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Conflictos, integración y procesos sociales

Fuera bamba

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Y la Fiscalía cedió

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Ahora que el Ministerio Público hizo caso de las presiones políticas y mercantiles que pedían liberar al presidente de la comunidad de Fuerabamba -para “desentrampar “negociaciones” en Las Bambas-, sabemos que, efectivamente, Keiko Fujimori es una presa política.
Hoy se ha visto el grado de independencia de la Fiscalía de la Nación y de los fiscales en general frente al poder político del gobierno, las ONG caviares y los medios de comunicación. Estos tres actores se llenaron la boca defendiendo esa independencia cuando se trató de respaldar las tropelías del equipo especial Lava Jato contra Fuerza Popular y su líder Keiko Fujimori, presa “preventivamente” sin acusación fiscal por 36 meses (por “peligro” de fuga y de “entorpecer” la acción de la justicia).
Como se recordará, nadie podía tocar a esos fiscales, como quedó claro cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry no les renovó su confianza vencido el plazo de su encargo y el que tuvo que renunciar fue él, ante la presión del presidente de la República, los medios de comunicación y las ONG caviares.
Pues bien, resulta que en los últimos días esos mismos actores presionaron pero al revés en el caso Las Bambas. El fiscal Chávez Cotrina dispuso la detención preliminar del presidente de la comunidad de Fuerabamba, de su vicepresidente, así como de los abogados por delito de extorsión a raíz de unas escuchas telefónicas judiciales que han servido de prueba para la medida (en el caso de Keiko, bastaron unos chats internos de opinión y coordinación política de la bancada para meterla presa tres años). “Esta detención preliminar que ha dispuesto el juzgado por diez días es a consecuencia de una investigación que data del 2017 y a consecuencia de que el fiscal que ha ido acoplando una serie de evidencias y actos de investigación. Por lo que ha llegado el momento, según su estrategia, de solicitar la prisión preliminar con estos presuntos abogados”, señaló Chávez Cotrina.
Como los comuneros no querían saber nada de diálogo con el gobierno si no eran liberados sus dirigentes y sus abogados sindicados de pertenecer a la banda de extorsionadores “Los Chabelos”, entonces en Lima la maquinaria de la “opinión pública” se puso a trabajar para su liberación. Y aquí se juntaron perro, pericote y gato.
Los caviares no quieren que se les caiga Vizcarra ni Del Solar porque comparten la misma agenda: antifujimorismo, antiaprismo, anti Congreso, “género”, “reformas”, etc. ¿Cómo llegaría Del Solar y su gabinete al 4 de abril con una paralización que ha escalado hasta una huelga regional?
Y por lo anterior es que el Gobierno propuso reunirse en Lima el 9 de abril con los dirigentes de Fuerabamba, “superada” la presentación del gabinete en el Congreso. El gobierno esperaba que para esa fecha los dirigentes y sus abogados estén libres porque si no, ¿con quién van a dialogar en Lima el 9 de abril? Por otro lado, los empresarios andan con los pelos de punta porque el país lleva perdiendo más de 300 millones de dólares debido al bloqueo de la carretera a la mina. Los opinólogos se sumaron a esta preocupación arguyendo que la detención del dirigente y “Los Chabelos” no había sido “oportuna” y que lo que cuestionaban era el “timing”, porque se tenía que tener en cuenta “los intereses superiores del país”: léase las cuantiosas pérdidas para el PBI.
Incluso, algunos deslizaron la idea de que la “oportunidad” de la detención obedece a un “complot” de la “mafia” que todavía aletea en la Fiscalía para tumbarse al gobierno (!).
El punto en común, sin embargo, fue que todos estos presionaron velada o descaradamente para que el fiscal no siga con la detención de los dirigentes y “Los Chabelos”, con el fin de dejar satisfechos a los comuneros y que se restituya el “diálogo”. Hasta el defensor del Pueblo salió pronunciarse sobre la “falta de motivación” de la detención del presidente de la comunidad de Fuerabamba. Solo faltó cierto sector de la Iglesia que suele fungir de “mediador” con los curas rojos de la Conferencia Episcopal (por cierto, el infaltable Barreto salió a decir que había que “domesticar la minería en su justo punto”).
Bueno, pues: hoy, tras ocho días de detención preliminar, fue liberado el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas.
¿Y la independencia de la Fiscalía?  ¿O sea que los delitos tienen que matizarse de acuerdo con los “intereses superiores del país”? ¿Esto es un Estado de derecho o una republiqueta bananera? ¿Si a Keiko la metieron presa bajo la hipótesis de que “obstruía” la acción de la justicia con su mayoría parlamentaria, no la obstruyó también el presidente de Fuerabamba con la extorsión que viene paralizando el corredor minero con el bloqueo de la carretera por más de 50 días?
¿O sea que no se puede “criminalizar la protesta” pero sí, la política? Si está prófugo el vicepresidente de la comunidad, ¿quién nos asegura que las reglas de conducta impuestas al presidente a cambio de su liberación serán respetadas? ¿No estuvo prófugo Aduviri  y ahora es presidente regional de Puno? ¿Para mis intereses todo y para mis enemigos la ley? ¿Así jugamos?
Resultado de imagen para Edison Vargas Huamanga

Flagrante atropello

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al vicepresidente de la comunidad campesina de Fuerabamba (Apurímac), Edison Vargas, luego de atropellar a efectivos policiales en el sector Manantiales, en Challhuahuacho, a la altura del ingreso de la mina Las Bambas.
Edison Vargas Huamanga fue detenido por haber atropellado con su camioneta, en aparente estado de ebriedad, a un efectivo policial de la DIROES a la altura del ingreso a la mina Las Bambas, informó la PNP.
Las personas que acompañaban a Vargas Huamanga intentaron evitar su intervención lanzando piedras, una de las cuales impactó en la cabeza de un efectivo policial, quien, junto a su compañero atropellado, fue evacuado al Hospital de Challhuahuacho.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Disputas internas y desconfianza: El peligroso clima en Las Bambas

Por Ernesto Cabral– Ojo Público.
Apurímac. Las madrugadas en el sector ‘Manantiales’, la puerta de ingreso a la mina Las Bambas, en el distrito de Challhuahuacho, solo tienen dos fuentes de luz: el fogón para las ollas comunes de los miembros de la comunidad Fuerabamba y los reflectores alrededor de la cantera de la mina operada por la transnacional china MMG Limited. En esta zona, ubicada a 3.698 metros sobre el nivel del mar, decenas de comuneros duermen y amanecen para evitar el acceso de los camiones de la compañía.
A varios kilómetros de ahí, en Chumvibilcas (Cusco), otro grupo de comuneros, mantiene bloqueado desde hace más de un mes 13 kilómetros de la carretera que atraviesan su propiedad, el fundo Yavi Yavi. Este territorio, ubicado a cuatro horas en carro desde Challhuahuacho, fue cedido a la comunidad el año 2014 por la minera Las Bambas, en ese momento propiedad de la suiza Xtrata, como parte del acuerdo de relocalización de la comunidad de Fuerabamba.

COMUNIDAD. Fuerabamba, que estuvo registrada oficialmente como pueblo quechua hasta el año 2015, es la comunidad que lidera las denuncias y protestas en Challhuahuacho, Apurímac. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

Hoy, la medida de protesta contra la mina y el Gobierno por la clasificación inconsulta de carretera nacional a la vía que atraviesa la comunidad solo es efectiva contra los vehículos de la empresa minera.
La comunidad de Fuerabamba fue identificada como pueblo quechua en una base de datos preliminar de comunidades indígenas que el Ministerio de Cultura elaboró entre el 2011 y 2014, pero luego fue retirada en la publicación de oficial el 2015. Al no aparecer en esa última lista, el gobierno no realizó en dicha comunidad el proceso de Consulta Previa.

TERRITORIO. Los comuneros transitan entre sus hogares en Nuevo Fuerabamba en Apurímac y el fundo Yavi Yavi en Cusco, ubicado a cuatro horas de distancia en carro. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

Alrededor de las 6.00 a.m. del jueves último, según los testimonios recogidos por Ojo-Publico.com, miembros de la Policía agredieron a seis comuneros de Fuerabamba que bloqueaban el acceso a la mina en el sector ‘Manantiales’, a menos de diez minutos a pie de la plaza central de Challhuahuacho (Apurímac). “Vino un caballero con bastantes tropas y de frente nos dice ‘ya, retírense, carajo, el carro va a pasar encima de ustedes'”, narró Fortunata Uchara Gutiérrez, una de las denunciantes.
Los policías, según el testimonio de los comuneros, además agredieron a Magdalena Huachaca, y a Luisa y Rosalía Mendoza. “Las han agarrado a las señoras y no me iba a quedar mirando. Tres policías (…) me han llevado de frente con su arma, apuntando (…) me han agarrado a patadas”, acusó el comunero Raúl Huamaní Huachaca ante los representantes de la Defensoría del Pueblo en Apurímac. A Abelardo Huamaní Chayanca, por su parte, le quitaron su teléfono celular cuando registraba la agresión.

PROTESTA. Los hombres y mujeres de Fuerabamba han hecho del fundo Yavi Yavi uno de sus principales escenarios de reclamos y exigencias para la compañía minera Las Bambas. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

La tarde anterior, el miércoles 27 de marzo, las agresiones ocurrieron en el fundo Yavi Yavi, de propiedad de Fuerabamba en el Cusco. El helicóptero de una comitiva de la Presidencia del Consejo de Ministros, según quedó registrado en fotografías, fue atacado a pedradas por algunos comuneros cuando los ministros se disponían a regresar a Cusco.
Los comuneros solicitan con ambas protestas la liberación de su presidente Gregorio Rojas Paniura (34), y de sus asesores legales, Jorge (47) y Frank Chávez Sotelo (37) y Carlos Vargas Arizabal (37), acusados de extorsión y crimen organizado por la Fiscalía.

ESPERA. Los miembros de Fuerabamba solicitan que los procesos de diálogo sean realizados en Yavi Yavi, Cusco, o Challhuahuacho, Apurímac. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

La captura preliminar del comunero fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo: “De la lectura de la resolución judicial, el dirigente se encuentra privado de su libertad con una orden que no se encuentra debidamente motivada”, dice el comunicado.
“Acá habrá diálogo cuando traigan a nuestro presidente y asesores. No nos vamos a retirar ni a rendir”, declaró Ucharo Gutiérrez. Los dirigentes de Fuerabamba han brindado declaraciones similares esta semana. “No queremos diálogo: exigimos primero la liberación inmediata de nuestro presidente y asesores”, dijo a Ojo-Publico.com el vicepresidente de la organización de jóvenes de la comunidad, Edison Vargas Huillca, en Yavi Yavi, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
La consigna, sin embargo, no es compartida por todos los actores de la protesta contra la mina ‘Las Bambas’.

DECISIÓN. En el medio de las disputas entre dirigentes, autoridades locales y el Ejecutivo, cada integrante de Fuerabamba asegura estar dispuesto a dar la vida por el reclamo de la comunidad. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

Disputas por los asesores

El pasado 21 de marzo, los alcaldes de los seis distritos de Cotabambas emitieron un pronunciamiento conjunto condenando “la criminalización en contra de nuestros dirigentes sociales”, sin mencionar a los abogados. El 25 de marzo, la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho sólo exigió la liberación del presidente de Fuerabamba, Rojas Paniura.
“Personalmente no conozco a los asesores. Salen algunas cosas en las noticias pero no sabemos quién está detrás. Como autoridades tenemos que ser responsables al momento de tomar decisiones. Yo no puedo respaldar la liberación de un asesor que ni siquiera conozco y que no sé, hasta el momento, por qué situación está en prisión”, explicó el alcalde provincial de Cotabambas, Rildo Guillén Collado a Ojo-Publico.com.

YAVI YAVI. En el año 2014, la minera Las Bambas cedió este fundo a la comunidad cusqueña. Hoy, el paisaje es dominado por casas rudimentarias hechas de barro y paja. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

La discusión entre ambas posiciones llegó a su punto más álgido la tarde del miércoles 27 de marzo. Desde el medio día, centenares de miembros de Fuerabamba, acompañados por otras comunidades y organizaciones civiles de Challhuahuacho, tomaron posesión de la explanada y cerros colindantes a la entrada a la mina Las Bambas en ‘Manantiales’ para realizar una asamblea con las autoridades de Apurímac.
El gobernador regional Baltazar Lantarón Núñez y los alcaldes distritales y provinciales de la región exigieron el cese del Estado de emergencia, la presencia del presidente Martín Vizcarra Cornejo en Challhuahuacho y la liberación de solo una persona: Gregorio Rojas Paniura. “¿Quién los ha engañado? ¿Por culpa de quién les están pegando? De sus asesores”, aseguró Lantarón Núñez a Vargas Huillca esa tarde. Al culminar la asamblea, algunos miembros de Fuerabamba calificaron de ‘traidor’ al presidente regional.

MANANTIALES. Fuerabamba mantiene bloqueado el ingreso a Las Bambas. Los comuneros realizan asambleas para coordinar las acciones posteriores alrededor de la explanada colindante. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

Los asesores a los que hace referencia Guillén Collado y Lantarón Núñez son los hermanos Chávez Sotelo. Ambos son acusados de pertenecer a la organización criminal denominada ‘Los Chavelos’ y de extorsionar a la minera Las Bambas, en base a las declaraciones de tres testigos protegidos y las interceptaciones telefónicas legales por un equipo de la Fiscalía y la Policía. Los hermanos Chávez Sotelo junto con Rojas Paniura permanecen detenidos desde hace diez días en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía.
El actual abogado del presidente de Fuerabamba, Franz Velarde Warthon, y la defensa de los asesores legales, Yuri Grgicevic Velarde, dijeron a Ojo-Publico.com en Lima que la Fiscalía recién entregó la tarde del martes 26 de marzo el expediente del caso, compuesto por más de 1.600 páginas. “¿Cómo la Fiscalía puede solicitar las declaraciones de los implicados si recién nos han dado hoy el expediente? Pondremos en conocimiento de Control Interno del Ministerio Público”, aseguró Velarde Warthon, quien calificó la demora como una forma de amedrentamiento.

Desconfianza estatal

A pesar de los golpes, Huamaní Huachaca no asistió a entablar una denuncia en la comisaría. La principal preocupación del comunero y de los demás miembros de Fuerabamba es que “las autoridades nos traicionen”.
Es en este contexto que los funcionarios de Challhuahuacho esperan la llegada de la delegación enviada por la Presidencia del Consejo de Ministrio (PCM), que en la mañana del jueves visitó la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a tres horas en carro de Challhuahuacho. “Solicitamos que el proceso de diálogo sea en Challhuahuacho”, explicó el alcalde provincial de Cotabambas, Rildo Guilleń Collado, a Ojo-Publico.com.

ENFRENTAMIENTO. La mañana del jueves, un grupo de policías agredieron a las mujeres de Fuerabamba que bloquean la entrada a la mina Las Bambas, según denunciaró la comunidad campesina. Foto: Marco Garro / Ojo-Publico.com

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; la ministra de Salud y de Desarrollo, Zulema Tomás; y la ministra de Inclusión Social, Paola Bustamante, se reunieron con representantes de comunidades de Chumbivilcas. “Ya que teníamos conocimiento de que Yavi Yavi nos había condicionado para el diálogo que se libere a su presidente, que no está en manos del Ejecutivo y menos de su asesores, tomamos la decisión de confirmarle al gobernador y alcalde (de Chumbivilcas) que vendríamos. No podemos mirar solo Yavi Yavi, sino todo el corredor”, explicó Bustamante en declaraciones a la prensa.
En ‘Manantiales’ una línea de rocas cubiertas por un plástico de color amarillo divide en dos la entrada a la mina Las Bamas. De un lado, los policías antidisturbios, quienes a veces reposan sus escudos en buses interprovinciales que llevan la inscripción “Viajes Unión”. Del otro lado, sobre todo mujeres de Fuerabamba resguardan el bloqueo de la vía. “Nunca nos vamos a rendir, jamás en la vida, hasta el último vamos a luchar”, gritó Uchara Gutiérrez, mientras sus compañeras la aplaudían.

Comunicado MMG

La empresa minera Las Bambas, que opera el proyecto de cobre Las Bambas, ubicado en Cotabambas, Apurímac, ha emitido el siguiente comunicado en el que precisa siete puntos, en torno a la álgida situación que se vive en el lugar.
En su contenido reconoce el esfuerzo del gobierno por dar solución a los problemas en base al diálogo, explica sobre la afectación a derechos por los colaboradores de la empresa por el bloqueo (son unas 8,000 personas) y sobre los efectos económicos de esas acciones al país.
Asimismo da detalles sobre la condición de la vía en cuestión, refiere sobre la negociación de los terrenos, explica sobre el proyecto inicial con la mina Antapaccay (que implicaba el mineroducto) y finalmente revela sobre las solicitudes de pago por el uso de la vía pública, que la empresa ha recibido como Comunidad Campesina de Fuerabamba y sus asesores.
Comunicado
Ante los últimos sucesos producidos en torno a nuestra operación, Minera Las Bambas precisa lo siguiente:
Reconocemos el esfuerzo de las autoridades del Gobierno para buscar una solución a través del diálogo y ratificamos nuestra plena disposición a contribuir en ello, en favor del desarrollo de la Región Apurímac y del Perú. Resaltamos también la disposición a dialogar de diversos miembros de las comunidades.
El bloqueo de la vía pública nacional PE-3SY en Yavi Yavi (Cusco) y el de nuestras puertas de acceso a la mina está impidiendo el ingreso y salida de nuestros más de 8.000 colaboradores, lo que afecta sus derechos fundamentales y genera preocupación en ellos y sus familias. Las Bambas viene tomando acciones para velar por su seguridad.
La continuidad del bloqueo también está impidiendo la llegada de los insumos y el transporte del mineral, lo que implicará la paralización de la producción en los próximos días, con graves daños para la economía local y nacional. Desde el año 2016 a la fecha, las regalías generadas por Las Bambas ascienden a más de S/. 750 millones y han beneficiado a 84 municipalidades de la Región Apurímac, dos universidades y su Gobierno Regional.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha confirmado que la vía bloqueada existe desde el 2008 como vía pública vecinal. Existía cuando el fundo fue transferido por la empresa a la Comunidad Campesina de Fuerabamba en 2011 como parte de las compensaciones. Como cualquier otra vía pública, la ley señala que puede ser utilizada libremente por cualquier persona. Su reclasificación posterior a vía regional y nacional respondió a solicitudes de autoridades distritales, provinciales y regionales como consta en documentos públicos.
La negociación del proceso de reasentamiento se inició en el 2008 y el acuerdo fue formalizado en el 2011, con la participación activa y permanente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, tras un arduo proceso de diálogo con un enfoque intercultural. El fundo Yavi Yavi fue uno de los predios transferidos para uso agrícola. Asimismo, siguiendo los requerimientos de la comunidad, sus viviendas fueron construidas en la urbanización Nueva Fuerabamba, en la Región Apurímac.
Inicialmente, los proyectos mineros Las Bambas y Antapaccay formaban parte de un solo grupo empresarial. El procesamiento de mineral de Las Bambas terminaba en Antapaccay y ambas operaciones iban a estar unidas a través de un mineroducto. El cambio del proceso de transporte del mineral fue un requerimiento técnico para la independización de ambos proyectos, para lo cual se realizó una modificatoria en el Estudio de Impacto Ambiental, que siguió todos los procesos de ley. Esta modificación fue ejecutada antes de que Las Bambas fuera vendida por Glencore al consorcio liderado por MMG.
Las solicitudes que Las Bambas ha recibido de parte de los nuevos representantes de la Comunidad Campesina de Fuerabamba y sus asesores, como el pago por el uso de una vía pública, son compensaciones económicas por conceptos que no corresponden legalmente. Han rechazado, además, en reiteradas oportunidades, las ofertas hechas por la empresa para contribuir con más proyectos de desarrollo.
Las Bambas condena enérgicamente el uso de la violencia y mantiene su disposición al diálogo para lograr una pronta solución a esta situación que evite la paralización de la operación, la cual causaría serios daños a la economía de la Región Apurímac y del Perú.
Fuente: www.proactivo.com.pe

Fin de Daesh

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Combatienes de las Fuerzas de Siria Democrática tras su victoria ante el Estado Islámico.

¿Quiénes son las FSD? La historia del grupo que derrotó al Estado Islámico y eliminó su califato

Han derrotado a uno de los grupos terroristas más poderosos de la historia. Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) no han parado hasta destruir definitivamente al grupo yihadista Daesh, que ha sembrado el terror en Siria e Irak durante los últimos 5 años. ¿Pero quiénes son realmente las FSD?
Las FSD son una alianza de milicias kurdas y árabes, que se formó en octubre de 2015 con el apoyo de Estados Unidos para combatir al grupo terrorista Daesh en el norte de Siria, zona de mayoría étnica kurda. Cientos de combatientes extranjeros se han unido a las FSD a largo de estos años en su la lucha contra el Daesh, entre ellos algunos españoles.

1. La campaña militar

Las FSD han expulsado EI de un terreno vasto, el triángulo que forman el río Éufrates y las fronteras de Irak y Turquía, además de otras zonas en el norte como Manbech y partes de Alepo. En octubre de 2017, arrebataron a los radicales la ciudad de Al Raqa, situada en el noreste de Siria, considerada como la capital de facto del Daesh.
Desde el pasado septiembre las FSD llevaron a cabo su ofensiva final contra los últimos reductos del grupo radical en la provincia siria de Deir al Zur, al este del Éufrates. Organizaciones internacionales y ONG han denunciado en reiteradas ocasiones la muerte de civiles debido a los bombardeos lanzados por la coalición internacional que apoya a las FSD, sobre todo durante la liberación de Al Raqa.

2. Un núcleo duro kurdo

El principal brazo armado de las FSD son las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), grupo kurdo que lleva desde mediados del año 2013 luchando contra los terroristas en Siria e Irak. Las FSD cuentan además con diferentes grupos armados y uno de los principales es el Consejo Militar Siriaco (CMS), formado por combatientes asirios, grupo étnico de credo cristiano.
Las milicias árabes también han estado desde el inicio del conflicto posicionados en primera línea de batalla y en especial, en la última fase de la ofensiva en Al Baguz. Las FSD no divulgan información acerca del tamaño de sus tropas ni tampoco, acerca del número de bajas que han sufrido en tres años de guerra.
Milicianos de las Fuerzas de Siria Democrᴩca (FSD) celebran la conquista de Al Baguz junto a su bandera amarilla, en la que sobresale un mapa de Siria. Milicianos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) celebran la conquista de Al Baguz junto a su bandera amarilla, en la que sobresale un mapa de Siria. Fuente: EFE | Fotógrafo: STR

3. La lucha de las mujeres kurdas contra los terroristas

Las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ, en sus siglas en kurdo) es probablemente la brigada más famosa de las FSD.  Completamente integrada por mujeres kurdas, el brazo femenino de las YPG ha batallado contra los radicales durante todo el conflicto, convirtiéndose en una pieza clave para la derrota definitiva de los yihadistas, tanto en Siria como en Irak.

4. Aliados de 74 países

Las milicias kurdo-árabes han contado con el apoyo de la coalición internacional, una alianza de 74 países y cinco organizaciones internacionales que se fundó a finales de 2014 para combatir al grupo terrorista y que está capitaneada por Estados Unidos.  Las FSD han sido entrenadas y equipadas por EE.UU. y las tropas especiales de Estados Unidos las han apoyado sobre el terreno.
El pasado 19 de diciembre el presidente Donald Trump anunció la retirada de las tropas estadounidenses de Siria al considerar que el grupo radical había sido derrotado definitivamente. Esta noticia no fue bien recibida por las FSD, que consideraron que el repliegue de su principal aliado podría suponer el resurgimiento del grupo radical.

5. Enfrentados a Turquía

El Gobierno de Turquía considera a las YPG “terroristas” por sus vínculos con la guerrilla kurda presente en su territorio, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).  El PKK lucha desde 1984 por la creación de un Estado independiente para el pueblo kurdo, que vive repartido entre Irak, Siria, Turquía e Irán.
El Ejército turco y sus aliados se han enfrentado a las FSD en el norte de Siria y las han expulsado del norte de la provincia de Alepo, en el noroeste de Siria, zona controlada ahora por Ankara. Una semana después del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su Ejército intervendría en el norte del país atacando a las milicias kurdas que controlan este territorio.
Sin embargo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que la salida de las tropas estadounidenses de Siria solo saldría adelante con la condición de que el ISIS estuviese totalmente derrotado y si Turquía prometía no atacar a las milicias kurdas en el norte sirio.  La ofensiva contra los kurdos por parte de Turquía no se ha producido hasta el momento y el destino de la región que controlan en el norte se enfrenta ahora a un futuro incierto con la caída del ISIS.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Bamba bamba

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Caso Las Bambas: ¿por qué no se apaga el conflicto?

Por PAOLO BENZA- Semana Económica.
“Gratis no te va a salir, pero no puedes ir con un cheque que diga: ‘diez millones y terminas ahorita’”. Esta frase de la consultora minera Marita Chappuis es el punto de partida para entender la recurrencia de los conflictos sociales en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. El desembolso de dinero como estrategia reactiva ante conflictos y la negociación asimétrica con comunidades que forman parte de un tejido social débil, sumados a la persistente precariedad de las condiciones de vida en la zona, han configurado un escenario que propicia la repetición del conflicto todos los años. La ineficiencia de esta estrategia de relacionamiento comunitario recae tanto en la empresa como en el Estado.

TERMINA UNO, EMPIEZA OTRO

En el 2015 un levantamiento contra el cambio de planes para trasladar el mineral -originalmente por un mineroducto, ahora con camiones- terminó con tres muertos. En el 2016 cuatro comunidades de Challhuahuacho bloquearon la carretera pidiendo una compensación, pues los camiones levantaban demasiado polvo. Hubo un muerto. En el 2017 cuatro comunidades del distrito vecino de Mara volvieron a bloquear la vía con el mismo reclamo. Y esta vez, desde agosto del 2018 comuneros de Nueva Fuerabamba -la comunidad que fue reubicada por el proyecto- empezaron a reclamar una compensación por el uso de la vía. Desde el 4 de febrero de este año, el camino ha sido totalmente bloqueado.
“Se ha generado una dinámica perversa. Desde el inicio se ha entregado muchísimo dinero. Esto ha generado que todos los conflictos terminen en una negociación por dinero”, dice Javier Torres, director de Noticias SER. “En el fondo el problema no es la compensación por la carretera. Se tendría que construir una carretera, pero en el fondo es un ‘si el otro te cobró, yo te voy a cobrar’”, agrega. Por ejemplo, tras la huelga del 2016 el MTC pagó S/15.9 millones a las cuatro comunidades por derecho de vía. Así se ha configurado un escenario en el que los pagos para apaciguar conflictos funcionan como incentivo para que aparezcan más. Hoy los comuneros de Nueva Fuerabamba apuestan por un mecanismo que ya probó efectividad. “La misma gente de la zona sabe que cuando los de Nueva Fuerabamba negocian con MMG es porque quieren más plata”, dice Paul Pilco, periodista de Correo Apurímac.
En febrero del año pasado SEMANAeconómica previó en su artículo de portada que el 2018 sería un año tranquilo en cuanto a conflictos mineros. Sin embargo, también advirtió que Las Bambas sería la excepción a esa tendencia, por no haber sofisticado sus estrategias de relacionamiento comunitario. Mientras que otras mineras -como Minsur- habían entendido que no podían llegar “con la plata por delante”, sino que lo eficiente era invertir en independizar las economías locales, Las Bambas seguía desembolsando dinero sin resultados.
Este escenario, que incentiva la protesta, es fácil de activar por actores externos. En este caso, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo son abogados que asesoran a Nueva Fuerabamba. Su acuerdo implica un porcentaje de la compensación que pagaría Las Bambas. “Los Chávez Sotelo, sin dudas, son actores ilegítimos que están haciendo un daño enorme. Estos abogados representan una agenda mercenaria”, confirma José De Echave, cofundador de CooperAcción, ONG con oficinas en la zona. “Pero no me puedo quedar solo con los Chávez y no reconocer que sí hay una agenda legítima detrás”, agrega.

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

La agenda legítima, aunque no esté realmente vinculada a la carretera, sí existe. Tiene que ver con la precariedad de las condiciones de vida en la zona. “Desde antes del inicio de la operación [2004], Las Bambas ha invertido más de S/1,140 millones en proyectos de desarrollo sostenible […] y compensaciones económicas”, responde Claudio Cáceres, VP de asuntos legales y sociales de Las Bambas. Pero estos proyectos han sido altamente ineficientes en independizar a las economías locales de la mina. “Hubo intentos por desarrollar pastos mejorados y poner animales, pero han tenido una vida efímera”, dice Pilco.
“Es una porquería Challhuahuacho. El desagüe sigue yendo al río sin tratarse”, agrega. Un paseo rápido por el pueblo lo confirma: en Challhuahuacho no hay una sola calle asfaltada, pese a tener edificios de más de seis pisos. “La aprobación de las autoridades es una lágrima: tienen un nivel de legitimidad bajísimo”, confirma Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos Perú, consultora que tiene un monitor de riesgos sociales y que ha desarrollado estudios en el pueblo. “Es importante recordar que la zona de influencia tiene múltiples brechas que atender”, reconoce Cáceres, de Las Bambas. Con la precariedad como norma general, hace lógica que cada comunidad busque una compensación directa en negociaciones particulares, coinciden las fuentes.
La asimetría en el relacionamiento comunitario se originó hace más de una década. Xstrata, la dueña original del proyecto, aplicó una técnica cuyas consecuencias hoy paga MMG: para ‘romper’ a la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Cotabambas, negoció con sus miembros por separado. La primera en separarse del gremio fue Nueva Fuerabamba. “Todo inicia con la negociación separada entre comunidades que rompe el tejido comunal”, dice Pilco. “Es una zona con un tejido social muy débil y fragmentado”, confirma De Echave.
A ello se suman las expectativas de las comunidades frustradas tras la compra del proyecto por la estatal china MMG, que es mucho más conservadora con los montos. “Ya se sabe que Xstrata fue demasiado generosa con la población”, cuenta Carlos Casas, exdirector del centro de estudios sobre minería y sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Las compensaciones iniciales altas, la continuidad en la política de desembolsos ante conflictos y la asimetría en la relación de las comunidades con la minera hacen que todos los años un grupo distinto de éstas bloquee la vía.

ZONA CALIENTE

Aunque la zona de influencia de Las Bambas es especialmente ‘caliente’ -según Loli-, la probabilidad de que el actual conflicto se expanda a otras comunidades de Challhuahuacho es baja. El riesgo para el sector, en cambio, está en que la situación se replique en otras que se extienden a lo largo del llamado ‘corredor minero del sur’, que vive hoy su sexto estado de emergencia consecutivo.
Por allí también transita la producción de Antapaccay (Glencore) y Constancia (Hudbay). “El corredor tiene más de 200 km. En Espinar [donde opera Antapaccay], todos los conflictos estallan siempre en mayo, porque se conmemora la primera toma de la mina en el 90. Antapaccay tiene el proyecto de ampliación Coroccohuayco, que antes era independiente, pero para agilizarse se está presentando como ampliación. Allí podría haber problemas”, dice De Echave.
“Las existencias de cobre en el almacén del puerto Matarani se han agotado y por ello hemos informado a los clientes de retrasos en futuros envíos”, dice Cáceres. Todos los años Las Bambas atraviesa los mismos problemas. Tras más de 45 días de bloqueo, el presidente Martín Vizcarra —que apaciguó las protestas del 2016 al mando del MTC— ha asegurado que esta semana se le dará solución. El punto, sin embargo, no está en que se apague este conflicto específico. Todo indica que volverá a prender.

DIRECTORA DEL MEM TRABAJÓ EN CONSULTORA DURANTE POLÉMICOS CAMBIOS DEL PROYECTO LAS BAMBAS

Por Luis Enrique Pérez- Convoca.pe
Teresa Macayo fue gerente de “gestión ambiental” en SNC-Lavalin cuando esta consultora modificó el Estudio de Impacto Ambiental y se desataron las protestas en las que murieron tres ciudadanos. El cambio en el documento eliminó la promesa de un “mineroducto” y definió que los minerales se transportarían en camiones a través de una trocha, algo que está generando contaminación en las comunidades de este corredor como lo preveían. El Estado ahora asumirá la responsabilidad del asfaltado. Este reportaje forma parte de nuestra serie ‘La puerta giratoria de las industrias extractivas’.
La ruta Apurímac-Cusco es el escenario de un conflicto social persistente. Al pie de esta vía, las comunidades de los distritos de Mara, Tambobamba y Chalhuahuacho agitan sus reclamos bajo las nubes de polvo que dejan los camiones cargados de mineral de Las Bambas, el yacimiento de cobre más importante del Perú operado por MMG Limited, de capitales chinos.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) prometió un mineroducto, un enorme tubo que protege el traslado de los metales, pero modificaciones en este documento permitieron que fuera reemplazado por esta carretera sin asfaltar, lo que incrementa la contaminación del lugar.
El proyecto minero Las Bambas ya ha superado los 10 mil millones de dólares de inversión y tiene reservas por 7,2 millones de toneladas de concentrado de cobre y 12,6 millones de toneladas de otros minerales. Sin embargo, no consigue resolver este punto que fue uno de los desencadenantes de las protestas de septiembre de 2015 que dejaron tres ciudadanos muertos. Como se sabe, el EIA de Las Bambas -realizado por la consultora Golder Associates Perú SA- contemplaba en el diseño inicial del proyecto la construcción de un “mineroducto enterrado” de aproximadamente 206 kilómetros, que iría de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, a la provincia de Espinar, en Cusco.  Las condiciones comienzan a modificarse en el 2013, coincidiendo con el cambio de la consultora contratada por la canadiense SNC Lavalin, donde trabajó la que ahora es una importante funcionaria ambiental del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La directora general de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, Teresa Macayo Marín, trabajó durante junio de 2013 a junio de 2017 en SNC-Lavalin en el área de “gestión ambiental y permisos”, donde llegó a ser gerente de esta. En agosto de 2017, fue designada en ese importante puesto por la entonces ministra del expresidente Pedro Pablo Kucyznski, Cayetana Aljovín Gazzani.
Tal como señala la consultora canadiense en su brochure promocional, la empresa viene realizando “servicios integrados” para el proyecto de MMG Las Bambas, como las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental, el estudio de impacto de salud, el estudio de tráfico, entre otros.

primer EIA

En el Estudio de Impacto inicial de Las Bambas se incluían el mineroducto para transporte de minerales, lo que cambió en la segunda modificación del EIA

En su curriculum vitae, Macayo consigna que ingresó a trabajar en la consultora de Las Bambas, SNC Lavalin, en junio de 2013, durante la elaboración del primer “Informe Técnico Sustentatorio” del proyecto minero, presentado el 11 de julio y aprobado el 26 de agosto de 2013.
Dicho informe modificó el proyecto inicial y fue determinante para dar marcha atrás en la promesa del mineroducto. El documento reubica componentes principales, como las plantas de molibdeno y plantas de filtros, que pasaron de Espinar hacia el área de Cotabambas. Con esta decisión, aprobada por Jorge Merino, entonces ministro de Energía y Minas del gobierno de Humala, la empresa desistió en su compromiso de instalar el costoso mineroducto y optó, en cambio, por construir una vía que forma parte del Sistema Nacional de Carreteras para trasladar sus minerales.
La decisión se convierte en definitiva cuando se levantan las observaciones del segundo EIA, aprobado en noviembre de 2014, también elaborado por SNC Lavalin, en el período en el que Macayo se desempeñaba como gerente de Gestión Ambiental y Servicios en la consultora. Con este estudio, la empresa planteó “posponer la construcción y operación del mineroducto” por un “plazo indeterminado” y dispuso que los minerales se transporten vía terrestre entre la misma área el proyecto en Las Bambas hasta Caylloma, Arequipa.
lavalin

Con el Estudio de SNC Lavalin, empresa donde laboró Teresa Macayo, se dejó de lado el mineroducto. En su lugar los camiones que transportan minerales e insumos irán por la carretera

Este método de traslado funciona desde enero de 2016, cuando se inició la operación de MMG Las Bambas. Se calcula un tránsito de 250 volquetes diarios que levanta una gran polvareda que afecta a la población. Frente a las protestas, el corredor vial Apurímac-Cusco se mantiene custodiado por las fuerzas policiales y bajo reiterados “estados de emergencia” que restringen los derechos de la población al libre tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. El último de estos estados fue declarado por 30 días en setiembre.

macayo

Teresa Macayo fue gerente del equipo de gestión ambiental y permisos de SNC-Lavalin, consultora de la minera Las Bambas, empresa que sustentó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental.

Consultada por Convoca.pe, la funcionaria Teresa Macayo señaló que durante sus cuatro años como trabajadora en SNC Lavalin, el equipo de “gestión ambiental y permisos” que estuvo a su cargo brindaba soporte técnico en los diferentes estudios ambientales de la consultora.
Macayo negó la posibilidad de un conflicto de interés por su trayectoria en esta compañía que brindó servicios a grandes mineras. Su actual cargo público, aseguró, se aboca exclusivamente a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM. “Debo recalcar que en toda mi experiencia profesional he actuado en base a la ética”, indicó.

Subvención en la ruta

Fuentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) afirmaron que el Estado, a través del Ministerio de Transportes, será quien asuma la ejecución de la carretera que es parte del corredor minero entre Grau (Apurímac) y Espinar (Cusco), donde transitan los camiones de Las Bambas. Este proyecto será ejecutado a través de la entidad pública Provías Nacional por ser considerada una “vía nacional”.
Esto también se desprende de material gráfico publicado por Senace, en el que se asegura que “la carretera no es un componente minero de uso exclusivo de Las Bambas” y que “los impactos evaluados no pueden ser atribuidos de manera exclusiva a la actividad minera”. También se indica que esta obra es parte del corredor minero, esta “se concibe bajo la iniciativa y participación conjunta de los gobiernos locales y el titular del proyecto minero [MMG Las Bambas]”, añade.
La misma entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, indicó a Convoca que ya han considerado “moderado” -en un EIA semidetallado sobre esta obra de infraestructura- el impacto que tendrán los dos primeros tramos de este corredor vial (Matara-Pamputa y Pamputa-Puente Ichuray). Aún vienen evaluando cómo clasificar el tercer tramo (Velille-Espinar).

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En un video elaborado por el Senace se sostiene que los impactos a la carretera “no pueden ser atribuidos de manera exclusiva a la actividad minera”.

En 2016 estalló otro conflicto social -con el saldo de un campesino muerto de un disparo- por los impactos de la circulación de los camiones de la mina Las Bambas. El gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió al asfaltado de la vía, por lo que calificó la ruta del transporte minero como “ruta nacional”. Así, ahora le corresponderá su mejoramiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Sin embargo, como parte de la mesa de diálogo que se instaló luego del conflicto, el actual presidente de la República Martín Vizcarra, como vicepresidente de Kuczynski, confirmó que Las Bambas debería aportar para asfaltado de esta vía utilizada para transportar su mineral.
Para el presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Cotabambas, Víctor Limaypuma, el hecho de que el gobierno haya reclasificado toda la ruta que utiliza la empresa minera como carretera nacional “ha sido para servir a los intereses del proyecto Las Bambas, porque es la empresa que la utiliza y la afecta en mayor medida”.
Para Limaypuma, no es posible que el Estado subsidie a la empresa privada con la construcción de la carretera, ya que es la misma la que causará el deterioro de la vía.
“Es la minera la que sí o sí tiene que asfaltar el polvo que se levanta de la vía por el paso de los camiones. Afecta a los animales, a las plantas y a las poblaciones que viven al pie de la carretera en una veintena de comunidades en Mara, Tambobamba y Challhuahuacho”, afirma el dirigente.
Al respecto, la especialista legal en temas mineros ambientales de Cooperacción, Ana Leyva, indicó que no ha quedado claro a quién corresponde la labor de construir la carretera. Añadió que solo se estaría haciendo una vía para la minería y que no se ha pensado en un proceso de desarrollo diversificado.
camiones

Según los estudios de la empresa, por la carretera pasan 250 camiones de 52 toneladas con una carga superior a 30 toneladas.

Por otro lado, en el estudio de polvo elaborado por SNC Lavalin presentado por MMG Las Bambas, se indica un informe sobre el humo de los camiones pero no del polvo que levanta su paso, advierte la abogada. Eso lo aceptó el MEM en las observaciones a la segunda modificación que se hizo al EIA del proyecto minero Las Bambas.
“La génesis de la carretera es el transporte minero. Hay tramos que no existían y la realidad es que la mayor parte del tránsito es de camiones y maquinaria para la mina”, afirmó Leyva. También critica la desprotección del Estado hacia las poblaciones del corredor minero, que seguirá siendo materia de conflicto y sin responsabilidad de la compañía privada. El gobierno peruano, señala Leyva, considera a esta vía fuera de la zona de influencia del proyecto cuprífero.
Convoca.pe remitió preguntas a la minera MMG Las Bambas a través de la empresa Apoyo Comunicaciones, que maneja su comunicación con la prensa. La empresa indicó que no responderán las interrogantes planteadas.
Este medio  también se comunicó con la consultora SNC-Lavalin. La actual gerenta de Proyectos, Laura Ibarguren, quedó en comunicarse con nosotros. Al cierre de este informe no hubo respuesta.
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Martín Vizcarra y PPK incendiaron Las Bambas

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario EXPRESO.
No son 53 o 54 días de bloqueo de la carretera de Las Bambas para impedir el transporte del cobre hacia el puerto de Matarani, sino son años de boicot a las diferentes empresas que concesionaron el rico yacimiento cuprífero donde no ha estado ausente la mano del presidente Martín Vizcarra y su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski.
Si revisamos con detenimiento la cronología de este caso, veremos que un punto clave del conflicto está en el año 2016, cuando el actual mandatario llevó alrededor de 15 millones de soles del tesoro público que solicitaban varias comunidades de Abancay que no están directamente comprendidas en el área del proyecto.
Veamos este detalle. Entre el 8 de octubre de 2016 y el 17 de mayo de 2017, los comuneros de Pumamarca y Choquecca-Antio cerraron el paso en la conocida vía por donde circulan los camiones que transportan los minerales de Las Bambas.
Instaladas las famosas “mesas de diálogo” con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la comunidad de Pumamarca recibió 9.4 millones de soles pagaderos con 18 cheques del Banco de la Nación, y a la comunidad Choquecca-Antio le pagaron 6.5 millones de soles.
Es obvio que las comunidades de las partes más bajas o directamente relacionadas con la mina tenían que pensar que con ellos las ofertas económicas serían mucho mayores.
Sobre aquella base populista, a fines de noviembre de ese mismo 2016 Martín Vizcarra, siempre como ministro de Transportes y Comunicaciones, creyó encontrar la salida al viejo conflicto en Apurímac ofreciendo un paquete a más de 2,000 millones de soles para ser gastados en 38 o 39 comunidades con el objetivo de bajar el nivel de las iras que se acumulaban cada vez que se les acababa el dinero que se les había entregado por tal o cual razón.
En ese entonces estaba en el centro de la tormenta, vaya coincidencia, la comunidad de Fuerabamba, que había bloqueado el corredor minero que cruza por sus terrenos y pastizales, siempre para impedir el pase de los camiones volquete.
Y los pueblerinos exigían el asfaltado de la vía, a lo que Vizcarra no se negó. Todo lo contrario. “Si vamos a construir como Estado una vía asfaltada en esas comunidades, el principal usuario es la mina Las Bambas, entonces el principal aportante para esa construcción debe ser la minera”, declaró a El Comercio en aquella oportunidad.
El segundo punto de fricciones, al igual que ahora, era el pago por el uso de unos 12 kilómetros de sus parajes de pastizales que el Presidente se comprometió a ejecutarlo.
“Ese pago lo vamos a hacer nosotros, ese es el planteamiento que estamos haciendo”, subrayó.
De esos ofrecimientos poco o nada se ha cumplido hasta hoy porque obviamente esa demagogia no está en la Ley Anual de  Presupuesto.
De otra parte, lo que no hablaba Vizcarra es por qué y en qué circunstancias, al sustituir al renunciante Pedro Pablo Kuczynski, no hizo ninguna observación a que en una zona tan sensible el nuevo ministro de Transportes, Edmer Trujillo, haya firmado el año pasado la Resolución Ministerial Nº 372.
Esta es una resolución fechada el 23 de mayo de 2018 que declaró el corredor minero de Las Bambas como vía pública, es decir “reclasificó” como ruta nacional las que eran rutas departamentales o regionales, esto en coordinación o a propuesta, según reza dicha resolución, de los gobernadores del Cusco y de Apurímac.
Esta normativa fue el nuevo combustible que marcó el año pasado y en el presente el conflicto que nos ocupa.

SERVOSA Y VÍA FÉRREA

Con relación a PPK no se trata de alimentar expectativas comunales, sino que era de negocios fríos para el transporte del cobre y molibdeno en una flota de unos 300 camiones de 40 toneladas, afirman.
Como antecedente debemos recordar que con Xstrata se empezó a trabajar el proyecto del mineroducto con una plataforma de vía de seis metros de ancho. Es la misma vía que ahora se ha convertido en la carretera de la discordia. Esto empezó más o menos después del 2011 en que el Estado aprueba el estudio de impacto ambiental.
Pero cuando la plataforma llegó a Espinar y a las cercanías de Tintaya, el alcalde espinarense Óscar Mollohuanca levantó a los pueblos de la zona arguyendo que la obra del mineroducto y la planta de fragmentación de cobre a construirse crearían una catástrofe ecológica.
La protesta encabezada por el prosenderista Mollohuanca cobró el saldo de siete muertos y, dato adicional, contaron con el apoyo, en el lugar de los hechos, de la entonces congresista Verónika Mendoza, hito este que marcó su alejamiento de las filas del oficialista Partido Nacionalista en el gobierno de Ollanta Humala.
Xstrata llega entonces a la conclusión de que sería imposible mantener la seguridad del mineroducto por el radicalismo imperante en el citado corredor minero del sur.
Y Xstrata no tiene otro camino que vender el yacimiento primero a Glencore, en mayo de 2013, y este operador de materias primas hace lo mismo: el 13 de abril de 2014 –como Glencore Xstrata– anuncia la venta de la mina al consorcio chino MMG Limited por US$ 5,850 millones.
MMG Limited, hasta donde se sabe, enterado de los problemas del mineroducto, planteó la construcción de una línea férrea desde Las Bambas hasta la estación de Imata del ferrocarril del sur, ubicado en la zona alta de la región Arequipa, para desde este punto trasladar sus productos a Matarani.

PPK EN ESCENA

Nadie escuchó las propuestas chinas ni tampoco se hicieron públicas en proyecto alguno. Hasta que salió la idea de usar la carretera y con ello vino el paquete de los camiones de Servosa.
Es obvio que Pedro Pablo Kuczynski había entrado en escena, tal como lo informó el semanario ‘Hildebrant en sus trece’ en su edición Nº 320 del 21 de octubre de 2016.
“Los camiones que contaminan comunidades de Cotabambas son de una empresa en la que el presidente conserva un importante paquete de acciones”, informaba la revista cuando Kuczynski, en efecto, era aún presidente.
Se referían a Servosa ligada a su matriz española Inversiones Devon Iberia S.L., firma  en la que PPK era “apoderado”, la misma que era propietaria del 44.33 % de las acciones de Servosa por una inyección de capitales de 6’734,223 dólares.
“Según el Boletín Oficial del Estado (la versión española de Boletín de Normas Legales de “El Peruano”), Kuczynski fue nombrado ‘apoderado solidario’ de Inversiones Devon Iberia el 5 de marzo de 2014. A la fecha no hay registro oficial de su cese…”, señala el reportaje escrito por Rebeca Díaz.
Es de subrayar que Servosa es un grupo empresarial proveedor de servicios de transporte de mineral y abastecimiento de gas a las principales empresas mineras del país.
Aparte de Las Bambas, entre sus clientes están las mineras Yanacocha, Milpo, Antapaccay y Volcan.
Al margen de las irresponsabilidades de Martín Vizcarra, del conflicto de intereses en que incurrió PPK  y de la temeraria decisión del ministro Edmer Trujillo de cambiar la naturaleza de la vía en disputa, los analistas que no son de izquierdas afirman que si la estrategia antiminera triunfa en Las Bambas, “no solo se paralizará el mayor proyecto de cobre del Perú, sino que los extremistas avanzarán sobre Antapaccay y Constancia, y persistirán en bloquear el proyecto Tía María en Arequipa”, señala el portal El Montonero.
En consecuencia, en Las Bambas se traza la línea divisoria de la marcha del Perú actual.

Las reparaciones de la banda de los “Chavelos”

En otro ángulo de la noticia, si se ve en forma serena el tema de las reparaciones, no es un asunto del otro mundo. Los montos que exigen las 38 comunidades de Challhuahuacho por el uso del corredor minero ascienden a US$ 32 millones o su equivalente de unos 100 millones de soles. Se afirma que MMG Limited ofrece 6 millones de soles más un millón de soles anuales hasta el 2022.
Pero el Estado no tiene la autoridad suficiente para interceder ante el grave conflicto donde la minera ha perdido 300 millones de dólares, según la Sociedad de Minería y Petróleo, y la crisis se torna incierta, más si el presidente del Consejo de Ministros ha calificado el conflicto como si fuera un lío entre privados.
En todo caso, el Estado se está defendiendo a través del Ministerio Público, porque dos testigos protegidos (el Nº TP-93-2017-261 y el TP 02-2017-26) han declarado ante el fiscal Jafet Velásquez que los hermanos “Chavelo”, Jorge y Frank Chávez Sotelo, abogados de los comuneros, han incurrido en delitos penales en su papel de “asesores”.
En especial de Pumamarca y Choquecca- Antio, donde incitaron, según estas versiones, el bloqueo violento de la carretera y otras medidas intransigentes, que lindaban con la extorsión a la minera y al Estado con el uso indebido de niños y ancianos en las movilizaciones, para obligar al Gobierno de desembolsar dinero, como sucedió en Pumamarca y otras comunidades.
Por lo que no solo los “Chavelo” sino el dirigente Gregorio Rojas, de Fuerabamba, están detenidos. Entretanto, todos los ingresos de la mina están bloqueados y no hay diálogo si no los liberan.
Y el resultado final es que 38 comunidades del distrito de Challhuahuacho, de la provincia de Cotabambas, iniciaron el miércoles una huelga indefinida en apoyo a las protestas en Fuerabamba, no sin antes haber expulsado a la mala a la delegación de ministros enviados desde Lima en helicópteros.

EL FAMOSO ITS DE HUMALA

Las ONG de la zona critican los cambios del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “sin participación ciudadana”. Hasta donde se sabe, tres de ellas se hicieron mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), en el marco del “paquetazo ambiental” del gobierno de Humala y de su ministro Jorge Merino Tafur para promover la inversión de la minera china.

Venta tras venta

La minera suiza Xstrata Copper obtiene la concesión con US$ 121 millones el 31 de agosto de 2004. Luego vino la compra de Las Bambas por Glencore, en mayo de 2013, hasta que el 13 de abril de 2014  Glencore Xstrata anuncia la venta de la mina al consorcio chino MMG Limited por US$ 5,850 millones.

Refrito

Un diario local publicó como gran primicia la participación del operador islámico Edward Quiroga Vargas como promotor de la violencia en Las Bambas. EXPRESO lo reveló hace años y en varias entregas, en especial en 2016.

Salvador del Caviar

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Las Bambas

Las Bambas: Se frustra diálogo entre MEM y Fuerabamba por bloqueo de corredor minero

El diálogo entre la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) y el Ministerio de Energía y Minas, se frustró luego de que los representantes de la mencionada comunidad no se presentaran en la sede del Gobierno Regional de Cusco, donde estaba programada la cita.
El diálogo busca que la comunidad de Fuerabamba levante el bloqueo del corredor minero de Apurímac a Arequipa, el cual lleva 35 días afectando el tránsito del concentrado de mineral de cobre extraído por Minera MMG Las Bambas para ser exportado a través del puerto de Matarani.
A través de una carta dirigida al gobernador regional de Cusco, el representante de la comunidad de Fuerabamba sostuvo que la reunión programada “no se puede realizar mientras no esté debidamente conformado el nuevo presidente del Consejo de Ministros, así como los miembros de su gabinete”.
“Una vez realizado agradeceré, señor Gobernador se programe dicha reunión en el Fundo Yavi Yavi del distrito de Colquemarca-Chumbivilcas a fin de que de una vez por todas se de la solución a esta problemática que viene arrastrándose desde agosto del 2018”, dice la carta firmada por Gregorio Rojas, presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba.
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció que se buscarán puntos de encuentro entre el Estado, la empresa y la comunidad.
“Han presentado una comunicación que es por ese tema (cambio de gabinete). No es un desaire”, dijo el ministro Ísmodes a la prensa a su salida de la sede del gobierno regional.
Cabe recordar que la noche del último domingo, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, explicó que la comunidad busca recibir un pago de parte de la empresa minera por el uso de la carretera. “Eso no lo podemos aceptar por una razón simple: Es una vía pública nacional desde el año 2018”, aseguró.
Además, agregó que el Ejecutivo no desbloqueará la carretera por la fuerza “hasta que estemos seguro que hemos agotado todas las formas de diálogo posible”. “Hay mucho riesgo de que una operación policial pueda ser costosa”.

Fuente: Diario Gestión.
Pleno del Congreso aprobó interpelar a ministro Vicente Zeballos

Pleno del Congreso aprobó interpelar a ministro Vicente Zeballos

Con 58 votos a favor, 24 en contra y una abstención el Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por presuntamente favorecer a la empresa brasileña Odebrecht mediante el proyecto de Ley 30737.
Este pedido fue presentado el pasado 1 de febrero por la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Yeni Vilcatoma, junto a otro legisladores que consideraron muy grave que la firma brasileña continúe participando en concursos públicos con el Estado.

Debate

Vilcatoma de la Cruz, durante su sustentación de la medida, resaltó que es “urgente” que el titular de Justicia responda ante la representación nacional.
“Se hace urgente la presencia del ministro de Justicia para que explique los acuerdos entre el Estado y Odebrecht debido a que la autorización para que sigan participando en concursos públicos demuestra un agravante para el Estado peruano”, manifestó.
Por su parte, el legislador no agrupado Gilbert Violeta sostuvo que si bien la interpelación es un mecanismo válido, existen algunos puntos que deben ser corregidos y explicados. Sin embargo, consideró que el control del acuerdo de colaboración eficaz es de competencia del Ministerio Público y la aceptación es del Poder Judicial.
“Si este Parlamento aprueba la moción de interpelación, estaríamos incurriendo en una injerencia de poderes”, sostuvo.
Explicó que, si la interpelación estuviera dirigida a evaluar las políticas anticorrupción del Gobierno, cambiaría la situación y tendría mayor justificación.
Mientras que Justiniano Apaza (Frente Amplio) indicó que es el juez y la Fiscalía quienes deben determinar la situación respecto a la norma antes referida y no el Parlamento. Recordó también que, en su momento, su bancada se opuso a la ley y lo hicieron saber en el Hemiciclo. Por ello, consideró que no respaldarán la moción planteada.
Vilcatoma subrayó que las explicaciones que deberá dar el ministro sería únicamente por el tema de la reparación civil y no de otros puntos.
Por su parte, Mario Mantilla (Fuerza Popular) señaló que, si este contrato es declarado por las instancias judiciales como perjudicial para el Estado, el ministro deberá asumir los costos políticos. Agregó que su bancada no quiere “traerse abajo” el acuerdo.
A su turno, Víctor García Belaúnde (Acción Popular) consideró que no hay problema en que el titular del Minjus acuda al Parlamento. “El ministro es autoridad, nombra al procurador y preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. ¿Por qué no viene?”, indicó.
Lamentó que en el acuerdo con Odebrecht a la firma brasileña si se le permita quedarse con lo “robado”, además de que continúe licitando con el Estado.

Caso Movadef

A su turno, Jorge Del Castillo (Apra) solicitó apreciar un video donde el presidente Martín Vizcarra en un momento se muestra en contra de que Odebrecht continúe licitando en el Perú, y otro donde señala que la reparación civil es insatisfactoria.
En otro momento, entregó un video donde se muestra a integrantes del Movadef denunciando al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una sesión descentralizada en Bolivia. En ese sentido, cuestionó que esas personas hayan dicho “barbaridades” contra el Estado peruano y denunció que el ministro de Justicia estaba notificado de ese caso y no envió a los procuradores para que manifiesten su posición ante dicha denuncia.
“Eso amerita la renuncia del ministro de Justicia, no sólo basta con una interpelación. Eso se llama incompetencia (del ministro)”, aseveró.
Por ello, no descartó que su bancada presente una moción de censura contra Zeballos.
El expremier César Villanueva (Alianza Para el Progreso) sostuvo que este caso no le corresponde atenderlo al Ministerio de Justicia, sino a la Fiscalía y a la Procuraduría, instituciones que debieron enviar a los abogados representantes del Estado.
Fuente: Diario Correo.

El “salvador” de Martín Vizcarra

Por Aaron Salomón– Diario EXPRESO.
Pese a que se trata de una persona decente, el actor Salvador del Solar no tiene la experiencia política suficiente (pasó sin pena ni gloria por la cartera de Cultura) para asumir un cargo tan importante como el de presidente del Consejo de Ministros. Para este puesto se requiere alguien con harta muñeca que sepa articular todos los ministerios en pos de un objetivo común, y que, a su vez, actúe como bisagra con los demás poderes del Estado. Precisamente, sobre esto último del Solar ya ha admitido en televisión por cable que es antifujimorista (¿recuerdan que renunció a Cultura luego del indulto de PPK a Alberto Fujimori?), de tal manera que el diálogo que promete con la oposición congresal “naranja” se torna una paradoja.
Sumado a ello, Salvador del Solar es ultracaviar. Así, pues, en las últimas elecciones el director de cine firmó un documento en respaldo a la candidatura presidencial de la izquierdista Verónika Mendoza. Por este motivo no tendría que sorprendernos que en su flamante gabinete promueva la absurda paridad de género, cuando, en realidad, deberían ser los méritos -¡y no el sexo!- los que determinen que una persona lidere alguna cartera ministerial. Y es que si vamos a comenzar con la locura de poner cuotas a todo, ¿por qué, entonces, no incluimos también cuotas de pelirrojos, negros, chinos, católicos, protestantes, ateos, quechuas, aymaras, etc. en el gabinete Del Solar?
El nuevo premier, lamentablemente, también es partidario del peligroso subsidio. Durante su gestión como titular del Ministerio de Cultura, empujó una iniciativa legislativa para “triplicar los recursos que el Estado Peruano destina al cine, de forma que podamos competir de mejor manera con los países de la región”. ¡Populismo puro!
Ahora bien, cabe preguntarnos por qué el mandatario Martín Vizcarra expectoró de la PCM a César Villanueva, quien, como recordarán, promovió la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y, por consiguiente, favoreció al exgobernador moqueguano con un altísimo cargo que le cayó prácticamente del cielo. Y la respuesta parece estar en el bajón de 7 puntos en las encuestas. Lo que pretendería Vizcarra es salpicarse de la simpatía de Salvador del Solar (nuestro Justin Trudeau lorcho) y volver a agarrar vuelo. No obstante, Del Solar puede ser un excelente comunicador, pero necesita tener logros para comunicar, algo que, sin duda, resulta prácticamente imposible en un desgobierno. ¿Será Del Solar el “salvador” de Martín Vizcarra?
Por su parte, el actor, a todas luces, aceptó sin chistar el encargo porque pretende postular a la Presidencia de la República en el 2021.
Otrosí: Si podemos sacar algo positivo de esta situación, es la salida de la frenteamplista Liliana La Rosa, quien despidió injustamente a Lesly Shica del Midis por emitir una opinión en contra de su correligionaria María Elena Foronda, y en cuya gestión se intoxicaron más de 600 niños por desayunos de Qali Warma.

Ministro de Justicia Vicente Zeballos: “El salvador de Odebrecht”

Por Phillip Butters- Diario La Razón.
El día de ayer se aprobó la interpelación al ministro de Justicia Vicente Zeballos por el escandaloso acuerdo con Odebrecht, que consagra que estos delincuentes que le han hecho un daño al país que sí es mensurable, porque es perfectamente medible, se salgan con la suya y que solamente paguen S/ 610 millones en 15 años financiados por los peruanos en base a las obras que tienen y tendrán.
Es decir, nos pretenden pagar un daño inmenso y perfectamente calculable con el dinero que nos van a seguir robando en Olmos, en la Interoceánica, en Vías Nuevas de Lima, y en cuanta obra ellos sigan cobrando peaje o flujo.
Para colmo -y disculpen el francés-, los de Odebrecht tienen la concha de meternos un juicio por más de 2 mil millones de dólares por el tema del gasoducto.
¿Quién es el gran salvador de Odebrecht? No me refiero a Salvador del Solar sino a Vicente Zeballos porque, junto a su procurador Ramírez Ramírez, pretende consagrar esa barbaridad que considera que tendría que legitimar un juez.
Quieren darle valor a ese legicidio, a ese contrato traidor a la patria que ha sido elaborado a vista y paciencia del expremier Villanueva y del presidente Vizcarra.
Pero ayer o “se le chispoteó o le soltó la mano” Vizcarra a Vicente Zeballos porque claramente dijo que es muy poco el dinero que nos están dando. Decir eso el día que se votaba la interpelación es quitarle piso.
Qué va a decir ahora Salvador del Solar sobre Zeballos, porque si uno hace números, la bancada fujimorista no va a votar a favor de ese acuerdo. ¿O sí, Keiko?
¿Los Avengers van a soportar a Zeballos, que es antifujimorista y que está hundiendo a Fujimori en la Diroes? ¿Ellos no han sido los que se han encargado de anular el indulto a Fujimori?
¿Gente de Acción Popular, comandada por Vitocho, va a aprobar esa barbaridad de acuerdo? El Apra ya se mostró en contra.
Del Frente Amplio, Arana lo apoya. ¿Los caviares lo van a apoyar? ¿Contigo lo va a apoyar? ¿Quién va a bancar a Zeballos? Lo más probable es que luego que lo interpelen, lo censuren.
¿Salvador del Solar lo va apoyar o le va a pedir su renuncia? O lo que es peor, ¿va a tener que soportar estoicamente cómo le desbaratan a su ministro de Justicia, que es el asesor legal de su gabinete que todavía no tiene la confianza?
Creo que Zeballos es un hombre muerto y por dignidad debería renunciar. Y Del Solar debería ser contundente con el presidente. Asumo que él que está tan ligado a la lucha anticorrupción, va a pedir que Odebrecht, cuando menos, nos pague 2,000 millones de dólares, le tire dedo a todos los ladrones y nos quite todas las acciones penales con las que nos quieren hundir. Tremenda disyuntiva para el gran salvador anticorrupción.
Cabe recordar que el Perú se enteró de ese acuerdo traidor gracias a PBO Digital y al programa Combutters por Willax TV y la prensa escrita peruana tuvo como abanderado a LA RAZÓN, el periódico que dio la primicia de ese acto de bajeza y de corrupción encubierta que era el convenio con Odebrecht.
Digo era porque ese acuerdo tal como está, ya está muerto.
Queremos saber toda la verdad de Vías Nuevas de Lima, de Olmos y del gasoducto, caiga quien caiga, para ponernos en modo anticorrupción.

Odilón Huanaco Condori

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Fiscalía incauta departamento en Miraflores de prófugo alcalde Odilón Huanaco

Fiscalía incauta departamento en Miraflores de prófugo alcalde Odilón Huanaco

En un operativo simultáneo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Apurímac realizó la incautación de un departamento en Miraflores-Lima, de propiedad del prófugo exalcalde del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, Odilón Huanaco Condori, y un edificio de seis pisos en Challhuahuacho del exgerente municipal de ese distrito Néstor Enríquez Castelo.
Al cierre de la presente edición, la Fiscalía continuaba con el operativo de incautación del departamento ubicado en la cuadra siete de la calle José Gonzales en el distrito miraflorino.
Además del exalcalde y el exgerente, también están implicados los exfuncionarios municipales Everth Chávez Ccahuana, Danny Rojas Contreras y Herbert Sarmiento Reynoso, quienes junto afrontan un pedido de 18 meses de prisión preventiva por presuntamente haberse apropiado de 10 millones de soles de esa comuna.
Al exalcalde y sus exfuncionarios se les acusa por presuntos delitos de peculado doloso agravado, asociación ilícita para delinquir y falsedad ideológica.
Según informe de la Contraloría que ha tomado la Fiscalía como elemento de prueba, Huanaco Condori, cuando era burgomaestre de Challhuahuacho, creó el Organismo Público Descentralizado (OPD) PRO Challhuahuacho para canalizar aportes provenientes de la cooperación nacional e internacional y algunos negocios ediles.
De esta forma, recibió transferencias por cooperación, ingresos por la venta de combustible del grifo municipal y agregados de una cantera edil en una cuenta de Interbank.
La Contraloría advirtió que el dinero debió ingresar a la cuenta de la comuna en el Banco de la Nación.
El fiscal que tiene a su cargo la investigación del caso, Luis Arturo Ballón, manifestó que la evaluación de los estados financieros de la Municipalidad de Challhuahuacho corroboró el desvío de fondos a manos de particulares, por lo que consideró que se justifica el pedido de prisión de la exautoridad municipal.
Dejó alcaldía de Cotabambas al pasar a la clandestinidad
El Programa de Recompensas ‘Que ellos se cuiden’ del Ministerio del Interior (Mininter) reincorporó el 25 de abril del 2017 a Odilón Huanaco Condori en la lista de requisitoriados por el presunto delito de peculado doloso.
– Sobre Huanaco Condori pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses, solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, en Apurímac, emitida el 20 de abril de ese año.
– Odilón Huanaco fue alcalde del distrito de Challhuahuacho en el periodo 2011-2014. Luego fue electo alcalde de Cotabambas, cargo que desempeñó hasta que entró en la clandestinidad, cuando la justicia pidió su captura.
Fuente: Radio Titanka.

Militantes de la impunidad

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Por M​artha Meier Miro Quesada– Diario EXPRESO.
La militancia a favor de la impunidad está conformada por periodistas, políticos y abogados defensores del acuerdo con Odebrecht; un pacto perjudicial para nuestro país y beneficioso solo para los cuatreros brasileños, sus asociados y los gobernantes y autoridades que se enriquecieron con coimas y sobrecostos de más de cinco mil millones de dólares.
La chusma militante pretendió linchar a Phillip Butters por exhibir el preacuerdo, asegurando en coro que la filtración arriesgaba la firma. ¡Ojalá! El fiscal José Domingo Pérez, JDP, dijo estar preocupado por la obtención de “copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía”. En diciembre JDP calló cuando IDL-Reporteros publicó el artículo ‘El Acuerdo’, resumiéndolo. ¿Cómo así Gustavo Gorriti conoció ese material y los detalles de la reunión para redactarlo? https://idl-reporteros.pe/el-acuerdo/.Las vinculaciones de la oenegé IDL y de Gorriti con la fiscalía encargada del mayor caso de corrupción de nuestra historia son evidentes. El fiscal Rafael Vela repite cual loro a Gorriti. Ayer en entrevista de El Comercio dijo que “Odebrecht está certificada ahora dentro de los más altos estándares de calidad” y que “hay un programa de rendición de cuentas vinculado a las normas de ‘compliance’ [por lo que] las posibilidades de que lo haga (actuar delictivamente) son las mismas que la de cualquiera”. En entrevista a Michael Munro. nuevo jefe de ‘compliance’ de Odebrecht, Gorriti escribió que la empresa “buscó convertir su derrota como corporación corrupta en un proceso de colaboración con la justica sin precedentes”; y en agosto de 2018 en Caretas sostuvo “la Odebrecht de hoy es sustancialmente diferente […] mientras destierra o elimina el elaborado sustrato delictivo que hasta hace poco la acompañó”. ¿Alguien cree que una organización criminal será distinta en manos de los mismos propietarios corruptos que desarrollaron un mecanismo casi perfecto de corrupción global?
Gustavo Gorriti pudo ganarse un Pulitzer si seguía ahondando en ese mecanismo cloacal. Fue hasta hace poco el mayor conocedor del caso ‘Lava Jato’, siguió la pista del dinero, analizó los multimillonarios sobrecostos; cuánto bien pudo hacerse con ese dinero robado, identificó a los personajes encargados de lavar el dinero, pero prefirió dejar todo eso de lado. ¿Por qué?
El ‘acuerdo’ con Odebrecht les permitirá reorganizarse y refinar sus prácticas corruptas. Más que arrepentido, Marcelito Odebrecht debe estar pensando, con su característica soberbia, cómo pudo fallar su sistema. ¡Apuesto!

Derramando corrupción

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Comuneros exigen a Las Bambas el pago de compensación acordada

Por Jaime de Althaus- Diario El Comercio.
El día martes, mientras el Perú luchaba contra la corrupción, un grupo de comuneros de Fuerabamba (la comunidad que fue reasentada en otra zona por la minera Las Bambas) bloqueó la carretera, se enfrentó a la policía dejando 11 policías heridos –2 de gravedad– e incendió el campamento policial. Por supuesto, no hay nadie detenido ni denunciado.
Los comuneros de Fuerabamba no solo recibieron en su momento una cuantiosa compensación por el reasentamiento y se les construyó una nueva ciudad fabulosa, sino que tienen contratos de abastecimiento de diversos servicios –desde hotelería y restaurantes hasta transportes y maquinaria– con la minera. Recientemente, sin embargo, la nueva directiva contrató a unos conocidos abogados extorsionadores para que la asesore.
Es lo que están haciendo ahora casi todas las comunidades que bordean la carretera, desde que el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, resolvió como resolvió el conflicto con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Pues bien, el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.
Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones. Habían encontrado el negocio del siglo, la verdadera mina de oro. Por supuesto, todas las comunidades que bordean la carretera quieren ahora lo mismo, de modo que los benditos hermanos van de comunidad en comunidad ofreciendo sus servicios extorsivos: azuzan la destrucción de la carretera y luego exigen el pago. Y el Estado no es capaz de armarles un proceso ni denunciarlos. Menos aún a los ejecutores. Si la vía tiene más de 200 km, la servidumbre potencial ascendería a cerca de 200 millones de soles.
En este caso, además, hubo negligencia punible, pues normalmente el personal de la Oficina de Gestión Social del MEM, que está siempre en el campo para detectar cualquier problema desde su gestación, se hubiese enterado de los preparativos y hubiese podido prevenir los hechos. Pero al parecer el ministerio le había cortado los recursos para los gastos logísticos y no pudo hacer su trabajo. No hubo alerta temprana. Y de inteligencia policial, ni hablar. No existe.
Tampoco el Estado es capaz de usar el dinero de las regalías y el canon para hacer desarrollo integral en las comunidades. Ese dinero se entrega a los alcaldes para que no se gaste o se malgaste en obras corruptas –casi todos los alcaldes terminan presos–, en lugar de formar un fideicomiso o una autoridad o contratar una PMO capaces de ejecutar un plan de desarrollo rural integral.
Nos damos el lujo de sembrar conflictos en lugar de prevenirlos. De derramar corrupción para luego decir que luchamos contra ella. La lenidad es nuestra divisa. Mientras tanto, la pobreza ya no cae, aumenta.

Tropezón de miércoles

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Resultado de imagen para Vizcarra: “Qué bien que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada"

Globo desinflado

El presidente de la República saludó la decisión de Pedro Chávarry de mantener a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en el Equipo Especial Lava Jato. Sin embargo, esta medida no impidió que presentara un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.
“Camino de Palacio al Congreso me han dado esa noticia, si fue el caso, que bien que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada. No sé los detalles de esa decisión, pero el proyecto de ley está presentado, ya ingresó al Congreso de la República”, dijo Martín Vizcarra.
De acuerdo al documento que firmó Pedro Chávarry esta mañana, se resuelve “dejar sin efecto la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4853-2018-MP-FN del 31 de diciembre del 2018, en todos sus extremos”. De esta manera, José Domingo Pérez y Rafael Vela seguirán perteneciendo al Equipo Especial.
La decisión de Pedro Chavarry de separar a los mencionados fiscales a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo, provocó diversas manifestaciones en todo el Perú. Martín Vizcarra tuvo que adelantar su retorno de un viaje oficial para tomar medidas: un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público.
Fuente: Diario La República.Dos delincuentes murieron esta madrugada del Año Nuevo, un tercero fue detenido herido y un cuarto logró fugarse, al tirotearse con un policía de civil en Martínez.

Argentina: policía de civil mata a dos ladrones peruanos que intentaban robar casa

Un policía de civil se enfrentó a cuatro ladrones peruanos que, intentaron asaltar una vivienda en Martínez, una localidad de Buenos Aires, en Argentina.
En ese momento, Julio Alberto de 55 años, un policía que se encontraba al cuidado de la puerta del restaurante “La Rosa Negra” en Argentina, cerca de la casa; se percató que una camioneta Ford Kuga, que estaba estacionada en la vivienda, no era de los dueños y decidió acercarse para observar mejor.
Uno de los ladrones peruanos se fijó que el policía se aproximaba al lugar y comenzó al tocar la bocina para alertar a sus otros tres compañeros, que estaban dentro de la casa.
Al instante, los tres delincuentes peruanos salieron y comenzaron a disparar contra el policía. El enfrentamiento para impedir el asalto dejó a dos ladrones muertos y a otros dos, heridos. Cabe destacar que el que estaba dentro de la camioneta logró escapar.
La casa de Fernando Martínez, dueño de la vivienda, tiene rejas, cercado eléctrico, alarma y cámaras de seguridad; pero, nada de eso funcionó contra el asalto y la banda de delincuentes peruanos detectó que estaba vacía.
“Tenemos cámaras de seguridad en la casa y la cuadra para ver cómo entraron. Mi familia se siente violada. Lo hicieron rompiendo la puerta de frente a la casa y fue casual porque vieron que no había movimientos”, dijo un allegado a las víctimas.
El botín fue guardado en la camioneta Ford Kuga que tenía la placa de una Ford Fiesta, robada hace una semana en una zona cercana.
Los ladrones peruanos intentaron escapar, pero, González, dio la alerta, y fue cuando comenzaron los disparos.
El primer ladrón fue abatido frente la casa de la familia asaltada. El segundo fue herido y luego detenido a pocos metros de la vivienda. Mientras que el tercero, escapó corriendo y entró a un restaurante que celebraba el fin de año. Pero luego, lo encontraron muerto en la entrada. El último delincuente logró huir aparentemente herido, ya que se encontraron restos de sangre.
De acuerdo a Clarín, los dos fallecidos fueron identificados como Ángel Fredy Cruz Huarachi (34) y Juan Carlos Cava Vicuña, mientras que el delincuente herido responde al nombre de Washington Ynza Hinostroza (40).
Autoridades en Argentina informaron que el policía que detuvo el asalto “tiene 28 años de servicio y este fue su primer enfrentamiento”. Además, resaltaron: “Cuando le tocaba ir a un reentrenamiento no estaba de acuerdo, pero por esa capacitación supo cómo actuar”.
Fuente: Diarios La República y Clarín.

Mugre

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Alumnos utilizados

Por Martha Meier Miro Quesada-Diario EXPRESO.
Defensa de la autonomía universitaria decían mientras realizaban cobros ilegales a sus alumnos desde 2012, un año en que las autoridades de la Universidad Católica usaron su armamento pesado contra el cardenal Juan Luis Cipriani para impedir que reformase el estatuto de ese centro de estudios y cumplir, así, con el legado del intelectual José de la Riva Agüero y Osma, quien en su testamento entregó el terreno donde funciona la universidad de marras para que se impartiera una enseñanza apegada a los preceptos cristianos y en la que la Iglesia estuviera representada a perpetuidad. A Cipriani lo impulsaban causas nobles, pero a las “autoridades” universitarias, ahora lo sabemos, el afán de tapar sus malos manejos: les sacaron ilegalmente a los alumnos más de treinta millones de soles.
El renunciante rector Marcial Rubio Correa pretende justificar esos cobros ilegales usando como excusa la Ley N° 29947, del 2012. Según él esta podía poner en riesgo “el pago de las planillas” (o sea, entre otros, su propio sueldo). La ley referida en realidad garantiza la continuidad de la educación prohibiendo, expresamente, condicionar la asistencia a clases al pago de las pensiones.
Para el profesor universitario Andrés Calderón, colaborador de El Comercio, esto de “engañar a los consumidores (universitarios) para que los financien forzosamente sin saberlo no es una opción. Ni ética ni legal. Sí es, en cambio, una demostración de elitismo: el creerse encima de la ley, y por encima de los demás mortales (…)”. Según el penalista Julio Rodríguez podríamos estar frente a un delito de usura, porque lo cobrado por mora sobrepasó largamente la tasa de interés establecida por el Banco Central de Reserva (BCR).
¿La catedral de los caviares era su caja chica, quizá hasta fuente de financiamientos de campañas políticas y promoción profesional de los suyos? Eso lo determinarán las investigaciones. Pero, ¿qué tal si aplicamos la lógica del fiscal José Domingo Pérez? De pronto y de la nada estaríamos frente a una “organización criminal” que sustrajo fondos en contubernio con todos los profesores, trabajadores y hasta los rosales que crecen en el campus (habrá que ver si no son amapolas), lo que configuraría el delito de lavado de activos, muy probablemente vinculado al tráfico de drogas, porque si las rosas resultan ser amapolas, estaríamos frente a un cartel del opio con fachada educativa. ¿Suena descabellado? Sí, pero así habla cuando se refiere a los “cocteles” de Fuerza Popular. ¿O no?

¡Abusivos!

Por – Lucidez.pe
La última Asamblea de la Pontifica Universidad Católica del Perú tuvo lugar el viernes 14 de diciembre, presidida por el Secretario General. Duró diez horas y terminó en la noche, después de tomar decisiones que dan un vuelco al itinerario de esa venerable casa de estudios.
La renuncia presentada por el rector fue rechazada, procediéndose a destituir al rector, a causa del abuso en los intereses, convertidos en usura, cobrados a los estudiantes atrasados en sus pagos, desde 2011 hasta 2018; y por  la arbitrariedad en el otorgamiento de bonos dorados a los profesores que hacen investigación.
La renuncia presentada por el vicerrector administrativo corrió la misma suerte, por el primer motivo: responsabilidad política en los cobros excesivos.
La vicerrectora de investigación fue destituida por ser la principal responsable en la distribución a dedo de los bonos dorados a profesores. En vez de convocar concurso interno para dar bonos de investigación, los otorgaba a discreción, junto al rector y al director del programa académico del beneficiado. Esos bonos, llamados dorados, son un plus de dos o tres mil soles mensuales durante dos años, para realizar un proyecto de investigación. Los becados han cumplido su responsabilidad, pero los profesores no elegidos han quedado molestos, por no haber tenido oportunidad de competir en un concurso legítimo.
Ha quedado claro el enfrentamiento del personal administrativo, bien pagado, con el académico, mal pagado. Un viejo problema que por primera vez se debate en voz alta en una Asamblea. Mientras un profesor principal a dedicación exclusiva gana como máximo 7,500 soles aproximadamente, el rector gana al parecer como mínimo diez veces más: entre 75 y 80 mil soles mensuales. El pago de hora dictada por un profesor contratado es de 87 soles.
La Universidad queda en manos del rector interino y el secretario general, uña y carne. Ambos son integrantes de la camarilla que ha gobernado las últimas décadas la PUCP. Tienen seis meses para poner la casa en orden o limpiar los trapos sucios de las autoridades destituidas, según sea su voluntad.
Hay por ahora  dos ingenieros en carrera hacia el rectorado: Marcial Blondet y Eduardo Ísmodes. Ambos son ingenieros porque en teoría toca el rectorado al área de ciencias, ya que durante la última década la ha tenido el área de humanidades. Es tradición que se alternen ambas áreas.
El vicerrector académico fue nombrado rector interino, de acuerdo al reglamento, por no haber intervenido directamente en los dos actos de corrupción, aunque los conociera. Las renuncias de los directores de programas académicos fueron rechazadas, para no descabezar la vida académica de la Universidad.
Como se sabe, desde hace once años la Universidad se ha negado a cumplir la disposición el Tribunal Constitucional de convocar a la Junta de Administración del legado de Riva Aguero. Si hubiera funcionado la Junta estos cobros indebidos no habrían ocurrido. Durante ese mismo tiempo, la Universidad implementó una maestría de política jurisdiccional para fiscales y jueces,  con gran asistencia de magistrados. Obviamente no ha habido ningún compromiso formal de favorecer los procesos judiciales de la Universidad por el poder judicial, por lo que no se puede acusar a la Universidad de ser una banda criminal para delinquir ni mucho menos de tráfico de influencias.
El desencanto de profesores y estudiantes es grande, mientras que Indecopi, Sunedu, la Fiscalía y el Congreso se aprestarían a solicitar una auditoría externa para ver cómo van las finanzas universitarias.

Ron Zacapa

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Se terminó el simulacro (y los numeritos)

Por Román Cendoya-Político.pe
El referéndum del domingo demostró que el pensamiento único no es tan fácil de imponer. El resultado de referéndum es el que es. Y no debe ser lo que no es.
Bien es cierto que el presidente la república y su trama de palmeros y conspiradores intentan utilizar el resultado como algo que no es. Trampa propia de aprendices de brujo y de aspiracionales a dictador. Todos los que están alineados con el presidente agitan el “éxito” del referéndum como un respaldo indiscutible a favor del presidente.
Las preguntas fueron cuatro y preguntaban lo que preguntaban. La nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura) de la que la ciudadanía no tiene capacitación para  votar sobre la misma, la no reelección inmediata de congresistas –aceptando todo el mundo que le usurpen un derecho fundamental como el de la libre elección–, el no retorno de la bicameralidad en el Parlamento y el financiamiento a los partidos. En ninguna pregunta se cuestionó nada sobre el presidente Vizcarra –en euskera, la lengua vasca, “espalda”–, y tampoco se preguntó nada sobre la disolución del Congreso o la conducta que tiene que tener este a partir de ahora. El presidente propuso al Congreso de la República este referéndum y el Congreso aprobó la celebración del mismo.
Los conspiradores al servicio del presidente, los que montan el estado de opinión con los numeritos que publican, están excitadísimos con ese más del 80% de apoyo que han recibido del electorado. Ya el sábado, Ipsos comenzó a crear ese oportuno estado de opinión. Se pueden leer como lo hacen los palmeros —de forma parcial y sesgada— en favor de los intereses del presidente. O se pueden leer en su integridad.
Los datos reales del referéndum sobre 23’559,601 electores, solo 9’941,747 votaron SÍSÍSÍNO. Es decir, el 44.7% del total de votantes apoyaron al presidente Vizcarra a pesar del respaldo de los medios, de los numeritos de IPSOS, de la irregular acción de algunos “capacitadores” –manipuladores– de la ONPE y el papel de otros asimilados. No votaron 6’473,445; y viciaron su voto o lo hicieron en blanco, 3’313,916 ciudadanos. Y otros 2’202,301 votaron por opciones diferentes a las propuestas por el discurso único. ¿Dónde está el éxito?
En resumen, el “exitazo “de Vizcarra –ya que ha montado un plebiscito– es que tiene el apoyo de solo el 44,7% de la ciudadanía. Ooohh, se acabó el simulacro y hay otros numeritos. Los completos, los reales. La realidad es que con ese resultado, el Congreso ha recibido un mandato de las urnas para hacer una ley de financiación de partidos políticos con fondos públicos; deben modificar la forma del Poder Judicial; no tienen que crear un Senado y saben que cuando termine su periodo legislativo no volverán a presentarse. Nada más. Todo lo que no sea esto (mal que le pese a IDL o a Ipsos) es manipulación, demagogia y usurpación de la voluntad popular.
Ante el fracaso político de la movilización popular –no sale a la calle ni Dios– los que le hablan al oído del presidente le han creado un supuesto estado de opinión pública, a través de encuestas y de lectura interesada del referéndum. Sin alternativa al discurso de pensamiento único, el presidente ha recibido un respaldo que está por debajo del 50% de la población. Solo los interesados pueden creer que el presidente ha sido ratificado por la urnas con un poder total y sin límite.
El problema está en que ya ha pasado el referéndum, y Vizcarra sigue instalado en la misma incapacidad de gestión del gobierno. No se construyen puentes, continúa la anemia y parece que va a llegar otro Niño sin que se haya reconstruido lo roto por el anterior. Hacer algo de lo que de verdad sirve a los ciudadanos… nada. Solo la empresa privada mantiene el crecimiento de la economía del país. Eso sí que es un número.

Jueces envían inocentes al infierno de la cárcel

La actuación de la Fiscalía, respecto de los casos de Keiko Fujimori, Alan García y otros, es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos porque manda al infierno de la cárcel “provisional”  por tres años a la primera, y restringe los derechos del líder aprista al limitar su derecho de libertad personal al impedirle salir del país.
“No soy partidario de ninguno de ellos. Es más, fui el abogado que denunció ante la Corte IDH los dos casos de Penales de El Frontón y les gané en la sentencia Neyra Alegría en dicha Corte y ahí está mi nombre”, dijo el jurista y analista político Carlos Chipoco a EXPRESO.
Además, “Fujimori me puso en una lista de terroristas en el extranjero, cuando trabajaba en Naciones Unidas y era el redactor del Informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador. Producto de esa denuncia no puede ver a mis hijas por un buen tiempo”, dijo.
“Pero así como defendí los derechos humanos durante esos gobiernos y fui perseguido, mi conciencia me obliga a defender los derechos humanos hoy. Todos tienen esos derechos, por eso hoy afirmo que el fiscal encargado de los casos [José Domingo Pérez] ha cometido diversas violaciones a los derechos humanos”, agregó.
Dicho magistrado “primero ha realizado una grave violación al derecho a la no discriminación. Acusa a los inculpados de recibir dinero de Odebrecht y sus consorciados. Pero no procesa a los consorciados que le sustrajeron al Estado miles de millones de dólares con licitaciones amarradas o con sobreprecios a través de adendas y  arbitrajes”, señaló Chipoco.
“¿A qué se debe esa discriminación de empezar por los políticos y dejar sueltos en plaza a los constructores? Pues sencillamente a que da más popularidad procesar a una persona pública y que ha tenido un alto cargo político. Pero eso es discriminar y la Convención Americana prohíbe la discriminación de cualquier tipo”, agregó.
De otra parte, en cuanto a otros derechos violados está, dijo, el derecho a la presunción de la inocencia, uno de los más importantes desde la Revolución Francesa.
“Este derecho establece que solo puede ser considerado culpable un ciudadano luego de su condena. No antes. Por eso la Corte Interamericana ha establecido que la detención provisional es excepcional. En el derecho constitucional se llama ‘estado de excepción individual’”, según el experto.
Esta figura jurídica, aduce Chipoco Cáceda, tiene que ser proporcional a las evidencias como cuando la intención de obstruir la justicia o fugar está inequívocamente probada.
“Pero en el Perú se puede detener provisionalmente hasta tres años, lo que en realidad es una precondena. Si luego de tres años no hay condena, ¿quién le devuelve esos años de vida a la persona?”, se interroga.
“La Corte interamericana establece que siendo excepcional y protegiendo el derecho a la presunción de la inocencia, los plazos no pueden ser excesivos, como en el Perú. Acá el 70 % de los presos no tienen condena, lo que es un absurdo”.
Esto porque la cárcel en el país no solo implica privar al justiciable de la libertad, sino que es un lugar de tortura, el alimento es inapropiado, las amenazas de los presos llegan a la violación, no hay agua, no hay colchones, no hay posibilidades reales de rehabilitación. Es un infierno. Y los jueces envían a inocentes a ese infierno, más si los hará populares.
Con relación al caso de Keiko Fujimori, no obstante que es obligatorio que la detención provisional debe ser excepcional, “la enviaron a 36  meses de detención a todos los inculpados”.
“¿Nos van a hacer creer que todos tenían la misma posibilidad de fugar o entorpecer gravemente el proceso? La arbitrariedad es tan grande que un venezolano que degolló a su conviviente, le cortó la yugular delante de sus hijos, recibe nueve meses de detención provisional y Keiko 36. ¿Cuál es la proporcionalidad? Las detenciones provisionales que algunos fiscales aplican son un juego de azar”, reitera.
NO EXISTE
El juez Richard Concepción Carhuancho no ha explicado jurídicamente que recibir donaciones para campañas –no para dar ventajas al donante– sea un delito y no una falta administrativa. “Y es que no existe el delito de financiación política de elecciones”, afirma Carlos Chipoco Cáceda.
Los partidos no son organizaciones criminales
Un hecho que revela ignorancia sobre la historia y la política es la afirmación de que los partidos son organizaciones criminales. “¿Acaso el fiscal cree que Haya de la Torre en los inicios del siglo XX creó un partido para robar? ¿No recuerda que ganaba un sol como presidente de la Asamblea Constituyente?”
“¿O para cerrar ese flanco detienen a todos los fundadores y la dirección de Fuerza Popular, sosteniendo que son un grupo en el partido? El fiscal debería saber desde la universidad que los partidos políticos se fundan para ganar elecciones y aplicar sus programas y es una ofensa grave a todos los políticos decir que sus partidos son bandas criminales”, criticó.
El jurista señala que hay una conducta reiterada y discriminatoria de perseguir a los políticos porque “es algo popular, lo que es discriminatorio porque además marca un patrón de conducta que viola la presunción de inocencia y otros derechos humanos”.
CASO ALAN GARCÍA
Para Chipoco, otro caso grave es el del expresidente Alan García porque la prohibición de salida del país es también un limitación a la libertad personal que también debe ser excepcional, según el jurista, esto porque el derecho a la libertad no solo está consagrado en la Constitución sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
“Le tendieron una trampa. No creo que sea casual que el mismo día que lo citan para su declaración, no un día antes ni un día después, se hace pública una declaración no confirmada por ninguna autoridad judicial, de un abogado de Brasil que dice que Odebrecht le encargó pagarle una suma de 100,000 dólares”, sostiene.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LE ENMENDÓ LA PLANA
En el caso de la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala, que muchos aplaudieron, el Tribunal Constitucional le corrigió la plana al juez Richard Concepción Carhuancho: “(…) una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general”.
Y este juez, agrega Chipoco, “burlándose del más alto tribunal del Perú, volvió a hacer exactamente lo mismo”.
Fuente: Diario EXPRESO.