respondió y los documentos presentados, cometiendo el delito de falsedad genérica. Vizcarra es mentiroso. Otro patrón de conducta, es continuar trabajando con las mismas personas. José Manuel Hernández y su empresa ATA fue también supervisor de la obra del Proyecto Pasto Grande “Lomas de Ilo”, iniciada cuando Vizcarra era Gobernador Regional de Moquegua, 2011-2014, cuyo planteamiento de proyecto y ejecución es una estafa, pues se gastará más dinero en energía eléctrica para bombear el agua desde la fuente a un canal, que los beneficios de producción agrícola, y, el proyecto está muy mal ejecutado, otra estafa, han transcurrido casi ocho años desde que se inauguró la obra, y no funciona. Instalaron tubos de fibra de vidrio para llevar agua de 1400 m.s.n.m a 20 m.s.n.m, la fuerza de la pendiente del agua ocasiona que las tuberías revienten. Era de esperar.
José Manuel Hernández, a quien Vizcarra ha negado como amigo, es ahora colaborador eficaz contra Vizcarra en un juicio de soborno precisamente por la obra Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Hernández ha declarado que él pidió el soborno a nombre de su amigo Vizcarra, ofició como cobrador y lo llevó a recoger el dinero con sangre, la sangre del pobre pueblo peruano que paga altísimos impuestos. La democracia no pudo detener el delito de ambos cuando fueron descubiertos por el Congreso en el 2003, por el contrario a uno lo premiaron como Ministro y el otro fue Presidente de la República del Perú. Los judas modernos no tienen remordimiento, no devuelven las 30 monedas, siempre van por más.
Vizcarra, descubierto y denunciado públicamente por su gestión en Pasto Grande el siglo pasado, continuo con su comportamiento inmoral, utilizando el mismo esquema, trabajando con su gente de confianza y comprometiéndolos en una organización criminal. Siendo Ministro de Transportes de PPK el 2016, llevó a sus esbirros de Moquegua a trabajar con Él en las ligas mayores del estado peruano, donde las comisiones de sobornos se calculan en base a miles de millones. La “Banda de los Moqueguanos”, como se les conoce, destruyó el gentilicio moqueguano. El nacido en la sureña ciudad de Moquegua, paso de ser una persona noble, educada y moralmente fiable, a ser considerado a imagen y semejanza de Vizcarra; mentiroso, aprovechador, adúltero, bufón, inmoral.
No soy entusiasta de las prisiones preventivas, porque se han convertido en una herramienta para perseguir judicialmente a los enemigos políticos de los políticos que tienen el poder de turno. También porque elimina el principio jurídico, el dogma, de la presunción de la inocencia, y, los que sufren las consecuencias son los ciudadanos comunes y corrientes, los que solo desean trabajar y vivir tranquilos sin que el estado, que son los políticos, molesten demasiado. Sin embargo, entre los procesos judiciales de políticos corruptos, al ex Presidente Vizcarra no se le mide con la misma vara que a otros, a los cuales si se les ha aplicado prisión preventiva sin motivo alguno.
El Articulo 268 del Nuevo Código Procesal Penal Peruano, estipula los motivos y circunstancias por las cuales se debería solicitar y aprobar prisión preventiva contra un ciudadano. Existen elementos de convicción de la culpabilidad de Vizcarra en el proceso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. Los testigos son los que le pagaron el soborno, los mismos dueños de las empresas coimeras. También el amigo negado, dueño de ATA, José Manuel Hernández, ha delatado a Vizcarra, todos han aportado testigos que corroboran sus afirmaciones y abundantes pruebas. La pena solicitada es de 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo. El art 268(b) estipula es procedente prisión preventiva cuando la pena es mayor a cinco años y, el presupuesto más importante, 268(c); peligro de obstaculización y peligro de fuga.
Son de público conocimiento las conversaciones telefónicas interceptadas por la fiscalía, entre dos colaboradores muy cercanos a Martín Vizcarra Cornejo; Hugo Misad Trabuco (el Turco) ex funcionario de Provias, supuestamente colocado allí por Vizcarra para supervisar el dinero de las coimas solicitadas y, el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Manuel Zambrano. En esas conversaciones telefónicas interceptadas en entre el 11 y 13 de enero del 2014, el policía Zambrano solicita a Misad para comprar 400 o 500 lagartitos –muñeco de tela con el cual se identifica Vizcarra- para repartir entre los leales a Vizcarra, demostrando el tamaño de la organización criminal. El policía Zambrano informa también a Misad sobre la presencia de policías de inteligencia que han llegado de Lima para vigilar al ex Presidente, cometiendo infidencia. Luego coordina con el mismo Misad, el cual responde que preguntará a Vizcarra que debiera escribir el policía Zambrano en su informe al Poder Judicial, ya que Vizcarra está en proceso y tiene que solicitar permiso al juez para salir de Lima, observando reglas de conducta. Esta conversación sería suficiente para condenar a Misad y Zambrano por tráfico de influencias, pero hasta el momento no ha sucedido absolutamente nada. Este es un indicio que los tentáculos de la organización criminal de Vizcarra tiene contactos dentro de la PNP con policías corruptos, los cuales le facilitarían fuga, obstaculizarían cualquier investigación en su contra, escondiendo pruebas o amedrentando a detractores. Motivo suficiente para detenerlo preventivamente.
A esto se suma el escandalo reciente. Cesar Figueredo Muñoz, ex candidato al Congreso por Lima en uno de los partidos políticos de Vizcarra, Somos Perú, el otro es el nuevo partido, Perú Primero, donde Figueredo es secretario general. De acuerdo a las acusaciones y declaraciones públicas de un testigo, cercana a Figueredo, con quien habría tenido una relación sentimental a cambio de trabajo en el estado, este le solicitó un video o grabación a la testigo, con el cual habría extorsionado al ex Primer Ministro de Perú Alberto Otárola, solicitando que lo nombre director de Registros Públicos a nivel nacional. Al no acceder Otárola, ese audio se filtró alterado a la prensa, ocasionando la renuncia del Ministro. La prensa sospechosamente nunca investigó sobre la veracidad y autenticidad del audio. Vizcarra puede tumbarse ministros, fiscales, ser entrevistado en la prensa nacional, organizar partidos políticos y movimientos regionales, y ahora su mano aparece en el intento de vacancia de la presidente Dina Boluarte. No tiene remordimiento alguno. Debe tener una inmensa fortuna, dinero con sangre del pueblo peruano, que moría a causa del encierro salvaje decretado por Vizcarra y sus esbirros con excusa de la pandemia, mientras ellos se frotaban las manos con las compras estatales a dedo. Me temo la democracia, como eligió la libertad de Barrabas, elegirá ahora la libertad del bufón Vizcarra, ese es el fin de sus partidos políticos.
El pueblo peruano se hace constantemente la pregunta ¿Por qué Vizcarra sigue libre si obstaculiza la justicia? Esa es la democracia. En cambio a la Presidente del Perú, Dina Boluarte le allanaron su casa en menos de tres semanas, con Vizcarra se tardaron cuatro años y, por lo mostrado en prensa, más parecía una comedia burlona, teatro negro, porque Vizcarra dijo que él solicitó el allanamiento, y mostró el escrito, burlándose del fiscal, del juez y de todo el Perú. Comunicado de la presidencia de Ecuador tras la detención de Jorge Glas.

Policía de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glas

El gobierno ecuatoriano señaló que “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura

La Policía de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito, y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glas, horas después de que el gobierno mexicano le concediera asilo político en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países.
La información fue confirmada por la presidencia de Ecuador a través de un comunicado en sus redes sociales en el que asegura que “Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes”.
“Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ecuatoriana y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”, agrega el documento.
Para el gobierno ecuatoriano “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios, concedidos a la misión diplomática que alberga a Jorge Glas, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura”.
“Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse los actos que interfieren con el estado de derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país”, se lee en el comunicado.
“Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, añadió la Presidencia ecuatoriana.
Imágenes de medios locales mostraron el ingreso de uniformados a la legación, ubicada en el norte de Quito, y que estaba resguardada en la parte externa por policías y militares.
Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, dijo visiblemente conmocionado fuera de la embajada que “como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador; esto no es posible no puede ser, es una locura”.
Poco antes de la irrupción en la sede diplomática, la canciller mexicana publicó un mensaje en X, donde insistía a Ecuador para conceder el salvoconducto a Glas para permitir su salida.
“El derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a Jorge Glas. Confío en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes”.
Un día antes, la tensión entre los dos países escaló después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hiciera unas declaraciones que Ecuador consideró “muy desafortunadas” sobre las últimas elecciones en las que ganó el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.
Como reacción, el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al embajador de México.
Fuente: Infobae.com

PJ no puede reponer la JNJ

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Por ERIK RIVERA
La postura crítica de los expertos surgió porque la Primera Sala Constitucional de Lima concedió a los dos magistrados una medida cautelar que los salvó -por ahora- de la inhabilitación política, al calificarla de “inconstitucional” e incluso “arbitraria”.
Sobre ello, los tres especialistas han coincidido plenamente que el fallo judicial fue desacertado, imprudente y hasta “inconstitucional”, por desafiar a la conocida sentencia (TC 003 -2022-PC) del Tribunal Constitucional (TC) que amparó a todos los procesos políticos del Congreso.
Y no es para menos. Esta última resolución del TC -como sabemos- recaída en el expediente 00003-2022-PCC/TC fue resuelta para resolver la controversia o límites del Poder Judicial sobre sus alcances en el Parlamento, a raíz del proceso para elegir al nuevo defensor del Pueblo.
En esa sentencia, el máximo intérprete de la Constitución dictaminó que los procesos congresales, como los juicios políticos, son prerrogativas que goza el Legislativo, y que estas no deben sufrir de ninguna forma la interferencia del Poder Judicial.
Si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido; pero si se trata de un acto político puro, entonces el debido proceso no tiene los mismos alcances”, dice expresamente el fallo.
punto crítico. El primero en pronunciarse sobre la decisión del PJ fue el constitucionalista Natale Amprimo, quien, al ser consultado sobre el tema, calificó de imprudente la resolución judicial.
“A la luz de la sentencia del TC, el PJ no podría sostener que hay una verosimilitud en el derecho supuestamente afectado, pues las decisiones del Congreso en esta materia le son propias”, aseguró.
Luego, afirmó que la inhabilitación de los dos consejeros fue totalmente válida. Por ello, el Legislativo no debe quedarse de manos cruzadas, pues tiene que recurrir a la ejecución de la sentencia TC 003 -2022-PC para que se anule la medida cautelar que suspendió la resolución legislativa.
No obstante, Amprimo no solo encontró responsabilidades en las autoridades judiciales, sino también en las acciones del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, a quien acusó de demorar de forma “adrede” la incorporación de los consejeros accesitarios que iban a suplir a Vásquez y Tello.
“El Congreso debe procesar al presidente de la JNJ que ha demorado adrede la incorporación de los suplentes”, aseguró. Luego, agregó, que el Parlamento puede cesarlo por causa grave “conforme al 157 de la Constitución”.
Su colega Enrique Ghersi opinó de la misma forma. Al ser preguntado por el tema, respondió que el fallo judicial es “manifiestamente ilegal” porque va en contra -precisamente- de la sentencia del TC antes mencionada.
“En esta sentencia se establece expresamente que los actos políticos de competencia exclusiva del Congreso no están sujetos a control judicial”, anotó el experto.
Con su aguda visión crítica comentó que los jueces tienen un manifiesto “conflicto de intereses pues la JNJ es la encargada de nombrarlos y ratificarlos. Carecen de la objetividad e independencia necesaria para poder decidir en un caso así”.
Después afirmó que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial debería intervenir de oficio abriendo una investigación para determinar responsabilidades sobre el incumplimiento de la decisión congresal.
Ghersi -de otro lado- estuvo de acuerdo en que los congresistas no solo debieron inhabilitar a los dos consejeros, sino a todos los integrantes por la incurrencia de faltas graves.
A su turno, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda calificó de desacertada la decisión de reponer a los magistrados en la JNJ pese a la destitución e inhabilitación política.
Al igual que sus pares, recordó que el TC determinó que el Poder Judicial no debe pronunciarse o resolver sobre procesos del Legislativo porque son facultades que le concede la Constitución.
Explicó que el Congreso cumplió con todas las formalidades antes de decidir la destitución de los magistrados.
El TC ya determinó que los jueces no deben emitirse cautelares para impedir que el Congreso realice las atribuciones que le concede la Constitución. En este caso, se ha cumplido con la forma establecida y se ha respetado el debido proceso parlamentario”, manifestó.
Todos los expertos consultados consideraron que la acción del PJ es un acto “inconstitucional”.
Como sabemos, el Congreso inhabilitó a dos de los seis magistrados vigentes por forzar la permanencia de Inés Tello en la JNJ, pese a que ella con sus 78 años superaba los 75 de edad límite para ejercer funciones en esa institución.
Ambos fueron destituidos e inhabilitados por 10 años de ejercer cargos en el Estado.
Sin embargo, en todo momento alegaron que recurrirían a los fueros judiciales al Tribunal Constitucional e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esa decisión sea revertida.
Fuente: Diario Correo.

Difícil estar en todas

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Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
La corrupción y la trafa en el Ministerio Público es de tal magnitud que es imposible realizar un balance al día de hoy, detenerse y tomar acciones al respecto. Aún no conocemos toda la mugre existente. Si la suspendida Fiscal de la Nación vuelve a su puesto, tal vez se podría hacer algo. Difícil de predecirlo. Mientras tanto, los casos de gran corrupción: Ollanta Humala y Nadine Heredia, Susana Villarán, Martín Vizcarra, Cuellos Blancos, Odebrecht, Sada Goray, duermen el sueño de los justos y de la triquiñuela procesal.
Los manejan una red de fiscales perfectamente identificados, altamente sinvergüenzas, aliados de la deshonestidad, difíciles de remover. Como diría Galileo, “e pur si muove” (sin embargo, se mueve). Imposible negar la descomposición de la Fiscalía. Pero el día a día sigue su curso y lamentablemente no se atiende como se debería. La prensa tiene que ser un pulpo para estar atenta a todos los problemas que vive nuestro país. El Congreso, de gran corruptela, se ocupa de algunos temas, el Ejecutivo vive ajeno a esta situación y el Poder Judicial es la lentitud con patas.
La denuncia de un medio local sobre más de 300 taxistas del aeropuerto que tienen denuncia policial, revela una realidad penosa para la seguridad y el turismo. No es reciente, además. En el aeropuerto hay dos carriles (los cercanos a las puertas de ingreso al embarque) usados por taxis supuestamente de concesión. Ahí se vive un mundo feliz, mientras que, en otras vías, donde también hay taxistas, reina el caos y la congestión vehicular.
Ante el problema, se produjo un diálogo de sordos entre Ositran, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Lima Airport Partners (LAP), una verdadera Babel. Se culpan unos a otros y el problema no se resuelve. Nos mordemos la cola y el perjudicado es el ciudadano, amén del turista que, con razón, no entiende, ni debe entender el ‘chongo’ nacional que hay ahí. Está bueno culantro (que seamos tercer mundo), pero no tanto. Solo pierde el Perú. A nadie le gusta desembarcar en una jungla de inseguridad.
Otro asunto, no menor, que saltó esta semana fue la prescripción de la norma que obligaba a las farmacias a vender medicamentos genéricos, como debe ser. A las boticas, (negocio privado), no les conviene esto porque el margen de ganancia por los genéricos es mínimo. El Ministerio de Salud, lento e indiferente a lo que se venía, recién propone un proyecto de ley para que se expenda en farmacias un 30% de esos productos. Entró a tallar el Congreso y la Babel se volvió inmensa. Los afectados, los pacientes.
En el Perú aún no se desface el siguiente misterio: por qué las medicinas son tan, pero tan caras, respecto a otros países. Es común pedirles a amigos que viajan que traigan remedios para la presión o para la acidez, de España o Chile por citar algunos. Otro arcano es el altísimo precio que se colocan a los productos médicos en las clínicas. Cosas de los seguros y la vida sigue, si es que tiene dinero para pagar lo que le piden por los fármacos. Ciertamente la extorsión es una plaga mayor, peor que el dengue, que no analizamos aquí por ser palabras mayores. Puso de cabeza al país.

Fiscalía abre investigación a Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez

Jaime Villanueva alias ‘Filósofo’ aseguró que estos individuos desarrollaron un “cerco” contra el expresidente Alan García, quien tomó la decisión de quitarse la vida para evitar su detención en relación con el caso Odebrecht.
Según el testimonio del exasesor de Benavides, Vela habría filtrado información confidencial a Gorriti sobre una conferencia en la que supuestamente la constructora brasileña corrupta le habría pagado 100 mil dólares a García. Además, Villanueva recordó que, cuando el exmandatario regresó a Perú desde España para una citación de la Fiscalía, Pérez solicitó un impedimento de salida del país en su contra, basándose en la información difundida por el portal IDL, a pesar de que en ese momento estuvo brindando su testificación.
El ‘Filósofo’ también afirmó que el comunicador zurdo diseñó una estrategia para que los fiscales Vela y Pérez investigaran a la excongresista Keiko Fujimori por los aportes irregulares que supuestamente recibió de Odebrecht y otras fuentes para sus campañas electorales.
Asimismo, Villanueva expuso un presunto pacto entre Rafael Vela y Óscar Nieves, abogado de la dignataria Dina Boluarte, para evitar que esta última fuera perjudicada en la investigación por lavado de activos en el caso del financiamiento ilegal de Perú Libre, a cambio de garantizar el ascenso de Vela a fiscal supremo.
Fuente: Diario EXPRESO.

Fiscal supremo Alcides Chinchay inició diligencias por declaraciones de Jaime Villanueva.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
El fiscal supremo Alcides Chinchay inició investigación penal por ocho meses contra el periodista Gustavo Gorriti, y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, a quienes los sindica de haber supuestamente coordinado y direccionado investigaciones del caso Lava Jato.
Hace un mes, Chinchay empezó diligencias previas para evaluar si abría indagación. Luego de analizar las manifestaciones que brindó Jaime Villanueva, el exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, concluyó que existían evidencias suficientes para abrir una carpeta.
En la disposición del 27 de marzo, a la que accedió Perú21, se denota que el fiscal supremo ha acumulado cuatro casos, incluso uno que se encontraba en otra fiscalía.
Se trata de la indagación que comprenden los chats que habrían intercambiado Vela y Janett Talavera, asesora del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, en plena campaña electoral de 2021.
Según la hipótesis, el coordinador del equipo especial Lava Jato habría influenciado ante el JNE para impedir que la excandidata presidencial Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilícitos de la empresa Odebrecht, gane los comicios de ese año.
Otro hecho, declarado por Villanueva, es la supuesta estrategia que desplegó Gorriti para que los fiscales Vela y Pérez investigaran a Fujimori.
El tercer proceso es el posible acuerdo entre los tres para que el periodista, a cambio de apoyo mediático, consiga información exclusiva de las diligencias contra la lideresa de Fuerza Popular y el fallecido exmandatario Alan García.
Y el cuarto es un denunciado pacto entre el fiscal Vela y Óscar Nieves, abogado de la presidenta Dina Boluarte, para que esta no sea perjudicada con la investigación que se le seguía por lavado de activos una vez que asumiera como mandataria, en diciembre de 2022.
A cambio, según Chinchay, Nieves y el gobierno le habría garantizado al coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos su ascenso como fiscal supremo.
Por todo ello, el titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos imputa a los investigados los delitos de cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio ilegal.

¿Coincidencias?

La investigación contra Rafael Vela se inició el miércoles 27 de marzo, el mismo día que el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, ejecutó la orden judicial que restablece en sus funciones al fiscal superior.
Villena demoró doce días para oficializar el retorno de Vela Barba, que había sido suspendido por 8 meses en noviembre pasado, y en cuestión de horas este último recibió la notificación de una nueva indagación.
Perú21 conoció que el fiscal Vela ya ha reportado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un “nuevo abuso” contra él, pese a que goza de una medida cautelar otorgada por esta instancia supranacional que lo protege de “amenazas”, “ataques” y “represalias”.
Gustavo Gorriti rechazó las imputaciones de Jaime Villanueva, que lo colocan como la mente detrás del equipo Lava Jato, y reveló que padece de cáncer.
Gorriti y Rafael Vela fueron citados por el fiscal Chinchay para este lunes 1 de abril.

Villena repone a Vela Barba

Como se recuerda, el pasado 5 de octubre del 2023 se ordenó la suspensión de Rafael Vela en el cargo de fiscal superior titular por 8 meses y 15 días, sin goce de haber, por supuestamente incurrir en dos infracciones muy graves durante el ejercicio de sus funciones. Esto por los cuestionamientos que hizo en la prensa hace más de tres años a los jueces de la sala superior que ordenaron la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Los magistrados Oswaldo Ordóñez, Andrés Tapia y Luciano Cueva, acordaron otorgar el recurso e incluso alertaron que la autoridad que impuso la sanción fue incluida en la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva.
Fuente: Infobae.com

Lagartos y ratas

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Las serpientes en IDL

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
El periodista Beto Ortiz diseccionó con la tranquilidad de un cirujano a las serpientes que se cobijan en IDL, autodenominándose ‘periodistas de investigación’ o ‘periodistas independientes’.
Hizo lo propio con la falsa narrativa sobre el caso ‘Lava Jato’, creada en el templo de la secta caviar de Gustavo Gorriti.
En su programa Beto a Saber, Ortiz dijo que demostraría “cómo es verdad que la señora Romina Mella, mano derecha de Gorriti, en IDL, fue mandadera del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para comunicaciones con el fiscal general de Brasil”.
Así fue y todo está documentado, por las interceptaciones telefónicas que se hicieron en Brasil al descubrirse que el juez Moro de santo no tenía un pelo.
Lo presentado por Ortiz es una denuncia gravísima que demuestra lo podrido que estuvo el Ministerio Público, y a lo mismo está volviendo.
Ortiz lanzó una megabomba: un reportaje del periodista Ismael Tasayco en la que presentó documentación judicial procedente del Brasil de interceptaciones de conversaciones vía telegram y entre los miles de documentos y transcripciones –en total 7 terabytes– figura la siamesa despegada de Gorriti: Romina Mella.
Villanueva, ex asistente de la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides, ya había dicho que Mella tenía escritorio en la oficina del equipo de fiscales Lava Jato. Era verdad y la documentación lo demuestra.
Romina Mella y Dallagnol habrían sostenido conversaciones a través de Telegram.
La fulana se comunicaba con el fiscal brasileño Deltan Dallagnol, más o menos el Vela Barba de allá, quien terminó renunciando cuando se investigó la actuación del Ministerio Público Federal y los abogados de Lula demostraron que se usó la prisión para ejercer presión sobre supuestos testigos, entre otras. ¡Vaya fuente la de la periodista!
Comprobado está que Mella fue enlace del entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez con Dallagnol. Ajá, Sánchez el de los almuerzos con ‘periodistas’, organizados por Pedro Salinas.
La que “investigaba” el hurto de Odebrecht y su gran cómplice peruano José Graña, era la secretarucha en la sombra del fiscal Sánchez, lo que demuestra que IDL y Gorriti lo controlaban.
Los documentos presentados en el reportaje del Tasayco son irrebatibles. Mella se comunica con Dallagnol diciéndole: “Querido Deltan, en primer lugar, recibe un cordial saludo desde Lima, Perú. Espero que estés bien.
Escribo porque Gustavo Gorriti, mi editor y yo, viajaremos a Curitiba el 27 de noviembre, y nos quedaremos allí una semana.
Como ustedes saben, en IDL Reporteros, estamos trabajando desde el 2015 en una investigación conjunta”. “Investigación” cuando la de IDL compartía un chat con Pérez y Vela donde le jugaban información privilegiada.
En el set de Beto a Saber, el abogado Humberto Abanto explicó claramente que todo esto explica “por qué una institución no gubernamental accedía a información clasificada del Ministerio Público y cómo, además, en el caso de Alan García, co-participó para cercar a un expresidente”.
Todas esas serpientes merecen cárcel, junto a sus ‘rehabilitados’ clientes luego de que éstos devuelvan al Perú lo robado.
La mano derecha de Gustavo Gorriti habría sido “mandadera” del fiscal Pablo Sánchez Velarde.

IDL entrometido en LavaJato

El programa “Beto a Saber” del 21 de marzo en Willax, difundió preocupantes revelaciones sobre cómo la mano derecha del controvertido Gustavo Gorriti, director de la ONG IDL Reporteros, mantenía conversaciones con el fiscal carioca Deltan Dallagnol, quien estuvo a cargo de la mega investigación del caso LavaJato en Brasil.
La evidencia es una documentación judicial proveniente de Brasil, donde se compilan conversaciones en la aplicación Telegram entre Romina Mella, la periodista de IDL y persona de confianza de Gorriti, y el fiscal Dallagnol.
El rol de Mella habría sido de una “emisaria o relacionista” entre el entonces titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde (Fiscal Supremo Titular de Perú desde el año 2005), y Dallagnol. En uno de los mensajes difundidos por en el programa “Beto a Saber” se encuentra una invitación especial que la periodista, como si fuera una secretaria, le hace al fiscal brasilero a una actividad: La Fiscalía del Perú está organizando una conferencia internacional sobre corrupción y lavado de dinero personificada en el caso LavaJato desde la perspectiva de la investigación fiscal, pero también con la participación de periodistas de investigación, Las autoridades peruanas, especialmente la Fiscalía General de la Nación, están muy ansiosas por invitarlo como orador”.
También sería una buena oportunidad para coordinar acciones puntuales con el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez ¿Quién sería el funcionario designado en su oficina para coordinar la invitación? Esperemos que te interese”, se lee en otro de los mensajes mostrados por el programa, el cual está escrito en un tono que correspondería a una encargada de relaciones públicas, logística o secretaria de la Fiscalía y no a una periodista de investigación.
Esta información complementaría las declaraciones del colaborador eficaz, Jaime Villanueva, quien habría afirmado que Romina Mella tuvo un espacio de trabajo en el despacho del fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, donde ella habría revisado documentos clasificados, utilizando una computadora para realizar diversas tareas.
El programa “Beto a Saber” lanza dos preguntas interesantes, a las que también nos adherimos: “¿Porqué la fundadora de IDL-Reporteros tenía que hacer esta invitación a nombre de la Fiscalía de la Nación?¿Qué poder ostentaba para ofrecer coordinar acciones puntuales con la máxima autoridad del Ministerio Público?”.
En ese sentido, el abogado Humberto Abanto dijo a Willax que Pablo Sánchez Velarde “tendrá que explicarnos a todos por qué necesitaba la interacción de la representante de una organización no gubernamental con un fiscal de Brasil, que era el jefe de la fuerza de tarea cuando además el Perú tiene firmado un convenio de cooperación judicial que facilita todas estas cosas”.
Parece que ese convenio judicial no se habría respetado, pues otro de los mensajes revelaría una posible relación de cercanía entre los periodistas de IDL y Deltan Dallagnol: “Querido Deltan, en primer lugar recibe un cordial saludo desde Lima, Perú; Espero estés bien. Escribo porque Gustavo Gorriti, mi editor y yo, viajaremos a Curitiba el 27 de noviembre y nos quedaremos allí como una semana. Como ustedes saben, en IDL Reporteros estamos trabajando desde 2015 en una investigación conjunta…”.
Esta comunicación revelaría una fecha aproximada desde cuándo IDL Reporteros habría estado involucrado (aunque se desconoce hasta qué punto) en el trabajo de la Fiscalía relacionado al caso Lava Jato y expondría totalmente a Gorriti como un posible entrometido, especialmente a través de su mano derecha, en tareas de competencia del Ministerio Público.
Al respecto, el ex gerente de la Escuela Ministerio Público, Luis Alberto Pacheco manifestó su indignación por que la forma en la que Romina Mella trata a Dallagnol en los mensajes “demuestra que ella tiene autoridad y seguridad en cuanto a una condición: la de representante de la Fiscalía y por eso es que se permite hacer una invitación de esta naturaleza y de fechas”.
¿Cómo se obtuvieron estas conversaciones?
El reportaje de “Beto a Saber” asegura que estas comunicaciones habrían sido obtenidas por piratas informáticos en el 2019 al hackear los teléfonos de fiscales brasileños involucrados en el caso Lava Jato, quienes habían filtrado mensajes por Telegram.
Estas conversaciones revelaron las coordinaciones entre el juez Sergio Moro y el equipo de fiscales que investigaban el caso Lava Jato, cuyo jefe era Deltan Dallagnol.
Humberto Abanto explicó a Willax que en Brasil “se decía que era Moro el que estaba dirigiendo la estrategia de investigación y no el fiscal. Esto hizo que las autoridades judiciales brasileñas dictaran un levantamiento del secreto de las comunicaciones entre Dallagnol y Moro. Es así como se obtienen siete tiras de información de Dallagnol”.
Entre todas estas comunicaciones, se encontraban unos 115 diálogos entre Romina Mella y Dallagnol, que datan del año 2015.
¿IDL Operadores políticos?
Basándose en toda la evidencia revelada, Luis Alberto Pacheco afirmó a “Beto a Saber” que todo ello “demuestra que Romina Mella era y sigue siendo una operadora política con escritorio en el despacho de José Domingo Pérez y que además era relacionista publica del despacho de la Fiscalía de la Nación”.
La interferencia de la mano derecha de Gorriti se sumaría a un historial de operaciones políticas en las que el director de IDL habría estado involucrado. A fines de febrero de este año, el programa dominical “Contracorriente” de Willax lanzó un reportaje donde el ex fiscal supremo de Panamá, José Antonio Sossa Rodríguez, denunció el “modus operandi” de Gorriti para destruir su imagen pública, chantajearlo y manipular las noticias en su contra cuando este era director de informaciones del diario panameño La Prensa durante la década de los 90´.
Por otro lado, el pasado 30 de enero, Jaime Villanueva indicó que el director de IDL Reporteros habría dirigido la investigación del caso “Los Cócteles”, por la que el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
“Le pagaban su bono y él (Gorriti) se hizo cargo del Caso Cócteles. Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal [Stefan] Lenz”, contó Villanueva.
Toda esta información está mermando la imagen del periodismo independiente de investigación que tanto defiende Gustavo Gorriti y sus subordinados de IDL. Cada vez más se evidencia que no sería un periodista, sino un operador político que utilizaría esa profesión como una pantalla para sus verdaderas intenciones.
El país merece que el fiscal Pablo Sánchez y los periodistas Romina Mella y Gustavo Gorriti den explicaciones.
Fuente: El Reporte.pe

Walter Delgatti. (Foto: Agencia Senado)

Moro-Dallagnol

Según Romina Mella: “Delgatti había hackeado las comunicaciones que tuvo el procurador brasileño Deltan Dallagnol, a través de Telegram. En total, fueron hackeados 952 mil 754 mensajes, en el periodo que va de mayo de 2014 a abril de 2019. Todo el material de las interceptaciones fue confiscado por las autoridades brasileñas.
Publicaciones de periodismo de investigación, como The Intercept Brasil, obtuvieron el material hackeado…que mostró coordinaciones impropias entre el juez Sergio Moro con el procurador Deltan Dallagnol…las acciones indebidas de Moro y Dallagnol afectaron toda la visión de debido proceso que hasta entonces había mantenido tanto el juez como los fiscales a cargo de la investigación.
Juez federal Sergio Moro. (Foto: Agencia Brasil)
Dentro del material interceptado por el hacker, figuran los mensajes que intercambié con Deltan Dallagnol durante 15 meses, entre el 25 de junio de 2015 y noviembre de 2016. La mayoría de los mensajes fueron escritos en inglés, porque era el idioma con el que el entonces procurador se sentía más cómodo que con portuñol.
Las conversaciones representan e ilustran una etapa muy importante en los inicios de la investigación latinoamericana del caso Lava Jato; y muestran también cómo se produjo una interacción habitual de periodista de investigación-fuente con las autoridades fiscales especializadas que avanzaban vertiginosamente el caso en Brasil.
Los mensajes que intercambié con Dallagnol contienen 4 mil 131 palabras. IDL-Reporteros las obtuvo y revisó en su totalidad”.
Fuente: IDL-Reporteros.

Mentiroso hasta el final

El allanamiento de la vivienda de Martín Vizcarra no se ejecutó a solicitud suya, como él afirmó inicialmente en las redes sociales.

En horas de la madrugada, el Ministerio Público realizó una operación simultánea de allanamiento e incautación en Lima y Moquegua, en el contexto de la investigación que se sigue al expresidente Martín Vizcarra, al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Edmer Trujillo y otros, por el Caso Los Intocables de la Corrupción. Se intervinieron, concretamente, las viviendas de los mencionados personajes en la capital y en la región señalada.
La imputación fiscal que los concierne, como se recuerda, presume la pasada existencia de una organización criminal encabezada por el exmandatario y gestada en el 2014, cuando él era gobernante regional de Moquegua. Una vez en la Presidencia de la República, sostiene la fiscalía, esa organización se habría encargado de copar con la llamada “muralla moqueguana” el MTC –y, más específicamente, la unidad ejecutora Provías Descentralizado– donde se habrían perpetrado hechos ilícitos en tres proyectos (Tintas, Pampas y Samegua) por montos que superan los S/200 millones.
Producido el allanamiento en su casa, el exgobernante colgó un mensaje en sus redes sociales en el que decía: “Soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por eso solicité voluntariamente al MP [Ministerio Público] la inspección de mi domicilio”. Y añadió: “¡Se predica con el ejemplo!”. No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que la fiscalía lo desmintiera por la misma vía. “Las diligencias de allanamientos se han ejecutado en mérito al requerimiento efectuado por el Ministerio Público y autorizado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República”, decía, entre otras cosas, un primer comunicado de la institución, al que siguió otro en el que revelaban que el exjefe del Estado había solicitado cambiarse la ropa de dormir, lo que sugiere a las claras que la intervención fue para él sorpresiva.
)Las falsedades, de cualquier forma, no son una novedad en el discurso del expresidente. Todos tenemos presentes las mendacidades que dijo cuando se descubrió que se había vacunado contra el COVID-19 –y que había hecho vacunar también a su esposa y su hermano– irregularmente, aprovechando las prerrogativas de su cargo. Todos lo hemos escuchado también coordinar con la gente que laboraba en el despacho presidencial a fin de “cuadrar” versiones alejadas de la realidad a propósito de citas y visitas que había recibido poco tiempo antes. La particularidad de su forma de mentir es que, aun cuando es colocado frente a la evidencia de que las cosas no son como él afirma, continúa sosteniendo lo indefendible.
El clima, no obstante, está cambiando para él. No solo en el caso que ha motivado los allanamientos (en el que los testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos han complicado severamente su situación), sino también en el caso relativo a las contrataciones que beneficiaron mientras él era presidente a Richard Cisneros, conocido artísticamente como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. Decimos esto porque el pleno del Congreso aprobó el último jueves acusar al exmandatario penalmente con relación a este caso, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y peculado doloso. Elocuentemente, la decisión se tomó con 84 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Con esa decisión, el Ministerio Público puede avanzar a la etapa de investigación preparatoria.
No son días fáciles los que esperan a Vizcarra en el futuro cercano. Su defensa tendrá que batirse para demostrar la inocencia que él alega en todos los procesos que tiene abiertos. Y tendrá que hacerlo sin faltar a la verdad. La gran pregunta, por supuesto, es si contará con la colaboración del expresidente en ese esfuerzo. Es decir, si ha ensayado él su última falsedad a raíz de lo ocurrido ayer, o si seguirá propagando bulos como aquellos a los que nos ha tenido acostumbrados hasta ahora. O, en otras palabras, si continuará siendo mentiroso hasta el final.
Fuente: Editorial Diario El Comercio.

Expediente Carrasco

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Por – Sudaca.pe
Sudaca accedió a documentos que exponen a Juan Carrasco Millones, el exministro castillista, y el polémico caso que impulsó su carrera.
En septiembre del 2014, a pocos días de las elecciones regionales y municipales, un escandaloso caso llevó todas las miradas de los peruanos a la ciudad de Chiclayo. La razón: El alcalde en funciones y candidato para una tercera reelección, Roberto Torres Gonzales, tenía una orden de captura en su contra junto con un grupo de casi treinta personas compuesto por funcionarios e integrantes del entorno familiar del burgomaestre.
Torres era acusado de lavado de activos, corrupción de funcionario y asociación ilícita para delinquir. El caso tomó tal magnitud que incluso el entonces ministro del Interior, Daniel Urresti, siguió de cerca la captura del alcalde chiclayano. En un país en el cual existe la sensación que los políticos sin intocables, no era un hecho menor que un personaje que había sido la máxima autoridad de su ciudad no pudiese escapar de la justicia.
Sin embargo, aunque ese parecía el final ideal de lo que se había vendido como un caso de corrupción, esta historia de justicieros no estaba exenta de sus propias sombras. Sudaca tuvo acceso a documentos que despiertan dudas sobre lo que ocurrió detrás de lo que en ese entonces se conoció como el caso de “Los Limpios de la Corrupción” y tuvo como uno de sus protagonistas al exministro Juan Carrasco Millones, quien desempeñaba el cargo de fiscal y fue uno de los impulsores de estas detenciones.
EL APORTANTE MISTERIOSO
Si en política se despiertan suspicacias cada vez que se conocen los aportantes a las campañas de los candidatos por los intereses que pueden existir detrás de las supuestamente desinteresadas contribuciones, cuando se trata de colaboraciones con la justicia resulta lógico que la desconfianza sea todavía mayor por todas las herramientas que podrían estar a disposición de intereses ajenos a la justicia.
En 2014, mientras el caso del alcalde Torres acaparaba las portadas, el trasfondo ocultaba detalles que generan dudas razonables sobre los que podrían haber sido los verdaderos intereses detrás de la detención del entonces alcalde de Chiclayo y el emblemático caso de “Los Limpios de la Corrupción” que hicieron famoso al exministro Carrasco Millones.
Por aquella época, aprovechando la conmoción que había generado la detención de alcalde de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien en ese entonces todavía era un fiscal adjunto, empezó a ser protagonista de entrevistas e informes periodísticos que lo hacían ver como un referente de la lucha contra la corrupción que era perseguido y amenazado de muerte como represalia por haber permitido la detención de un político corrupto y su organización criminal.
En estas entrevistas, Carrasco Millones aparecía acompañado por César Fernando O’Phelan Pérez, quien se presentaba como el presidente de la ONG Projusticia que estaba auxiliando a Juan Carrasco ante las amenazas que recibía y, durante las declaraciones que daban a los medios, O’Phelan detallaba los pormenores de la caía del alcalde.
Según relató el propio César Fernando O’Phelan en compañía de Carrasco Millones, un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia de Lambayeque” impulsado por el gobierno británico había permitido la asignación del presupuestos que permitió alquilar un local, adquirir equipos computarizados y hasta realizar capacitaciones del equipo que integraba Carrasco Millones.
Si bien el apoyo a la logística de “Los Limpios de la Corrupción” puede parecer una buena noticia, se puede convertir en un escenario desconcertante cuando el generoso apoyo deja de tener un rostro confiable, como lo podría ser el gobierno británico, y pasa a ser un desconocido. Además, el silencio de Carrasco Millones, quien por el cargo que desempeñaba podía saber los detalles del supuesto convenio, llevan a que este caso sea todavía más sospechoso.
En abril del 2018, Mariana Del Pilar Vásquez Zagaceta, presidenta de la Juntas de Fiscales Superiores de Lambayeque, recibió una solicitud en la cual le pedían el convenio de la mencionada cooperación internacional, los documentos de la asignación presupuestal producción de este programa y otros detalles del programa “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque” que O’Phelan relataba a los medios en compañía del fiscal Carrasco Millones.
Cinco días después, la fiscal superior respondió a esta solicitud e informó que el famoso convenio no existía y que el Distrito Fiscal de Lambayeque nunca había suscrito nada relacionado con un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque”.Juan Carrasco Millones¿QUÉ ESCONDEN?
Sudaca conversó con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, para conocer cuáles podrían ser las motivaciones de Carrasco Millones para haber guardado silencio cuando se detallaba información clave sobre el grupo que él integró y el apoyo logístico que había recibido.
Al respecto, Fernández señala que “Carrasco millones usa esa imagen para decir que lo querían matar por haber desarmado una red criminal y que el poder corrupto de altas esferas de jueces y congresistas los querían perjudicar”. Sin embargo, según Fernández Morales, el exfiscal no buscaba protección sino un ascenso. “Usa esa imagen para tres o cuatro días después logre su ascenso a fiscal titular”, explicó.
“Él está recorriendo el país aduciendo que está formando un partido político”, comenta Fernández sobre el presente de Carrasco Millones y se muestra indignado debido a que considera que nunca se investigaron sus acciones. “Lamentablemente, la fiscalía de Lambayeque nunca lo quiso investigar”, agrega.
LA PALABRA DE O’PHELAN
Sudaca pudo conversar con César Fernando O’Phelan para conocer los detalles de su participación en este polémico caso. Según relató, él nunca habló de ningún tipo de convenio con el gobierno británico y explicó que “no es ningún convenio. Yo fui seleccionado y preparado por el Crown Prosecutor Service, que es como el FBI de Gran Bretaña”.
Además, O’Phelan señala que desconocía detalles del operativo para las detenciones en el caso “Los Limpios de la Corrupción”. Agrega que sí promovió a Carrasco Millones porque consideraba que “su trabajo había sido limpio”. “Lo acompañé a varios canales de televisión en Lima para que se sepa lo que se había hecho en Chiclayo para que sirva de modelo de otros fiscales jóvenes del Perú”, comenta con respecto a sus apariciones en medios. O’Phelan relata que, tiempo después, Carrasco Millones se distancia y hasta abre una carpeta de investigación contra él, sus padres, hermano y sobrino como venganza por haber investigado casos relacionados a las mafias azucareras.
La caída de políticos corruptos siempre representará una noticia favorable para un país tan golpeado por esta clase de personajes. Sin embargo, este tipo de operativos corren el riesgo de desvirtuarse cuando carecen de transparencia y, además, planean con premeditación una mentira que repiten o permiten que se siga propagando, como habría hecho el exministro Carrasco Millones.

DOCUMENTOS FALSOS

El polémico historial del exministro Juan Carrasco también incluiría el uso de documentos falsos para pedir prisión preventiva.
Tal como lo expuso Sudaca, los primeros momentos de fama del exministro estuvieron ensombrecidos por las contradicciones y mentiras que se dijeron con respecto al misterioso apoyo en recursos que recibieron los involucrados en el caso “Los Limpios de la Corrupción”.
Sin embargo, la historia detrás de uno de los casos que supo concentrar la atención de todos los peruanos hace casi una década tiene todavía muchos vacíos que despiertan suspicacias así como testimonios que generan desconfianza sobre lo que realmente ocurrió en el detrás de escena de lo que en su momento fue la mediática detención del alcalde de Chiclayo.
Sudaca ha revisado la información de aquella época para completar esta segunda parte del expediente sobre Juan Carrasco y conocer a fondo cuáles han sido los cuestionamientos que existieron sobre el proceder de Carrasco Millones en la época que se intentó instalar como un luchador contra la corrupción.
MENTIRAS E IREGULARIDADES
Si bien la detención del alcalde Roberto Torres y más de veinte personas había sido vista en su momento como un acto valiente por parte de los fiscales a cargo del caso, entre los que se encontraba el exministro Carrasco Millones, la información que se ha conocido años después con respecto a los argumentos y pruebas para conseguir estas detenciones han expuesto una serie de irregularidades alarmantes que comprometen seriamente a los que en su momento fueron los responsables de la caída de “Los Limpios de la Corrupción”.
Durante el año pasado, Diario La Verdad, un medio regional de Chiclayo, contó la versión de uno de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo sobre lo que realmente habría ocurrido con las colaboraciones eficaces. Según Jorge Matallana Peralta, sus declaraciones no sólo fueron tomadas como si él fuese un aspirante a colaborador eficaz sino que, además, los hechos que figuraban en esos documentos no correspondían a sus relatos y habían sido elaborados por los fiscales a cargo.
Matallana Peralta incluso expresó que, usando el temor de terminar en una cárcel, le hicieron firmar documentos con preguntas que nunca se le habían formulado y respuestas que no correspondían a su versión. Para Matallana, el objetivo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco no era conocer los hechos verdaderos sino reforzar su teoría, aunque para ello tenga que ampararse en mentiras.
Pero lo relatado por Matallana está lejos de ser un caso aislado. En el siguiente video, otros implicados en el caso cuentan las presiones que recibían para realizar declaraciones que sean funcionales a los intereses de los fiscales y la evidente falta de interés que existía por conocer los hechos que realmente involucraban a los integrantes de “Los Limpios de la Corrupción”.
En la grabación de la audiencia se puede escuchar a Ernesto Sánchez Vásquez y Carlos Mendoza Oliden, exfuncionarios de la municipalidad, retractarse de las declaraciones que habían hecho previamente ante el Ministerio Público y acusar a los fiscales a cargo de haberlos presionado con frases como “si tú los echas, te vamos a pasar como testigo y no te va a pasar nada”.
EL FACTOR POLÍTICO
Sudaca conversó sobre estas irregularidades en el caso “Los Limpios de la Corrupción” con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, quien explica la participación del exministro Juan Carrasco en este caso. “Carrasco Millones, con informes falsos de inteligencia, respalda un requerimiento de más de treinta funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo”, expone en declaraciones a este medio.
Además, Fernández hace énfasis en el momento elegido para pedir la prisión preventiva del entonces alcalde Roberto Torres, que se respaldó en los mencionados informes falsos, ocurrió a pocos días de las elecciones municipales y benefició la llegada a la alcaldía de Chiclayo de David Cornejo Chinguel, el candidato de Alianza Para el Progreso, debido a que ocurren precisamente días antes de las elecciones.
Pero, además de manipular declaraciones de falsos colaboradores eficaces, los documentos usados para la detención de más de veinte funcionarios también habría contado con la colaboración de integrantes de la policía y los nombres de estos oficiales serían Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden.
“Firman un informe de inteligencia donde relatan una serie de una organización criminal”, comenta Rubén Fernández sobre el rol de estos oficiales que le proporcionaron a Carrasco Millones otro de los documentos claves para lograr la prisión preventiva. Sin embargo, ninguno de estos oficiales estaba en condiciones de poder firmar un oficio de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (Ofinterpol) debido a que no cumplían funciones en este lugar y, posteriormente, fueron acusados de usurpación de funciones.
Desmantelar una organización criminal vinculada con políticos es, sin lugar a dudas, una tarea valiente y necesaria en un país tan perjudicado por la corrupción. Pero, cuando se utilizan métodos por fuera de la ley con el propósito de acortar caminos, la finalidad de cualquier detención y operativo queda totalmente desvirtuada, tal como parece haber ocurrido con el emblemático caso del exministro Carrasco Millones.

JNJ declara vacancia de Tello y Vásquez

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El pleno del Congreso inhabilitó por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez, integrantes titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber infringido la Constitución.

Por Jorge Luis Pinedo Barrera– Radio Programas del Perú.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió declarar la vacancia en el cargo de Inés Tello y Aldo Vásquez, luego de que el Congreso de la República decidiera el pasado 7 de marzo, mediante votación, inhabilitar por 10 años a ambos magistrados para el ejercicio de la función pública por haber infringido la Constitución.
El organismo constitucional autónomo, mediante dos resoluciones, dio cuenta sobre la medida contra Tello y Vásquez, quienes están impedidos de ejercer la función de miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Por tal motivo, la referida entidad determino declarar, a partir del 8 de marzo, la vacancia en el cargo de ambos letrados por “la causal establecida en el inciso h del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia” como consecuencia de la inhabilitación impuesta por la Resolución Legislativa Nº008-2023-2024-CR”.
Asimismo, se dispuso a oficiar al presidente de la Comisión Especial, a cargo del concurso público de méritos, para la elección de los suplentes que reemplazarán a los sancionados magistrados, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la JNJ.

Alejandro Soto dispone que procurador del Congreso denuncie a Inés Tello por tratar de “mantenerse ilegalmente” como miembro de la JNJ

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que ha dispuesto al procurador público del Parlamento realizar las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales contra Inés Tello por tratar de “mantenerse ilegalmente” como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De esta forma, respondió a los oficios enviados por Inés Tello en los que solicitaba que se declare “inexistente” su inhabilitación, ya que se consideró “indebidamente” el voto de José Luna Gálvez, a pesar de que es integrante de la Comisión Permanente.
En la misiva, la abogada señaló que, en la votación del 7 de marzo, el pleno solo alcanzó 66 votos para aprobar la acusación constitucional en su contra y no 67. Al validarse la intervención de Luna, de Podemos Perú, prosperó la drástica medida.
Ante esta situación, Alejandro Soto invocó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia “a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto” por el Legislativo.
Caso contrario, ellos también podrían ser pasibles de denuncia“, remarcó.

Por el caso de contratación de Richard Cisneros Carballido

Pleno aprobó resolución legislativa que acusa a Martín Vizcarra por varios delitos

El Pleno del Congreso aprobó con 83 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, la resolución legislativa que acusa al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia agravado, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en calidad de autor; y de peculado doloso, como instigador.
En consecuencia, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que procesa conforme a sus atribuciones y lo que dispone la Constitución Política, precisó el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, quien condujo la sesión plenaria.
La acusación solo requería de 55 votos, es decir, la mitad más uno del total del número legal de congresistas, menos el total de los integrantes de la Comisión Permanente.
Antes, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, dio cuenta de que el pasado 6 de marzo Vizcarra Cornejo presentó por escrito sus descargos y su renuncia a la prerrogativa del antejuicio y, por lo tanto, su derecho a no concurrir a la sesión, hecho que la Mesa Directiva consideró injustificada.
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), se encargó de la sustentación del informe final de la Denuncia Constitucional 196 (antes 451), que presentó la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, el 14 de octubre del 2021.
Sobre el particular Camones Soriano, en su condición de miembro de la comisión acusadora, dio detalles de cada una de las acusaciones de los presuntos delitos en los que habría incurrido el exmandatario, comprendido en el informe final aprobado por la Comisión Permanente el 15 de febrero pasado.
Indicó que ha sido demostrado que Vizcarra Cornejo si conoció a Richard Cisneros Carballido, proveedor que no tenía las condiciones requeridas para su irregular contratación, lo que habría sido coordinado con las ministras de Cultura de esa época.
Cisneros Carballido no habría cumplido también con los requisitos mínimos para prestar sus servicios y recibir el encargo de la custodia del bien del Estado.
Asimismo, dio cuenta de la denuncia contra las exministras de Cultura, Ulla Sarela Holmquist Pachas y Sonia Guillén Onneglio por la probable comisión de los delitos de peculado doloso y negociación incompatible, aunque esta parte de la acusación fue archivada al no encontrarse vinculación con los hechos acusatorios.
Fuente: Congreso de la República.

¿Es posible una guerra entre Armenia y Azerbaiyán?

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Arturo Esteban MartínezPor Arturo Esteban Martínez– www.lisanews.org
El alto el fuego es constantemente violado por ambas partes, creando un entorno hostil que incita a nuevos episodios violentos. El conflicto se muestra reticente y con pocos indicios de terminar en el corto plazo.
Los actores implicados cuentan con diversos intereses, pero casi ninguno pasa por terminar las hostilidades. Se ve probable el comienzo de una nueva guerra en el medio plazo para enlazar Azerbaiyán con el enclave de Najicheván.
En la mañana del 13 de febrero de 2024 se produjo un tiroteo que se saldó con la muerte de cuatro soldados armenios. Esto ocurrió un día después de otra escaramuza en la que el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán reportó que un soldado propio fue herido. Esta situación se lleva repitiendo meses desde que terminó la última campaña azerí del 19 de septiembre, en lo que parece una espiral de conflictos encadenados sin vistas a un final y con la posibilidad de una nueva campaña con el objetivo de invadir parte del territorio armenio.
Los orígenes del conflicto se remontan al desmembramiento de la Unión Soviética, cuando la República de Artsaj quedó bajo el control efectivo de Armenia, a pesar de estar situada geográficamente dentro de Azerbaiyán, contando además con una mayoría étnica descontenta. En 1988 comenzó la Primera Guerra del Alto Karabaj, donde Armenia se aseguró el control de los territorios circundantes de la República de Artsaj, estableciendo un corredor entre Armenia y la República. Ambos bandos llevaron a cabo entonces limpiezas étnicas en sendos territorios, resultando en un gran éxodo demográfico.
En 2007 se alcanzaron los Acuerdos de Madrid, que buscaban devolver las tierras circundantes a Azerbaiyán, aunque Armenia no llegó a cumplir nunca estos acuerdos alegando que sería difícil defender un territorio sin frontera contigua.
Desde entonces, la estrategia de Armenia consistió en mantener el conflicto estancado, ya que su posición empeoraba progresivamente en comparación con Azerbaiyán. La disminución demográfica, el envejecimiento de la población, bajo PIB y capacidades militares debilitadas la colocaron en una posición desfavorable. Armenia pasó de tener unas fuerzas armadas profesionales con medios de origen soviéticos modernos a finales del siglo pasado, a no ser capaz de llenar los cupos de tropa en los últimos años. Rusia también tenía motivos para evitar un nuevo conflicto por la amenaza de la expansión de la esfera de poder de Turquía hacia los países túrquicos del Cáucaso y de Asia Central.
En respuesta al incumplimiento de los acuerdos, Azerbaiyán lanzó un ataque en 2016 contra una serie de posiciones, empleando nuevos y disruptivos recursos como drones armados y artillería de cohetes guiados de largo alcance.
Tras esta escaramuza, Azerbaiyán aumentó la diferencia armamentística con su vecino, siendo remarcable la compra de sistemas de última generación a Turquía, que comenzó a apoyar asiduamente a su aliado túrquico con el objetivo estratégico de reducir su dependencia energética de Rusia, además de expandir su propia esfera de influencia.

Segunda Guerra del Alto Karabaj

Cuatro años después, en medio de crecientes tensiones, ambos Estados realizaron una serie de grandes ejercicios con sus Estados «patrocinadores». Armenia los realizó con Rusia y Azerbaiyán hizo lo propio con Turquía.
Fue entonces cuando, a finales de septiembre de 2020, Azerbaiyán inició la Segunda Guerra del Alto Karabaj atacando sobre las posiciones ocupadas por Armenia, destacándose el uso extendido de drones armados como el Bayraktar TB2, junto con las municiones merodeadoras que permitieron un rápido avance terrestre mientras que la artillería de cohetes batía las posiciones armenias más alejadas sin preocuparse del fuego contrabatería. Turquía apoyó a Azerbaiyán en su esfuerzo de guerra, proveyéndole del asesoramiento necesario para que ellos mismos consiguieran una fácil victoria. Parte de la ayuda más significativa fue el envío de  mercenarios sirios pertenecientes al Ejército Nacional Sirio. También es relevante la postura de Israel, que le vendía armamento a Azerbaiyán.
Rusia adoptó una posición de neutralidad activa, buscando mantener el statu quo y marcando líneas rojas para proteger sus propios intereses. Tras llamamientos al cese de hostilidades, la guerra concluyó sorpresivamente en noviembre de 2020, en un momento en el que Azerbaiyán podría haber proseguido su campaña sin grandes dificultades. Es una posibilidad que prefirieran sentarse a negociar antes de llamar demasiado la atención en el panorama internacional, evitando así posibles sanciones. Por su parte, Armenia y Artsaj acogieron gratamente la finalización de la guerra por el miedo de perder más territorio, sumado a la presión de Rusia e Irán por finalizarla.
El acuerdo de paz se firmó el 9 de noviembre de 2020, con Rusia desempeñando el papel de intermediario y obteniendo una notable victoria diplomática. Entre las cláusulas acordadas, se destacaba el fortalecimiento de la misión de mantenimiento de la paz en la región, asegurando así la presencia y la influencia continuada de Rusia en la zona. Sin embargo, el logro más significativo para Rusia fue limitar, hasta cierto punto, la creciente influencia de Turquía en la región.
Tras este acuerdo, se sucedieron múltiples combates de pequeña intensidad en puestos fronterizos, donde cada cierto tiempo ambos bandos iban sufriendo bajas. Además, Azerbaiyán efectuó un bloqueo a la República de Artsaj que duraría unos 10 meses, cortando el corredor de Lachin. Esta situación creó una emergencia humanitaria, ya que negaba el acceso a recursos básicos como la comida, el agua o la electricidad, forzando así a los armenios que allí vivían a huir progresivamente a Armenia, en lo que se podría calificar como un  «genocidio silencioso»

Ofensiva del 19 de septiembre de 2023

Tras tres años repitiéndose esta situación, el 19 de septiembre de 2023 Azerbaiyán lanzó una ofensiva a gran escala sobre el territorio de la República de Artsaj, violando el alto el fuego firmado el 9 de noviembre de 2020.
Según un comunicado del Ministerio de Defensa Azerí publicado el 19 de septiembre, Bakú alegó que se inició esta ofensiva tras múltiples provocaciones por parte de las fuerzas armadas armenias, tales como el minado del territorio del Karabaj, el establecimiento de puestos defensivos y la movilización de medios y vehículos de combate. Aunque se le da más énfasis a las múltiples intrusiones dentro del territorio azerí para realizar acciones de subversión y terroristas. En el comunicado se expresa además que el contingente de la misión de mantenimiento de la paz rusa y el centro de monitoreo turco-ruso fueron debidamente informados sobre las medidas, aunque el ministerio de defensa ruso negó la veracidad de esta última afirmación, alegando que se les notificó unos minutos después de empezar la operación.
Esta vertiginosa ofensiva duró solo dos días, aunque se saldó con unas 200 bajas en cada bando, así como cinco militares rusos de la operación de paz, que fueron abatidos por accidente por parte de Azerbaiyán.
Más tarde, se anunció el acuerdo de alto el fuego. En este acuerdo se preveía desarmar completamente a la República de Artsaj, obligar a las fuerzas armadas armenias a retirarse del territorio y a desmantelar a las distintas milicias pro armenias. También se acordó el desmantelamiento de la República de Artsaj para el día 1 de enero de 2024, otorgando todo el territorio a Azerbaiyán, lo que provocó un éxodo masivo de los armenios que aún vivían ahí.
Desde entonces se han seguido viendo rupturas del alto el fuego por parte de ambos bandos, llegándose a contabilizar varias víctimas.

Intereses de los actores

En este conflicto hay muchos actores y alianzas involucrados con intereses muy distintos entre sí.
Azerbaiyán es el Estado que está propiciando esta situación de pequeños conflictos intermitentes. Sus intereses han pasado de unos mínimos en 2016, que era arrebatar a Armenia el territorio circundante de la República de Artsaj, a invadir parte de la República en 2020, a acabar con su existencia en 2023. Esta estrategia que se basa en la consecución de pequeños objetivos a lo largo del tiempo, se conoce como «tácticas salami».
Esta faceta de los conflictos híbridos trata de evitar los efectos negativos que traería emprender una guerra a gran escala en un momento determinado, consiguiendo así que ni la comunidad internacional ni terceros Estados se vean obligados a intervenir, ya sea directamente o mediante sanciones. Además, Azerbaiyán es consciente de que Europa no se puede permitir perder otro proveedor de gas natural. Al no haber cesado las hostilidades, es esperable que Azerbaiyán tenga aún una serie de objetivos por cumplir, siendo uno de los más esperados la creación de un corredor terrestre que atraviese el territorio soberano de Armenia para unir el territorio principal azerí con el enclave del Najichevan.
Armenia, por su parte, es el gran perdedor. Aunque el territorio de la República de Artsaj fuera reconocido internacionalmente como azerí, su pérdida ha resultado ser un gran golpe para el país, sucediéndose grandes revueltas por la pérdida de cada conflicto y suponiendo la asimilación de todos los armenios del territorio perdido, un coste difícil de cubrir.
Por lo tanto, el objetivo de Armenia ha sido siempre el de mantener su territorio. Eso ha sido imposible tras la pérdida de población y decrecimiento económico en comparación con su vecino. Además, las fuerzas armadas fueron descuidadas, por lo que en cuanto el enemigo vio que podía ganar más de lo que podía perder, empezó a emprender las ofensivas. En cuanto a su relación con Rusia, cada vez va a peor. Armenia ha descubierto que Rusia es un aliado poco fiable al sentirse traicionados por su inactividad, llegando a congelar su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO), el equivalente del espacio post-soviético de la OTAN. Para sustituirlo, Armenia se ha estado acercando a Occidente, siendo notables la visita de Nancy Pelosi y el acercamiento a Francia.
El tercer actor con más importancia en este conflicto es Rusia. Hasta antes de la invasión de Ucrania en 2022 se sobreentendía que Rusia sería siempre el regidor del espacio post-soviético. Sin embargo, no ha tenido un papel más que el de mediador, así como de vendedor de armamento a ambos bandos. Hasta 2020, Rusia siempre mantuvo que la línea roja estaba en el caso de que Azerbaiyán invadiera territorio armenio, ya que se podría activar el artículo 4 de la CSTO, por el que si uno de los miembros sufre una agresión, los demás deben acudir en su defensa. Aunque con ciertas excepciones, esto se respetó hasta 2022.
Tras la invasión de Ucrania, Rusia se vio incapaz de hacer frente a sus obligaciones en su área de responsabilidad. Es por esto que Azerbaiyán, calculando que Rusia no tiene capacidad ni interés en involucrarse en una guerra por Armenia, lanzó la ofensiva de 2023, incluso permitiéndose el error de abatir a soldados rusos. También hay que tener en cuenta que la inacción rusa puede deberse a un castigo hacia Armenia por su acercamiento a Occidente, aunque teniendo en cuenta otros casos como la inactividad respecto a las hostilidades entre Kirguistán y Tayikistán da a entender que, en efecto, Rusia no quiere abrir más frentes.
El actor disruptivo es Turquía. En los últimos años, han desarrollado una visión de la política exterior singular, que está caracterizada por el Neo-Otomanismo, que trata de expandir la esfera de influencia, extendiéndose en todas las direcciones. En este caso, es relevante su expansión por Asia central, con el objetivo de aglutinar a los países de herencia túrquica y conseguir arrebatar este espacio a las potencias que tradicionalmente han tenido más poder, como Rusia e Irán. A Turquía le ha salido bien la jugada, ha conseguido que Azerbaiyán consiga más poder en la región y además está ganándose el favor de Rusia, ya que las negociaciones entre estos dos países están siendo esenciales para la consecución de la guerra en Ucrania.
Irán, por su parte, en un principio parecía que sería un actor de gran relevancia en el conflicto, aunque según han ido pasando los años su papel ha ido disminuyendo. Su apoyo a Armenia resulta comprensible para poder limitar la influencia turca e israelí en la región, aunque se ha limitado a pequeñas ventas de armamento y es esperable que también hayan compartido inteligencia. También han tratado de provocar en reiteradas ocasiones mediante diversas publicaciones en redes sociales.
Occidente se vio apartado en un principio del conflicto, debido a que a ningún actor le convenía la irrupción de nuevos contendientes en una región ya saturada, aunque según ha ido pasando el tiempo, Armenia ha ido buscando apoyos externos y ha encontrado a Francia.
Francia se caracteriza por ser uno de los países de la Unión Europea que se toma más en serio la política exterior, y siempre busca tener un rol importante en cada conflicto, como lo fue la disputa entre Grecia y Turquía o la antesala de la invasión de Ucrania.
En un principio, Armenia se ha acercado a Francia para adquirir armamento y comenzar a cerrar la gran brecha que tiene con Azerbaiyán. Por ahora, Armenia ha adquirido misiles antiaéreos a la empresa MBDA, municiones de artillería y sistemas antidron. En una visita del 21 de febrero por parte del primer ministro armenio se reiteró la intención de seguir estrechando vínculos, además de proseguir con el programa de entrenamiento que tiene Francia con los oficiales armenios. Con esta alianza, Francia consigue vengarse de Rusia, que le ha echado de África mediante la construcción de narrativas revisionistas y el empleo de PMCs en sus antiguas colonias.
CONCLUSIONES
Este conflicto es uno más de tantos que dejó la disolución de la Unión Soviética. La situación entre Armenia y Azerbaiyán es un desastre humanitario cuya solución no está a la vista. Los diversos actores implicados tienen sus propios intereses y casi ninguno tiene intención de terminar con esta situación.
Analizando todos estos sucesos, se puede deducir que Azerbaiyán está saliendo victoriosa de cada objetivo que se propone. La consecución de pequeños logros disipa la posibilidad de que la comunidad internacional responda de forma contundente, por lo que se puede concluir que se ve probable que Azerbaiyán emprenda una nueva campaña para establecer un corredor terrestre con la provincia de Najicheván.
Sin embargo, resulta confuso establecer cuando se podría dar. No se espera que sea en el futuro cercano porque no hay indicios de que se esté constituyendo una fuerza para comenzar el asalto.
Además, normalmente las ofensivas se han dado siempre en septiembre. También es entendible la elección de esta fecha, debido a que suele coincidir con un momento en el que el invierno está próximo, por lo que dificulta el rango de acción de posibles sanciones y además no solía haber grandes competiciones deportivas, por lo que el país no estaba en el punto de mira. Este último punto es realmente importante, teniéndose como precedente que Rusia esperó al penúltimo día de los Juegos Olímpicos de Invierno para comenzar la invasión de Crimea de 2014. Este año el Gran Premio de Fórmula 1 de Bakú es el 15 de septiembre, por lo que se ve improbable que la ofensiva se dé antes de esa fecha. Además, lo común sería esperar mínimo un año más, igual que han hecho hasta ahora. No obstante, si Azerbaiyán tiene luz verde para actuar con libertad es en gran medida por la guerra de Ucrania, por lo que deben asegurarse de emprender el ataque antes de que termine, que sería el cisne negro que incapacitaría la ofensiva.

Otárola renunció

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Por  Fernando Tapia– Diario EXPRESO.
El expremier Alberto Otárola anunció públicamente su renuncia a la jefatura del Gabinete Ministerial. Tras su llegada al Perú desde Canadá, se desarrolló una conferencia de prensa, donde se expresó abiertamente.
Otárola empezó su discurso hablando de los alcances que tuvo su viaje al país anglosajón, puntualizando los alcances logrados en desarrollo en la industria de la minería y la pesca. Asimismo, recalcó que su trayectoria profesional siempre estuvieron marcadas por “la ética y el servicio al Perú”, así como su defensa efectiva y la lucha frontal contra la corrupción.
Con la presidenta Boluarte hemos defendido de manera inalcanzable el estado de derecho en el Perú. Hemos enfrentado a la violencia y violentos, permitiendo que hoy tengamos base sólida para construir un país en democracia y libertad”, manifestó.
Sin embargo, aseguró que estos últimos días la nación fue testigo de “un complot contra el presidente del Consejo de Ministros”, que fue “planificada durante meses, con diversos personajes que actúan sobre las sombras”.
“Estos personajes tienen intereses personales y utilizan concretamente a un programa de televisión que se trasmite los domingos. Pretendieron falsamente hacer creer a la población que había intervenido en la contratación de una o varias personas en el Estado, cuando se ha demostrado que ello no es cierto, sino que es una patraña”, comentó.
El exfuncionario determinó que durante su gestión no hubo ningún tipo de favorecimiento ni confabulación para nadie, y que existen muchas personas que desde el día uno lo querían fuera del cargo.
“No han dudado incluso en editar un audio con el malvado propósito de manchar mi imagen. Hago un público llamado a autoridades y medios de comunicación para proteger la salud, seguridad y vida de la ciudadana Pinedo, quien expresó en reiteradas oportunidades que ese audio se produjo en el año 2021”, dijo Otárola destacó que está completamente a disposición de todas las investigaciones que se requieran en el proceso, con el fin de desmentir a ciertos “seudoperiodistas” que generan, de forma planificada, informes escandalosos, con la finalidad de instalar carpetas fiscales contra políticos.
En ese sentido, señaló que algunos “corruptos” que se acogieron a la colaboración eficaz, fueron quienes filtraron clips y documentos con el objetivo de “deshacerse” de Otárola.
Desató la polémica al asegurar fehacientemente que el responsable de la filtración y edición del video que mencionó Pinedo, fue gestionado por el expresidente Martín Vizcarra, desligando de culpas al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor.
“No tengo ninguna duda que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación”, enfatizó.
Alberto Otárola terminó su discurso renunciando frente a diversos medios de comunicación locales e internacionales al puesto encomendado, sin dejar de lado los alcances que logró su trabajo.
“Logramos superar y mitigar diversas emergencias, que habían puesto en jaque la gobernabilidad democrática. Esta estabilidad nos permite centrarnos en el impulso económico, la lucha contra la inseguridad, el destrabe de grandes proyectos, el proyecto especial Chinecas, Alto Piura, entre otras. Podemos ver ofertas laborales para nuestros jóvenes (…)”, empezó.
Y agregó: “En conversación con la señora presidenta de la República le anuncié la decisión de presentar mi renuncia como presidente de Consejo de Ministros, ello con dos objetivos, darle la tranquilidad a la señora Boluarte para que pueda recomponer su Gabinete como ella lo crea conveniente, a favor de los menos favorecidos. Hoy día un canciller desubicado dijo que va haber otro plan de Gobierno y de manera majadera ha adelantado un anuncio que por respeto debí haberlo hecho yo”.

Jorge Salas Arenas

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Antauro y Ollanta: Caín quiere fusilar a su hermano

La Fiscalía anunció el inicio de diligencias, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, a fin de determinar si procede o no el pedido de nulidad del registro del partido político de Antauro Humala, sindicado por el asesinato de policías.
Esto respondió a la solicitud presentada por el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, quien denunció las acciones sistemáticas de la agrupación A.N.T.A.U.R.O. a escala nacional, las cuales podrían considerarse como conducta antidemocrática.
Respecto al caso de Antauro Humala, el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas estableció que, según lo solicite el fiscal de la Nación o el defensor del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia tiene potestad de determinar la nulidad de una agrupación, siempre y cuando esta sea contraria a los valores sociales especificados.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, admitió el registro de la agrupación del asesino de policías, aduciendo que no encontró discursos o manifestaciones contrarias a lo reglamentado que impide la subscripción.
Fuente: Diario EXPRESO.
Antauro lidera reuniones del partido político y hace proselitismo político con la organización. (Imagen: VIGILANTE.PE)

Partido de Antauro no es antidemocrático, dice abogado defensor Jorge Luis Salas Arenas

Titular del JNE rechazó comparar caso con el de Movadef, cuyos estatutos y militantes reivindicaban “pensamiento Gonzalo”.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, negó que el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), exprese en su ideario un discurso antidemocrático.
Debido a esto, Salas Arenas indicó que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) no encontró motivos para negarle la inscripción.
El titular del JNE también rechazó las comparaciones entre este caso y la negativa de inscripción en su momento al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.
Según argumentó, a diferencia del partido de Antauro, en el ideario del Movadef existía una reivindicación al llamado “pensamiento Gonzalo”.
Movadef en sus estatutos se adscribió al ‘pensamiento Gonzalo’. No pasó la revisión sobre el estatuto que tiene que hacer el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), además de otros incumplimientos formales. Lo contrario es en este caso. Según he podido mirar posteriormente a mi retorno de vacaciones como consecuencia de estas alegaciones, no hay en el ideario de esa organización que se alude declaraciones antidemocráticas”, indicó.
Fuente: Diario EXPRESO.

A.N.T.A.U.R.O, Antauro y la polémica defensa de Salas: esta es la evidencia que vincula al partido con Humala

El presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, negó la relación entre el partido político A.N.T.A.U.R.O y el exconvicto etnocacerista, Antauro Humala, a pesar que hay pruebas inminentes. Aquí algunas imágenes que confirman el liderazgo de Antauro en dicho partido.
Por GABRIELA LLONTOP– Vigilante.pe
No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza el dicho que aplicaría a la actitud del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, sobre la inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros, conocido por sus siglas como A.N.T.A.U.R.O., y su vinculación directa con el exconvicto y cabecilla etnocacerista que asesinó a 4 policías en el denominado “Andahuaylazo”, Antauro Humala.
“No existe un partido [denominado] Antauro, formalmente no está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas; está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, y no tiene sigla”, dijo Salas en una entrevista.
La respuesta de Salas se dio en referencia a los cuestionamientos sobre la participación política de Antauro Humala con dicha organización. Sin embargo, para el titular del JNE, no existe relación alguna entre Humala y el partido, incluso, sin importar que las siglas conformen el nombre del etnocacerista o que la propia organización haya utilizado dichas siglas en las presentaciones oficiales que realizó Humala en diversas regiones o en la emisión de invitaciones para celebrar su inscripción en el JNE. Basta dar una revisión a las redes sociales de Humala para dar cuenta de la relación directa entre el partido y el etnocacerista.
Peor aún, Salas intentó desentenderse del tema al asegurar que no estuvo presente durante la evaluación del expediente, debido a que se encontraba de vacaciones y mencionó que la agrupación política no fue inscrita con sus siglas, por lo cual sería incapaz de reconocer que se trata de un partido relacionado con Antauro Humala. ¿Acaso el propio presidente del JNE y la junta directiva de evaluación no está lo suficientemente capacitada para interpretar este tipo de detalles?
Esta situación pondría en juego la estabilidad democrática del país, dado la abierta postura de Humala al promover o justificar los atentados contra la vida o legitimar la violencia. Por ello el congresista Alejandro Muñante solicitó que se separe a la agrupación de la participación política, sin embargo, el JNE señaló que solo la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo son las únicas organizaciones que pueden solicitar la ilegalización de organizaciones políticas.
Además, el parlamentario Alejandro Cavero presentó una denuncia constitucional contra el presidente del JNE por aceptar la inscripción del partido del etnocacerista. A ello se suma la petición de otros congresistas que pide que Salas Arenas sea investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
“Es una vergüenza la actuación del presidente del JNE, un personaje oscuro que merece ser investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya antes movió sus tentáculos para permitir la inscripción de Vizcarra y ahora hace lo mismo con Antauro”, señaló el congresista Luis Aragón. Cabe mencionar que en el Parlamento también se analizará un proyecto para evitar que sentenciados por homicidio postulen a la Presidencia, que sería el caso de Humala.
MÁS IRREGULARIDADES
El partido político A.N.T.A.U.R.O. cuenta con 28,200 afiliados, entre los que se encuentra Antauro Humala. En la hoja de información de inscripción del partido, Lucas Álvarez Sánchez figura como apoderado legal, quien también cumplió una sentencia de 9 años por rebelión y otros delitos por el “Andahuaylazo”. El presidente del Comité Nacional es Américo Prieto Barrera, quien fue acusado de “acosador de menores” por su propia hija. El cargo de secretario electoral lo ocupa el reservista Edgar Timoteo Quispe Condori, mientras que el presidente de la organización es Marco Antonio Vizcarra Alegría, quien también fue condenado por rebelión y secuestro.
Basta con conocer la lista de integrantes del partido político para identificar que esta agrupación está conformada por personajes que apuesta por la violencia como método de control. ¿Sus ideas extremistas no fueron evaluadas por el JNE?

Los privilegios del ‘Lagarto’

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Por MIGUEL RAMÍREZ– Diario Trome.
Las imágenes que pasó la televisión el miércoles pasado parecían extraídas de una de las películas de Netflix, sobre las caletas que utilizaban los célebres narcotraficantes para esconder su dinero.
Pero eran reales. Un ex funcionario público, desesperado para no ir a prisión, aceptó ser colaborador eficaz. Como muestra de su arrepentimiento y su compromiso con decir la verdad, llevó a los policías y fiscales a su casa. Allí les entregó ¡medio millón de soles en efectivo que los tenía encaletados!
El protagonista es Alcides Villafuerte, exgerente de Obras de Provías Descentralizado (PVD), quien formaba parte de la red de corrupción liderada, según la Fiscalía, por el expresidente Martín Vizcarra, el ‘Lagarto’, durante su gobierno (2018-2020).
De acuerdo con las indagaciones, Villafuerte contactaba a los empresarios y recolectaba el dinero de las coimas que cobraban, a cambio de obras públicas. Después se lo daba a su jefe Carlos Revilla, hombre de confianza de Vizcarra, ‘quien luego lo hacía llegar a las altas esferas’, en alusión al exmandatario.
El PVD -que dependía del Ministerio de Transportes (MTC) y que Vizcarra digitaba desde que era ministro de ese portafolio- era una madriguera de ladrones. Allí se decidía a qué empresas se otorgaban las millonarias construcciones. La Fiscalía se ha centrado específicamente en tres de ellas que costaron S/278 millones. La coima fue de S/3.6 millones.
Hasta hoy son siete los testimonios, incluido el de Alcides Villafuerte, que incriminan a Vizcarra en la recepción de las suculentas coimas.
La pregunta del millón de dólares es ¿por qué a Vizcarra, pese a esas graves imputaciones, no le pasa nada? Es más, se pasea orondo por las calles, tiene un programa YouTube y hace TikTok despreciables de su vida cotidiana.
Los privilegios de los que goza se los atribuyen al otrora todopoderoso fiscal Rafael Vela y a su cuestionado Equipo Especial del caso Lava Jato. A mediados del 2020, Germán Juárez, uno de sus subalternos, recibió la declaración de un colaborador eficaz. Este narró, con lujo de detalles, que cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014) recibió sobornos por un monto de 2.3 millones de soles de las empresas ICCGSA y Obrainsa. Por esa y otras delaciones más el Congreso lo vacó por ‘incapacidad moral’.
Pese a ello, el grupo de Vela jamás solicitó medidas restrictivas severísimas, como sí lo hizo contra los expresidentes Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Ollanta fue apresado junto con su esposa, García se suicidó cuando iba a ser detenido y PPK fue confinado en su domicilio por largo tiempo y sin un sol en el bolsillo, pues sus cuentas bancarias fueron embargadas. ¿Se acuerdan?
Con Vizcarra existe una antigua y sospechosa permisividad. Lo mismo ocurre con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien pese a haber reconocido que recibió coimas de la corrupta Odebrecht veranea en una playa de Lima. En algún momento estos fiscales, que se creían intocables, tendrán que rendirle cuentas al país.

La victimitis de Gorriti

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Gustavo Gorriti padece de cáncer linfático hace buen tiempo, pero necesita victimizarse. Por eso lo reveló en entrevista con una Rosa María Palacios de ojos aguados. Nadie se regocija con su enfermedad, más bien se desea su pronta recuperación y una larga vida para que le pida perdón al Perú. Prostituyó el periodismo al punto de convertirlo en una mera aplanadora de honras, armamento de persecución política contra sus enemigos imaginarios y en un mecanismo para concentrar poder. Pero Gorriti es Gorriti y aunque la muerte le toque el hombro, mostró su palidez en la entrevista sin disposición de abandonar la ponzoña. Trató de defenderse de las denuncias que hoy recaen sobre él: como algo que “pertenece al ámbito de lo psiquiátrico”.
Este inmisericorde hizo que el presidente Alberto Fujimori volviera a prisión cuando el indulto de Pedro Pablo Kuczynski, pese a que se trataba de un hombre ya anciano que padece cáncer, como él, entre otras enfermedades. Se encargó de movilizar a una serie de desadaptados y fracasados para que Uruguay negara asilo político al dos veces presidente del Perú, Alan García; luego utilizó su perversa telaraña de poder para cercarlo hasta empujarlo al suicidio. Fujimori hoy está libre y pasará los años que le quedan con su familia y gozando del agradecimiento de la gente de a pie. Alan García, el mejor presidente peruano de lo que va del siglo XXI, no está entre nosotros para defenderse de las patrañas promovidas por Gorriti y los integrantes de su secta de la doble vara.
Aldo Mariátegui describe a Gorriti como un “activista político que ha usado al periodismo como herramienta para manipular a la Fiscalía en contra de otros. Ha utilizado la data no para informar al público, sino para demoler sistemáticamente a los que aborrecía políticamente“. ¡Los caviares están muy podridos si creen que mangonear así al Ministerio Público es ser “periodista”! Aduce que “la ultraderecha” ha conspirado contra él. “La verdad de su proceder no ha salido de ‘la ultraderecha’, sino de un allegado que conspiró junto con él”.
Desde su ONG IDL, ha fungido de fiscal, juez y policía. Pretendió ser un presidente en la sombra sin que nadie lo eligiera. El fiscal José Domingo Pérez, uno de sus fieles, dice que Gorriti es el “mejor periodista de investigación del mundo”, cuando está a punto de corroborarse que la periodista del IDL, Romina Mella, tenía un escritorio en las oficinas de ese fiscal y acceso privilegiado a investigaciones reservadas.
Gorriti es un desestabilizador profesional, por eso fue deportado de Panamá. Es el creador de la gran leyenda negra del fujimorismo y del alanismo. Mantiene infiltrados en los medios más importantes y les dicta qué decir y qué callar, a quién chancar y a quién ensalzar.
Ahora el lobo quiere hacerse pasar por un chihuahua vulnerable. Nadie le cree. Y todo gracias al destape de la periodista Milagros Leiva, en Willax, canal al que califica de “letrina”. ¡Ja!