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Conflictos, integración y procesos sociales

Con un pie adentro

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Por Ricardo Uceda- Diario La República.

Cantó el primer jilguero y habría un segundo. Una versión verosímil. El oscuro MTC.

Aunque aún no puede darse por cierta la versión de que Obrainsa pagó una coima a Martín Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, la acusación tiene visos de verosimilitud. El presidente la niega. Un aspirante a colaborador eficaz sostiene que el dinero le fue entregado en dos ocasiones por Paul Tejeda, uno de los propietarios de la empresa, sin la presencia de testigos, como suele ocurrir con las coimas. La acusación deberá ser demostrada por una suma de indicios, parte de los cuales fue revelada por la edición dominical de El Comercio.
El hecho de que el procesamiento a Vizcarra solo ocurrirá cuando deje el cargo, dentro de nueve meses, no suspende hasta entonces algunos efectos. Uno es la pérdida de su credibilidad como líder anticorrupción. Lo más importante es que su gobierno estará marcado por esfuerzos judiciales y políticos para protegerse de la acusación. Le espera un pedido de prisión preventiva –infaltable en estos casos– el próximo 28 de julio. Está con un pie adentro.
Es posible que la gestión presidencial ya haya estado determinada por una estrategia de protección, pues la delación de Obrainsa se insinuaba desde 2019. Hace unas semanas, en círculos muy cerrados, se conocían algunos detalles del proceso. Habría una segunda delación en ciernes de otra empresa vinculada al “Club de la Construcción”, el cartel empresarial para repartirse obras públicas del MTC. La estabilidad de Vizcarra, de momento sostenible, podría verse seriamente comprometida.

Empresas amigas

En 2013 Obrainsa obtuvo del GORE Moquegua una obra de irrigación en Lomas de Ilo mediante el pago de un millón de soles, de acuerdo con el delator. La gestión de Vizcarra también ha sido denunciada por un pago irregular a ICCGSA, que construiría un hospital en Moquegua. En 2014, un día antes de cesar Vizcarra como gobernador, su administración le entregó un adelanto de 40 millones de soles gestionado en un solo día. La investigación, reabierta tras haber sido archivada en dos ocasiones, ya involucró al ex gerente regional Edmer Trujillo, y alcanzaría a Vizcarra al término de su mandato. Pero antes podría haber sorpresas en el expediente.
Diversas publicaciones, especialmente la digital Gato Encerrado, han documentado asignaciones de obras a ICGSA y Obrainsa, durante las gestiones de Vizcarra como ministro y presidente. También las recibió CASA, que según otro colaborador eficaz entregó dinero a la campaña de PPK cuando Vizcarra la dirigía. No hay acusaciones en concreto, pero el MTC funciona en la oscuridad desde que el presidente decidió que lo dirigieran sus íntimos, algunos involucrados en su gestión como gobernador en Moquegua, como Carlos Estremadoyro, el actual ministro; y Edmer Trujillo, desde hace poco asesor del Minagri para que funcione en Pampas de Ilo la obra de irrigación por la que se habría pagado la coima.

Posibles razones

Cuando Vizcarra fue ministro (2016-2017), el MTC le otorgó a Obrainsa la construcción de 57 puentes y obras en una carretera por S/ 547 millones. Además la empresa fue autorizada para quedarse con tres carreteras que mantenía en sociedad con Odebrecht. Por último, el ministro Edmer Trujillo aprobó el pago de 13 millones de soles por gastos adicionales de un proyecto que estaba en proceso arbitral –el MTC desistió, sin pelear–, y por la que Obrainsa pedía tres millones más. Esto ocurrió hasta el 2018 pero en 2019 ya no hubo favores a la empresa. Es posible que esta circunstancia, unida al hecho de que Paul Tejeda vivía más de un año a salto de mata, imputado por actos ilícitos del “Club de la Construcción”, haya determinado la colaboración eficaz que ahora pone contra las cuerdas a Vizcarra.
El presidente atribuyó la denuncia y su publicación a una conspiración de Odebrecht, una disparatada teoría que no terminan de comprar sus defensores. En una entrevista en Panorama, la noche del domingo, Vizcarra se refugió en la discutible probidad de UNOPS, la oficina de la ONU para contrataciones, aunque admitió las visitas a Obrainsa. Si se comprueba que fueron próximas a las fechas de preparación de los cheques, la versión del delator estará prácticamente confirmada.

Otra mano amiga

Como la presunta coima se hizo efectiva en 2014, cuando Vizcarra no era ministro ni presidente, la investigación no será dirigida por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sino por Germán Juárez, que pertenece al Equipo Especial Lava Jato. Es lo mejor. Ávalos ha reforzado las sospechas sobre su falta de imparcialidad respecto de Vizcarra en el caso Swing: omitió el delito principal en la calificación del expediente. De otro lado, ha rehusado mantenerse al margen del proceso, como pidió el procurador anticorrupción, Amado Enco. En los audios se menciona explícitamente una supuesta cercanía suya a Palacio de Gobierno. Con posterioridad ella misma descalificó el material probatorio en una entrevista periodística y amenazó con un juicio a la principal testigo del caso, algo inaceptable para quien representa a los investigadores.

La fiscal de la Nación refuerza sospechas sobre su parcialidad en el caso Richard Swing. ¡Omitió el delito principal!

La tesis principal de la fiscal Janny Sánchez Porturas es que el presidente y la secretaria de la Presidencia son instigadores de colusión agravada, cometida por funcionarios públicos que conciertan para defraudar al Estado, con daño patrimonial. Vizcarra y Morales habrían instigado a los ministros para que contrataran a Swing. El delito tiene una prognosis de prisión de seis a quince años. Además, se postulan obstrucción a la justicia y negociación incompatible, que acarrearían penas menores. En su Disposición 01, la fiscal de la Nación olvida la colusión y apoya los dos delitos restantes, añadiendo el de instigación de tráfico de influencias, también de bajo calado y difícil de demostrar. Gran favor al presidente, que ha pasado desapercibido.

Ni sobredimensionado ni desproporcionado

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Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Martín Vizcarra repite machaconamente que el caso Swing (Richard Cisneros) es desproporcionado y sobredimensionado, ofendiendo la inteligencia de los peruanos. Arguye que el pago de S/175,000 a Swing es una cifra de menor cuantía. Ha creado un tarifario a la medida de su laxa moral, soslayando que obligó al Ministerio de Cultura a actuar ilegalmente, irrespetando las normas. Y no es el único caso, están los de sus amigotes y parientes en otras entidades del Estado.
Lo cierto es que Contraloría ha determinado que el proyecto Chinchero “generó un grave perjuicio al país”, dándole en la yugular a Vizcarra, quien por entonces era ministro de Transportes. La fiscal a cargo de este caso, Zoila Sueno Chirinos (reemplazó al fiscal José Pérez por orden de Gonzalo Chávarry, exfiscal de la Nación), ha remitido sus elementos de convicción a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, para que investigue a Martín Vizcarra por ser alto funcionario. Sueno Chirinos señala, entre otros, que las preguntas del pliego interpelatorio a Vizcarra estaban respondidas siete días antes en la computadora de la contratista de Chinchero Kuntur Wasi.
La fiscal Janny Sánchez Porturas, encargada del caso Swing, también envió sus elementos de convicción sobre Vizcarra al despacho de Ávalos, como lo indica la ley. Las tres autoridades señalan que el gobernante tuvo acciones delictivas. Pero este reitera que el escandaloso tema de Swing no existe y que se trata de una conspiración de los congresistas Manuel Merino (presidente del Congreso) y Édgar Alarcón.
Pese a los cuestionamientos que pesan sobre Vizcarra, a los que se suman las 11 investigaciones fiscales en Moquegua, el mandatario insiste en culpar a otros. Los galimatías lanzados en una entrevista televisiva confirman que no está a la altura del cargo que ocupa. Dijo: “No encuentran explicación, que quieren ahora encontrar explicación hasta el punto de vista de que, entonces, seguramente si esto no encuentro por si pues, no corresponde, debe haber algo que no se dice”. Las redes se ocuparon del dislate.
En dos años y medio de gobierno destruyó al país y de qué manera. Pulverizó a la Fiscalía e injirió en el Poder Judicial. Impuso un referéndum y ahora tenemos normas electorales confusas e impracticables. Encarceló a Keiko Fujimori. Copó el Tribunal Constitucional y cerró el Congreso dando un golpe de Estado.
Gracias al mal manejo de la pandemia, la economía peruana está destruida, la más afectada en América Latina. No hay trabajo, se ha ‘fumado’ el fondo de estabilización fiscal y la pobreza se incrementa indeteniblemente.
Vizcarra ha pedido declarar ante la fiscal de la Nación, su “amiguis” según Karem Roca, exsecretaria del mandatario. Para él es un gesto, para el país una pachotada. Las elecciones serán sumamente turbias. Con este currículo no serán confiables. ¿Qué hay tras el caso Swing?

PAOLA UGAZ Y LA JUSTICIA MEDIÁTICA

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Como ya he lo he comentado con anterioridad, he querellado a Paola Ugaz. La razón de esta querella es que la mencionada señora se dedicó y se dedica de manera sistemática a difamarme en diversos medios de comunicación. Lo cierto es que Paola Ugaz vive en una burbuja de soberbia que la hace pensar que es intocable. Más aún cuando recurre a su ya conocida capacidad de victimización.
Cualquier mal que le ocurre, sin excepción lo vincula a su “investigación” sobre el Sodalicio, inmediatamente surgen como hongos toda una tropa de ayayeros dispuestos a firmar manifiestos, hacer colectas, fiestas, tómbolas y demás pellejerías para consolar a esa pobre víctima de una especie de conspiración clerical, que no le perdona su “agudeza” y sus “certeras denuncias”.
Cualquier mención de sus sospechosos movimientos alrededor de la mafia de las chalinas verdes, la posibilidad de sus posibles vínculos, a través de Pedro Salinas, con los enjuagues económicos de CHISAC, sus sospechosos viajes a Panamá, la denuncia de Expreso sobre lavado de activos, algún comentario sobre sus signos exteriores de riqueza, sus vínculos con IDL, todo esto y más son inventos del Sodalicio. Buena coartada, pero no le servirá para siempre.
Resulta que en el caso nuestro se equivoca, pues no sólo no tengo ningún vínculo con esa organización religiosa, ni he tenido un ánimo difamatorio al comentar sus sospechosas conductas, todo lo que he escrito sobre ella se ajusta a la verdad y a un punto de vista objetivo.
Lo cierto es que el pasado 21 de septiembre fue la primera audiencia de la querella que busca que Paola Ugaz se rectifique por haberme difamado en varios medios de comunicación. La citada audiencia dejó varios temas que comentar.
En primer lugar, llamó mi atención que la señora Ugaz a la pregunta del juez de dónde trabajaba y cuáles eran sus ingresos manifestó que su trabajo era el de corresponsal del diario español ABC y tuvo muchas dificultades para explicar cuánto ganaba. Es más, nunca pudo hacerlo con precisión.
El abogado de Paola Ugaz, Carlos Rivera, al iniciar su defensa nos acusó de pretender instrumentalizar la justicia para perseguir periodistas y pretendió disminuir la gravedad de las expresiones de Paola Ugaz sobre nuestra persona, que califican como difamación y son motivo de la querella, señalando que fueron dichos coloquiales.
Luego para nuestra sorpresa hizo una larga síntesis de todas las denuncias y querellas que tenía Paola Ugaz, como si todo esto tuviera que ver con el hecho de haberme difamado y pasó a desarrollar una especie de teoría conspirativa en que imaginaba todo un tinglado de medios y personas dispuestos a conspirar contra Paola Ugaz. Y se pregunta Rivera teatralmente: ¿Por qué Paola Ugaz es tan importante? ¡Paola Ugaz no es un demonio! ¡Es solo que está realizando una investigación sobre el Sodalicio y por eso hay que demolerla! Y sigue con su teoría conspirativa.
Finalmente termina su lamentable intervención. Rivera cierra su perorata con frases lastimeras de victimización, grandilocuente y teatral introduce temas que no tienen nada que ver en el caso. Pretende voltear las cosas y lejos de defender a la acusada quiere pasar a la ofensiva convirtiéndose en acusador y mencionando una serie de hechos y publicaciones posteriores a la querella, incluso de otras personas y pretende atribuirme esa responsabilidad. Impostadamente lee una serie de tuits que no tienen ninguna relación con el caso.
Ese es Rivera, abogado de IDL y otrora defensor de terroristas, que me agrede verbalmente, ahí mismo en presencia del juez. Vuelve a soltar una sucesión de adjetivos pretendiendo encasillarme, me llama perverso, indigno, machista, misógino…
Luego viene la intervención de Paola Ugaz. Tuvo expresiones sorprendentes. Por ejemplo, dijo textualmente que LA ABEJA es el tipo de medios que deben ser llevados ante la justicia y censurados. Salió su verdadera personalidad, en el fondo, como todo izquierdista, es partidaria de la censura.
Luego dedicó varios minutos a buscar la conmiseración del juez diciendo que en mis redes sociales y en La Abeja había llegado al extremo de meterme con sus hijos. Otra falsedad. En La Abeja no se ha publicado absolutamente nada sobre sus hijos. Únicamente, en un tuit hice mención a que la señora Ugaz muestra signos exteriores de riqueza, al tener a sus dos hijos en el colegio más caro de Lima, con una pensión mensual de 1400 dólares por cada uno, asunto que no deja de sorprender, más aún luego de la audiencia en que declaró que su trabajo era en el ABC y no fue capaz de mencionar cuánto ganaba en ese empleo. Salvo que lo denunciado por Expreso se confirme.
La audiencia terminó. Pero Ugaz siguió con su drama. Ha recorrido varios medios. Ha buscado respaldo de diversas instituciones, ha movilizado una red internacional de contactos para que se pronuncien avalando sus fantasías. Personalmente ya he sido contactado de dos oenegés norteamericanas para preguntar sobre el hecho. Todo esto con el único afán de presionar al juez. De generar un ambiente mediático que lo condicione a fallar a su favor. Incluso Kate Harrison la progre embajadora británica tuiteó solidarizándose con Ugaz y Pedro Salinas. Esto último muy lamentable, ya que compromete a su embajada al inmiscuirse en asuntos que no le competen, cosa que viene haciendo hace tiempo. Ya la hemos visto antes apoyando la ideología de género.
Esta tournée de presión mediática sobre el juez llegó a su momento cumbre cuando Rivera, Ugaz y Salinas montaron una conferencia de prensa para denunciar un supuesto reglaje en su contra entre otros delirios y fantasías.
Rivera inició la conferencia hablando de los que quieren demoler a Salinas y Ugaz y luego soltó la bomba: ¡Paola Ugaz ha sido amenazada de muerte!
La supuesta amenaza es en Instagram donde algún bromista de mal gusto ha posteado algo relacionado al Charlie Hebdo. Curiosa y coincidentemente esta “amenaza” les cae como anillo al dedo para poder reforzar su papel de víctimas.
El mecanismo está muy claro ante un problema judicial, se pone en marcha todo un tinglado que incluye medios, personajes del mundo caviar, algunas organizaciones internacionales para así hacer notar al juez con quien se está metiendo.
Esta especie de extorsión debe terminar. No se puede permitir que los medios invadan la agenda judicial y menos aún que se busque una justicia mediática como resultado del linchamiento de quienes osan cuestionar la seriedad y los métodos de cierto sector de la prensa y sus aliados desde las oenegés.

El doble rasero en el Perú

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Por Mariella Balbi- Político.pe
Se usa la expresión doble rasero cuando se juzga de manera distinta una misma situación. Es el equivalente a ser parcializado y por ende injusto. El gobierno de Martín Vizcarra instaló la política de: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. La palabra abuso dibuja bien esta doble moral que se ha enquistado en el Perú.
Los audios de los Cuellos Blancos abrieron una cacería de brujas en las instituciones judiciales. Básicamente los difundió el IDL. Durante largos meses el país vivió acribillado de conversaciones que guillotinaban a los implicados, mandando a muchos derechito a la ‘cana’.
Gracias a Karem Roca, ex secretaria personal de Vizcarra, hemos conocido las vinculaciones entre el gobernante, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el fiscal Domingo Pérez. Lo que Roca evidencia en sus conversaciones es que la Fiscalía se convirtió en un chiquero. Ahí todo está amarrado y dirigido en función de los intereses de Vizcarra.
En declaraciones, Ávalos amenazó a Roca con demandarla de no rectificarse, subrayando que no se puede afectar la honra de las personas. Pero cuando apareció un audio totalmente intrascendente entre el ex vocal supremo César Hinostroza –el “hermanito”– con el fiscal supremo, hoy suspendido, Gonzalo Chávarry, se le incorporó a la investigación de Los Cuellos Blancos. Un gran doble rasero.
Ávalos ya debería estar empapelada como Chávarry. Si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fuera independiente, tendría que investigarla también por la dudosa rectificación de sus notas para ascender a fiscal suprema. A Chávarry lo crucificaron por el mismo asunto.
Aldo Vásquez, presidente de la JNJ que suspendió seis meses a Chávarry, afirmó que no investigarán a Ávalos porque solo actúan “cuando hay elementos suficientes que justifiquen un procedimiento disciplinario”. La Fiscal de la Nación está acribillada de cuestionamientos, pero la JNJ utiliza el doble rasero.
Ávalos no investigará a Vizcarra por los audios donde diseña su estrategia de mentir a la Fiscalía. Pero a dos expresidentes se les escudriñó estando en el cargo. Un embuste más. Igualmente, junto con el Ejecutivo, un sector denominado ‘caviar’ o progresista quiere impedir que este Congreso elija a los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Los integrantes del TC ya excedieron su tiempo de permanencia en el cargo. Pero la doble moral obstruye la elección que sería adversa a sus intereses. El Congreso, elegido por votación, requiere la venia del mandatario. Además, es fruto de un golpe de Estado y hechura de Vizcarra. Ahora reniega de su Frankenstein.
Este gobierno es el rey de la farsa, imposible negarlo. Cobra sentido lo vivido. Se organizó los Cuellos Blancos en consulta con Vizcarra, se desmantelaron las instituciones judiciales, convirtiéndose en su coto de caza. No se investiga a Vizcarra ni a Ávalos, menos a Pérez. El país del doble rasero. Pero Vizcarra insiste en que el 2021 creceremos 10%.

Recuerdos de un ascenso

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Por Ricardo Uceda- Diario La República.
Existen testigos de que el ex asesor del partido Podemos José Luis Cavassa se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema de la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ocurrió en 2013. El autor de esta columna ha podido hablar con dos. Al menos uno de ellos –es posible que tres–, ha brindado esta versión a la fiscal Rocío Sánchez, recientemente desplazada del liderazgo de la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Dos de los testigos dijeron haber escuchado de boca de Cavassa que contribuyó al ascenso de Ávalos, mediante sus influencias ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según la versión, Cavassa y Ávalos se habrían reunido, antes de las entrevistas personales que realizaba el ex CNM, en una oficina de Cavassa ubicada en San Isidro. Consultada ayer al respecto, la Fiscal de la Nación respondió: “No me he reunido con dicha persona antes ni después de mi nombramiento como Fiscal Suprema. Si existiera información en otro sentido, es falsa”.
Actualmente en prisión domiciliaria, Cavassa está investigado por supuesta intervención dolosa ante el ex CNM para favorecer a Podemos en 2018, cuyo líder, José Luna, también es uno de los imputados. Anteriormente fue operador político del ex gobernador de Áncash César Álvarez, preso por corrupción. En el juicio contra Álvarez Cavassa está acusado de varios delitos y el fiscal ha pedido en contra suya 30 años de penitenciaría. Sus problemas con la justicia comenzaron mucho antes, por su implicación en una falsificación de firmas para inscribir al partido de Alberto Fujimori, Perú 2000.
Ascenso súbito
El ascenso de Zoraida Ávalos fue decidido en el CNM para que pudiera integrar la Junta de Fiscales Supremos que debía elegir a Carlos Ramos Heredia a la cabeza del Ministerio Público. Así lo relató en 2014 El Informante en este diario: “En el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87.50. Quedó primera en el cuadro final”.
El CNM del 2013 estaba presidido por Máximo Herrera, y la dupla Álvarez-Cavassa tenía una influencia decisiva. Una vez en la Junta de Fiscales Supremos, el voto de Zoraida Ávalos fue uno de los cuatro que definieron la elección de Carlos Ramos como Fiscal de la Nación, en contra de Pablo Sánchez. La acompañó en el voto otra fiscal que igualmente había ascendido por un favorecimiento del CNM, Nora Miraval. Ramos fue separado del cargo en 2015 y destituido en 2019 por inconducta funcional en las investigaciones sobre Álvarez.
Otras versiones
El hecho de que ahora aparezcan testimonios indicativos de que Zoraida Ávalos fue favorecida en el CNM es compatible con una observación histórica de los hechos y con las referencias de fuentes distintas, desde hace más de cinco años. El 28 de abril del 2014, el periodista Rodrigo Cruz publicó en el diario El Comercio la declaración de dos fiscales relegados en el proceso –uno identificado, Víctor Cubas, y otro bajo reserva–, quienes denunciaron que el CNM actuó sesgadamente para favorecer el nombramiento de las magistradas Ávalos y Miraval, señalando como evidencias las evaluaciones escritas y curriculares de ambas.
“Fue una manipulación escandalosa”, dijo uno de ellos. “Un acto completamente irregular y arbitrario”, expresó Cubas, quien presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Cavassa, de acuerdo con lo que afirmó a dos testigos, se habría reunido también con Nora Miraval, actualmente en el retiro, en su oficina de San Isidro. Miraval se incorporó en enero del 2014 a la Junta de Fiscales Supremos y cesó un año después por límite de edad.
El factor Cavassa
Hasta el momento las indagaciones de la Fiscalía se han concentrado en las influencias ilegales de José Luis Cavassa para copar la ONPE en el 2018, y aún no tocan su incidencia en el Ministerio Público en años anteriores. No es posible anticipar lo que declarará sobre sus presuntas gestiones en favor de Ávalos y Miraval. De ser ciertas, es un imputado con mucho poder de negociación, un poder que se extiende al dueño de Podemos, José Luna, quizá la cabeza más importante de Los Cuellos Blancos.
La Fiscal de la Nación ha efectuado recientemente cambios sustantivos: le ha quitado el control de las investigaciones a la fiscal Rocío Sánchez para entregárselo a Sandra Castro. Aunque Castro ha dicho que su intervención será para “reforzar” el trabajo, una interpretación distinta es que Zoraida Ávalos desea que el factor Cavassa sea manejado por alguien de su confianza. Entretanto, la fiscal Sánchez está sometida a investigación por chats aparentemente impropios con el asesor del Partido Morado Carlo Magno Salcedo.
Refutaciones
La fiscal Sandra Castro vive en la calle Los Robles, en San Isidro, en el conjunto de edificios donde habita también Martín Vizcarra. Ayer pedimos confirmar, tanto a la oficina de la magistrada, como a la del presidente, si es cierto que ambos se entrevistaron más de una vez y que mantienen una línea de chat que los comunica. La misma corroboración fue pedida al despacho de Zoraida Ávalos, pues ella habría estado en una de las reuniones. Como se ha dicho en esta página, existen testigos de que Vizcarra sabía de los operativos contra Los Cuellos Blancos antes de que se produjeran.
La oficina de prensa de la Presidencia de la República negó ayer, enfáticamente, que Martín Vizcarra estuviera en alguna de las reuniones mencionadas. La Fiscal de la Nación dijo que solo vio al presidente en reuniones oficiales. La fiscal Sandra Castro respondió:
–¿Quién dice eso? Tendré que querellar a quien lo sindique sin fundamento.

Silvana Carrión, encargada de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato en Perú Fuente: RPP.

Procuraduría identificó perjuicio por S/1400 millones en caso Interoceánica Sur

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, informó que se ha identificado 1,400 millones de soles como daño patrimonial al Estado peruano en el proceso en el que se investigan las irregularidades de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
“Este monto es dinero que el Estado ya desembolsó a raíz de los sobrecostos ilegales, las valorizaciones indebidas y las adendas que fueron aprobadas durante la ejecución del proyecto y tienen base en informe de control y pericias ordenadas por la Fiscalía”, contó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.
Silvana Carrión indicó que, como daño extrapatrimonial (indemnización), la Procuraduría solicitó 2,000 millones de soles. “Estos dos montos son los que vamos a ir a litigarlos en el juicio”, manifestó.
La Fiscalía presentó acusación en este caso contra Alejandro Toledo (expresidente de la República), Avraham Dan On (seguridad del expresidente), Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font (miembros del comité de Pro Inversión); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero); Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (JJC Contratistas Generales); y José Fernando Castillo Dibós (ICCGSA).
Asimismo, las empresas que formaron las concesionarias “Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A.” e “Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A.”, y que han sido incorporadas en el proceso como terceros civilmente responsables a la solicitud de la Procuraduría son Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, además de incluir a las mismas empresas concesionarias.
PEDIDO A SUNAT
La procuradora Silvana Carrión manifestó, además, que ha requerido a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la entrega de la lista de las grandes empresas que se habrían visto beneficiadas con una posible prescripción de su deuda, en caso el Tribunal Constitucional (TC) hubiera declarado fundada la demanda, a fin de ver si alguna estas se encuentra vinculada a las investigaciones del caso Lava Jato.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Crema volteada

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El 22 de marzo de 2018, cuando Martín Vizcarra arribo de Canadá para asumir la Presidencia, tras la renuncia de PPK, Óscar Vásquez lo fue a recoger al aeropuerto (Foto: Andina).

Óscar Vásquez, asesor de Martín Vizcarra, negó haber coordinado con fiscal para “voltear” el Caso Swing

Por Sebastian Ortiz Martínez– Diario El Comercio.
Óscar Vásquez Zegarra, asesor en Comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, negó haber realizado algún tipo de coordinación directa o indirecta con el fiscal superior Marcos Villalta para que lo ayude a “voltear todo” en referencia a la pesquisa que el Ministerio Público ejecuta sobre los contratos que el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros obtuvo con el Estado.
“Nunca había escuchado su nombre, no conozco a ningún fiscal, no conozco a ningún magistrado, mi mundo siempre ha estado relacionado a la prensa y a las comunicaciones, por lo tanto esas expresiones [de Karem Roca], que a todas luces han sido preparadas, son absolutamente falsas”, manifestó a El Comercio.
La fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla inició, el último 10 de setiembre, una investigación a Vásquez, Villalta y al abogado Daniel Jo Villalobos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Esto luego de la difusión de un audio entre Karem Roca, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial, y Cisneros.
“¿Sabes por qué cambié de abogado? […] Porque Óscar busca a este, con….con el estudio Jo, con esos abogados….busca a ese…a ese fiscal, ya, corrupto. Y este fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo nuestro caso, para voltear todo”, refirió la ex secretaria de Vizcarra Cornejo.
Al respecto, Vásquez, en comunicación con El Comercio, afirmó que no conoce a Villalta.
Vásquez Zegarra dijo que está dispuesto a colaborar con la investigación iniciada por Revilla.
“Estoy absolutamente dispuesto a declarar [ante el Ministerio Público] y a demostrar que no tengo nada que ver con esos dichos que evidentemente han estado dirigidos”, expresó.
El asesor indicó que aún no ha conversado con el presidente Vizcarra sobre la investigación en su contra. Al ser consultado por este Diario si daría un paso al costado, solo respondió “no lo sé”.
También precisó que él no financió la asesoría legal a Roca, sino que le pidió al abogado Jo, quien es su “amigo de varios años” que apoye a la ex asistente administrativa en “un tema puntual”, que era un interrogatorio en el Ministerio Público. “Este asesoramiento no se concretó, porque la señora en el último minuto desistió”, añadió.
Óscar Vásquez negó que haya ayudado a Swing con el pago de su abogado, pero evitó responder a quien se refería el cantante cuando hizo referencia a “el jefe” en una llamada que le hizo.
“Él [Cisneros] estaba haciendo una llamada maliciosa, que junto a otros implicados trataba de lograr alguna prueba”, subrayó.
Villalta negó haber buscado a la fiscal Janny Sánchez-Porturas, quien tiene a su cargo la investigación a Cisneros y otros.
“No conozco a la señora Karem Roca, Richard Swing ni a ningún otro personaje. Yo soy un fiscal superior. Yo jamás voy a hablar con un colega que está viendo una investigación”, expresó a “Cuarto Poder”.
“Nadie me ha venido a buscar, yo no he gestionado absolutamente nada en favor de nadie. Eso no se puede hacer. Estamos prohibidos de hacer eso. Si yo lo hubiera hecho, la fiscal, con justa razón me habría dicho: ‘Usted está traficando con las influencias y lo voy a denunciar’”, agregó.
Jo Villalobos reconoció, en declaraciones al programa dominical, que Vásquez, a quien conoce “hace tiempo”, le solicitó que asumiera la defensa legal de Roca en la fiscalía y en el Congreso.
No obstante, rechazó que se haya contactado con el fiscal Villalta para intentar influir en la investigación de Sánchez-Porturas.
“Soy un abogado que no hace esas prácticas y cuida su reputación. Puedo pasar por el polígrafo”, mencionó.
Jo Villalobos adelantó que le enviará una carta notarial a la ex asistente administrativa del Despacho Presidencial pidiéndole que se rectifique.
“En caso contrario la voy a demandar por 3 millones y medio de soles por daños y perjuicios. Ella no puede dañar así nomás el nombre de las personas”, acotó.
Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a este Diario que no emitirán ningún comunicado sobre la situación de Vásquez Zegarra, al remarcar que el Ejecutivo “es respetuoso de la independencia de poderes”. Agregaron que todo está en el campo del Ministerio Público y que mal haría Palacio de Gobierno si emite opinión sobre un proceso en curso.
Las mismas fuentes señalaron que la continuidad del asesor está siendo evaluada por el presidente Vizcarra.

En uno de los audios difundidos en el pleno del Congreso el pasado jueves 10 de setiembre, se escucha a Roca decirle al presidente Vizcarra que la estaba ayudando con “el abogado” junto con “Óscar [Vásquez]” (Foto: GEC).

Abren investigación a asesor de Vizcarra por audio en el que se sugiere que un fiscal puede “voltear todo”

El Ministerio Público inició una investigación contra el asesor de comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, Óscar Vásquez, el fiscal superior Marcos Villalta y el abogado Daniel Jo Villalobos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho debido a un lo dicho en un audio por la exasistenta del despacho presidencial Karem Roca, según reveló “Cuarto Poder”.
En la referida conversación la extrabajadora de Palacio de Gobierno conversa con Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, y sugiere que Óscar Vásquez pretendía asignarle a un abogado “del estudio Jo” para contactar con un fiscal que podía “voltear todo” su caso.
“Óscar busca a éste, con el estudio Jo, con esos abogados….busca a ese… a ese fiscal, ya, corrupto. Y este fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo nuestro caso, para voltear todo, ¿ya?, pero ahí se han enterado de que ese fiscal corrupto estaba a cargo. Y ya no nos podían defender, ni a ti ni a mí. Y eso lo sabía Óscar”, señala Roca en el audio.
En diálogo con “Cuarto Poder”, el abogado Daniel Jo Villalobos aseguró que había coordinado una asesoría legal para Karem Roca, pero esta no se llevó a cabo por una decisión “familiar” de la exasistenta del despacho presidencial.
“La asesoría legal a Karem Roca se iba a dar en la fiscalía. Yo le pedí que si había algo grave qué decir que podía pedir el secreto de la investigación por 20 días para que nadie se enterara de lo que ella había declarado. Pero ella, nos dijo luego que, por una decisión familiar, había decidido acudir a la fiscalía sin abogado”, señaló.
“No he cobrado nada. Lo hice por un servicio a Óscar Vásquez a quien conozco hace años. Además, nunca hubo un contrato y nunca hubo un servicio que pudiera ser cobrado”, detalló.
Cabe destacar que, en uno de los audios difundidos por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú) en el pleno del Congreso el pasado jueves 10 de setiembre, se escucha a Roca decirle al presidente que la estaba ayudando con “el abogado” junto con “Óscar [Vásquez]”.
El referido programa contactó Óscar Vásquez, pero se excusó de brindar una entrevista. No obstante, precisó al medio que no conoce ni tiene ninguna relación con el fiscal Marcos Villalta, ni con ningún otro magistrado.
Finalmente, el fiscal de Lavado de activos, Marcos Villalta, aseguró que no conoce ni a Karem Roca ni a ‘Richard Swing’ y rechazó que haya “gestionado absolutamente nada en favor de nadie”.
“Nadie me ha venido a buscar, yo no he gestionado absolutamente nada en favor de nadie. Eso no se puede hacer. Estamos prohibidos de hacer eso. Si yo lo hubiera hecho, la fiscal, con justa razón me habría dicho: ‘Usted está traficando con las influencias y lo voy a denunciar’”, indicó.
Fuente: Diario Correo.

Denuncian que el presidente Martín Vizcarra inauguró planta de oxígeno que fue comprada por los propios pobladores

Los pobladores de Chanchamayo rechazaron la presencia del presidente de la República. “Presidente sinvergüenza, como vas a inaugurar una obra que no te cuesta nada”, acotaron.
Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, inaugurara la planta de oxígeno del hospital Julio César Demarini Caro de Chanchamayo (Junín), pobladores del lugar rechazaron la presencia del mandatario.
Según un afiche recogido en las redes sociales, la planta de oxígeno fue en verdad adquirida gracias una gran pollada al horno realizada por los propios lugareños. Esta actividad fue dirigida por la Parroquia Nuestra Señora de la Merced– Chanchamayo.
En un video difundido en Twitter, se observa a los lugareños increpar al jefe de Estado por inaugurar la planta de oxígeno comprada gracias a sus donaciones. Frente a las protestas, un contingente policial resguardó al dignatario cuando subió a una camioneta para salir del lugar.
«Presidente sinvergüenza, cómo vas a inaugurar una obra que no te vale (…). Presidente, cómo vas a inaugurar una obra que no te cuesta nada, señor Vizcarra escucha», se oye a un hombre.
«Hemos tocado las puertas para que el pueblo aporte y va a venir a inaugurar (Martín Vizcarra) una obra que no le cuesta nada. Por eso lo rechazamos, nuestro repudio es por eso», dijo otro de los manifestantes.
Fuente: Diario EXPRESO.

Mirian Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno, continúa como directora de ElectroPerú

La ex secretaria de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, quien se encuentra envuelta en la polémica por el caso de las visitas de Richard Cisneros, ‘Richard Swing’, a la sede del Ejecutivo, continúa trabajando para el Estado; esta vez como directora de ElectroPerú.
Tal como se puede constatar en la web oficial, Morales fue designada por el directorio de Fonafe el pasado 5 de febrero. Su designación, además, llegó tras recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Morales se desempeñó como secretaria general de Palacio de Gobierno desde marzo del 2018 hasta ayer, que se hizo oficial que dejaría de estar en el cargo. Lo que cabe resaltar es que en medio de la polémica y su separación de la sede del Ejecutivo, en la web de ElectroPerú continúa figurando su puesto como directora.
Fuente: UCI Noticias.pe

Más contratos

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Los contratos del hermano de Claudia Cisneros en el Gobierno de Martín Vizcarra

Por  – LimaGris.com
Luis Eduardo Cisneros Méndez también escribió en su red social que a este tipo de información se le llama psicosociales y que forma parte de una mafia que hoy está más activa que nunca. Habría que preguntarle ¿cuál es esa mafia?; no obstante, él no niega su amistad con Martín Vizcarra, tal como lo dijo en una breve entrevista que le hizo el medio El Foco donde asegura que la foto del tenis fue en mayo de 2017 y que lo pixelaron porque él no tenía nada que ver. Habría que preguntar si la producción de Panorama lo alertó y lo llamó antes que emitieran su reportaje, para decirle que no propalarían su identidad.
Sin duda, el caso Richard Swing ha abierto toda una cultura de las contrataciones a todos los amigos que sean cercanos al presidente Martín Vizcarra. En ese sentido, hace dos semanas el programa Panorama a través de su reportero Marco Vásquez emitió un informe donde señalaba cómo los amigos del tenis de Martín Vizcarra, se vieron beneficiados con trabajos para el Estado.
Así mencionaron al Presidente del Club Lawn Tennis de la Exposición, José Luis Alvarado Gonzales que desde 2018 trabaja como Asesor del Viceministerio de Políticas para la Defensa, justamente en el ministerio de Defensa con un sueldo de S/15,600 soles; asimismo, a su hija Fiorella Alvarado que trabaja para el PSI (Programa Sectorial de Irrigaciones) y que fue colocada precisamente por su tío Edgar Zevallos Gonzales, que antes también había ingresado al PSI.
Todo quedó en familia. Pero, lo extraño es que el reportaje dominical también mostró una fotografía donde salían todos los amigos del tenis del presidente Vizcarra y solamente el rostro de uno de ellos fue pixelado; es decir, no se podía divisar de quién se trataba aquel personaje pixelado.
Ese rostro que Panorama tapó en su reportaje, ya se pudo descubrir y es nada menos que de Luis Eduardo Cisneros Méndez, un bachiller en psicología que trabajó como asesor en el MTC cuando Martín Vizcarra era ministro de esa cartera y que luego en reemplazo de Ángela Huatay Benítez se desempeñó como Jefe de Prensa del Despacho Presidencial. Justamente, en un enlace televisivo del 25 de marzo de 2018 se ve claramente a Luis Eduardo Cisneros flanqueando a su presidente Vizcarra como parte de su séquito en una actividad en el Hospital del Niño. Y es más, hizo la labor de guardaespaldas porque incluso cogió del brazo y retiró a un ciudadano que le hablaba muy cerca al mandatario.
El señor Cisneros Méndez ha ganado muy bien en trabajos para el Estado y consiguió 33 contratos por 658 mil 960 soles a través de órdenes de compra sin licitación pública, ni concurso alguno; es decir, ganó por partida doble, como persona natural y como persona jurídica a través de su compañía LEC & Hunter SAC.
Los contratos con el Gobierno de Martín Vizcarra.
Su empresa y sus servicios como persona natural se vieron bendecidos con Martín Vizcarra como presidente, porque obtuvieron entre las dos denominaciones, veintitrés contratos, y diez órdenes de servicios, respectivamente. Algunas fueron para Sunass, con nombres y/o conceptos como “Consultoría de diseño de estrategia comunicacional y plan operativo anual…etc. etc.”; así como por “Media training” para Servir, y por “Servicios especializados con grupos de interés vinculados al Dakar Perú 2019” a Promperú. Sin embargo, la entidad estatal que le brindó más contratos ha sido la que lidera su amiga Fiorella Molinelli, EsSalud con servicios de nombrecitos rimbombantes como “Evaluación de voceros institucionales”, “Análisis sociocultural y mediático” y “Diseño de un plan de fortalecimiento de la gestión comunicacional”, con una facturación a LEC & Hunter SAC de S/124 mil soles.
Pero durante la cuarentena, en el mes de mayo, Luis Eduardo Cisneros Méndez como persona natural obtuvo otra orden de servicio del INS (Instituto Nacional de Salud) por S/28,700 soles y luego apenas hace unas semanas, el 31 de julio, ya como empresa, obtuvo un contrato de S/29 mil soles por servicios de “Diagnostico comunicacional” a Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería). Es decir, a pesar que en plena emergencia sanitaria, casi todas las instancias están paradas económicamente hablando, estos proveedores tienen la suerte de no parar y encima algunas entidades del gobierno los contratan para que ganen jugosos pagos por servicios que no son fundamentales y que en la actual coyuntura pueden ser prescindibles.
Luis Eduardo Cisneros desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia, solo como persona natural facturó al Estado 282,200 soles.
Sin embargo, él no es el único de los Cisneros Méndez que ha facturado para el Estado; asimismo, su hermana Mariana Mariela Cisneros Méndez, abogada por la universidad de Lima ganó con Vizcarra en el poder (entre Ministro del MTC y presidente) un total de más de 305 mil soles con 13 órdenes de servicio. Este monto sin contar los sueldos como funcionaria del Gobierno de Vizcarra, ya que se desempeñó como asesora del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de agosto de 2016 a mayo de 2017 en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y posteriormente como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) en Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) de mayo de 2017 a abril de 2019. Luego, de abril de 2019 a enero de 2020 Mariana Mariela Cisneros se desempeñó como Consultora del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Cultura. En ese sentido, el Órgano de Control Institucional de OCSE ya se encuentra investigando este caso para determinar si hubo una falta basada en un conflicto administrativo en los contratos de Luis Eduardo Cisneros Méndez, considerando que su hermana durante ese tiempo era funcionaria del Estado.
Órdenes de servicio de Mariana Mariela Cisneros en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, la otra hermana de Luis Eduardo, la activista feminista y periodista Claudia Cisneros Méndez y que hasta hace poco escribía una columna en La República, desde el 2016 también facturó para el Estado S/37,552 soles y ha salido como es lógico, en su red social para defender a su hermano y asegura que es el mejor en el Perú en lo que hace y que como estudió una maestría en Comunicación y Desarrollo en la universidad de Ohio, ha llevado al Perú una nueva forma de hacer comunicación y por eso lo contratan en el sector público y privado; por la sencilla razón, como asevera ella, de que es muy bueno en lo que hace:
Claudia Cisneros en Twitter sobre su hermano.
Y sobre su amistad con el Presidente de la República, él textualmente afirmó a El Foco: “Yo me había hecho más o menos pata de él” y en otro párrafo textualmente agrega: “Pidan mis informes y miren la calidad. No soy el único que ha facturado esos montos. Mi trabajo en el Estado ha sido reconocido. Son consultorías de alto nivel. Yo tengo una maestría en Ohio University, una certificación en Estudios Latinoamericanos y una maestría en marketing en Centrum y un diploma en manejo de crisis”. No olvidar que ese argumento es similar al que Richard Swing dio en el Congreso… es decir, ambos aseguran que sus consultorías son de alto nivel; con la diferencia que el tal Swing, según sus propias palabras es: (sic) “Doctor Honor y Causa”.
Presidente Vizcarra y Luis Eduardo Cisneros.
Bonus track: Los Troll center pagados y no pagados defienden a morir a Luis Eduardo Cisneros Méndez y argumentan que todo ha sido un contraataque de los dizque rencorosos fujitroles y que además no hay ley que prohíba tener a una familia entera ligada a contrataciones con el Estado; aunque eso es discutible, porque de hecho hay casos en que está legalmente prohibido. Asimismo, mencionan que los familiares directos de periodistas no tendrían por qué no contratar con el Estado.
Entendemos entonces, por qué se ha puesto de moda que los familiares de periodistas que trabajan en los medios, obtengan simultáneamente contratos con el Estado. Es decir, ¿tiene algo de malo? y tampoco es ilegal. Pero lo más importante: da caché, y en la percepción que manejan ellos, su especie es la más genuina muestra de meritocracia pura, porque se ubican en un envidiable grupo de gente de élite y que por su condición de ser superdotada y altamente preparada, así no concursen públicamente, o postulen a una licitación como lo ordena la ley, ya tienen ganadas todas las opciones de ser contratados con salarios cuantiosos, porque si no, el propio Estado se lo pierde, porque ellos son unos pro y/o unos cracks.
¿Causalidad o casualidad? Cabe resaltar que el 75% de la PEA en el Perú desde hace años se encuentra en situación informal y vulnerable en términos laborales; en ese sentido, se presume que quizá el 20 % restante, está conformado por grandes profesionales formales que además de tener mucha calificación y acreditación académica, también se consideran unos genios; y esa es la principal argumentación que esbozan los que están enquistados en el Estado cuando alguien los descubre.
Luis Eduardo Cisneros en Twitter.
No obstante, omiten decir, que su mayor talento ha sido siempre ligarse y pegarse como chicle al poder político, para convertirse en lambiscones que primero le han cargado la maleta al tayta y que después han asentido a todo lo que les diga su caudillo.
Esa es la mayor fortaleza de aquellos especímenes, por eso forman cofradías cerradas para defenderse entre ellos, porque todos se conocen y se chalequean, como se suele decir en el argot callejero. Y todo con el único afán de ejercer su filosofía crematística, y luego salen con el cuento de que son los másteres del universo y venden sus embusteras teorías del coaching, las habilidades blandas, y sus inacabables maestrías para subestimar a todo aquel que les rodee; pero nunca admitirán que se adhieren como lapas a los gobiernos de turno y venden su alma al diablo con el único fin de recibir un bocado de sus amos… aunque ese bocado hoy se ha convertido en cuantiosas órdenes de servicios.

SUELDO DE LUJO EN PLENA PANDEMIA

Mientras que a miles de pobres del Perú no les llegó el bono por la pandemia, a Mirian Morales secretaria general del Presidente Martín Vizcarra le llegó su sueldo completo no obstante a que el jefe de estado había anunciado el 28 de mayo en conferencia de prensa que se reducía de manera temporal, la remuneración del presidente de la República y de altos funcionarios del Poder Ejecutivo para crear un fondo destinado a los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia del coronavirus (Covid-19).
Es así que en Julio de este año Mirian Morales cobró S/47,250.00 sin ningún descuento. Según la información de ingreso percibidos en la administración pública también se puede verificar que en diciembre del 2019 la funcionaria de Vizcarra cobró la nada envidiable suma de S/75,000.00.
Como se recuerda Mirian Morales fue denunciada por el programa Panorama por haber contratado a un familiar cuando trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así mismo Su ex pareja Jorge Mere presta servicios al Estado desde el 2009. Su sueldo mensual era de S/2000 en el área de archivo de diversas instituciones, pero luego dicho monto se elevó considerablemente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Según el dominical, la ex pareja de Mirian Morales registra pagos de entre S/15 mil y S/20 mil por diversas órdenes de servicio en el Programa Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía de dicho portafolio. Pese a este evidente tráfico de influencias sigue teniendo la confianza del presidente.
Fuente: www.manifiestoperu.com

La prensa con mascarilla

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Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
En Estados Unidos se presentó esta semana la fórmula demócrata Joe Biden-Kamala Harris. Como apreciación personal y paréntesis al objeto de este artículo, el tándem demócrata es un desastre que hará mucho más probable la victoria de Trump a tres meses de las elecciones de noviembre.
El octogenario Biden ha elegido a una mujer negra y joven de compañera de camino rumbo a la Casa Blanca convocando a las minorías afroamericanas y tratando de hacer pasar a Harris como una especie de Obama. Ni lo uno ni lo otro. Hillary Clinton no ganó la elección frente a Trump con todos los medios a su favor precisamente porque apostó todas sus balas a las minorías, siendo ella misma –como mujer– una minoría en un país reacio a elegir a una fémina como su líder máxima.
Harris no solo es mujer sino además negra, lo que complica aún más la situación electoral de los demócratas liderados por el viejo ‘Sleepy Joe’ (‘Joe, el soñoliento’) porque se convierte en minoría de minorías, además de ser antipática: todo lo contrario a Obama. Según los estrategas demócratas la lectura electoral está en las protestas contra el racismo contra la comunidad negra, pero Biden ha dejado de lado a los latinos, la primera minoría en Estados Unidos, a los que ha minimizado en su lanzamiento de la Convención demócrata sin darles casi cabida alguna.
El remate de los desatinos de Biden-Harris ha sido ponerse en malas migas con la prensa, lo que –siendo demócratas– es como atorarse con una gota de agua, pues tienen a todos los medios a su favor y en contra de Trump. ¿Qué sucedió? Que Joe y Kamala se han negado dos veces a responder a la prensa en vivo, suprimiendo las conferencias y provocando con ello, incluso en esa prensa parcializada y mentirosa, una reacción de protesta.
El corresponsal político de New York Times, Jonathan Martin, sostuvo que esta medida “no es una muestra de confianza para el segundo día de su lanzamiento”. “La seriedad del tema y los tiempos, por no hablar de la propia crítica de Biden al desprecio de Trump por una prensa libre, hace que la rendición de cuentas sea aún más esencial”, agregó. La reportera de CBS, Kathryn Watson, escribió en su cuenta de Twitter que tanto Biden y Harris no respondieron las preguntas en el día de su presentación “y hoy también se fueron sin contestar las interrogantes”. Jerry Dunleavy, quien trabajaba como reportero de Washington Examiner, manifestó que ambos “necesitan enfrentarse a preguntas difíciles de los medios”. Además, la conductora de CNN, Brianna Keilar, expresó que ellos siguen “presionando la campaña de Biden” y recalcó que “es necesario que haya más preguntas de periodistas”.
Como puede verse, por más desprestigiada y venida a menos que esté la prensa norteamericana copada por el progresismo caviar, todavía pesa la tradición de que los políticos deben responder a las preguntas de la prensa. Donald Trump lo hace todos los días en sus conferencias de la Casa Blanca y no le ha temblado la voz para conceder entrevistas a periodistas reconocidos por su severidad anti-Trump.
Aquí en el Perú, el Gobierno ha venido ejecutando durante más de cinco meses unas parodias de conferencias de prensa, sin la presencia de periodistas ni preguntas en vivo. Esta se sustituía con un dudoso “sorteo” en el que los periodistas “ganadores” podían enviar preguntas escritas una vez terminada la larga perorata del inquilino de Palacio. Sin embargo, la vergüenza mayor no está en esta falta de respeto de Vizcarra a la prensa –como Biden-Harris en EE. UU.– sino que, a diferencia de allá, ante ella acá ningún miembro de la prensa protestó con suficiente firmeza hasta el día de hoy. Existen varios voceros institucionales de la libertad de prensa en el Perú (Colegio de Periodistas del Perú, Asociación de Medios de Comunicación, IDL Reporteros, IPYS, Asociación de Corresponsales Extranjeros, etc.) pero, salvo el tibio reclamo a una réplica poco feliz del gobernante (“pregunten mañana”), no hubo un cuestionamiento severo sobre la farsa desplegada durante todo el estado de emergencia.
La realidad es que con su complaciente alineamiento, muchas veces reduciéndose a un simple eco del pronunciamiento oficialista, la mayoría de medios avaló la parodia de libertad de prensa de presidente de la República. Se volvieron (o, en algunos casos, continuaron siendo) sus cómplices.
La diferencia con Estados Unidos es evidente. Aunque allá hay fanáticos y no periodistas, aquí cierta prensa vive de las migajas en forma de publicidad estatal que le cae del Estado. En EE. UU., en cambio, cada medio baila con su pañuelo. Esa es la verdadera razón de tanta complacencia por parte de un sector de la prensa peruana, que nunca se atreverá a exigirle al presidente que deje de burlarse de la opinión pública y de ellos mismos. 

La culpa es suya, presidente

Por Luis Garcia Miró Elguera– Diario EXPRESO.
os fracasados siempre responsabilizan a otros de sus necedades. El simplismo es su manera de esquivar sus tonterías, endosándoselas a terceros, poniendo tal cara de palo que obviamente llegan a creérsela muchos ingenuos que pueblan este infra educado país. Y Vizcarra es uno de los más destacados especialistas en endilgarle a otros la culpa de su macabra incompetencia. Como en este estremecedor episodio de nuestra historia, donde la infame gestión del gobierno que preside este espontáneo –investido de presidente por circunstancias ligadas a la corrupción metastásica que instaló Odebrecht en el país– está causándole la muerte a decenas miles de peruanos. Esta tragedia nos hace titulares de los primeros lugares en las estadísticas mundiales en cuanto al número de fallecidos por cantidad de pobladores, según estimaciones de la prensa internacional. En consecuencia sobre las espaldas raídas del régimen que preside Vizcarra pesan miles de vidas cegadas, mucha gente con la salud arruinada y muchísimas más personas entristecidas por el fallecimiento y padecimiento de sus familiares. Vale decir, un peso terrible que recae únicamente en el responsable de todo ante el pueblo: Vizcarra. Porque fue él quien intrigó para que renuncie Kuczynski, y además quien rogó el apoyo del fujimorismo para sustituirlo sin estar ni remotamente capacitado para ejercer semejante cargo.
Sabemos que Vizcarra es incompetente por antonomasia. Pero su cinismo es tal que le impide reconocerlo. Entonces busca a terceros para encajarle sus tonterías y salir airoso por la tangente. Y qué víctima más sencilla que el populorum para transferirle su incompetencia. No es la primera vez ello sucede. Aunque sencillamente esta vez Vizcarra se ha sobrepasado de la raya, culpando a los jóvenes de sus desatinos, ante el rebrote de la pandemia. “La gente se ha estado reuniendo con la familia y con ello los jóvenes han infectado con el virus a sus padres y abuelo. Esto no puede ser”. ¿Consecuencia? Volvimos a Toque de Queda dominical. Con lo cual se le ha dado un golpe tremendo al agonizante sector gastronómico, por ejemplo. Pero lo que Vizcarra no puede comprender, debido a su medianía, es que la sociedad está indignada con él porque le ha hecho perder tres meses seguidos teniéndola encerrada, prometiéndole que cumplido el castigo ya no habría necesidad de seguir confinándola para evitar los contagios. Claro, aquello debió suceder si Vizcarra no hubiera descartado las pruebas moleculares para sustituirlas por esas otras inútiles –las “rápidas”– y además hubiese organizado un sistema de control para mantener en cuarentena a los que arrojasen positivo en los controles. Nada de eso ocurrió. Los tres meses de prisión generalizada domiciliaria se fueron al traste. Empecemos por eso, señor Vizcarra. ¡Usted es el gran culpable del rebrote que estamos padeciendo! Pero hay otra necedad de su gobierno que contribuyó a contagiar a los peruanos más pobres. Fue obligarlos a hacer horas de cola en los bancos durante varios días para mendigar algún subsidio que nunca llegaba, forzándolos además a utilizar el letal transporte público que tenemos. Basta de zafarse de sus responsabilidades, ingeniero Vizcarra.

George Soros financia política peruana

Por Federico Prieto Celi– CaféViena.pe
Por declaraciones de Diego Arenas a Sputnik sabemos que George Soros ha financiado no solo Alejandro Toledo –hecho ya conocido- sino también a quien ha difundido el último audio del presidente Vizcarra en Arequipa. Diego Arenas se refiere a IDL reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, como el “único medio que accedió a estos audios” por lo que deduce que este instituto “es financiado por George Soros” y se atreve a afirmar que “el aporte de capital del magnate a la empresa periodística fue de tres millones de dólares”.
Tanto Benigno Blanco como César Vidal, expertos en ideología de género, han denuncido que George Soros donó 18,0000 millones de dólares a The Open Society Foundations, con el fin de difundir esa ideología. Entrevistado por Enrique de Diego, en el portal digital RamblaLibre el 17 de marzo de 2018, Vidal declaró que “La ideología de género es el instrumento privilegiado del plan globalista para convertir el planeta en una gran masa de esclavos”.
La consigna de los organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y de la Unión Europea, entre otros, se centra en tres realidades que hay que destruir: la soberanía de las naciones, el matrimonio y la familia, y la Iglesia Católica. La consigna piensa que eliminando esos obstáculos lograrán influir en todo el mundo para reducir la población, que es la meta de George Soros y otros magnates como Rockefeller.
No hay que pensar demasiado para darse cuenta que los tres millones dados a quien sea en el Perú son apenas tres gotitas de dinero de esos 18,000 millones de The Open Society Foundations y que la finalidad sería influir para que el Ministerio de Educación difunda la ideología de género, que es la herramienta de Soros para ir debilitando nuestra soberanía, el matrimonio y la familia, y el sentido cristiano de los peruanos. Desprestigiar al Estado peruano –sus tres poderes- deteriora la soberanía nacional y sirve de presión para que las hormigas que trabajan -sabiéndolo o no- para él, puedan seguir insistiendo en la enseñanza en los colegios de la ideología de género. Es una manipulación que ya le hubiera gustado hacer a Vladimiro Montesinos, pero George Soros, a sus 89 años, y tras un siniestro pasado nazi, es mucho más maquiavélico y maligno.

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El país que no entendió Cateriano

Por Umberto Jara- www.esferaradio.net
En política una foto es un mensaje. El flamante ex premier Pedro Cateriano, por su oficio, sabe que las imágenes dicen mucho en política. El problema es que no supo elegir la foto apropiada. Tras cumplir con el ritual de la ronda de conversaciones con las distintas tiendas políticas, decidió cerrar su periplo con una fotografía que lo muestra a él conversando con el centenario Luis Bedoya Reyes. ¿Cuál era el mensaje? Vaya uno a saber qué pensó transmitir Cateriano, señorial y clásico. Lo que el país interpretó es que se trataba de un desatino.
Quienes se acuerdan de Bedoya entendieron que Cateriano estaba diciéndole al país y al Congreso que su gestión iba a tener el estilo de la “política tradicional” y por eso exhibía una foto con un tótem de una clase política ya extinguida, tan extinguida como la habitación antigua, colonial y en penumbra en que fueron fotografiados. El breve ex premier se olvidó por completo de los sectores populares a los cuales no les interesan fotografías supuestamente simbólicas sino el pan de cada día que ha desaparecido de la mesa.
Quienes sí entendieron clarísimo el mensaje fueron los miembros del Congreso que serán todo lo cuestionables que queramos pero pertenecen y representan, quiérase o no, al país informal que reclama atención en una pandemia con decenas de miles de muertos que pertenecen, precisamente, a los sectores que no tienen recursos para salvar sus vidas. Ese Congreso le habla, guste o no, a los millones de desempleados que soportan a un presidente de la República que miente, miente y miente pasando por encima de los muertos, los contagiados y los desempleados. Son esos sectores de peruanos que tenían muy poco y ahora no tienen nada los que eligieron al actual Congreso porque la política tradicional no les dio absolutamente nada. Insultando y despreciando a los congresistas no se logra nada porque la realidad es una: allí están por elección popular. Y Cateriano no entendió que debía bajar de su pedestal arrogante para negociar, mal que le pese, con ellos.
El nombramiento de Pedro Cateriano despertó expectativas. Frente a las figuras cuasi demenciales de Vicente Zeballos y Víctor Zamora, era una opción de racionalidad. Pero no entendió el país que estamos viviendo. Cuando hay crisis con muertos y hambre hay que hilar fino y con respeto. A su estilo confrontacional, de ceño adusto sin pausa, sumó hechos e imágenes insostenibles: para el sensible tema del trabajo puso (y justificó) a un muchacho racista que provenía de un estudio de abogados dedicado a la más rancia asesoría empresarial y para los conflictos mineros nombró a un Belaunde, apellido que, en el imaginario del Frepap, es parte del apocalipsis. En política para llegar a la meta, las más de las veces, hay que fingir. Tal vez en su descanso imprevisto Cateriano tenga tiempo para ver House of Cards.
La escena final fue el extenso discurso que propinó el ex premier. Cometió la insensatez de seguir la ruta de Vizcarra y habló como si se tratara de una asunción de mando y no de un gobierno que debe manejar una crisis final. Los peruanos esperaban apenas tres temas: salud, empleo y reactivación económica.
Lo peor de todo es que la irracionalidad continúa. Tras su salida, estamos viendo una campaña de desinformación que, con el paso del tiempo, habrá de avergonzar a algunos de sus actores. Periodistas y analistas que nos quieren hacer creer que todo ha sido exclusivamente una conjura por la reforma universitaria. Si eso piensan realmente o si eso les hacen decir y ellos aceptan decirlo, siguen perdiendo espacio ante la opinión pública.
Lo ocurrido con Cateriano es el primer capítulo de las varias batallas que se vienen y que tendrán desenlace en la próxima campaña electoral: ha sido el pulso entre el país oficial y el país informal; ha sido la pugna entre el país de los empresarios que compraban políticos y el país que sobrevive en las peores condiciones desde antes de la pandemia. Digamos que Cateriano, en representación del país oficial, no quiso entender al país informal que se expresa, por ejemplo, a través del Frepap. Guste o no, es el Perú al que hemos llegado. Si no se entiende y no se dialoga, nos esperan más sombras de las que ya tenemos.
Si quieren que el país marche a la total debacle, sigan inventando que el gabinete ministerial cayó por una conjura contra un ministro llamado Benavides, un personaje que no vale nada ni representa a nadie.

Los obstruccionistas

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Los hechos son los hechos en el PERIODISMO y en la REALIDAD. El gabinete Cateriano ha caído sin siquiera haber empezado, luego de que el Congreso le negara el voto de confianza por una serie de intereses variados y subrepticios.
Quienes apoyaron al hoy renunciante presidente del Consejo de Ministros en el pleno fueron sus enemigos, los que supuestamente obstruyeron la presidencia de Martín Vizcarra en el anterior Congreso y contra los que Cateriano ideó el golpe de Estado del 30 de septiembre para defenestrarlos de la plaza Bolívar. Hoy, los hijos de ese golpe de Estado ideado por Cateriano le han metido la daga por la espalda: nunca mejor puesto el dicho de quien a hierro mata a hierro muere.
Pero ya no se podrá acusar jamás a Fuerza Popular de haber participado en la caída de Cateriano en plena crisis sanitaria, económica y social como no hay precedente en los últimos cien años. En aquella bancada, quienes supuestamente eran los obstruccionistas le dieron su voto de confianza al enemigo que los disolvió (y los dos que no, lo hicieron por algo que en otras bancadas ya olvidaron: PRINCIPIOS) porque pensaron antes en el país que en sus propios intereses.
Cómo le debe haber caído a Cateriano y a sus caviares que entre los pocos que votaron por la confianza haya estado la bancada de Fuerza Popular. Se acabó el mito del obstruccionismo, de la zancadilla, de la sangre en el ojo que expandían sin pudor las Mávilas Huertas, las Rosa María Palacios y los Álvarez Ródrich que ahora chillan por el monstruo de representación que ayudaron a encumbrar.
Ahora, así como la vez pasada, los golpistas botan espuma por la boca a causa de lo que han derivado en llamar “Los malditos de la plaza Bolívar” o “traición a la patria”. Sí, claro, como no.
Los hechos han dejado demostrado que todo lo que se dijo acerca del obstruccionismo de Fuerza Popular fue una vulgar mentira que se usó como pretexto para perpetrar un golpe de Estado, que terminó devorando a los propios golpistas. Mientras tanto, los “obstruccionistas” tuvieron la responsabilidad patriótica de darle la mano a Cateriano en su hora más difícil.
Hizo bien Cateriano –hay que reconocerlo– en no dejarse pisar el poncho por lo del ministro de Educación y morir en su ley. Mientras, los caviares siguen mirándose el ombligo culpando al pobre ministro Ruggiero que a nadie interesa más que a ellos o al Acuerdo de Escazú, que en la mente de los congresistas y del vulgo vive en la galaxia de Andrómeda. Querían nuevo Congreso: ¡ahí está!

Manuel Merino: Ofrecimos a Pedro Cateriano postergar su presentación por críticas contra tres ministros

El presidente del Congreso, Manuel Merino, aseguró que en la reunión que sostuvo con Pedro Cateriano antes de la presentación para solicitar el voto de investidura, no solo le dijo que había críticas de varias bancadas contra el ministro de Educación, Martín Benavides, sino contra otros dos miembros del gabinete: la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y el de Trabajo, Martín Ruggiero.
Por eso, aseguró que le ofreció aplazar su pedido de voto de investidura hasta 10 días para que “levante” las observaciones que le trasladaba, pedido que Cateriano rechazo.
“(Pedro Cateriano) debió ver, no solo desde el miércoles (29 de julio) hasta el lunes que se presentó, la propuesta de la mesa como le dije, que si el tiempo era insuficiente para que pueda levantar estas situaciones, podemos ampliar 10 días más para que se presente ante el Congreso. No quiso. Se creyó suficiente o creyó que su trabajo enmarcado fundamentalmente en confundir al pueblo peruano hoy pretende ponerlo en medios de comunicación como que es una responsabilidad de los nueve grupos parlamentarios”, dijo esta tarde en una conferencia de prensa desde el hemiciclo.
Manuel Merino respondió así ante la versión que dio Pedro Cateriano en varias entrevistas luego de perder el voto de investidura y presentar, como consecuencia, su renuncia. El saliente primer ministro detalló que en una reunión del 29 de julio, convocada por el presidente del Congreso, le dijo que no había consenso dentro del Congreso para darle la confianza por haber ratificado en el cargo a Martín Benavides como ministro de Educación.
Al respecto, el titular del Parlamento aseguró que actuó así “de manera democrática” y con transparencia, en aras de la gobernabilidad, para poder decirle a Cateriano las “debilidades” que tenía el nuevo gabinete en tres ministerios: Educación, Economía y Trabajo.
“(Pedro Cateriano) sabía que traía un gabinete que no estaba totalmente renovado y una mochila pesada de dos ministros que habían repetido (con interpelaciones pendientes) y un ministro que no tenía experiencia. Esa advertencia la conocía él, no había nada oculto”, aseguró Merino, quien negó haber querido condicionar el voto de investidura.
“Rechazo enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza […] Lamento las declaraciones del presidente de la República, que pretenden soslayar el tema fundamental que democráticamente hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros […] La crisis del Gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República”, acotó.
Pese a esto, el presidente del Parlamento atribuyó la negativa al voto de investidura, no a los ministros cuestionados, sino a una “falta de expertise” de parte del renunciante primer ministro para responder al país sobre temas de salud y economía.
-Interpelaciones seguirán si ratifican ministros-
Manuel Merino aseguró que las interpelaciones contra los ministros de Economía y de Educación, en el caso de este último ya aprobada por el pleno, deberán seguir su curso si es que el nuevo gabinete decide mantener en sus cargos a María Antonieta Alva y Martín Benavides, y que si no convencen podrán ser sometidos a una censura.
“Las interpelaciones de la ministra (de Economía) como del ministro de Educación están en vigencia y si repiten a estos ministros, cuando les toque, van a tener que presentarse […] Pasarán por el pliego de preguntas y si no convencen al pleno naturalmente el Parlamento tiene la condición de poder censurar. Son interpelaciones que están pendientes y deben ser explicadas”, manifestó.
Manuel Merino concluyó señalando que Martín Vizcarra puede nombrar a un gabinete “estrictamente político pensando en las elecciones”, pero que no permitirá que se deslegitime la labor de los partidos políticos y el Parlamento.
“Necesitamos un gabinete que muestre garantías de un proceso transparente en la conducción y la responsablidad la tienen ellos. Si cree que debe poner un gabinete estrictamente político, pensando en las elecciones, pues que lo haga. La población quiere resultados y lamentablemente, el señor Cateriano no ha tenido resultados, por eso se cayó su gabinete”, señaló.
Pedro Cateriano no obtuvo el voto de investidura tras 20 días de haber jurado en el cargo en reemplazo de Vicente Zeballos.
Fuente: Diario Gestión.

Izquierda bruta y achorada

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Por Gustavo Rodríguez García- ElMontonero.pe
Lima no quiere sermones moralistas, quiere resultados. Y, la verdad, es que Lima necesita resultados. Lima no necesita un gobierno municipal prepotente que acuse a los que opten por una opción política distinta como casi cómplices de la corrupción. Me lo he preguntado antes y lo vuelvo a preguntar ahora: ¿realmente creía la señora Villarán que ganaría? ¿tan cegado era su análisis y cálculo político?
El panorama es interesante: ganó el que se presentó como gestor, como constructor, como emprendedor. Y el electorado premió a quién se presentó como técnico, como hombre con ideas, con propuestas, como cambio serio. Finalmente, el electorado castigó -¡y de qué manera!- a quién se presentó con soberbia cubierta por un manto de supuesta honestidad y limpieza. La izquierda, en torno a Villarán, de manera torpe, a mi entender, se juntó con el partido del señor Toledo minando precisamente el discurso de limpieza que quería explotar. La izquierda, en torno a Villarán, pretendió atropellar con un discurso de “buenos y santos” contra “malos y corruptos”. En buena cuenta, la gran perdedora ha sido la “izquierda bruta y achorada”.

La red de Villarán, Odebrecht y OAS

Por ISABEL ZAMORA- Diario EXPRESO
Cuando empezaba la campaña para revocar a Susana Villarán de la alcaldía de Lima, en febrero de 2013, su gestión firmó el contrato Vías Nuevas de Lima para que Odebrecht invirtiera en mejorar las carreteras, Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé. Aunque en realidad fue a cambio de dinero, como admitió la ex alcaldesa hace un año.
El entonces congresista Pedro Spadaro denunció esta irregularidad pero Augusto Rey, a la sazón asesor edil, la defendió a capa y espada. Rey ganaba S/ 7,000 mensuales a pesar de que era solo bachiller en Derecho. Luego negociaría la expropiación de tierras para otros peajes: los de Línea Amarilla de la también corrupta OAS.
Según el fiscal Carlos Puma, Villarán no solo tuvo como cómplice para este tinglado a su exgerente José Miguel Castro. Los indicios involucran a la exregidora Marisa Glave, el exfuncionario Gabriel Prado -quien se reunió con ejecutivos de Odebrecht por un asunto particular-, la exfuncionaria Paola Ugaz y la vocera del No a la revocatoria, Anel Townsend.
Glave acudía a diversos programas de televisión a defender el contrato, y admitió que ella impulsó “directamente” la ampliación de diez años para el proyecto Línea Amarilla.
Ugaz había sido contratada por el municipio limeño para diversas “asesorías”por 10 mil soles mensuales. Entre el 2013 y el 2014, habría viajado varias veces a Panamá y Colombia. Luego se perdió la documentación de los términos de referencia que fijaban su sueldo. Townsend era jefa de campaña del No. Cuando se revelaron desbalances contables, dijo que el dinero lo había manejado una asociación civil.
Glave fue denunciada porque, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano edil, gestionó el pago sobrevaluado de un terreno en Campoy para cumplir el contrato con OAS. El Ministerio Público aún no se pronuncia.
A mediados del año pasado, el investigador Edgardo Palomino también acudió a la Fiscalía para que se investigue a Ugaz y a Townsend, e interpuso un recurso de amparo al respecto.
En el caso de Rey, el Ministerio Público desestimó investigarlo tres veces, pero también en otras tres veces se retomó por orden de la Fiscalía Superior. Desde entonces, los peajes de Rutas de Lima pasaron de costar S/3.00 a los actuales S/5.50.

Acción de amparo contra fiscales del Equipo Lava Jato por irregularidades en denuncia contra Paola Ugaz, exgerente de MML

El abogado Edgardo Palomino Martínez interpuso acción de amparo contra los fiscales Carlos Puma Quispe y Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, miembros del Equipo Especial Lava Jato, por serias irregularidades y contradicciones incurridas en el proceso de la denuncia que presentó contra Paola Ugaz en su condición de exgerente de “Social Media” de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El proceso de defensa constitucional fue iniciado el pasado 9 de diciembre y persigue que el Equipo Especial del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Corrupción de Funcionarios inicie las investigaciones de las actividades que Paola Ugaz realizó durante su gestión en el año 2013; entre éstas, sus inexplicables viajes a Panamá en mayo y noviembre del mencionado año.
Como se recuerda, Palomino Martínez el 1 de julio de 2019 formalizó denuncia contra Anel Townsend, Paola Ugaz y otros, para que se investigue la participación de estos en los presuntos actos de corrupción de la exalcaldesa Susana Villarán realizados a través de una supuesta organización criminal que el propio Equipo Especial Lava Jato estableció y difundió.
RESOLUCIÓN
Sin embargo, el fiscal provincial Puma Quispe, mediante Providencia N° 270 de 15 de julio de 2019, dispuso “No ha lugar” a la denuncia formulada por Palomino Martínez por cuanto los hechos denunciados ya eran materia de investigación; decisión que fue ratificada por el Fiscal Superior Adjunto Mendoza Salvador, mediante disposición del 30 de septiembre de 2019. [ver La Razón, 8 octubre, 2019, Equipo Lava Jato blinda a Paola Ugaz del IDL-R]
Lo resuelto por estos fiscales resulta cuestionable y genera dudas sobre su imparcialidad en el manejo del proceso anticorrupción en el caso de la MML, dado que el órgano rector metropolitano, mediante Carta N° 3457-2019-MML/SGC-FREI y el Memorando N° 2615-2019-MML-GA-SP, afirmó que sobre Paola Ugaz no tienen documentación alguna sobre sus actividades, como tampoco sobre sus viajes a Panamá. Así cabe preguntarse, en el caso de la exgerente de “Social Media”: ¿qué está investigando el Equipo Especial Lava Jato? [ver La Razón, 7 diciembre, 2019, “MML niega tener información acerca de Ugaz en sus archivos”].
Acción de amparo fue interpuesta contra los fiscales Carlos Puma y Hernán Mendoza.
CONTRADICCIONES
De otro lado, también existen contradicciones e irregularidades en las que los Fiscales Puma Quispe y Mendoza Salvador habrían incurrido a los fines de archivar la denuncia contra Ugaz. Conforme a cargo firmado por el propio Palomino Martínez, la Providencia N°270 le fue notificada el 2 de agosto de 2019; y, dentro del plazo de Ley, el 9 de agosto siguiente, éste solicitó la elevación de los actuados al Fiscal superior, elevación que se concedió mediante Providencia N° 287 de 15 de agosto de 2019.
Para elevar los actuados, Puma Quispe, revisó que la solicitud de elevación presentada por Palomino Martínez estuviese dentro de los plazos de Ley. Sin embargo, Mendoza Salvador, en la disposición del 30 de septiembre de 2019, señala que la Providencia N° 270 fue notificada “bajo puerta” el 23 de julio de 2019, pretexto que empleó para justificar el archivamiento de la denuncia interpuesta por Palomino Martínez.
DUDAS
De lo resuelto por Mendoza Salvador surgen dudas y cuestionamientos: ¿Puede un fiscal de la talla de Puma Quispe equivocarse tan groseramente en el cómputo de plazos para elevar los actuados a su superior? ¿Por qué doble revisión de los requisitos de admisibilidad de la solicitud de la elevación solicitada por Palomino Martínez? ¿Por qué la contradicción de fechas entre Puma Quispe y Mendoza Salvador?
Fuente: Diario La Razón.

Crónicas de una administración municipal corrupta: el gobierno edil de Susana Villarán De la Puente

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
En recientes declaraciones, difundidas por medios de comunicación y redes sociales, los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez han informado que el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, supuesto número 2 de la presunta organización criminal que la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente dirigió desde la MML, estaría aspirando a acogerse a la condición de colaborador eficaz en los distintos procesos penales que se le siguen como parte de la corrupción que dirigió el gobierno edil de nuestra ciudad capital entre los años 2011 y 2014.
Para que Castro Gutiérrez acceda a la condición de colaborador eficaz no sólo debe decir la verdad acerca de todo lo sucedido en la MML durante la administración de Villarán de la Puente, sino también debe aportar pruebas nuevas y/o aportar los elementos de corroboración de las pruebas con las que ya cuenta el Ministerio Público.
Luego de que el Presidente Martín Vizcarra, el 28 de julio de 2018, durante su discurso ante el Congreso, declarase la “Guerra contra la corrupción, caiga quien caiga”, el autor de esta nota, en su condición de ciudadano preocupado, desde agosto de ese año, ha venido siguiendo el proceso penal que el Ministerio Público sigue contra Villarán de la Puente, Castro Gutiérrez y otros, por diversos delitos de corrupción que supuestamente habrían cometido durante su gestión; y, asimismo, en paralelo ha realizado diversas investigaciones cuyos resultados ha puesto a disposición de los fiscales correspondientes, quienes las han desestimado, pues difieren con las hipótesis que ellos sustentan.
¡Para muchos periodistas de investigación y comentaristas, abogados especializados en el caso, testigos y el propio autor de esta nota, el organigrama de la supuesta asociación ilícita que Susana Villarán habría enquistado en la MML, que el Fiscal Carlos Puma Quispe presentó en las audiencias de mayo-junio de 2019 ¡está incompleto!; así como lo están los casos de corrupción por los que están siendo procesados Villarán de la Puente, Castro Gutiérrez y otros.
Cabe recordar que dichas audiencias estuvieron dirigidas a modificar el arraigo de la exalcaldesa de comparecencia con normas de conducta, por uno de prisión preventiva (habiéndose variado esta última hace poco por una de arresto domiciliario); y, cuya consecuencia fue que Villarán admitiese haber recibido dineros maculados de las constructoras OAS y Odebrecht.
En efecto, en la aludida organización criminal presentada por el Ministerio Público no se comprenden a una serie de personajes políticos, ya sea que hayan pasado por la MML y luego se han reciclado; o, que, de alguna manera, hayan coadyuvado a la supuesta comisión de ilícitos penales; y, que, por razones de una supuesta reserva procesal, como señala el constitucionalista Enrique Ghersi, magistrados de izquierda que integran el Ministerio Público y el Poder Judicial no se allanan a explicar el porqué de su exclusión en los procesos de investigaciones preliminares y preparatorias.
En este enrevesado entramado de personajes que estarían vinculados a la supuesta corrupción del gobierno edil de Villarán de la Puente, y que son materia de procesos actualmente en giro, se encontrarían, entre otros: Marisa Glave, Indira Huilca, Anel Townsend Diez-Canseco, Augusto Rey Hernández de Agüero, Gabriel Prado Ramos, Carlos Rivera Paz, Ronald Gamarra Herrera, Paola Ugaz Cruz, Antonio Salazar García, Amado Enco Tirado, Gino Costa, Salomón Lerner Ghitis, Rafael García Melgar, Augusto Ortiz de Zevallos y muchos más; como también sería el caso de ONGs como “Ciudad Nuestra”, el “Instituto de Defensa Legal” (IDL e IDL Reporteros); sin descartar a las empresas nacionales y extranjeras con las que la MML haya contratado durante el período de Villarán. Inclusive, podría darse el caso de magistrados del Ministerio Público que estén implicados en un posible delito de encubrimiento, por negarse a investigar a los antes mencionados a pesar de los elementos de convicción que tienen para ello.
Sobre la participación de todos ellos en la supuesta organización criminal que Susana Villarán de la Puente dirigió desde el más alto cargo de la MML, el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez debería declarar si la condición de colaborador eficaz quiere obtener.
Pero no nos adelantemos. En los siguientes artículos describiremos nuestra hipótesis del caso penal de corrupción en la MML durante el período Villarán; y, con los elementos de respaldo correspondientes, demostraremos que nuestras conclusiones responden a una seria labor de investigación criminal.

UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR SUSANA VILLARÁN EN EL GOBIERNO DE LA MML

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
Muchos de los que venimos siguiendo el caso de corrupción en la MML consideramos que existen elementos de convicción suficientes para establecer que, durante el período 2011-2014, una supuesta organización criminal, liderada por Susana Villarán de la Puente, se habría enquistado en el gobierno de la MML.
Esta hipótesis, si bien ha sido recogida por el Ministerio Público, hoy se encuentra en tela de discusión, pues la estructura elaborada por el equipo de trabajo que dirige el Fiscal Provincial Carlos Puma Quispe estaría incompleta y sólo comprendería a dos de los integrantes de la cúpula de la asociación ilícita que habría gobernado en el municipio capitalino en ese entonces; a decir: Susana Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez.
El resto de los incorporados a dicha estructura serían meros subordinados o “soldados”, que habrían cumplido las órdenes de Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez; lo que determinaría que no se cumple con el presupuesto del mínimo de tres integrantes para que se configure el delito de organización criminal.
La organización criminal está definida por Ley como “aquella agrupación que cuenta con tres miembros o más, entre quienes se reparten tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que tenga carácter estable o tiempo indefinido, funcione de manera coordinada y tenga el propósito de cometer delitos”.
El organigrama de la estructura criminal presentada el Fiscal Puma Quispe, durante las audiencias de mayo-junio de 2019, para que se ordene la prisión preventiva de Villarán y Castro Gutiérrez, no basta para acreditar la existencia de una organización criminal.
La estructura presentada por la Fiscalía dentro de su hipótesis de crimen organizado no cumple con los requisitos esenciales exigidos por la Ley, ya que no prueba que ésta haya sido una organización clandestina con distribución de tareas y funciones con el objetivo común de cometer delitos de corrupción desde el interior de la MML; que contaba con un sistema de toma de decisiones propio; con códigos de conducta comunes; con la posesión de medios técnicos materiales y personales para la comisión de delitos; con redes de protección para asegurar su impunidad a través de su vinculación con el mundo empresarial o con la política; entre otros elementos.
En el caso de la MML, durante el período 2011-2014, existen elementos de convicción, que la Fiscalía no ha considerado, que conducen a concluir que, desde el inicio de su gestión, la exalcaldesa Villarán de la Puente, conjuntamente con regidores y funcionarios allegados a ella, habrían montado una organización criminal, de las características arriba descritas, para lucrar con las contrataciones públicas de este gobierno local.
Esta organización inicial más adelante se ampliaría con ocasión de la “Campaña por el No” durante el proceso de consulta popular de revocatoria, así como de su campaña de reelección, teniendo como razón de ser perpetrarse en el poder municipal, y lucrar de él, por medio de los sobornos y contribuciones realizados por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.
Bajo esta hipótesis la supuesta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido como alcaldesa de Lima, entre otras, habría estado integrada por las siguientes personas, con las posibles tareas y funciones que se indican:
-Susana Villarán de la Puente: quien habría sido la líder y dirigente de la organización criminal.
-Marissa Glave Remy: quien habría dirigido el planeamiento y ejecución de los actos de corrupción de la organización criminal.
-José Miguel Castro Gutiérrez: quien habría sido el ejecutor de los actos de corrupción planificados por Glave Remy, así como cobrador y cajero de la organización criminal.
-Augusto Rey Hernández de Agüero: quien habría sido el relacionista institucional o contacto “bisagra” con las constructoras brasileras corruptas, así como participación en actividades de movimiento y lavado de activos.
-Anel Townsend Diez Canseco: quien, con supuesto conocimiento del origen maculados de los fondos de la “Campaña por el No”, habría dirigido ésta; y, destinado los fondos ilícitos a los fines de que la organización criminal se perpetre en el gobierno Municipal.
-Paola Margot Ugaz Cruz: quien habría encubierto los ilícitos incurridos por la organización criminal para alcanzar su impunidad, así como participación en actividades de movimiento y lavado de activos.
A decir del constitucionalista Enrique Ghersi, no puede descartarse un blindaje de la Villarán y su entorno “…habida cuenta de que en el Ministerio Publico y en el Poder Judicial (…) la influencia de IDL y de la izquierda es muy grande, poco debemos descartar el hecho de no atacarla directa o indirectamente implica un respaldo implícito o tácito [a Susana Villarán]”.

MARISA GLAVE, LA REGIDORA DE CONFIANZA

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
“A confesión de parte relevo de pruebas” es el axioma jurídico que Marisa Glave, la regidora de confianza de Susana Villarán de la Puente, debió tener presente cuando públicamente afirmó ser ella la artífice de los contratos celebrados por el Municipio Metropolitano con Odebrecht y OAS durante la gestión de la Villarán. En el caso de OAS, específicamente la Adenda N°1 del Contrato de Concesión del Proyecto “Línea Amarilla”, suscrita el 13 de febrero de 2013, con sustanciosos beneficios para OAS y sus asociadas, como también, presumiblemente, para la “cúpula” de la supuesta organización criminal enquistada en el gobierno edil de ese entonces.
La confesión de Glave Remy reconociendo que ella misma, directamente, se ocupó de la Adenda N° 1, la hizo a Víctor Andrés García Belaunde, en el debate que ambos políticos sostuvieron en marzo de 2016, en el programa que dirigía la periodista Mónica Delta con ocasión de las elecciones generales de dicho año y que era difundido por el canal de señal abierta Frecuencia Latina.
Este hecho,  que ha quedado registrado para la posterioridad en internet (https://www.youtube.com/watch?v=G2_TCATgiJ4), ha sido públicamente confirmado por García Belaúnde en la reciente entrevista; y, su omisión por el Fiscal Carlos Puma Quispe y su equipo de trabajo, a los efectos de establecer la existencia de una organización criminal en el gobierno de la MML dirigida por Villarán de la Puente, constituiría culpa inexcusable, si no dolo.
Como explicamos en nuestro artículo anterior, la Ley requiere un mínimo de tres sujetos para que se configure el delito de “Organización Criminal”. Marisa Glave sería quien, con Susana Villarán y José Miguel Castro, completaría el trío mínimo que la Ley exige para que se configure la asociación ilícita que se enquistó en el gobierno de la MML durante el período 2011-2014.
¿“Jefa de Planeamiento” de la organización criminal enquistada en la MML?
Con experiencia como regidora de la MML entre el 2007 y el 2010, Marisa Glave fue la regidora de confianza de Susana Villarán desde inicios del 2011 hasta su revocatoria en marzo del 2013, ocupando durante este período el cargo de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML, puesto de importancia y poder.
Conforme al Art. 36° del Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima, corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano dictaminar la procedencia de asuntos vinculados con: acondicionamiento territorial; usos de suelo y su planificación; zonificación urbana; planificación urbana metropolitana; planificación y ejecución de desarrollo, de renovación y de expansión urbana; proyectos habitacionales; proyección de asentamientos humanos marginales; planificación metropolitana de vías e infraestructura urbana; planificación metropolitana de equipamiento y servicios; zonas y áreas ribereñas; áreas verdes, parques y áreas recreativas; entre otros temas.
Así, en su condición de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Marisa Glave habría determinado los términos y condiciones y dictaminado favorablemente: el Contrato de Concesión “Proyecto Vías Nuevas de Lima” otorgado a Odebrecht y sus asociadas; la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión “Proyecto Línea Amarilla” a favor de OAS; el “Plan Río Verde”; la reubicación de la Comunidad Shipibo-Konibo; la compra del terreno dónde sería reubicada la mencionada comunidad; el cambio de zonificación del mencionado terreno; entre otros tantos casos cuestionados por corrupción vinculados con Odebrecht, OAS y terceros.
Si en mérito a los actos y contratos antes mencionados, dictaminados favorablemente por Marisa Glave como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de Lima, se derivan los fondos y dineros maculados con los que se financiaron la “Campaña por el NO” y la “Campaña de Reelección a la Alcaldía” de Susana Villarán, cabe preguntarse: ¿Resulta creíble que Marisa Glave [dada su relación tan estrecha con Susana Villarán; sus funciones en la MML; y, su interés de no ser revocada como regidora] no fuese parte de la presunta organización criminal que la Villarán habría liderado y dirigido; y, que no conociese acerca de los actos corruptos entre la MML y las constructoras brasileras? ¿Por qué no se ha investigado y/o denunciado a Marisa Glave?
No debe descartarse la hipótesis que, en su momento, Marisa Glave, para pasar desapercibida por “el radar” de los medios de comunicación y redes sociales, se haya apoyado en la periodista Paola Ugaz –a la sazón, supuesta Gerente de “Social Media” de la MML en ese entonces, con quién mantenía una estrecha relación personal–, como se narrará en un próximo artículo.
Tampoco debe desestimarse la posibilidad que Marisa Glave estés siendo blindada desde el Ministerio Público, donde, a decir de Enrique Ghersi “…la influencia del IDL y de la izquierda es muy grande”, y que, por ello, en su caso, la impunidad triunfe.
Tenga en cuenta, estimado lector, que, si en el caso de Marisa Glave la impunidad triunfa, ésta también habrá triunfado en el caso de Susana Villarán, pues no se podrá cumplir el presupuesto del mínimo de tres miembros que la Ley exige para que se configure el delito de “organización criminal”.

FAENÓN EN “VÍA PARQUE RÍMAC” Y “VÍAS NUEVAS DE LIMA”

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
A fines de diciembre de 2012, a escasos 2 meses y días de llevarse a cabo la Consulta Popular de Revocatoria para la remoción de Susana Villarán de la Puente, todo hacía prever que era inminente que ella sería vacada del cargo, pues durante los dos primeros años de su gestión edil, en promedio, sólo había tenido un 20% de respaldo.
El 3 de enero de 2013, la jefa y vocera por el “No”, Anel Townsend, admitió públicamente la contratación de Luis Favre como estratega de la campaña; y, que Salomón Lerner era quien había propuesto contratarlo. Townsend no pudo explicar cuánto se le iba pagar ni de dónde provendrían los fondos para ello, pero sí aseguró se le pagaría con recursos privados.
La contratación de Favre por el Comité Ciudadano por el “No” fue duramente criticado en todos los medios, pues de ello se infería que alcaldesa capitalina habría optado por defender los contratos con Odebrecht y OAS, a las que la Municipalidad de Lima adjudicó proyectos por US$500 millones y US$700 millones, respectivamente.
En las semanas siguientes al anuncio de la contratación de Favre, Marisa Glave y su equipo de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano debieron estar muy ocupados con estudios y elaboración de dictámenes, pues el 9 de enero de 2013 la MML suscribió con Odebrecht el Contrato de Concesión del Proyecto “Vías Nuevas de Lima”; y, el 13 de febrero siguiente se firmó a favor de OAS la “Adenda N° 1 del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla”.
Y casualmente era la Adenda N° 1 con LAMSAC/OAS lo que Víctor Andrés García Belaúnde debatía con Marisa Glave en marzo de 2016 cuando ella confesó que quien personal y directamente era la que veía estos contratos con las constructoras extranjeras.
García Belaúnde aducía que lo acordado con OAS en la Adenda no era beneficioso para la Ciudad de Lima, pues importaba un mayor gasto para el erario municipal; incrementaba el plazo de la concesión de 30 a 40 años; y, autorizaba el incremento de los peajes, lo que sucedió en diciembre de 2013 cuando el peaje de la Vía de Evitamiento de S/.3.00 a S/.4.00. Por su parte, Glave defendía “su” Adenda, argumentando a que gracias a ella la empresa brasilera debía destinar fondos de la concesión para el proyecto Río Verde por US$74.5 millones; la construcción de un viaducto en SJL y zonas del centro histórico de Lima por US$29 millones; y, que la participación de la MML equivalente al 7% de los peajes representaba en el tiempo un ingreso de US$200 Millones.
Lo cierto es que luego de la suscripción de los acuerdos con Odebrecht y LAMSAC/OAS, el Comité Ciudadano por el “No” contó con cuantiosos recursos para financiar su campaña que evitó la revocatoria de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, pero no la vacancia de varios, sino todos, sus regidores, entre ellos Marisa Glave.
Con el tiempo, durante las investigaciones por corrupción durante la gestión Villarán en la MML, de la boca del propio Luis Favre se conocería que la “Campaña por el NO” fue pagada por Odebrecht y OAS, y que por sus servicios de asesoría en “Marketing Político”, las constructoras brasileras habían pagado directamente a FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta, un honorario de US$3 Millones.
Respecto al “Plan Río Verde” que OAS se obligó a ejecutar en virtud de la Adenda N° 1, consistente en la construcción de un malecón de 2.5 km entre la alameda Chabuca Granda y el Parque de la Muralla, las edificaciones de puentes peatonales y la implementación de áreas verdes, tenía como único inconveniente la necesidad de reubicar a los pobladores Shipibo-Konibo establecidos en Cantagallo en un terreno a ser adquirido por la Municipalidad.
Para la reubicación indicada, la Comisión de Desarrollo Urbano había identificado un terreno de poco más de 7,000 metros cuadrados ubicado en Campoy, San Juan de Lurigancho; y, que sus propietarios habían adquirido por la suma de US$1’142,580.80. Este terreno que tenía como inconveniente no contar con la zonificación adecuada para la reubicación de los Shipibo-Konibo.
En febrero del 2011 la empresa Portal Campoy SAC, sin ser aún la propietaria del terreno, solicita a la MML el cambio de zonificación; y, el 29 de diciembre de 2011, con plena certeza que su solicitud sería declarada procedente –y en función a ello el precio del terreno subiría–, esta empresa adquirió el terreno por la suma de US$2’502,822.77.
En febrero del 2012, la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano presidida por Marisa Glave emitió el DICTAMEN N°010-2012 con conclusión favorable al cambio de zonificación solicitado por Portal Campoy SAC.
Según denuncia formulada por la entonces congresista Yeni Vilcatoma, presentada a la Coordinadora Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios el 23 de agosto de 2019, el cambio de zonificación habría sido concertado entre la empresa Portales Campoy y la entonces regidora Marisa Glave.
El 14 de febrero de 2013 se publicó la Ordenanza N° 1587-MML que modificaba la zonificación del terreno de Campoy, con lo que quedaba allanado el camino para que la MML lo adquiriese, como posteriormente lo hizo, para la reubicación de comunidad Shipibo-Konibo.
El 7 de octubre de 2014, la MML adquirió de Portal Campoy SAC, por la suma de US$4’641,735.00,el terreno que la Comisión de Desarrollo Urbano presidida por Marisa Glave habría elegido para reubicar a la comunidad Shipibo-Konibo que habitaba en Cantagallo, pagando un sobreprecio de US$2’138,912.00, en razón del cambio de zonificación.
Con todos estos indicios: ¿Por qué el Ministerio Público estaría blindando a Marisa Glave y no la investiga y procesa como presunta “Jefa de Planificación” de la organización criminal que Susana Villarán habría dirigido?

“¡… DILE A ELLA, PORQUE ELLA FUE!”

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
Marisa Glave ha declarado por plazas, calles y avenidas, por todos lados, que ella no tomó ni formó parte de la supuesta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido para financiar la “Campaña por el NO”. Ello, para marcar distancia de quien fuera su líder y reciclarse políticamente.
Esto resultaría poco creíble, por la participación personal y directa que Marisa Glave tuvo en la celebración del Contrato de Concesión del Proyecto “Vías Nuevas de Lima” que la MML suscribió con Odebrecht el 9 de enero de 2013, así como en la firma de la “Adenda N° 1 del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla” que la Comuna Limeña otorgó a favor de OAS el 13 de febrero siguiente.
Esta actuación de Marisa Glave, desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML, aportaría indicios más que suficientes para considerar que ella sí habría integrado la mencionada asociación ilícita; y, que, entre otros actos de corrupción, ella sí habría participado en el financiamiento de la “Campaña por el No”; desde la obtención de los fondos maculados y los sobornos reconocidos por la Villarán, hasta su aplicación a la campaña y presuntamente a otros fines.
El 9 de mayo de 2019, el fiscal provincial Carlos Puma Quispe formuló contra la exalcaldesa Susana Villarán el requerimiento de variación de la medida coercitiva de comparecencia restringida por la de prisión preventiva; medida que fue otorgada y recientemente cesada y variada a la de arresto domiciliario por razones humanitarias.
Durante las extensa y prolongada audiencia que motivo el pedido del Fiscal Puma Quispe dentro del marco del proceso judicial de investigación preparatoria, que duró varios días, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Eduardo Zegarra Méndez, ex teniente alcalde en la gestión de Villarán, que señala que Marisa Glave integraba el “staff” que coordinaba la campaña del “NO” a la revocatoria de la exalcaldesa y de sus regidores.
No es presumible que Marisa Glave no haya sido parte de ese “staff”. Glave era la regidora de confianza de la Villarán; además, Glave estaba dentro del número de regidores a ser revocados; y, asimismo, Glave como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano había participado directamente en las negociaciones con OAS y Odebrecht para otorgar a éstas términos y condiciones más beneficiosos en las concesiones municipales que se habían adjudicado a éstas.
Así, la declaración de Zegarra Méndez, en cuanto a que Marisa Glave Remy era parte del “staff” de la campaña por el “NO”, resulta siendo más que creíble.
En su declaración, Zegarra Méndez señala que Marisa Glave también estuvo presente el día en que la exalcaldesa presentó al publicista Luis Favre como encargado del “Marketing Político” para la campaña e informó que los honorarios de éste por la asesoría de “marketing político” ascenderían a US$150,000.00.
Según Zegarra Méndez, la “regidora de confianza” no cuestionó ni objetó el importe de los honorarios de Favre, a pesar que era pública y notoriamente conocido que Favre, de una parte, cobraba honorarios muy superiores al mencionado por la Villarán; y, de otra, que había brindado servicios a Odebrecht y OAS a través de la agencia brasileña FX Comunicación Global, existiendo en su contratación un evidente conflicto de intereses, que rayaba en ilícito.
¿Cómo se justifica la inmutabilidad de Marisa Glave? ¿Sería que como parte de la “cúpula” de la presunta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido, Marisa Glave conocía que Odebrecht y OAS estaban pagando US$3 Millones directamente FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta; y, que éste, a su turno, pagaba a Favre; tal como este último declaró el 25 y 26 de julio del 2018 en París ante fiscales peruanos sobre la participación que tuvo en la “Campaña por el No”?
A pesar de cualquier deslinde que Marisa Glave haga con relación al financiamiento de la “Campaña por el NO”; o, crítica, censura o acusación que formule contra Susana Villarán; lo cierto es que sobre la participación de Marisa Glave en la corrupción que dentro de la MML habría existido entre enero del 2011 y marzo del 2013; desde entonces y hasta la fecha, a través de portales públicos de transparencia, así como a la información difundida a través del Internet por los medios de comunicación, se tienen muchos indicios que obligan a investigarla.
Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Por qué la prensa y el Ministerio Público no han investigado antes a Marisa Glave?
En el primer caso, no debe descartarse la hipótesis que, en su momento, Marisa Glave se haya apoyado en la periodista Paola Ugaz –a la sazón, supuesta Gerente de “Social Media”
de la MML en ese entonces, con quién mantenía una estrecha relación personal– para pasar desapercibida por “el radar” de los medios de comunicación y redes sociales con los que “Larryportera”, como se narrará en un próximo artículo.
En el segundo caso, cabe referir que, cada día que pasa, cobra más fuerza la hipótesis del abogado Enrique Ghersi que sostiene que al interior del Ministerio Público “… la influencia de IDL y de la izquierda es muy grande”, siendo por ello plausible que el Fiscal Carlos Puma Quispe no formule cargos en contra de Marisa Glave, dado que ello perjudicaría a Susana Villarán y al sector de la izquierda “que se identificaba” con ella.
Considerando que, por el momento, es suficiente lo escrito sobre Marisa Glave, en los siguientes artículos trataremos sobre otros posibles miembros de “la cúpula” de la presunta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido desde la alcaldía de la MML.

¡EN POLÍTICA NO HAY INGENUOS… NI CASUALIDADES!

Franklin D. Roosevelt sostenía que “En política, nada ocurre por casualidad”; o, citando a Heduardo, nuestro peruanísimo famoso caricaturista de humor político: “En política no hay q ser ingenuos”, recomienda García; “Y tampoco hay que ser caídos del palto”, añadiría Fujimori.
Que un político de la talla de Anel Townswend Diez-Canseco se acoja a la ingenuidad como defensa en la participación que habría tenido en la presunta corrupción que hubo en la campaña para la “No Revocatoria” de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, resulta pueril.
A pesar que, en el 2013, en una entrevista televisiva, la propia Susana Villarán señaló que Townsend era la jefa de la campaña y que ella conocía el manejo de las finanzas de la misma; hecho que Anel nunca desmintió; el Ministerio Público sostiene que Anel Townsend sólo fungió de “vocera” de la “Campaña por el NO”.
Por tanto, la Fiscalía presume que Susana Villarán detentó individualmente, con exclusión de todo su entorno cercano, la jefatura de la mencionada campaña.
En consecuencia, para la Fiscalía, Anel Townsend no conoció los detalles de la campaña; no conoció de los términos y condiciones de la contratación de Luis Favre; nunca tuvo conocimiento que la modalidad que se usó para ingresar el dinero de Odebrecht y OAS a la campaña fue a través de “doleiros” (modalidad que se utilizó para ocultar el dinero ilícitamente obtenido y hacerlo ingresar al circuito económico nacional); nunca se le cruzó por la mente que los dineros que ella ordenaba distribuir y pagar, y respecto de los cuales ella y Marco Zevallos rendían cuenta sobre gastos de campaña, provenían de “doleiros”.
Conforme a esta hipótesis que presenta el Ministerio Público, para Anel Townsend todos los millonarios fondos de campaña, porque, engañándola, así se lo había afirmado Villarán, provenían de la “Asociación Amigos de Lima” y de los colectivos a favor del “No”; puesto que Odebrecht y OAS nunca tuvieron participación económica alguna en la campaña.
¿Resulta creíble la versión de Anel Townsend y la hipótesis planteada por el Ministerio Público?
La hipótesis alternativa, sobre la base de las investigaciones que ha realizado sería que habiendo Marco Tulio Gutiérrez solicitado la revocatoria de Susana Villarán, el empresario Salomón Lerner Ghitis (gran amigo de Alejandro Toledo y ex premier de Ollanta Humala) habría visto en ella la oportunidad de un “negocio político” a futuro; y, por ello participó en la misma.
El propio Luis Favre, en París, el 25 y 26 de julio de 2018, en la manifestación que rinde a los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jimenez, señala que fue Lerner Ghitis quien lo llama a Brasil y le propone la campaña de Villarán; quien le pagó el pasaje de avión de ida y vuelta para que vaya a Lima, así como los diversos gastos a la llegada; que fue en su oficina, ubicada en Miraflores, donde se reunió con Lerner Ghitis, Villarán y Townsend en diciembre de 2012; que con posterioridad a dicha reunión, en el 2013, fue contratado por la agencia brasileña FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta, para brindar asesoramiento a la alcaldesa Villarán en marketing personal, redacción de propaganda, preparación de entrevistas y spots publicitarios.
Favre también señaló a los fiscales que, a pedido expreso de Garreta se reunió con Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, en un hotel en Lima; y, Garreta reveló, en la declaración que rindió a la fiscalía peruana en el 2017, que la reunión entre Favre y Pinheiro se dio en el marco de la campaña de revocatoria.
Garreta también admitió ante la fiscalía peruana que recibió US$3 millones –US$2 millones de Odebrecht y US$1 millón de OAS– como pago por la publicidad y asesorías brindadas para la campaña del No; detallando además que todos los pagos [de aportes a ésta y otras campañas] fueron realizados en efectivo, en moneda brasileña [reales], bajo la modalidad de entregas en un hotel.
A su turno, Lerner Ghitis declaró a un conocido diario de Lima que no negaba lo declarado por Favre al Ministerio Público; y, asimismo, ante la Comisión Multipartidaria del Congreso, en diciembre de 2017, afirmó que su percepción era que Anel Townsend era la jefa de la “Campaña por el NO” y que Townsend participó, incluso, en las reuniones con Luis Favre.
La “frágil” memoria de Lerner Ghitis respecto a su participación en la “Campaña por el NO”, al sostener en una entrevista que, en marzo de 2019, concedió a un conocido diario sobre “que no recuerda bien”, que “estamos hablando de cerca de seis años atrás, tendría que chequear”, nos lleva a preguntarnos si la propuesta de contratación de FX Comunicación Global y de Luis Favre se la hizo a Susana Villarán o a Anel Townsend.
Sospechamos que, para llegar a Susana Villarán, Lerner se valió de la amistad que había granjeado con los esposos Guillermo (Willy) Gonzáles Arica y Anel Townsend, asesor de prensa y Ministra de la Mujer en tiempos de Toledo, respectivamente.
En febrero de 2013, Gonzáles Arica fue nombrado Embajador del Perú en Honduras. Lo normal hubiese sido que, si simplemente era la vocera de la “Campaña por el NO”, Anel renunciase a su cargo y se fuese con su esposo a Tegucigalpa. ¡Pero NO! Anel se quedó en Lima hasta el final de la consulta popular. ¿Qué poderosa razón podría tener para ello?
La investigación que hemos realizado nos lleva a presumir que Townsend conocía al por menor todos los entretelones de la “Campaña por el NO”; y, que se habría quedado en Lima hasta el final de la misma para el manejo de los fondos maculados de campaña proporcionados por Odebrecht y OAS.
Con Anel Townsend ya se tendrían identificados a cuatro miembros de “La Cúpula” de la organización criminal que Villarán habría enquistado en la MML.

NO ES PERSONAL, SÓLO SON NEGOCIOS…

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
Don Luis Miró Quesada de la Guerra dijo que “el periodismo es la más honorable de las profesiones y el más vil de los oficios…”; y, Michael Corleone, “El Padrino” de Mario Puzzo, cuando ordenó que asesinaran a los mafiosos que atentaron contra su familia, dijo que ello “era un tema de negocios y no uno personal”.
Para Paola Ugaz su paso por la MML, que según ella se habría iniciado en diciembre de 2012, fue un tema de negocios. Su función no fue ejercer el periodismo desde la Comuna Limeña. Como “Gerente de Social Media”, del área de Serenazgo, ella se habría encargado del manejo de redes sociales y la relación con los medios de comunicación, percibiendo una retribución mensual de S/10,000.00.
Durante ese año los medios realizaron una demolición de los opositores de Susana Villarán. Nuestra hipótesis es que Paola Ugaz fue contratada para coordinar con los medios ese trabajo de demolición –desde la consulta popular de revocatoria, hasta el término de su CAS en enero de 2014–; y, ocultar del público los actos de corrupción de la gestión villaranense. Para ello, Ugaz, con presunta vileza, alevosía y nocturnidad, habría empleado sus conocimientos y relaciones como periodista; actividad que ejerce como oficio (y no como profesional), tal como ella lo afirmó el 11 de junio pasado en conferencia pública promovida por la Biblioteca Nacional.
Ugaz, como presunta “Jefa de Defensa e Impunidad” de la organización criminal habría gozado de poder ilimitado para la realización de su trabajo, pues habría comandado un ejército de “trolls” para, a través de cuentas “Tweeter” y “Face Book”, atacar a los opositores de Villarán y hacer publicidad y gala de las obras de su gestión.
Además, tanto por mérito propio, como por estar adscrita al IDL Reporteros, teniendo como mentor a Gustavo Gorriti, sin desdeñar la relación de Guillermo Gonzales Arica con la “Campaña por el NO”, Ugaz tenía fácil llegada a los diarios del Grupo El Comercio, Grupo La República (con el que estaba relacionado Salomón Lerner Ghitis), semanarios, canales de televisión, estaciones de radio, periodistas independientes adscritos o simpatizantes de la izquierda y/o del IDL. Asimismo, gracias a Mario Vargas Llosa era corresponsal del diario conservador “ABC” de España.
Pero también, como años más tarde se haría evidente, tenía llegada y mantenía estrechos lazos dentro del Ministerio Público, en especial con el ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, recientemente denunciado constitucionalmente de encubrir a Odebrecht por el Fiscal Supremo Tomás Gálvez.
En suma, Ugaz habría sido contratada porque contaba con medios y recursos para distraer la atención pública hacia supuestos aspectos positivos de la gestión Villarán, aparentemente verosímiles gracias a su “arte periodístico”; y, de esta manera, habría mantenido “fuera del radar” las distintas coordinaciones y manejos ilícitos que se producían al interior de la MML para lograr el objetivo de que Susana Villarán no sea revocada; de los cuales ella habría tenido pleno conocimiento.
Cómo llegó Ugaz a la presunta organización criminal que Susana Villarán habría enquistado en la MML no lo sabemos a ciencia cierta; pero es importante investigarlo para ver hasta dónde llegan los tentáculos. Al respecto, tenemos tres posibles hipótesis.
La primera apunta a que Ugaz habría llegado a la “Jefatura de Defensa e Impunidad” de la supuesta organización criminal a través del IDL y Gustavo Gorriti; tal como otros miembros de dicha ONG habrían llegado a prestar servicios y asesorías para fines personales de Susana Villarán, pero pagados por la MML.
La segunda apunta a la relación de Ugaz con Morgana Vargas Llosa, hija del peruano ganador del Premio Nobel de literatura en el 2010, a quien se le imputa haber apadrinado a los ex Presidentes Toledo, Humala y Kuczynski, todos ellos envueltos en escándalos de corrupción.
Esta hipótesis maneja dos posibles escenarios, dada la cercanía de Ugaz con los Vargas Llosa y que han dado pie a la “leyenda urbana” de que la Ugaz se “coló” a la entrega del Premio Nobel haciéndose pasar por “nana” de la familia.
El primer escenario sería que la Villarán habría decidido convocar a la Ugaz a sugerencia de Morgana y/o su padre, a raíz de la exposición de “la Chalina de la Esperanza” acogida por la MML a inicios del gobierno edil de la Villarán, en enero del 2011. El segundo tiene base sobre la presunta amistad entre Nadine Heredia con Morgana y Paola; y, habría sido la Primera Dama de ese entonces quien sugirió a Villarán la contratación de la Ugaz.
La tercera hipótesis está basada en que existe una amistad más que estrecha entre Marisa Glave y la Ugaz, que se acredita con la Resolución de Alcaldía N° 085 de 11 de abril de 2013, en la que se encarga a Marisa Glave, a pedido de parte, que oficie el matrimonio civil de Paola Ugaz con Daniel Bayly Collins, celebrado el 13 de abril de 2013. Para ser más claros: Ugaz habría pedido que la case su “amiga” Marisa Glave, quien habría sido la “Jefa de Planificación y Estrategia” de la supuesta organización criminal que Villarán enquistó en la MML.
Es públicamente conocido que el autor de esta crónica viene investigando la supuesta organización criminal cuyo liderazgo se imputa a Susana Villarán; así como que el 1 de julio de 2019 interpuso denuncia fiscal contra Anel Townsend, Paola Ugaz y otros por su
presunta participación en ella. Sin embargo, hasta la fecha dicha denuncia no ha sido admitida.
Asimismo, es públicamente conocido que, en las investigaciones realizadas sobre las actividades de la Ugaz, la MML ha informado que el legajo de Paola Ugaz ha desaparecido. Mediante Carta N° 3457-2019-MML/SGC-FREI y Memorando N° 2615-2019-MMLGA-SP se señala que sobre Paola Ugaz no pueden brindar información alguna, habida cuenta que “el
Área de Legajo de la Subgerencia de Personal de la Municipalidad de Lima a través del Memorando N’ 359-2019-MML-GA-SP-AP, informa que luego de realizar la búsqueda en el archivo, no se ha ubicado el término de referencia del Contrato Administrativo de Servicios, documento en el cual se detalla las funciones realizadas por la citada ex servidora; asimismo no se ubicó la Resolución [que autoriza los viajes de Ugaz a Centroamérica y Panamá] con o sin goce de haberes (…)”.
Pareciera que cuando se intenta investigar la labor de Paola Ugaz en el año que trabajó en la MML y sus conexiones con la organización de Susana Villarán, uno se estrella contra un muro de contención que la protege. No obstante, es importante que se sepa que Paola Ugaz ha dejado muchas huellas de actos reñidos con la ley, que han sido recogidas y almacenadas por diversas fuentes, y que daremos a conocer cuando se publiquen las crónicas sobre los viajes de Paola Ugaz a Panamá y Centro América; y, al blindaje que de ella hace el Ministerio Público.

NOS ESTAFARON, NINGÚN MÉDICO CUBANO ESTÁ APTO PARA ENTRAR A UCI

El consejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya Salazar, reveló que de los 16 profesionales de Cuba que están en Moquegua, ninguno puede ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), porque no tienen la especialidad para tratar a estos pacientes críticos, Informó el Portal “Puerto Noticias”.
El Gobernador Regional de Moquegua Zenón Gregorio Cuevas Pare nos vendió ‘humo como cancha’. Lo que no tenemos son médicos Emergenciólogos, Uciólogos o intensivistas, que se requieren para enfrentar esta pandemia. De la delegación comunista de “médicos” solo seis (6), son médicos, de los cuales uno es internista y el resto médicos generales. Los demás son técnicas en enfermería y enfermeras.
Este servicio no es gratuito, nuestro Gobierno desembolsa una cuantiosa cantidad, que va dirigida a la cúpula del Partido Comunista cubano que lucra con la labor de sus compatriotas en el exterior, cosa que ha sido denunciada en varios foros internacionales por el abuso cometido a los derechos laborales. Pero y los Peruanos?. Se dice que no hay especialistas, que cuesta caro contratarlos, pero si hay recursos para contratar personal foráneo que en el caso de Moquegua, y esto es expresión de funcionarios del Área de Salud, no hay emergenciólogos ni intensivistas, entonces, qué habría pasado con la solución que impuso Zenón Cuevas a rajatabla y que ahora parece no llegar a buen puerto, incluso el Colegio Médico, base Moquegua pide investigar como viene funcionando el Hospital Covid 19, síntoma de que algo está mal y no lo quieren decir, denunció el consejero.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Arrogante ministro

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Interpelan al ministro Martín Benavides por UTP y UPAL

Se realizó la sesión en la Comisión de Educación del Congreso de la República con la presencia del ministro de Educación Martín Benavides, quien fue cuestionado por los diferentes parlamentarios debido al licenciamiento de las sedes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).
La sesión se inició a las 8 de la mañana y culminó a las 3 de la tarde. Fueron ocho horas con fragmentos de intensos cuestionamientos contra el ministro Benavides. El congresista Fredy Condorí, anunció que solicitará que el ministro Martín Benavides, sea interpelado en el pleno del Parlamento, con la finalidad de explicar sobre las licencias de UTP y UPAL, cuando era titular de la SUNEDU.
«El ministro ha perjudicado a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesionales. Estas denuncias sobre las licencias ya lindan con lo delictivo», señaló el parlamentario, Fredy Condorí.
El congresista Condorí Flores también comentó sobre la carta notarial que fue enviada a nuestro director de Lima Gris: «Esta es una carta notarial que la UTP le hace llegar al señor Edwin Cavello Limas, director de Lima Gris. Qué es lo que dice en el párrafo número 2: para tener dicho licenciamiento diversas filiales de UTP en las provincias Piura, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Ica, fueron construidas habiendo culminado las mismas en enero de 2019, contando con la infraestructura necesaria y equipamiento para su funcionamiento, esto último fue debidamente fiscalizado por la SUNEDU. Es lo que le dice la UTP en esta carta notarial a los señores de Lima Gris. Repito, como las mentiras tienen patas cortas, Presidente, esta es la foto de Google Earth. El 17 del mes de diciembre de 2018, todavía se encontraba la infraestructura del cine UVK, que es el terreno donde ahora se ha construido la UTP. En un mes no han podido haber construido y cumplido con todo lo que está diciendo. Entonces, el ministro y el superintendente nos están contando un cuento. Es una falta de respeto, porque es una tomadura de pelo».
Congresistas de la República de diversas bancadas presentan moción de interpelación contra el ministro de Educación, Martín Benavides.
En el documento de la interpelación se lee:
«Que, habiendo sido publicado en diferentes medios de comunicación una supuesta irregularidad en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú y Universidad Privada Peruano Alemana, seguido ante SUNEDU en el período en que el actual Ministro de Educación, Carlos Martín Benavides Abanto ostentaba el cargo de Superintendente de dicha entidad, se presume lo siguiente:Respecto a la Universidad Tecnológica del Perú, se cuestiona el licenciamiento de 5 filiales en las ciudades de Piura, Trujillo, Chimbote, Ica y Huancayo sin haber cumplido con las Condiciones Básicas de Calidad como una infraestructura adecuada, laboratorios y talleres; y la filial en Chiclayo que funcionaba como filial no autorizada y haber recibido una sanción por dicha falta grave.
Respecto a la filial de Chiclayo, en el mes de julio la Dirección de Supervisión de SUNEDU, detectó que la UTP tenía un establecimiento no autorizado en la ciudad de Chiclayo que funcionaba como filial, es por ello que se emite la resolución N° 1 del 13 de marzo de 2018 con el que se da inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador contra la universidad por prestar servicio educativo sin contar con la autorización o licencia correspondiente, posteriormente se emite el Informe final de instrucción N° 007-2019-SUNEDU/02-14 del 15 de febrero de 2019, en el que se recomendó declarar responsable a la universidad por la prestación del servicio educativo superior en dicho establecimiento, finalmente la SUNEDU con resolución del Consejo Directivo N° 031- 2019-SUNEDU/CD del 15 de marzo de 2019, sanciona a la UTP con una multa de 225 UIT por prestar servicio educativo sin contar con la autorización en el local de Chiclayo.
Haciendo una búsqueda en el portal web de SUNEDU en la pestaña de resoluciones de consejo directivo no está publicada la resolución 031-2019-SUNEDU/CD del 15 de marzo en el que habrían detectado que se continuó brindando el servicio a pesar de no contar con autorización y licenciamiento; sin embargo obtuvo el licenciamiento supuestamente de manera irregular».
El documento también incluye el caso de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). Respecto a esa universidad licenciada los congresistas señalan:
En lo que respecta al licenciamiento de la Universidad Privada Peruano Alemana, del Informe Técnico de licenciamiento se advierte que, se ésta institución se licencia con espacios deportivos arrendados a un colegio de educación básica, contraviniendo el espíritu de la ley universitaria y las condiciones básicas de calidad, que refieren “los locales de otro nivel educativo han sido diseñados para estudiantes de otro grupo etario, por ende, tienen características específicas en cuanto a la dimensión de los ambientes, el equipamiento y el mobiliario”.Por las consideraciones expuestas, los Congresistas de la República que suscriben, consideran pertinente aprobar la interpelación al Ministro de Educación, Carlos Martin Benavides Abanto, para que cumpla con absolver el pliego interpelatorio adjunto a la presente, respecto de las irregularidades advertidas en el proceso y otorgamiento de licenciamiento de las filiales de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica y Huancayo de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y de la Universidad Privada Peruano Alemana.

RESPUESTA A CARTAS NOTARIALES DE SUNEDU Y UTP

Por – LimaGris.com
La SUNEDU y la UTP han enviado cartas notariales a nuestra redacción, reclamando sobre los informes publicados por Lima Gris respecto de los licenciamientos que SUNEDU otorgó en junio de 2019 a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) para sus siete sedes en provincias que, supuestamente, aprobaron las exigentes Condiciones Básicas de Calidad.
Asimismo, SUNEDU reclama también por nuestro informe referido al licenciamiento institucional que concedió a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) el 05 de agosto de 2019 cuando el actual ministro de Educación, Martín Benavides, era el jefe supremo del ente encargado de abrir y cerrar universidades, y la UPAL, desde el año 2012, nunca había funcionado ni impartido clases a ningún estudiante.
Otros medios de circulación nacional también han alertado sobre las dudosas acciones de la SUNEDU y han dado cobertura con la misma finalidad de nuestro portal: que se aclaren las sospechas documentadas que han surgido sobre las licencias institucionales antes mencionadas. Asimismo, gracias a nuestras denuncias periodísticas y a las de otros medios, la Contraloría General de la República anunció que iniciará una investigación sobre los procesos y las licencias brindadas para determinar las razones por las cuales, en el caso de la UTP, se “interpretaron” de manera elástica las reglas para el licenciamiento lo que habría originado, según evidencias, un probable favorecimiento hacia la UTP. El Congreso de la República también efectuará una investigación y, por ello, ha citado al ministro Martín Benavides para que explique una pregunta central: ¿por qué la SUNEDU, durante su gestión, otorgó las cuestionadas licencias a las filiales de la UTP?
Pues bien, en este contexto, llegaron a la redacción de Lima Gris dos cartas notariales que plantean reclamos sobre los informes periodísticos que hace unos días se publicaron en nuestro portal web.
La primera carta —extensa y con redacción farragosa— ha sido enviada por la SUNEDU y cuyo remitente, según se lee en la misiva, es el Presidente del Consejo Directivo aunque omite consignar su nombre. La segunda carta ha sido enviada por una vehemente área legal de la UTP que utiliza un curioso concepto: la verdad es lo que diga la UTP; el resto será siempre una mentira.
Con respecto a la carta notarial de SUNEDU.- En su texto reclaman de manera reiterada que Lima Gris haya cuestionado la legalidad del proceso de licenciamiento a la UTP. Asimismo, mencionan que Lima Gris se ha expresado ante la opinión pública con afirmaciones que, según la SUNEDU afectan de manera directa el ejercicio de las facultades previstas en la Ley Universitaria N° 30220.
Ante ello Lima Gris responde: el rol del periodismo consiste, precisamente, en cuestionar al poder, y la SUNEDU no solamente pertenece al Ministerio de Educación que integra el Poder Ejecutivo sino también se ha convertido en una poderosa entidad que dispone dejar sin futuro profesional a decenas de miles de estudiantes sin darles alternativa alguna. Entonces, quien detenta un poder y lo ejerce como lo hace la SUNEDU, está sometida, en un país democrático, al escrutinio del periodismo, más aún cuando aparecen evidencias basadas en documentos e imágenes que no son de Lima Gris sino de la SUNEDU y sus autoridades. Pretender que no hayan cuestionamientos conduce a un tema muy sombrío: criterios dictatoriales que buscan suprimir la libertad de investigar a las autoridades. ¿Es eso lo que quiere plantear la SUNEDU? En consecuencia, la labor periodística de Lima Gris seguirá en su misma línea aunque la SUNEDU esté asumiendo la defensa de la UTP.
Asimismo, en el caso de la UPAL —una universidad a la que hemos denominado fantasma porque nunca ha tenido un alumno ni dictado una clase— la SUNEDU en su carta señala que el criterio aplicable es que toda la infraestructura de esta universidad debe implementarse en los dos próximos años para así demostrar estar en condiciones de iniciar sus labores. Entonces, ¿por qué el ministro Martín Benavides en una entrevista reciente afirmó que las condiciones se han cumplido y así constan en el expediente?
Con respecto a la carta notarial de UTP.- Ha sido más concisa. Tres páginas versus las seis de la SUNEDU. Sostienen haber cumplido con todos los requisitos y exigencias legales de para obtener el licenciamiento institucional por la SUNEDU en el mes de junio de 2019. Señalan que sus diversas filiales en provincias fueron construidas y equipadas antes de que les fuera otorgado el licenciamiento institucional y que ello fue debidamente fiscalizado por la SUNEDU.
Luego, de manera enfática afirman que Lima Gris, de “manera consciente e intencional ha tergiversado la realidad de los hechos” incurriendo en “diversas falsedades” generando “desinformación masiva al público” y que carecemos de “una manifiesta falta de objetividad y ausencia de una adecuada investigación periodística”.
Nuestra respuesta es muy concreta: en una carta se puede redactar todo cuanto se desee expresar pero frente a ello existe algo que no se puede modificar: los documentos contenidos en el expediente de licenciamiento, los videos y las fotografías de la realidad y las contradicciones, digamos, delatoras del ministro Benavides en sus intervenciones en los medios de comunicación. Son hechos. El periodismo actúa con hechos. Y es la UTP la que va a ser sometida a investigación, precisamente, por la incongruencia entre sus trámites, la realidad y la legalidad.
Un detalle llamativo de la carta del área legal de la UTP es su reclamo “por haber inducido a error” a la periodista Patricia del Río Labarthe en el programa Ampliación de Noticias de RPP lo que, según los abogados de la UTP, dio lugar a los cuestionamientos que le hizo la periodista Del Río al ministro Martín Benavides. Al respecto caben dos acotaciones.
La primera, es que rechazamos la falta de respeto en que incurre la UTP hacia una profesional competente como Patricia del Río cuya capacidad le permite analizar los hechos y formarse una opinión propia y fundamentada sin necesidad de ser inducida a error por nuestro portal.
La segunda, es que es de muy mal gusto —o, acaso, revelador— que la gerencia de asuntos legales de la UTP ponga tanto énfasis en defender al hoy ministro de Educación Martín Benavides, habiendo sido, precisamente, el Sr. Benavides quien ejerciendo el cargo de jefe de la SUNEDU, concedió a la UTP las licencias hoy materia de investigación.
Finaliza aquí este texto con el cual Lima Gris da respuesta a las cartas enviadas por SUNEDU y UTP.

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA
PRONUNCIAMENTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº1476– 2020-MINEDU
El Consejo Directivo Nacional del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, reiteradamente, ha solicitado al Ministro de Educación, una reunión en representación de nuestros colegios afiliados, de gestión privada, colegios oficiales, serios y responsables, pero lamentablemente, el Ministro Martín Benavides, ha desconocido nuestra preocupación y hasta este momento, no nos ha atendido.
El día 5 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N°1476 que “Establece medidas para garantizar la Transparencia, Protección de usuarios y Continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas privadas de Educación Básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19”. Es un Decreto inconstitucional.
El DL Nº 1476 -2020, contraviene la Constitución del Estado y afecta, entre otros, los derechos constitucionales a la libertad contractual y la libertad de empresa, contraviene el principio de proporcionalidad y excede las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para legislar sobre temas educativos.
Como Consorcio de Centros Educativos Católicos queremos dar a conocer que nuestra organización afilia a más de 800 Instituciones Educativas a nivel nacional, de las cuales un alto porcentaje, son estatales con gestión de la iglesia; otras son de acción conjunta, (convenio Iglesia-Estado) y un porcentaje menor son Instituciones Educativas privadas. Esto significa que generamos empleo a más de sesenta mil trabajadores a nivel nacional que atienden a una población escolar de más de medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todas las regiones del país.
Todas nuestras Instituciones son sin fines de lucro, cuyo objetivo principal, es el servicio a través de la educación, no lucramos con ella. Prestamos nuestro servicio educativo en diferentes niveles socio económicos del país, tanto en zonas urbanas como en rurales, y de manera especial, nuestras obras se encuentran en lugares menos favorecidos económicamente, donde inclusive no llega el Estado. Nuestra finalidad es educar a la infancia, adolescencia y juventud en un marco de educación en valores, teniendo como centralidad a la PERSONA. La escuela católica históricamente ha servido a la educación peruana por más de 400 años, aún antes del inicio de la República.
Las primeras escuelas en el Perú, fueron escuelas católicas. Y durante todo este tiempo ha sido generadora de modelos educativos de calidad que los padres de familia, estudiantes y exalumnos reconocen.
Por ello afirmamos que los colegios católicos, tenemos una buena comunicación con los padres de familia, ellos eligieron el colegio donde querían educar a sus hijos. Nosotros los acogemos y estamos alertas para atender a todos, especialmente a los más necesitados, a quienes prestamos ayuda mediante becas o medias becas, así como les damos apoyo moral y espiritual. Cada familia tiene necesidades y es diferente una de otra, y por ello, su tratamiento tiene que ser diferenciado, de acuerdo a la necesidad.
Sin embargo, el discurso oficial de continuo enfrentamiento entre la escuela y los padres de familia, no es sano ni constructivo, tiene que parar. Es necesario que se restablezca el diálogo y la confianza entre la familia y la escuela.
No hay otra forma de educar. La responsabilidad es de las autoridades que han generado esta seria división. No es momento para estas discrepancias; la nueva educación se ha de construir en colaboración familia-escuela, juntos, la infancia y la juventud la demandan.
La educación privada siempre fue aliada de la estatal. Por ello hay que defenderla, en estos momentos la defensa de la educación privada es también la defensa de la calidad y cobertura de la educación estatal.
Por una Escuela Católica de Calidad con Identidad
HNA. MARIA ANTONIETA GARCÍA CARRIZALES PRESIDENTA
NORA PALOMINO CASANOVA PRIMERA VICEPRESIDENTA
HNO. FELIPE ALVAREZ HERRANZ SEGUNDO VICEPRESIDENTE
JENNIFER PAJÁN LAN SECRETARIA DE ECONOMÍA
HNA. AMELIA DÍAZ CÓRDOVA PRO SECRETARIA DE ECONOMÍA
SISTER NANCY RIVERA HARMAN SECRETARIA GENERAL
P. MAURO VALLEJO LAGOS PRO SECRETARIO
MAE BERRIOS FLORES VOCAL
P. JUAN APUMAYTA BAUTISTA VOCAL
ISABEL LOYOLA CABOS VOCAL
HNA. MARIA RITA MONDRAGÓN TORRES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL AMAZONAS
FRAY JUAN JOSÉ ALANIA PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL AREQUIPA
P. VÍCTOR CONCCE YAURI PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL AYACUCHO
HNA. VILMA ANTAY CCACCYA PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL CAJAMARCA
FERNANDO CHU REPRESENTANTE CONSORCIO REGIONAL CHIMBOTE
ULISES CARRANZA PINEDO PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL CUSCO
ROMMEL DÁVILA CALVO PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL HUARAZ
HNA. VERÓNICA FLORES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL HUÁNUCO
HNA. MARIA DEL CARMEN PAREDES MASCO PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL ICA
HNA. LOLA CUADROS SALAZAR PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL JUNÍN
MAE BERRÍOS FLORES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL LA LIBERTAD
HNA. LUZMILA AMAYA LA MADRID PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL LAMBAYEQUE
MONS. ALEJANDRO ALVITES BERMÚDEZ PRESIDENTE CONSORCIO REGIONAL LIMA NORTE CHICO
HERLINDA NAVARRO COBOS PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL LORETO
HNA. ALEJANDRINA QUISPE PUELLES PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL PIURA TUMBES
HNA. DORIS PERALTA REPRESENTANTE CONSORCIO REGIONAL PUNO
HNA. ARACELI NÚÑEZ QUEVEDO PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL SAN MARTÍN
HNA. FLORENTINA CLEMENTE VENEGAS PRESIDENTA CONSORCIO REGIONAL TACNA

La (falsa) gran reforma de Benavides

Hace una semana, Lima Gris publicó el informe “La universidad fantasma de Benavides” en referencia a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) que lleva ocho años sin funcionar, tiene apenas tres aulas en las que nunca se dictó ni una clase, carece de equipamiento pero obtuvo licenciamiento el 5 de agosto de 2019 gracias a una resolución firmada por Martín Benavides, entonces jefe de la Sunedu y hoy ministro de Educación.
En los últimos días, Benavides ha sido muy activo en presentaciones mediáticas en las cuales ha soslayado el grave caso de la UPAL que viene a ser una universidad fantasma que exhibe un insólito licenciamiento mientras Benavides argumenta que la “reforma universitaria es una gran reforma que ha cumplido con la ley”. Lima Gris ha podido hallar nuevas evidencias de un caso que inevitablemente tiene que ser sometido a investigación y cuyo responsable deberá rendir cuentas.
Los beneficios para UPAL
Uno de los requisitos estrictamente exigidos por la Sunedu fue el de la Infraestructura. Un requisito válido y en base al cual Benavides cerró decenas de universidades una tras otra. Una medida legítima para los casos de incumplimiento que no se puede discutir. Precisemos, además, algo obvio: el local de las universidades tenía que ser propio. De ese modo, se cumplía con el requisito de Infraestructura para acreditar una Condición Básica de Calidad.
¿Qué ocurrió en el caso de la UPAL? En su expediente de licenciamiento esta entidad presentó como sede universitaria un local ubicado en la calle Alejandro Iglesias 296, Chorrillos. ¿Se trata de un local propio? No. Se trata de un local alquilado. Y esto lo sabía la Sunedu porque en el expediente de licenciamiento se encuentra este documento:¿Qué hizo la UPAL? Para presentarse al licenciamiento alquiló un local. ¿Era un local adecuado para convertirse en una universidad? No. Se trata de una casa en la que funcionaba una ferretería chorrillana. En estas imágenes se puede ver el local ferretero antes de que la Sunedu lo convierta en “campus” universitario.
Ferretería ubicada en la Av. Alejandro Iglesias 296 y que la UPAL alquiló para presentar como campus universitario que la Sunedu aprobó y otorgó licenciamiento. Nótese el aviso en el techo de mayólicas Trebol.Vista lateral de la ferretería alquilada por la universidad fantasma UPAL.
La Sunedu aprobó como local que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad y concedió licenciamiento.
En estas otras imágenes se puede ver el mismo local con el logo de la universidad fantasma en que la nunca se dictó una clase y tampoco se conoce quién es su rector.Local de ferretería convertido en “campus universitario” de la UPAL con licenciamiento de la Sunedu.
Vista lateral de la ferretería cuyo local fue alquilado por la UPAL y la Sunedu consideró como Infraestructura que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad para ser licenciada como universidad.
Lo increíble es que la estricta e implacable Sunedu de Martín Benavides le otorgó licencia sin exigirle el requisito obligatorio de tener local propio.
La UPAL por dentro
Lima Gris ha logrado acceder a las instalaciones de la UPAL. En el expediente de licenciamiento la Sunedu señala que esta universidad fantasma “cuenta con tres aulas en total: Aula 1, Aula 2 y Aula 3. Asimismo, cuenta con dos laboratorios que se pueden convertir en aulas por el tipo de equipamiento (lap tops)”. Señala también que las tres aulas pueden recibir 80 estudiantes en total. De por sí es muy extraño que la rigurosa Sunedu haya licenciado una universidad de apenas 80 estudiantes y a la que autorizó a convocar procesos de admisión anual para 200 vacantes.
Si vemos las imágenes siguientes, cabe una pregunta ¿puede ese local albergar 200 alumnos que aprueben el examen de ingreso? La propia Sunedu reconoce que “la cantidad máxima de aforo de sus tres aulas y dos laboratorios es de ciento veintiún personas” sin embargo, de manera insólita, en ese mismo informe, la Sunedu realiza una conclusión increíble: “la Universidad garantiza contar con ambientes suficientes para brindar el servicio educativo”.
Aula UPAL. ¿Pueden dictarse clases para ochenta alumnos en este salón?
Aula UPAL. ¿Es la infraestructura para un aula con dictado para ochenta alumnos?
Aula UPAL. ¿Es un salón para clases universitarias y puede albergar ochenta alumnos?
La UPAL ha sido licenciada para impartir tan solo dos carreras Ingeniería de Software y Empresa y Tecnología. En el expediente de licenciamiento la Sunedu afirma que “se verificó de manera presencial la existencia de dos laboratorios”. Sin embargo, en las imágenes siguientes no existe rastro alguno de laboratorios y no existe ni una sola computadora a pesar de que la Sunedu acreditó que existía el equipamiento necesario para aprobar el licenciamiento. (Lima Gris tiene en su archivo más fotografías de las que se publican).
Laboratorio UPAL. Cada turno es para 80 alumnos. No hay capacidad y no tiene una sola computadora para la carrera Ingeniería en software.
Segundo Laboratorio UPAL Sin capacidad para 80 alumnos y sin ninguna computadora para la carrera Ingeniería en software.
Esta es la reforma universitaria que Benavides ha calificado en su excursión por los medios de comunicación —sin recibir ninguna repregunta— como la reforma ejemplar, sin intereses particulares, sin tráfico de influencias, sin beneficios a grupos económicos.
Es la misma reforma que defiende el presidente de la República, quien nombró a Martín Benavides como jefe de la Sunedu el 7 de mayo de 2018 y luego, cuando este funcionario terminó de dejar en la calle a decenas de miles de estudiantes sin darles ninguna opción, lo designó como ministro de Educación el 13 de febrero de 2020.
¿Por qué ambos son defensores de una reforma cuyas oscuridades empiezan a ponerse al descubierto?
Fuente: LimaGris.com