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Conflictos, integración y procesos sociales

Incompetentes

MINISTROS DE JUSTICIA, SALUD Y AGRICULTURA YA HABRÍAN RENUNCIADO ANTE PPK

Desmontan andamiaje caviar en la PCM con salidas de Godoy, Rivera y León Moya. Sara Alcántara y Katy Larrea en veremos.

En la tarde del jueves último, mientras el Congreso de la República citaba con premura al ministro de Economía Alfredo Thorne, los titulares de Justicia, Salud y Agricultura, Marisol Pérez Tello, Patricia García y José Manuel Hernández, respectivamente, presentaban sus renuncias al gabinete Zavala, según fuentes de todo crédito a las que accedió MANIFIESTO.
Esto ocurrió paralelamente a una purga dispuesta en el aparato de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que alcanzó al bloguero José Alejandro Godoy, a David Rivera y a Carlos León Moya, quienes esa misma tarde desocuparon sus oficinas y sacaron sus cosas, de acuerdo a las fuentes.
Hoy el temblor de tierra político continuó en Palacio de Gobierno con los posibles cambios de la jefa de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, Sara Alcántara, y su segunda en el cargo, Katy Larrea. “Ellas están en la cuerda floja”, señaló a este portal un funcionario palaciego.
Pero la cosa no quedó ahí, pues MANIFIESTO también pudo conocer que Roberto Ramos se auparía al puesto de asesor personalísimo de Pedro Pablo Kyuczynski, luego de que a su llegada a Palacio fuera relegado al despacho del premier Fernando Zavala. Él trabajaría directamente con Alberto Cabello, asesor en comunicación, imagen y prensa del Gabinete.
Alberto Cabello se empoderaría más en el entorno oficialista
Hasta el momento de escribir esta nota, se barajaba la posibilidad de llevar a Palacio a Carlos Becerra, cabeza de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. (Editora Perú), que edita el Diario Oficial El Peruano y la Agencia Peruana de Noticias Andina.
Las fuentes señalaron que las cartas de renuncia de Marisol Pérez Tello, Patricia García y José Manuel Hernández fueron entregadas formalmente al premier Fernando Zavala Lombardi y al presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, por lo que a esta hora ya no formarían parte del zarandeado Gabinete.
Fuente: www.manifiesto.net.peSe acabó el tiempo para el entrevistador favorito de Ollanta Humala

Desde el cuarto piso

Contraataque publicitario
Por Eloy Marchán- Hildebrandt en sus Trece
En la PCM están muy preocupados por la vertiginosa caída de la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski del gobierno en general. En las últimas semanas, los miembros del equipo de imagen y comunicaciones –donde brindan sus servicios más de 40 profesionales entre periodistas, publicistas, expertos en redes sociales y opinólogos- han decidido dejar de lado sus asperezas y ambiciones de protagonismo para repartirse ordenadamente las funciones.
Se han formado dos grandes bloques encabezados por Abel Aguilar, jefe de la Oficina de Comunicación Social de la PCM, y David Rivera, asesor en Comunicaciones del premier Fernando Zavala. Aguilar y su equipo, donde destacan los publicistas Daniel Olivares y Renzo Labarthe,  están a cargo de las campañas del gobierno y de la coordinación de las estrategias mediáticas con los ministerios e instituciones públicas. Fuentes de palacio revelaron que se maneja una partida presupuestal de apertura de 30 millones de soles a los que se suman otros S/ 80 millones repartidos entre las diversas instituciones del Estado.
David Rivera, por su parte, tiene la función de ser el brazo comunicante del Ejecutivo con la prensa y tratar de amortiguar las denuncias que afecten directamente al presidente, a Zavala y al gabinete. En la oficina de Aguilar trabaja Sara Alcántara, jefa de prensa de la PCM, que maneja un equipo de 8 personas, el periodista Mario Cortijo, el politólogo Carlos León Moya y ahora también el bloguero José Alejandro Godoy.
FLAMANTE CONTRATACIÓN
“Está trabajando conmigo en comunicaciones. No sé cuánto gana, pero eso no es importante”, señaló David Rivera, cuando esta publicación le preguntó por la sorpresiva contratación de José Alejandro Godoy en la PCM. “No es asesor, pero sí te puedo decir que depende de mí”, agregó Rivera.
“Hildebrandt en sus Trece” ha podido conocer que la contratación de Godoy, conocido por su blog “Desde el Tercer Piso” y como administrador de las redes sociales del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, se dio a fines del mes de febrero, sin concurso público. El salario ronda los S/ 13,000 y las labores que realizará serán las de “analista y operador de prensa”.
“No voy a dar declaraciones”, respondió Godoy cuando esta publicación lo contactó para preguntar sobre su flamante trabajo. Godoy es un conocido tuitero en las redes sociales, donde tiene 44 mil seguidores. Desde que comenzó a trabajar en la PCM ha dejado de tuitear y hacer publicaciones en su blog.
En los últimos días  el equipo que dirige David Rivera se concentró en la coordinación de reuniones entre el premier Zavala y directores de diversos medios de comunicación. El pasado viernes 3 y el martes 7 han pasado por la PCM Martha Rodríguez y Mauricio Aguirre, directores periodísticos de Latina; Carlos Castro, subdirector de “La República”; Rosana Cueva, directora de Panorama; Iván Slocovich, director de “Correo”; Fernando Berckemeyer y Erick Sablich, director y editor de “El Comercio”, respectivamente.
El equipo de Abel Aguilar también ha estado trabajando a mil por hora. El 12 de enero la oficina de Aguilar recibió una partida de S/ 26.5 millones del Ministerio de Economía y Finanzas para llevar adelante seis campañas publicitarias. Durante enero y febrero promocionaron “Paquete Simplificador”, que costó 3,5 millones de soles al Estado y tenía como fin publicitar con bombos y platillos los 112 decretos legislativos que el gobierno había emitido en el marco de las facultades que el Congreso le dio en setiembre pasado.
El último 16 de febrero se puso en marcha la segunda campaña de publicidad. Esta vez el eslogan fue “Perú Seguro”, que tiene una partida de S/ 4,7 millones y busca promocionar el sistema de “Recompensas” del Ministerio del Interior. Los medios que se llevaron la tajada más grande de esta torta publicitaria fueron América TV (S/ 1’204,479), Latina (S/ 1’034,234), Canal 9 (S/ 460,200) y RPP (S/ 320,960), según la resolución directoral a la que tuvo acceso esta publicación.
Lo llamativo de todo este festín de dinero en la Oficina de Comunicación Social de la PCM es que no se está siguiendo el trámite que hacían los gobiernos de Ollanta Humala y Alan García. Es decir, canalizar la distribución de la torta publicitaria vía el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ahora el desembolso es directo, desde la PCM.
Sucede que en diciembre último venció el convenio que la PCM tenía con el PNUD y actualmente se está diseñando un nuevo proyecto. Así lo confirmaron voceros de la oficina de las Naciones Unidas y de la propia PCM. “El proyecto aún se encuentra en fase de diseño”, dijeron desde el PNUD.
Mientras las millonarias campañas publicitarias del gobierno están en marcha, la Oficina de Comunicación Social de la PCM ha ordenado a sus pares en los ministerios que creen cuentas de Twitter y Facebook para cada uno de los ministros. La orden también ha sido que no desestimen entrevistas a los medios de comunicación y bombardeen las redacciones con notas de prensa.

Capitán Madre Mía

Madre Mía

El Equipo Forense Especializado de la fiscalía en la cancha de fútbol de Yanajanca (Huánuco), donde encontraron los restos de Edgardo Isla Pérez. Según testigos, Isla habría sido asesinado por orden del ‘Capitán Carlos’. (Foto: Dante Piaggio)
Por Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.
Los familiares de las personas que murieron injustamente en los alrededores de la base de Madre Mía, en el Alto Huallaga, en 1992, deben estar pensado que quizá un día la justicia llegará a sus vidas.
Ayer, finalmente, la Cuarta Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos reabrió la investigación del Caso Madre Mía contra quienes resulten responsables. Los testimonios escuchados en los últimos meses a través de los medios de comunicación indican con precisión quién resultará responsable. Esperemos que las autoridades civiles estén a la altura de sus responsabilidades, porque en otras áreas no ocurre así.
El 31 de mayo, los policías Gino Apaza y John Bernales realizaban un patrullaje de rutina en la zona de Pasahuayco, en Huanta, Ayacucho, cuando fueron emboscados y acribillados por narcosenderistas que operan en el Vraem. Eran las 11:30 de la mañana cuando la columna del ‘camarada Antonio’ se encontró con ellos, los mató.
Al día siguiente, en Lima, el primer ministro Fernando Zavala dijo que “no se descansaría hasta encontrar a los asesinos”. Alguien debería informarle a Zavala que el cabecilla de esos asesinos ya había sido mortalmente herido y eliminado el 2 de setiembre del 2015 por la Brigada Especial de Inteligencia que manejó los dineros que se gastaron durante el gobierno de Humala en el Vraem, bajo la coordinación del viceministro de Políticas para la Defensa de entonces, Iván Vega.
Alguien debería decirle a Zavala que entre las farsas que se montaron en el Vraem en el gobierno anterior, y para las cuales se destinaron altos presupuestos clasificados como “secretos”, estuvo la falsa desaparición del sanguinario ‘camarada Antonio’, conocido también como ‘Pukañahui’, el mismo que encabezó el asesinato de los dos policías emboscados en Huanta el 31 de mayo último.
El primer ministro debería saber que cuando su despacho y sus asesores legales le niegan a la fiscalía anticorrupción el acceso a la información militar solicitada para resolver el caso de los pagos a los colaboradores fantasmas en el Vraem, solo está amparando farsas, montajes y crímenes.
La operación Guardián del Valle 2015, de la que derivó el cuento publicado en los medios adictos al gobierno el 6 de setiembre de ese año, sobre la posible muerte de ‘Antonio’, está clasificada en los archivos militares como “secreta”. Esa ‘operación’ costó la vida de cuatro soldados y es evidente que fue un fiasco. ¿Cuánto dinero desapareció en la justificación de sus gastos?
La PCM sostiene que no tiene competencia para conocer información clasificada como “secreto de Estado”, por lo que no puede intervenir si militares y policías se niegan a entregar la información que la fiscalía solicita para resolver los casos del dinero robado en el Vraem y del ‘escuadrón de la muerte’, un caso en el que no hemos profundizado en este artículo, pero que también está vinculado a la Brigada Especial de Inteligencia, que fue donde empezaron y terminaron las farsas criminales montadas en el gobierno del ‘Capitán Carlos’.
Ayer, en un sesudo y cuestionador artículo, Ricardo Uceda sostuvo que “la PCM abdica de sus funciones al evadir control sobre lo que lleva el sello de secreto en instituciones militares y policiales. Sobre todo si el mecanismo termina encubriendo graves delitos”.
El Gobierno ha cometido el tremendo error de mantener en sus cargos a los jefes militares y policiales nombrados por Humala. La Brigada Especial de Inteligencia, que hace dos años, supuestamente, eliminó al mando militar del narcoterrorismo en el Vraem que acaba de asesinar a dos policías que hacían patrullaje, estaba integrada por generales del Ejército en actividad y por el actual director de la policía, Vicente Romero.
¿Qué interés podrían tener estos poderosos oficiales en que se conozca realmente la verdad?Cuerpos de efectivos abatidos por narcoterroristas en Curumpiaria, la policía trabaja en la identificación y ubicación de los responsables.

Abdicación de funciones

Por Ricardo Uceda– Diario La República.

Falsificación de documentos en el caso Escuadrón de la Muerte. La DIRIN niega documentación al Ministerio. La PCM niega la misma documentación a los fiscales. La situación en manos de una jueza anticorrupción.
El premier. El informe de Zavala dice que la PCM no tiene competencia para conocer una información clasificada como secreta por alguna entidad pública…
El 22 de mayo pasado, Asuntos Internos del Ministerio del Interior exculpó de responsabilidad funcional a Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez, dos suboficiales acusados de participar en un asesinato de supuestos delincuentes en Piura, el 27 de febrero del 2015. Para ambos la fiscalía pidió prisión preventiva. ¿Cómo pueden estar imputados por asesinato sin haber infringido normas policiales? El caso tiene una insólita explicación y, como veremos, plantea una disyuntiva mucho mayor.
Asuntos Internos inició indagaciones para determinar si miembros de la Dirección de Inteligencia de la PNP(DIRIN) actuaron irregularmente en los hechos de Piura. Algunos de los policías involucrados pertenecían a esta dependencia. En múltiples oficios le pidió la documentación correspondiente a la PNP. La DIRIN no la entregó, con el argumento de que era secreta. En fuentes administrativas, sin embargo, el ministerio obtuvo papeles que justificaban solicitudes de dinero. Algunos eran muy interesantes.

La falsificación

Había, por ejemplo, un Plan de Inteligencia del 9 de enero del 2015, presentado ante la DIRIN, junto con un oficio que solicitaba la emisión de cinco papeletas para viaje de comisión de servicios a Trujillo, Chiclayo y Piura, del 10 al 22 de febrero del 2015. El equipo estaba integrado por el comandante Enrique Prado Ravines, el mayor Franklin Briceño, y los suboficiales Carlos Llanto, Noemí Santiago y Williams Castaño. Los documentos llevaban la firma del jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIRIN, el comandante Guillermo Bonilla Arévalo. Fue fácil comprobar que no era la firma de Bonilla. Al mostrársele los papeles, este comandante ratificó que nunca los había firmado.
Alguien falsificó, pues, la firma de Bonilla. Por otra parte, el plan establecía actividades de inteligencia del 10 al 22 de febrero del 2015, pese a que estas fueron realizadas entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Y no era la única contradicción en las fechas.

Más falsedades

Cuando los supuestos delincuentes ya estaban muertos hubo un informe administrativo disciplinario para emitir las felicitaciones usuales en este tipo de operativos. El reporte de Piura fue realizado el 4 de marzo del 2015 por el coronel PNP Raúl Moncada Baglietto. En el expediente se insertaron las declaraciones de Llanto, Santiago y Castaño. Pero están fechadas en la noche del 3 de marzo, en Piura, cuando los tres estaban en Lima. Santiago nunca viajó a Piura, y Llanto y Castaño se registraron en la sede limeña de la DIRIN el día anterior. Posiblemente estas manifestaciones nunca se rindieron.
Para solicitar viáticos a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP se empleó también el Plan de Inteligencia falsamente firmado por el comandante Bonilla. Como puede advertirse, hay más de una infracción administrativa, comenzando por la falsificación de la firma de un superior. ¿Quién la hizo? Aunque las sospechas se dirigen a quien es sindicado como el jefe operativo del llamado Escuadrón de la Muerte, Enrique Prado Ravines, Asuntos Internos no pudo concluir su trabajo y ni siquiera formalizar una indagatoria. Debía trabajar con información clasificada como secreta, que nunca estuvo a su alcance.

Problema mayor

El MININTER ha derivado sus hallazgos parciales a la Fiscalía de Crimen Organizado que investiga las supuestas ejecuciones extrajudiciales por parte de policías. Así el fiscal Álvaro Rodas tendrá mayores elementos respecto de cómo se organizaba un operativo. El material también ha sido enviado a Inspectoría de la PNP y a la Fiscalía Suprema Militar. Naturalmente, luego de todo esto queda abierta una gran pregunta: ¿con qué bases puede un organismo militar o policial impedir una investigación del gobierno sobre asuntos supuestamente secretos?
El problema es mayor, puesto que tampoco el fiscal Rodas obtiene documentación sobre estos operativos. La PNP no los entrega por ser secretos. Similar negativa recibió de las Fuerzas Armadas el fiscal José Domingo Pérez, que investiga malos manejos de fondos en el VRAEM. Ambos fiscales recurrieron al Primer Ministro, ante quien el Ministerio Público debe apelar cuando se le ha negado información estatal clasificada (este mecanismo lo establece el Código Procesal Penal). Las respuestas del Primer Ministro explican con toda claridad cómo ha podido llegarse a esta situación. En ellas, como ya ha trascendido públicamente, ratifica la negativa de los policías y los militares a entregar la documentación.Narcoterrorista Antonio, reaparece en emboscada contra policías en el VRAEM.

El no de la PCM

El 3 de mayo, en una segunda carta de respuesta al fiscal Pérez, el premier Fernando Zavala adjuntó un informe que se ha tenido a la vista para redactar esta nota, suscrito por Mónica Huerta y Edgar Ortiz, abogada y director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de su despacho. Es el documento que justifica la negativa. Dice que la PCM no tiene competencia para conocer una información clasificada como secreta por alguna entidad pública. En el Estado, añade, “no existe una autoridad que centralice o asuma rectoría respecto a aquellos documentos que sean clasificados como secretos”.
Sobre la información requerida para investigar los robos en el VRAEM, el informe precisa que el Ministerio de Defensa es el único responsable de su clasificación. Esto invitaría a pensar que fue el titular del sector, Jorge Nieto, o uno de sus antecesores, quien puso el sello de secreto a lo que el fiscal Rodas pedía. Pero no. Fue el Comando del VRAEM, según fluye de la documentación presentada en las audiencias judiciales. El ministro no dispuso la clasificación ni conoció lo que estaba siendo destinado a la oscuridad.

Lavada de manos

La PCM abdica de sus funciones al evadir control sobre lo que se pone el sello de secreto en instituciones militares o policiales. Sobre todo si el mecanismo termina encubriendo graves delitos. La Ley de Transparencia, esto lo sabe cualquier especialista, exige que para que un documento sea clasificado como secreto, reservado o confidencial exista una resolución, motivada en los dos primeros casos, y con fecha de expiración. En las situaciones referidas todo indica que esta formalidad no se cumplió: se presume secretos a todos los informes y operativos de inteligencia considerándolos como un montón. Si no reacciona el Poder Ejecutivo la situación terminará bajo el escrutinio de los jueces, el último recurso del Ministerio Público. Está pendiente lo que resolverá la jueza Sonia Bazalar, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Debe confirmar si la investigación del VRAEM se archiva por razones de Estado. Ayer fue la audiencia pública y los investigados, es decir los clasificadores, apoyaron la posición de la PCM.

Renuncia o interpelación

La titular del Legislativo, Luz Salgado, expresó que es “bastante grave” que Alfredo Thorne “haya involucrado la investidura del Presidente de la República” al condicionar el presupuesto de la Contraloría.“Es un mensaje terrible que tiene que verse en la Comisión de Fiscalización”, acotó en diálogo con RPP.
RENUNCIA. La difusión del polémico audio ha movilizado al Palacio Legislativo y congresistas de diversas bancadas han exigido la renuncia inmediata del integrante del gabinete ministerial, encabezado por Fernando Zavala. Para Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), con esta grabación queda confirmado que el titular del MEF presionó al Contralor para que dé el visto bueno al pasado contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
“El ministro Alfredo Thorne debe renunciar. Su audio, su actitud y su conducta como ministro es insostenible, inaceptable y repudiable”, señaló. Explicó que en el audio difundido queda claro y se confirma lo que desde la semana pasada se venía diciendo sobre el titular del MEF. “Hemos cuestionado su participación en el caso Chinchero y ahora demuestra no solo eso, sino el chantaje del ministro de Economía al Contralor”, precisó. En esta misma línea, el vocero alterno del fujimorismo, Daniel Salaverry (FP), se dirigió a Alfredo Thorne y le recomendó que mejor renuncie antes de atravesar por un proceso interpelatorio que podría empeorar su situación y la del mandatario Pedro Pablo Kuczynski. 
“Creo que debería renunciar para no someterse a este pliego de preguntas que va a complicar su situación y la situación del Presidente” , manifestó.De no renunciar -confirmó-, recién se le citará ante el pleno del Congreso para que responda el pliego interpelatorio. “Si no renuncia, tenemos la obligación de traerlo y que responda, porque esto es muy grave”, precisó. Asimismo, criticó al jefe de Estado por haber respaldado al titular del MEF. “El presidente Kuczynski ha dicho que no ha habido presión (en el audio), pero parece que el Presidente está en fase de negación o no ha escuchado los audios”, agregó.
El legislador “naranja” resaltó que el hecho de que Thorne haya mencionado al Presidente en esa conversación grabada, lo que también podría complicar la situación de Kuczynski.En tanto, el parlamentario Rolando Reátegui, también de FP, fue más enérgico y drástico al calificar a Thorne de “mandadero” del presidente PPK con relación al tema de Chinchero. “El ministro Thorne ha sido el mandadero, le han dicho ‘vete a hacer esto’, y quien le ha pedido eso es el Presidente, porque en el audio él toma varias veces el nombre del Presidente.
Eso quiere decir que él es el mandadero”, acotó.Sin embargo, pidió que primero se escuche al jefe del MEF en la Comisión de Fiscalización. “Él ha pedido por carta a la comisión que quiere explicar esto. Escuchémoslo mejor, pero que no vayan a pensar que nosotros queremos desestabilizar al Gobierno, porque él mismo ha pedido venir al Congreso”, precisó.
Explicó que interpelar de buenas a primeras al titular del MEF podría afectar la economía del país, pues a su parecer el Perú debe dar un ejemplo de nación responsable frente a los agentes económicos. En paralelo, en la bancada del Frente Amplio ya se viene cocinando una moción de interpelación contra Alfredo Thorne, según lo confirmó el vocero del grupo de izquierda Marco Arana. “Desde el miércoles pasado la bancada del Frente Amplio circula una propuesta de interpelación a Thorne. Están circulando firmas. Audio completo confirma pertinencia”, publicó en Twitter.
Fuente: Diario Correo.MULDER

Investigarán a las ONG que se beneficiaron con Odebrecht

Por Nancy Miller- Diario Expreso.
La comisión del Congreso que indaga sobre el escándalo Lava Jato investigará a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que recibieron aportes de la empresa brasilera Odebrecht, informó a EXPRESO el legislador Mauricio Mulder, quien indicó que las pesquisas se van a desarrollar dentro de los 180 días de ampliación que solicitarán –en breve– los miembros del referido grupo de trabajo.
El representante del Apra, quien integra el referido grupo de trabajo, adelantó que se profundizarán las investigaciones en torno al Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, ONG que tuvo como directora ejecutiva –entre los años 2006 y 2016– a la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero.
La referida ONG, vinculada a Alejandro Toledo, habría recibido importantes transferencias de dinero de la constructora Odebrecht entre 2009 y 2011. Se ha determinado que el exjefe de Estado constituyó el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia el 11 de agosto de 2011, es decir, solo dos semanas después que concluyera su mandato como jefe de Estado.
Existen indicios respecto a que mediante esta ONG de Toledo, se habría canalizado parte del dinero que recibió supuestamente de Odebrecht, el mismo que superaría los 20 millones de dólares de acuerdo con las declaraciones de un colaborador eficaz, según informes de representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de Panamá y Costa Rica.
TAMBIÉN IPYS
Mulder Bedoya dijo que también se investigará al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) debido a la donación de 220,150 dólares que recibió de Odebrecht entre 2014 y 2015, para la organización de premiaciones nacionales de periodismo.
No obstante, el parlamentario aprista sostuvo que las pesquisas que involucran a las ONG se obstaculizan, en la medida en que estas cuentan con el privilegio de no estar obligadas a informar cuáles son sus fuentes de financiamiento. Ello debido a que el Tribunal Constitucional les dio esa posibilidad hace algún tiempo con una sentencia que las favoreció.
“Una ONG es una fuente de blanqueo impune de dinero. Puedes crear una organización no gubernamental y de repente empezar a hacer grandes gastos y no tienes que declarar de dónde viene el dinero, porque el Tribunal Constitucional lo ha permitido así. Y por eso varios miembros del TC ahora tendrían ONG, según me han dicho. Eso lo estoy averiguando”, dijo el legislador.

Arce expulsado

Foto

La decisión fue tomada por el Tribunal Disciplinario del partido. La bancada del Frente Amplio (compuesta por 20 legisladores) está actualmente dividida en dos grupos: Tierra y Libertad, que encabeza el congresista Marco Arana y Nuevo Perú, liderado por la excandidata Verónika Mendoza. Cada facción tenía diez integrantes. Una vez que su expulsión sea oficial, el legislador deberá acatar la ‘Ley Antitransfuguismo’, que prohíbe su unión con otra bancada, su participación en nuevas comisiones de trabajo y su postulación a la mesa directiva del Congreso.
FotoRichard Arce está a punto de convertirse en otro parlamentario sin bancada. El Tribunal Disciplinario del partido Frente Amplio acordó su expulsión del bloque en el Congreso.
El Tribunal que respaldó la medida está conformado por María Elena Foronda, Zacarías Lapa y Humberto Morales, todos congresistas de la facción Tierra y Libertad, que lidera el legislador Marco Arana. La agrupación Nuevo Perú, que es encabezada por Verónika Mendoza e integrada por Arce y otros nueve legisladores, evaluará el oficio.María Elena Foronda pertenecería a la llamada facción liderada por Marco Arana. (USI)

En mayo pasado, Arce originó una polémica interna en el partido tras votar por la abstención ante un pedido de indagar a Marco Arana y Justiniano Apaza por presunta apología al terrorismo.
Fractura. La medida en su contra llega  luego de que la bancada retiró a Arce de la Comisión de Ética. Esta salida fue precedida por una polémica interna entre los grupos de Arana y Mendoza. Todo se originó cuando Arce se abstuvo de votar en contra del pedido que el grupo multipartidario impulsaba: investigar a Justiniano Apaza y al propio Arana por presunta apología al terrorismo. Tras la sesión, la facción de Tierra y Libertad circuló un comunicado a nombre del Frente Amplio para acusar a Arce de haber cometido una falta y un gesto infraterno.
Fuente: Radio Programas del Perú.

 

Diálogo sin sostenibilidad

José CarlosRequenaPor José Carlos Requena– Semana Económica.

Es relevante brindar una mayor estabilidad a quien suceda a Rolando Luque, quien estuvo 180 días en la jefatura de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad en la PCM.
En los últimos días, en medio de la amplia cobertura proporcionada a la emergencia ocasionada por huaicos y desbordes, dos hechos han pasado algo desapercibidos: la renuncia de Rolando Luque, ahora ex jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), y la primera entrevista brindada por el viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha. No son hechos menores, dado el profundo impacto que suelen tener los conflictos sociales en la actividad productiva del país, en especial en el referido a las industrias extractivas. Según de la Defensoría del Pueblo, a marzo de 2017, siete de cada diez (68.1%) conflictos sociales tienen su origen en torno a demandas socioambientales, referidas a industrias extractivas.

Oficina de Diálogo: ¿No hay quinto malo?

El 31 de marzo, el diario oficial El Peruano publicó la resolución que aceptaba la renuncia de Luque como jefe de la ONDS, tras seis meses en el cargo. El nombramiento de Luque, quien había acumulado una dilatada experiencia como observador y gestor de conflictos, había despertado cierta expectativa tras los más de dos meses que el Ejecutivo tardó en nombrar o confirmar a alguien en dicho cargo. Luque era la quinta persona nombrada en el cargo.
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Rol de ministros

Instalado en el cargo a inicios de octubre de 2016, Luque –que conservó a varios ejecutivos de la gestión de su predecesor, José Ávila– tuvo que lidiar, entre otros, con los conflictos de Las Bambas (el primer fallecido de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski) y la larga protesta fluvial de Saramurillo. En ambos casos, Luque trabajó de cerca a varios ministros, incluyendo el premier Fernando Zavala, y hasta al asesor presidencial Jorge Villacorta (de breve paso en dicho cargo), con quienes tuvo que establecer alguna relación que nunca terminó de parecer totalmente estrecha.

Un viceministerio más qué importa

No debió haber sorprendido, por ello, la creación de un nuevo viceministerio al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). A inicios de marzo, la PCM modificó su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), concretando la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial (Decreto Supremo 022-2017-PCM). En ese entonces, Luque tenía cinco meses en el cargo. Se nombró como el primer encargado de este viceministerio a Javier Fernández-Concha, un abogado proveniente de la actividad minera. Luque reportaría, brevemente, a Fernández-Concha.

Cinco conflictos

La primera aparición mediática de Javier Fernández-Concha no ha sido del todo afortunada (El Comercio, 7 de abril). Si bien tiene el mérito de haber querido sincerar el manejo de conflictos desde el Estado (su crítica a las mesas de diálogo, aunque inoportuna, no es desatinada; el respeto a la ley al que aspira es encomiable, aunque quizás poco realista), quedará marcada como una simple nueva contabilidad: ver cinco conflictos cuando se han venido reportando más de 200. Más importante, termina cargando su gestión hacia sólo uno de los tres sectores que le competen (los otros dos: descentralización y demarcación territorial).

Uno más, uno menos

Al margen de la contabilidad de conflictos, es relevante brindar una mayor estabilidad a quien suceda a Luque. Bajo distintas jefaturas, la ONDS ha pasado del activismo que le imprimió Vladimiro Huaroc cuando recién se instaló, lo que incluyó un mayor despliegue territorial, al marasmo de los últimos meses del humalismo, donde las mesas de diálogo se habían burocratizado notablemente (en algún momento se hablaban de 200). Gran parte del personal se mantuvo, pero perdió dinamismo por celos y ‘desinteligencias’ al interior del Ejecutivo.
Entre las cinco personas que han ocupado el hoy devaluado encargo, dos han superado el tiempo promedio de duración (310.4 días). El dato puede parecer anecdótico, pero la sostenibilidad de una oficina de esta importancia es un elemento fundamental para la gestión de los conflictos. Como se sabe, un entorno social propicio favorece el clima de inversiones.
JefesDuracion

Al cierre no se conocía al sucesor de Rolando Luque. El viceministro Fernández-Concha parece tener un nuevo énfasis: que al plasmarlo tenga en consideración que tan importante como contar conflictos es saber con quién se cuenta.

Nelly Evans Risco, la cajera

Agentes del GEIN, Joe Sánchez y Felix Castro vigilaron casa en el 459 de la calle 2 en San Borja durante un mes antes de la intervención.

Agentes del GEIN, Joe Sánchez y Felix Castro vigilaron casa en el 459 de la calle 2 en San Borja durante un mes antes de la intervención.

La Cacería de ‘Gonzalo’

Por Juan Rosales- Revista CARETAS

A 25 años de la captura de Abimael Guzman, la historia del primer indicio que marcó el camino para llegar al líder de Sendero Luminoso.

Corrían los primeros días de mayo de 1990 cuando el ingeniero Carlos Torres Mendoza, fundador de Sendero Luminoso (SL), fue descubierto ingresando a una residencia  ubicada en el  acomodado distrito de San Borja, a unos cuántos metros del Pentagonito. Había dado demasiadas vueltas antes de llegar como para tener en su poder una de las llaves.
Encontraron lentes de Guzmán.

Encontraron lentes de Guzmán.

Era evidente, concluyeron los agentes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que Torres intentaba despistar a un eventual perseguidor. Anotaron la dirección: 459 la calle 2, en San Borja.
Fueron delegados con la misión de custodiar la vivienda el capitán Félix Castro Tenorio y el alférez Joe Sánchez Alva. Trabajaban desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Terminado su turno, debían preparar un informe sobre todo lo visto durante la jornada. “No teníamos logística y recién estábamos explorando un nuevo campo para nosotros: la inteligencia”, recuerda Sánchez en conversación con CARETAS.
Abimael tomaba ansiolíticos para la depresión por la muerte de su esposa.

Abimael tomaba ansiolíticos para la depresión por la muerte de su esposa.

Dos meses atrás, un 5 de marzo, Castro y Sánchez habían sido convocados por el comandante Benedicto Jiménez para formar el GEIN. Completaban el grupo los agentes Jorge Luna y Carlos Iglesias. Apoyaron al grupo el general Fernando Reyes Roca y el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla. Comenzaron cinco, pero llegaron a ser más de 80.
Agentes del GEIN incautaron regalos para Guzmán y su archivo personal.

Agentes del GEIN incautaron regalos para Guzmán y su archivo personal.

Hasta entonces la estrategia antiterrorista tenía como eje el uso de la fuerza mediante la organización de redadas preventivas. Era frecuente la detención de militantes de base de SL, pero nadie tocaba a los miembros de la cúpula. Los miembros fundadores del GEIN le dieron un giro a esa fórmula. Aplicando trabajo de espionaje y seguimiento, apuntaron a la cúpula de la organización.
“Sabíamos quienes tenían las llaves de las casas y a ellos los capturábamos afuera. Antes se entraba rompiendo la puerta y te esperaban a balazos”, cuenta Castro. Una premisa sencilla orientaba su trabajo y el de sus compañeros: investigar antes de apresar. Los éxitos no tardarían en llegar.
El 1 de junio el GEIN dio su primer golpe, aquel que marcaría el derrotero para la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992. “Que se desate la tormenta”, ordenó Benedicto Jiménez aquella noche. Detuvieron a 37 personas y fueron allanadas de forma simultánea una veintena de casas sospechosas de acoger actividades senderistas. Una de ellas fue la que está situada en la calle 2, en San Borja. Lo que encontraron allí fue un auténtico “tesoro”.
Agentes del GEIN.

Agentes del GEIN.

En la vivienda de 600 metros cuadrados, organizada con cuatro habitaciones y un amplio jardín, encontraron la biblioteca personal de Abimael Guzmán, el archivo del partido, propaganda política, regalos para el “Presidente Gonzalo” como cuadros, tapetes, maletines e incluso un ejemplar de la “Entrevista del Siglo” firmada de su puño y letra por Guzmán.
Guzmán vivió en dos viviendas ubicadas a pocos metros del Pentagonito.

Guzmán vivió en dos viviendas ubicadas a pocos metros del Pentagonito.

Entre los documentos incautados figuraban actas de sujeción al líder, cartas con quejas y cuestionamientos a los mandos por falta de suministros, informes de planificación y ejecución de atentados. Sin mencionar los escritos sobre reglajes a jueces, fiscales, militares y otras autoridades del Estado.
Senderista Carlos Torres Mendoza.

Senderista Carlos Torres Mendoza.

Pero la evidencia que mejor describía el funcionamiento del aparato de SL fue un acta del Primer Congreso, celebrado en tres sesiones entre 1988 y 1989. La última de ellas tuvo lugar en esa misma casa el 26 de junio de 1989. “La operación validaba la metodología de trabajo que habíamos comenzado a desarrollar. Nunca antes habíamos tenido información tan secreta e importante”, comenta el general  PNP Carlos Morán.
Los agentes también llevaron consigo otros objetos que les permitieron perfilar los gustos y dolencias de Guzmán. Fumaba cigarrillos rojos de la marca Winston y bebía vodka. En su escritorio hallaron lentes, pastillas para hongos, ansiolíticos, laxantes y vitaminas. Se estima que Guzmán vivió en esa casa hasta quince días antes de la intervención. Por primera vez la Policía le pisaba los talones.
Durante el operativo también fueron apresados dos miembros  del Departamento de Apoyo Organizativo (DAP): Elvia Zanabria Pacheco, encargada de resguardar el archivo y, por supuesto, Carlos Torres Mendoza. Ambos eran asiduos visitantes de la casa. También fue detenida, Sybila Arredondo, miembro del Comité Político.
La casa pertenecía a un empresario que alquilaba la casa por US$ 1,000 mensuales a Rosa Hasemberg Armh, secretaria de Abimael y coordinadora de los mandos regionales con el Comité Central. Entre los papeles recabados por los agentes saltó a la vista un nombre de vital importancia para la posterior caída de Guzmán: Luis Alberto Arana Franco.
Casa de la calle Buenavista 265, en Surco, alquilada por Nelly Evans.

Casa de la calle Buenavista 265, en Surco, alquilada por Nelly Evans.

Su nombre figuraba en facturas de compra de muebles de escritorio. Fue detenido el 25 de junio de 1992. La información proporcionada por Franco a cambio de libertad, protección y una nueva identidad, permitió identificar a Maritza Garrido Lecca, cuyo seguimiento permitió a los agentes del GEIN identificar el refugio final de Abimael en una academia de baile en Surquillo.
Abimael Guzmán durante el funeral de su esposa Augusta La Torre en la residencia de la calle 2 en San Borja.

Abimael Guzmán durante el funeral de su esposa Augusta La Torre en la residencia de la calle 2 en San Borja.

Un  recibo de un precontrato de arrendamiento a nombre de Nelly Evans Risco por US$ 700, encontrado también en el allanamiento, fue la pista que llevaría a poner bajo la mira otra casa en las inmediaciones del Pentagonito. “Como buen maoísta, Abimael Guzmán, seguía las estratagemas chinas. Estas dictan que debes meterte donde está el enemigo, donde eres menos visible”, apunta el comandante John Káser Ocharán. La casa estaba situada en Buenavista 265, Chacarilla del Estanque. Llegaron allí siguiendo a Arana Franco. Fue alquilada a Nelly Evans Risco por un oficial de la Marina que se encontraba como agregado militar en el extranjero.
Durante la vigilancia detectaron que Evans a comenzó a trasladar cajas de la casa de Buenavista a un departamento en Balconcillo, La Victoria. Los agentes golpearon ambos objetivos el 31 de enero de 1991. En ese operativo se encontró el famoso video de Guzmán bailando como “Zorba el Griego y el del funeral de Augusta La Torre, que tuvo lugar en la casa de la calle 2. Las imágenes permitieron identificar a toda la cúpula senderista. Meses después, un  encrespado Abimael aparecería alzando el puño tras las rejas.Mantilla apoyó creación del GEIN.

Mantilla apoyó creación del GEIN.

La crisis extrema

Ofensiva contrasubversiva y contraofensiva estatal (27 de marzo de 1989-12 de septiembre de 1992)
1. La creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la DIRCOTE
En los últimos meses del gobierno aprista, como consecuencia de discrepancias internas, sería creado en la DIRCOTE el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que, rebautizado como DIVICOTE-1, lograría lo que hasta el momento parecía imposible cumplir: la captura del líder máximo del PCP-SL, Abimael Guzmán Reinoso.
En enero de 1990 el general PNP Edgar Suclla Flores, un oficial no familiarizado con el trabajo de lucha contrasubversiva –proveniente de la especialidad y trayectoria profesional de investigación criminal- asumiría la dirección de la DIRCOTE. Sin entender la especificidad de la labor de análisis de información que era necesaria para el trabajo en curso en la DIRCOTE (lucha contra la subversión), las diferencias de enfoque sobre cómo abordar el trabajo entre Jiménez -hábil analista de la unidad- y Suclla no tardarían en evidenciarse (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). El incidente es relatado por Javier Palacios, quien ese año se encontraba fuera de la DIRCOTE siguiendo sus estudios de especialización en el Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP): Cuando dicen que Mao Tse Tung, que el habeas corpus… ¡Fuera de acá! Lo botaron. Jiménez va y me busca a mí […] ¡Pero cómo te van a botar si tenemos el trabajo arriba! Fuimos a hablar con Reyes Roca y le dije «Mi general, a mí me pueden botar. Yo ya estoy afuera. Él es [el] que está quedando y él es el único que puede seguir en este trabajo.» Al costado de Reyes había un depósito, un cuarto y limpiamos el cuarto y ahí pusimos unos papeles […] felizmente para éxito formó el equipo y con eso ya comenzó a capturar, o sea se volvió una DINCOTE chiquita (ibid).
El Teniente General PNP Reyes era aún en ese momento director superior de la Policía Técnica (ex PIP). Reyes había comandado la DIRCOTE entre 1984 a 1987 y conocía muy bien el trabajo que desde entonces realizaban esta unidad y sus efectivos. Sabía de la habilidad de Jiménez como especialista para el análisis de documentación del PCP-SL, fruto de un trabajo arduo y aprendizaje de años. Molesto con el cambio intempestivo, Reyes ordenó que le asignaran una oficina en el tercer piso del edificio de la Central Operativa de Investigación Policial y al capitán PNP Alcides Vigo Hurtado -conocido como EDICOPIP- y al personal que solicitase de la DIRCOTE (Jiménez op. cit.; Teniente General Reyes op. cit.).
Formalmente, este grupo fue parte de la DIRCOTE, pero empezó a trabajar independientemente de las labores cotidianas de dicha dirección. Reyes aceptó que el grupo le diera cuenta directamente de sus acciones. Por otro lado, para las gestiones administrativas el GEIN, dependería del coronel Manuel Tumba Ortega -jefe del Estado Mayor de la DIRCOTE y mártir de la unidad desde que fuera asesinado por PCP-SL el 5 de noviembre de 1992-. En los meses siguientes y, también luego, una vez retirado de su cargo, Reyes gestionaría la obtención de recursos para el nuevo grupo como asignaciones para movilidad y refrigerios de los agentes que realizaban seguimientos. Asimismo, consiguió que la Marina los apoyase con unos vehículos y un equipo de filmadoras (Teniente General Reyes op. cit.; coronel PNP Jiménez, Entrevista CVR 16.9.02). Su servicio de inteligencia estaba interesado en estar al tanto de su trabajo. Por ello, además de los recursos, asignó al GEIN un chofer y dos analistas que permanecerían en el GEIN hasta mediados de 1991(Coronel PNP Jiménez op. cit.). Especialmente desde ese año, el GEIN contaría -a diferencia de lo sucedido en muchos años con la DIRCOTE- con un apoyo económico considerable traducido, sobre todo, en equipamiento. El gobierno norteamericano a través de la CIA fue uno de sus soportes más importantes. Sucedería lo mismo con otros grupos de la DIRCOTE más adelante.
El grupo se propuso como objetivo dar, finalmente, el segundo paso en la estrategia hacia la desarticulación del PCP-SL, que hasta ese momento no había sido posible concretar: desarticular el aparato político del PCP-SL. Quedando a cargo del resto de grupos operativos (Deltas) la labor de contrarrestar las acciones del aparato militar del PCP-SL, el GEIN pudo dedicarse exclusivamente al objetivo propuesto. En efecto, como explica Palacios: ¿Qué pasó? Ellos [GEIN] ya comenzaron hacer seguimientos, vigilancias a más profundidad. ¿Por qué? Porque ellos no recibían detenidos, ellos ya no recibían. En la DINCOTE habían veinte atentados y venían los trabajos de investigación, tenían dos fiscales…Él [Jiménez] no, trabajaban aparte. Entonces él trabajaba a su ritmo, él solo se desarrollaba y se medía, y bueno logró formar un buen equipo de trabajo y la Marina lo apoyo con vehículos. Posteriormente se recibió cierto apoyo del exterior para alquilar vehículos para hacer seguimientos, para las filmaciones, para poder tomar ambientes y alquilar para poder vigilar. Entonces el trabajo básicamente es de Benedicto con Miyashiro, como cabecera. (coronel PIP Palacios, 23.8.02).
Efectivamente, el GEIN terminaría comandado por Marco Miyashiro. Siendo amigos desde cadetes, aunque de diferentes promociones, en los primeros días de trabajo del nuevo grupo Jiménez recurrió a Miyashiro para que lo apoyase con personal y equipos básicos con los que aún no contaban, como walky talkies. Jiménez invitará a Miyashiro a unirse a su grupo y comandarlo, como correspondía debido a su mayor antigüedad desde la escuela (general PNP Miyashiro op. cit.; Jiménez op. cit.).
El 5 de marzo de 1990, el GEIN inicia su primera operación de inteligencia, bautizada Isa. La camarada Isa, integrante del Grupo de Apoyo Operativo (GAP) del PCP-SL, había sido detenida en 1986 por la DIRCOTE. Ésta salió poco tiempo después en libertad por falta de pruebas. Ese mismo año, la madre de un joven captado a las filas del PCP-SL por Isa, dejó en la DIRCOTE una carta con el teléfono y dirección de aquella. Jiménez guardará la carta argumentando que dejó estos datos «para mejores circunstancias ya que las condiciones no eran propicias para entrar a la fase de inteligencia. La DINCOTE no trabajaba aún, no entraba a este método de trabajo, obtenía buenos resultados en base a la captura de miembros de los destacamentos, pero aún no había encontrado la vía adecuada para llegar a las cabezas de los grupos subversivos (el PCP-SL y el MRTA)» (Jiménez op. cit.: 707). En 1990, iniciaría la labor de su grupo utilizando los datos que había guardado por casi cinco años.
El primero de junio de ese mismo año, el GEIN alcanzará su primer logro. Ese día, se allanó la casa ubicada en la Calle 2 459 urbanización Monterrico Norte, donde hasta pocos días antes se alojaba Guzmán. En dicha casa funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo (DAO), aparato central que tenía como misión principal organizar los eventos partidarios y retrasmitir las directivas de la Dirección Central hacia los comités y aparatos partidarios. Asimismo, debía llevar una especie de archivo central de los documentos partidarios. En esa oportunidad, cayeron dos instancias que dependían de la dirección central del PCP-SL: el referido DAO, a cargo de la abogada Elvia Nila Sanabria (a) Juana y el Grupo de Apoyo Partidario (GAP), a cargo del camarada David, Carlos Torres Mendoza, que había tejido una red de viviendas y de distribución de propagandas senderista a nivel nacional. Entre los detenidos se encontró también a María Sybilla Arredondo Guevara, viuda del escritor José María Arguedas, y que había sido liberada años antes por la justicia aduciendo falta de pruebas después de haber sido detenida por la DIRCOTE. En la casa se halló también una lista para los contactos con miembros de los aparatos centrales del PCP-SL, que contenía los seudónimos, teléfonos y direcciones.
Después de esta operación, remarca Jiménez, PCP-SL se abre como una «caja de Pandora» (ibid). Para él, la caída de esta casa (segunda en importancia) fue «el principio del fin de Sendero Luminoso.»( ibid: 721). Un hecho similar fue declarado a propósito de la intervención dirigida a la prensa por el aún ministro del Interior Mantilla, quien subrayó enfáticamente que para el PCP-SL era el comienzo del fin (Ideele n.° 15, Julio de 1990). En efecto, como relata Jiménez, este hecho sorprendió al gobierno e hizo a Mantilla arrepentirse por haber privilegiado el financiamiento de otras unidades policiales antes que la DIRCOTE: […] usted conoce que había una doctrina netamente militar. En ese entonces cuando entra las FFAA, la solución era militar. Y todo el apoyo se iba para allá. Incluso cuando el partido aprista, el primero de junio del año 90, cuando se interesa Mantilla en nosotros. Porque nosotros empezamos y nadie se interesó en nosotros. Cuando vemos Mantilla está en la casa y Mantilla da la conferencia de prensa y las primeras cinco camionetas nuevas que nos dieron fue justamente en ese momento. Recién en el noventa. Porque incluso el mismo Mantilla después iba a la oficina y se sentaba en un sillón todo viejo y él decía ‘Pucha que nos hemos equivocado’, decía. O sea, todo el interés estaba puesto en la solución militar, la Fuerza Armada, en el campo, todo. Pensaban solucionar allí el problema, cuando no se dieron cuenta que la solución era tan simple, ¿no?, de inteligencia (coronel PNP Jiménez op. cit.).
Hasta entonces, el GEIN trabajaba aún con varias limitaciones logísticas para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, su importancia radicaba en los conocimientos de lucha contrasubversiva que sus hombres (y mujeres) tenían (DIRCOTE, op. cit.). Todos sus miembros habían logrado una especialización y aprendizaje prácticos en el curso de su desempeño de la DIRCOTE. Ellos recopilaban manuscritos, pruebas, documentos y todo material referido a los grupos subversivos. Además, continuaron con la labor iniciada por los psicólogos y sociólogos de la DIRCOTE, confeccionando guías de antecedentes y lazos familiares de los capturados que permitieran establecer un perfil de los cabecillas (ibid). Tal como Palacios hiciera en los primeros años de la DICOTE los primeros organigramas para tratar de comprender al PCP-SL, ellos comenzarían a hacer sus «arañas» trabajando sobre todo la información hasta el momento recopilada y analizada sobre Socorro Popular. Aprovechando el trabajo que avanzó el grupo de análisis especial en la forma de asesoría Legal -desactivado ese año- continuaron reconstruyendo con la información incautada las relaciones que los miembros de PCP-SL entablaban dentro de su complejo sistema de compartimentaje. Sólo meses después -en 1991- y luego de un arduo trabajo, llegarían a conocer quiénes eran los miembros del Comité Central de SL.
Estos primeros meses fueron difíciles para los efectivos dedicados a esta labor. Como los miembros del GEIN no lograban aún resultados concretos (la eficacia era medida usualmente dentro de la cultura policial por el número de detenidos), diversos miembros de la DIRCOTE se burlarían aún de ellos llamándolos los «cazafantasmas». (Jiménez op. cit.; Teniente General PNP Reyes op. cit.; General PNP Jhon Caro, Entrevista CVR 23.4.03); EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 13.2.03).2. La despolitización de la Policía Nacional del Perú
La existencia de una aparente politización de la policía durante el gobierno aprista fue denunciada más de una vez, sobre todo a inicios de la década del noventa. Además de los nombramientos de puestos de confianza, se señala que durante dicho período se utilizaron dos mecanismos que distorsionaron en buen grado la línea de carrera policial (general PNP op. cit.). Por un lado, se aprovechó la figura del ascenso por acciones distinguidas para favorecer a ciertos efectivos que no lo merecían. «Me refiero a aquellos que, por el amiguismo, el padrinazgo, fueron ascendidos» (ibid). Se señala, por ejemplo, que la unidad engreída de Mantilla fue la DOES y que mucha gente ascendía simplemente por servir allí. De otro lado, se abusó del mecanismo de ampliación de vacantes para los ascensos para con miras a favorecer a aquellos efectivos escogidos que, según la foja de rendimiento profesional, no alcanzaban por méritos propios un lugar en las vacantes previamente establecidas.
Basándose principalmente en este tipo de argumentos políticos, y en medio de investigaciones en curso sobre la vinculación del ex Ministro del Interior con el llamado “Comando Rodrigo Franco”, una de las primeras medidas que asumió el nuevo gobierno desde el sector Interior fue realizar nuevamente una gigantesca purga en la PNP. Se consideró, en especial, la salida de los oficiales que consideraron más cercanos a Mantilla (DESCO, Resumen Semanal n.° 580, 26 de julio-2 de agosto de 1990). Ante la actitud drástica y rápida con que se procedió a la purga de policías, miembros del Congreso demandarían al Ministerio del Interior una explicación y sustentación de la medida. (DESCO, Resumen Semanal n.° 581 3-9 de agosto de 1990).
La respuesta de los policías ante las bajas, dadas con aparentes vacíos legales, no se hicieron esperar. Conocidos jefes operativos de los estamentos policiales manifestaron su total desacuerdo por la decisión que los separó de sus cargos y no se les otorgó, de acuerdo a ley, el derecho a la defensa (ibid.). Unas semanas después se confirmaría que el proceso de bajas no había sido del todo claro. En octubre, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, presidida por el vocal Manuel Marilú Galvez, ordenó la inmediata reposición al servicio activo de la PNP del general Raúl Chávez Gonzáles y el coronel Víctor Cancino Rincón, quienes dirigieron la investigación en el caso “Villa Coca”. Ellos fueron dados también de baja en la purga decretada por el gobierno entre los altos mandos policiales (DESCO, Resumen Semanal n.° 590, 5-11 de octubre de 1990). Por lo menos sabemos hoy, que en estos casos hubo una intención premeditada del ya por entonces asesor Vladimiro Montesinos. Las investigaciones del caso Villa Coca, echaban luces sobre sus vinculaciones con narcotraficantes.
El malestar entre el personal policial se agudizaría luego de conocerse que el nuevo gobierno acompañaría estas medidas con una nueva reestructuración organizativa de la policía. No obstante, la decisión estaba tomada y no se retrocedería luego. Esperando que esto suceda y encontrando que, efectivamente, existía un exceso de personas en altos mandos de la policía, el Senado aprobó diferir los ascensos a la clase inmediata superior de 16 altos oficiales propuestos por el Ejecutivo hasta que se conociera la nueva estructura orgánica policial (DESCO, Resumen Semanal n.° 599, 7-13 de diciembre de 1990).
3. El retorno de los militares
Si bien se denunció que durante los años de gestión del gobierno aprista se produjo un proceso de politización de la policía, el gobierno del independiente Alberto Fujimori Fujimori significaría, entre otras cosas, el retorno de los militares a posiciones de poder (de facto) y la extensión y organización de la corrupción en diversas instancias estatales, a las cuales la policía no sería ajena. Con la asunción del nuevo gobierno, el control del sector Interior y, con ello, el de la policía, sería asignado nuevamente a los militares. En total, el sector Interior contó con siete ministros durante los dos gobiernos de Fujimori Fujimori. De ellos, seis fueron generales del Ejército -dos en retiro y cuatro en actividad- y uno el primer policía que asumía la conducción del sector en la historia del Perú, aunque por menos de un mes. En todos estos años no se contó con ningún civil en un puesto de dirección política como éste.
Pronto se empezaría a denunciar la militarización del sector y, consecuentemente, de la policía. Pero no solamente porque la conducción política del sector quedaría a cargo, sucesivamente hasta el año 2000, de generales del Ejército. A ello se sumaría que, varios militares irán asumiendo los altos cargos de dirección en el Ministerio que, hasta entonces, estuvieron en manos de policías o civiles. Los militares llegarían así a controlar toda la estructura del ministerio, especialmente los puestos de alta dirección (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03). Coroneles y generales del Ejército Peruano tuvieron a su cargo, entre otras, la Oficina General de Administración (OGA) -que centralizaba las licitaciones para abastecer de uniformes, equipamiento e implementos para el personal policial, incluyendo la compra de armas-, la Dirección de Control de Armas de Uso Civil (DISCAMEC), la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), así como las principales asesorías del sector (Caretas 1508, 15 de marzo de 1998). Asimismo, afirmando su preeminencia ni bien llegando al Ministerio, los militares se llevarían el personal, los equipos y archivo de informaciones de la DIGIMIN al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) (general PIP Luque op. cit).
El temprano acercamiento de Alberto Fujimori Fujimori con las FFAA se especuló en algunos diarios en esos primeros días del gobierno. El 3 de agosto de 1990, Expreso presentaba como un trascendido que el presidente Fujimori Fujimori había aceptado una sugerencia presentada por asesores y altos jefes militares para que las Fuerzas Armadas asuman el control total de la lucha contra el narcotráfico y la subversión (DESCO, Resumen Semanal n.°580 26 de julio-2 de agosto de 1990). La nota continuaba. «Se supo, incluso, que en las próximas horas quedaría totalmente desactivada la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) y en su lugar sería creada otra entidad a cargo de las FFAA» (ibid). Aunque de hecho la DIRCOTE no fue desactivada, la noticia alertaba sobre los movimientos de correlaciones de poder que las FFAA y ya por entonces Vladimiro Montesinos desde el SIN preparaban los pasos que seguirían.
En medio de cambios, estos primeros fueron días de incertidumbre y especulaciones por la aparente cercanía del nuevo gobierno a las FFAA. Una nota aparecida en la sección «Confidencias» del diario La República, el 12 de agosto de 1990, informaba que […] a fin de no agitar más las aguas, el gobierno estudia la posibilidad de nombrar como viceministro del Interior al coronel PT Javier Palacios Ortiz, pieza imprescindible de la DIRCOTE. De este modo se intenta “desmilitarizar” al importante ministerio que está dirigido por el general EP Adolfo Alvarado Fournier. Sin embargo, Alvarado ha tropezado con la oposición de algunos miembros de su propia institución que consideran a Palacios, respetado por su valiosa y efectiva labor antisubversiva, como una persona difícil de convencer en un campo que muy pocos dominan como él (La República 12.8.90).
El nombramiento de Javier Palacios como Viceministro del Interior no fue concretado. Un oficial trabajador, con opinión propia, que en años anteriores no había escatimado en críticas cuando lo consideró pertinente, se había hecho de diversos enemigos, tanto en las FFAA como entre miembros de la propia policía (especialmente de la antigua GC, en ese momento Policía General). Al conocerse la noticia, los contactos no tardaron en ser establecidos. Palacios sería acusado ante el nuevo gobierno de aprista, por la cercanía que mantuvo en coordinaciones de trabajo de la DIRCOTE con el ex Ministro Agustín Mantilla. En 1991, tras una confrontación con el SIN, el oficial que había empeñado más de diez años de su vida en la DIRCOTE sería asignado a la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales (DININCRI) de la policía, para él una suerte de castigo que buscaba «enfriarlo». No era posible que el gobierno sustentara ese año su baja, pues era un oficial reconocido públicamente por su trayectoria en la DIRCOTE. Luego de ser paseado por diferentes unidades, en 1995, sería dado de baja sin haber logrado siquiera, ser ascendido a general. Mientras tanto, las FFAA irían consolidando nuevamente su primacía en el sector.
A lo largo de esta década, el control militar en el sector interior reforzaría una visión militarista de la policía (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03). Por ello, en los años siguientes diversos medios y analistas no tardarían en denunciar lo innecesario y peligroso de la evidente militarización en curso.
4. El seguimiento de los pasos dados por los grupos especiales de la DIRCOTE
Como es de esperarse, la purga de oficiales iniciada por el gobierno, fue acompañada con el cambio del comando de varias unidades policiales. El 30 de julio de 1990 fue nombrado como director general de la PNP el teniente general Adolfo Cuba y Escobedo. El mismo día, se nombró también a los generales PNP Víctor Alva Plasencia, Humberto Fuentes López y José Zuta Valqui como directores superiores de la Policía general, Policía Técnica y Policía de Seguridad, respectivamente. Mientras tanto, el general PNP Enrique Oblitas Jaén sería nombrado como nuevo director de la DIRCOTE.
A pesar de las dificultades iniciales y de ver pasar al retiro a su gestor y protector, la labor del GEIN prosiguió. La información recabada en la casa de la Calle 2, permitió ubicar a los camaradas Abel (Luis Arana Franco) -jefe del Grupo Especial de Trabajo, componente del aparato de logística del PCP-SL, que operaba desde la Academia PreUniversitaria César Vallejo- y Ricardo (Hugo Deodato Juárez Cruzattt) -responsable del aparato de propaganda de SL-. Se inician, por tanto, dos nuevas operaciones para el seguimiento del rastro de los mismos: la Operación Huascaura, destinada a desarticular el aparato de logística del PCP-SL y la Operación Monterrico 90, destinada al seguimiento del aparato de propaganda. La intervención operativa de esta última, del 15 al 19 de septiembre de 1990, culminará con la captura del 80% de los integrantes del aparato de propaganda, incluyendo a su responsable, Hugo Deodato Juárez Cruzatt. Según Jiménez (op. cit.), este último era considerado por Guzmán como su delfín y debía sucederlo si algo le pasaba.
En diciembre de 1990, el general PNP Héctor Jhon Caro es nombrado como nuevo director de la DIRCOTE. Para ello, «se había movido la Cruz Roja Internacional […] porque no les dieron entrada. A mí me plantearon que todos los días deberían entrar hombres a conversar con los detenidos y una serie de cosas, y sabían que la gente ahí se colgaba y en la DINCOTE [entonces DIRCOTE] (General Jhon Caro, Entrevista CVR 23.4.03).
Jhon Caro brindará mayor apoyo al conjunto de los grupos operativos de la DIRCOTE. Propuso además a Javier Palacios -que acababa de regresar del INAEP- conformar un grupo especial similar al GEIN, para fortalecer el trabajo de búsqueda de los dirigentes principales de los grupos subversivos. Dicho grupo sería bautizado por Palacios como Brigada Especial de Detectives (BREDET) en 1991 cuando fue a pedir apoyo económico a representantes del Departamento de Estado de los EEUU. El BREDET aprovecharía para su trabajo los datos proporcionados por informantes u obtenidos de las mesas de escucha instaladas en sus hogares. Asimismo, fue vinculado a una institución que ofrecía recompensas por la captura de los dirigentes miembros del PCP-SL y del MRTA, conocida como La Fuerza de la Ley. Ésta dispuso una línea telefónica para recibir información, que fue analizada por los efectivos de la BREDET.
Palacios fue cambiado de la DIRCOTE durante ese año, luego de negarse a cumplir una orden dada por Vladimiro Montesinos desde el SIN. Éste envió al BREDET una lista de personas sindicadas como terroristas y ordenó a dicho grupo elaborar un atestado para poder aprehenderlas. Palacios se negó a ello, luego de constatar que, salvo en un caso, nada en sus antecedentes indicaba una vinculación con los grupos subversivos. Respondió que sólo cumpliría con la orden si ésta era puesta por escrito. Como castigo por su osadía, sería alejado poco después de la DIRCOTE. Además de la confrontación, Palacios contaba con el mal antecedente de haber participado en la investigación sobre el caso Villa Coca en 1985. Se especula que esa fue otra de las razones de su cambio, como sucedió también con otros policías de importancia en la DIRCOTE: «[…] el coronel Palacios que es una eminencia. ¿Por qué lo sacan a Palacios? Tuvo la misma que esos tres muchachos que le conté [Díaz Marín, Elías y Murazzo, miembros notables de la DIRCOTE] […] y ellos siendo tan importantes para la DINCOTE fueron sacados. A Palacios lo sacan por lo mismo, porque Palacios también estuvo en Villa Coca y desde la cárcel, Reynaldo Rodríguez seguía dirigiendo» (General PNP Jhon Caro op. cit.). Después de la salida de Palacios, el comandante Gonzáles asumiría la conducción del BREDET.
Por su parte, en enero de 1991 el GEIN seguía trabajando, contando para ello ya con veinte agentes. Mientras que el comandante Marco Miyashiro comandaba el grupo, el mayor Jiménez estaba a cargo del departamento de operaciones (Jiménez, op. cit.). El tercer miembro de importancia en la dirección del grupo era el mayor Luis Valencia. La organización iba consolidándose y ganando mayor credibilidad dentro de la DIRCOTE superando las limitaciones iniciales.
El GEIN dedicó este primer mes del año a la consolidación de la Operación Caballero. Habían ubicado e iniciado vigilancia a una casa de aparente importancia para la organización del PCP-SL. Al finalizar el mes, el día 31, procedieron a su intervención. Se encontró que en esta casa, ubicada en la calle Buenavista en Chacarilla del Estanque, San Borja, venía funcionando el Departamento Central del PCP-SL. Si bien no llegaron a tiempo para encontrarlo, recogieron información valiosa incluyendo el conocido video en que aparecía Guzmán en una reunión social bailando Zorba el griego, acompañado de importantes miembros del partido. Este video sería de especial importancia pues permitió contar por primera vez con imágenes recientes de altos mandos del partido. Asimismo, se encontró información detallada sobre el I Congreso Nacional del PCP-SL, cuyas sesiones se realizaron entre el 26 de enero de 1988 y el 29 de junio de 1989. Estos documentos permitieron recién a los policías del GEIN saber, con exactitud, quiénes eran los miembros del Comité Central, del Buró Político y de otros organismos importantes del PCP-SL (coronel PNP Jiménez, Entrevista CVR 16.9.02). En esta oportunidad se logró también detener a Nelly Evans Risco de Álvarez Calderón y otros subversivos (DIRCOTE op. cit.).Celebremos el 5 de abril de 1992Especialmente después de este golpe, los servicios de inteligencia tomarán cada vez mayor interés en el trabajo que el GEIN venía realizando. A la cooperación inicial de la Marina, se sumó, después de esta intervención, la contribución económica del SIN: Cuando nosotros hicimos ese operativo del 31 de diciembre, conversamos con Miyashiro, con toda la gente y me dijeron: «Con este trabajo tenemos autoridad para pedir lo que sea». «Y aparte de que en el año ochenta y cinco yo participé en la investigación que se hizo en el Seturín y el Doc, estaba requisitoriado en un atestado y todos los que participaron en esa investigación también fueron dados de baja ¿no? El único que no dieron de baja fue a mí en ese año y todavía quedé vivo, y tan es así en el año noventa y dos al cuarto día fui con una lista de necesidades [al SIN], que no habrá pasado de dieciséis mil soles. Pedíamos aparatos para grabar conversaciones a ochenta metros, compraron dos, así aparatos corrientes, íbamos a tener una cámara fotográfica de noche, que te da la fecha, esas cosas. Nos atendieron. Esa gestión la hacía directamente Benedicto […] (general  Jhon Caro op. cit.)
En efecto, desde entonces «el contacto permanente [con el SIN] era Benedicto Jiménez y todo lo que hacíamos se lo comunicaba» (ibid). El 5 de febrero de 1991 Jiménez fue nombrado -mediante memorando firmado por el presidente Alberto Fujimori Fujimori- como oficial de enlace entre la DIRCOTE y el SIN (Jiménez op. Cit.: 716). A cambio del apoyo otorgado, Montesinos solicitó a la DIRCOTE que permitiese que un grupo de analistas del SIN entrasen a trabajar con la documentación incautada. Estos «llegaron con el ánimo de ayudarnos a analizar la documentación que habíamos encontrado ahí [casa Buenavista] a cambio de eso nos daban dos volkswagen, una cámara fotográfica y mil soles creo mensuales…eso fue una oferta de Montesinos» (coronel PNP Jiménez op. cit.).Los analistas del SIN (militares) entrarían supuestamente a apoyar el trabajo de inteligencia del GEIN y BREDET. Teniendo el antecedente del trabajo en curso con apoyo de tres efectivos de inteligencia naval, esto no llamó demasiado la atención. La sorpresa vendría luego cuando, pasados unos años, se constataría que varios de los analistas destacados al GEIN por Montesinos fueron sindicados como miembros del Grupo Colina, al que se responsabiliza, entre otros crímenes, de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Antes de otorgar responsabilidad de algún tipo sobre los policías de la DIRCOTE por la actuación de aquel grupo, lo que la presencia de efectivos del SIN y de inteligencia naval indica es el gran interés que ya por entonces mostraba la comunidad de inteligencia por el trabajo de la DIRCOTE y su archivo, especialmente el del GEIN. Como remarca el entonces director de la unidad, el personal del SIN nunca fue solicitado. Más bien, «llegaron a espiar a la DIRCOTE y también para hacer aparecer ante la población que ellos tenían participación en la lucha contrasubversiva». (Declaración testimonial del general PNP Héctor Jhon Caro. Caso Barrios Altos. Fojas 9010/ 9028). Y los policías del GEIN estaban muy conscientes de ello: Vladimiro Montesinos había puesto gente del SIN que trabajara con nosotros, pero nuestra gente era muy celosa. Elías y Miyashiro eran muy celosos, pasaban y ahí estaba el capitán; yo sabía que era del SIN. «¿ Trabajando?» -le decía-. «Sí» -y tenía un montón de papeles-. […] Estamos hablando de tres o cuatro hombres, siempre estaban con papeles. Miyashiro decía «¿ Están trabajando? Primero nosotros analizamos los documentos, después lo que no sirve, es basura se lo damos a ellos» Ahí les daban para que se distraigan. Vladimiro Montesinos decía «el SIN y la DINCOTE han capturado», al día siguiente sale esa declaración. ¿Para qué? Para que él se gane frente al Presidente de la República (general PNP  Jhon Caro op. cit.).
Poco a poco se tornaron evidentes los intentos de infiltración del SIN y de la interceptación electrónica de la Marina (Coronel PNP Jiménez op. cit.). Además, como si eso no bastara, tanto el GEIN como el BREDET debían dar cuentas a Montesinos sobre sus operaciones.
En este contexto, en mayo de 1991, se presenta una situación atípica en la policía: la asignación de dos generales en una misma unidad. Estando aún el General PNP Héctor Jhon Caro como Director de la unidad, después de estar trabajando en el SIN, el General PNP Antonio Ketín Vidal es nombrado director ejecutivo de la DIRCOTE (segundo). De acuerdo a la versión de algunos de los policías entrevistados, entre ellos Jhon Caro, ésta fue una maniobra de Montesinos desde el SIN, para asegurar un mayor control de la unidad y el aprendizaje previo de quien estaba ya destinado a dirigirla: Había una dirección que no tenía general, la Dirección de la Policía Fiscal, estaba al mando de un coronel y había un general que sobraba. ¿Por qué no lo enviaron a la Policía fiscal a Ketín? Lo mandaron donde mí porque iba a ser el heredero para que aprenda. […] Si Jhon Caro captura a Abimael Guzmán, el APRA se va a ganar un poco porque Jhon Caro es general aprista. Había que darle la oportunidad a un hombre nuestro, nosotros lo hicimos reingresar, lo hicimos ascender, nosotros -le digo yo-Vladimiro y el presidente de la República, lo mandamos a la DINCOTE y nosotros al final, capturamos a Abimael Guzmán (general PNP Jhon Caro op. cit.).
Por su parte Vidal refiere que su nombramiento como subdirector de la DIRCOTE fue más bien un castigo o represalia de Montesinos: Yo antes de eso estaba trabajando en el SIN como coronel. Entonces asciendo a general y Montesinos se incomoda porque yo tuve más suerte que sus amigos […] eso encolerizó a Vladimiro que siempre vio en mi persona como un no sé… competidor, con muchos celos (…) Entonces, él hace comentarios en el SIN y me envía, como para maltratarme un poco, a la DINCOTE, con los… allí trabajaba John Caro. Y un Caro más especializado en campo administrativo. En mi caso yo me había desarrollado siempre en el campo de inteligencia, entonces podía comandar esa unidad. Dos generales, imagínese usted, en la misma unidad era incómodo… Entonces, yo lo acepté serenamente (Teniente general Vidal op. cit.).
En medio de los cambios en curso, el GEIN y BREDET proseguirían con su trabajo. El 30 de mayo, los agentes de la DIRCOTE desarticularán la célula de dirección del Comité Regional Metropolitano. Capturan cinco miembros del PCP-SL, entre ellos a Pilar Rivas Laurente, Lucía. (DIRCOTE op. cit.) Por otro lado, el primero de junio, a través de una operación comandada por Miyashiro, el GEIN interviene una Escuela Político-Militar del MRTA en el distrito de Pueblo Libre y detiene, por segunda vez, a Alberto Gálvez Olaechea. Con el tiempo se conformaría, expresamente, una división del trabajo dentro de la DIRCOTE: el GEIN se dedicaría exclusivamente al seguimiento de dirigentes del PCP-SL; mientras que el BREDET, al mando del comandante Gonzáles, continuaría dedicado a rastrear los pasos del MRTA. Esta división obedecía, entre otras razones, a diferentes estrategias para realizar el trabajo. Mientras que para trabajar con el MRTA y lograr las capturas de sus altos dirigentes fue posible trabajar con informantes y datos (Fuerza de la Ley), con el PCP-SL estos procedimientos no darían ningún resultado. Por el tipo de organización sólida y compartimentada, sus informantes -aunque así lo hubiesen querido- nunca hubiesen podido dar información sobre la composición y movimientos de la alta dirigencia, porque lo desconocían. Por ello, en el GEIN fue imprescindible priorizar los operativos encubiertos de inteligencia (seguimientos y vigilancia) a sospechosos de interés y analizar sus posibles conexiones junto a un trabajo exhaustivo de análisis de la documentación del PCP-SL seleccionada (Coronel PNP Jiménez op. cit.).A fines de junio el GEIN iniciará la ejecución de la fase final de la Operación Leona. Con ésta, detienen a la abogada Yovanka Pardavé Trujillo, Rebeca; a su conviviente Tito Valle Travesaño, Eustaquio; y al profesor Víctor Zavala Cataño, Rolando, miembros del Comité Central del PCP-SL y responsables de la dirección de Socorro Popular (Jiménez op. cit.). Un duro golpe a PCP-SL. Con la información incautada, se dedicaron a la investigación de dicha organización. Por otro lado, el 27 de noviembre el GEIN ejecutó la Operación Palacio. Con ella, cae toda la célula de dirección del Departamento de Defensa de Socorro Popular, encabezada por Milton Douglas Silva Dávalos, Omar. Una de las milicias de este departamento, había sido la responsable del asesinato de María Elena Moyano en Villa El Salvador (ibid).
Pero, desde mediados de 1991, la convivencia tensa dentro de la DIRCOTE entre policías y militares no tardaría en provocar tensiones. Luego de un par de altercados con los agentes «que después pasaron a ser del famoso Colina, pero en ese entonces eran analistas […] nosotros los sacamos de allí porque consideramos que se estaban infiltrando… porque en base a eso sacaron un manual, que no era un manual, era una recopilación» (coronel PNP Jiménez op. cit.). Pero eran, en general, los ánimos dentro de la comunidad de inteligencia los que estaban tensos. Se evidenciaban celos y una ardua competencia entre los servicios de inteligencia por capturar a los dirigentes subversivos, en especial a Guzmán Reinoso. En palabras de Jiménez: Todos los aparatos de inteligencia estaban detrás de esa presa. Entonces, imagínense, nosotros teníamos que disfrazar todo el trabajo de campo ¿no? […] era todo un juego de ajedrez ¿no? Como también cuando decía Montesinos, decía ‘¿ El GEIN qué está haciendo? Que venga el comandante Jiménez a darnos cuenta. ‘ […] ‘Ya expongan lo que están haciendo’. Porque después de la caída de los videos, esa casa [Buenavista], se pusieron moscas pues […] Yo tenía una operación principal y dos alternas que eran importantes. Entonces sacaba una de ellas y me iba con esa a mostrar los videos y todo. Entonces mostraba eso y se quedaban contentos, felices estaban, porque allí estaba la Marina, estaba la Fuerza Aérea, estaba el Ejército. Jamás íbamos a revelar la presa principal porque nos quitaban. Era un millón de dólares más la fama y todas esas cosas. Entonces imagínense cómo se trabajaba en aquel entonces ¿no? Entonces mostrábamos eso, se quedaban contentos y la principal la teníamos guardada ¿no? Eso era la estrategia del engaño ¿no? (ibid).
Lejos de haber elaborado una nueva estrategia de inteligencia, el nuevo gobierno y el SIN se limitaron a seguir los pasos y tratar de capitalizar políticamente los logros de la unidad policial. Por entonces, los policías de la DIRCOTE tenían la mayor experiencia y consistencia en un tema tan complejo como el conocimiento de la subversión, por lo menos en las ciudades.
Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas

El Ministerio de Educación (Minedu) reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas con sede en Yurimaguas (Loreto) y designó como presidente al ingeniero Jorge Lescano Sandoval.
La Resolución Viceministerial N°096-2017-Minedu publicada en el diario oficial El Peruano encarga también al ingeniero Jorge Lescano Sandoval las funciones de vicepresidente de Investigación de dicha comisión, en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular.
La misma norma legal designa al doctor Florencio Flores Ccanto como vicepresidente académico.
Jorge Lescano es ingeniero geógrafo, doctor en Medio Ambiente y tiene una maestría en Urbanismo. Ha realizado estudios de especialización en Italia y en Chile y ha representado al Perú ante la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Se ha desempeñado como docente universitario por más de 30 años.
Florencio Flores es doctor en Ciencias de la Educación y magister en Computación. Ha sido presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas.

Fuente: www.minedu.gob.pe

Redes ilícitas

Ollanta Humala

Manzanita y Anchoveta

Siguen saliendo a la luz más testimonios desde Madre Mía en contra de Ollanta Humala. Las dos versiones más recientes son de dos hombres que aseguraron haber sido soldados de la base contrasubversiva que en 1992 estuvo bajo el mando del entonces capitán Ollanta Humala y que ya han declarado ante la fiscalía.
Los ex soldados, que dieron declaraciones al programa “Cuarto poder”, fueron identificados solo con los alias de ‘Anchoveta’ y ‘Manzanita’, pues ya están comprendidos en el programa de protección a testigos.“Sacamos del calabozo, amarrado, encapuchado [a un detenido]. Primero le cortamos el cuello. Yo hice eso cuando el ‘Capitán Carlos’ me dijo: ‘O lo haces tú o lo hago yo’. Yo le dije que lo iba a hacer”, relató ‘Anchoveta’ ante las cámaras de televisión.
El testigo afirmó que ese fue el crimen que tuvo que cometer como una suerte de examen de admisión a la base. Además, confesó haber sido testigo de decenas de crímenes más, todos bajo la orden de Ollanta Humala.
“Aquí en Venenillo agarramos a unos 50 pobladores, y los hemos matado uno por uno a balazos y con puñal. Los juntábamos en fosas en la canchita y les echábamos gasolina para desaparecerlos […]. El ‘Capitán Carlos’ daba la orden de que se mate, y nosotros teníamos que cumplir”, detalló.
El ex soldado identificado como ‘Manzanita’ dio versiones similares. Aseguró haber visto matar a unas cinco personas mientas duró su servicio en la base de Madre Mía. “Los llevaban encapuchados y los bajaban de la base a la orilla del río Huallaga. No querían hablar y tenían que matarlos cortándoles el cuello”, relató tras precisar también que actuó por órdenes de Ollanta Humala.
Ambos indican que, en el 2006, fueron contactados por personas cercanas al ex presidente para decirles qué cosas debían declarar en caso que el Ministerio Público los contactara. ‘Anchoveta’ dijo que conversó con Amílcar Gómez Amasifuén, quien lo convenció de viajar a Lima unas nueve veces a cambio de dinero. En aquellas fechas se investigaba la presunta desaparición forzosa de Natividad Ávila y Benigno Sullca.
Estos testimonios ya están en manos de la fiscalía que ha abierto una nueva investigación preliminar por la presunta violación de derechos humanos en la base de Madre Mía en 1992.
Fuente: Diario El Comercio.

EL PERUANO DE ODEBRECHT IMPLICADO EN LAVA JATO

El “Funcionario 5” al que se hizo referencia hace unas semanas el fiscal anticorrupción Hamilton Castro durante la audiencia de prisión preventiva del ahora detenido exgobernador del Callao, Félix Moreno, por el presunto soborno en la concesión de la Costa Verde, sería Raymundo Trindade Serra.
Chumán y el ejecutivo Trinidade Serra entregaron su versión sobre las acusaciones por la obra de Ayacucho al juzgado que los procesaba en junio de 2003, manifestación que figura en el expediente N° 185-2003.
El caso judicial se prolongó durante tres años. El procurador Regis Huamán que vio el proceso penal exigió que la empresa no rectificara las irregularidades para impedir que se borrara las pruebas del delito. En junio de 2003 fue apartado del caso por la procuradora del gobierno de Alejandro Toledo, María del Pilar Freitas, según contó Regis Huamán a Convoca.pe.
Exprocurador del caso Proyecto Cachi Regis Huamán: “La doctora (Pilar Freitas) me preguntó por qué denuncié a Odebrecht” 
“La doctora me preguntó por qué denuncié a Odebrecht sin mi conocimiento. Le respondí que sí le informé del caso por escrito. Yo no necesitaba de su consentimiento, yo no podía darle cuenta a nadie, porque mi función de procurador era defender los intereses del Estado”, declaró el abogado ayacuchano.
Investigan en Lima
Paralelamente a la investigación que tomaba cuerpo en el Poder Judicial de Ayacucho, las denuncias por la obra iban teniendo eco en Lima. Un equipo de la Contraloría General visitó la obra en febrero y marzo de 2003 para realizar un examen especial de la obra. En abril de ese mismo año, la Contraloría General publicó el Informe Especial N° 210-2003-CG/OEA, en el que detectó que el canal de derivación Apacheta-Choccoro se había elevado de 49 millones a 60 millones de soles, además de problemas en el aspecto técnico.
Meses antes, a fines de 2002, la comisión congresal que investigó los delitos económicos cometidos durante el gobierno de Fujimori, presidida por el parlamentario Javier Diez Canseco, señaló en su informe final sobre las licitaciones y adquisiciones con recursos públicos, que hubo “indicios razonables de responsabilidad administrativa y legal de altos funcionarios que intervinieron en la ejecución de la obra (Proyecto Especial Río Cachi, Apacheta-Choccoro), en desmedro de su eficiencia”.
CACHI COMISION DIEZCANSECOInforme final de Comisión Diez Canseco concluyó que hubo manejo irresponsable dentro del Proyecto Especial Río Cachi, que otorgó la buena pro a Odebrecht.
Una investigación en el parlamento se hacía necesaria pero no parecía haber voluntad política. La congresista Celina Palomino Sulca de la agrupación política Perú Posible había solicitado el 19 de agosto de 2002 una comisión para indagar las serias irregularidades en el Proyecto Especial de Río Cachi sobre todo en los tres arbitrajes ganados por Odebrecht para ampliar el periodo de la obra y el desembolso por los gastos de la firma brasileña. El pedido de la congresista no tuvo apoyo en el Parlamento.
Después de más de un año, en octubre de 2003, se creó un grupo de trabajo presidido por el congresista aprista Carlos Armas dentro de la Comisión de Vivienda y Construcción para investigar la obra. Los directivos brasileños como Chumán Rojas y Trinidade Serra no acudieron a la comisión a declarar.
InfografíaEl informe final del grupo de trabajo presentado al pleno a fines de 2003, evitó pronunciarse sobre posibles actos de corrupción y concluyó que el canal Apacheta “sí presentaba fisuras y grietas” aunque no “en un nivel del 40 por ciento” como lo habían establecidos pericias previas.
Para 2003 mientras el Congreso y el Poder Judicial investigaban, Chumán trabajaba temporalmente en Perú como gerente de ingeniería para Mendes Junior Group, otra compañía brasileña acusada de formar parte del club de empresas asociadas al esquema de corrupción y cuyo exvicepresidente, Sérgio Cunha Mendes, está ahora condenado a 19 años de prisión.
Caso archivado
El 23 de marzo de 2006, tres años después de iniciadas las indagaciones y pese al conjunto de evidencias halladas por las autoridades, el fiscal superior de Ayacucho Henry Laud Ordoñez opinó el 23 de marzo de 2006 que el caso debía archivarse”.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los EE.UU revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.
Los tres magistrados de la Sala Penal de Ayacucho – Marcial Jara Huayta, César Arce Villar y Tatiana Pérez García Blásquez– al no estar de acuerdo con la opinión fiscal Lajud, solicitaron el 17 de abril de ese mismo año que el dictamen sea visto en Lima por la fiscalía suprema en lo penal.
De acuerdo con la resolución del 3 de mayo de 2006, el fiscal supremo José Peláez Bardales luego de revisar más de cuatro mil folios en solo 15 días, aprobó el dictamen del fiscal superior Laud y solicitó a la Sala que se dicte el archivamiento del proceso contra los funcionarios y exfuncionarios públicos. Un día después dejó el despacho de la fiscalía suprema en lo penal para asumir la fiscalía de control interno.
PELAEZ BARDALEZ FISCALFiscal supremo José Pelaez Bardales respaldó opinión fiscal que solicitaba archivamiento de caso y un día después dejó su despacho. Crédito: Diario La Region
La Sala Penal de Ayacucho archivó el caso en una resolución de fecha 22 de mayo de 2006 que figura en el expediente 2003-185, dejando claro que la decisión de no seguir adelante el caso era responsabilidad de la Fiscalía.
“Es exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, por lo que a falta de la acusación el proceso debe llegar a su fin”.
Exfiscal Alfonso Carrillo: “Ese dictamen (del caso Cachi) de apoyo al fiscal superior lo firma José Peláez Bardales. Todos sabemos su vinculación con el gobierno aprista” 
Alfonso Carrillo FloresConvoca.pe intentó comunicarse con el ingeniero peruano para obtener una versión de su participación en los casos de corrupción en Angola, Brasil, México y Perú pero no fue posible localizarlo. Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, según registros migratorios, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.

Nicholas Asheshov

El veterano periodista Nicholas Asheshov, editor del Correo Aéreo de los Andes y Perú, nos recuerda en su blog que el aeropuerto de Chinchero, en Cusco, empezó mal. Y fue Jorge Acurio, entonces gobernador regional, quien inició este carnaval con el pago de 70 millones de dólares por 330 hectáreas de parajes fríos e inhóspitos.
Así actúa el clientelaje en provincias, con plata ajena, en este caso con la nuestra, y sobre ese antecedente y otros despilfarros, ¿le pasó algo a Acurio y a sus cómplices de ese “negocio”? Nada. Todos cerraron filas en Cusco, para no ser objeto de las iras y algaradas de los comuneros. Pero no nos engañemos: el verdadero objetivo de muchos interesados en Chinchero está en los terrenos del actual aeropuerto Velasco Astete.La hectárea de los campos norteamericanos de Idaho, la región de papa más importante del mundo, no pasa de 5,000 dólares. Los más caros podrían estar en el sur de Inglaterra, en Devon y Somerset, donde la hectárea podría costar 10,000 libras esterlinas, una vigésima parte del precio que pagó Acurio a sus comuneros de Chinchero. Solo un diario protestó en forma abierta contra este despilfarro del erario público. Y, claro, Asheshov.
Los afortunados propietarios de los campos eran 426 miembros de un par de comunidades de Chinchero, quienes recibieron hasta 230 mil dólares por cada hectárea, lo que de lejos serían los campos de papa más caros del mundo (porque allí hay cultivos de ese producto), afirma el también prestigiado empresario ‘Nick’ Asheshov, quien vive hace muchos años en Urubamba. Conoce pues el sitio y la idiosincrasia convenida de los caciques políticos de la zona. Corría el año 2012.Infografia

Jorge Isaacs Acurio Tito

Porque una cosa son las matemáticas puras, de meros cálculos porcentuales, y otras los cálculos financieros, que son mucho más comprometedores en esta su nueva aventura, que, por cierto, recibe el apoyo del “Cusco rojo”, cuyos activistas de izquierda no entienden de números, como sí los entiende su amigo del alma Carlos del Solar, el hombre fuerte de Kuntur Wasi, que se ha hecho del terminal de Chinchero.
Desde esta sección pobre pero honrada le habíamos dicho a PPK que tenga cuidado con las cifras y los porcentajes de los intereses (de hasta 23 %) en un crédito para el aeropuerto de Chinchero. Claro, de esa forma los 265 millones de dólares de crédito se convertían en 590 millones de moneda verde. Esos intereses no hay en ninguna parte del mundo, señor. De forma que no meta a todos en eso de “criticones”.Martín Vizcarra renuncia al MTC tras polémica por aeropuerto de Chinchero

Astucia del colorín colorado

El problema era el costo financiero por los 265 millones de dólares a su término del quinto año. Los cálculos oficiales dicen que generaría 589 millones de dólares de intereses. Ante este impase se consultó a la Contraloría y a la CAF. Estos recomendaron, dice Don Martín, 450 millones y no los 589 millones de verdes. Es cuando el MEF y el MTC acordaron que esos 265 los pusiera el Estado. 
Además, agrega el brazo derecho e izquierdo de PPK, había que asumir un movimiento de tierras por dos años a un coste de US$ 140 millones, esto a cargo del Estado. Finalmente, que pistas y terminales eran responsabilidad de la concesión, pero el pago siempre a cargo del Estado; y que las obras complementarias, operación y mantenimiento estarían a cargo del concesionario. ¿Lo más fácil y lucrativo en un híbrido entre Estado y APP?

Los 10 funcionarios hallados responsables por Contraloría

Encabeza la lista la viceministra de Transportes Fiorela Molinelli y serán procesados por negociación incompatible.

MTCPERTENECEN AL MTC, AL MEF Y A OSITRAN

La Contraloría emitió su informe de auditoría sobre el proyecto y la adenda del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco, donde incrimina a funcionarios de diferentes reparticiones públicas que vieron el citado proyecto que ha sido resuelto por el Ejecutivo con la consiguiente renuncia del titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.
El contralor general de la República, Edgar Alarcón, adelantó que la institución que dirige encontró responsabilidad penal en 10 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
¿Quiénes son? Se conoció que en primer lugar, la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo, a quien se responsabiliza por firmar a nombre del MTC la adenda al contrato con Kuntur Wasi.
Otro funcionarios de este sector es Yaco Rosas Romero, director general de Concesiones de Transportes, quien habría suscrito varios informes que sustentaron incluir la adenda al contrato de Chinchero.
También Nancy Zedano Martínez, directora general de la Oficina de Asesoría Jurídica del MTC, en este caso por dar el visto bueno a un informe que determinó la viabilidad de lo escrito en el citado proyecto y su cuestionada adenda.
El especialista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC, Hernán Muñoz Valdivia, es otro implicado también por suscribir informes a favor de la inclusión de la misma adenda.
La abogada Yanina Hilario Solís, asesora legal de la oficina general de Asesoría Jurídica de MTC, ha sido incluida entre los que serían denunciados, en su caso por suscribir un informe que concluye sobre la corrección del texto del proyecto de adenda al contrato original de Chinchero.
Circunstancias similares al caso anterior han incorporado en la lista a Jonathan de la Cruz Medina, analista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC.MEF Y OSITRAN
Camilo Carrillo Purín, director general de Política y Promoción de la Inversión Privada del MEF, sería procesado penalmente por suscribir un informe por el cual el MEF dio opinión favorable al proyecto de la adenda en mención, al parecer a pedido de Fiorella Molinelli.
La especialista económica de la Dirección General de Concesiones de Transportes, Gianina Beoutis Manrique, está implicada por suscribir informes que fundamentaban incluir la adenda al contrato Chinchero."Yo discrepo del análisis que realizó la Contraloría", dijo Antonio Balbuena Vela. (Mario Zapata)Alfredo Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela, en su calidad de miembros del Consejo Directivo de Ositran, son otros incriminados también por haber votado a favor de la suscripción de la adenda al contrato.
Como es público, el voto discordante en OSITRAN fue de la entonces presidenta Patricia Benavente Donayre, por lo que renunció y dejó clara constancia que la adenda era largamente favorable al consorcio Kuntur Wasi.
La Contraloría señaló que la firma de adenda significó una pérdida de 40.6 millones de dólares para el Estado, y por tal razón solicitaría procesar a los 10 funcionarios por los presuntos delitos de negociación incompatible.
LAS OBSERVACIONES
El Informe de Auditoría Nº 265-2017-CG/MPROY-AC consta de siete tomos y se habría notificado a 21 altos funcionarios. Hasta donde se sabe, no está el nombre de Martín Vizcarra en la lista de futuros procesados porque la Contraloría no podría solicitar su denuncia penal por gozar de inmunidad en cuanto es vicepresidente.  Eso sería un asunto de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, siempre y cuando se encuentre dolo en las investigaciones.
SALGADO: PRIMERO ANALIZAR EL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, sostuvo ayer que urge esclarecer responsabilidades en la firma del contrato de Chinchero y su adenda. Y en caso de encontrar ilícitos, procesarlos, pero primero se debe “analizar los alcances del informe técnico presentado por la Contraloría”.
Fuente: Diario Expreso y www.peruviantimes.com

Alfredo Dammert Lira, 73, es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un master en ingeniería química en la Universidad de Texas y un Ph.D. en Economía de la misma universidad nortamericana. Es actual miembro del Consejo Directivo de  OSITRAN, presidente del Tribunal de Solución de Controversias de OSIPTEL y vocal del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minas (TSTEM).  Fue presidente del directorio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) del 2002 al 2012. Fue gerente de proyectos en desarrollo del sector privado para América del Sur y Asia del Sur del Banco Mundial de 1988 al 2002. Es actual director de la Maestría en Regulación, Gestión y Economía y director de la maestría en Regulación de los Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En contraste, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, es bachiller en Contabilidad de la Universidad San Agustín de Arequipa (grado que obtuvo 15 años después de terminados sus estudios)  y tiene una maestría en Administración de la Universidad Alas Peruanas del 2014.
Fuente: Revista CARETAS.

Algo se pudre en Dinamarca

MOVADEF en Apurímac

Algunos hechos delictuosos ocurridos en los últimos tiempos en Apurímac no pueden perderse de vista. El primer caso es el problema de Chacña (Aymaraes), donde incendiaron un bosque, quemaron una camioneta de unos compradores de minerales, intentaron volar con explosivos el municipio y cortaron el cable de metal que servía para que los comuneros de Chacña trasladen sus minerales desde la mina hasta la carretera (Chacña tiene alrededor de 300 comuneros; de ellos 140 son mineros). En el caso del municipio se encuentra denunciado el ciudadano Melitón Contreras Prada. Según Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán y fundador del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), Melitón Contreras es militante de esta organización (http://culturales1demayo.blogspot.pe/…/entrevista-dr-manuel…). La versión de Fajardo se completa con la carta y firmas en apoyo al MOVADEF (https://movamnsitiayderfundamentales.blogspot.pe/…/carta-y-…). Podemos encontrar más datos en la tesis de Esteban Valle Riestra Padró, de la Pontificia Universidad Católica del Perú: “Movadef, el pensamiento Gonzalo y la reaparición de Sendero Luminoso: 1992-2012”.
El segundo caso ocurrió el 14 de mayo en el distrito de Micaela Bastidas (Grau), donde incendiaron una planta de beneficio que trabaja formalmente y da servicio a dos mil comuneros mineros de Grau y Cotabambas.
Cronología Distrito San Juan de Chacña
11 DE ABRIL 2017: Detonaron explosivos en la municipalidad de San Juan de Chacña. Según documentos que obran en manos de la fiscalía, el presunto autor de la detonación sería el ciudadano Melitón Contreras Prada. El tenor literal de la denuncia por la comisión del delito de terrorismo es la siguiente: “9no. Que, resulta que para la madrugada del día sábado 11 de marzo del 2017, (1.45 am), el denunciado Melitón Contreras Prada, acompañado de 03 personas extrañas, se escapaban por el sector Yurac Yurac, hacia el puente de Chacña, donde le esperaba una camioneta de color azul oscuro con luces apagadas, de propiedad del hijo de Santos Cruz Alzamora, comunero del sector de Pampatama del Distrito de Tintay, quienes se escapaban raudamente hacia el sector del distrito de Tintay–Pampatama, ya que minutos antes los pobladores de Lucre escucharon 02 explosiones de dinamita o similar, provocando un estado de terror en la población”.
14 DE MARZO 2017: Después del atentado al municipio de Chacña, en vez de pedir una rápida investigación y proteger a los mineros artesanales, el vicegobernador de Apurímac, Alejandro Huaraca, ordenó a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) que paralice inmediatamente las actividades de los mineros artesanales. La Asociación de Mineros Artesanales y Productores Agropecuarios de Chacña interpuso recurso administrativo de apelación contra la resolución directoral de la DREM, con lo que el caso pasó a segunda instancia; es decir al Consejo de Minería, con sede en Lima. Mientras se pronuncie el Consejo de Minería, la sanción no tiene efecto, por lo que los mineros artesanales pueden producir, transportar y comercializar su mineral sin entorpecimiento de ningún tipo.
11 DE ABRIL 2017: Los seguidores de Melitón Contreras queman la camioneta de unos compradores de minerales (Covemine) en la entrada de la mina de Chacña.
19 DE MAYO 2017: Ese día los mineros artesanales trasladaban su mineral de Chacña a Nasca, pero fueron atacados por presuntos seguidores de Melitón Contreras. El fiscal José Vera Farfán, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes, en vez de dejar pasar el mineral (cuya procedencia es legal y cuenta con todos los documentos de transporte) ordenó la incautación de la carga. El problema no termina allí. En vez de trasladarla a la DREM, la dejó en la plaza de Chacña. El fiscal sería denunciado por abuso de autoridad.

Cronología del ataque a la Planta de Beneficio de Usayma-Provincia de Grau
11 DE ABRIL 2017: El Frente de Defensa de Grau se reúne en Vilcabamba donde acuerda emprender un paro contra la planta de Usayma. Una de las partes del acta dice lo siguiente: “…enseguida el señor Alejandrino Chipana se dirigió a la población, que miedo no hay, si hay personas coludidos con la planta hay que matarlos…”. Los comuneros fueron coaccionados para que participen en el paro (los documentos se encuentran en manos de las autoridades).
DOS PAROS EN UNO: Para los días 24 y 25 de abril el SUTEP CONARE de Apurímac convoca un paro regional. Coincidentemente, para esos mismos días, el Frente de Defensa de Grau convoca un paro provincial en Vilcabamba. Dentro de la plataforma de lucha ponen como objetivo central el cierre de la planta de beneficio de Usayma (Ayrihuanca) de propiedad de la empresa Santa María Elena Perú SAC. Esta pequeña planta opera dentro del marco del Decreto Legislativo 1105. El argumento: supuesta contaminación e ilegalidad.
24 DE ABRIL: En la tarde los manifestantes de Vilcabamba (entre ellos varios profesores pertenecientes a SUTEP CONARE, según pruebas fílmicas registradas por las cámaras de la planta, ya en manos de las autoridades) incendian la planta de Usayma en presencia de la policía. Quedan en cenizas los ambientes de administración y tres vehículos y la estructura de la planta. Como en el caso de Chacña, un grupo de manifestantes incendia los bosques circundantes de la planta, también en presencia de la policía. En el acto también participaron algunos precandidatos a las alcaldías de Grau.
28 DE ABRIL: La planta de Usayma presenta ante la prensa regional sus documentos:
1) La planta “Usayma” no tiene mina propia. Solo da servicio de procesamiento de minerales de cobre a mineros artesanales de Grau y Cotabambas. Esta planta ha iniciado un proceso de formalización de sus actividades al amparo de lo dispuesto en los Decretos Legislativos 1105, 1293 y 1336, así como normas conexas y complementarias, referidos a las disposiciones para el Proceso de Formalización de las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
2) Conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1105, la Empresa Minera Santa María SAC presentó con fecha 25 de noviembre del 2012 su Declaración de Compromisos ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Apurímac, signada con número de Registro 4358830, contando con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento del Ministerio de Energía y Minas bajo el código 110001046, relacionados a las actividades de su planta de beneficio de minerales denominada “Usayma”.
3) El Régimen Excepcional instaurado por el Decreto Legislativo 1105 permite a quienes se hayan acogido al mismo, regularizar sus actividades en curso, comprendiendo dentro de los aspectos a ser regularizados, tanto los propiamente mineros, como los vinculados a los aspectos ambientales, de seguridad, salud ocupacional, arqueológicos, entre otros.
4) A la fecha, la Empresa Minera Santa María SAC aún se encuentra siguiendo los pasos del proceso de formalización establecidos en el Decreto Legislativo 1105 y los recientes Decretos Legislativos 1293 y 1336, vale decir que aún no se ha culminado dicho proceso, pero sí registrado significativos avances, siendo que ya se han obtenido las siguientes autorizaciones: a) Autorización del propietario del terreno superficial: lo cual consta mediante Escritura Pública de fecha 05/02/2013, extendida ante Notario de Abancay, Cirilo Segundo Aparicio Galindo.
b) Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), aprobado por la DREM Apurímac mediante Resolución Directoral N° 049-2015-DREM-GR.APURIMAC, de fecha 26 de mayo del año 2015. Conforme al Art. 2° de la referida Resolución Directoral, se ha otorgado un plazo de tres años a la Empresa Minera Santa María SAC para la culminación de todas las medidas correctivas establecidas en el IGAC, plazo que se computa desde la fecha de emisión de la indicada Resolución Directoral, siendo que en consecuencia dicho plazo vence el 26 de mayo del año 2018.
c) En conclusión, después de varios monitoreos ambientales, la planta ha demostrado que no contamina. Hubo una denuncia sobre el goteo de algunos kilos de concentrado de cobre (no fue como consecuencia de un despiste, como se dijo) entre la planta “Usayma” y el pueblo de Vilcabamba. Al respecto, la Empresa Minera Santa María SAC no tuvo responsabilidad alguna, puesto que ni el concentrado de cobre ni el volquete en el cual este era trasladado son de su propiedad, como ha quedado plenamente acreditado en la Disposición Fiscal N° 04 del 13 de enero del 2017, emitida por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Apurímac, en el marco de las investigaciones por la denuncia por la presunta comisión del delito de Contaminación Ambiental.
19 DE MAYO DE 2017: Se realiza la mesa técnica de diálogo en el gobierno regional entre el vicepresidente Alejandro Huaraca y el Frente de Defensa de Grau. A esta reunión no solo acuden los dirigentes de Grau (entre ellos el profesor Waldo Valenzuela, que en algún momento habría sido investigado por su supuesta pertenencia a Sendero Luminoso) sino también Melitón Contreras (del MOVADEF), tal y como quedó registrado en las cámaras del gobierno regional, aunque al final este último no ingresó porque no estaba en la lista de participantes… Como en el caso de Chacña, en este caso se pretende forzar la ilegal paralización de la planta de beneficio con la ayuda del vicegobernador Alejandro Huaraca, que ya habría ordenado a la DREM emitir una resolución. O sea, generan desorden con la población, para luego con la ayuda del vicegobernador pretender paralizar la actividad minera.

CONCLUSIÓN
¿Qué vínculos existen entre los incendios de Chacña y Grau? ¿Qué relación existe entre los dirigentes de ambos lugares? Es un asunto que compete investigar a las autoridades porque las modalidades coinciden y los dirigentes también (son de MOVADEF y CONARE): en ambos casos atacan las actividades económicas de los comuneros mineros; se mimetizan con el nombre de organizaciones ambientalistas; queman las herramientas de los mineros y los bosques y atacan con injurias a los dirigentes de los gremios en radios y asambleas. En todos los casos, las autoridades no actúan de acuerdo a ley (ni la policía ni la fiscalía), o simplemente se sienten arrinconadas, o actúan como aliadas, como en el caso del vicegobernador Alejandro Huaraca.
Fuente: FERMAPA Apurímac.Movadef: estas fotos confirman cita entre congresista Ochoa y dirigente

El informe revela que siete personas ingresaron al despacho del legislador Edgar Ochoa Pezo, que pertenece a la facción de Verónika Mendoza, pero tres fueron acreditadas como integrantes de la mencionada agrupación.
“Se hace mención que las personas mencionadas anteriormente registran ingreso al Despacho Congresal, mas no salida del mismo”, se explica en el documento de inteligencia, descrito por un oficial que prefirió reservar su nombre por medidas de seguridad.
El ingreso se dio el pasado 25 de abril de este año en el sexto piso del edificio llamado Complejo, que forma parte de la sede del Palacio Legislativo, en la Av. Abancay N° 251.
Actualmente, la Dircorte viene realizando un trabajo silencioso y con cautela de este caso. “Nuestras investigaciones son muy reservadas y sobre ese caso estamos al tanto”, indicó un oficial de la Dircote-PNP.
¿QUIÉNES SON? Entre los identificados como activistas del Movadef se encuentra María Elena Atoche Vilca, quien es profesora nombrada y titulada con la Ley del Profesorado otorgada por el Ministerio de Educación.
Según fuentes policiales, ella es dirigente del Comité Nacional de Reconstrucción del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Conare-SUTEP), que es una facción del gremio de docentes ligado a Sendero Luminoso.
Este medio pudo acceder a un documento en el que Atoche Vilca, quien figura como secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) Regional-Callao, suscribe un “pronunciamiento en apoyo al Movadef” en el año 2012.
“Condenamos la campaña de persecución por ideas que apunta principalmente contra la ideología científica del proletariado. Condenamos que se quiera volver a los tiempos de la Inquisición en que se prohibían libros y se mataba por ideas”, indica el texto en el que Atoche respaldaba a la fachada de SL.
Los otros visitantes del Movadef a la oficina de Ochoa son los docentes Gaspar Melchor Jara Cruz y Edgar Nivardo Tello Montes, este último secretario general del SUTE Regional-Lima Metropolitana.
Tello Montes también pertenece al Conare-SUTEP y este año fue el representante del comité de lucha de los profesores que convocaron a un paro nacional para el 25 y 26 de abril.
En una entrevista a un medio local, Tello se mostró en contra de que los profesores que fueron jalados en la evaluación que realizó el Minedu sean despedidos.
Actualmente, el Conare tiene enfrentamientos con el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP, ligado a dirigentes de Patria Roja, para ejercer la representación legal de los profesores ante el sector Educación.
DESCARGOS. Al respecto, el congresista Edgar Ochoa Pezo dijo que no recordaba la visita de los integrantes del Movadef.
“No sé a quién refiere. La verdad es que no te podría decir que los conozco o desconozco”, afirmó a Correo.
Al precisar la fecha de ingreso de los mencionados dirigentes, empezó a recordar que eran del Conare-SUTEP y que no era la primera vez que lo visitaban.
“En una primera ocasión, el año pasado vinieron unos maestros y alguien los relacionó con el Conare. Al final se aclaró que eran maestros y que no estaban vinculados al Movadef (…) De lo que me estás diciendo, no tengo conocimiento si son (del Movadef)”, dijo intentando desvincularse de la denuncia.
Al darle más detalles de dicha visita y recordarle que hay un informe de inteligencia al respecto, Ochoa Pezo recordó que en abril lo visitaron “dos o tres dirigentes del SUTEP”, pero dijo que no recuerda de quiénes exactamente se trataba.
Al informarle que los del Conare son identificados como una facción de Sendero Luminoso, según la Policía, cambió de posición y sorpresivamente fue muy crítico de esa agrupación.
“Si me dijeran que son del Conare o del Movadef, no habría ninguna posibilidad de recibirlos, jamás los recibiría, eso me queda claro”, manifestó.
En ese sentido, añadió que el acceso al despacho debería tener ese filtro para ser advertido.
“¿Cómo poder saber quién pertenece a quién ? (…) Con el Conare, yo no he conversado, sino con dirigentes”, afirmó.
Consultado sobre qué conversó con las personas que lo visitaron, indicó que dialogaron de la agenda ministerial, respecto al descontento que tienen sobre la farsa del incremento remunerativo presentado por el Minedu.
“Sobre derogar el artículo 23 de la nueva ley que establece un criterio de despido magisterial versus evaluación; la suspensión de la evaluación en la educación inicial, donde hay serias irregularidades; y el tema de los directores desaforados de su cargo previo examen”, detalló.
Luego, dijo que probablemente el contacto fue un dirigente docente que proviene del Cusco.
“Los dirigentes vienen, se identifican y dicen que quieren hablar conmigo y en ese sentido los hago pasar (…) No les pregunto su filiación política porque, al margen de eso, el tema de la problemática magisterial trasciende todo eso”, indicó el legislador del Frente Amplio.
Fuente: Diario Correo.¡Despertemos y hagamos el pare ya!

¡Despertemos y hagamos el pare ya!

¿Queremos para nuestros hijos el resurgir de la ideología terrorista, ahora llamada Movadef?

El Gobierno no debería seguir difundiendo la equívoca versión de que la interpelación al ministro Basombrío es una venganza de Fuerza Popular o un movida más de la oposición para desestabilizar la gobernabilidad. Cuando se trata de terrorismo, ningún evento es pequeño o insignificante; debemos estar unidos como país y ser implacables. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla… ¿o es que eso es lo que queremos para nuestros hijos?
Recordemos algunos capítulos recientes y significativos:
1. El 27 de octubre de 2015 el comité Malpica, presidido por mi tío Ricardo Letts Colmenares y llamado así en honor a Carlos Malpica Silva Santisteban (exlegislador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR que falleciera en 1993 a los 70 años), solicitó autorización para realizar la presentación de la décimoquinta edición del libro “Los dueños del Perú”, cuya primera publicación fuera en el año 1965 (cuando, estoy segura, los dueños del Perú eran muy distintos). El acto se realizó en coordinación con la oficina del congresista Abugattás y se invitó a Manuel Fajardo, representante del Movadef.
Fajardo participó en la mesa central del evento y aprovechó (¿cómo no?) para hacer una reivindicación de su movimiento y una “intencional” analogía entre Malpica y el Movadef, aduciendo que “es el ejemplo que en el país se sigue persiguiendo a las personas por sus ideas”. Dicho sea de paso, esto demuestra lo desgastada que esta la figura del “perseguido político” (la invocan tanto crueles criminales de Sendero Luminoso como Alejandro Toledo, un simple delincuente común).
El congresista Abugattás debió estar presente en el evento y, por tanto, debió también asumir absoluta responsabilidad por los invitados y por las actuaciones realizadas. Fue un “tonto útil”, un “descuidado”, “negligente” o todos a la vez, y tuvo que haber sido penado por ello. Sin embargo, utilizando la ruta del facilismo atribuyó dicha responsabilidad a la seguridad del Congreso. Días más tarde sería sancionado con una suspensión de 120 días por transmitir en vivo una sesión reservada del Congreso, en abierta violación a su reglamento. Y como en el Perú nadie reconoce sus culpas, adujo hasta el final que se trataba de una venganza política.
2. El 25 de abril pasado, el congresista Edgar Ochoa del Frente Amplio (facción de Mendoza) fue visitado por tres miembros del Movadef en lo que dice haber sido una reunión gremial. Lo más cuestionable es que, al ser encarado por otros congresistas, adujo que era “responsabilidad de la seguridad del Parlamento por tener falta de criterio al momento de revisar a los visitantes y además, por la filtración de informes a la prensa en lugar de comunicarlo a su despacho”. Absoluta cobardía: ni siquiera es capaz de enfrentar sus propias verdades. Ochoa sabía perfectamente con quién se estaba reuniendo; resulta inexcusable que no acepte su responsabilidad por este evento y por lo que implica su cercanía con SL, vínculos que comparte con los congresistas Foronda, Arce, Apaza, (que desconoció la calidad de héroes a los comandos Chavín de Huántar) y otros miembros del Frente Amplio.
3. El Movadef fue autorizado a marchar por las calles del centro de Lima el día 1 de mayo. Liderada por el mismísimo Manuel Fajardo —sí, aquel “inocente”  que concurrió a una celebración en el Congreso con la venia de Abugattás— promovió una jornada de reivindicación de terroristas, portando carteles con fotos de cabecillas presos y exigiendo nuevos juicios. Clarísima apología del terrorismo, lo cual ha sido reconocido por el ministro Basombrío.
¿Por qué nuestra memoria es tan frágil? Hemos olvidado que los primeros brotes guerrilleros surgieron a mediados de 1960, liderados precisamente por el MIR, el mismo partido en el que militó Carlos Malpica, y algunos de cuyos integrantes pasaron luego a formar parte de SL y el MRTA. ¿Acaso hemos olvidado la quema de ánforas y padrones electorales en el pueblo de Chuschi en Ayacucho en 1980? En ese entonces se consideró un evento aislado y al que no se le dio mayor importancia.
Y esa quema fue realizada por un incipiente grupo de apenas quinientos miembros llamado SENDERO LUMINOSO, que años más tarde sembró absoluto terror en el Perú.
¡Despertemos! No seamos tibios, timoratos y permisivos: ¡nuestro país se merece algo mejor!