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Conflictos, integración y procesos sociales

Siria

Siria

Estados Unidos dijo que tiene “pruebas” de que efectivamente hubo un ataque químico en Duma el 7 de abril y que el gobierno sirio es responsable.
La decisión de emprender los ataques, tomada tras varios días de deliberaciones, representa la segunda ocasión en que Trump ordena ataques en Siria. En abril de 2017 autorizó el lanzamiento de misiles Tomahawk contra una base aérea siria en represalia por el uso de gas sarín contra civiles por parte de Assad.
Resultado de imagen para siria teresa mayEn un comunicado oficial, la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que no existía una “alternativa” al uso de la fuerza y que por ello su gobierno se sumó a los ataques.
“Esta noche he autorizado a las fuerzas armadas británicas a llevar a cabo bombardeos coordinados y dirigidos para degradar las capacidades de armas químicas del régimen e impedir su uso”, señaló.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que las acciones militares se circunscriben “a las capacidades del régimen sirio sobre las armas químicas”.
Fuente: Diario El Comercio.

Sunitas, chiitas, alauitas…¿Quiénes son y a qué juegan?

Marcelo Falak

Por Marcelo Falak-www.ambito.com
Entender el baño de sangre que se ha desencadenado en Siria a partir de marzo de 2011 exige repasar, aunque sea rápidamente, las características de ese país como mosaico confesional, condición que resume líneas de fractura y de alianzas políticas fundamentales en el mundo islámico. 
“Sunita”, “alauita”, “chiita”, entre otros, son términos que (hagamos nuestra mea culpa) la prensa deja caer sobre el público sin mayores explicaciones. Reparar esa falta, entrega valiosas claves para pensar lo que viene, no sólo en Siria sino también en Irán y en Oriente Medio en general.
La existencia de una rama sunita y una chiita es consecuencia del cisma de 683, cuando los líderes del clan omeya, que gobernaba Siria, se impusieron a Alí, el primo y yerno del Mahoma, saldando (guerra y mediación iniciales mediante, para finalizar con el asesinato de éste) la disputa por la sucesión del profeta. Las diferencias doctrinarias que ambas corrientes desarrollaron a partir de entonces son profundas y constituyen el nudo de buena parte de las rivalidades políticas actuales. Un ejemplo claro de esto son para el lector las matanzas continuas, con la mayoría chiita llevando la peor parte, en el Irak post Sadam Husein. Y Siria se asoma hoy a un escenario similar.
El sunismo, heredero de los vencedores de la disputa por el califato en el siglo VII, es la rama más numerosa del islam, con cerca del 85% de los 1,300 millones de fieles. Su doctrina se basa en la suna, esto es en los “ejemplos” de conducta, las prácticas y los dichos de Mahoma, que complementan la letra del libro sagrado de esa fe, el Corán (“La Recitación”, en árabe).
Con todo, los sunitas están divididos, a su vez, en diversas tendencias, desde las más moderadas hasta las más extremas, como las que representan los salafistas, defensores de la religiosidad de los “ancestros” (salaf), quienes a su vez se separan entre apolíticos y partidarios de una yihad (guerra santa al infiel) agresiva como Osama bin Laden.
Los chiitas constituyen una minoría, alrededor del 10% del mundo islámico, y son amplia mayoría sólo en Irán (en Irak lo son, pero por poca diferencia y están concentrados en el sur del país). Su nombre deriva de la expresión shiat Alí (“los partidarios de Alí”), y consideran desde el cisma que el líder de la comunidad musulmana, el imán, debe ser un heredero de sangre de aquél, linaje que se extiende a partir de la descendencia que engendró con Fátima, la hija de Mahoma.
Entre muchas otras, una diferencia doctrinaria importante entre sunitas y chiitas es que estos últimos creen, a diferencia de aquéllos, que el Corán tiene un sentido oculto que deben develar los líderes religiosos. Otra, clave, hace a la visión mesiánica: para los sunitas, el Mahdi (“El Guiado”) nacerá antes del Día de la Resurrección, en el fin de los tiempos; para los chiitas, no se tratará de un nacimiento sino de un retorno, el del duodécimo imán, quien vive oculto desde el martirio de su padre en el siglo IX.Mosaico
Siria es un país árabe de población mayoritariamente sunita, pero que cuenta con dos minorías importantes, una cristiana y otra alauita, cada una da cuenta de aproximadamente un 10% de la población.

Los alauitas (unos dos millones, concentrados sobre todo en Siria, pero también en el extremo sur de Turquía, en el Líbano e Irak) son una rama peculiar dentro del islam, al punto que relativizan como alegorías algunos de los cinco pilares básicos de la fe, como la obligatoriedad de las cinco plegarias diarias, el ayuno en el Ramadán o la peregrinación que debe realizarse al menos una vez en la vida a La Meca. Asimismo, tienen una visión muy particular en términos de reencarnación de las almas. Por estas razones, muchos musulmanes la consideran herejes.
Sin embargo, su doctrina tiene fuertes puntos de contactos con el chiismo, lo que convierte a sus miembros en aliados naturales contra los abrumadoramente mayoritarios sunitas.
Una peculiaridad de Siria es que la comunidad alauita, concentrada sobre en el oeste del país, sobre todo en la costa del Mediterráneo, en torno de la ciudad de Latakia, controla, pese a su escaso número, los principales resortes del Estado. Esto es así desde que Hafez al Asad, padre del actual dictador Bashar, se hizo con el poder en 1971. No sólo ocupan desde entonces la cúspide del régimen del partido Baas (socialista y panárabe, ideología ideal para diluir una identidad minoritaria y sospechada) sino también puestos clave en las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.
Ese nexo entre alauitas y chiitas explica el nudo de la alianza antiisraelí más potente: la que incluye al régimen teocrático de Irán, al régimen de Al Asad y al partido-milicia chiita, Hizbulá, un verdadero Estado dentro del Estado en el Líbano.
Así las cosas, el núcleo de la oposición política y militar a Al Asad está compuesto por miembros de la mayoría sunita, en buena medida desertores del Ejército, pero también izquierdistas, militantes de base y, fundamentalmente, islamistas extremistas. Esto explica que Israel haya atacado recientemente supuestos arsenales iraníes destinados a Hizbulá a través de territorio sirio pero sin ir a fondo en su ofensiva. Su objetivo es valerse de la actual crisis para poner fin a una práctica de casi tres décadas pero que hoy, con la posibilidad de que ese flujo incluya armas químicas, misiles sofisticados y hasta material nuclear persa, adquiere perfiles muy amenazantes. Más claramente: Al Asad es para el Estado judío un enemigo jurado, pero uno que, al menos hasta el inicio de la revuelta en 2011, garantizaba el control del territorio y los arsenales sirios; lo que pueda ocurrir después de su eventual caída es un escenario que se escruta con enorme preocupación, sobre todo por el poder dentro de la coalición opositora de la Hermandad Musulmana, el capítulo sirio de la cofradía que se hizo con el poder en Egipto tras el derrocamiento de Hosni Mubarak.
Hasta cierto punto, los ataques israelíes del fin de semana último contra objetivos en Siria pueden ser vistos como una suerte de ensayo o anticipo de lo que puede ocurrir con Irán a propósito de su cuestionado plan nuclear, esto es una acción bélica “preventiva”. La diferencia, enorme, por cierto, es que, si el régimen de Al Asad, que se sabe jaqueado, optó por la autocontención y la promesa de seguir armando a Hizbulá, el de Irán (una potencia de 80 millones de habitantes) podría dar respuesta muy violenta. Ése es el escenario de pesadilla: en ese caso, Estados Unidos no podría limitarse, como ahora, a que su secretario de Estado siga sumando millas mientras decide qué hacer, y en cambio se vería arrastrado a una guerra de consecuencias humanas, geopolíticas y económicas hoy imposibles de ponderar.

La conexión Maduro-Putin-Trump

Russland Ölgesellschaft Rosnet

Por Evan Romero-Castillo- www.dw.com
Citgo, la refinería venezolana en territorio estadounidense, donó 500,000 dólares para la organización de la ceremonia de investidura de Donald Trump como presidente. ¿Por qué miran todos hacia Moscú?
En Venezuela, la inexistente separación de poderes durante la gestión de Nicolás Maduro hace que la fiscalización de la administración pública sea aún más difícil que en el cuarto de siglo que precedió a la “era chavista”, descrito por los defensores de la “Revolución Bolivariana” como el período de mayor corrupción e impunidad en la historia del país. Y la opacidad de las instituciones estatales hace que elucubraciones y rumores circulen en sustitución de la información a la que la ciudadanía tiene derecho.
Eso volvió a ocurrir un día después de que la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos revelara que Citgo Petroleum –filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con sede en Houston– le donó 500,000 dólares al comité organizador de la ceremonia de juramentación de Donald Trump como jefe del Gobierno estadounidense (22.12.2016); el doble que otras empresas –como el fabricante de automóviles Ford– entusiasmadas con la idea de ejercer algún grado de influencia en la Casa Blanca.
CITGO Erdölraffinerie (Getty Images)La refinería venezolana Citgo, con sede en Houston, Texas.
Trump, Putin y Maduro
Fuera de Venezuela, la noticia parecía tener más que ver con el “hombre fuerte” de Moscú, Vladimir Putin, que con el de Caracas. Una investigación realizada por Maye Primera y Ahiana Figueroa para el sitio web de la televisora estadounidense Univisión señala que la contribución de Citgo a la ceremonia de investidura de Trump tuvo lugar cuando la refinería venezolana en suelo estadounidense acababa de ofrecer el 49.9 por ciento de sus acciones como garantía de pago del préstamo que la petrolera rusa Rosneft le hizo a PDVSA.
El resto de las acciones de Citgo fue presentado como incentivo “en un canje de bonos ejecutado por PDVSA en 2016”, aseguran Primera y Figueroa. El crédito ruso de 1,600 millones de dólares es una bombona de oxígeno del maltrecho establishment chavista. El diario británico The Guardian explica que si PDVSA no cancela su deuda a tiempo, Rosneft podría convertirse en el accionista mayoritario de Citgo. “Ese es un escenario que causa ansiedad en el Congreso estadounidense”, advirtió Julian Borger, corresponsal de The Guardian en Washington.
Citgo no es el único nexo entre Rosneft y Trump. Eso preocupa tanto a los republicanos como a los demócratas porque aún no se ha disipado la sospecha de que el Kremlin se inmiscuyó en el último proceso electoral estadounidense y de que un pacto ilícito entre Putin y Trump lo hizo posible, agrega Borger. Mientras tanto, en Venezuela –donde Maduro celebraba, casualmente, cuatro años en el poder este 19 de abril–, la conexión Citgo-Trump causaba extrañeza por la cantidad de contradicciones que dejaba en evidencia.
Türkei Weltenergiekongress 2016 in Istanbul (Reuters/)El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
No hay preguntas tontas…
¿Es Citgo otro Caballo de Troya del Kremlin en Estados Unidos? ¿Cómo pudo Citgo regalarle medio millón de dólares a Trump cuando la propia PDVSA está al borde de la bancarrota? ¿Qué esperaba Caracas a cambio de ese gesto? ¿Llegó a haber simpatía genuina entre Trump y Maduro o fue la de Maduro una cordialidad no correspondida? Si hubo afinidad, la luna de miel duró poco. Trump asumió su cargo el 20 de enero y el 16 de febrero pidió, vía Twitter, la liberación inmediata del dirigente opositor venezolano Leopoldo López.
En la foto que acompañaba a su tuit, Trump aparecía junto a Lilian Tintori, esposa de López, el preso político más prominente del régimen chavista. El 6 de abril, ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, arguyó que “la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría, eventualmente, obligar a una respuesta regional”, dejando dudas sobre si se refería a mediaciones diplomáticas más persuasivas que las del Vaticano, o a ataques unilaterales como el lanzado contra Siria.
El propio Maduro acusó a Washington de preparar su derrocamiento y alegó que las intenciones de “generar violencia y caos” en Venezuela estaban plasmadas en un comunicado del Departamento de Estado difundido el 18.4.2017, un día antes de la “madre de todas las manifestaciones”, convocada por la oposición antichavista. Desde hace años está claro el tipo de vínculo que une a Caracas con Moscú; pero el coqueteo de Maduro con el flamante ocupante de la Casa Blanca obliga a repreguntar: ¿cómo es la relación entre Venezuela y Estados Unidos?

Secretario de la OEA

Kenji Fujimori

Kenji Fujimori se jacta de tener el respaldo de Almagro y el Tribunal Constitucional

Por Glademir Anaya-Diario Correo.
Más destapes en los ‘kenjivideos‘. El congresista Kenji Fujimori usaba como parte de su estrategia para captar a legisladores que se sumen a su bloque denominado los ‘avengers’ -y rechacen el segundo pedido de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski-, el nombre del Tribunal Constitucional (TC), entidad que viene revisando la acción de inconstitucionalidad presentada contra la ley de bancada mixta, que, de ser derogada, podría permitir que los ‘avengers’ se consoliden como un grupo parlamentario formal.
“Tenemos el respaldo del Tribunal Constitucional (TC), tenemos el respaldo del propio secretario de la OEA. Yo me he reunido con el secretario de la OEA, con el señor Almagro”, sostiene el legislador, en uno de los videos accedidos por este diario, luego de ser consultado por Moisés Mamani respecto a qué si va a estar o no blindado.
Incluso, Guillermo Bocángel, quien se encuentra presente en la conversación le dice al puneño, que vas a estar “blindado, blindado” y le aseguran que es el congresista número 19 que habían captado para salvar al entonces mandatario Kuczynski de la segunda vacancia.
Este medio ha intentado comunicarse con alguno de los magistrados del Tribunal Constitucional a fin de que nos brinden su opinión al respecto, pero no hemos obtenido respuesta. Cabe destacar que en una oportunidad, el Tribunal Constitucional se mostró a favor de que los legisladores que dejen sus bancadas y puedan formar otra.Galarreta, Alcorta y Letona arremeten contra Kenji por presunto financiamiento de Odebrecht

Barro con ventilador

Los congresistas de Fuerza Popular, Luis GalarretaÚrsula Letona Lourdes Alcorta, no tardaron en responder a lo asegurado por su excolega de bancada, Kenji Fujimori, quien señaló que la constructora brasileña Odebrecht había financiado sus campañas políticas.
En el video completo que grabó Moisés Mamani -al que Correo tuvo acceso-, el menor de los Fujimori le dice: “Letona, Alcorta y Galarreta fueron financiados por Odebrecht. ¿No dicen que había congresistas que han recibido plata de Odebrecht?”.
Tras la publicación de este diario, Letona afirmó en Twitter estar “indignada” por lo dicho por Kenji Fujimori: “Los corruptos tienen la osadía d pretender desacreditarnos por nuestra lucha frontal contra la corrupción” Y dijo esperar que se rectifique, pues de lo contrario recurrirá a “mecanismos legales”.
En tanto, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, también rechazó las acusaciones: “Tengo una carrera política transparente. Indignado con este nivel de gentuza”, escribió.
Por su parte, Lourdes Alcorta no escatimó en calificativos contra el benjamín de los Fujimori. “Jamás en mi vida me he salido d la línea de conducta que mis padres me enseñaron”, afirmó.
Cabe señalar que durante su interrogatorio, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló al Ministerio Público en Sao Paulo que candidatos al Parlamento en el 2011 recibieron dinero de Odebrecht.
Barata dijo que la empresa brasileña destinaba estos fondos pues buscaba “tener algún acceso al Legislativo”.
Fuente: Diario Correo.

Accesitarios

Kenji Fujimori

Por Rosa Vallejos-Diario El Comercio.
A partir de mañana empieza en el Congreso de la República el trámite con el que se busca el desafuero de cinco congresistas, debido a los videos y audios que fueron grabados por el fujimorista Moisés Mamani y que muestran las negociaciones para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En entrevista con este Diario, el titular del Congreso, Luis Galarreta, dijo que la denuncia será presentada mañana. Esta incluye a los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, todos ex representantes de Fuerza Popular; así como a los oficialistas Mercedes Araoz, saliente primera ministra, y Carlos Bruce, aún titular de Vivienda.
La denuncia debe ser enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su evaluación. Si es aprobada, deberá debatirse y votarse en el pleno del Parlamento.
Del mismo, la Comisión de Ética empezará mañana el proceso contra los cinco parlamentarios mencionados por el caso de la supuesta compra de votos, informó a El Comercio el presidente de ese grupo de trabajo, Juan Carlos Gonzales.
Fujimori, Bocángel y Ramírez también son investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. También fue incluido Bruno Giuffra, ex ministro de Transportes y Comunicaciones.
El Ministerio Público ya citó al legislador fujimorista Moisés Mamani, quien presentó los videos y audios, para que rinda su testimonio sobre lo sucedido. La audiencia será el próximo viernes 6 de abril.
Kenji Fujimori(Foto: El Comercio)
Neyra: “Estoy esperando con prudencia. Ahora hay que levantar al país”
Ángel Neyra Olaychea es el accesitario en Lima de la lista de Fuerza Popular. Ingeniero industrial de profesión, fue parlamentario por esa agrupación entre el 2011 y el 2016. Neyra llegó al partido fujimorista en el 2010, invitado por el entonces ministro de la Producción Rafael Rey.
Integró el equipo técnico del plan de gobierno de Keiko Fujimori para los comicios del año siguiente. Ángel Neyra es autor de la ley de parques industriales tecnoecológicos y de la ley de desarrollo de las bebidas tradicionales: emoliente y afines, que –según reseñó– “busca proteger al consumidor a fin de que los emolienteros asuman responsabilidades de salubridad acompañados de las municipalidades”.
Según la ONPE, Neyra aportó S/58,950 entre la primera y segunda vuelta de las elecciones del 2016. Es propietario de la empresa consultora Sittec & Gestión E.I.R.L. Sobre la posibilidad de retornar al Congreso, Neyra dijo: “Estoy esperando con prudencia. Después de todo lo que ha pasado, toca pensar en positivo. Hay que levantar al país”.
Bienvenido Ramírez(Foto: El Comercio).
La maestra de Tumbes que podría reemplazar a Bienvenido Ramírez
María Candelaria Ramos Rosales es quien reemplazaría a Bienvenido Ramírez en caso de que se concrete el desafuero planteado en el Congreso. Maestra de profesión, Ramos fue asesora de la presidencia del Gobierno Regional de Tumbes entre el 2006 y el 2010. Obtuvo 2,692 votos en las últimas elecciones, 15 mil votos por debajo de Ramírez.
Antes de postular por Fuerza Popular, la docente Ramos fue militante del Partido Aprista Peruano y de Perú Posible. Durante la campaña del 2016, fue una entusiasta activista del fujimorismo y se desempeñó como responsable de la coordinación con los comités de base, comedores populares y organizaciones de juventudes del norte.
Además, acompañó a la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori, en la denominada Ruta Perú, caravana que durante ocho días recorrió siete departamentos del sur del país.
Fuerza Popular(Foto: El Comercio).
Campos: “Me entristece lo que pasó con Kenji y Guillermo [Bocángel]”
César Campos Ramírez podría llegar al Congreso en reemplazo de Guillermo Bocángel, representante de Huánuco. Campos es contador público y gerente general de Excelencia Empresarial América Móvil, compañía dedicada a la gestión y asesoría de empresas en materia tributaria. En diálogo con El Comercio, aseguró que prefiere esperar prudentemente lo que se resuelva en el caso de Bocángel, a quien considera su amigo.
“Lo que ha ocurrido no me alegra. Me entristece, estoy incómodo con lo que ha pasado con Kenji, con Guillermo, con el mismo partido, con lo que sufre el país, mi Huánuco, el cual represento, pero es mi obligación asumir el cargo de legislador si así se decide. Entonces ya me conocerán”, afirmó.
Agregó que, debido a un proceso que le entabló una entidad bancaria, debió vender una de sus propiedades para pagar una deuda asumida por terceros en la que, según él, participó como garante. “Lo solucioné. Tuve que asumir ese compromiso así haya sido un garante”, precisó.Infografía del día 23/03/2018

Denuncia constitucional

Fue presentada una denuncia constitucional contra los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Boncángel a raíz del caso de los audios y videos sobre la negociación de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.
El documento lleva las firmas de cuatro legisladores: Mauricio Mulder (Partido Aprista), Edwin Vergara (Fuerza Popular), Wilbert Rozas (Frente Amplio) y Yeni Vilcatoma (no agrupada).
“A los denunciados se les atribuye conductas que constituyen, por un lado, infracciones a la norma y principios consagrados en la Constitución, y por otro, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, indica el texto.
De acuerdo al documento, los legisladores Fujimori, Ramírez y Bocángel formaron parte de un presunto sistema con el que se pretendía captar congresistas para la “compra de sus votos a través de prebendas”.
Estas prebendas –agrega el texto– consistirían en financiamiento de proyectos, programas y obras con fondos públicos “a ser ejecutados por los diferentes niveles de gobierno: regional y local”.
Este caso salió a la luz cuando el congresista fujimorista Moisés Mamani, acompañado por la bancada de Fuerza Popular, presentó extractos de videos en los que se mostraría cómo intentaron convencerlo de votar contra la vacancia.
En los videos también aparecen el congresista Kenji Fujimori y su asesor Alexei Toledo, así como los legisladores Ramírez y Bocángel.
Al día siguiente de la difusión del material, el presidente Kuczynski renunció al cargo. Ese mismo día se difundieron audios de conversaciones entre Mamani y el entonces ministro Bruno Giuffra.
–Proceso a seguir– 
La denuncia debe verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en primera instancia. Si ahí procede, esta debe formular un informe de calificación y remitirlo a la Comisión Permanente.
Luego, la Comisión Permanente otorga a la subcomisión un período de 15 días para investigar el caso.
Después de oír los descargos de los implicados, la subcomisión tiene 10 días para elevar un informe, que debe ser debatido y votado en la Comisión Permanente.
Si la acusación constitucional es aprobada, es enviada al pleno del Parlamento para su debate. Esto puede durar 50 días.
En el pleno se decide si los congresistas son suspendidos temporalmente, inhabilitados o destituidos por infracción constitucional.
Fuente: Diario El Comercio.

Sacerdote secuestrado

Militares detienen a sacerdotes en el Congo. Foto: ACS

A través de un comunicado, la ONG Centre d’étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme (CEPADHO) informó que el Padre Célestin Ngango fue raptado cerca de su parroquia en la localidad de Karambi, en la provincia de Kivu del Norte, cuando se dirigía a la aldea de Nyarukwangara.
Indicaron que “mientras estaba de regreso a Karambi, su vehículo fue interceptado por los delincuentes, lo obligaron a descender y a seguirlos”.
La ONG denunció que “se trata de un acto criminal contra un artesano de la paz” y que se han incrementado los secuestros en la zona.
Radio Okapi, un medio local, señaló que los secuestradores han pedido 50 mil dólares por el rescate del Padre Ngango y que las autoridades están investigando el caso.
También recordaron que en el año 2016 dos sacerdotes y un diácono fueron secuestrados en el país por unos desconocidos que pidieron dinero por su rescate.
Por su parte, la agencia AFP señaló que en enero de este año, otro presbítero fue secuestrado en Kivu del Norte y liberado 48 horas después.
Fuente: ACI Prensa.

El mundo se ha olvidado del Congo, solo la Iglesia defiende a la población, señala sacerdote

Por Miguel Pérez Pichel-ACI Prensa.
La situación en la República Democrática del Congo es cada vez más grave desde el estallido en octubre de 2017 de numerosas protestas antigubernamentales, ante la negativa del Presidente Joseph Kabila a abandonar el poder que ejerce desde el año 2001 y convocar elecciones como señala la Constitución del país.
El pasado 31 de diciembre 8 personas murieron durante la represión de las fuerzas de seguridad contra una protesta pacífica convocada por el Comité Laico de Coordinación, una organización de laicos católicos que pide la convocatoria inmediata a elecciones democráticas.
Según informó la Nunciatura Apostólica en el país, las personas fueron asesinadas por la policía en el interior de diferentes iglesias de Kinshasa, capital del Estado. Los agentes rodearon 134 parroquias y detuvo a 130 personas, entre ellas 6 sacerdotes.
En unas duras declaraciones recogidas por Ayuda a la Iglesia Necesitada, el Padre Apollinaire Cibaka Cikongo, profesor en el seminario mayor de Cristo Rey, lamentó el silencio cómplice del mundo sobre las continuas violaciones contra los derechos humanos en Congo.
“La Iglesia es la única voz autorizada del país y, en consecuencia, nos encontramos en primera línea. Los medios de comunicación están todos alineados con el Gobierno y la oposición es débil y está fragmentada en al menos 600 partidos políticos diferentes”, señaló.
El sacerdote explicó que los fallecidos como consecuencia de la represión estaban asistiendo a Misa. “Los fieles asistían a la Santa Misa cuando los soldados abrieron fuego”, denunció.
El Padre Cikongo indicó que la voz de la Iglesia local y de la comunidad católica no basta para solucionar la crisis, ya que el presidente Kabila cuenta con el apoyo de los países occidentales y de superpotencias como India o China.
En este sentido, denunció que estos países protegen al Presidente a cambio del control de los recursos naturales del país como las minas de diamantes o de minerales empleados para la fabricación de componentes electrónicos.
En sus declaraciones, el sacerdote también advirtió de la urgencia de una intervención de la comunidad internacional para poner fin a la violencia y para forzar al Presidente Kabila a renunciar al poder. “Todos saben perfectamente lo que está sucediendo. Pero, puesto que nuestros sufrimientos significan los beneficios de otros, el mundo entero prefiere refugiarse en un silencio cómplice”.

El inspector Javert

Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
Aunque ya fue liberado tras estar un día detenido en la comisaría por “delito flagrante” de posesión de arma de fuego sin licencia, el breve rigor del que fue objeto Jaime Yoshiyama por el fiscal Martín Pérez merece una reflexión sobre la protesta de algunos y la celebración de otros.
Los que celebran o justifican o avalan con sus opiniones, si cabe, se amparan en el cumplimiento estricto de la ley. Aunque el fiscal Pérez allanó la casa del exministro en el marco de una investigación de lavado de activos bajo la ley de “organización criminal”, Yoshiyama fue detenido por tener entre sus pertenencias un pistola vieja sin licencia. Sí, en efecto, la ley se cumplió y eso no está en discusión. Lo que se debate es la legitimidad de la medida, puesta en duda por la intencionalidad de la detención.
En infinidad de ocasiones hemos visto en series de televisión norteamericanas –Estados Unidos es un de los países más estrictos en el cumplimiento formal de la ley– cómo los fiscales que investigan un delito mayor en el que está involucrado un delito menor, refieren a los investigados que no les interesa el crimen menor –por ejemplo ser un inmigrante ilegal– sino que declaren sobre su conocimiento del crimen mayor investigado. Así pues, se hacen de la vista gorda con la ilegalidad del inmigrante a cambio de que este les diga lo que necesitan saber sobre, por ejemplo, una violación sexual. Sucede también lo contrario cuando los fiscales, investigando un crimen mayor –asesinato, por ejemplo–  hallan a alguien que ha cometido un crimen menor –licencia vencida de un local o incumplimiento de medidas de seguridad– y, no encontrando lo que buscan de él como testigo o implicado, proceden a aplicar “estrictamente” la ley para joderlo, cerrándole el local.
No escapa a nadie con buena fe que en este último caso, los fiscales aplican la ley como una suerte de venganza por no haber podido encontrar o probar lo que buscaban. En buena cuenta, aquí el “cumplimiento estricto de la ley” funciona como un castigo por adelantado del crimen mayor que la fiscalía no ha podido probar. Esto, por supuesto, deslegitima la acción de la justicia que se supone deben encarnar todos los operadores de la misma, en el entendido de que justicia y venganza no son lo mismo, pues la venganza está precisamente proscrita por la justicia.
Esto, me parece, es lo que ha pasado con la detención de Jaime Yoshiyama por “delito flagrante” de posesión ilegal de una pistola vieja. Si Yoshiyama es un criminal de cuello y corbata el fiscal debe probarlo. Ese es su trabajo. Pero aplicarle el rigor de la detención por un tema marginal –en la medida de que a nadie se le pasa por la cabeza que el exministro es un sicario o un pistolero y que la “organización criminal” por la que se le investiga no es la banda del Cojo Mame–, solo tiene la intención de joderlo, pues la ratio legis que se le aplica no tiene nada que ver con él (¿va a disparar 2000 cartuchos con una pistola destartalada? ¿Va a dar un golpe de Estado?). Eso demuestra, entonces, que el fiscal Pérez no busca justicia. Es inquina amparada en el “estricto cumplimiento de la ley”, y los que lo ensalzan lo hacen en su persona al fanático y miserable Javert, de la novela de Víctor Hugo. Eso dice suficiente de sus almas.

Caperucito

Presentan moción de vacancia contra PPK por "incapacidad moral"

Por Eduardo Deza.
El líder del Frente Amplio, Marco Arana, uno de los promotores de la renovada vacancia presidencial, se despachó a su antojo contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht, nada menos que en el programa Cara a Cara que se emite por TV Perú HD.
Fuentes palaciegas revelaron a este portal que el jefe de Estado habría pedido la cabeza del periodista Eduardo Guzmán Iturbe, quien el 25 de enero pasado fue nombrado como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) -del que depende el canal del Estado- a un mes del interregno que acarreó la renuncia de Hugo Coya.
En el programa del miércoles, el conductor de Cara a Cara, Enrique Chávez, dispensó a Marco Arana una entrevista de once minutos para tratar el tema ‘Nueva moción de vacancia presidencial’, en la que se habló de los vínculos de Kuczynski Godard con la constructora brasileña Odebrecht a través de su empresa unipersonal Westfield Capital y el chileno Gerardo Sepúlveda.La entrevista arrancó con el siguiente comentario cáustico de Marco Arana: “Lo que nosotros esperamos escuchar (en la sesión plenaria en la que se verá la vacancia) son razones del Presidente, porque lo que hasta ahora hemos escuchado son sinrazones”.
Luego, el dirigente izquierdista continuó: “El problema es ¿cobró o no cobró por eso? ¿Era funcionario público cuando su empresa unipersonal y la empresa que tenía en sociedad con Sepúlveda estaban haciendo negocios con la empresa Odebrecht? Ese es el tema”.
“Aquí lo que tenemos es una clarísima actuación por la cual el Presidente no distingue lo público de lo privado, piensa que el Estado es para que haga negocios”, manifestó Arana Zegarra, ante la incomodidad evidente del conductor.
Más adelante dijo: “Un tema por ejemplo es el de las visitas del señor Sepúlveda, que él había negado que era caserito de la PCM cuando él era presidente del Consejo de Ministros”. Esto motivo una intervención de Chávez, quien en un pretendido intento de escudería política señaló que dos visitas no hacían al chileno ‘caserito’.
El congresista retrucó entonces: “Lo cierto es que había una relación muy fuerte y muy estrecha, cuando él era funcionario y que esas fechas coinciden con las fechas en que suscribían los contratos y se daban las concesiones”.
“El Presidente tiene todo el derecho a expresar sus argumentos, evidentemente no puede venir a repetir sus argumentos de que se había olvidado, que era un descuido, de que había una muralla china, nadie le cree además”, puntualizó.
Después de la entrevista a Marco Arana, el espacio televisivo entrevistó como contraparte del mismo tema al congresista oficialista Gilbert Violeta.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Congresistas presentaron nueva moción de vacancia multipartidaria contra PPK

Por Juan Rosales Arenas- Semana Económica.
Los congresistas de cinco bancadas presentaron a la Mesa de Partes del Congreso una moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPKpor incapacidad moral permanente. El documento lleva la rubrica de 30 parlamentarios, superando así las 26 exigidas por el reglamento del Congreso. Se adhirieron a la propuesta congresistas del Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular, el Apra y algunos no agrupados.
“Esta es una moción que en sí sola representa la unidad de criterio democrático que tiene este Congreso, entre todos los congresistas de las diferentes bancadas que hemos participado en la elaboración de esta moción”, manifestó César Villanueva, congresista de APP encargado de recabar las firmas, en conferencia de prensa. “Debo reconocer la enorme madurez de las fuerzas políticas del Congreso que participan en este proceso. Todos vamos a escuchar al presidente con mucho interés para completar toda la información”, añadió.
La premier Mercedes Aráoz consideró que la vacancia por incapacidad moral es una “historia incomprensible” y que se trata de una “venganza”. “Hemos sido confiados en que podíamos trabajar con un Congreso que jugaba por los intereses del país. Quizás nuestra peor culpa es esa, confiar en los políticos que tienen intereses individuales”, declaró a la prensa.
Hoy el Pleno del Congreso se reune desde las diez de la mañana. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la moción de vacancia  tiene preferencia en la agenda y es vista antes que cualquier otra que esté pendiente, por  lo que hoy podría darse cuenta de la moción durante la sesión. Si esto ocurre, su admisión se votaría, según el reglamento, en la siguiente sesión del Pleno, es decir el jueves 15 de marzo, un día antes de que PPK reciba a la Comisión Lava Jato en Palacio de Gobierno. Para aprobar la admisión se necesitan 52 votos o menos, dependiendo del número de congresistas hábiles en la sesión.
Sin embargo, podría ocurrir que hoy no se de cuenta de la moción y ese paso se postergue para el próximo 15 de marzo. Si es así, la admisión se votaría una semana después, el 22 de marzo, luego del interrogatorio al presidente Kuczynski. Lo que diga es relevante, pues definirá la posición que adopten importantes bancadas como Fuerza Popular. Vacar al jefe del Estado exige 87 votos.

POSICIONES SOBRE LA VACANCIA

La bancada de César Villanueva, APP, aún no ha definido su apoyo a la vacancia. Este grupo cuenta con ocho votos. El único miembro del grupo parlamentario que ha firmado la moción, además de Villanueva, es el congresista Edwin Donayre. En la votación de vacancia de diciembre del 2017, uno de los congresistas de APP que votó a favor fue Benicio Ríos.
Por su parte, los cinco parlamentarios de Acción Popular han acordado que definirán su postura sobre la vacancia después del viernes 16 de marzo, cuando PPK comparezca ante la Comisión Lava Jato. En el anterior pedido de vacancia, votaron a favor Víctor Andrés García Belaunde y Armando Villanueva.
De otro lado, si bien Mauricio Mulder firmó la moción, los otros cuatro miembros del Apra tampoco han decidido si apoyarán vacar al presidente. En diciembre pasado votaron a favor Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Elías Rodríguez.
Fuerza Popular, cuya lideresa Keiko Fujimori ha sido afectada en los últimos días por las revelaciones de Jorge Barata, dispone de 59 votos. Si bien acordó por unanimidad firmar la moción para presentar el pedido vacancia, aún no ha decidido su postura sobre el tema de fondo: destituir al presidente. Lo decidirán luego de que PPK sea interrogado por la Comisión Lava Jato. Sin embargo, es incierto el número de congresistas naranjas que apoyarán la vacancia, pues la congresista Lisbeth Robles, del bloque de Kenji Fujimori, reveló que existen al menos cuatro congresistas que estarían evaluando renunciar a Fuerza Popular.
Los congresistas no agrupados que han firmado la moción son Yeni Vilcatoma y Julio Rosas, exmiembro de APP. Ellos votaron a favor de la la vacancia en diciembre pasado. Los otros no agrupados son exintegrantes de Peruanos por el Kambio: Alberto de Belaunde, Gino Costa, Vicente Zeballos y Roberto Vieira.
El Frente Amplio y Nuevo Perú (entre ambas suman 20 votos) han firmado en bloque la moción y en las semanas previas han presentado otras mociones que no lograron las firmas requeridas porque pedían la vacancia presidencial de PPK por otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. Es altamente probable que voten en bloque por destituir a Kuczynski.

MAS: partido de violadores

Caso de Juan Manuel Estela avanza lento a pesar de pruebas

El doctor César Guevara Guevara, abogado de la familia Huamán en defensa de dos menores que habrían sido agraviadas por Juan Manuel Estela, manifestó que hasta la fecha no se tiene conocimiento del paradero del ex dirigente rondero.
Señaló que Juan Manuel Estela Rojas no se ha presentado a ninguna de las audiencias sobre este proceso que lo acusan de ser autor de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor contra sus menores hijas.
Manifestó que existen varias pruebas contundentes como la prueba de ADN del menor fallecido que fue producto de la violación de Juan Manuel Estela con su menor hija; además existe el testimonio de las menores que contaron como su padre cometió estos delitos.
Para el delito de actos contra el pudor se ha solicitado a la Poder Judicial 10 años de prisión efectiva y por el delito de violación sexual se ha solicitado la cadena perpetua.
Fuente: Radio Marañón.

LA LARGA ESPERA DE LA LÍNEA AMARILLA: PROYECTO UNIRÍA SAN JUAN DE LURIGANCHO CON EL CALLAO

Dos hechos parecen ser una característica criolla de las obras públicas. Primero, la incorporación de adendas durante su desarrollo que encarecen, en algunos casos notablemente, el presupuesto acordado al inicio; segundo, el retraso en la entrega de estas obras, como si el compromiso hecho ante los ciudadanos no tuviera ningún valor.
Tal es el caso de la esperada obra Línea Amarilla, que debió entregarse hace 4 años y que uniría a San Juan de Lurigancho con el Callao. A estas alturas, a 9 años de haberse iniciado la obra, aún se encuentra inconclusa y luce abandonada y sin mantenimiento en alguno de sus tramos.
Representantes de la municipalidad manifiestan que la comuna viene realizando duros esfuerzos para entregar la integridad de esta obra cuanto antes y que ya se activaron las penalidades contra la concesionaria, las que ascenderían hasta 4 millones de dólares por no entregar a tiempo la obra.
Fuente: Panorama www.panamericana.pe

Doctor bamba

¡Exijamos su renuncia!

Por Cecilia Valenzuela-Diario El Comercio.
El año pasado, once marinos retirados denunciaron constitucionalmente a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haberle cambiado el sentido al voto de uno de sus predecesores: la inadmisible reinterpretación hecha por esos magistrados condena a los marinos a ser procesados, nuevamente, 31 años después, por el Caso El Frontón.
Hace cinco días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo ordenándole al Estado que archive el procedimiento de acusación constitucional que el Congreso inició a los cuatro jueces del TC.
La corte ordena el archivamiento del proceso, pero no hace explícita una exoneración a los magistrados cuestionados: no se atreve a librarlos de la responsabilidad de haber cambiado el voto de uno de sus antecesores, aprovechando que este se encuentra enfermo e incapacitado para protestar.
Desde ese día, se suman los ciudadanos que opinan que el Perú debiera retirarse de la competencia de la Corte IDH. Como primera reacción, algunos congresistas sugirieron desacatar el fallo. Las pasiones se exacerban porque se trata de una disposición que, de nuevo, desprotege y deslegitima la desgarradora lucha que libramos los peruanos contra el terrorismo.
La corte falla, la mayoría de veces, de manera desproporcionada contra el Perú, siempre cuando se trata del Estado enfrentado al terrorismo. Sus jueces se niegan a ponerse en los zapatos de quienes tuvieron que cargar con la responsabilidad de la guerra contra el terror.
Pero los pactos son para cumplirse. El respeto por las normas institucionales y por los acuerdos y tratados suscritos por nuestro país nos obliga a mantenernos en el marco de la corte. Pero nuestra condición de ciudadanos nos conmina a encontrar, internamente, una solución que no deje impune la manipulación tendenciosa a la que se prestaron los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda.
El abogado penalista César Azabache ha propuesto que el Gobierno convoque a los involucrados a una mesa pública de negociación para informar luego a la Corte IDH el acuerdo que se concrete.
El juez ponente de la resolución que cambió el sentido de una sentencia previa fue Espinosa-Saldaña y la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el ponente es el responsable de la información que contiene un expediente. Entonces es Espinosa-Saldaña quien debe responder. Al intervenir en una cosa juzgada, atentó contra la seguridad jurídica del Estado.
Por lo demás se trata del más politizado de los cuatro magistrados. No es secreto que llegó al TC impulsado tenazmente por la pareja Humala-Heredia y fuentes del Poder Judicial sostienen que es a él a quien Nadine llama ‘Ojitos’ en las anotaciones de sus agendas. Lo señalan basados en el poder y la influencia que ha tenido, y tiene, en el Palacio de Justicia: fue jefe del Gabinete de Asesores de dos presidentes de la Corte Suprema: Francisco Távara y César San Martín. Sus sospechas se refuerzan en el hecho de que la anotación de la ex primera dama “juez se puede escoger” corresponde a diciembre del 2008, la víspera de que San Martín asumiera la presidencia de la Suprema y de que Espinosa-Saldaña regresase al Poder Judicial como el todopoderoso.
Mientras las sospechas que recaen sobre él terminan de investigarse, Espinosa-Saldaña debe renunciar al TC. Para que los demás magistrados puedan continuar sin cuestionamientos y el TC recupere prestigio y legitimidad, se requiere su renuncia. El Gobierno, el Congreso, la Corte Suprema, la fiscalía, la sociedad civil, los colegios profesionales deben solicitársela. Existen precedentes. En el 2001, José García Marcelo renunció al TC: había cometido una enorme falta e iba a ser destituido, apareció en un ‘vladivideo’ coordinando la manera de impedir el referéndum contra la tercera re-reelección de Fujimori.
La renuncia de Espinosa-Saldaña sería el principio de una solución.

‘Ojitos’, el TC y los Humala-Heredia

Por Cecilia Valenzuela-Diario El Comercio.
La decisión de la Comisión Permanente del Congreso de poner a debate el informe que recomienda acusar constitucionalmente, destituir e inhabilitar al magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña agrava los inconvenientes que enfrentan al Perú con la Corte IDH.
Hace una semana propusimos que el Gobierno y las instituciones más representativas del país le exigieran a Espinosa-Saldaña su renuncia. Por razones políticas, él cambió el sentido de una sentencia previa interviniendo en una cosa juzgada, atentando contra la seguridad jurídica del Estado. Su permanencia en el TC es inaceptable y solo profundiza los problemas que atraviesa nuestra frágil democracia.
Alberto Otárola, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sustentará hoy ante el TC los hábeas corpus a través de los cuales busca que se deje sin efecto la decisión del juez Concepción de mantener a la pareja en prisión mientras dure el proceso que se les sigue por lavado de activos. Ambos recursos han sido rechazados en el Poder Judicial, pero si la mayoría de magistrados del TC decide hoy que proceden, Humala y Heredia saldrán de la cárcel.
Además de solicitarle su renuncia, el presidente del TC, Ernesto Blume, debe resolver que Espinosa-Saldaña se abstenga de votar en el Caso Humala-Heredia. Su grado de compromiso con los implicados es grosero.
En los tiempos de la presidencia de Humala y antes de convertirse en magistrado, Espinosa-Saldaña visitaba Palacio de Gobierno para reunirse con el entonces asesor legal de Humala y posteriormente abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates. El registro de visitas de Palacio lo ubica ingresando a las instalaciones el 21 de enero y el 7 de mayo del 2013 y el 17 de febrero y el 5 de marzo del 2014.
En el 2015, cuando aparecieron las agendas de Heredia, más de un abogado sospechó que fuera a Espinosa-Saldaña a quien le correspondiera el apelativo de ‘Ojitos’. Ahora que los investigadores fiscales y judiciales están cada vez más cerca de establecer que Humala se salvó de ser acusado por los casos ‘andahuaylazo’ y Madre Mía gracias a la intervención de un lobbista judicial, los ojos de la justicia vuelven a mirar al influyente asesor y jefe de gabinete del juez supremo César San Martín, Eloy Espinosa-Saldaña, a quien caracterizan sus distintivos ojos claros.
El 21 de diciembre del 2009, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por San Martín e integrada por Hugo Molina, exoneró a Humala de los crímenes de Madre Mía; pero días antes, Heredia había escrito en una de sus agendas: “Martes visitó ojitos. Miércoles vista de causa. Jueves vino ojitos al Congreso, llamó x telf a San Martín y fueron a C Sup. Paisanos, hay omisión en dictamen fiscal x observar a los 4 testigos. Se está politizando. Hoy fue con Hugo Molina + (positivo). Ojitos habló con San Martín no te preocupes va a salir + (positivo)”.
El 21 de mayo del 2014, cuando el pleno del Congreso votó para elegir a los integrantes del TC, se vio, claramente, al nacionalismo jugándosela por él. Las imágenes de archivo no mienten: la votación para elegir a Espinosa-Saldaña no alcanzó, solo obtuvo 84 de los 87 votos que necesitaba. Fue entonces que Fredy Otárola –hermano del abogado de Humala y Heredia– buscó con los ojos, desde el sillón de la Presidencia del Congreso, a Celia Anicama, quien se había abstenido, para que cambiara su voto. Otro que cambió su voto, de amarillo a verde, fue Norman Lewis; y así, con votos cambiados a última hora, y el del propio Otárola, Espinosa-Saldaña logró integrarse al TC.
El Gobierno y las demás autoridades deben evitar una confrontación mayor entre el Congreso y la Corte IDH. Y entre el TC y la opinión pública: la renuncia de Espinosa-Saldaña puede ser el principio de la solución.
Aníbal Quiroga

Aníbal Quiroga: “Mentir en la hoja de vida amerita destitución”

Constitucionalista señaló que el Parlamento puede presentar una nueva acusación contra Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del TC.

Por Alvaro Reyes-Diario Perú21.
La situación del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, puede agravarse ahora que se ha conocido que no ostentaría el título de Doctor que declaró haber tenido cuando postuló al cargo, en mayo de 2014.
De acuerdo al constitucionalista Aníbal Quiroga, el Congreso de la República puede abrir un nuevo proceso de acusación a Espinosa-Saldaña “por mentir en su hoja de vida”. Como se sabe, el juez ya afronta un pedido de destitución por la variación del voto de otro magistrado en el caso El Frontón.
“Está presentando una declaración jurada con unos datos que no son ciertos, no tiene doctorado, eso es una falta ética, hay alcaldes y funcionarios que mintieron en su hoja de vida y por eso han sido removidos de sus cargos”, explicó Quiroga a Perú21.
El abogado indicó que el miembro del TC no podría excusarse con “errores de tipeo” ya que -sostuvo- “al Congreso no se puede presentar un borrador” como curriculum. “Mentir en la hoja de vida amerita destitución, un doctor en Derecho no tiene ese tipo de errores”, expresó.
En la página 32 del CV que presentó, Espinosa-Saldaña declara que es “doctor en Derecho”, aunque no especifica la universidad en la que habría logrado ese título. Este diario consultó en la propia web de la Sunedu los grados académicos que acredita el juez, y solo aparece que obtuvo el bachiller y su título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). No hay más que eso.
Sin embargo, en algunas publicaciones, el propio magistrado se presenta como doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Eso se puede comprobar en un artículo que él mismo firma y que fue publicado el 20 de febrero de 2010 en la web académica Enfoque Derecho.
Nuestro columnista Aldo Mariátegui consultó con fuentes de la UBA si Eloy Espinosa-Saldaña había estudiado o logrado algún título en esa casa superior. La respuesta fue que el constitucionalista había iniciado el programa de doctorado pero no lo terminó.

Elecciones regionales y municipales 2018

Evitar a corruptos, el gran reto de las alianzas

Por César Masías- Diario El Tiempo de Piura.
Los nombres de virtuales candidatos al Gobierno Regional o a alguna municipalidad, como la de Piura, suenan ya. Personas que, si bien todavía no pertenecen a una agrupación política, han empezado con disimulo campañas proselitistas, aunque muchos de ellos aún ocupen un cargo público.
Así -según explican especialistas- comienza a gestarse una oferta electoral con matices de corrupción, puesto que la mayoría de estos habrían ‘ganado’ los comicios internos, por adelantado, de partidos nacionales o movimientos regionales que se convierten en un eventual “vientre”.
“Ya muchos candidatos están buscando un vientre de alquiler en diferentes partidos. No porque sigan una doctrina partidaria, sino porque estos les cobijan para que puedan postular”, advierte el analista político Raúl Martínez Luna.
Menciona como ejemplo a Unión Democrática del Norte (UDN), movimiento que integraron Reynaldo Hilbck, Óscar Miranda y Luis Ramírez, entre otros, en los comicios provinciales y regionales del 2014 y el cual en la actualidad estaría desintegrado.
“Hay candidatos también que se han guardado hasta el último momento para negociar con qué partido ir”, dice Martínez, antes de comentar que “muchas veces estando en campaña los candidatos y partidos ya empeñan su palabra, ofrecen futuros proyectos y obras a gente que va a financiar el proselitismo”.

La izquierda

El director de Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federico Villarreal, Víctor Nomberto, indica que en las elecciones del 7 de octubre del presente año los partidos de izquierda tomarían cierto protagonismo gracias a la actual coyuntura.
No obstante, el experto advierte que se debe tener cuidado con posibles alianzas que logren los integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) -ligado a Sendero Luminoso- con partidos o agrupaciones políticas que ya están inscritos.
“Varios movimientos de izquierda no van a lograr el medio millón de firmas que necesitan para inscribirse. Por eso van a buscar a las que ya están inscritas para que puedan ser un vientre de alquiler”, precisa.
Nomberto agregó que “buscarán tener regidores si es que no logran las alcaldías, así como también consejeros regionales”.

Evitar la corrupción

Los partidos políticos y los movimientos regionales tienen en el próximo proceso electoral la difícil labor de evitar que personajes con antecedentes oscuros o sospechosos de corrupción formen parte de sus filas.
En el caso del partido Todos por el Perú, su coordinador regional José Carlos Girón Palacios asegura que “los precandidatos no deberán tener antecedentes penales o judiciales registrados en las instituciones respectivas y nos alejaremos de las personas o empresas que quieran financiarnos con dinero sucio”, afirma.
“Tenemos ya un plan de gobierno debidamente estructurado para poder afrontar todos los males que aqueja a Piura”, asevera.
Peruanos por el Kambio (PPK), por su parte, no descarta pactar alianzas con grupos políticos que tengan una ideología similar a la suya. “Evaluaremos las posibilidades que tengamos en cada región y de eso dependerá si vamos con candidato propio o en alianza”, afirma su representante en Piura, Javier Acuña.
Mientras que el secretario general del Comité Regional del Partido Aprista Peruano de Piura, Alberto Chumacero, revela que para los comicios de octubre apostarán por rostros nuevos, sin dejar de lado a la militancia con más tiempo.
“Confiamos en el buen accionar de nuestros representantes, pero nuestros mejores filtros serán la opinión pública y los medios de comunicación”, señala.
Por su parte, el secretario regional de Fuerza Popular en Piura, Alexander Gallardo Sandoval, cuenta que el partido fujimorista está abierto a recibir a toda aquella persona que quiera candidatear, pero eso sí esta deberá cumplir unos requiisitos mínimos.
“Nuestros candidatos deben ser personas honestas y transparentes. Deben tener una visión de trabajo que esté conectado a las principales necesidades de la ciudadanía. Debe tener empatía con la población”, asevera el joven ingeniero.
El coordinador regional de Nuevo Perú, Jaime Gonza, no descarta la posibilidad de formar alianzas con la convocatoria a “más fuerzas democráticas y progresistas”. A diferencia de Región para Todos que buscará las alcaldías y gobernación regional con candidatos propios. Al igual que el partido Acción Popular que tras más de 20 años tendrán candidato propio en Ayabaca y en Paita, revela su vocero Edgardo Gallo.

Cutra grande, cutra chica y más…

Foto

Por Rosa Laura(*)- IDL Reporteros.
La foto parecía destinada a ilustrar el futuro monumento. El 21 de enero de 2006, los presidentes de Perú y Brasil, Alejandro Toledo y Luiz Inacio Lula da Silva sostenían triunfantes los extremos de la cinta recién cortada sobre el puente que une a Perú con Brasil a través de Acre y Madre de Dios.
Los símbolos eran elocuentes y poderosos. Dos presidentes democráticos, ambos salidos de la pobreza y curtidos por la adversidad, unían a dos naciones a través de lo que los separó por los siglos: la selva. Y ese puente empalmaba con la carretera cuyo propósito visionario era no solo unir al Brasil con Perú sino a este consigo mismo, desde la Costa, por el Ande hasta la Amazonia por obra de una denodada ingeniería civil. Todas las empresas que participaban en este empeño eran brasileñas y peruanas, bajo el liderazgo de la entonces prestigiosa y poderosa Odebrecht. Era uno de esos momentos infrecuentes en los que la política y la épica parecen encontrarse y a veces, en realidad, se encuentran.
Ahora, doce años después, sabemos que quienes en realidad se encontraron fueron la política y el robo. El chorro potente de Lava Jato se encargó de demostrarlo. Hoy, Lula lucha por su libertad y lo que queda de su legado, después de ser condenado en segunda instancia a 12 años de prisión en Brasil. Toledo está prófugo de la justicia peruana, en Stanford, reclamando ser un perseguido político. Odebrecht perdió poder, prestigio y lucha por sobrevivir, luego de confesar gran parte de sus delitos y pasar por la expiación de penas, descabezamientos, humillaciones, multas y profundas reformas.
La carretera Interoceánica Sur existe, pero nadie la reclama como hazaña y parece pertenecer más al atestado que a la historia.
Ese día de celebración, ¿sabía alguien la historia oculta detrás de la épica proclamada de integración e ingeniería civil?
Toledo lo sabía, claro está, de acuerdo con la abrumadora evidencia que se dispone hoy a partir de las delaciones de Odebrecht, complementadas luego por las de Yosef Maiman y anudadas antes por el caso Ecoteva.
Además, varios de los asistentes VIP no solo conocían la historia detrás de la historia sino habían participado activamente en ella, en la cutra detrás de la obra.
Jorge Barata (extremo izquierdo) y Avi Dan On (extremo derecho) en IIRSA Sur (Fuente: Archivo de IDL-Reporteros)
En esta foto, tomada ese día durante la celebración, están dos personajes cruciales en el pacto de la cutra. En el extremo derecho está Avi Dan On, jefe de seguridad y hombre de confianza de Toledo. En el extremo izquierdo, separado por cuatro personas, algunas conocidas y otras no tanto, está Jorge Barata, entonces el poderoso jefe de Odebrecht en el Perú. Ambos, de acuerdo con la confesión del propio Barata, a fines de 2016, iniciaron todo el proceso de la coima por la obra.
En diciembre pasado, IDL-Reporteros publicó en exclusiva videos inéditos de la confesión de Jorge Barata ante fiscales brasileños, donde relató minuciosamente cómo y cuándo se negoció la coima (finalmente de 20 millones de dólares pagados a Alejandro Toledo a través de la organización de Maiman) para ganar la buena pro de la Interoceánica y llevar adelante la obra.
¿Fueron estos todos los sobornos que se realizaron para otorgar a Odebrecht la Interoceánica Sur y pagarle luego callados todos los sobrecostos con los que esta compañía transformó hasta las coimas en una lucrativa inversión?
No.
La coima a Toledo fue, digamos, la coima macro, la que hizo posible obtener la obra. Luego, durante su ejecución, hubo una segunda coima, mucho menor, que permitió que el consorcio liderado por Odebrecht cobrara más rápido. Y entre la cutra grande y la cutra chica hubo un caso muy importante de conflicto de interés: el diseño de instrumentos financieros que permitieron al consorcio mantener liquidez, por Westfield, la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, que contrató, ejecutó y cobró mientras PPK servía como ministro en el gobierno de Toledo.
La secuencia fue así: cutra grande, conflicto de interés, cutra chica. Es muy probable que el mismo patrón de sobornos se vaya a encontrar en otras obras cuando se profundice mejor la investigación.
Ahora, IDL-R presenta en exclusiva nuevos videos que relatan cómo y para qué fue el segundo soborno. En ellos, Jorge Barata y Luis de Meneses Weyll confiesan cómo se acordó coimear a Juan Carlos Zevallos, entonces presidente de Ositran.
También relatan cómo un instrumento financiero – que hoy sabemos, fue diseñado por Westfield, de Pedro Pablo Kuczynski– le facilitó a Odebrecht el trabajo de construcción de la carretera Interoceánica Sur. Entenderemos mejor por qué fue esta la obra de la empresa brasileña en Perú que más sobrecostos generó. Empecemos por ahí.
I
Como se publicó en “Barata Confiesa”, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú fue interrogado por los fiscales brasileños sobre la Carretera Interoceánica Sur el 15 de diciembre de 2016. Barata contó que a mediados de 2004 fue abordado en un evento en Palacio por Avi Dan On, entonces jefe de seguridad y persona de extrema confianza de Alejandro Toledo, quien fue enviado por el presidente para pedir un “beneficio” a cambio de que el consorcio liderado por Odebrecht (conformado también por Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA) ganaran la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica.Luego de varias negociaciones que concluyeron en el hotel Copacabana Marriott de Río de Janeiro, se pactó el monto de 35 millones de dólares, de los que Odebrecht terminaría pagando solo 20 millones.
II
Durante el último año de gestión del gobierno de Toledo, se aprobaron tres adendas para cada tramo de la Interoceánica Sur. La primera y la segunda adelantaron pagos y modificaron conceptos de transitabilidad. La tercera –firmada solo dos días antes del cambio de mando, el 26 de julio– introdujo, entre otros cambios, un nuevo instrumento financiero para facilitar a la empresa la obtención de financiamiento rápido para construir la obra: los Certificados de Reconocimiento de pago del Pago Anual por Obras (CRPAO) fueron un mecanismo “muy innovador”, según Barata.
Según el informe de la Contraloría sobre causas y efectos de las renegociaciones en concesiones, publicado en 2015, esta adenda permitió que se acorte el plazo para que la empresa acceda al financiamiento “como si se tratara de una obra pública, donde el Estado tiene que pagar en plazos cortos al contratista”. Sucedía que ahora el pago sería en función a “hitos”, tramos cortos -calculados según el costo- en los que se dividía la obra.
Cuando la empresa terminara un hito, se le otorgaría un Certificado de Avance de Obra (CAO), que luego cambiaría por CRPAOs en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Con ese certificado, uno iba a la banca privada, que te daba los recursos y te financiaba a largo plazo”, detalló Barata a los fiscales brasileños.
La Comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de Toledo concluyó en su informe final de 2008 (el informe Serna) que este instrumento solo beneficiaba al concesionario, al reducir los riesgos financieros de la obra e incrementar el interés moratorio para el Estado. Al mismo tiempo, perjudicaba a los antiguos postores, que no habían tomado en cuenta este esquema de financiamiento al presentar sus propuestas.
¿De dónde salió este mecanismo que cambió las reglas del juego en la Interoceánica? En diciembre del año pasado, ante una amenaza inminente de vacancia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a dar un discurso a la nación sobre su relación con Odebrecht. Presentó ahí el contrato de su empresa Westfield con el consorcio de IIRSA Sur tramo 3, firmado por Denise B. Hernández el 15 de julio de 2006, entre otros documentos. Este tenía como finalidad la “evaluación, diseño, negociación e implementación de los CRPAOs”, por lo que Westfield recibiría 300 mil dólares.
Kuczynski dio el mensaje a la nación acompañado de sus ministros y congresistas de su bancada el 14 de diciembre de 2016. Tres días después, el Congreso aprobó la moción de pedido de vacancia presidencial, presentada por la oposición. (Fuente: El Comercio)
“Yo no tuve nada que ver con la firma de esos contratos”, dijo Kuczynski en esa oportunidad, aludiendo a que existía una “muralla” entre sus negocios y él mientras se desempeñaba en cargos públicos; pero no mencionó que Westfield ya había firmado –esta vez representada por el exsocio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda– otro contrato con Odebrecht en abril de 2005, para la “evaluación financiera de IIRSA Sur”, cuando la empresa brasileña estaba concursando para ganar la licitación de dicha obra; tal como lo muestra un informe del BCP enviado a la comisión Lava Jato el 10 de enero de 2018. El contrato estipulaba que si Odebrecht ganaba la concesión, la empresa también tendría que implementar en la obra las alternativas financieras diseñadas en esa primera etapa.
Cuando se firmó el primer contrato con Westfield, en 2005, Kuczynski era ministro de Economía y Finanzas, y al mismo tiempo presidente de Proinversión. Cuando se suscribió el segundo, en 2006, era presidente del Consejo de Ministros. Los registros mercantiles de Florida indican que durante esos años también fue parte del directorio de Westfield.
Aunque solo se ha hecho público un contrato de diseño de CRPAOs –para el tramo 3 de la carretera Interoceánica–, estos se aplicaron también a través de la adenda 3 en los contratos de lIRSA Norte, y del tramo 2 y 4 de IIRSA Sur. El 3 y 4 de diciembre de 2007, cuando Kuczynski ya no era parte del gobierno, Westfield recibió dos transferencias de la concesionaria IIRSA Norte por un total 717 mil dólares. Días después, el 7 de diciembre, Westfield depositó más de 380 mil dólares a la cuenta de Kuczynski en el BCP.
III
Y ahora llegamos a la, comparativamente hablando, coima chica de IIRSA Sur. El día siguiente de la confesión de Barata ante los fiscales brasileños, otro ex-ejecutivo de Odebrecht en Perú contó, en su delación premiada, más detalles de las coimas pagadas para la Interoceánica Sur. Se trataba de Luis de Meneses Weyll, ex-representante del consorcio que construyó los tramos 2 y 3 de la carretera.
Luego, fuera del Perú, Meneses Weyll siguió coimeando. En 2010, fue promovido a superintendente de Odebrecht en México. Desde ese puesto, acordó el pago de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que la empresa brasileña obtenga contratos con la petrolera estatal.
En su confesión sobre IIRSA Sur, Meneses explicó que el CAO, “era un certificado de avance de obras, porque el gobierno no nos pagaba directamente. (…) Un CAO servía como un documento para que el ministerio de Transportes emitiera un certificado [CRPAOs], que era un bono. El gobierno no nos pagaba. El mercado financiero compraba”. Para conseguir financiamiento, entonces, Odebrecht tenía que asegurar la rápida emisión de los CAOs por parte de Ositran.
Pero había trabas. Según dijo Barata en su confesión, “una cosa que estimabas iba a tomar 90 días para concluir, estaba tomando 170, 200 y tantos días”.
Meneses Weyll lo confima. “[El proyecto] presentaba un flujo financiero negativo. Tuve varias reuniones con el presidente de Ositran, Juan Carlos Zevallos, indicándole la necesidad de mayor celeridad, para no interrumpir la ejecución del proyecto”.
Juan Carlos Zevallos ejerció como presidente de Ositran de 2007 hasta 2012. (Fuente: Andina)
Zevallos era un funcionario que trabajó en varios ministerios durante el gobierno de Toledo. Empezó en 2004 como jefe de Gabinete de Asesores del entonces ministro del Interior, Javier Reátegui. Al año siguiente, Zevallos se convirtió en viceministro del Interior y a inicios de 2006, poco antes de que Toledo termine su mandato, fue designado viceministro de Agricultura. Con el cambio de régimen y el inicio del segundo gobierno de Alan García, este adaptable personaje entró a dirigir Ositran en febrero de 2007.
Según Meneses Weyll, Zevallos dio el primer paso. “Él [Zevallos] insinuó [la coima] y yo le dije que podría contribuir con ese trámite. Yo percibí que había una apertura, exposición y coloqué el tema”.
A tenor de lo dicho a los fiscales brasileños, Meneses acordó con Barata sobornar a Zevallos con 750 mil dólares. En realidad, la Fiscalía peruana ha podido rastrear hasta 780 mil dólares. Barata detalló además que el pago se hizo a través del Sector de Operaciones Estructuradas y que el dinero fue depositado en una cuenta en la Banca Privada de Andorra, abierta en octubre de 2008.
“Juan Carlos Zevallos nos dio la cuenta”, precisó Meneses, “yo la pasaba, y luego yo verificaba que el dinero había sido depositado”.
Aparentemente, hubo también descuidos. En 2013, un año después de que Zevallos dejara el cargo, personal del área de sistemas de Ositran que realizaba mantenimiento a los servidores, descubrió en un disco duro un archivo Excel con registros de supuestos pagos hechos por Odebrecht a Zevallos, por un monto de 365 mil dólares entre los meses de abril de 2007 y junio de 2008. La investigación sobre el disco fue archivada en la Fiscalía Anticorrupción por “no precisar expresamente quién o quienes estarían involucrados (…) y no describir cómo supuestamente se habría perpetrado algún delito”.
La investigación por el disco duro encontrado fue archivada en 2014 por el fiscal Nestor Rivera Navarro. (Fuente: Informe en minoría sobre el caso Lava Jato en Perú firmado por el excongresista Juan Pari).
En 2015, sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito contra Zevallos, debido a un desbalance patrimonial de casi 600 mil soles encontrado por la Contraloría. La investigación estaba en curso cuando, a principios de 2017, Zevallos fue delatado por uno de los colaboradores eficaces de Odebrecht en Perú. Hoy cumple prisión preventiva de 18 meses en Ancón I por las coimas que recibió como presidente de Ositran.
Meneses Weyll contó que “luego que hicimos el pago indebido (…) hubo más celeridad con los CAOs”. Barata también lo confirmó: “con esa ayuda el plazo [de la emisión de CAOs] fue reducido a un plazo aceptable, y se logró remontar a un ritmo adecuado de la obra”. La aceleración en la firma de CAOs luego de la entrada de Zevallos es notoria. Lo que tardaba meses, comenzó a realizarse en días.
¿Cómo pagamos los peruanos esos sobornos? A través de exorbitantes sobrecostos. En 2017, la Contraloría calculó que el Tramo 2 pasó de 286 a 1,409 millones de dólares. Y el Tramo 3, de 356 a 1,130 millones de dólares. Casi 300% más de lo establecido inicialmente.
Y ahí están las sumas y restas de la corrupción. Los sobornados en el caso IIRSA Sur recibieron en conjunto alrededor de 25 millones de dólares. Quizá un poco menos. Y eso nos costó a los peruanos un 300% más de lo que debíamos pagar.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).