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Contubernio Odebrecht

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Por SCARLET REYES VERÁSTEGUI- Diario Expreso.
¿Cuál fue el error del Ministerio Público frente a las investigaciones del caso Odebrecht?
El Ministerio Público no actuó, su posición fue muy negligente y las pruebas son muy claras. Cuando [Jorge Simoes] Barata estaba en el Perú, y ya se conocía el caso Lava Jato, ellos debieron solicitar prisión preventiva, pero le permitieron la salida cuando el proceso ya estaba en giro y había denuncias contra ellos. Es más, el escándalo había estallado internacionalmente. Esa actitud negligente fue grave. En segundo lugar, se entabla el primer preacuerdo con Odebrecht, como el de ahora. Incluso el que tenemos es una correlación de lo que antes se estaba haciendo. Como tercer aspecto, la unidad de inteligencia financiera, el 15 de enero de 2017, revela que la Fiscalía había descongelado las cuentas de Odebrecht con la finalidad de firmar el acuerdo. Hay pues varios elementos que llevan a pensar en una negligencia o un mal trabajo frente al caso de parte del fiscal Pablo Sánchez y Hamilton Castro. Además, Barata tenía bienes en el Perú que inicialmente fueron embargados y finalmente levantaron el embargo. Esa actitud es sumamente sospechosa.
–¿Cree que con ese actuar de la Fiscalía se buscaba proteger a alguien?
Eso es precisamente lo que debe investigarse. La cosa es muy clara, son cuatro factores gruesos que no son cualquier cosa. El descongelamiento de las cuentas de Odebrecht es grave porque cuando uno tiene una deuda, lo primero que se hace es embargar sus bienes. Se calcula que, en ese entonces, la constructora tenía cerca de 100 millones de dólares que inmediatamente podían ser recabados por el Estado peruano. Odebrecht nos estaba utilizando como plataforma financiera, lo mismo que van a hacer a la fecha. Esto es grave porque Odebrecht le debe a medio mundo. Todo el dinero que sacaban de Perú lo utilizaban para pagar sus deudas en Panamá, República Dominicana, Estados Unidos…
–¿Odebrecht se está burlando del Perú?
No se está burlando pero definitivamente hay un contubernio en la propia actuación del Ministerio Público, es necesario investigar esto porque alguien de la Fiscalía ha estado digitando –desde adentro– este asunto. Barata tuvo que conversar con alguien. No puedo decir que Barata huyó del país porque en el fondo esto fue cuestionado por el propio Ministerio Público. Mauricio Cruz, representante de Odebrecht en Perú, en la sesión de la Comisión Lava Jato, revela que la constructora estaba en una situación económicamente complicada y la única posibilidad de devolverle el dinero a Perú era que nosotros le continuáramos dando obras. Estamos hablando del 17 de febrero de 2017, ya pasaron dos años. Hoy se repite eso, quiere firmarse ese acuerdo.
–Pero recién el 10 de diciembre de 2018 Odebrecht se declara en ‘default’ y aun así se hace este preacuerdo que lo beneficiaría y ayudaría a pagar sus deudas.
Eso ya lo sabíamos, solo que en el 2017 Odebrecht tenía un fondo que era mucho menor a las deudas que tenían. En el caso de la deuda con el gobierno peruano no podía haber trabajado y recuperado dos mil o tres mil millones de dólares porque para ese entonces habría tenido por lo menos unos cinco mil millones, pero nunca se llegó a establecer eso. Pero lo que sí establecimos es que con la hidroeléctrica de Chaglla y dos concesiones –Olmos y Chavimochic– sumaban dos mil millones de dólares que tendríamos para recuperar, y de nuevo el Ministerio Público no actuó.
En ese entonces se hablaba de 600 millones de dólares de manera inmediata, cuando estaban Katherine Ampuero y Julia Príncipe como procuradoras. Posteriormente eso iba a ir creciendo. Pero si con esas concesiones se iba a llegar a dos mil millones de dólares, se iba a superar enormemente la deuda que tenían con nosotros. Ahora es muy probable que Odebrecht ya no tenga ninguna propiedad sustantiva en el Perú. Ese es el tema de fondo, nosotros hemos podido recuperar rápidamente la reparación civil pero no hicieron nada. OAS también vendió la Línea Amarilla a 1,500 millones de dólares y a Perú le pagó 500 millones. Son altamente rentables las obras y proyectos que ellos han hecho acá, por eso quieren mantenerse y vamos a seguir en lo mismo.
–¿Quién es el responsable de que no se haya actuado de manera inmediata?
Acá hay responsables. El Ministerio Público en su momento con Pablo Sánchez y Hamilton Castro y también los nuevos fiscales porque no actuaron rápidamente. Hay una situación bastante oscura. Los procuradores públicos, el Estado mismo. El Ministerio de Justicia, que es el que nombra a los procuradores. El presidente de la República que además nombra al ministro de Justicia. Los 600 millones de dólares era un cálculo establecido de manera inicial que se pudo ajustar hacia arriba o hacia abajo, pero ¿por qué no tomaron las precauciones en ese momento y muy el contrario dejaron que Odebrecht se vaya con todos sus bienes? Yo no sé por qué la Fiscalía los quiere dejar vivos.
–Es difícil que se levante…
Sí, Odebrecht es muy difícil que se levante porque cuando una empresa cae es como una licuadora que termina devorando lo que cae. Y para recuperar la reparación civil nosotros tenemos que darle obras, eso es lo peor. Son muy pocos los casos en los que en estos salvatajes terminan levantado la empresa; al contrario, ellos van a terminar pidiendo prórrogas y más obras.
–¿Por qué han decrecido los montos que se establecieron inicialmente? El presidente de la República dijo que la mitad de la venta de Chaglla iba a ser destinada a la reparación civil.
Baja porque comienzan a aplicar una serie de ventajas que le favorecían al contratista con la Ley Nº 30737, que fue hecha a la medida de las constructoras. Nosotros lo sabíamos, porque como dije, cuando vino Mauricio Cruz a la Comisión Lava Jato reveló todo, y después se dio cuenta que con el Congreso no se podía jugar y comenzó a presionar por otros lados. Hay grandes empresas y medios de comunicación involucrados. Hay un arreglo pernicioso para el país.
ESTABLECIMOS QUE CON LA HIDROELÉCTRICA DE CHAGLLA Y DOS CONCESIONES –OLMOS Y CHAVIMOCHIC– SUMABAN DOS MIL MILLONES DE DÓLARES QUE TENDRÍA EL PERÚ PARA RECUPERAR, Y EL MINISTERIO PÚBLICO NO ACTUÓ. TAMPOCO CUANDO SE HABLABA DE 600 MILLONES DE DÓLARES DE REPARACIÓN CIVIL.

Fiscal Zoraida Ávalos está absolutamente equivocada

La actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al apoyar el preacuerdo firmado con Odebrecht, “está absolutamente equivocada. [En  todo esto] hay algo de por medio. El Ministerio Público no puede hacerse parte porque con esa conducta ellos están asumiendo la defensa de Odebrecht y nadie defiende los intereses del Estado peruano”, dice Jorge Castro, congresista independiente que entró al Congreso en la bancada del Frente  Amplio.
“Tenemos una Fiscalía que no persigue el delito, al corruptor no le hacen nada. Todo lo que hoy se sabe ya lo conocíamos hace tiempo. No hay nada nuevo en este escenario cuando hablan de que van a conseguir más pruebas. Por otro lado, desde el punto de vista de ingeniería, nosotros tenemos igual o similar [información], no hay nada nuevo. Ellos esperan que digan que han robado, pero ningún delincuente dice ‘Sí, soy ladrón’”, afirma Castro.

Vela y Pérez se preparan para celebrar acuerdo con Odebrecht

A pesar de la lluvia de críticas que está recibiendo el preacuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Pérez, están ultimando detalles para firmar el lesivo convenio en el consulado peruano en Sao Paulo el viernes 15 de febrero.
Teniendo en cuenta que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no descartó la posibilidad de que haya algunas modificaciones en el trato con la constructora brasileña, el Ministerio Público haría oídos sordos para llevar adelante un acuerdo que solo incluye cuatro obras, dejando de lado proyectos que involucran a Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Susana Villarán, Graña y Montero, entre otros.
Luego que EXPRESO publicara los documentos del preacuerdo, que IDL-Reporteros había exhibido en primera instancia, la población se dio cuenta de que la reparación civil de 180 millones de dólares que tendrá que pagar Odebrecht al Perú y la condición para que dicha empresa siga licitando con el Estado, son factores –entre otros– que merecen ser observados.

Odebrecht utilizó a la prensa para demoler al Congreso

Esto con la finalidad de mantener oculto y poner una lápida de fierro y cemento en el caso de Odebrecht que es una de las grandes estafas contra el Perú, afirma congresista Castro.
–¿Cree que el grupo especial del caso Lava jato va a conseguir algo en Andorra y con las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata?
Nosotros, en el Congreso, propusimos que una comisión participe en los viajes, sobre todo al Brasil, pero el Ministerio Público se opuso y eso me llamó la atención en la Comisión Lava Jato. Por eso es que sobrevino todo un andamiaje orquestado con la finalidad de desgastar y desprestigiar al Congreso y con el objetivo de que [este poder del Estado] no intervenga en este caso, y eso es grave. Ese es el problema de fondo. Luego vino, en efecto, el desgaste del Congreso.
Yo quisiera escuchar que el Ministerio Público nos diga que no éramos capaces. Nosotros les dimos la forma de investigación a ellos. No hay nadie en la Fiscalía que sepa más de economía, ingeniería u otras especialidades técnicas que nosotros [en el Congreso]. Nosotros fuimos los que vimos que los túneles se caían y todos los malos trabajos de ingeniería. Ellos se guiaban solo en el aspecto legal, pero la comisión multipartidaria también tenía abogados calificados. Yo creo que en todo esto había un objetivo: el de destruir lo que se presentaba acá [en la Comisión Lava Jato del Congreso] y eso da mucho que pensar.
–¿Cuándo es que las cosas empezaron a andar mal en el caso Lava Jato?
Había muchas personas que se oponían en el Congreso a lo que hacíamos, no querían que se vean casos como los de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. Como todos los legisladores veníamos de diferentes vertientes, cada uno tenía un sector al que defendía, pero aun así se avanzó bien. Yo creo que Mauricio Cruz fue el punto de quiebre porque él tuvo que decir la verdad de la situación en la que se encontraba la constructora Odebrecht. Y al decirlo pensó que iba a tener como correlato alguna protección, pero el Congreso no le dio, pese a que algunos asumían la protección individual de los actores políticos locales, mas no de la empresa. Ahí es cuando su estrategia cambia y dejan al Congreso para ir por los medios de prensa que comenzaron a atacar y destruirnos.
–¿Está diciendo que hubo grupos de poder que buscaron tapar el escándalo de corrupción desprestigiando al Congreso?
Mire, el Congreso no es de los mejores, pero definitivamente hay unas 15 o 20 personas que trabajan muy bien. Y como la población tiene un anticuerpo contra la institución, comenzaron a desquiciarlo de manera íntegra, sin pensar que hay personas que trabajan bien, ello con la finalidad de mantener oculto y poner una lápida de fierro y cemento en el caso de Odebrecht, que es una de las grandes estafas que han sucedido en el Perú.
–¿Usted cree que si Odebrecht contrata con el Estado se garantizará el pago de la reparación civil?
No solo es eso, es que Odebrecht no garantiza un buen trabajo, como hemos visto. Hay desconfianza de la población porque se trata de una empresa corrupta que va a continuar en lo mismo.

La más corrupta

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Datum: Susana Villarán es considerada como la alcaldesa más corrupta de Lima

Así consideran los limeños a Susana Villarán, de acuerdo a una última encuesta realizada por Datum Internacional y que ha revelado también el alto nivel de aprobación del que goza Jorge Muñoz, la actual máxima autoridad edil de la capital.
Según el estudio, el 47% de los encuestados considera a Susana Villarán como la exburgomaestre que está más involucrada en actos de corrupción, superando a Luis Castañeda Lossio, quien la escolta con un 32%.
Más abajo están Jorge del Castillo (4%), Ricardo Belmont (3%) y Alberto Andrade (2%). Por otro lado, un 5% cree que todos los alcaldes son corruptos, en tanto que un 7% no sabe/no opina.

Fuente: Diario Correo.

Adenda era una estafa para el Perú

Por Juan Mendoza- Diario Expreso.
La adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero fue lesiva al interés público, convirtiéndose en un atentado para las Asociaciones Público Privadas (APP) que se han realizado en el Perú.
El propósito de la APP de Chinchero era que el ganador de la licitación, Kuntur Wasi, después que obtuviera la obra en el 2014 al ofrecer USD 265 millones por la edificación del proyecto; construyera el aeropuerto a su cuenta a cambio de una concesión de 40 años.
En teoría, Chinchero debió ser una APP en que ganaba el sector público, pues el financiamiento, poco más del 71%, recaía en manos privadas, lo cual permitía construir el aeropuerto con menos recursos que una obra pública; y el concesionario, porque tenía la licitación de un terminal aéreo con flujo turístico asegurado durante cuatro décadas.
Sin embargo, en julio de 2016, Kuntur Wasi hizo una propuesta de cierre financiero que implicaba una tasa de interés superior al 22 %. De acuerdo con esa propuesta, el Estado les pagaría USD 587 millones en intereses, además de los USD 265 millones originales, lo cual era inaceptable, pues el Estado puede endeudarse con una tasa cerca del 7 %, menor a lo propuesto por Kuntur.
Lamentablemente, lejos de realizar una nueva propuesta financiera, Kuntur Wasi comenzó a negociar una adenda con el país, la cual se firmó en febrero de 2017. Por eso, la adenda de Chinchero fue perjudicial al interés público por varias razones.

  1. En primer lugar porque la adenda convertía al Estado en el banco de Kuntur Wasi a cambio de nada. En efecto, de acuerdo con la adenda, Kuntur Wasi ya no corría con el riesgo ni la obligación de conseguir financiamiento porque el Estado le iba a pagar conforme se avanzara la obra. Más aún, en la adenda se estipulaba que Kuntur Wasi recibiría un adelanto de USD 40 millones que no estaba contemplado en el contrato original. A pesar de estos claros beneficios para Kuntur Wasi, la adenda mantuvo el plazo de 40 años de usufructo de la concesión.
  2. Con la adenda, más del 80% del financiamiento del proyecto lo hubiera realizado el Estado. Así, la adenda poco menos que convirtió a Chinchero en una obra pública, pues el grueso de los recursos para construir el aeropuerto hubieran salido del erario nacional. Además, a diferencia del contrato original, con la adenda Kuntur Wasi recuperaba sus USD 265 millones antes que el aeropuerto estuviera terminado. Uno se preguntaría, entonces, ¿para qué se necesitaba concesionar el aeropuerto a Kuntur Wasi si con la adenda gran parte de los riesgos financiero y constructivo recaían sobre el Estado? Considero que la adenda desfiguraba el carácter de APP del contrato original.
  3. La adenda coloca a Kuntur Wasi en una clara posición de ventaja de cara a cualquier disputa de arbitraje internacional. No hay duda que el contrato original era malo. Pero, en el contrato original, el Estado tenía la sartén por el mango pues tenía entera potestad para rechazar una propuesta financiera inconveniente. En cambio, con la adenda Kuntur Wasi tenía derechos y beneficios de los que no disfrutaba.
  4. La adenda sentó un lamentable precedente para las APPs. La razón es que si hay un concesionario en problemas financieros en otra APP en el futuro, entonces se podría esperar que el Estado le saque las castañas del fuego como intentó hacerlo en el caso de Kuntur Wasi.
  5. El fiasco de Chinchero hará harto difícil destrabar otros proyectos paralizados. La razón es que en el caso de Chinchero, el gobierno de Kuczynski actuó como si estuviera trabajando a favor del concesionario. Es probable, entonces, que mucho de lo que vayan a hacer el gobierno de Vizcarra y los sucesivos esté sujeto a enorme escrutinio público pues se ha generado desconfianza. El enorme escrutinio va a demorar o hacer muy difícil el destrabar otros proyectos por el resquemor natural de los funcionarios públicos a ser criticados o denunciados.
  6. La adenda fue un torpedo para la institucionalidad de Ositran. Es inexplicable que los directores Alfredo Dammert y César Balbuena le hayan dado luz verde a la adenda en contra de todos los informes técnicos de Ositran. Es lamentable que Patricia Benavente haya tenido que renunciar a Ositran al no verse respaldada por Dammert y Balbuena. Muchos profesionales se preguntarán para qué hacer bien el trabajo, oponiéndose a adendas como la de Chinchero, si al final igual éstas se aprobaran por razones que nadie entiende.
  7. La controversia pública sobre la adenda forzó la renuncia del entonces vicepresidente Vizcarra a la cartera del MTC. Hoy, que Vizcarra es el Presidente, no hay duda que el fantasma de Chinchero lo acompañará hasta el final de su administración. ¿Cómo explicar los audios en que Vizcarra, Alfredo Thorne y Fernando Zavala presionaban al ex contralor Edgar Alarcón para que no se opusiera a la adenda? ¿No son acaso esos audios una vergüenza para la moral pública? ¿Quiénes se beneficiaron con la frustrada adenda de Chinchero además de Kuntur Wasi?.
  8. El ex gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dio marcha atrás con la lesiva adenda de Chinchero debido a la airada reacción ciudadana. Pero, el costo económico de la adenda de Chinchero es enorme.Para comenzar, Kuntur Wasi ha acudido a un arbitraje internacional en junio de 2018 que podría costarle al Estado peruano más de USD 265 millones. En segundo lugar, Cusco seguirá esperando por un nuevo aeropuerto por un tiempo indeterminado. Bajo el supuesto que ello significa que la región reciba 200,000 turistas menos por año, el fiasco de Chinchero le cuesta al Cusco USD 100 millones anuales en ingresos perdidos.

Nicholas Asheshov ha formulado serías críticas al proyecto en su artículo “Chinchero–Lost in the Clouds of Poor Engineering and Bad Finance”. Es el momento de re-pensar si la pampa de Chinchero es el mejor lugar para un aeropuerto internacional. Así, algo bueno saldrá del asunto Chinchero.

Pedro Chávarry: Hay nuevas pruebas del caso Chinchero

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario Expreso.
-Señor Chávarry, ¿la oposición del presidente Martín Vizcarra a que usted siguiera al frente de la Fiscalía de la Nación era por defender la lucha anticorrupción o por otros temas?
El ataque contra mí es básicamente por el caso de Chinchero, que ha sido reabierto, y parece que eso incomodó mucho.  En ese momento empezaron las críticas de los congresistas de la bancada del gobierno que, de alguna manera se incomodaron,  pero si pretendemos luchar contra la corrupción, como dice el propio presidente de la República, se tiene que investigar todo.
-¿Por qué reabrió el caso Chinchero?
Cuando yo asumo como fiscal de la Nación, ese caso ya estaba archivado en lo que respecta al presidente [Martín Vizcarra]. Lo archivó Pablo Sánchez, entonces fue difícil tocar las cosas que ya estaban decididas porque habían sido resueltas, pero, de alguna manera, hemos encontrado indicios y pruebas. Nos han hecho llegar documentación que nos ha permitido ampliar esta investigación.
-¿Existen nuevas pruebas?
Sí, nuevas pruebas que ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
-Nos dijeron que existe un colaborador eficaz…
Sí. Se está investigando a [Fiorella] Molinelli porque ella firmó [la adenda del contrato del Aeropuerto de Chinchero] y porque era viceministra [del Ministerio de Transportes], entonces va a tener que verse en primer instancia. Esa es la  investigación que está vigente y la que nos va a permitir llegar al fondo de todo.
-¿Qué pasa con el caso del Aeropuerto Internacional de Chinchero? A Édgar Alarcón le hicieron lo mismo que a usted y y lo obligaron a renunciar a la Contraloría…
La justicia va a llegar de todas maneras porque hay situaciones  que, la verdad, preocupan  y el Perú no puede estar bajo el eslogan ficticio de lucha contra la corrupción, cuando en realidad no tiene nada de lucha contra la corrupción. Todo pasa porque alguien pone mano fuerte y no tiene un contubernio con la corrupción para que lo ataquen. Para mí, todo esto ha sido un muy incómodo y sigue siendo incómodo. La señora [Mercedes] Aráoz me calificó como fiscal sicario.
-¿Usted cree que la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, logrará resultados en las investigaciones de los casos emblemáticos de corrupción?
Durante los meses que yo he estado en la Fiscalía de la Nación, se olvidaron del tráfico de drogas que se ha incrementado en el Vraem, la anemia, el friaje, tantos problemas que tenemos con los niños, el maltrato a las mujeres. Estamos tratando de darle a nuestra sociedad los mecanismos necesarios para darle una mejor supervivencia, pero en los siete meses que he estado en la Fiscalía, todo era “Chávarry”.
-Se supone que usted era el obstáculo para conocer la verdad, ahora que ya no está al frente de la Fiscalía, debemos esperar que los fiscales como Rafael Vela y Domingo Pérez hagan un mejor trabajo…
Esperemos que den resultados por el bien de la sociedad, la gente quiere saber qué está pasando, qué hacen con su dinero, con los impuestos que pagan, tienen todo el derecho a reclamar.

Vela Odebrecht

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Portada Expreso

Por SCARLET REYES VERÁSTEGUI- Diario EXPRESO.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, anunció que se postergó la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre la Procuraduría, el Ministerio Público, autoridades brasileñas y representantes de la constructora Odebrecht pactado para el próximo 11 de enero.
“El día 11 no nos vamos a constituir al Brasil, y el 13, 14, 15 y 16 que se iban a tomar las declaraciones de Jorge Barata y otros funcionarios tampoco se llevarán a cabo esas fechas. Esperemos que sea lo más pronto posible”, comentó.
En ese sentido, el magistrado lamentó que la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, haya provocado el retraso de fechas programadas para los interrogatorios que estarían relacionados con las investigaciones que se le sigue a Alan García, Alejandro Toledo, Nadine Heredia y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Sin embargo, estos comentarios de Pérez ha sido cuestionados en forma tácita, pues de acuerdo a la prensa brasileña, en este país el gobierno de Jair Bolsonaro dispuso cambiar a las cabezas de todas las instituciones públicas, y eventualmente a los Abogado General de la Unión (acá lo llamamos procuradores del Estado) que investigan el caso “Lava Jato”, luego del ingreso del ministro de Justicia, Sergio Moro, emblemático juez del citado caso, según el portal “Manifiesto”.
Como ya es público, Bolsonaro autorizó una purga política en la administración estatal para despedir a izquierdistas que ejerzan cargos de confianza en los ministerios y el sistema de justicia para aplicar, sin trabas internas, su programa de gobierno.
De otra parte,  Pérez Gómez dijo que el fiscal Rafael Vela Barba, Coordinador del Equipo Especial, se encarga del restablecimiento de las coordinaciones con las autoridades brasileñas para reprogramar la audiencia que pactaron a inicios de diciembre.
“No le puedo indicar fecha, entiendo que lo está gestionando el fiscal [Rafael] Vela junto a la procuraduría […] Estamos a la expectativa del restablecimiento de las coordinaciones que ya se habían llevado a cabo. No se iban a realizar en el Perú y ya se había trabajado con autoridades brasileñas y las agendas de dichas autoridades están establecidas no solo con Perú, sino con otros países de latinoamericanos”, manifestó.
“[Retraso] afecta el sentido que habíamos establecido un plan de trabajo para resultados inmediatos. Lamentablemente la decisión de Pedro Chávarry ha afectado el regular desarrollo de las investigaciones”, agregó.
En dicho acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, la constructora brasileña se compromete a entregar, sin condicionamientos, información y documentos relevantes que prueben el pago de coimas a funcionarios peruanos de todo nivel.Los adjuntos supremosHABLA LUNA GARCÍA
Desde otro punto de vista El fiscal adjunto supremo titular de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, Javier Gonzalo Luna García, pidió respetar la autonomía de la Fiscalía de la Nación y los canales constitucionales para superar las crisis. “No podemos crear un desorden y crisis de autoridad, porque entonces vamos a la deriva”, sostuvo.
El magistrado añadió que existen organismos que la Constitución establece para el control de la conducta de sus autoridades. “Hay que respetar esos canales constitucionales y por el hecho que no se estén cumpliendo, no permite que se sigan otro caminos, porque es contrario a la Constitución”.
“Si se aprueba el proyecto ley del Ejecutivo, yo haré mi pronunciamiento en base a lo que señalan las normas y no aceptaré ningún cargo”, señaló.
Precisó también que en este caso son los fiscales supremos los que deben gobernar la Fiscalía de la Nación de acuerdo a lo normado por el artículo 158 de la Constitución, señala una nota de prensa del Ministerio Público.
Con relación a la conducta que deben tener los fiscales, dijo que la Fiscalía de la Nación es una institución jerarquizada y, por lo tanto, nadie está autorizado a declarar sobre las decisiones de sus autoridades, tal como se ha hecho y provocado esta lamentable situación.

31 de diciembre

El presidente Martín Vizcarra hizo un llamado a que la Fiscalía brinde el apoyo que requiera el equipo especial del Caso Lava Jato para concretar la firma del acuerdo de colaboración eficaz, pese a que el pasado 31 de diciembre se mostró en contra de que Odebrecht continúe contratando con el Estado. “Este acuerdo con la fiscalía de Brasil tiene que retomarse. Si se ha generado algún tipo de inconveniente, hay que corregirlo, pero para eso hay que respaldar a los fiscales y darles todo el soporte”, señaló.

Lago: vergonzoso

Ante la versión del fiscal José Domingo Pérez, en el sentido de que el 11 de enero ya no se firmará acuerdo con Odebrecht, el economista Ricardo V. Lago, experto en temas financieros relaciones con el caso Odebrecht, respondió en forma cáustica lo que sigue: “Sí, que tal logro, con dos años de retraso cuando Odebrecht SA ya vendió casi todos los activos, sus coimeadores se fueron del país, y se llevaron toda la plata… Vergonzoso”.

Enrique Ghersi: “No se puede declarar en emergencia un órgano autónomo del Estado”

– ¿Qué opina del proyecto de ley del Ejecutivo que plantea declarar en emergencia el Ministerio Público?
Es manifiestamente inconstitucional porque no se puede declarar en emergencia un organismo autónomo del Estado, consagrado por la Constitución. El Ministerio Público no es un poder del Estado pero sí es organismo autónomo; eso no resiste el menor análisis, es un grave error. Si fuera aprobada esa ley, el Tribunal Constitucional la fulminaría muy rápidamente y probablemente no entraría en vigencia porque cualquier juez puede tramitar un amparo y declararla inaplicable. Encuentro francamente equivocada la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo, tengo la idea de que pretende subirse al carro de la popularidad y presentar la ley como una reacción inmediata poco reflexiva, frente al problema que se ha suscitado.
–¿Cuál habría sido una alternativa  a la presentada por el Presidente?
El Poder Ejecutivo debió presentar una modificación de la ley orgánica del Ministerio Público y plantear como disposición transitoria, mientras se constituye la Junta Nacional de Justicia, que el fiscal de la Nación sea el magistrado supremo más antiguo, con lo que Chávarry seguía siendo fiscal supremo, pero Pablo Sánchez ocupa el cargo de fiscal de la Nación. Me extraña que el Ministerio de Justicia no haya aconsejado debidamente al Presidente que el camino que escogido no solo es equivocado sino inconstitucional y tiene consecuencias políticas.
–¿Qué consecuencias políticas y jurídicas tiene?
Vizcarra debería mirar dónde está Alberto Fujimori hoy día. Romper el Estado de Derecho e irrumpir en la independencia de las instituciones fue lo que Fujimori hizo el 5 de abril y eso se llama un golpe de Estado. Sería muy peligroso que se aprobara una ley como esa. Espero que el Congreso convoque al defensor del Pueblo y distintas autoridades para que la mesura predomine en este caso.
–¿Se estaría buscando beneficiar a alguien con la decisión?
Independientemente del juicio que nos merezca el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, creo que debiera ser evaluado de otra manera por sus resultados y de manera serena e imparcial. Someter un tema tan complejo como es la independencia de la Fiscalía a una decisión política inmediatista es por lo menos imprudente. Romper la constitucionalidad solo favorece a Alan García, a Alejandro Toledo y otras personas que están siendo procesadas porque el asilo político sería muy fácilmente conseguible si el Perú fuera objeto de una violación de una independencia constitucional.
VELA Y PÉREZ NO PUEDEN SER CÓMPLICES
–¿Cree correcta la postura adoptada por Rafael Vela y José Domingo Pérez hasta antes de que Chávarry diera marcha atrás en su decisión de destituirlos?
Los doctores Vela y Pérez no pueden ser cómplices de un golpe de Estado, no pueden ser cómplices de la violación de la independencia del Ministerio Público, porque si lo fueran, ellos mismos estarían cometiendo un suicidio político. Es evidente que tienen un interés político y tienen todo el derecho y expectativa para el futuro. Si ellos caen en el juego, en la tentación totalitaria de violentar la Constitución, estarían siendo cómplices de una intromisión y violación de la independencia del Ministerio Público porque ellos son el MP.
Fuente: Diario Expreso.

Pedro Chávarry: El pedido de mi renuncia lo resolveremos en su oportunidad

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, reapareció y brindó una entrevista a Blue Radio de Colombia, allí se pronunció luego del escándalo suscitado por la remoción y posterior ratificación de los fiscales Rafael Vela  y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Caso Lava Jato.
En efecto, el titular del Ministerio Público señaló que desde que asumió el cargo, hace casi seis meses, el Poder Ejecutivo hizo evidente que no estaba de acuerdo con su designación.
“El desacuerdo se ha generado desde el primer día, reclamos de grupos humanos organizados a fin de cuestionar mi designación. Soy una persona de carrera, tengo 40 años en el sistema de justicia y nunca yo había tenido algún tipo de problema que pueda cuestionar mi actuación y mi carrera”.
Al ser consultado por qué decidió remover a Vela y Pérez a horas de Año Nuevo, Chávarry sostuvo que “se quebró una comunicación que debía haber existido entre el coordinador y el fiscal que tenía a su cargo algunos de los casos, particularmente en el caso Odebrecht“.
“Hemos tratado de ser transparentes y quizás, por haber de alguna manera querido investigar a personajes de gobiernos anteriores y gente de este gobierno, por eso que hemos tenido algunos contratiempos con los gobernantes que están en el Poder Ejecutivo, por eso no han visto con buenos ojos lo transparente, ágil y, sobre todo, dentro del marco legal”.
Sobre las críticas de Vela a su gestión, Chávarry primero indicó que en Colombia sí puede hablar libremente porque la prensa en Perú está “desligada de la realidad”. Prosiguió señalando que hay un resquebrajamiento de la disciplina porque “le están faltando el respeto a la autoridad”.
“Ellos fueron desligados el 31 de diciembre porque el señor Domingo Pérez se le vencía su término de destaque el 31 de diciembre, no porque yo lo haya decidido, sino que en la anterior gestión se había dicho que vencía el periodo de investigación en esa fecha”.
“No había la comunicación del fiscal y la coordinación. No informaban a mi despacho, que era por razones administrativas internas y de logística que permiten que le pueda proporcionar mecanismos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo, ese ha sido el único contratiempo, porque la autonomía la tienen”.
“Nadie podrá decir que yo los he llamado para pedirle detalles sobre diligencias, allanamientos, eso nunca se ha tocado porque ahí está la autonomía que tienen los fiscales, eso que quede claro”, remarcó.

No renunciará

Sobre los pedidos para que renuncie al cargo, Chávarry declaró que no lo hará. “No, no. Debemos tener un sentido de responsabilidad, la realidad es una y no la podemos cambiar. Esto (los pedidos para que renuncie) lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que es la Junta de Fiscales Supremos, en ese momento voy a pensar bien en las decisiones que se van a tomar y también debo reiterar que ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación”.
Fuente: Diario EXPRESO.

PODER JUDICIAL EXCARCELA A SILVA CHECA Y ANA MARÍA HERZ, PERO MANTIENE EN PRISIÓN A KEIKO FUJIMORI

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declara fundado, por unanimidad, el recurso de apelación de Vicente Silva Checa contra la prisión preventiva por 36 meses dictada en su contra por el presunto delito de lavado de activos al interior del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.
Según informó RPP, Silva Checa era acusado de ser asesor en la sombra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y permanecía en el penal Ancón I donde cumplía los 36 meses de prisión preventiva ordenados por el juez Richard Concepción Carhuancho por el presunto delito de lavado de activos.
De igual manera, este colegiado revocó la prisión preventiva de 36 meses que pesaba en contra de asesora de la Keiko Fujimori, Ana María Herz, declarando fundado el recurso de apelación de la defensa técnica de la investigada y ordenando su inmediata liberación.
Asesor Pier Figari comparte la suerte de su lideresa
En la resolución N°28, los jueces señalan que el Ministerio Público no habría hecho una “imputación específica” en contra de la asesora fujimorista y que se mencionan “contenidos de orden estrictamente normativo, sin precisar los enunciados fácticos que configuren la imputación específica” en su contra.
Por otro lado, la misma sala determinó, en contraste, ratificar la prisión preventiva al también asesor de la lideresa de Fuerza Popular, Pier Figari, quien actualmnente está internado en el penal “Miguel Castro Castro”.
Igual suerte corrió Keiko Fujimori, quien permanecerá en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple 36 meses de prisión preventiva, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones respaldara el fallo del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho.
De acuerdo al colegiado que preside el juez Sahuanay, este determinó que no existe un peligro de fuga. Sin embargo, sí señaló que hay el peligro de obstaculizar la actividad probatoria, además de riesgo procesal pues la configuración de dicho peligro no exige que se den al mismo tiempo el peligro de fuga y la obstaculización del proceso.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Licencia para matar

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Fiscalía solicitará prisión preventiva contra sospechoso del asesinato de joven hallada en cilindro en VES

Crimen en Villa El Salvador: Ordenan prisión preventiva para militar

El Juzgado Penal de Turno de Lima Sur ordenó la detención preliminar contra Luis Estebes Rodríguez, sospechoso del asesinato de Marisol Estela Alva, quien fue hallada en el interior de un cilindro con cemento en Villa El Salvador.
Esta disposición se dio luego de que la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa El Salvador hicieran el pedido.
En horas de la mañana, la Policía encontró la camioneta con la que presuntamente se trasladó el cilindro con el cuerpo de Estela hasta el agujero en Villa El Salvador.
El presunto asesino es un suboficial del Ejército Peruano y se encuentra no habido.
Fuente: Diario Perú21.

Percy García Cavero: “La motivación de Salinas va más allá del daño a la figura del monseñor Eguren”

Por Aaron Salomón– Político.pe
¿Qué motivó a monseñor Eguren a interponer una querella?
El señor Pedro Salinas y la señora Paola Ugaz habrían incurrido en difamación agravada, que se configura cuando una persona atribuye una calidad o una conducta que pueda perjudicar el honor de una persona. Es agravada porque esa difamación se ha hecho a través de medios de comunicación o redes sociales. Específicamente, se le atribuyen a ambas personas haber realizado fundamentalmente dos afirmaciones deshonrosas para Monseñor Eguren. Uno, haber señalado que es creador, ejecutor y corresponsable del sistema de abusos personales, psicológicos y sexuales al interior del Sodalicio. Y el otro, afirmar que es el personaje central en el tráfico de tierras realizados en Piura por la organización criminal La Gran Cruz.
El señor Pedro Salinas ha comentado en varias ocasiones que lo están llevando a la fuerza a litigar a Piura porque ahí Monseñor Eguren tendría influencia. ¿Por qué no hacerlo en Lima?
Esa afirmación del señor Salinas es bastante subjetiva, pues no cuenta con ningún dato para poder señalar que exista algún tipo de influencia del Monseñor Eguren respecto a los jueces en Piura. Y la razón por la que simplemente se ha querellado en Piura es porque según el artículo 5 del Código Penal el lugar del delito es donde se realiza la acción o se producen sus efectos. En el presente caso, monseñor Eguren vive en Piura y está claro, pues, que el honor y reputación ha sido afectado en la ciudad de Piura y, por lo tanto, según el artículo 5 del Código Penal los jueces que deben conocer la difamación agravada por el lugar del delito serían los de Piura. La querella se ha interpuesto en la mesa de partes y aleatoriamente ha sido asignada al juzgado que ahora mismo está conduciendo el caso.
¿A qué se refiere Salinas cuando lo acusa de haber “sacado de la chistera” un recurso para frustrar la audiencia? ¿Qué pasó realmente?
Esa afirmación del señor Salinas, como muchas otras, no se ajusta a la verdad. La razón por la que se frustró la audiencia es que, simplemente, su abogado Carlos Rivera no había pagado las cuotas en el Colegio de Abogados de Lima y estaba, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, inhabilitado para poder ejercer la defensa. Es decir, habría sido una audiencia nula si es que el señor Salinas hubiera sido defendido por el señor Rivera.
En los últimos días ha circulado la noticia sobre la condena de Samuel Alberca, exlíder de una banda criminal en Piura, por haber difamado a monseñor Eguren y a un empresario. ¿Tiene algo que ver con esta querella? ¿Cómo se vincula?
La querella del señor Alberca en la ciudad de Lima por el delito de difamación agravada es un dato muy importante porque su declaración fue la principal fuente por el cual el reportaje de Al Jazeera se vinculó a monseñor Eguren con los tráficos de tierras. Ese señor dijo que monseñor Eguren había ofrecido a la Iglesia Santísimo Sacramento US$ 3 millones de dólares para invadir tierras y que él no aceptó porque le dio un ataque de moralidad y decidió no recibir esa millonara cantidad. Su condena, entonces, confirma que lo que dijo el señor Alberca no se ajusta a la verdad, que es difamatorio y eso repercute en la querella que se ha hecho al señor Salinas y la señora Ugaz. Ellos dicen que Alberca señaló a monseñor Eguren como un traficante de tierras, un cabecilla o un personaje principal en el tráfico de tierras amparados en el reportaje de Al Jazeera, sustentado en un testigo no solamente con un amplio prontuario judicial sino sobre todo condenado por difamación agravada precisamente a raíz de lo dicho en ese reportaje.
¿Tiene esta querella algo que ver con el caso Sodalicio? ¿El Sodalicio está detrás de esto?
Esta querella no tiene directa relación con abusos denunciados por Salinas y Ugaz en su libro. Como le digo: uno de los puntos de las querellas es haber afirmado que monseñor Eguren habría sido el creador y ejecutor y finalmente el corresponsable del sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales al interior del Sodalicio. Ese es el punto específico que se ha discutido, sobre el que se les pidió rectificación primero, a través de vía notarial. El señor Salinas incluso trató con cierta burla y desprecio, y la señora Ugaz no contestó. A raíz de esa respuesta o esa actitud, se procedió al siguiente paso legalmente previsto: el entablamiento de las dos querellas, que finalmente es lo que ha motivado a los dos procesos que actualmente se están viendo en la ciudad de Piura.
Salinas y Ugaz dicen que esta querella crearía un precedente para debilitar la libertad de expresión en el periodismo. ¿Qué dice usted?
Yo diría que todo lo contrario: se fortalece la libertad de información y de expresión, en la medida de que la pone en su real dimensión. Es decir, en el sentido de que no se trata de libertades absolutas, sino que tienen que ejercerse responsablemente y, por lo tanto, respetando el honor y la intimidad de las personas. Creo que esto fortalece una democracia que defiende también derechos fundamentales, dentro de ellos el derecho al honor.
Aunque usted no me lo pregunta, quisiera señalar que las afirmaciones que el señor Salinas está haciendo contra monseñor Eguren sobre su participación en el sistema de abusos al interior del Sodalicio se están intensificando después de la querella. Salinas no solamente se ha reafirmado en lo que dicho anteriormente sino que ahora le atribuye encubrimientos en temas específicamente sexuales. Incluso en una publicación le llega a llamar “depredador con suerte”.
¿A qué atribuiría estas acciones?
Con base en la información periodística, está claro que esto responde a una participación del señor Salinas dentro de un proyecto internacional que lo que busca es llevar a la Iglesia a la Corte Penal Internacional: el “Accountability Project”.
Él lo ha negado.
Ahora a los cuatro vientos él dice que no tiene ninguna participación, cuando todos sabemos que sí por información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales. El capítulo peruano estaría, pues, dirigido por el señor Salinas, quien es un activo participante de este proyecto. Además, es una persona que ha insultado reiteradamente a los obispos y al propio papa.Por eso yo creo que su intención, su motivación, es mucho más trascendente que el daño a la figura de monseñor Eguren.

Johan Leuridan Huys OP

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“En América del Sur, Perú es el único país con arte para la cocina”

Por Mijail Palacios-Diario Perú21.
Ha impulsado la publicación de 105 libros de gastronomía peruana. Lleva medio siglo en el Perú, de sus 80 años de vida. Ha vivido la Segunda Guerra Mundial y hoy, desde el campo editorial, es parte del crecimiento gastronómico peruano. Esta semana, el padre dominico Johan Leuridan Huys recibió el premio Summum en reconocimiento a la trayectoria. Entramos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP, donde el religioso belga es decano. Es jueves 30 de agosto, día que se celebra a Santa Rosa de Lima, coincidentemente patrona de los dominicos. Es feriado, en la universidad solo están los vigilantes y el padre en su oficina. Vestido de terno, nos estrecha la mano. Su saludo, que aún conserva sonoridades de su lengua materna, es sobrio. Solemnidad que se agrieta cuando recuerda el cau cau o el cuy, que dibujan una sonrisa en su rostro.
¿Cómo llegó al Perú?
Había terminado mis estudios de Filosofía y Teología y estaba haciendo el servicio militar en Bélgica, que era obligatorio. No tenía programado ir a América Latina. Pensaba ir a África, pero el superior elegido en Perú era belga y me invitó a venir. Como había problemas en África, no fui. Vine de imprevisto y ya tengo 50 años aquí.
¿En qué circunstancias hizo el servicio militar?
Tenía 29 años. Los sacerdotes contábamos con dos meses de preparación militar y después nos nombraban capellán, y como tal pasé a un cuartel. Me mandaron a Alemania en plena Guerra Fría.
¿Por qué eligió el sacerdocio?
Se llama vocación. Desde joven lo tenía claro. De seis hermanos, yo era el único que iba por esa ruta.
Pero también están los factores externos que afirman la vocación.
Puede ser las circunstancias difíciles que vivió el país, porque cuando fui niño conocí la Segunda Guerra Mundial. Hubo momentos en que tuvimos que refugiarnos ante los bombardeos.
¿Qué recuerda? 
A las tres de la mañana, mis padres venían a sacarme de la cama porque estaban bombardeando. Las familias se refugiaban en los sótanos. Las bombas caían sobre las casas. En el subterráneo teníamos comida, bebida, herramientas y máscaras contra el gas. Mis padres vinieron a llevarme, pero yo estaba dormido y no quería salir de mi cama (risas).Me dijeron: “Bueno, nos quedamos los tres acá”. Los alemanes recorrían las casas pidiendo reservas. Pero el sacerdocio no es una opción contra la guerra, sino es la oportunidad de anunciar el Evangelio, el mensaje de Cristo, que dice que lo fundamental es el amor, que es buscar el bien para todos.
¿Su acercamiento a la gastronomía también partió de casa?
Sí. En la familia está la educación. Porque el profesor enseña, no educa. En mi casa había un interés muy importante por la gastronomía. Tenían un gran gusto por la comida. Mi madre cocinaba muy bien. Cuando íbamos a un restaurante, también se hablaba del tema. Entonces, recibí ese mensaje desde niño. Y cuando llegué al Perú y vi esta cocina tan variada, con tanta riqueza, me llamó la atención que no veía libros. Empecé a estudiar, investigar y publicar. Ofrecí contratos, porque en Perú se habla mucho de investigación, pero hay muy poco presupuesto o no lo hay. Investigar es un trabajo, merece un pago. Entonces, la gente me empezó a buscar. Y así hemos podido hacer una investigación sistemática y permanente sobre gastronomía.
Usted llegó en una época en que no se hablaba como ahora de la gastronomía.
El peruano no se da cuenta de que tiene muchas cosas valiosas. Se ve lo negativo y no lo positivo. La gastronomía no es algo superficial, porque intervienen las amas de casa, que no son pocas, los restaurantes que son cientos de miles, hay diversidad de cocinas, recetas. Y hay algo muy importante: en América del Sur, el Perú no es el único país con una gran biodiversidad, Colombia tiene igual o más, pero no tiene el arte de la cocina. Perú es el único país que tiene esta creatividad.
¿Por qué somos tan creativos? 
No se sabe. Pero es una prueba de que en Perú hay inteligencia, esfuerzo y creatividad. Hay una cocina tradicional que se ha transmitido de generación en generación por medio de las familias, es una riqueza increíble, que no hay en otros países. La cocina no es superficial, es fundamental para el hombre, para su salud. Por eso estamos promoviendo estudios detallados en las regiones. Antes nadie hablaba de la quinua y hoy se busca a nivel mundial. El cuy se aprecia en la sierra, pero en la costa no, cuando es sumamente nutritivo, más que el pollo.
¿La gastronomía cómo suma en la necesidad de ser mejores personas? 
Es principalmente un aporte material. Nos ayuda a saber qué debe comer el hombre.
Pero también hay un tema de comunión. 
La comida es un acto social para promover la amistad, la buena relación entre las personas.
¿Qué tienen en común el sacerdocio y la gastronomía? 
Son partes esenciales en la vida. La Iglesia nos hace acordar que el hombre no solo se relaciona con la materia, sino con las personas. El gran filósofo Jürgen Habermas, un ateo de origen marxista, criticó al marxismo porque solo vio la relación del hombre produciendo, pero el hombre no solo transforma y produce materia, sino se relaciona con otros hombres. Se establecen relaciones permanentes cuando existen valores como justicia, fortaleza ante los problemas y templanza, que es el sacrificio. También están la solidaridad, generosidad y respeto.
¿A qué platos peruanos siempre vuelve? 
(Risas) Platos exquisitos son el lomo saltado, el chupe de camarones, el tiradito. Poco a poco he conocido la gran variedad. Por ejemplo, el cau cau no existe en Europa. Al comienzo me parecía raro y llegué a apreciarlo. La comida tradicional es el gran distintivo de la cocina peruana, que se debe mantener.
– “Nací en Brujas, Bélgica. El 24 de setiembre de 1937. Voy a cumplir 81 años. Estudié Filosofía y Teología. Pertenezco a la orden de los padres dominicos. He tenido formación netamente de soldado durante dos meses del servicio militar que hice. Hubo mucha amistad y fue bonito vivir en comunidad”.
– “Éramos seis hermanos. Pero ya fallecieron dos. De los cuatro, tres tienen 14 hijos y ya tienen 19 nietos. Soy el único que se dedicó al sacerdocio. Actualmente, soy decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la U. de San Martín de Porres”.
– “Tenemos varios libros en camino: Dulces de convento (Sandra Plevisani y Teresina Muñoz-Nájar); Cultura alimentaria de los antiguos Nasca (Giuseppe Orefici). El cultivo del olivo en el Perú. Patrimonio cultural americano (Gianfranco Vargas). Las cocinas del departamento de Arequipa (Yuri Cayllahua), entre otros”.

Henrique Urbano OP (1938-2014)

Para recordar la vida y obra de Henrique Urbano (1938-2014) podemos empezar por la fundación del Centro Bartolomé de las Casas, que desde el Cusco se convirtió en un referente de la investigación de la historia y cultura andina.
Podríamos continuar con la publicación de revistas como Allpanchis, o de la célebre Revista Andina. Y en los últimos años, la dirección del Observatorio Turístico, en la Universidad de San Martín de Porres, donde además fundó el doctorado en Turismo.
Todo esto sin contar sus aportes académicos al debate sobre el Wiracocha andino, o la necesidad de profundizar el estudio de los cronistas, o sus investigaciones sobre la campaña de extirpación de idolatrías.
Por todo esto vale resaltar la publicación de Historia y Cultura en el Mundo Andino: Homenaje a Henrique Urbano, editado por Johan Leuridan Huys, Julio Calvo, Alexandra Arellano y Milagrito Alegría de Benavides. La obra da nuevas luces sobre los aportes de Urbano y analiza con lujo de detalles los aportes del gran investigador portugués.
Para Leuridan, el aporte de Urbano –con quien lo unió una amistad de más de 40 años– fueron sus treinta años de investigaciones y publicaciones. Y su presencia en la USMP, en el área de Turismo. “Urbano fundó el Observatorio Turístico, que es el estudio permanente de la influencia económica del Turismo en el país. Él se dedicó también a la cátedra Unesco, y también fundó la revista Turismo y Patrimonio”, recordó.
Fuente: Diario La República.

El ‘candidato de Dios’

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Por Rodrigo Vera-Proceso 2171, 10/6/2018.
En opinión del especialista Elio Masferrer, Andrés Manuel López Obrador ha sabido convertir la fe en un activo político. En un país donde 95% de la población es católica o evangélica, y donde 40% del electorado prefiere votar por un creyente, las referencias religiosas del tabasqueño parecen acercarlo al triunfo. No en balde su propuesta de amnistía empata con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Según las estadísticas, remata el investigador, AMLO es “el candidato de Dios”.
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, lleva ventaja en las preferencias del llamado “voto cristiano”, sobre todo por tener un discurso religioso mejor definido, por conseguir el apoyo de políticos expanistas ligados a la democracia cristiana y también el respaldo de un importante sector de la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas.
Además su plan de amnistía para lograr la pacificación del país –al cual intenta sumar el apoyo del Papa– se inspira en el proyecto de reconciliación y perdón de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que prioriza los problemas de violencia, inseguridad, pobreza, corrupción e impunidad por sobre los asuntos relativos a la moral sexual.
Elio Masferrer Kan, especialista en temas religiosos y en las tendencias del voto creyente, asegura a Proceso: “Sin duda López Obrador es, hasta el momento, quien mejor ha construido la imagen de lo que nosotros llamamos el ‘candidato temeroso de Dios’, muy importante en cualquier elección, y sobre todo en México”.
–¿Quedan entonces muy rebasados los otros aspirantes presidenciales?
–Ricardo Anaya y José Antonio Meade simplemente resultan menos convincentes para el polo creyente del electorado. Meade, por ejemplo, le está dando énfasis al tema de la familia, calculando ganarse así a los votantes católicos, quienes hoy están más preocupados por otros problemas.
“En cambio, López Obrador lleva años construyendo su imagen de mesías, tan criticada en el sector laico pero que resulta atractiva para muchos creyentes. En el libro de Isaías, de la Biblia, hay una descripción del mesías; es el tipo humilde, desaliñado, nada fastuoso y por quien nadie da un cinco.
“Es precisamente esa imagen de modestia y honestidad la que López Obrador viene construyendo para el electorado, que ya está harto de la traición del político trajeado que llega hablando bonito y prometiendo un montón de cosas, pero que al final termina robando.
“Pero además López Obrador no sólo se dirige al votante católico, como se hacía tradicionalmente, sino también al evangélico. De ahí que en sus discursos, en términos muy generales, se asuma como ‘cristiano’. Va, pues, por el voto cristiano, que abarca a un sector todavía más amplio de la sociedad.”
En efecto, en varias ocasiones el político tabasqueño –dado a utilizar un lenguaje religioso y a mostrar estampitas de santos– ha dicho: “Cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy cristiano, en el sentido más amplio de la palabra, porque Cristo es amor y la justicia es amor”.
Masferrer –quien suele realizar encuestas sobre las tendencias del voto creyente, apoyado por un equipo de colaboradores– asegura que los católicos y evangélicos suman alrededor de 95% de la población mexicana. Y 40% del electorado prefiere votar por un candidato creyente que por uno no creyente.
Dice sobre el punto: “Nuestras estadísticas señalan que 40% de la población considera que un candidato creyente es menos ratero y corrupto porque le teme a la justicia divina. Lo consideran más comprometido con valores como la justicia y la honestidad. Para el resto de la población, las creencias religiosas no necesariamente influyen en la honestidad de los candidatos”.
Voto cristiano
Según la encuesta de GEA-ISA, López Obrador llevaba ventaja entre los votantes católicos con 44% de las preferencias; Anaya tiene 30%; Meade, 22% y Jaime Rodríguez Calderón apenas 4% del voto católico.
Y entre el electorado “protestante o evangélico” López Obrador cuenta con más ventaja: tiene 61% de las preferencias; Anaya, 17%; Meade, 17% y Rodríguez Calderón, 5%.
Entre los votantes de “otras” religiones, la ventaja de López Obrador se amplía más: alcanza 66% mientras que Anaya tiene 14%; Meade, 14% y Rodríguez Calderón, 6%.
Estadísticas aparte, Masferrer indica que el tabasqueño ya logró sumar a su campaña a representantes de la corriente democristiana que antes militaban en el PAN; menciona a los exdirigentes del blanquiazul Germán Martínez y Manuel Espino así como a Tatiana Clouthier, hija de Manuel Clouthier, quien fue candidato a la Presidencia por ese partido.
“Todos ellos provienen de la democracia cristiana, que viene a nutrir todavía más a esa vertiente cristiana de Morena”, afirma Masferrer.
Igual menciona al expanista Ricardo Sheffield, candidato de Morena al gobierno de Guanajuato; y a José María, Chema, Martínez, un político católico originario de Los Altos de Jalisco que también dejó las filas del blanquiazul para sumarse a López Obrador.
Al lado de esta corriente democristiana, Masferrer incluye a las “bases católicas progresistas” provenientes de la Teología de la Liberación y que hoy operan para Morena en varios estados.
Explica: “Por un lado, en Morena confluyen cuadros de la vieja izquierda mexicana que pueden venir de grupos marxistas. Pero ese partido principalmente se nutre de bases católicas progresistas que vienen de la Teología de la Liberación, de las comunidades eclesiales de base, de la teología india y de la antigua pastoral juvenil católica.
“Son redes de laicos católicos comprometidos que operan en varios estados y organizan al partido. La misma gente que impulsó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta católico Javier Sicilia. Y en esas redes están metidas congregaciones religiosas, como los jesuitas, y sacerdotes de la llamada opción preferencial por los pobres, como Alejandro Solalinde, quien afina el tema de la amnistía”.
Para estas bases católicas, señala, “no son hoy prioritarios los temas del aborto, la familia y otras cuestiones de moral sexual de la Iglesia, sino los graves problemas de la inseguridad, la violencia, la pobreza, la corrupción y la impunidad que se viven en México”.
Indica que estos temas también son prioritarios para los dos máximos organismos de la jerarquía católica mexicana: la CEM –que aglutina a los más de cien obispos y arzobispos– y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), donde están representadas las 400 congregaciones religiosas que operan en el país.
En efecto, en sus pronunciamientos sobre el actual proceso electoral, ambos organismos ponen énfasis en esos problemas. Por ejemplo, en su documento “Mensaje de los obispos al pueblo de Dios”, fechado el 12 de abril, dice la CEM:
“Animamos a los candidatos a la Presidencia de la República, legislaturas, gubernaturas y presidencias municipales, a conocer la realidad y escuchar los anhelos de toda la población, a aprovechar el momento para construir conjuntamente con otros, propuestas de paz y justicia, con visión a largo plazo. Nos preocupa que en las intervenciones que han tenido los candidatos en las campañas, han prevalecido las descalificaciones; se esperarían en cambio propuestas concretas de acuerdo al cargo al que aspiran en orden a aportar soluciones, con un sentido de corresponsabilidad, a problemas reales como la impunidad, la corrupción, la pobreza y la desigualdad social, la inseguridad y la violencia.”
Agregan los obispos: “Queremos contribuir a un diálogo nacional en el que se escuchen todas las voces, especialmente de aquellos y aquellas que sufren violencias e injusticias. Proponemos un diálogo abierto y propositivo entre los candidatos y la sociedad para lograr una agenda que se convierta en proyecto de gobierno”.
La CIRM, por su lado, emitió el 29 de abril el documento “Vino nuevo en odres nuevos”, donde señala que actualmente su “prioridad” está “al servicio de la justicia, la paz y la integridad de la creación, desde la cultura del encuentro, para la reconstrucción del tejido social y la reconciliación”.
Señala que los problemas actuales son “desigualdad e incertidumbre económica, normalización de la violencia, miedo e indiferencia social, militarización justificada, crisis de inseguridad e impunidad”.
También lamenta el “establecimiento de situaciones de guerra, la ausencia de derechos humanos por el narcoestado; elecciones con un escenario complejo y manipulación mediática. La desaparición y cruel extinción de tantas vidas humanas”, así como la “concentración de la riqueza y crecimiento de la pobreza”.
Hace falta un cambio drástico en el país, pues “para vino nuevo, odres nuevos”, concluyen los superiores de las órdenes religiosas.
Dice Masferrer: “Por el mismo tenor están los posicionamientos de los distintos obispos en cada una de sus diócesis, o de cada congregación religiosa. Por ejemplo, los obispos de Veracruz acaban de emitir un pronunciamiento conjunto donde externan estas mismas preocupaciones.
“Hay obispos y religiosos que ven en López Obrador la única opción de cambio. ¡Claro! No lo pueden decir. La ley se los impide. Tienen prohibido externar sus posturas partidistas. Pero uno las puede inferir analizando sus discursos y pronunciamientos”.
–¿Ve coincidencias entre los proyectos de pacificación de la jerarquía católica y el proyecto de amnistía de López Obrador?
–Por supuesto. Incluso Andrés Manuel le compró su idea de amnistía a los jesuitas, quienes han encabezado procesos de amnistía en varios países, como Guatemala y Perú. Tienen mucha experiencia en el asunto. Y no olvidemos que la esposa de Andrés Manuel, Beatriz Gutiérrez, se graduó en la Universidad Iberoamericana de Puebla, un reducto de la Teología de la Liberación jesuita.
El investigador indica que los proyectos de reconciliación y perdón entre víctimas y victimarios, que el episcopado aplica en Guerrero y otros estados sumidos en la violencia, han influido en el proyecto de amnistía de López Obrador, quien además planea invitar a México al Papa Francisco para participar en la pacificación. “El candidato de Morena ya se está yendo hasta la cabeza de la Iglesia, Jorge Bergoglio, quien también es jesuita”, dice.
Una iglesia no priista
Investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y autor de Pluralidad religiosa en México, cifras y proyecciones y ¿Es del César o es de Dios?: un modelo antropológico del campo religioso, Masferrer percibe dentro de la CEM un conflicto entre la vieja corriente de “obispos del PRI” y una nueva, impulsada por Bergoglio, que hoy le apuesta a un cambio social y es proclive a López Obrador.
“En la época del nuncio Jerónimo Prigione muchos obispos se incorporaron a la élite del poder político. El PRI era el partido de Estado y los obispos representaban una religión de Estado, apoyaban a los políticos priistas. Se hacían favores mutuos”, apunta.
Recuerda que todavía en el proceso electoral de 2012 los obispos del Estado de México, encabezados por Carlos Aguiar Retes, actual arzobispo primado de México, llevaron a Enrique Peña Nieto al Vaticano, para que le presentara a su prometida, Angélica Rivera, a Benedicto XVI, en una clara maniobra episcopal a favor del PRI que tuvo amplio despliegue mediático.
“Hoy eso ya se acabó. Y en parte porque el PRI cayó en desgracia. ¡Caray! por puro pragmatismo político el episcopado hoy tiene la vista puesta en el candidato puntero, López Obrador. Y de buena o mala gana, también se ve obligado a apoyar a su base social progresista que colabora con Morena”, dice.
Las bases de las iglesias evangélicas, asegura, también son más proclives al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social (PES), éste de línea evangélica y presidido por el creyente cristiano Hugo Éric Flores.
Afirma Masferrer: “Tengo permanente contacto con grupos evangélicos y hablo con muchos de sus líderes. Desde 2006 me vienen diciendo que apoyan a López Obrador. Por ello, al ver que la mayoría de esa feligresía se inclina por él, la dirigencia del PES se acercó a Morena para conformar la alianza Juntos Haremos Historia. Hugo Éric se montó en la ola evangélica de apoyo a Andrés Manuel. No le quedaba de otra” .
Los candidatos presidenciales, resume, siempre intentan ganarse al electorado creyente mediante discursos y desplantes mediáticos, como lo hizo muy ostensiblemente Vicente Fox al mostrar un crucifijo y enarbolar un estandarte de la Guadalupana.
“Ahora, según las estadísticas, Andrés Manuel es el candidato de Dios”, concluye.

Mentiras sobre rescate

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JEFE DE COMANDOS CHAVÍN DE HUÁNTAR: LUM NUNCA ME HA INVITADO A EXPONER

Por César Rojas – www.manifiestoperu.com

Héroe José Williams pide no repetir falsedades contra FFAA, y que se informe que excesos criminales no eran ni el 1 % de operaciones efectuadas

José Williams Zapata, el oficial del Ejército que encabezó directamente el operativo Chavín de Huántar, que constituyó la derrota militar definitiva de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), nos cuenta sus impresiones del Lugar de la Memoria, y aclara con cifras que no hubo violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado.
General, como jefe del operativo de rescate más exitoso frente a grupos terroristas, ¿qué opina de que una guía del LUM diga que los comandos sacaron y enmarrocaron a los delincuentes rendidos, y que por la trayectoria de bala se asume que hubo ejecuciones extrajuidiciales?
Gracias por la oportunidad para aclarar aspectos importantes. Se habla de varios asesinados, pero el proceso judicial en sede nacional, tras varios años de investigación y reconstrucciones de los hechos, y el proceso en Corte Interamericana, determinaron que fue una operación con los más altos estándares internacionales para acciones de rescate. Se comprobó que murieron en combate. Lo de la trayectoria de las balas es algo natural en un enfrentamiento dentro de una casa, en distancias cortas. Los disparos eran a 3 o 4 metros, incluso algunos de hasta metro y medio de distancia.
Eso muchos no lo recuerdan, que fue dentro de la residencia de un embajador de Japón…
Se combatía en las puertas y en las escaleras. Un terrorista se encuentra con 2 o 3 comandos a la vez, y por eso tiene varios impactos, porque todos tienen que defenderse, y no pueden esperar a que el terrorista dispare primero. Cada grupo tiene su ambiente, al cual tienen que correr. El objetivo es salvar a los rehenes, no ir buscando terroristas para matarlos. Las trayectorias son en ese sentido, por técnica de tiro instintivo, selectivo. En una operación de rescate se dispara a lugares vitales, pecho, cabeza, para proteger al rehén, porque el terrorista herido puede dispararles.
“Objetivo es salvar a los rehenes, no ir buscando terroristas para matarlos”
¿Tenían una orden de no tomar prisioneros?
A los heridos se les iba a tratar como prisioneros. En  en plan de operaciones figuran lugares para reunir a los detenidos, y en el plan médico se dice claramente “Atención a heridos de rehenes, fuerzas del orden, comandos comandos y terroristas”. No hay eso de que se les reunió, se les amarró y los fueron matando. En ningún momento.
¿Cómo podría explicar esto a quienes no conocen de este tipo de acciones de rescate?
La prioridad era el rescate de las víctimas. Tuvimos dos comandos y un rehén muerto,. De 10 a 15 rehenes heridos de balas y explosivos, 25 comandos heridos… muchos quedaron con discapacidad, uno perdió la pierna, otros en años de terapia. No entiendo cómo en el Lugar de la Memoria se puede afirmar algo que es totalmente contrario a los documentos que están en el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
¿Las sentencias y documentos del Ministerio de Justicia son verdades oficiales?
Son documentos oficiales del Estado, a diferencia del informe de la Comisión de la Verdad, que por decreto de su creación no era vinculante. Está todo en un libro del ministerio (“El rescate de los héroes”). No entiendo si es por error, desconocimiento, o lo están diciendo a propósito.
Verdaderos forenses determinaron que impactos fueron en combate
Por estos aspectos, ¿cree que es un buen o un mal trabajo lo que hacía esa guía filmada por el congresista (Edwin) Donayre?
Es un lugar que expresa una época terrible para la sociedad peruana, con muchísimos muertos, retraso de años para el país. Este lugar tiene que poseer la visión y objetivo, quién lo va a dirigir, planes de estudios, currículas para capacitar al personal. Si a los alumnos de colegios o universidades no se les dice la verdad, puede haber problemas a la seguridad nacional.
¿Sería correcto que alguien vaya a un museo sobre la guerra con Chile, y un guía les dijera que Cáceres mataba gente rendida o que abusaba de los civiles para que lo apoyen en la resistencia?
Es importante señalar la verdad de lo que pasó, para poner las cosas en su sitio. Combatir al terrorismo es para salvaguardar el estado de paz, que permite una armonía y el desarrollo de la Nación. Si hay un grupo que quiere torcer la historia, como hace de manera subrepticia el Movadef, no se debe permitir.
¿A qué nos llevaría permitir que se siga mintiendo sobre lo que pasó?
Desestabilidad. Se está alterando esa seguridad nacional. En 5 o máximo 8 años con este problema nos van a crear fricciones que no nos permitirán desarrollar como deberíamos. Esto sería un corto o mediano plazo.
“Hay un grupo que quiere torcer la historia”
Hace unos días, MANIFIESTO entrevistó al procurador que llevó el caso, Gustavo Adrianzén, y nos detalló que la CIDH señaló que era correcta la sentencia que declaraba inocentes a los comandos…
Si ya hay sentencias que acreditan que no teníamos responsabilidad, que 13 terroristas son caídos en combate, y que solo de uno tenía que investigarse cómo murió. Claramente ya no se responsabiliza a los comandos. Eso es una verdad comprobada.
Usted ha servido en zona de emergencia, ¿tenían indicaciones de que todos los habitantes de la sierra eran terroristas o potenciales terroristas?
Por supuesto que no. Había que estar en alerta máxima, pero defender a la gente. En Ayacucho, la brigada de Infantería tenía 6 batallones, que comprendían Ayacucho, parte de Huancavelica, Junín y Apurímac. Yo era capitán y estaba en el teatro de operaciones.
Nadie niega que hubo excesos, que algunos militares asesinaron gente inocente, pero ¿cuál fue la incidencia de este tipo de crímenes?
Había entre 50 y 60 bases, con 30 hombres en cada una. La cantidad de patrullajes y acciones contra el enemigo en total, no eran menos de 20,000 al año. Esto era solo en la Subzona de Seguridad Nacional 2. Aparte había Huánuco, el Huallaga… excesos hubo, pero fue mínima la incidencia. Las denuncias son los acciones que serán el 0.6 por ciento o un poco más.
La verdadera política sistemática de Estado fue empoderar a víctimas de SL
¿No llega al uno por ciento el número de acciones donde hubo excesos penales?
Es mínima, lamentable pero mínima. Fueron cientos de miles de operaciones en toda la guerra contraterrorista. ¿De dónde se puede afirmar que fue una acción sistemática del Estado? Política sistemática es algo que se hace periódicamente, seguido, que es costumbre. Sistemático era Sendero, porque nace con una ideología que necesita hacer terrorismo para mover a la gente por el miedo. Eso es sistemático, planeado, organizado.
Pero las congresistas Tania Pariona e Indira Huilca señalan que los excesos no eran aislados…
Quieren decir que es una política. Si dicen que no son aislados, están diciendo que es política de Estado, que se hizo en gran porcentaje. Pero si en una subzona de 20,000 patrullajes por año hubiera existido una política de Estado, habría habido cientos de miles de muertos, tal ves miles de miles. Sistemático es lo que hiceron los nazis. Era política de estado matar judíos. El estado nazi creó lugares para matarlos por orden de quienes dirigían el Estado, tal como Sendero tenía la costumbre de matar en las plazas, incluso con instrucciones de ponerles letreros con insultos a los cadáveres. Tenían su política de asesinato sistemática.
En un momento, usted estuvo involucrado en el caso de Accomarca, donde la patrulla del teniente Telmo Hurtado mató a decenas de campesinos. ¿En qué quedó este proceso?
Le agradezco la pregunta. En el proceso judicial muchas cosas malas se dijeron de mí, pero ha acabado hace unos meses y recién me preguntan. Son hechos ocurridos lamentablemente hace 33 años. La fase oral se inició hace 8 años, en un juicio totalmente abierto, dentro de los conceptos de la ley, y la Sala de la Corte Superior me absuelve por unanimidad. Los 3 vocales me declaran inocente.
Todo el Estado aplaude heroísmo de Williams, menos el Lugar de la Memoria
¿El Ministerio Público apeló?
Bueno, luego los fiscales apelan y en Corte Suprema, el fiscal supremo a cargo estuvo conforme con mi sentencia de absolución. El proceso siguió y la Corte Suprema ratificó lo mismo que la superior, y me absolvieron por unanimidad. Se acabaron tantos años y calificativos y adjetivos de cierta prensa desconociendo las cosas.
Hace unos días se informó que un historiador hijo de terroristas estaba en la comisión de lineamientos del LUM, pero la ministra dijo que no sabía con qué criterios se le había designado
Se tiene que deslindar eso. Un hijo no tiene la responsabilidad de lo que hicieron sus padres, solo si los conceptos del LUM son orientados a desprestigiar al Estado, distorsionar la historia en favor de los terroristas. En todo caso, tengo entendido que en esa comisión hay representantes del Ministerio de Defensa que puede plantear nuestra posición, y del Ministerio del Interior.
¿Alguna vez lo han invitado a exponer sobre el rescate de los rehenes del MRTA?
En varias dependencias del Estado me han invitado, pero nunca en el Lugar de la Memoria. Espero que inviten a algún comando para que cuente la verdad.
Usted ha luchado directamente contra el MRTA, ¿qué piensa de que la congresista María Foronda haya contratado a Nancy Madrid, quien fue condenada por pertenecer a este grupo terrorista?
En ciertas cuestiones no debe haber medias tintas. Con el terrorismo se juega la seguridad de la Nación, la integridad de las personas. Si hiciéramos una proyección de cómo hubieran sido las cosas si el Estado no respondía con las FFAA, la PNP y los comités de Autodefensa, ahora el país sería una desgracia. No se puede dar ventajas. Si personas que estuvieron en el terrorismo cumplieron condena, que se reinserten, pero no en el Estado. ¿Qué nos garantiza que no tienen todavía las mismas ideas?
Pocos recuerdan que Lori Berenson, que era del MRTA, se paseaba por el Congreso y recopilaba información para atentar contra este…
Las ideas de personas adultas que han estado tan fanatizadas difícilmente cambian. Podría estar haciendo cosas en provecho de su objetivo. No pueden estar en el Congreso o en el Ministerio de Educación. Por seguridad, mejor que no estén.
Foronda dijo que Madrid era trabajadora de confianza y que la había conocido en la cárcel, ¿qué relación de confianza de puede construir así?
Sí, lo leí. La congresista estuvo enjuiciada y la liberaron, pero también se sabe lo que piensa. El mensaje que envían por lo menos 2 o 3 congresistas de su grupo… Los escucho diciendo cosas que no son convenientes para la seguridad. Es mejor que los excarcelados busquen trabajo en el sector privado. Digo esto porque cuando uno se acerca al riesgo, se acerca a la posibilidad de que el peligro vuelva, incluso aumentado. Por eso veo muy bien que dos comisiones del Congreso hayan visto lo del LUM.
Algunos dicen que el LUM debe mantenerse como está, otros que debe demolerse, otros que debe cerrarse y cambiar de función, otros que debe replantearse su manejo. ¿Qué opina usted?
Está bien que los políticos y periodistas hablen de eso y lo pongan en la opinión pública. El Lugar de la Memoria tiene que servir para mostrar cómo fue esa época, sin ningún tipo de direccionamiento. Que se ponga todo lo que el Estado hizo en provecho de la paz. La lucha antiterrorista la ganamos. Que se aclare que fue terrorismo, no conflicto.
Foronda le dio su confianza a emerretista con quien compartía prisión
Se dice que conflicto armado interno es una denominación internacional, pero usted que conoce más de temas militares, ¿cómo lo definiría?
Un conflicto tiene varias etapas: disconformidad, tensión, crisis, y por último conflicto. Presenta evidencias, hechos que van mostrándose siempre, que la población lo ve, la Nación se entera, madura a la vista de todos. El terrorismo es subterráneo, crece a escondidas, trabaja en secreto, y cuando se sienten listos, salen y emergen violentamente. Luego se camuflan, se confunden entre la población. Esos son los hechos típicos del terrorismo.
Antes el comunismo peruano se negaba a usar el término terrorismo, y luego de las críticas lo usa, pero responde “también hubo terrorismo de Estado”
Se puede decir que se pretende equiparar las cosas, pero no son así. ¿Cómo estaríamos si no combatíamos al terrorismo, o si ellos ganaban? Estaríamos peor que Venezuela, como Corea del Norte, porque Sendero era maoísta. La gente tiene la idea que en el LUM se muestran excesos del Estado en la guerra contra el terrorismo, en el sentido de que no hubo políticas adecuadas. Es tratar de disfrazar las cosas. Es muy diferente querer quebrar las estructuras de la sociedad, las bases del Estado y crear uno nuevo que sea comunista. Para eso usaron el terrorismo.
¿Por qué las FFAA y la PNP no salieron con fuerza cuando se difundían estos términos que suavizan al terrorismo?
Se tienen que hacer juicios de manera justa, no de un modo direccionado, contaminado. En el gobierno de Toledo hubo juicios por las denuncias de la Comisión de la Verdad. La percepción de la población es diferente a la de ahora. Todos los militares entramos como asesinos a los juicios. En ese tiempo se publicaba que todos los militares eran corruptos, fue una carga contra militares que poco a poco ha ido cambiando. La historia coloca las cosas en la verdad. Por eso ahora tenemos tantas personas, políticos, personalidades, periodistas que están contra el terrorismo y no contra las FFAA o la PNP. En esa época no podíamos defendernos igual que ahora, porque estábamos con ese estigma, y no nos iban a creer.
Emerretista Lori Berenson también pululaba en el Congreso
Pocos recuerdan que fiscales y jueces pidieron meterlos a prisión preventiva, y que incluso ustedes estaban en la clandestinidad…
Ordenaron mi prisión, y a todos los comandos Chavín de Huántar. Por suerte, pudimos probar que no obstruíamos a la justicia, y eso se revocó.
Justo ahora tenemos una campaña contra la prisión preventiva, incluso el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ahora dice que se debe evitar la prisión preventiva, pero cuando fue para ustedes, nadie dijo nada…
Luego de que se levanta la prisión preventiva, salen los comando a defenderse, pero Aprodeh con la prensa comunican a la población solo su versión de los hechos. No se informa que éramos hombres destinados por el Estado a combatir al terrorismo. Miles murieron, y sí hubo excesos aislados dentro de esta forma de vivir, con las tensiones y presiones. Se llegó a errores de connotación penal, pero es diferente a decir que éramos una banda de violadores y asesinos que se preparan para cometer delitos planificados.
Por los actos criminales de algunos, se les puso a todo en un mismo saco…
Hubo excesos terribles por una reacción desmedida que llega a límites criminales, pero diferentes aun grupo que se organiza para planear delitos. Se les tiene que enjuiciar en ese contexto. Para validar o minimizarlas
María Elena Moyano, víctima de los crímenes sistemáticos de Sendero Luminoso
Se ha hablado mucho de la parte mala, pero poco se ha informado de que ustedes rescataron a miles de peruanos.
Poco se ha hablado de la felicidad de los rehenes rescatados. También se habla poco de que pudimos liberarnos de una amenaza a futuro. Chavín de Huántar fue la derrota militar del MRTA. Si hubieran muerto más rehenes en el fragor del combate, si nos mataban más comandos  y evitaban el éxito de la operación, todo hubiera sido distinto.
¿Eso sí fue una política de Estado?
En la lucha antiterrorista se rescató a miles de peruanos atrapados como fuerza de masa, que en la sierra los ponían al frente cuando iban a hacer atentados. Estaban pálidos que casi no comían. Los insertábamos de nuevo en los pueblos. La gente no quería y les tenía temor, pero los dejábamos con documentos acreditando sus nombres. Se rescataba a niños, personas que vivían en los cuarteles hasta que pudieran regresar a sus casas o reubicarse.
Ahora que está de moda una película sobre un crimen de unos militares, mucha gente escucha “cuarteles” y dicen “Cabitos”…
Bueno, ya te dije que gente arrancada de sus tierras vivía meses en los cuarteles. También están los comités de autodefensa que formamos, coordinábamos con ellos. El pueblo perjudicado por Sendero nos apoyaba. Había lugares donde no podían salir a cosechar ni sembrar a 300 metros alrededor. Les devolvimos esa paz. Se hacía patrullajes en el perímetro, hasta 5, 6 o 7 kilómetros, en hoja de trébol, dando seguridad. Cuando había una base, la población iba allí, y cuando nos íbamos la gente nos pedía que nos quedáramos. ¿Cómo se puede decir por un porcentaje ínfimo que hubo política sistemática contras la población? Eso debería resaltarse en el LUM.
Actual presidente del Poder Judicial cuando pedía libertad para terroristas
Volviendo al LUM, ¿por qué evitar contenidos falsos o que benefician al terrorismo?
Se ha informado que han pasado por allí 700,000 escolares. ¿Qué tendrán en la cabeza esos chicos y jóvenes que escucharon esas cosas? Pueden pensar mal del Estado y de sus FFAA. ¿Quiénes son los profesores? ¿Quiénes capacitan a quiénes enseñan?

EEUU y Colombia se quejan por mal comportamiento de cinco mujeres oficiales y suboficiales de la PNP

Fueron a Bogotá invitadas por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para recibir un curso de liderazgo policial con enfoque de género, recibieron la autorización mediante resolución ministerial, pero algunas ni siquiera asistieron a las clases y otras dañaron sus habitaciones del hotel y se retiraron sin pagar lo que consumieron del minibar.
La deplorable inconducta de cuatro oficiales y una subalterna fue comunicada primero por el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, Alberto Rodríguez, de la embajada de Estados Unidos en Colombia. El reporte fue dirigido al director de la Policía Nacional, teniente general PNP Richard Zubiate Talledo, el último 16 de mayo.
De acuerdo con el diplomático norteamericano, las policías que incurrieron en actos de indisciplina son la directora de la Escuela de Suboficiales de Moquegua, comandante Lourdes Rosales Landa; la directora de la Escuela de Suboficiales de Chimbote, comandante Alina Zegarra Fuentes; la jefa del Área Académica de la Escuela de Suboficiales de San Bartolo (Lima), la mayor Karen Aguilar Escalante; y la jefa del Área Académica de la Escuela de Suboficiales de Cajamarca, teniente Kathia Díaz Mego. Además, la instructora de la Escuela de Suboficiales de Huancayo, suboficial Sarita Rojas Bacilio.
Según el informe del funcionario de la embajada estadounidense –que financió el curso para las policías–, el incidente más grave lo protagonizó la comandante Lourdes Rosales. “(El hotel reportó) que la cubrecama (de dicha efectiva) se encuentra quemada (…); además no asistió a las clases constantemente, del 30 de abril al 12 de mayo”.

COMPLETA INDISCIPLINA

En el caso de la comandante Alina Zegarra, “se verificó que las sábanas (de su habitación) estaban quemadas”. Respecto a la mayor Karen Aguilar, que “dicha oficial partió sin pagar la boleta de consumo del restaurante (del hotel)”.
La embajada de los Estados Unidos manifestó su molestia porque fueron los que invitaron a las agentes peruanas.
“Hemos recibido un reclamo del Hotel Centro de Recepciones de Nivel Ejecutivo de Suboficiales de la Policía de Colombia, donde las funcionarias (peruanas) presentaron inconformidad cuando les cobraron el servicio de alimentación y minibar, aun habiendo consumido, según consta en los documentos verificados, convirtiéndose en una situación vergonzosa e incómoda para el hotel y para nosotros como auspiciadores del entrenamiento”, señaló el diplomático norteamericano Alberto Rodríguez.
Por si fuera poco, las cinco policías ni siquiera cumplieron con presentar el informe sobre el Diplomado de Mando y Dirección y Liderazgo con Enfoque de Género.
“Durante y después del desarrollo de actividades, no hemos recibido ningún reporte de evaluación de las clases ni comentarios de ninguna de las 12 policías femeninas, como tampoco han cumplido con enviar las facturas del hotel, pese a haber sido notificadas por la Oficina de Entrenamiento y del Programa Policial”, mencionó el funcionario de la embajada.
El incidente llegó incluso a nivel diplomático. La administradora del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, mayor Julia Bedoya Colorado, dirigió una carta de queja al agregado policial del Perú en Colombia, coronel PNP Edwin Rolando Pereyra.
“Algunas funcionarias (las policías peruanas) se disgustaron, reaccionando de forma alterada, por el cobro de unos consumos por alimentación, siendo necesario demostrarles la procedencia de los cobros”, indicó la mayor Bedoya.
El director general de la PNP dispuso que Inspectoría inicie una investigación para determinar responsabilidades y sancionar a las infractoras.
“Vamos a notificar a las policías para que ofrezcan sus descargos, pediremos información a la Policía de Colombia y a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, porque estos hechos afectan gravemente la imagen de la PNP”, dijeron fuentes policiales.
Fuente: Diario La República.

Congresista renunciante

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Castro sobre el Frente Amplio: “En la práctica, estoy hace tiempo fuera”

Por René Zubieta Pacco-Diario El Comercio.
El congresista Jorge Castro ratificó su intención de renunciar a la bancada del Frente Amplio aduciendo que se siente “incómodo”. Ello luego de conocerse que su colega María Elena Foronda tenía como trabajadora de su despacho a Nancy Madrid Bonilla, condenada por el delito de terrorismo por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“En la práctica, estoy ya hace tiempo fuera. Es una cuestión inagotable, ya he tomado la decisión”, manifestó a El Comercio el parlamentario. Aunque no precisó cuándo oficializará la medida, sostuvo que es cuestión de tiempo.
Al cierre de esta edición, congresistas de la bancada se encontraban reunidos abordando este y otros temas. Castro dijo que no asistió a la cita y tampoco ha acudido a otras anteriores.
El legislador ya había manifestado anteriormente sus intenciones de alejarse de la bancada, que hoy tiene como vocero a Wilbert Rozas.
Según explicó, su decisión de renunciar se debe a acciones de la bancada que también lidera Marco Arana, como su separación, de manera “abrupta”, de la Comisión Lava Jato en diciembre pasado, y los diversos comentarios y acciones que consideró complacientes respecto a organizaciones terroristas.
“Yo me siento absolutamente incómodo y ellos lo saben. Hace un mes conversé con Marco Arana, los dos solos, le dije que estoy con un pie fuera”, acotó Castro en diálogo con este Diario.
Si se concreta la renuncia de Castro, el Frente Amplio se quedará con nueve miembros. Pero no perdería presencia en comisiones (actualmente preside dos), de acuerdo a las reglas congresales de proporcionalidad.

¡Ciento veinte días para Foronda!

Por Aaron Salomón– Político.pe
Como “terruquismo histérico” calificó la legisladora frenteamplista María Elena Foronda a la cachetada de justificados cuestionamientos que recibió por haber contratado a la emerretista Nancy Madrid, encargada de las inhumanas ‘cárceles del pueblo’, como su asistente personal. Incluso la parlamentaria izquierdista tuvo la desfachatez de aducir que su amiguísima terrorista merecía “reinsertarse a la sociedad” y que no había falta alguna en haberla introducido en el Palacio Legislativo (edificio que precisamente el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tenía pensado explotar).
Y por si esto no fuera poco, Foronda recalcó que Madrid fue sentenciada a dieciocho años de cárcel por asociación con el MRTA mas no por ser parte de la cúpula emerretista y menos aún por haber estado encargada de las cloacas donde los empresarios secuestrados por el grupo terrorista desfallecían si no pagaban millonarias sumas para su liberación. Sin embargo, la periodista Karina Novoa del dominical Panorama dejó al descubierto la vil mentira de la congresista integrante de la bancada del excura Marco Arana. De acuerdo con la contundente sentencia, Nancy Madrid reconoció ser miembro del MRTA y la Fiscalía demostró que la terrorista alquiló una casa en el distrito de San Borja que serviría posteriormente como sede para los ya mencionados criminales centros de reclusión.
Muchas son las voces que correctamente exigen el desafuero de María Elena Foronda, pero esta posibilidad es rechazada de plano por dos reconocidos abogados constitucionalistas con los que he conversado. Los juristas coincidieron al asegurar que no habría cómo sustentar una denuncia constitucional en este caso.
Así, la pelota está en la recientemente reestrenada Comisión de Ética, ahora bajo la dirección de la legisladora pepekausa Janet Sánchez, y todo parece indicar que a su coleguita zurda le estaría por caer una más que merecida sanción de ciento veinte días sin goce de haber. Fuentes de dicho grupo de trabajo me han adelantado su pronto accionar.
“Es indignante; terrorismo nunca más”, sostiene la mayoría de parlamentarios (no se sabe qué hará Wilbert Rozas, aunque ya podemos imaginarnos). Esperemos que se siente un precedente para que ningún mal llamado padre de la patria se atreva a meter a un terrorista al Parlamento por contrabando.
Otrosí: El Congreso debe poner a debate inmediatamente (y aprobar lo antes posible) el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que propone que la reparación civil sea imprescriptible por el delito de terrorismo.

JNE

Yehude Simon: Juntos por el Perú se une con Nuevo Perú

Por Christian Silva- Revista CARETAS
Desde el año pasado, diversos partidos de izquierda estuvieron reuniéndose para conformar lo que es Juntos por el Perú. Usaron la inscripción que tenía el partido Humanista, de Yehude Simon, en el Registro de Organizaciones Políticas, del Jurado Nacional de Elecciones. La organización alberga a Fuerza Social, Patria Roja, el Partido Comunista del Perú, Movimiento por el Socialismo y Ciudadanos por el Cambio. El grupo de izquierdas tiene la disposición de abrirle la puerta a otras organizaciones, como sucedió con Nuevo Perú, de Verónika Mendoza.
 Yehude Simon:  "Llego el momento de retomar el espíritu de Barrantes". (Foto: GILMER PÉREZ).Yehude Simon:  “Llego el momento de retomar el espíritu de Barrantes”. (Foto: GILMER PÉREZ).

¿Cómo se dio el acercamiento entre ustedes y Nuevo Perú?
Las reuniones fueron en febrero, para discutir diversos temas y se produjo este acercamiento con sus bases. Tienen buenos cuadros que tranquilamente pueden ser autoridades. Nunca les cerraríamos la puerta. Esto podría ser un buen ejemplo para ver el 2021.
¿Qué condiciones existen en esta alianza entre y el grupo de Verónika Mendoza?
En principio, nadie condiciona a nadie. Si Nuevo Perú quiere ir sola, va sola, pero creo que la izquierda cometería un gravísimo error si pasa eso.
¿Ella no estaba con Gregorio Santos?
No sé si Nuevo Perú está en alianza con Santos.
¿Qué hay de Frente Amplio?
Frente Amplio tiene sus candidatos. Nos hemos reunido con ellos, pero no para hablar de procesos electorales.
¿Hay diferencias entre Nuevo Perú y algún partido que integra Juntos por el Perú?
De todos ellos con Verónika, no lo creo. Del grupo de Verónika conmigo sí ha habido, evidentemente, por el tema de Bagua, pero sin entender que la responsabilidad viene de otro lado. Ahora están interpretando mejor las cosas y no por interés. Siempre hemos dicho que la política va encima de las personas. Es una ciencia y tienes que saber cómo la aplicas. Si cada uno se va a sentir ofendido por lo que dicen, entonces estamos mal.
¿Qué otras diferencias hay?
Programáticamente no hay diferencias. Está el debate del aborto y el tema del tamaño del Estado. El debate en Juntos por el Perú lo empezamos desde hace siete meses y vamos coincidiendo.
¿Van a participar en todas las jurisdicciones del país? Son alrededor de 1,700.
Tenemos candidatos en casi todo el país. Falta en Amazonas, pero no es que no tengamos aspirante, sino que no se han decidido aún. Pretendemos participar en todo el país, en todas las provincias y distritos. Es un poco complicado, pero lo vamos a hacer. La prueba de fuego va a ser cuando tengamos las listas inscritas, porque cada partido tiene a sus candidatos y alguien tendrá que ceder. Va a probar el sentido de la unidad y responsabilidad.
¿En cuáles regiones hay alianzas con Nuevo Perú?
A nivel de base, en Piura, Juntos por el Perú se ha unido con el grupo de Verónika Mendoza, incluso con un sector de Vladimir Cerrón. En Arequipa se han unido todos y juntándose con movimientos regionales. Ahí nuestro candidato es Javier Ísmodes. En Junín se han juntado todos. Tengo entendido que (con Nuevo Perú) estamos trabajando juntos en Piura, Cusco, Ica y Junín. En Lambayeque no, en Tumbes no lo sé.
Gustavo Guerra García, precandidato oficial de Juntos por el Perú. Se barajan dos nombres más. (Foto. VÍCTOR. CH. VARGAS)Gustavo Guerra García, precandidato oficial de Juntos por el Perú. Se barajan dos nombres más. (Foto. VÍCTOR. CH. VARGAS)

Rodríguez Rabanal candidato de Nuevo Perú

¿Cómo es en Lima Metropolitana?
Hay dos o tres precandidatos. La mayoría está apostando por Gustavo Guerra García. También hay un compañero nuestro (del partido Humanista), Zacarías Merma; y Roberto Rodríguez Rabanal (candidato de Nuevo Perú). Voy a conversar con mi compañero Merma para que sea parte de una sola lista. Gustavo Guerra es un buen técnico, confiamos en él. Tiene las propuestas programáticas para Lima que son bien interesantes y además está dispuesto a ir al debate.
¿Puntos fuertes en el plan de gobierno para Lima Metropolitana?
Siempre se trabaja el tema de la reforma del transporte. Lo otro es asumir el gobierno regional de Lima, hay un montón de dinero que se pierde y que no asume la municipalidad. También es cómo logramos ir sacando de las laderas de los cerros a la población de esos sectores, para prepararnos para un sismo, haciendo ciudadelas nuevas, diferenciadas. Todo el tema de arte y cultura que se ha perdido mucho en Lima, y seguridad ciudadana, que se está trabajando con especialistas.
En Cusco, lugar de Verónika Mendoza ¿Cómo es la situación, hay precandidatos?
Tengo entendido de que alguna gente de Verónika Mendoza está trabajando con nosotros, pero ellos también están aliados con el movimiento Ayllu y están proponiendo a un candidato que ha trabajado mucho en agro, Carlos Paredes Gonzales.
¿Teme que exista un aprovechamiento de Nuevo Perú con esta alianza?
Te puedo asegurar que no. Hemos aprendido tanto la lección, hemos pasado por tantos sufrimientos, hemos traicionado al pueblo tantas veces. El partido Humanista nunca se metería en una alianza ni regalaría su inscripción a partidos que se hayan quedado en la década de los 60’s, 70’s o 80’s, eso sería un daño terrible al país.
Ustedes también piensan en el 2021…
Tenemos que ver el bosque completo. Hoy día el árbol son los procesos regionales y municipales. Tenemos que hacer que el árbol sea frondoso, pero que en esa maravilla de árbol hay que ver el bosque completo, que es el 2021. Vamos primero al 2018 y pensando en el 2021. En los últimos 20 años, la izquierda ha puesto presidentes. Toledo fue producto de la izquierda, Humala fue producto de la izquierda, PPK fue producto de la izquierda. Lo que te puedo asegurar es que no voy a ser candidato a la República, sino al gobierno regional de Lambayeque.
Roberto Sánchez es el presidente de Juntos por el Perú, ¿de qué partido proviene?
Él es del partido Humanista.
¿Por qué usted no?
Porque tengo un compromiso de un cambio generacional y para que yo no sea la manzana de la discordia. Mi presencia no ayudaba, pero me dieron un cargo muy importante que es ser responsable de la comisión política.
¿Qué debería tener el siguiente mandatario, entonces?
El próximo presidente, desde la izquierda, debería ser alguien entre 45 y 65, ese rango es importante, que sea un rostro nuevo. La izquierda ya no puede volverse a equivocar. Otros partidos presentan lo mismo y lo que aspiramos es que al final Juntos por el Perú es que no sea un frente de partidos sino un solo partido, como se planteó con Izquierda Unida y que los partidos no lo entendimos. Sería una lección para la derecha.
¿Cómo ve el futuro de Vizcarra en el gobierno?
No le desearía ningún mal a Vizcarra, es un hombre serio. Me preocuparía que se entregue al Opus Dei. Tengo algunas versiones de que lo están rodeando, espero no se deje convencer por esos políticos sectarios, como Julio Rosas o Rafael Rey. Son tiempos modernos. Si Vizcarra cae en manos de la derecha más atrasada, no creo que dure.

Portada de Diario Correo (Perú)

Apología del delito monda y lironda

Por Fabiana Sanchez– Diario Perú21.

El Congreso aprobó por mayoría el proyecto que impide a los condenados por terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y corrupción, trabajar en el Estado.
Los cuatro parlamentarios que votaron en contra fueron Humberto Morales, Rogelio Tucto, Zacarías Lapa y Hernando Ceballos, todos ellos del grupo Frente Amplio.
Al respecto, el tercer vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder (Apra), manifestó con esta actitud se demuestra que “la izquierda juega a ser un tonto útil de Sendero Luminoso”.
“Para mí han demostrado el interés de salvar a los terroristas. Yo no entiendo cómo es posible que Ceballos diga que Osmán Morote debe volver a la administración pública, o que Tucto señale que se le debe dar el indulto a Abimael Guzmán”, afirmó en declaraciones a Perú21 .
Por su parte, Héctor Becerril (FP) consideró que “es el momento de que la gente conozca que los congresistas de Frente Amplio están apoyando a los terroristas”.
“Siempre están tratando de favorecerlos, le hacen juego al terror, y eso debemos que estar conscientes todos”, expresó.
En tanto, Gino Costa aseguró que no llamaba su atención la postura de algunos legisladores de la bancada de izquierda, “porque no es la primera vez de una actitud cuando menos ambigua en relación con el terrorismo”.
“Pero lo que hay que acotar es que la mayoría de bancadas están a favor de que quienes fueron condenados por terrorismo no puedan trabajar en el Estado”, indicó.
DEFIENDE POSTURA
Justiniano Apaza , legislador del Frente Amplio , no estuvo presente al momento de votarse el proyecto. Sin embargo, replicó que el mismo estaría “atentando contra el derecho a reivindicarse” que tienen las personas.
“Todos los ciudadanos por ley tienen derecho a trabajar en las entidades o sitios que más convenga”, arguyó.
María Elena Foronda (FA), quien contrató a una sentenciada por terrorismo, no asistió a la plenaria vespertina y justificó su ausencia como licencia por enfermedad.
La norma aprobada tampoco permite trabajar para el Estado a los condenados por narcotráfico o corrupción.

La lavandería de Sendero y del MRTA

Por Juan Paredes Castro-Diario El Comercio.
Las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y MRTA (o lo que queda de ellas) siguen buscando lavarse la cara y también lavar sus acciones criminales con el mismo Estado Peruano al que quisieron liquidar violentamente.
Es el mismo Estado que las venció en el terreno militar. Ideológica y políticamente también fueron derrotadas, porque a fuerza de quitarles cobardemente la vida a millares de campesinos, incluidas sus familias, nunca podrían haber conquistado, en el campo, las adhesiones en masa a la que aspiraba su “guerra popular”, ni mucho menos en la ciudad. SL y el MRTA hicieron del horror y el sometimiento armado un salvaje mecanismo de exterminio.
Este Estado, de por sí desarticulado, gaseoso y frágil, vuelve cada cierto tiempo a ser sobrepasado por el senderismo y el emerretismo en sus dos modalidades cíclicas: de infiltración en el aparato público y de alianzas con el narcotráfico en zonas aisladas como el Vraem.
Frente al legado acumulado de estas bandas homicidas, hay una izquierda que por diversas razones se siente obligada a considerarse su pariente cercana. Hay otra izquierda, nada idiota por supuesto, dentro de sus intereses electoreros, que les hace el juego, porque considera que fueron derrotadas militarmente y que política e ideológicamente sus militantes pueden, cumplidas, por ejemplo, sus sentencias, integrarse a la vida democrática. ¿Pero con qué mea culpa o paso civilizado de por medio?
Esta misma izquierda podría creer, como el señor Francisco Soberón, que dadas algunas circunstancias la sociedad puede votar por un “mal menor” (léase Ollanta Humala), a sabiendas de sus violaciones a los derechos humanos, ante el supuesto “mal mayor” (Keiko Fujimori) así no se le haya imputado a esta ningún crimen.
Con percepciones maniqueas y relajadas como esta sobre democracia y derechos humanos resulta fácil caer en la complacencia con saldos ideológicos, políticos y criminales del terrorismo. No se conocen arrepentimientos firmes. Tampoco compromisos democráticos y constitucionales. Y menos respeto al orden legal e institucional.
Al margen del incidente de la guía del Lugar de la Memoria, habría que suprimir toda intermediación explicativa en este recinto, en el que todo visitante, libremente, debe formarse su propia opinión sobre lo que ocurrió en más de veinte años de violencia terrorista en el país.
Si en el Congreso, a pedido de la parlamentaria María Elena Foronda, llegó a trabajar una excarcelada, con sentencia cumplida y pasado emerretista, es más que evidente, por las justificaciones dadas, que media docena de tortugas, con la hoz y el martillo en la caparazón, podrían penetrar los resquicios legislativos de la bancada de izquierda, que parece padecer del mismo relajamiento del señor Soberón.
En el fondo los poderes del Estado no han hecho nada hasta hoy por cuadrar y encuadrar legalmente los grandes temas pendientes con Sendero y el MRTA, incluida la palabra reconciliación.
Sobre las mil opiniones distintas y divididas que podamos tener los peruanos, SL y el MRTA seguirán lavándose la cara y lavando sus crímenes con el Estado (el nuestro) al que quisieron partir en mil pedazos.

Incapacidad moral de Espinosa

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Los actuales magistrados de TC (de izquierda a derecho): Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales (presidente), Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón de Taboada, y Augusto Ferrero.

Entrevista al magistrado José Luis Sardón: “Espinosa-Saldaña se arrogó el doctorado en forma deliberada”

Por Jaime de Althaus-Diario El Comercio.
El magistrado fundamenta los motivos por los que ha solicitado ante el pleno del Tribunal Constitucional la destitución de su colega Eloy Espinosa-Saldaña.
— Ha presentado un pedido de vacancia contra Eloy Espinosa-Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería la causal de esa vacancia?
Efectivamente, presenté un pedido para que se vote la vacancia del cargo que ocupa Eloy Espinosa-Saldaña, al amparo del artículo 16, inciso 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice que puede declararse la vacancia de un magistrado por incapacidad moral. Ahora bien, ¿qué acredita esa incapacidad moral? El envío de una hoja de vida al Congreso de la República en la que se arroga el grado de doctor en Derecho de manera deliberada.
—Walter Albán, su defensor, sostiene lo siguiente en una entrevista: “En este país se califica al abogado como doctor, lo que pasó en el caso del magistrado Espinosa-Saldaña es que sus estudiantes lo apoyaron para elaborar su hoja de vida y cuando registraron las universidades colocaron ‘Eloy Espinosa-Saldaña, doctor en Derecho, ha visitado las universidades, etcétera’. Pero cuando él advierte este error decide corregirlo y manda cartas al Congreso informando sobre la nueva versión”…
Me extraña que diga eso alguien que ha sido autoridad en la PUCP, donde enseñó el maestro Luis Jaime Cisneros. En el Perú, hay un uso coloquial de la palabra ‘doctor’, a manera de tratamiento, pero el significado de la palabra es muy diferente cuando se acompaña de una especialidad. Cuando se dice que alguien es doctor en Derecho o en Economía, se indica que tiene el grado académico más alto de una determinada especialidad. Por otro lado, es cierto que Espinosa-Saldaña envió una carta supuestamente rectificatoria a varios congresistas, pero en ninguna parte de esa carta señala que no es doctor en Derecho, como lo afirma su hoja de vida.
—¿Pero él no adjunta a esa carta una nueva versión de su currículum vitae en la que ya no aparece lo de doctor en Derecho?
No me consta. Lo que sí me consta es la documentación que me ha enviado el Congreso. En ella hay copia de un correo electrónico en el que una funcionaria del Congreso le comunica a otro de la Oficialía Mayor: “Estoy reenviando la nueva versión [de la hoja de vida] que ha enviado el doctor Espinosa-Saldaña, en donde se retira el grado de doctor, porque él ha obtenido el doctorado en Argentina y ya no lo puede convalidar, eso le tomaría como un mes”. Acá tampoco indicó que no era doctor en Derecho. Al contrario, en esta insistió en que sí lo era, pero no podía ya convalidarlo a tiempo. En la carta a los congresistas, se limitó a decir que había sido nombrado presidente honorario del congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Lo cual, dicho sea de paso, también es falso, ya que solo fue nombrado uno de los cuatro presidentes honoríficos del comité científico de ese evento.
—¿Qué CV se publicó en la página web del Congreso?
Hasta el día de hoy la hoja de vida publicada es la que señala que es doctor en Derecho. Además, esa publicación rebotó en muchos medios de comunicación. Está en el portal web de Canal N, por ejemplo.
—¿Por qué podría no haberse publicado esa nueva versión, si por lo menos sí la envió a los funcionarios del Congreso?
Esa es una muy buena pregunta. Lo más probable es lo siguiente: él mismo no quiso que se hiciera evidente que había mentido al afirmar que era doctor en Derecho, o al menos decir que tal afirmación era un error. Por tanto, solo dijo que no podía convalidar el grado de doctor en Derecho. Probablemente, al oficial mayor le pareció que la convalidación de un grado obtenido en el extranjero no era necesaria para que tuviera valor en el Perú.
—Si se hubiera dicho que no era doctor en Derecho, de repente no lo elegían.
Así es. En las actas de las 11 sesiones de la comisión especial, consta que se tuvo muy presentes las hojas de vida de las personas que se iban proponiendo para ser magistrados del Tribunal Constitucional.
—¿Se ha arrogado el doctorado en Derecho en otros contextos?
Así es. Por ejemplo, en la memoria 2008 del Indecopi se presenta como doctor en Derecho y doctor en Justicia Constitucional. Es decir, se atribuye tener dos doctorados. Después de eso, en el 2010 y el 2011, publica artículos en un blog muy conocido de la revista “Themis”, Enfoque Derecho, y reitera que es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Justicia Constitucional por la Universidad Ramón Llull, que es la universidad de los jesuitas en Barcelona y tiene una escuela de posgrado muy famosa, Esade.
—¿Está confirmado que no es doctor ni por Esade ni por Ramón Llull?
Está confirmado. Ni por Buenos Aires ni por Ramón Llull-Esade. Él mismo lo dice. Pero, claro, recién lo dice ahora. Antes decía otra cosa. No solo le dijo al Congreso que era doctor en Derecho. Lo dijo por todas partes. Por ejemplo, en el programa de un diplomado que ofreció Osinergmin el 2013, se presentó como doctor en Derecho. También lo hizo en el 2015, cuando ya era magistrado del TC, en el programa de un diplomado en la UNMSM. Inclusive en el extranjero, en el postón de la revista “Ius et praxis”, de la Universidad de Talca en Chile, también ha señalado durante muchos años que es doctor en Derecho. Por lo tanto, echarles la culpa a sus asistentes realmente es inaceptable. Él es el responsable de lo que decían esos créditos.
— ¿No es necesario ser doctor para ser miembro del Tribunal Constitucional, no?
No es necesario, pero lo que sí es necesario es no ser mentiroso.
—Pero dice Walter Albán lo siguiente: “El magistrado Sardón, a quien públicamente se lo nombra doctor sin que lo sea y sin que lo haya rectificado, no está en condiciones de pedir una vacancia por una supuesta mentira al magistrado Espinosa-Saldaña”… 
Bueno, sí lo soy. Soy doctor en Economía por Eseade en Buenos Aires. Me tomó cuatro años y medio completar este doctorado, me dieron el diploma de doctor con el sello del Minedu. Tuve que conseguir el del Ministerio del Interior y que la cancillería argentina lo “apostillara”. Con todo eso pude inscribirlo en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu. También tengo convalidado mi grado de Maestría en Ciencia Política por la American University de Washington D.C., que me tomó un año y medio completar.
—¿Los demás miembros del Tribunal Constitucional son doctores también?
Todos tienen doctorado, salvo el presidente Ernesto Blume, que ha concluido los estudios, pero le falta presentar su tesis doctoral. Él siempre lo ha dicho con toda transparencia. En su hoja de vida, en la primera página, dice que tiene estudios doctorales concluidos y que está pendiente la aprobación de su tesis. Miranda tiene dos doctorados, en Educación y en Derecho. Y después Ramos, Ledesma y Ferrero tienen el grado de doctor en Derecho. Miranda, Ferrero y yo hemos sido decanos de facultades de Derecho. Ferrero incluso ha sido vicerrector de la Universidad de Lima.
—Albán y otros sostienen que usted forma parte de una conspiración de Fuerza Popular y del Apra para controlar el Tribunal Constitucional…
Eso es absurdo. Yo creo que va a ser muy destructivo para la sociedad peruana, muy corrosivo, si nos ponemos a sospechar que hay motivaciones subalternas en los otros. Yo también podría imaginar que hay una conspiración caviar-chavista, pero no viene al caso hacerlo. Creo que debemos evaluar los hechos con objetividad.
—En realidad, más grave aun que esto, a mi juicio, es el inconcebible cambio del sentido del voto al ex magistrado Vergara Gotelli que les permitió anular un hábeas corpus que establecía que no había lesa humanidad en las muertes de El Frontón. Y por eso hay una acusación constitucional contra Espinosa-Saldaña y contra otros tres magistrados. ¿Esa acusación constitucional se justifica?
Bueno, no me corresponde opinar sobre eso. Es un asunto completamente distinto a este del supuesto doctorado de Espinosa-Saldaña.
—Pero usted emitió un voto singular, ha tenido una posición sobre ese asunto. 
Claro, inclusive fui el ponente del auto que iba a resolver el pedido de subsanación. A mí me pareció que era un pedido evidentemente improcedente porque había sido presentado extemporáneamente, y por personas que no habían sido parte del proceso. Pero, además, era un pedido infundado, ya que Vergara, en el fundamento de voto que adjuntó a la sentencia, no señalaba un desacuerdo con el fallo, sino solo con su fundamentación. El fallo decía que la demanda era fundada en parte. El fundamento del voto de Vergara dice exactamente lo mismo. La diferencia está en que la sentencia entró a analizar si había o no lesa humanidad a base de un informe de la Comisión de Venecia, que detallaba los elementos del delito de lesa humanidad. Vergara dice que el tribunal no ha debido hacer ese análisis por dos razones: por un lado, porque solo el Poder Judicial puede hacer tal análisis; pero, por otro, porque solo cabe calificar delitos de lesa humanidad a hechos que ocurren después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en el 2002.
—Eloy Espinosa-Saldaña, en un artículo en El Comercio, sostiene que Vergara firmó la sentencia que aseguraba que los hechos ocurridos en El Frontón no constituyen delitos de lesa humanidad, pese a que su voto individual emitió una opinión en sentido contrario, señalando que el Tribunal Constitucional no debe pronunciarse al respecto. Él sostiene que por eso había un error de conteo, es decir, esa firma no debió estar…
Bueno, soslaya que Vergara también afirma que ni siquiera el Poder Judicial puede calificar lo ocurrido en El Frontón en 1986 como delito de lesa humanidad, ya que ese tipo penal recién se aplica en el Perú a partir del 2002. Vergara coincide, pues, no con la argumentación, pero sí con el fallo de la sentencia. Por eso firmó sus 24 páginas.
—Caso El Frontón—
—El hecho de que el hábeas corpus declarara nulo el auto de apertura de instrucción por el Caso El Frontón, en el extremo de que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, ¿en qué medida era importante para el juicio a los marinos?
La sentencia no cerró totalmente el proceso, pero justamente Vergara Gotelli trata de precisar qué es lo que queda abierto. Vergara dice que lo que queda pendiente es que el Estado indemnice a las familias y asuma los costos del proceso. Un tema de dinero, nada más. Lo que se ha reabierto ahora es la posibilidad de meter a la cárcel a los 32 marinos denunciados. La vida de estos marinos ya ha sido muy difícil: para salir del país, tenían que pedir permiso al juez; sus cuentas bancarias fueron varias veces intervenidas. Pero ahora pueden terminar en la cárcel.
—Bueno, entonces, de eso se desprende que sí tenía sentido una acusación constitucional contra estos magistrados que cambiaron el sentido de un voto. ¿Cambiaron el sentido del voto o no?
Sí, claro que cambiaron el sentido del voto. En el voto singular conjunto que emití con Ernesto Blume, lo decimos claramente.
—¿Hay delito o infracción constitucional?
Yo no puedo calificar eso. Es algo que le corresponde al Congreso.
—La Corte IDH ha ordenado archivar esta acusación constitucional. ¿Se justifica?
La Corte IDH ha analizado esta acusación constitucional contra los magistrados como si fuera un incidente de cumplimiento de la sentencia Durand y Ugarte, del 2000. Esa sentencia estableció la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones de DD.HH., pero no dijo que lo de El Frontón había sido un crimen de lesa humanidad. En cambio, lo resuelto por la Corte IDH en febrero sí lo dice, a base del auto de apertura del proceso penal del 2009 y de lo que ha resuelto el TC en el auto de “subsanación” emitido por la mayoría de mis colegas.
—Entonces, están obligando al Tribunal Constitucional a sentenciar de una determinaba manera, decir que sí hay lesa humanidad.
En realidad, valida lo que han hecho mis colegas, pero lo hace yendo más allá de lo que estableció la sentencia Durand y Ugarte. Esto lo hacen notar correctamente los votos singulares, muy buenos, que acompañan a la resolución de la Corte IDH.

José Luis Sardón, Eloy Espinosa-Saldaña

José Luis Sardón sostiene que magistrados deben interactuar colegiadamente

Por Karem Barboza Quiroz-Diario El Comercio.
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC)José Luis Sardón, utilizó su cuenta personal en Twitter para recordar que los integrantes de máximo intérprete de la Constitución deberían realizar los debates de manera colegiada y no analizar los casos por su cuenta.
“Los magistrados deben interactuar colegiadamente, no actuar cada uno por su cuenta”, escribió es la red social citando el expediente 0006-2017-AI/TC en el voto en singular que emitió junto a su homólogo Ernesto Blume.
Como se recuerda, el TC no aceptó el voto que el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña dejó en un sobre cerrado respecto al recurso de hábeas corpus que interpusieron el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, con el fin de obtener su libertad.
El máximo órgano en materia constitucional consideró que “no es procedente” votar en ausencia a través de un voto en sobre cerrado.
“La posibilidad de plantear puntos de vista alternativos y de debatirlos ampliamente, ponderando las consecuencias de los diferentes cursos de acción que se pueden tomar antes de adoptar una decisión es consustancial a la idea de pluralismo y democracia”, remarcó en otro tuit, citando la sentencia recaída en el expediente 2282-2013-PA/TC.
—Tipo de firmas—
De otro lado, fuentes del TC remarcaron a El Comercio que solo se ha permitido la “firma digital a distancia para sentencias interlocutorias”. Es decir, aquellas sentencias que requieren un trámite simple sobre incidentes dentro de un proceso y que no ponen fin a ningún caso en curso.
Distinto es el mecanismo que han adoptado para los casos en los que el pleno ha dispuesto la vista de la causa y cuyo pronunciamiento implica resolver el fondo de la demanda.
Las que se resuelven en el pleno del TC, explicaron, se subdividen en dos grupos: las que se resuelven “despacho por despacho” y las que se resuelven “en sesión jurisdiccional del pleno”.
“Estas últimas son los más importantes y nunca se ha permitido el uso de la firma digital”, señalaron las fuentes a este Diario al rechazar las expresiones de Espinosa-Saldaña, quien ha indicado que siempre se usa dicho sistema.

Un sol menos de peaje

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Ganancias de Odebrecht y sus socias en Rutas de Lima son mayores a US$750 millones. Si se renegocia lesivo contrato, peajes se pueden reducir por lo menos UN SOL.

Por Juan Mendoza.
Rutas de Lima es una estafa para la ciudad. La pérdida social de la concesión supera US$600 millones. Pero, si el contrato se renegocia, las tarifas de los peajes pueden reducirse por lo menos en un sol sin que la concesión deje de ser en extremo rentable para Odebrecht y sus socias. La Municipalidad también puede terminar el contrato de forma unilateral y ahorrarle cientos de millones de dólares al ciudadano.
En febrero de 2013, la gestión de Susana Villarán firmó el contrato de concesión Rutas de Lima con un consorcio conformado por Odebrecht y Sigma. El Municipio entregó durante 30 años el usufructo de los peajes de Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé a cambio del compromiso de invertir US$590 millones además de darle mantenimiento a las vías. El contrato se celebró en plena campaña del No a la revocatoria de Villarán.
El consorcio liderado por Odebrecht obtuvo la concesión sin competencia. El germen del proyecto fue una iniciativa privada presentada por la propia Odebrecht en 2010. En mayo de 2012, el Concejo Municipal, por amplia mayoría, declaró el proyecto de Odebrecht de interés público. Así, Susana Villarán entregó 115 kilómetros de vías de Lima a Odebrecht sin licitación o concurso público. Peor aún, la Municipalidad villaranista no invitó ni a la Contraloría ni al MEF a revisar los términos del contrato.
En junio de 2016, Odebrecht vendió 57% de su participación en Rutas de Lima por US$430 millones a Brookfield conservando 25% de las acciones. Se puede inferir, entonces, que si alguien hubiera comprado el 100% de la concesión hubiera pagado US$754 millones. La ciencia económica nos dice que el precio de las acciones de un negocio es igual que las ganancias que los accionistas anticipan recibir. La razón es sencilla: nadie compra o vende algo para perder plata. Por lo tanto, podemos concluir que los ingresos de Rutas de Lima, en valor presente, eran mayores a los egresos en más de US$750 millones en junio de 2016. Los egresos incluyen el costo de las obras más su financiamiento así como los costos de mantenimiento, operación y supervisión de la concesión.
Así, el precio de venta de las acciones de Odebrecht a Brookfield hace evidente que Rutas de Lima es una estafa para la ciudad. Las ganancias de los dueños de la concesión, por lo menos US$750 millones, salen de los bolsillos de los limeños. La tasa de rentabilidad de Odebrecht y sus socias es estratosférica pues gran parte del proyecto se financia con deuda. En junio de 2014, Rutas de Lima emitió S/.1,459 millones de bonos que fueron adquiridos con avidez, entre otros, por AFPs y compañías de seguros. Y, claro, ¿Cómo no comprar bonos emitidos por quien disfrutará de peajes de Lima durante 3 décadas?
A su vez, los peajes han aumentado más de 50% desde el 2013 sin que haya habido una mejora equivalente en la calidad o cantidad de la infraestructura vial o una reducción en los tiempos de viaje. El carácter leonino del contrato es notorio en la cláusula 10.4 que estipula que si el concesionario no pudiera “explotar cualquiera de las Unidades de Peaje Existentes y/o Unidades Nuevas de Peaje” por protestas sociales, entonces la Municipalidad tendrá que pagarle un monto equivalente a la recaudación perdida. Así, aunque masivas protestas impidieron la operación del abusivo doble peaje en Puente Piedra, Odebrecht y sus socias no han perdido un centavo.
Se puede inferir que la perdida social de Rutas de Lima, desde enero de 2018 hasta febrero de 2043, será superior a US$600 millones. ¿Qué hacer? La primera solución sería invitar al concesionario a renegociar el contrato de mutuo acuerdo. Es sencillo estimar que la tarifa del peaje podría reducirse en por lo menos un sol sin que Rutas de Lima deje de ser en extremo rentable para el concesionario.
La segunda solución es que la Municipalidad ponga término unilateral a la concesión por razones de interés público de acuerdo con la cláusula 17.7 del contrato. Las pingües ganancias del concesionario y el carácter leonino del contrato constituyen razones suficientes para terminar la concesión. En este caso, la Municipalidad le pagaría al concesionario por las inversiones realizadas, previo peritaje internacional, pero se le ahorraría varios cientos de millones al ciudadano pues las tarifas de peaje podrían reducirse por lo menos en un sol.¿Por qué se obliga a los limeños a tener que pagar peajes cada vez mayores si no hay vías alternas para desplazarse por la ciudad? ¿Para qué pagamos impuestos si el Estado es incapaz de proveernos de vías de comunicación razonables incluso dentro de la capital del Perú? ¿Es qué la única manera de invertir en Lima es a través de Asociaciones Público Privadas que solo enriquecen al privado a costa del dinero del ciudadano?
¿Por qué la gestión de Susana Villarán negoció Rutas de Lima en condiciones tan lesivas? ¿Fue ineptitud? ¿Hubo acaso corrupción? Según las investigaciones del caso Lava Jato en Brasil, hay dos pagos por US$711 mil en una planilla de coimas de Odebrecht por Rutas de Lima. Los pagos se hicieron efectivos el 2014 a nombre de un tal “Budian”. Además, Jorge Barata ha confesado que, junto con OAS, Odebrecht “aportó” US$3 millones a las campañas de Susana Villarán a pedido de la propia ex alcaldesa.
¿Quiénes más se beneficiaron con Rutas de Lima? De acuerdo con información proporcionada por Odebrecht, la empresa First Capital de Gerardo Sepulveda recibió US$153,000 de Rutas de Lima por servicios de estructuración financiera. Como sabemos, PPK, socio de Sepulveda, apoyó el No a la Revocatoria y afirmó que la gestión de Villarán estaba libre de sospechas de corrupción.
Será la presente o futura administración municipal la que tenga que librar al ciudadano de la estafa que Susana Villarán nos legó en Rutas de Lima. Es obligación de cada limeño exigir la renegociación o el término de la lesiva concesión.
Fuente: www.juanmendozaperu.blogspot.pe

CONTRATO PERMITE ANULAR PEAJES DE ODEBRECHT SIN PROBLEMAS

Congresista Vilcatoma revela que claúsula 17.7 de acuerdo entre Municipalidad de Lima y Consorcio Rutas de Lima facilita esta acción a costo cero

Por César Rojas-Manifiesto Perú.com
La pesadilla de “los peajes de la corrupción” en la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé,aprobados por la gestión de Susana Villarán mientras Odebrecht le daba dinero para mantenerse en el poder, puede acabarse este año sin pago de penalidades adicionales. La legisladora Yeni Vilcatoma lo explica documentadamente.
¿Qué se puede hacer con los peajes que Odebrecht puso en Lima, si la empresa ha admitido su culpa en corromper funcionarios, y se ha evidenciado que son antitécnicos?
Hemos hecho un análisis técnico legal pormenorizado de todo el proyecto, y hemos encontrado irregularidades que no solo evidencian corrupción, sino que es contrato leonino, perjudicial para ciudadanos.
Cláusula 17.7 permite acabar con “peajes de la corrupción” 
¿Cómo pudo pasar un contrato dañino para Lima, como todos afirman?
En mayo del 2012, se realizó en la Municipalidad de Lima un acuerdo para que se declare de interés público la propuesta de Odebrecht. El regidor Jaime Salinas les reclama a la mayoría de Villarán que no había cálculo de monto exacto de tarifa, de beneficio-perjuicio en Lima, y era falso que no costaba nada a cambio de 590 millones de dólares en obras, porque al final el pago de las obras las iba a asumir la ciudadanía por medio de los peajes.
¿Con esta declaración de interés público se pudo acelerar el contrato que se firma un año después?
Claro, si entonces el teniente alcalde Eduardo Zegarra dice que, si el ciudadano quiere más tiempo para pasarlo con su familia, tiene que pagar. Había un direccionamiento para Odebrecht, que al final ganó por medio del consorcio Rutas de Lima. Enjaularon Lima con peajes que no dan opción para ir por otra ruta.
¿Algo parecido a la Interoceánica Sur con Alejandro Toledo?
Hasta más grave, porque con lo que han recaudado en 4 años y medio prácticamente ya recobraron la inversión de 590 millones. En junio del 2017, Odebrecht vende el 57 % de sus acciones a 430 millones de dólares (a Brookfield). Ya recuperaron su inversión, pero quedan 25 años más que nos quieren hacer pagar peajes.
Villarán sigue libre y en cura de silencio por Odebrecht
Entonces, ¿se puede o no se puede renegociar los peajes?
En estos días estoy enviando un pedido oficial al alcalde Castañeda para que aplique la cláusula que permite hacerlo. Existe la cláusula 17.7, que dice que cuando se afecta el interés público, y esta situación se está generando, se puede declarar de forma unilateral la resolución del contrato, comunicándole a la concesionaria 180 días antes de la ejecución.
¿Pero no podrían hacernos perder más dinero en un arbitraje internacional?
No, porque solo habría que hacer los cálculos de lo que han invertido y devolvérselos. Hay un fideicomiso, y de allí se les puede pagar aproximadamente los 100 millones que están poniendo últimamente. No se tendría que pagar nada adicional. La ejecución de obras ha dado lugar a valorizaciones que han sido cobradas por la empresa. El alcalde debe tomar esa decisión y no evadir su responsabilidad.
¿Cómo se puede probar sin ninguna duda que cancelar los contratos para peajes es de interés social?
Ya estamos coordinando una cita para que el alcalde Castañeda lo tenga todo claro. Vamos a imprimir 2 millones de ejemplares de un boletín para informar a los ciudadanos. Los peajes se han puesto estratégicamente en puntos de los cuales no hay otra opción, y es una zona por donde tienen que ir a trabajar. Hay comerciantes que van a mercados tienen que pasar por el peaje dos o más veces al día. En el peaje Chillón (Puente Piedra) no había ruta alterna, y estaba a poca distancia de otro. Por eso la población protestó, y se tuvo que suspender el cobro.
Vilcatoma cuestiona que no haya suficientes vías alternas
¿El contrato no señala que, cuando pasa eso, la Municipalidad tiene que compensar económicamente a la empresa?
Cuando Villarán hace el contrato, pone una cláusula de que si una protesta social impide cobrar peaje, los limeños también teníamos que asumir lo que dejaba de cobrar Rutas de Lima. Pero esto es una viveza…
Si ponen peajes que en realidad son un robo, es lógico que haya protesta…
Exacto. Ya sabían que iba a existir protesta. El público no iba a aceptar eso. Un peaje se pone cuando existen rutas alternas, y se puede elegir gastar más tiempo sin pagar. No hay vías así, y no le dan la opción al conductor y pasajeros. La protesta es porque se atenta contra el interés público. Dos casetas con una distancia injustificada, para que cobren 4 veces a una misma persona diario.
¿Entonces, la protesta terminó costándole más dinero a la Municipalidad?
La protesta no es un acto terrorista ni delincuencial, es una protesta como cualquier otra, y nos hemos informado con un regidor que no se está pagando nada adicional por la suspensión del  peaje en Puente Piedra.
Castañeda podría acabar de una vez con dolor de cabeza para Lima
Entonces sí se puede renegociar…
Sí, eso lo demuestra, pero no es solo renegociar precios, sino que se resuelva el contrato. Dejar que sigan 25 años más es como que permitas que un ladrón que entra a tu casa se siga metiendo 25 años más. Si Castañeda no lo hace, los candidatos deberían asegurarlo.