Archivo por meses: Agosto 2012

Misa de difunto en Jauja

Cerrón
El muerto de Vladimir
En el segundo día del paro masivo en la provincia de Jauja, Junín, las cosas se agravaron: hay un muerto en las manifestaciones y los pobladores bloquearon la Carretera Central, según informó Canal N.
El fallecido es Máximo Alejandro González Huamán (36), quien fue arrojado junto a otros tres manifestantes por policías desde el puente Stuart al río Mantaro. Solo dos lograron salir, y el cadáver de Gonzáles Huamán fue hallado recién en las últimas horas. Funcionarios de la fiscalía ya llegaron a la zona para las respectivas investigaciones.
PARO DE 48 HORAS
Los manifestantes iniciaron un paro de 48 horas exigiendo la implementación del aeropuerto Francisco Carlé para que tenga categoría de internacional, en lugar de construir un aeropuerto internacional en la provincia de Orcotuna tal como lo planean las autoridades regionales.
Ya en horas previas, se informaba que los pobladores se concentraron en la plaza principal de la ciudad de Jauja para movilizarse en grupos distintos -conformados cada uno por mil personas- destinados a colocarse en varios puntos de la vía para detener el tráfico.
Se pudo apreciar -en imágenes del citado medio- que la policía y los pobladores tuvieron enfrentamientos desde muy temprano, con disparos al aire, bombas lacrimógenas y disturbios en los que acabaron imponiéndose los pobladores por su superioridad numérica.
Se informó que ya se encuentra bloqueado por completo el puente Stuart, vía que permite el ingreso al Valle del Mantaro, exactamente a Huancayo.
En igual situación se encuentra la vía de evitamiento de Huancayo que va hacia Tarma y a la selva central.
Fuente: Diario El Comercio y Canal N.

Francisco Carlé CRIC

Francisco Carlé Casset CRIC
Por Julio César Dávila-Mendiola W.
La Congregación religiosa de los Canónigos Regulares de la Inmaculada Concepción fue fundada en Francia, en Saint-Claude, en el departamento de Jura, luego después en Saint-Antoine, en el departamento de Isère, por el abate Dom Adrien Grea; aprobado después por los Papas Pío IX, y León XIII, en tres rescriptos de los años de 1870, de 1876 y de 1887; se establece con el objetivo de restaurar la vida canóniga de la Iglesia primitiva. En el año de 1905, persuadidos por la Santa Sede un grupo de 5 canónigos regulares llegan a la Selva peruana para evangelizar, tomando la iniciativa de fundar la primera comunidad CRIC en Chachapoyas. Luego a partir del año de 1908 se establecen en la Arquidiócesis de Lima, encargándose de las parroquias de San Simón y de San Judas Tadeo en El Callao. Los sacerdotes CRIC desarrollan una vida extremadamente sencilla según las reglas de San Agustín, ligándose a tres votos simples, el de la pobreza, de la obediencia y el de la castidad, rescatando de esta manera en la Iglesia la posibilidad de tener sacerdotes de profunda fe, y que combinen el trabajo parroquial con los desafíos sociales de la comunidad. Llegan a Jauja los primeros sacerdotes de la Congregación de los Canónigos Regulares de la Inmaculada Concepción (CRIC) a partir del año de 1914 para hacerse cargo de la Parroquia de Jauja, el Reverendo Padre Francisco Carlé de nacionalidad francesa llega ese mismo año, el 14 de julio, con 27 años de edad; había nacido el 16 de octubre del año de 1886. Carlé se desempeña como Párroco desde el año de 1924 hasta el año de 1964; su Congregación permanece hasta el año de 1969. Se retira a los 78 años, luego de 40 años de labor pastoral y de trabajo comunitario; con 86 años fallece en la ciudad de Lima el 8 de junio del año de 1972. El año de 1973 se coloca el busto del Padre Carlé sobre un pedestal revestido de mármol, en el atrio de la Iglesia Matriz, con el siguiente mensaje: Homenaje al Sacerdote y ciudadano ejemplar, Rvdo. Padre Francisco Carlé Casset, 1973. El 29 de agosto del año de 1974 son traídos los restos mortales de “Tayta Pancho” a Jauja, y son velados al pie del altar de la Virgen del Rosario, en la Iglesia Matriz, luego al día siguiente sepultados en el Camposanto General de la ciudad; después del año 2000 junto al Padre Louis Noel Paul Grandin Blottiere, descansan en un mausoleo que les rinde un tributo especial. Mencionaremos algunas de las obras del Padre Carlé, toda vez que su misma vida, la de su incansable labor pastoral y su accionar cívico-religioso y cultural en la ciudad merece una atención rigurosa. Gestionó el agua potable para la ciudad; explotó las minas de asfalto del distrito de Paccha; promovió la apertura de carreteras en varios distritos; incentivó la construcción de Capillas en los distritos; puso en marcha la Biblioteca parroquial; la sala de cine para los niños del Catecismo; presentó un proyecto para la construcción del Albergue de Paca.
Entre las de mayor trascendencia junto a las gestiones del agua potable para la ciudad, tenemos a su desempeño como uno de los principales artífices en la formación del Comité Pro-aeropuerto para Jauja, su carisma y su liderazgo religioso y social influyente en la población fue determinante para conseguir y concretar las bases de lo que sería el aeropuerto “Jauja – Tambo”. (…) La voluntad abnegada del R.P. Carlé levantó los corazones y el pueblo enfiló a las faenas en jornadas de épica grandeza. (…). (Revista Xauxa, Año IX, N°17, Noviembre de 1950, pp.12), concentrándose todo el pueblo; generosas familias altruistas que cedieron sus terrenos; niños, jóvenes estudiantes, madres de familia, dirigentes, profesores, adultos mayores, el desprendimiento era la “valiosa moneda”, todos buscando consolidar el sueño del aeropuerto para Jauja, y así fue; la inauguración se realizó el 27 de setiembre de 1948; el año 2004 fue reconocido oficialmente por el Gobierno Central como Aeropuerto “Francisco Carlé” de Jauja, y ahora el Decreto Supremo Nº 020-MTC-2011, expedido el 19 de Mayo último, establece “declarar de necesidad pública e interés nacional la internacionalización, modernización y equipamiento de dicho aeropuerto”. Y la otra, a su decisiva participación de la mano con su Congregación de los Canónigos Regulares de la Inmaculada Concepción en la intervención arquitectónica tanto al interior como al exterior de la Iglesia Matriz entre los años de 1914 a 1921 y de 1925 a 1934, consecuentemente, la imagen visual que le imprimieron al templo religioso corresponde a la de una imponente Catedral; y junto a este magnífico proyecto arquitectónico estuvo su determinante y tenaz influencia en la construcción de la Capilla de Cristo Pobre durante los años de 1920 a 1928. Esta breve nota biográfica da cuenta de la enorme presencia física y espiritual del Padre Carlé, un legado infinito y difícilmente de superar, toda su vida, una vida comprometida con Jauja; el ciudadano épico, el ciudadano de Jauja La Grande.

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Costo del gasoducto

Jorge Merino Tafur afirmó que el Gobierno decidió presentar otro proyecto alternativo al Congreso, cuya licitación se lanzará en los próximos tres meses.
Por Luis Hidalgo Suárez
¿Cuál fue la razón por la que el Gobierno retiró el crédito puente que iba a dar para apoyar el proyecto del Gasoducto Andino del Sur (GANSUR) a cargo de Kuntur? Esta es la pregunta que muchos se han hecho tras conocerse la decisión del Ejecutivo de presentar un proyecto alternativo para transportar el gas natural al sur del país, cuya aprobación está pendiente en el Congreso.
El ministro del sector, Jorge Merino Tafur, explicó (en la Comisión de Energía y Minas del Congreso) que la razón principal de ello fue que la valorización de la inversión por parte del concesionario no estaba lista y que requería nueve meses más para ello.
“La razón es que los montos (de inversión o costo) que presentó Kuntur para este primer tramo todavía no tienen la certeza de un proyecto de tipo 2, todavía tienen una variación de -30% a +50% (que es de tipo 4) y la certidumbre la va a tener recién en nueve meses más, en abril del 2013”, precisó.
En ese período, Kuntur culminaría el FEED (Front End Engineering Design) o fase que comprende la etapa de definición de alcance y la etapa de preconstrucción, detalló Merino.
En ese sentido, lo que está haciendo el Gobierno con el nuevo proyecto presentado al Congreso es acelerar el proceso de llegada del gas natural al sur del país, de manera que empiece a ejecutarse al menos en su primer tramo.
El primer tramo del nuevo proyecto (Malvinas – Quillabamba) se hará bajo la modalidad de línea principal garantizada (es decir que tiene garantizados sus ingresos (garantía de red principal –GRP) como tiene el ducto de Camisea a cargo de TGP.
“Y esto incluso va a ser más rápido porque ni bien se apruebe la ley por el Congreso, en tres meses vamos a convocar el concurso público con ProInversión”, agregó.
Viabilidad
Este repentino cambio por parte del Gobierno suscitó críticas. Una de ellas plantea que con ello ya no sería viable el GANSUR porque le quitaría mercado.
Al respecto, el ministro Merino reiteró en “La Hora N” que GANSUR sigue siendo importante y está vigente, “tal como lo ha expresado su propio presidente, Marcelo Odebrecht, en su última visita el Perú, ellos están interesados en el proyecto y lo van a financiar ellos mismos”.
Reiteró que esta semana se estaría firmando con Odebrecht la adenda del contrato de concesión del Gasoducto del Sur, con lo cual, Kuntur podría iniciar las obras preliminares.
“Esperamos que con la firma de la adenda, Odebrecht inicie sus obras preliminares como estaban previstas antes (cuando el Estado le iba a dar el crédito puente)”.
“El tema (proyecto) se va a mover en la medida que Odebrecht encuentre su financiamiento. Y de repente también va a concursar para el primer tramo (del nuevo proyecto del gobierno) como también lo puede hacer Techint, TGP, cualquiera”.
Demanda
Merino sostuvo que hay demanda suficiente para los dos proyectos. “Hay que entender que la mayor demanda está en el nodo energético (que se planea construir en Ilo). Estimamos que para que el gasoducto del sur tenga una carga mínima se requiere entre 400 y 500 millones de pies cúbicos (mpcd) por día de gas natural. Si son 500 mpcd, 400 mpcd irían para el nodo energético, el cual podría generar entre 1,500 MW y 2,000 MW”, detalló.
A ello hay que agregar la demanda que significará la generación de 200 MW en Quillabamba.
Además, refirió, los productos que se produzcan con las plantas petroquímicas tendrán un valor agregado de US$ 4,000 a US$ 5,000 por tonelada.
Es decir en la rentabilidad del proyecto el costo del transporte no es lo sustantivo para construir un polo petroquímico en el sur, sino que la decisión se ha tomado porque se quiere desarrollar el sur, acotó.
La participación de Electroperú
Para asegurar la demanda de gas en el sur, el gobierno está “evaluando la posibilidad de que en el nodo energético (del sur) Electroperú pueda hacer una asociación público privada (APP) para hacer un contrato de transporte de gas a firme con el Gasoducto Andino del Sur (a cargo de Kuntur). Electroperú va a solicitar la concesión y va a invitar a inversionistas que vengan a participar (en el nodo energético), dijo.
Reservas
A diciembre del 2011 había 3 trillones de pies cúbicos de gas certificados (TCF) para el GANSUR. Se necesitan por lo menos 6 TCF para el proyecto total.
El tramo II (De Quillabamba a Ilo) del gasoducto de Kuntur ya cuenta con el estudio de impacto ambiental aprobado (EIA), lo mismo que el primer tramo de ese proyecto.
A diciembre del 2011 las reservas probadas y certificadas de Camisea (lotes 56 y 88) eran de 10.7 TCF. Pero cuenta con 7.5 TFC adicionales entre reservas probables.
En la licitación del primer tramo del nuevo proyecto del gobierno, así como en la del etanoducto, podrán participar todas las empresas constructoras incluida Odebrecht.
Los costos del transporte del gas
Otra de las críticas al proyecto alternativo del gobierno para llevar el gas al sur del país es que podría resultar muy costoso. El ministro del sector, Jorge Merino, negó esa posibilidad.
Explicó que en este momento el costo del transporte del gas es de US$ 28 por tonelada, de Malvinas hasta Pisco, por el ducto a cargo de TGP, y de Pisco a Ilo por el etanoducto que se plantea sería US$ 83 por tonelada en este momento.
Y “de acuerdo a lo que se está calculando con los estimados de Kuntur, el costo del transporte desde las Malvinas a Ilo, por el Gasoducto Andino del Sur (de Kuntur) sería de US$ 139 por tonelada (porque la inversión es mayor)”.
Entonces, agregó, el etano que en la Malvinas cuesta US$ 142 millones por tonelada constaría más en Ilo (US$ 281 tonelada) si se transporta por el Gasoducto Andino del Sur, que por el etanoducto (US$ 253 por tonelada) del nuevo proyecto del gobierno.
Es decir en términos económicos, por costos de transporte, sería mejor traer todo el gas por la costa, agregó el ministro, pero la decisión del gobierno es hacer al Gasoducto Andino del Sur, para descentralizar las cargas y generación de energía que tiene ahora Lima y alrededores.

Fuente: Diario Gestión. Sigue leyendo

Coca o muerte en Monzón

Valle del Monzón
La Policía Nacional del Perú confirmó la muerte de dos cocaleros en enfrentamientos con agentes del orden. En un comunicado, indicó que “se tomó conocimiento de dos personas fallecidas, quienes habrían sido identificadas como Juan Espinoza Jaimes y Reider Roque Romero“. Además, señala que tienen conocimiento de cuatro heridos por esquirlas metálicas. Tres siguen en un hospital de Tingo María pero están fuera de peligro.
Como se recuerda, el alcalde de Monzón, Job Chávez, había informado de tres fallecidos y de unos 15 heridos por el choque ocurrido durante una operación de erradicación de hoja de coca. No obstante la PNP explicó que el operativo no se realizó allí.
El comunicado explicó que 800 a 1000 cocaleros del distrito del Monzón “intentaron impedir la erradicación de sembríos de hoja de coca en la zona de Tamshi, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.
Indicaron que la erradicación estaba programada “en Tamshi y no en el Monzón, distrito ubicado frente al lugar donde se realizaba el operativo”, y que está separado por el río del mismo nombre.
“Sin embargo, los cocaleros congregados en la otra orilla del río intentaron ocupar la zona de erradicación atacando con objetos contundentes al personal del CORAH. Se informó que algunos cocaleros habrían portado escopetas. La Policía repelió el ataque utilizando bombas lacrimógenas y haciendo disparos al aire, logrando que los cocaleros retrocedieran hasta su ubicación inicial”.
El comunicado finaliza afirmando que el Jefe del Frente Policial Huallaga y un representante del Ministerio Público han “podido constatar la existencia en el lugar de distintos cartuchos, algunos de los cuales no corresponden al armamento usado por la Policía Nacional, así como dinamita y mecha lenta”.

Fuente: Diario el Comercio y Diario16. Sigue leyendo

Mochita García

Mochita
Un reciente informe periodístico del programa Panorama puso al descubierto que la hija de la embajadora de Perú en Uruguay Aida García-Naranjo, labora como consultora de la Dirección de Asuntos de Economía Internacional – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que estaría asistiendo en Tailandia a un foro de cambio climático, tres días antes que el resto de la comitiva oficial.
Aída Rocío García García-Naranjo se presentó este año al Ministerio de Ambiente, pero fue descalificada por no acreditar ser profesional en economía. Meses después, en mayo, la hija de la embajadora se presentó al MEF y a pesar de figurar descalificada por no asistir a la entrevista personal, fue designada funcionaria en dicho ministerio.
Su autorización de viaje fue publicada a través de una Resolución Ministerial en el Peruano el 21 de agosto con el número 576.2012.EF/43.

Fuente: Ojos y Oídos PANORAMA y Diario Correo. Sigue leyendo

El tratado entre la Iglesia y el Estado Peruano

Gonzalo Flores Santana
Por Gonzalo Flores Santana- Profesor de Derecho Eclesiástico
La periodista Rosa María Palacios afirma que la Iglesia Católica, al momento de firmar el tratado suscrito con el Perú desde 1980, aceptó que sus obras educativas se sometan a la legislación peruana y concretamente que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sea gobernada a través de una asamblea, conforme lo señalaba la ley de entonces. Así, en su lógica, si la Iglesia no quería someter a la universidad a la legislación peruana, no debió firmar o debió pedir que se precise que las instituciones educativas católicas estaban bajo su jurisdicción.
La señora Palacios sustenta su tesis en la interpretación literal del artículo 19 del referido acuerdo, que indica que “la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”, concluyendo que la Iglesia en el ámbito educativo está limitada a la legislación nacional.
Esta interpretación es errada, pues los tratados deben ser interpretados según las reglas de la Convención de Viena de 1969. Esta establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al contexto del mismo y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Precisa, además, que el contexto, además del texto mismo, incluidos su preámbulo y anexos, comprenderá lo siguiente: 1) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado de la aplicación de sus disposiciones. 2) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado.
¿Cuál es el contexto del mencionado tratado? El artículo 86 de la Constitución de 1979 (cuyo texto repite la Constitución vigente) garantizó para la Iglesia un régimen de independencia y autonomía basado en la colaboración. Desde este marco constitucional, el tratado tendrá como objeto y fin concederle a la Iglesia las herramientas jurídicas que le permitan realizar de la mejor manera su servicio a la comunidad nacional, siendo la autonomía e independencia (artículo 1) la piedra angular desde la cual la Iglesia podrá alcanzar el fin antes indicado. Esta autonomía e independencia tiene varios alcances, pero uno de ellos es que la Iglesia podrá realizar su misión actuando según su propio derecho canónico (artículos 3, 4 y 9).
En el aspecto educativo, forma también parte del contexto lo dispuesto por el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales, que protege la libertad de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, con la condición de que se ajusten a las normas mínimas estatales.
En este contexto debe entenderse el artículo 19, que reconoce el derecho de la Iglesia a establecer con plena libertad centros educacionales.
Esta interpretación, realizada siguiendo los principios de la Convención de Viena, antes enunciados, ha sido confirmada por el Estado Peruano y la Iglesia, con una práctica ulterior en los siguientes casos:
1. La Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, dictada en 1996, dispone que lo establecido en su articulado no afecta lo dispuesto por el tratado entre el Perú y la Santa Sede. Si las entidades educativas de la Iglesia deberían ajustarse a lo dispuesto por la legislación peruana, no se habría dado esa disposición.
2. A partir de la década de 1990 instituciones de la Iglesia fundaron nuevas universidades católicas, constituyéndolas en personas jurídicas canónicas reguladas por la legislación de la Iglesia y el acuerdo internacional, lo que ha sido aceptado por el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (Conafu), reconociendo oficialmente que estas casas de estudio católicas se rigen por el derecho canónico en virtud del artículo 19 del tratado.
3. A partir del 2003 la Cancillería y la Nunciatura Apostólica, a través de notas diplomáticas, precisaron que en virtud del tratado, la Iglesia es autónoma e independiente en sus asuntos propios, especificando que las actividades propias de la Iglesia son las establecidas en el derecho canónico, entre las que se encuentra la función de enseñar a través de universidades.

Fidel Tubino

Por Milagros Leiva Gálvez
El abogado del Arzobispado de Lima, Natale Amprimo, dice que la culpa es de las autoridades de la PUCP, que el problema no es el dinero sino la transparencia de la gestión. Que hace 30 años la Iglesia no sabe nada de nada.
¿Cómo resume todo lo que ha pasado entre la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima?
Es lamentable. Diría que ni la Iglesia cuando fundó la universidad, ni su principal benefactor, que fue Riva-Agüero, jamás pensaron que una situación como la que se está viviéndo se podía producir. Cuando se ganó el tema en el Tribunal Constitucional el Cardenal Cipriani me dijo: “Hemos ganado, pero yo no pretendo hacer una cacería de brujas; lo que quiero es cumplir con la voluntad de Riva-Agüero”. Hubo reuniones posteriores y el rector planteó que se contratara una empresa auditora internacional que determinase qué inmuebles constituían la herencia.
¿Acaso no se sabe?
No, hay inmuebles que se han vendido y se han comprado. Por ejemplo el Centro Cultural de Camino Real. El fundo Pando se urbanizó y hoy es el centro comercial San Miguel. El cardenal dijo: “Yo no tengo inconvenientes en que haya una auditoría y se determine transparentemente qué bienes son”. En la siguiente reunión se dijo que la condición del rector es que en esa auditoría no ingresaba ni el campus universitario ni Plaza San Miguel.
¿Por qué?
Esa fue la disposición del rector. Y eso era inaceptable. Ellos quieren que se auditen operaciones que superan los 20 millones. ¿Qué operaciones superiores a 20 millones realizan? Ninguna.
Rubio dice que a Cipriani solo le interesa el control económico.
Quien ha definido cómo se administra la herencia es Riva-Agüero, quien estableció una junta perpetua y designó que la integre el rector de la universidad y alguien designado por el arzobispo. No hay interés económico ni lo puede haber porque ni un solo centavo de ese patrimonio va para la Iglesia. Riva-Agüero estableció que todos los fondos eran para el sostenimiento de la universidad. Y otra cosa, quien recurrió al Tribunal Constitucional fue Marcial Rubio, no nosotros. Él pidió al tribunal que se encargue de revisar e interpretar el testamento y cuando pierde dice que se ha extralimitado.
Acaba de publicarse un artículo en “The New York Times” sobre este lío y la vicerrectora Pepi Patrón ha dicho que para sacarlos tendrían que llegar al uso de la violencia, que ellos resistirán.
No sé si estoy escuchando a la vicerrectora de una universidad o si estamos escuchando a los dirigentes de La Parada que se resisten a moverse al mercado Santa Anita…Uno recurre a la violencia cuando no tiene la razón.
Ella puede decir que se está defendiendo de una intromisión. En una entrevista yo le pregunté a Marcial Rubio quién es el dueño de la universidad y él contestó: “Los estudiantes, los graduados, los profesores, según el artículo 18 de la Constitución, la Iglesia no es la propietaria y eso está inscrito en los registros de la SUNARP, eso es lo que vale”.
Los estatutos de la universidad hasta determinado momento no decían eso y cuando se cambiaron, se hicieron a espaldas de la entidad fundadora.
¿Al inicio la universidad le pertenecía a la Iglesia?
La PUCP es de la Iglesia, le pertenece a la Iglesia Católica.
Pero ellos dicen que no es así, que los propietarios son los estudiantes, egresados…
¿La universidad recurre al Poder Judicial, le pide una cosa, y cuando pierde sustenta algo distinto? El Señor Rubio en la revista “Caretas” dice que él no tiene problema en convocar a la junta y no la ha convocado ninguna vez. Cuando Riva-Agüero puso que era junta perpetua, ellos dicen que se debe entender por 20 años. Lo dicen por escrito. La diferencia entre el señor Rubio y nuestra posición es que todo lo que diga, tú me dices dónde lo dice y yo te saco un documento. Todo.
¿Quién es el dueño?
En una carta a los obispos, el señor Rubio, cuando quería dividir a la Conferencia Episcopal, le señalaba muy a pie juntillas que la universidad era de la Iglesia. Si la universidad no es de la Iglesia, qué hacía el señor Rubio yendo a dejar los estatutos a Roma. Aquí está el estatuto de la universidad inscrito en el año 65: El gobierno supremo de la universidad compete al Episcopado del Perú y a la Santa Sede. Son atribuciones del consejo del gobierno cumplir las normas canónicas que rugen la vida de las universidades, interpretar el estatuto y proponer a la Santa Sede las eventuales reformas. Y esto está inscrito en los registros públicos…
No dice que sea la propietaria…
La Universidad Católica del Perú se rige por los presentes estatutos, en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y del Estado Peruano, con absoluto acatamiento de la resolución de la Santa Sede, de la cuál depende.
Ha dicho que cualquier posición que usted diga está escrita. ¿Dónde está escrito que la Iglesia es dueña de la universidad?
Te voy a sacar una frase de Marcial Rubio: “La Pontificia Universidad Católica del Perú es una institución de la Iglesia Católica”. 30 de junio del año 2011. ¿Es una firma falsificada, yo la he inventado? O sea hay 90 años de comunicaciones entre la Santa Sede y el Estado Peruano durante los cuales el Estado Peruano reconoce que esto es de la Iglesia. ¿Lo vamos a desaparecer? La Universidad Católica se llama así porque desde su fundación se estableció y se autorizó que use el término católico. El actual estatuto de la universidad que se hizo sin consultar a la Santa Sede dice: La Pontificia Universidad Católica del Perú es también persona de derecho eclesiástico. ¿Cómo puede ser de derecho eclesiástico si no es de la Iglesia? ¿Cuándo quiero que la universidad pague tarifa de agua estatal, sí invoco mi vinculación, pero cuando tengo que rendir cuentas, ya no?
¿Sospechan de malos manejos?
No creo que haya mal manejo.
¿Entonces por qué el bochinche?
Ese es el error de percepción. Nosotros estamos cumpliendo con un mandato de una persona que ya no esa entre nosotros, que es Riva-Agüero. El colmo es que en vez de indignarnos por no cumplir la voluntad de quien ya no está para poder defenderse, nosotros nos indignamos con los que buscan cumplir la voluntad. Y dos: si esta es una universidad pontificia católica, está sometida a las demandas de fiscalización que la Santa Sede impone.
¿Qué hará la Iglesia entonces?
Yo no soy la Santa Sede. Yo confío en la sapiencia y experiencia de la Santa Sede, no se equivoca.
¿Perdón? La Iglesia se equivocó con la Inquisición.
Perdóneme, pero juzgamos las cosas 500 años después.
¿Y al proteger a curas pedófilos?
Los humanos tenemos errores… Pero la Iglesia tiene dos mil años.
El rector ha dicho a la CNN que el cambio de nombre no puede ser de la noche a la mañana…
Para perjudicar a sus alumnos.
Tiene el apoyo de la Asamblea Nacional de Rectores…
Otorongo no come otorongo, es un dicho muy antiguo.
¿O sea rector no come rector?
La autoridad que representa a todas las universidades del Perú debería ser una persona prestigiosa, conocida y saber de dónde proviene… lo único que yo sé es que proviene de Patria Roja. Las relaciones entre el Estado Peruano y la Santa Sede no las define la Asamblea Nacional de Rectores, sino el Estado Peruano y el Vaticano, y si no, se resuelven en la Corte de La Haya. Otro punto. ¿Si mañana el Perú sabe que su embajador en X país tiene expresiones desafortunadas respecto del país y sus autoridades en términos inadecuados, el Perú mantiene a ese embajador?
Entonces como Rubio se ha peleado con Cipriani le quitaron los títulos de católica y pontificia…
No ‘ciprianice’ usted el tema. Le demuestro con los papeles que este problema viene ocurriendo desde hace más de 30 años… Si tienes una persona que no entra en razón, que simplemente falta a la verdad, que engaña, ¿qué tienes que hacer? ¿Mantenerte impasible, esperar 30 años? El problema de las autoridades de la Católica es que no pensaron que incluso en la Santa Sede las cosas tienen un final. Ellos pensaron que ese mecanismo tan utilizado de la mecida iba a funcionar eternamente.
¿No le preocupan los alumnos? Para muchos llegan tiempos de oscurantismo.
Eso no es verdad. Aquí sale el vicerrector, el rector, la vicerrectora, con un fulano que se disfraza de cardenal y se pone una máscara. ¿Esto es respeto? ¿Cómo crees que eso se percibe en la Santa Sede? ¿Así funcionan?
¿Entonces El Vaticano se peleó con la Católica porque se pasaron de la raya con Cipriani?
Las actuales autoridades de la universidad, en su afán de no cumplir con regularizar su situación estatutaria, han pretendido ‘ciprianizar’ el debate, crear una especie de ogro.
Cipriani ha contribuido desde su púlpito a levantar la rabia…
Perdón, Cipriani es un hombre claro que te dice las cosas que piensa en forma directa. Y eso es un valor, no es un demérito. Sabes lo que me recuerda lo que viene pasando en la Universidad Católica, lo que ha dicho Andrés Oppenheimer: “Las grandes universidades latinoamericanas blindadas contra rendición de cuentas a sus respectivas sociedades gracias a la autonomía institucional de la que gozan muchas veces parecen estar a salvo de cualquier crítica, son las vacas sagradas de América Latina”.
¿Considera que la Católica se cree una vaca sagrada?
Sí, se cree una vaca sagrada. Y una vaca sagrada, además, con todo el poder económico y mediático que recibe. Finalmente la verdad se abre camino, la luz ilumina las tinieblas, como dice el sello que lleva la universidad en su escudo.
¿Qué le diría a Rubio si se sentaran a conversar?
Reflexiona y rectifica, estás a tiempo. Estoy seguro de que siesa fuera la conducta de Marcial, el cardenal Cipriani le daría un abrazo y olvida todo agravio.
LA SOLUCIÓN ES CONVOCAR A LA JUNTA Y QUE SE RINDAN CUENTAS
¿Si para la posición de ustedes la dueña es la Iglesia, qué significa: harán un desalojo?
Tú me estás pidiendo un titular y yo no te lo voy a decir. En cuanto al tema de la junta de administración hay un camino legal por seguir.
¿Cuál es?
Que la junta funcione.
¿Y si no funciona?
El Poder Judicial dispondrá.
¿Y los alumnos vivirán con la espada de la incertidumbre?
No comprendo que la universidad después de esta situación pretenda mantener la denominación que tiene porque eso no la ayuda y la perjudica, y más a los alumnos. Hoy en el mundo entero, porque ellos se han encargado de publicitarlo en “The New York Times” y otros diarios internacionales, se conoce que esa universidad ha sido sancionada por el Santo Padre. Evidentemente, si tú eres consciente y saber y afirmas que tu formación es excelente y tan buena y sacas tan buenos profesionales y tienes un prestigio X, entonces, bueno, ponle otra denominación y trabaja con esa denominación. Entonces los diplomas que tú emitas valdrán por el prestigio que representas.
Entonces, ¿reconoce que la Católica puede cambiar de nombre y quedarse con los bienes?
No, reconozco que lo que debería hacer es cambiar de nombre. El otro tema se dilucidará en su oportunidad. Yo no sé qué va a hacer la Santa Sede.
Según su posición, todos los bienes son de la Iglesia. ¿Entonces, se los quitarán?
La Santa Sede ha establecidos dos escalas de actuación: Como tú no te adecúas, te prohíbo que uses pontificia y católica. Dos, respecto de los otro, no renuncio a mis derechos y los haré valer oportunamente.
¿Eso quiere decir que me los entregas o te los quito?
A mí no me corresponde decirlo.
¿Hay posibilidad de arreglo sin llegar a más juicios?
Por supuesto. En primer lugar, que se convoque a la junta, que nos rindan cuentas que no se han rendido, y que se empiece a actuar como se ha actuado en 50 años. Eso respecto a Riva-Agüero. Respecto de los estatutos: que se adecúen y cumplan con la normatividad correspondiente.
A la Comunidad Universitaria
Saludamos la convocatoria del Rectorado a dialogar al interior de la comunidad universitaria sobre el pre-acuerdo con el Arzobispado de Lima, puesto que, si bien su aprobación compete a la Asamblea Universitaria, es fundamental que sus términos y posibles consecuencias sean comprendidos a fondo por todos los involucrados.
Asimismo, pensamos que es imprescindible contar con información clara y exacta sobre la situación actual de los procesos judiciales para poder evaluar adecuadamente los pros y los contras del mencionado pre-acuerdo. Conviene recordar, en esta difícil coyuntura, que por ser una universidad en la que nos sentimos comprometidos en formar ciudadanos libres que contribuyan al progreso del país, tenemos la obligación moral que nos impone nuestra historia y tradición, de no ceder ante escenarios legales adversos.
Así como es necesario fortalecer el frente judicial, lo es también recordar que no será la primera vez que la PUCP tenga que hacer valer sus derechos en condiciones adversas. Si tenemos razón en lo que reclamamos, habremos de luchar por ello. Sólo así podremos ser coherentes con la excelencia académica a la que aspiramos, y, sobre todo, con la formación en valores que promovemos.
Frente a la actual situación de la controversia con el Arzobispo de Lima por la modificación del estatuto incluida la administración de los bienes de la universidad, consideramos importante recordar y expresar lo siguiente:
1. En septiembre del año pasado la Asamblea Universitaria rechazó las pretensiones del Cardenal Cipriani de modificar los estatutos de la PUCP por considerar que vulneraban su autonomía. Entonces, se reafirmó el carácter católico de la PUCP, y se encargó al Rectorado propiciar espacios de diálogo con las autoridades eclesiásticas para buscar una solución integral al conflicto que respetara la autonomía universitaria. El rectorado llegó a un pre-acuerdo con el Arzobispado y lo expuso ante los diversos estamentos que componen la Asamblea Universitaria para obtener su eventual aprobación en el momento en que se lo ponga formalmente a votación.
La semana siguiente el Cardenal Cipriani desconoció el pre-acuerdo alcanzado con el Rector y afirmó públicamente que la discusión sobre la herencia de Riva Agüero debe ser tratada independientemente de las modificaciones al estatuto. Este impasse generó la postergación indefinida del diálogo. Además, suscitó razonables dudas sobre la transparencia de la otra parte en la negociación.
2. Consideramos que el pre-acuerdo entre el Cardenal Cipriani y el equipo rectoral propone algunos puntos que colisionan con la autonomía universitaria e implican una concesión inadmisible ante las pretensiones de un sector de la Iglesia. Estos puntos son:
a. Elección del Rector y Vicerrectores (punto 2.1. del pre-acuerdo): incorporar en el estatuto el derecho del Gran Canciller a pronunciarse sobre la catolicidad de los candidatos a Rector y Vicerrector y sobre su fidelidad al Magisterio de la Iglesia es concederle un derecho al “veto moral”, lo que generaría una indeseable autocensura. Podría colisionar incluso con el derecho constitucional de mantener en reserva ideologías y creencias religiosas. Esto es totalmente distinto al requisito que contempla el estatuto actual de identificarse con los principios de la PUCP.
Asimismo, al establecer entre las atribuciones del Gran Canciller la de “recibir la profesión de fe del Rector y de los Vicerrectores para empezar a ejercer sus cargos” se está aceptando un derecho de veto estrictamente jurídico.
b. La Comisión Económica Especial (punto 2.2. del pre-acuerdo): su conformación (2 miembros de la Iglesia y un representante del Rector) es absolutamente desproporcionada, y, en los hechos, niega, contra toda evidencia jurídica, que los bienes sean propiedad de la PUCP. Si bien esta Comisión autorizará operaciones financieras de mayor envergadura y por tanto poco frecuentes (p.ej., venta del Centro Cultural, CC San Miguel, Centrum), son precisamente esas operaciones las que determinan el éxito o fracaso financiero de la universidad. Esa decisión debe estar en manos de la PUCP. Pero más importante aun es el sentido de la cesión de derechos implicada en la creación de una instancia mayoritariamente externa a la propia universidad, que podría tomar decisiones vinculantes.
c. La autorización de la Iglesia para modificar el estatuto si se “modifica en alguna forma la relación Iglesia-Universidad” (punto 2.3. del pre-acuerdo): Todo, o casi todo en esta universidad, tiene que ver con la Iglesia, y aunque no fuera así, siempre habrá una forma de alegar lo contrario.
Constituye pues un gravísimo riesgo de pérdida de autonomía: ¿quién decidirá si el cambio afecta o no la relación con la lglesia? Cualquier controversia al respecto nos sometería a un nuevo conflicto. Esta cláusula candado es un veto explícito e indeseable.
d. Concepto de educación (punto 2.6.6. del pre-acuerdo): la propuesta señala que la educación en la PUCP debe “integrar la dimensión académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos católicos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia, respetando la libertad de las consciencias”. De nuevo, ¿quién decidirá qué entender por principios morales y religiosos católicos?, ¿qué pasará cuando se debate o tan sólo se hable de algún tema sensible para la Iglesia en donde haya sentado ya su postura (aborto, eugenesia, planificación familiar, igualdad de género, etc.), y por tanto quien tenga una opinión distinta se aleje del Magisterio actual de la Iglesia?
e. Obligación de la PUCP de tomar medidas legales y velar por el debido respeto a las autoridades eclesiásticas (punto 2.6.7. del pre-acuerdo). Esta cláusula contraviene el derecho de libre crítica que es esencial en una comunidad académica: una autoridad eclesiástica que no admite críticas ni comentarios se valdrá de esta cláusula. Las autoridades eclesiásticas tienen abogados que bien podrían reclamar judicialmente contra cualquier comentario que considerasen inadecuado.
f. La ambigüedad de diversos términos empleados y lo abierto de muchas cláusulas del pre-acuerdo no garantizan una interpretación que resguarde nuestra autonomía, y, en caso de conflicto, es de esperarse que, aprobadas las modificatorias al estatuto que propone el pre-acuerdo, las autoridades eclesiásticas tendrían potestad para imponer su punto de vista.
g. El pre-acuerdo le otorga derechos a la Iglesia en la Universidad (punto 2.3.) que desconocemos y que no están expresamente sancionados en el estatuto de la PUCP.
3. Finalmente, lo que está en juego es la supervivencia, en el Perú, de una institución académica de calidad que ha sido por muchos años un centro de pensamiento crítico y pluralista, que ha contribuido a la formación de la élite intelectual y política del país y que ha prestado valiosos servicios a su desarrollo. En su defensa, suscribimos este pronunciamiento y convocamos a la comunidad universitaria a expresar su adhesión.
Giovanna Aguilar
Ciro Alegría
Mariana Alvarado
Luis Andrade
Carlos Eduardo Aramburú
María Victoria Arévalo
Laura Balbuena
María Paz Ballén
Patricia Bárrig Jó
Carla Barrionuevo Aguilar
Martín Beaumont
Marcial Blondet
Jorge Bossio
Juan Fernando Bossio
Juan Carlos Callirgos
Federico Camino Macedo
Gisela Cánepa
José Canziani
Gerardo Castillo
Omar Cavero
Mariana Chu
Marta Cisneros
Mary Louise Claux Alfaro
Karen Coral Rodriguez
Omar Coronel
Agustín Cortegana
Rodolfo Cortegana
Jesús Cosamalón Aguilar
Alonso Cueto
Gerardo Damonte
Oscar Dancourt
Dante Dávila
Levy Del Aguila
Francesca Denegri
Carmen Díaz Bazo
Silvia Espinal
Alan Fairlie Reinoso
Jacqueline Fowks
Susana Frisancho
Pedro Francke
Fabricio Franco
Leisy Freitas
Norma Fuller
Cecilia Garavito
Luis García-Zapatero
Juan Gargurevich
Romina Gatti
Miguel Giusti
Rocío Gómez
Estrella Guerra
Victoria Guerrero Peirano
Johanna Hamann
Kathia Hanza
Narda Henríquez
Isabel Hidalgo
César Higa
Nahil Hirsh
Natalia Iguiñiz
Lorena Izaguirre
Lupe Jara
Félix Jiménez
Farid Kahatt
Víctor J. Krebs
María Isabel La Rosa
Javier La Rosa Calle
Pamela Lastres
Alejandro León Cannock
Rogelio Llerena
Sinesio López
Erich Daniel Luna
Omar Manky
Nelson Manrique
Betzabé Marciani Burgos
Cristina Mazzeo
Iván Meini
Sarah Moll
Mario Montalbetti
Yvan Montoya Vivanco
Fanny Muñoz
Héctor Omar Noejovich
Juan Luis Orrego
José Oscátegui
Eliana Otta Vildoso
Daniel Parodi
Susana Pastor
Sergio Pavletich
María Angélica Pease
Roberto Pereira
Jorge Pérez Silva
Sonia Prager
Gonzalo Ramírez
Margarita Ramírez
Juan Reiser
Susana Reisz
Alvaro Rey de Castro
Cecilia Rivera
Guillermo Rochabrun
Eduardo Romero Dianderas
María Ana Rodríguez
Claudia Rosas
Ana Sabogal
Mónica Salazar
Abelardo Sánchez-León
Sandra Sevillano
Adriana Scaletti
Luis Sime
José Tavera
Fernando Tuesta
Francesca Uccelli
María Eugenia Ulfe
Marcel Valcarcel
Jorge Luis Valdez
Elizabeth Vallejo Rivera
Héctor Velásquez
Tesania Velásquez
Victor Vich
Eduardo Villanueva Mansilla
Valeria Villarán
Carmen Zanelli
Virginia Zavala
Jefes de práctica/ instructores/ pre-docentes:
Susana Cabanillas
Andrea De La Cruz
Bruno Giusti
Alejandro Jaime
Guillermo Jopén
Sebastián Muñoz-Najar Gálvez
Horacio Ramos
Eduardo Salmón
Cria cuervos
Los miembros del Foro Docente Autonomía PUCP expresamos nuestro respaldo a la decisión de la Asamblea Universitaria de deplorar el decreto emitido por la Secretaría de Estado de la Santa Sede y apoyamos la firmeza con la que el equipo rectoral viene defendiendo la autonomía y la identidad de nuestra universidad. Conscientes de que nos encontramos en un momento decisivo de nuestra historia, exhortamos a la comunidad universitaria a mantener la unidad y la serenidad frente a los desafíos que implican los cambios profundos a los que nos enfrentamos. En tal sentido, consideramos importante:
1. Reconocer que ha llegado la hora de redefinir nuestra identidad institucional y de tomar distancia definitiva de la jerarquía de la Iglesia, la cual ha dado muestras más que suficientes de intransigencia y falta de comprensión del sentido y la autonomía de la vida universitaria. Luego de tantos esfuerzos desplegados por nuestra parte para llevar a cabo un diálogo respetuoso que propicie un entendimiento, ha quedado claro que nuestro modelo de universidad es incompatible con los requerimientos de la actual jerarquía de la Iglesia.
2. Respaldar la decisión del Rectorado de empeñar nuestras energías en la defensa legal de la universidad, a través sobre todo de un reforzamiento de nuestra estrategia jurídica y comprometiendo a un grupo más amplio de abogados que nos brinden asesoría tanto en el plano de las disputas nacionales como internacionales. Nuestra universidad cuenta con muchos juristas de alto nivel que están dispuestos a prestar su colaboración.
3. Llevar a cabo una campaña mediática de más largo alcance, que haga conocer a la opinión pública nacional e internacional la naturaleza y la historia de este conflicto y contrarreste la grosera campaña de difamación que viene siendo implementada por el arzobispado de Lima. En tal sentido, es importante igualmente ilustrar a la comunidad nacional, especialmente a nuestros alumnos, sobre la continuidad y la permanencia de nuestro trabajo institucional y de nuestro modelo de universidad.
4. Invocar a profesores y alumnos de nuestra universidad a sumarse a la tarea de defender nuestra autonomía, participando en los debates públicos e intercambiando ideas sobre las estrategias más adecuadas para hacer sentir nuestra voz ante la opinión nacional. El Foro Docente Autonomía PUCP (http://foroautonomiapucp.blogspot.com)ofrece su plataforma para canalizar estos esfuerzos.
Por el Equipo de Coordinación:
Alan Fairlie
Miguel Giusti
Natalia Iguiñiz
Iván Meini
Susana Reisz
Luis Sime
Crónica de una Asamblea
Por Aldo Panfichi
Soy miembro de la Asamblea Universitaria en representación de los 14 jefes de Departamento Académico que tuvieron a bien elegirme para esta tarea. Agradezco a mis colegas pares por este honor. La Asamblea, que duró casi 9 horas, tiene sin duda un significado extraordinario por lo que estaba y está aun en juego: se discutió la reforma del estatuto de la universidad trasmitidas por el Arzobispado de Lima. La principal reforma solicitada era que la elección del rector no fuera hecha en forma directa por la Asamblea Universitaria sino por el Arzobispado, y que este tuviera mayor control sobre el contenido académico y las “costumbres” de los miembros de la universidad, entre otras.
La gravedad e importancia del momento se respiraba en el ambiente apenas uno ingresaba al campus. Periodistas en la puerta, personal de seguridad amable pero en un número mayor al usual, estudiantes conversando intensamente en pequeños grupos y miradas serias por doquier. Por ello mientras caminaba a las 10:30 de la mañana en dirección al edificio McGregor sentí una sensación de tranquilidad pero también de responsabilidad por lo que se iba a discutir. Es extraño pero en los últimos días he estado trabajando (como siempre) muchas horas y a ritmo intenso pero todo el cansancio se fue diluyendo conforme me acercaba al edificio. Lo que siguen son mis impresiones del curso de la asamblea sin entrar en las conclusiones ya ampliamente difundidas. Entre estas la reafirmación de la autonomía de la universidad consagrada por la constitución y las leyes peruanas, y la voluntad de diálogo mientras la autonomía académica y administrativa no se vea afectada.
Una de las primeras preguntas que recibí apenas terminó la asamblea y salimos del edificio donde nos esperaba un grupo grande de ansiosos estudiantes, periodistas, profesores y empleados fue ¿Porqué la asamblea duró casi 9 horas? Intuí por los ojos de quienes preguntaban que imaginaban un debate arduo, difícil, con discursos prolongados, cuartos intermedios repetidos, espléndidas intervenciones argumentativas y apelaciones emocionales sentidas e intensas. Intuí además que algunos imaginaban falta de acuerdo y disensos grandes.
Resultaba un poco extraño que mientras escuchábamos los gritos de celebración de la muchedumbre al leerse el comunicado con los acuerdos las preguntas se repetían: ¿Por qué 9 horas? ¿Cómo fue la votación? ¿Quiénes contra quiénes? La verdad es que sí fue una asamblea como la que se describe. La Asamblea la forman 79 autoridades elegidas por voto directo de sus pares en las distintas unidades académicas de la universidad, aunque al inicio contestaron la lista de asistentes 70 de ellos. De este total un tercio lo constituyen los representantes estudiantiles, luego los representantes de los profesores, los decanos de todas las facultades y los cinco representantes del Episcopado que finalmente no asistieron.
Desde un inicio se hizo evidente la conciencia de que teníamos algo histórico entre manos por lo que debíamos cuidar y preservar la cohesión de la comunidad académica allí representada. La primera intervención fue en ese sentido, una invocación a actuar con inteligencia y prudencia, y a buscar acuerdos claros que la universidad y el país entero tenía los ojos puestos en esta reunión. La deliberación por lo tanto debía ser abierta a todas las intervenciones de manera que cada uno de los representes allí presentes tuviéramos la oportunidad de expresar repetidas veces lo que pensábamos. Así fue, después de la brillante exposición de la comisión encargada de analizar la propuesta de reforma de estatus alcanzada por la Congregación por la Educación Católica a través del Cardenal Juan Luis Cipriani, y que supuso un detallado análisis de diversos documentos, se inicio el debate con una primera ronda de oradores de más de 40 personas.
Como ustedes pueden imaginar fue un privilegio para mí estar en esta asamblea conformada por personas de distintas disciplinas, todos ellos con una gran capacidad argumentativa. Las casi 9 horas por lo tanto fueron agotadoras pero una jornada con mucho debate y esfuerzos por construir consensos.
No fue pues una asamblea fácil, no podía serlo, más aun en una Universidad que se define como plural y donde conviven diversas orientaciones filosóficas y religiosas. No obstante la diversidad o quizás por ella misma nunca estuvo en duda que el espíritu de la gran mayoría de representantes estaba orientada a reafirmar la autonomía académica, administrativa, económica y política de la Universidad. La votación final de 63 votos a favor de rechazar las reformas al estatuto solicitadas, con solo un voto en contra y una abstención muestran esto con claridad. El debate entonces se concentró en los aspectos secundarios del pedido de reforma, y en la forma como debía responderse a ellos. La asamblea también discutió la situación interna de la universidad y su relación con el país, así como los distintos escenarios futuros.
Escuchando las intervenciones era obvio que preservar la universidad como espacio plural no solo importaba a la comunidad sino también al país. Esta autonomía es el corazón de nuestra identidad y doblegarla es impensable para una comunidad acostumbrado hace décadas a elegir a sus representantes y donde existe plena libertad de cátedra. En eso todos estábamos juntos, independiente de los matices. Personalmente puedo atestiguar que nunca he recibido ningún tipo de censura ni indicación alguna de ir por un camino de pensamiento único. Recuerdo eso sí al sacerdote jesuita Manuel Marzal quien me invitó a su oficina cuando iba a debutar como profesor en la Facultad de Educación para hablarme de las responsabilidades y exigencias de ser un profesor universitario en un país como el nuestro. Volviendo a la Asamblea en ella existía la percepción que el acoso que veníamos recibiendo desde hace años y que había escaldado en los últimos meses se debía a la defensa activa de la democracia que la universidad había cumplido durante los años del autoritarismo, y donde la política de miedo hizo que pocos se atrevieran a pronunciarse contra las violaciones de derechos humanos, la corrupción, y el manejo privado del poder.
Recuerdo que una estudiante en una emotiva intervención nos emplazo: “no nos perdonan que la Comisión de la Verdad desentrañara los crímenes de lesa humanidad que han permitido enviar a la cárcel a los culpables. Ustedes nos dicen que la luz brilla en las tinieblas y que siempre hay que buscar la verdad pues ahora tenemos la oportunidad de hacer honor a esta enseñanza”. En los cuartos intermedios que teníamos para el cafecito de rigor y las coordinaciones entre los asambleístas salíamos al pasadizo de la sala donde estábamos reunidos para ver y escuchar la manifestación de apoyo de los estudiantes y trabajadores que rodeaban el edificio e incluso hacían una cadena alrededor de la universidad. Esto nos hacía sentir que muchos miraban esperanzados la Asamblea y esperaban una respuesta clara de las autoridades.
Una nota aparte fueron los estudiantes, en realidad nuestro mayor orgullo. Verlos discutir, argumentar con propiedad no obstante su juventud, incluso con posiciones distintas entre ellos y de las de los profesores no hacía sino reafirmar que es esta formación la que hay que defender. Como no simpatizar con ellos y sus brillos juveniles cuando varios de nosotros los profesores fuimos también a su edad dirigentes o representantes estudiantiles. En reuniones pasadas esto se ha hecho evidente cundo un connotado jurista mostró un pronunciamiento de la FEPUC de los años setenta cuando él era presidente y donde los estudiantes de entonces pedían autonomía universitaria y pensiones escalonadas por ingreso económico familiar.
La jornada se alargó además por la necesidad de consensuar los acuerdos de manera que todos nos sintiéramos representados. Y como todos sabemos los rendimientos son decrecientes conforme las horas pasan. El acuerdo sin embargo era permanecer allí las horas que fuesen necesarias para alcanzar este consenso. Un poco después de las 7:30 de la noche se logró el acuerdo que sellamos con una votación final y una salva de aplausos y abrazos. Sabíamos que con ellos nuevas condiciones en este largo enfrentamiento con el Cardenal Cipriani se habían trazado además de cumplir con lo que dispone el estatuto de la Universidad y las leyes peruanas. Como dije al inicio una muchedumbre nos esperaba después de tantas horas y sus cánticos, hurras, y saltos retumbaban en mis oídos mientras me alejaba caminando con la satisfacción de la tarea cumplida.
A propósito de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Por Rosa María Palacios
En mi última columna recordé el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. En este, la Santa Sede aceptó en 1980, sin poner condición alguna, su sometimiento a la legislación peruana en cuanto a sus emprendimientos educativos privados. Esperé que se me desautorizara rápidamente por los voceros del Arzobispado que defienden otra posición en relación con la propiedad y el gobierno de la PUCP. Solo hubo silencio.
La única respuesta que recibí es ciertamente correcta, pero no cambia en nada el asunto de fondo. Es cierto que la ley que dio el dictador militar Velasco en 1969 para regular las universidades le reconocía una excepción exclusiva a la Universidad Católica. Se le permitió, para esa fecha, nombrar su rector de acuerdo con el estatuto vigente, el cual incluía al Arzobispado y a la Santa Sede en la decisión. Sin embargo, no excluyó a la PUCP del cumplimiento de ningún otro artículo de la ley y mucho menos el de someterse a la Asamblea como “máximo órgano de gobierno”. La PUCP en 1983, por mandato de la ley en tiempos de Belaúnde –a la que también se sometió la Iglesia al firmar el tratado–, nuevamente realizó una reforma estatutaria que trató de conciliar las disposiciones eclesiásticas con la ley peruana. Debo señalar que por un error consigné solo cuatro universidades privadas para 1969, cuando ya eran doce. Pero la primera universidad particular del Perú fue la PUCP, fundada en 1917. La experiencia nacional en educación superior privada no ha cumplido ni 100 años.
¿Qué es esta Asamblea, causa de las iras santas? El conjunto de profesores, alumnos y representantes de la Iglesia que disponga el estatuto. En el Perú las personas jurídicas se gobiernan a través de sus órganos de gobierno y en cumplimiento de sus estatutos, que vienen a ser su ley interna. Los estatutos definen el nombre, objeto, domicilio, órganos de gobierno, entre otros muchos detalles. En las asociaciones sin fines de lucro, y la PUCP es una, la Asamblea es la única que puede modificar el estatuto. Nadie ajeno a ella puede romper ese pacto social.
El mecanismo de asamblea no permite que una sola persona se haga “dueña” de una colectividad. Este es, creo, el problema central. Los representantes de Arzobispado quieren un poder único de gobierno universitario: el de la Iglesia a través de sus representantes. La PUCP, acogiéndose a la ley peruana, a la que está obligada, no puede, sin caer en la ilegalidad, aceptar esa posición. Tampoco lo puede hacer la Santa Sede porque aceptó someterse a la ley nacional. Por esa razón, el decreto que le quita el nombre a la PUCP no tiene efectos jurídicos en el Perú. Incluso la Cancillería podría protestar por un acto inamistoso de otro Estado que supone el desconocimiento de un tratado.
El genial Carlos Carlín creó un personaje que se llama “la señora Tozzo”, una elegante señora mayor que vive en San Isidro y está llenecita de prejuicios. Además de hacer reír a carcajadas al público por su absoluta desconexión con el país, grita, en medio de su monólogo, “¡Maldito Velasco!”. Su personaje, una caricatura de la realidad, se ha encarnado nuevamente en aquellos que no quieren aceptar que ya pasaron casi cuarenta años y que nuestro país, para bien o para mal, cambió y que, en su momento, ellos aceptaron esos cambios en un tratado.

Fuente: Diarios El Comercio y La República. Sigue leyendo

Crimen y castigo

Sandoval Loza
Por Sandra Condori- Diario Los Andes
Los deudos del exalcalde Cirilo Robles Callomamani tuvieron que esperar ocho largos años para escuchar la sentencia condenatoria contra los responsables de la muerte del exburgomaestre, asesinado cruelmente en abril del año 2004.
Los jueces de la Sala Superior Penal Liquidadora, presidida por Bartolomé Coaila y presidida por Santiago Molina y Juan José Machicao dictaron sentencia contra dos de los principales responsables de la muerte del exalcalde.
Uno de ellos, Alberto Sandoval Loza, fue en ese entonces el teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilave, la que dirigía Robles Callomamani. Sandoval Loza fue condenado a 30 años de prisión efectiva, acusado por el delito de homicidio calificado contra la exautoridad.
Otro de los condenados es Valentín Ramírez Chino, presidente de la Central de Barrios de Ilave, en aquel año, condenado también a 30 años de prisión, acusado de instigación y homicidio calificado.
Alberto Sandoval Loza, cumplirá su sentencia el 14 de enero del año 2042, Valentín Ramírez Chino, cumplirá su condena el 5 de diciembre del 2038
Otros acusados como Saúl Butrón Condori, Edgar Gerónimo Ccama, Ruben Pari Mamani, recibieron cuatro años de pena preventiva de libertad con carácter suspendida. Las otras 30 personas implicadas fueron absueltas de toda culpa. Otros siete acusados no acudieron a la lectura de sentencia, mientras que cuatro se encuentran no habidos por la justicia.
La audiencia se inició a las 11 de la mañana con la asistencia de 24 acusados de un total de 35 que han sido procesados por el linchamiento y muerte del exalcalde Robles Callo Mamani.
LOS HECHOS
En 2004, la población de Ilave promovió una huelga indefinida contra el alcalde Cirilo Robles, acusado de malversación de fondos, nepotismo y otros cargos, que luego serían desestimados tras la intervención que realizara la propia Contraloría General de la República al municipio ilaveño.
Sandoval Loza y Ramírez Chino pusieron a la población contra el alcalde. El 26 de abril, tras enterarse que Cirilo Robles se encontraba en Ilave, la población fue en masa para atacarlo y sacarlo de la vivienda a empellones y golpes.
Por varias horas Robles Callomamani fue obligado a caminar por la ciudad, horas más tarde en la plaza de la localidad falleció a causa de los múltiples golpes que sufrió en diferentes partes del cuerpo.
Desde entonces el juicio se tornó complicado y eterno. El expediente fue enviado a la ciudad de Lima, donde era vista la causa, y años después retornó nuevamente a Puno.
En diciembre del 2010 se dio inicio al Juicio Oral en la ciudad de Puno y después de casi ocho meses se dictó una sentencia condenatoria en contra de los principales acusados de la muerte de Cirilo Robles.
En Puno el proceso tampoco fue fácil. El proceso tuvo que reiniciarse a causa de la recomposición de la Sala que veía la causa. Los magistrados a cargo debieron suspender sus vacaciones para continuar con el juicio.
Alberto Sandoval y Valentín Ramírez serán recluidos en el Penal de Puno (ex Yanamayo) donde purgarán sus condenas.

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Gasoducto Sur Andino

Gasoducto
El vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Alfonso García Miró, indicó que el desarrollo del polo petroquímico y del gasoducto del sur, será una oportunidad histórica de desarrollo económico al plasmarse en múltiples oportunidades de empleo e industria a favor del país.
Mencionó que la empresa privada tiene un papel fundamental en este tipo de proyectos y consideró que el Ejecutivo debe promover también mejores condiciones a favor de las inversiones. “Sin duda que significa una oportunidad histórica (de desarrollo); vamos a reducir los costos de energía en el país, acceso a la educación en mejores condiciones, mejorar la productividad como el agro con la incorporación de la energía, y mejorar la calidad de vida de miles de personas con el uso doméstico del gas”, detalló García Miró.
Destacó que el capital privado, como la empresa KUNTUR, que llevará adelante este proyecto, incrementará los puestos de trabajo en las regiones del sur, debido a la gran demanda de mano de obra que se necesitará para el mismo.
Resaltó que el gobierno del presidente Ollanta Humala está en buen camino al promover este tipo de inversiones en beneficio de la industria del sur, en donde existen altos índices de pobreza y pobreza extrema. “Me parece bien que se desarrollen estos proyectos; hay que impulsarlos, no con recursos públicos sino con los privados. Hay inversionistas que están ansiosos de invertir en el Perú y competir ofreciendo las mejores condiciones al Estado”, destacó el funcionario al indicar que también acrecentará la seguridad energética mediante la masificación del gas natural en el país.
Kuntur eleva costo del Gasoducto Sur Andino
Empresa que estará a cargo del proyecto dice que además del ducto principal habrá un poliducto para llevar líquidos. También hay un encarecimiento en el acero, material para la construcción. El gobierno ha pedido que revalúen los costos.
Por María Eugenia Salas- Diario La República
Cuando se anunció la construcción del Gasoducto Sur Andino (GSA) para transportar el gas de Camisea a las regiones del sur, la inversión bordeaba los mil 500 millones de dólares. El viernes pasado, en la reunión entre congresistas sureños y representantes de Kuntur, empresa a cargo de la construcción del ducto, ese presupuesto varió radicalmente. Para la obra se demanda US$ 5 mil 616 millones.
A la reunión con los congresistas sureños asistieron Enrique Ventura, director del proyecto; Ricardo Campins, director de Planeamiento, y Ricardo Andrade, gerente de Imagen de la empresa.
Campins explicó que en 2009 se delineó un trazo que partía desde los pozos de Camisea. Recorría Cusco, Puno, Arequipa y terminaba en Ilo-Moquegua. Sin embargo, ese proyecto solo consideraba un ducto para trasladar gas natural compuesto por etano y metano. Ambos sirven de insumos para la generación de energía eléctrica y las plantas petroquímicas que fabrican fertilizantes, plásticos, etc.
El nuevo proyecto consigna otra cañería. Un poliducto que transporta líquidos: propano, butano y otros que entre otras cosas permiten fabricar combustibles para consumo doméstico y vehicular.
Además de la doble cañería, en el tubo del gas natural se produjo variaciones en el tamaño. En el proyecto inicial se pretendió hacer uno con dimensiones distintas en los distintos tramos. En unos el diámetro tenía 32 pulgadas, en otros 24 y 18. Con la propuesta había capacidad para trasladar 595 millones de pies cúbicos (MMPC) de gas por día.
Kuntur hizo reajustes en el proyecto. El ducto principal tendrá 30 pulgadas en todo el recorrido. Mientras que el poliducto será de 18 pulgadas. Campins explicó que el aumento de la capacidad del ducto incrementará en 76% el volumen la capacidad de transporte de gas. El nuevo ducto homogéneo puede conducir hasta 1,050 MMPC, mientras que el poliducto llevará hasta 120 mil barriles diarios de líquidos.
Campins remarcó que los dos ductos requerirán 68% más de acero. Subrayó que este material sufrió un incremento de más del 39% en sus precios. El funcionario precisó que la obra debía ejecutarse con el máximo cuidado y garantía para evitar derrames que provoquen accidentes. Indicó que conforme avanzaron con los estudios, Kuntur descubrió la necesidad de hacer ajustes de ingeniería de acuerdo a los tramos (líneas férreas, ríos y otros).
Instalar el tubo principal cuesta US$ 3,047 millones. A eso debe añadirse los US$ 1,713 millones del poliducto. Con el 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV) la cuenta suma US$ 5,616 millones.
GASODUCTO SUR ANDINO
Kuntur firmó el contrato de concesión con el gobierno para hacer el GSA en octubre de 2008. En junio de 2011 le aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Ante los legisladores del sur, Campins reiteró el compromiso de conseguir el financiamiento para las dos piezas del proyecto (gasoducto y poliducto). La aprobación del EIA autoriza a Kuntur a ejecutar el trazo a lo largo de más de mil kilómetros para dos ductos: gas y líquidos. Los ramales llegarán a Quillabamba, Juliaca, Matarani, Ilo y Tacna.
Sin embargo, advirtió que para ello se necesita firmar una adenda con el gobierno. En ésta se debe autorizar a Kuntur el traslado de los líquidos de gas. No estaban consignados en el primer contrato.
Los cambios deben considerar la separación de los líquidos y el gas para transportarlos por ductos independientes. También se considera el ramal que debe extenderse hasta Tacna. En el proyecto inicial solo llegaba hasta Moquegua.
Asimismo se necesita una certificación de las reservas de los lotes 57 y 58. Este trámite determinará la cantidad de gas que hay en esos yacimientos. Es clave para solicitar el préstamo bancario. El representante de Kuntur calificó el proyecto como integral. Apunta al desarrollo de un polo petroquímico e incrementará la generación eléctrica. De igual forma, el consumo doméstico, vehicular e industrial, es decir la masificación del combustible barato.
SEGURIDAD ENERGÉTICA
El funcionario también destacó que el Gasoducto Sur Andino contribuye a la seguridad energética del país.
Explicó que el único gasoducto existente en el país pertenece a TGP (Transportadora de Gas del Perú).
Conduce el combustible de Camisea a Lima. Ese tubo hace posible la generación de más del 40% de energía que consume el país. Eso refleja una alta vulnerabilidad. En caso de accidente habría un desabastecimiento de energía.
Ante ello, Campins resaltó que el trazo de Kuntur intercepta el gasoducto de TGP. Podría abastecerlo de presentarse una emergencia.
También indicó que TGP tiene previsto un nuevo tubo para transportar más gas a Lima. Sin embargo, las obras están postergadas por la falta de la licencia social. “Tiene retraso de más de un año. Por eso no se puede traer más a Lima y generar energía”.
RESERVAS DE GAS
Otro de los temas en discusión son las reservas para sacar adelante el proyecto. El gasoducto del sur trabajará con recursos de los lotes 57 y 58. Hasta la fecha, Repsol a cargo del 57 y Petrobras del 58, avanzan con la certificación de las reservas. El Gasoducto Sur Andino tendrá 2 trillones de pies cúbicos (TCF) de ambos y un trillón adicional del lote 88.
Los trabajos de exploración y perforación continúan. Kuntur tiene expectativas de reservas que oscilen entre 7 y 12 TCF para justificar su inversión. Para algunos analistas, este proyecto está herido de muerte. El gobierno ya no financiará con un crédito puente el primer tramo del proyecto. Y ahora impulsa un etanoducto al sur que le quita rentabilidad. En ese sentido, el congresista cusqueño, Rubén Coa Aguilar, presentó la moción de orden del día 4156, donde entre otras cosas solicita que el Ministerio de Energía y Minas ordene una auditoría internacional a fin de determinar las reservas de gas natural en los lotes 57, 58 y 88.
Además solicitar al Ejecutivo que los 2.5 TCF de las reservas probadas en el lote 88, se destinen en forma exclusiva al proyecto del Gasoducto Sur Andino. También plantea que se reconsidere el proyecto a cargo de Kuntur, a fin de establecer un orden de prioridad que debe estar encabezado por atender el consumo doméstico, en segundo orden el uso vehicular y en tercera línea el uso industrial del gas natural.
Otro de los puntos es la exhortación al Ejecutivo para que cumpla su compromiso de instalar una planta de fraccionamiento de los líquidos de gas natural en Kepashiato que permitan abastecer de Gas Licuado de Petróleo al sur del país, como parte de la política inclusiva de masificación del uso del gas natural.
Kuntur cree que nuevo ducto al sur le quita rentabilidad
En el mensaje presidencial del 28 de julio pasado, el presidente Humala anunció un ducto para trasladar etano de Pisco al sur. Sobre el proyecto de ley oficializado el 10 de agosto, Campins indicó que “falta mucha información” para entender de qué forma este proyecto se complementa con el Gasoducto Sur Andino.
Tampoco respondió si el proyecto del Ejecutivo compite con el suyo. Sin embargo, aclaró que la idea del Gasoducto Sur Andino fue planteada en base a una única planta petroquímica en el sur. Al existir dos ductos, “quizá pudiera obligarnos a repensar el proyecto”.
Añadió que es innegable que lo mejor en términos de rentabilidad sería un solo ducto. “Estamos tratando de entender los esquemas. Nos falta mucha información”, insistió. La posición de Kuntur desbarata los alcances del ministro de Energía, Jorge Merino. Este aseguró que Kuntur estaba al tanto de todo. Incluso indicaron que la propuesta del gasoducto no corresponde a la primera etapa del GSA como remarcó Merino en Arequipa.
Petroquímica demanda volumen
Opina Pedro Gamio- Ex viceministro MEM
“La implementación de una petroquímica de etano exige mucho volumen de gas. Hay que tener entre mil y 1,500 millones de pies cúbicos por día.
Como país se debe pensar en tener un gran proyecto de petroquímica, independientemente de dónde se haga.
El Perú debería promover la industrialización del etano en un solo proyecto, donde se procese el etano disponible de todos los lotes.
Ahora hay mucho desconcierto, se necesita una definición clara de qué es lo que pretende hacer el gobierno con el etano.
El gas natural peruano tiene una presencia de etano que puede llegar a 10%. La industrialización a través de la petroquímica permite obtener más de dos mil tipos de plásticos”.

Fuente: Diario La República y Agencia ANDINA de Noticias. Sigue leyendo

Transferencia de acciones es nula

Coludido
Tanto Ulises Humala como la empresa Krasny del Perú aseguran que el 25% de las acciones que le correspondían a Alexis Humala fue vendido poco antes de que su hermano asumiera el poder. Sin embargo, esta transacción sería nula por no haber sido registrada en Registros Públicos.
Manuel Espinoza, abogado corporativo, consideró que Alexis Humala todavía es socio de la empresa por tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada. “Dicha transferencia es nula. No está conforme a la norma y no es válida”, sostuvo para el noticiero “América Noticias”.
Según el reportaje del programa de TV “Panorama” que hizo público el caso, Registros Públicos todavía consigna a Alexis Humala como socio Carlos Quiñe, gerente de la empresa que desde agosto del 2011 se adjudicó contratos por más de S/.920 mil.
Alexis Humala negó que Krasny del Perú “se haya beneficiado con el gobierno actual”, a pesar de los contratos publicados por diversos medios de comunicación.
“El primer ministro está alentando el cargamontón, estoy seguro que mi hermano no lo ha enviado. Con la denuncia en mi contra quieren encubrir verdaderos actos de corrupción”, señaló al semanario Hildebrandt en sus trece.
“La empresa no se ha beneficiado con este gobierno, años atrás vendía más al Estado”, sostuvo tras negar que él sea un aprovechado:
“Nunca he intercedido por mi empresa. Soy un empresario que frecuenta cafés y el aeropuerto”, señaló.
Consultado sobre de dónde proviene la denuncia, Alexis Humala dijo no saber de quién específicamente nace la idea de acusarlo, pero dijo comprender que se trata de “juegos de poder”: “No tengo cabeza para pensar quien está detrás de la denuncia. Forma parte de los juegos de poder. Me parece sospechoso que el primer ministro llame al canal apenas salió la denuncia. ¿por qué no llamó al otro canal donde destaparon las irregularidades de Pension 65? ¿por qué llama cuando se trata de montos tan pequeños?”, cuestionó al semanario.
El menor de los Humala Tasso no le dio a la revista los documentos de su transferencia de acciones, “pues se trata de un documento interno”, no obstante, sí señaló estar dispuesto a acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso en caso ésta decida citarlo.
DEFIENDE A NADINE
En otro momento dijo no estar de acuerdo con las duras palabras de su padre Don Isaac Humala contra la primera Dama, Nadine Heredia: “No coincido con mi padre, Nadine no es una borrachita del poder. Como esposa es un buen apoyo. Yo me llevo bien con mi cuñada”, aseveró.
NO APROVECHA LA SANGRE
En otro momento, Alexis Humala negó venirse aprovechando de su calidad de hermano del Presidente para hacer negocios. Dijo haber visitado por última vez a su hermano en Palacio.
“Hablamos temas familiares, de la salud de Antauro”, reveló.
Finalmente sobre su polémico viaje a Rusia, que le costó varios puntos de aprobación a su hermano presidente, Alexis reiteró que no se trató de algo planificado sino que “nació del momento”.
Fuente: Diarios El Comercio y La República.
La Bancada de Isaac Humala
El jefe de una oposición que llama “pobre diablo” al Premier y “borrachita de poder” a la primera dama.
Isaac Humala: “Entre morirme tranquilo y un cataclismo, pagaría por ver el cataclismo”.
Las pitadas al cigarrillo, siempre. Las pesadas bolsas en los ojos. Los cuchillazos repartidos sin alteración en la voz.
¿Qué puede hacer el Presidente para taparle la boca a su padre? ¿Para evitar que el New York Times y la revista Time dejen de reparar en ese circo de los horrores que es su familia?
“El Perú es un país de ladrones”, sentencia el taita para restarle importancia al nuevo lío de su hijo Alexis.
Y varias de sus declaraciones ya ni siquiera tienen sentido. Especuló que Alexis pudiera estar secuestrado y por eso no salía a dar la cara.
“Esta empresa es de 2001. Tiene 11 años”, calculó sobre Krasny Perú, que licitaba suministros médicos con el Estado.
Mauricio Mulder dice que lo suyo pasa de lo político a lo psiquiátrico.
La consanguinidad que aquí minimiza para hacer negocios lo es todo en su concepción aristócrata de la política. Su decepción es tan profunda porque el plan probeta concebía presidentes intercambiables con su apellido. Si Ollanta fracasa, Antauro lo puede relevar, le dijo hace algunos días a la agencia AFP.
“Estaba concebido así antes que nacieran”.
Luego de la reacción del gobierno frente al caso de Alexis, calificó a Ollanta de “Al Capone peruano”. A la primera dama le increpó por estar “borrachita de poder” y gustarle “el dinero como caramelo”.
Los epítetos fueron graneados para el premier Juan Jiménez, al día siguiente de su presentación en el Congreso.
“¿Dónde está Juan Jiménez?”, se preguntó luego que éste anunciara la investigación a Alexis. “Es un miserable, un pobre diablo que ni siquiera sabe bien de derecho. Ya habrá tiempo para que yo lo desenmascare. Es un pendejo”.
Habla del jefe de gobierno de su hijo mayor, el Presidente.
Don Isaac podría haber sido el congresista más soez de la oposición durante la presentación del gabinete el lunes 20, y eso que no falta competencia. Pero la verdad es que cumple un triste papel como vocero de su bancada disfuncional.
EL DISCURSO DEL PREMIER
Jiménez fue una de las víctimas del efecto Alexis. La noche anterior a su intervención los programas dominicales sirvieron una bandeja de denuncias que justo en ese momento fueron bocatto di cardenale para la oposición.
En el Parlamento parecía que la audiencia se había equivocado de cine.
El tono del discurso del premier estuvo en la línea de lo esperado a partir de sus intervenciones anteriores. Marcaron la pauta la inspiración en los principios republicanos, la austeridad del Estado y el homenaje a los otrora “concertadores” que pasaron por el hemiciclo.
Sus menciones iniciales en el discurso de 47 folios incluyeron a Ramiro Prialé, Fernando Belaunde, Víctor Raúl Haya de la Torre, Roberto Ramírez del Villar, Alfonso Barrantes y Valentín Paniagua.
Jiménez, como se lee más abajo, también puso la valla alta en sus anuncios sectoriales.
Pero luego los congresistas se enfrascaron en un interminable debate –realmente inacabable, casi en la marca de las doce horas– que abundó en insultos y volvió a poner de relieve durante varios momentos el bajo nivel parlamentario. La calistenia democrática también recordó los vicios que se le achacan al Legislativo.
La denuncia del programa Panorama sobre compras públicas a la empresa del hermano del Presidente, inscrita en el registro de proveedores del Estado aunque lo impida la ley, reencausó el debate.
Simultáneamente el programa Cuarto Poder en canal 4 puso al descubierto la filtración en el programa Pensión 65, insignia del Presidente. El suegro del alcalde beneficiado en Supe, Barranca, confesó que la pensión recibida le “ayudaba a pagar el cable”. El fujimorismo ya pide se interpele a la ministra de Inclusión Social, Carolina Trivelli.
Ambas denuncias dieron en el blanco en dos frentes muy sensibles para Ollanta Humala: El gran dolor de cabeza que es su familia y la bandera política de los programas sociales.
Importante si se toma en cuenta que Humala ve cada vez más erosionada su base electoral original. Tiene un 40% de popularidad según la última encuesta de Ipsos-Apoyo, pero si se dispara al 54% en el sector socioeconómico A, baja a 35% en el E.
El martes 21, Jiménez y el alcalde de Trujillo César Acuña, que preside la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), pidieron no “deslegitimar o destruir” un programa que funciona a partir de unos casos de filtración descubiertos en un distrito.
Fueron indudables golpes al plexo presidencial, que se sumaron a otras denuncias televisivas sobre el lamentable estado de la tropa policial en el VRAEM.
Pero como suele ocurrir en la correa de transmisión de los medios limeños, los escandalillos de sangre (familiar, entiéndase) y pequeñas corruptelas disminuyen muertes como las de los 5 efectivos del Ejército emboscados por narcoterroristas la semana pasada en Mazángaro (ver más).
SEGURIDAD ARRIBA
El discurso de Jiménez puso el acento en la reforma del sector Seguridad y Defensa. Fue esa la primera de las diez prioridades que delineó en su discurso y ocupó una cuarta parte de toda la intervención.
El Primer Ministro subrayó que, al no arribar a consenso, al Ejecutivo no le fueron otorgadas las facultades legislativas en materia de Seguridad Ciudadana. Anunció en cambio que en breve será remitido el paquete de modificaciones legislativas y esperó que “sea atendido con la premura y urgencia que se requiere”.
Destacó los próximos proyectos de ley contra la criminalidad organizada, la que perfecciona la reiteración y reincidencia en delitos menores, la de interoperatividad de las agencias de control penal, la de creación del Registro Público de violadores sexuales y pedófilos, la de negacionismo (a la manera alemana, “penalizaremos a aquellos que buscan intervenir en la vida política del país sobre la base de negar la barbarie terrorista que vivió el país”), la de juzgamiento por excesos en el ámbito de la protesta y la de eficacia a la persecución del delito bajo el nuevo Código Procesal Penal.
En el ámbito policial detalló el fortalecimiento de las comisarías y “la compra más grande que se ha hecho en años” en materia de equipamiento: desde patrulleros inteligentes hasta cuatro helicópteros para reaccionar de inmediato ante eventos criminales. Esto último tiene una inversión asegurada de S/. 93 millones y la compra de chalecos antibalas y equipos antimotines por otros S/.30 millones.
La tecnología de vanguardia es siempre una promesa seductora en materia de lucha contra el crimen. El espejismo hi-tech disimuló el pesado fardo que carga el Ejecutivo con la reforma salarial de policías y militares, materia de facultades delegadas solicitada por el Ejecutivo y cuyo plazo vence en la primera quincena de noviembre.
Wilfredo Pedraza es el cuarto ministro del Interior en los primeros 12 meses de gobierno. El Ejecutivo pretende una reforma vasta y ambiciosa en un sector sensible pero cuyo despacho está tan movido como maraca de brujo.
El Primer Ministro fue particularmente severo con el Poder Judicial. “Señores jueces, señores fiscales, más esfuerzo, más interés por los problemas del país”, reclamó. Jiménez recordó que en los últimos seis años se le ha duplicado el presupuesto al Poder Judicial.
Dejó la sensación de hacer leña del árbol caído del Poder Judicial, que tiene 18% de aprobación según la última encuesta de Apoyo pero cuyo presidente es César San Martín, magistrado de trayectoria singularmente proba al que el gobierno debería apoyar con mayor energía si de fortalecer la democracia se trata. Esto se añade a la reciente y notoria ausencia de Humala durante la celebración del Día del Juez (CARETAS 2244). Desde el Ejecutivo siempre es fácil pretender crecer a partir de las miserias de los otros dos poderes, pero la última semana recuerda que los titulares dan muchas vueltas.
El nivel de detalle no se mantuvo en lo referente a las Fuerzas Armadas. Jiménez remarcó el esfuerzo para mejorar el trabajo de Inteligencia en el VRAEM (“por su propia naturaleza es una labor paciente y silenciosa”) y que, mientras se afina la anunciada Central de Compras que acelere los procesos, se mejorarán las condiciones de las instalaciones en las zonas de combate.
Y todavía menos elaboración hubo en materia de conflictos sociales. Como ocurrió el 28 de julio, la palabra Conga no se pronunció y el Premier se limitó a explicar la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.
Así, aunque no dejó de tener pasajes muy interesantes, “picó” sobre los cambios en las relaciones con las empresas extractivas, las reformas del servicio civil y la educación (ver desmenuzado presupuestal en Mar de Fondo), la aceleración de la inversión (con US$10 mil millones en proyectos de Asociaciones Público Privadas hasta el 2013) y el “vasto programa de inversiones” en el sector Transporte y Comunicaciones (con S/.286 millones en carreteras del VRAEM de aquí a fin de año).
Para el final dejó la controversia de La Haya y reconoció que entra en una “etapa crucial”. Se trata de uno de los temas de fondo que marcará al país de aquí al próximo año. Otro es la potencialmente grave crisis energética que puede experimentar el país con el gasoducto de Camisea a tope, y las obras de ampliación paralizadas desde el secuestro de trabajadores por parte de los narcosenderistas Quispe Palomino en abril. Sobre aquello el Premier no pronunció palabra. Ahí se vuelve a recordar la gravedad de amenazas más silenciosas que la familia del Presidente.
Fuente: Revista CARETAS.

Gregoro

78% y 83%: una oposición rotunda
Por Santiago Pedraglio-Perú21
Después de esos resultados, es no solo un error sino una majadería considerar que la oposición, en esa zona, tiene como gestor al presidente del gobierno regional, Gregorio Santos.
Es importante considerar no solo que 78% de la región rechaza el proyecto minero Conga, sino que, en el ámbito rural, el porcentaje asciende a 83%.
Incluso, cuando 36% de cajamarquinos dicen que podrían cambiar de opinión si se cumplieran ciertos requisitos muy estrictos, sigue habiendo 42% que está en contra “y nada me hará cambiar de opinión”.
Algo más: cuando se pregunta cuál es el principal problema de la región, el orden de importancia es, primero, la contaminación del medio ambiente y, luego, la falta de agua. El problema, entonces, no solo se reduce a Conga. Esta percepción se confirma cuando, ante la pregunta sobre las actividades económicas que “contribuyen mucho” al desarrollo de la región, los cajamarquinos son muy claros: la agricultura y la ganadería (ambas con 30%) son, de lejos, las mejor apreciadas.
La minería ocupa el quinto lugar después de –además de las mencionadas– el turismo y el comercio (le gana apenas a la industria, que en Cajamarca existe en muy pequeña escala). Visto desde otro ángulo, solo 18% considera que la minería contribuye “mucho” (5%) y “bastante” (13%), mientras que 81% opina que contribuye “poco” (31%), “nada” (23%) o que “perjudica” (27%).
No basta, pues, con sostener que “Yanacocha tiene dos años para asegurar el agua en Cajamarca”, tal como ha dicho el presidente Ollanta Humala.
El Gobierno Central está obligado a ser representante y defensor de los ciudadanos; y, por ello, a garantizar la atención de sus demandas: contra la contaminación del medio ambiente (40%), contra la falta de agua (12%) y contra la pobreza (9%).

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Newmont

Newmont

Richard O’Brien, presidente ejecutivo de Newmont, empresa que posee la mayoría de acciones en Yanacocha, reconoció que actualmente no existen las condiciones para el desarrollo del proyecto minero Conga, por lo que “se necesitan hacer cambios significativos”.
En entrevista con Dow Jones Newswires, O’Brien indicó que para ejecutar el yacimiento ubicado en Cajamarca debe existir un entorno favorable. “En este momento no vemos ese ambiente en Conga. Tomará un tiempo significativo para que eso suceda”, agregó.
Admitió, además, que la compañía probablemente midió mal el impacto que tendría Conga en las poblaciones adyacentes al proyecto. “Creo que algunas comunidades se sintieron algo marginadas. Les puedo asegurar que no lo hicimos intencionalmente”, afirmó.
El ejecutivo recalcó también la necesidad de tener un entorno exitoso para concretar este ambicioso proyecto.
“Lo que yo diría es que hay que ser capaz de obtener más apoyo de un área más grande para que esto vaya adelante, y lo más importante es que tenemos que ver un vínculo estrecho entre el Gobierno Central del presidente Ollanta Humala, el gobierno regional de Cajamarca (presidido por Gregorio Santos) y la compañía para asegurar que tenemos un entorno exitoso, no uno en el cual se encuentran fallas entre uno y otro”, añadió.
O’Brien reiteró que el desarrollo del yacimiento solo seguirá adelante después de que los suministros de agua estén asegurados.
“La construcción de los reservorios probablemente irán hasta bien entrado el 2013. La ejecución de la mina podría comenzar el 2014, pero solo si las condiciones son adecuadas, ya que reveses en esta etapa serían costosos”, puntualizó.
Los antimineros y grupos radicales convocaron un paro en Cajamarca, pero la mayoría de la población no apoyó la medida de fuerza.

Fuente: Perú21. Sigue leyendo

Jesuitas

Miguel Cruzado SJ
El padre Miguel Cruzado Silveri SJ, superior provincial de la Compañía de Jesús en Perú, emitió una carta respecto al conflicto entre la jerarquía eclesiástica y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), destacando su confianza en que sí es posible reanudar el diálogo y encontrar una solución común entre ambas instituciones.
En una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el provincial de los jesuitas peruanos hace un recuento de la presencia de éstos en la PUCP desde su fundación.
Manifestó que aunque la PUCP no es una universidad jesuita, los religiosos han trabajado en ella desde su creación, contando con dos renombrados intelectuales como rectores: el Padre Rubén Vargas Ugarte SJ y el Padre Felipe Mac Gregor SJ.
Cruzado afirmó que es con base en el conocimiento que tienen por su participación en la vida académica y pastoral de la PUCP que se sienten capaces de transmitir a los pastores de la Iglesia peruana su deseo de lograr una solución a dicho conflicto.
En la misiva, de cinco páginas, dijo que los jesuitas no desconocen que dentro de la PUCP haya dificultades y voces discrepantes, situación que, según señala, es propia de una institución universitaria.
Aseguró que lo que más le preocupa es la situación de los jóvenes.
Un acuerdo, señaló en la misiva, significaría un ejemplo evidente de que siempre es posible conciliar posturas que parecían irreconciliables.
“La Iglesia en Perú podría revertir la imagen creada y ofrecer a la sociedad un signo orientador, para resolver conflictos de toda índole sobre la base del diálogo y la paz”, apuntó.
La carta invoca, finalmente, no agudizar los enfrentamientos, “sino respetar la libertad en las dudas y en materias opinables, unirnos en lo esencial y guiarnos en todo por la caridad”.
Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi SJ
En carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Salvador Piñeiro, el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, criticó el respaldo de los obispos al cardenal Luis Cipriani en el litigio con la Universidad Católica.
“Ustedes no solo han hecho causa común con el arzobispo de Lima, sino que han asumido su problema y sus intereses como propios de la CEP”, dice Bambarén. Agrega que hechos como este hacen que “fieles se sientan decepcionados de sus obispos”.
Mediante comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana respaldó a Cipriani ante “las infundadas acusaciones y agravios que ha recibido” y exhortó a “las autoridades de la Católica a que acojan lo dispuesto por el papa Benedicto XVI y adecúen los estatutos universitarios a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae”.
Para Bambarén, un problema local, entre Cipriani y la PUCP, ha pasado a ser de la Iglesia. Dijo que los obispos actuaron como legisladores y no como pastores de Cristo.

Fuente: Agencia ANDINA de Noticias y Diario La República. Sigue leyendo