Archivo del Autor: Víctor Raúl Nomberto Bazán

Chile contra Escazú

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PLANTEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE CHILE RESPECTO AL ACUERDO DE ESCAZÚ
El “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, “Acuerdo de Escazú” en adelante “el Acuerdo” es un tratado internacional de Derechos Humanos referido a derechos de acceso en materia ambiental.
El Tratado no entrará en vigencia hasta que consiga la ratificación de al menos 11 países de América latina y el Caribe, situación que, a la fecha, aún no se materializa. En todo caso el Acuerdo dispone que los Estados pueden manifestar su consentimiento en obligarse, con posterioridad, en cualquier fecha mediante el mecanismo de la adhesión.
Con fecha 4 de octubre de 2018, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado de prensa conjunto, indicando las razones fundamentales por las que el país decidió “efectuar un análisis más profundo del Acuerdo”. Considerando el tenor del texto finalmente adoptado.
En el comunicado se plantearon los siguientes aspectos: – La institucionalidad existente para la protección del medio ambiente en Chile y su relación con Escazú; – El alcance y efecto que tienen los mecanismos que contempla el Acuerdo de Escazú a la hora de resolver controversias de carácter internacional y su implicancia interna.
A la luz del análisis realizado, corresponde reafirmar que Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia. Compartimos plenamente la gran relevancia de la participación ciudadana, la transparencia y la justicia ambiental para el avance a un desarrollo sustentable. Así, nuestro país ha sido pionero en incorporar a nivel legal las temáticas planteadas por el Acuerdo, que incluye normas sobre participación, información y acceso a la justicia. En efecto, a partir del ingreso del país a la OCDE, Chile modificó su legislación en materia de acceso a la información, así como toda su institucionalidad ambiental, destacando principalmente la creación de los tribunales ambientales el año 2012, una jurisdicción especializada en la materia.
Sin embargo y desde un punto de vista técnico, el Acuerdo contiene normas que, conforme a su tenor literal, podrían ser eventualmente interpretadas como autoejecutables, y otras que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, generan o podrían generar debate sobre su aplicación en virtud del control de convencionalidad. En efecto la aplicación de los principios, definiciones y disposiciones generales del Acuerdo sumado a su carácter supra legal, abre una incertidumbre grave respecto a la normativa de fondo aplicable.
En este sentido, el Gobierno de Chile considera inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica. Además, el Acuerdo expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones. Finalmente, hay que agregar que el Tratado no admite reservas y que establece diversas obligaciones ambiguas para el Estado de muy compleja implementación.
Las razones o motivos antes señalados pueden agruparse en las siguientes categorías: (i) El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental. (ii) El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica. (iii) El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento. (iv) El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
I.El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental
El artículo 3° del Acuerdo establece una serie de principios que guiarán su implementación. Desde un punto de vista ambiental y en cuanto a su aplicación, en Chile existen tres tipos de principios: (i) Principios de aplicación indirecta: aquellos mencionados en el Mensaje de la Ley 19.300 y que inspiraron y se manifiestan en distintos instrumentos de gestión ambiental. (ii) Principios de aplicación directa: aquellos que están consagrados directamente en nuestra legislación, como por ejemplo en la materia específica de residuos a través de la Ley N° 20.920. (iii) Principios que podrían aplicarse frente a vacíos legales: corresponden a principios no reconocidos en nuestro ordenamiento y que pertenecen al ámbito internacional y que el juez podría aplicar con el objeto de resolver vacíos legales, en aplicación del artículo 76 de la Constitución, “…reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión”.
Ahora bien, el problema radica cuándo principios del ámbito internacional pudieran aplicarse interpretativamente contra ley o en contradicción con ciertas instituciones ambientales u otros principios ambientales reconocidos en forma indirecta o directa por nuestra legislación. En este sentido, de suscribirse el Acuerdo y dado su carácter supralegal, estos principios declarados, pero no definidos en Escazú, pasarían a tener una jerarquía superior, modificando los principios reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y condicionando el mismo.
El hecho de que el Acuerdo no defina los principios propuestos como guía para la implementación del mismo, significa una incertidumbre y un problema interpretativo y de aplicación, que, en un tratado supra legal, tiene consecuencias difíciles de predecir, especialmente si la definición de los principios va a ser precisada a través de futuras Conferencias de Estados Partes del Acuerdo, quedando por tanto abierto el tema a futuras definiciones.
Por último, el artículo 4.8 del Acuerdo, establece que “en la implementación del presente Acuerdo, cada Parte avanzará en la adopción de la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los derechos de acceso”, criterio interpretativo que debiera seguir cada Parte y la Conferencia de las Partes en la aplicación y definición de los señalados principios, todo lo cual condicionará toda nuestra legislación ambiental y su interpretación. En conclusión, el hecho de que el Acuerdo no defina los principios propuestos como guía para su implementación en un tratado supra legal, genera gran incertidumbre y, un problema interpretativo y de aplicación concreta, con consecuencias difíciles de predecir.
II. El Acuerdo implica cambios en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica
1.Inconsistencia de la definición legal de la garantía constitucional del Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de Contaminación (Art. 1° del Acuerdo).
1.El artículo 1° del Acuerdo establece como finalidad y uno de los objetos del tratado, la “protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano …”.
Dicho derecho es diferente al establecido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución “Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, el cual está basado en un análisis de riesgo de aquello que podría ser peligroso para las personas (los contaminantes). Es más, de conformidad a la discusión que se produjo en la sesión 186 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, se acordó justamente modificar la versión original, que hablaba del derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, eliminando la palabra “toda” y apuntando así a evitar riesgos peligrosos. Con todo, fue la ley 19.300 la que finalmente definió “Medio Ambiente Libre de Contaminación”1, como “Aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental” (énfasis agregados). De esta forma, la garantía constitucional y su definición legal, podrían considerarse como la viga maestra de nuestra legislación ambiental, y a la cual han de supeditarse toda la normativa y los instrumentos de gestión ambiental.
Así, la definición legal de la garantía constitucional apunta entonces a evitar aquellos riesgos peligrosos de contaminantes, cuestión distinta a garantizar un medio ambiente sano, concepto no definido en el Acuerdo y de amplia discusión internacional, lo que podría llegar a interpretarse como una nueva obligación completamente distinta para el Estado, modificándose, por tanto, un pilar clave en nuestra legislación.
2. La autoejecutabilidad del Acuerdo y su carácter supra-legal, significarán cambios relevantes en las evaluaciones ambientales de proyectos, generándose por tanto incertidumbres, conflictos y judicializaciones relacionadas con la normativa a aplicar (Art. 7.2 del Acuerdo).
El artículo 7, en particular, el 7.2 contiene, a nuestro juicio, una norma de carácter autoejecutable.
Esta autoejecutabilidad de la norma, como hemos señalado, dado su carácter vinculante y supralegal, podrían llevar a que los tribunales de justicia hagan prevalecer el Acuerdo por sobre la legislación doméstica, lo que trae consigo graves situaciones de incerteza jurídica.
De esta manera, el problema radica en la autoejecutabilidad de la norma, su control de convencionalidad y la ambigüedad que la misma genera en caso de aplicarse, y no por el contrario, en el hecho de avanzar en la participación ciudadana, como ya ha propuesto el gobierno en un proyecto de ley que establece reglas claras. En el caso de la legislación chilena, los proyectos se evalúan a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual distingue entre proyectos que se evalúan a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuando existen impactos significativos, o a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuando no se generan dichos impactos significativos. Las DIAs, por regla general, no contemplan participación ciudadana, salvo en las denominadas “DIAs con carga ambiental”, esto es, aquellas que generan externalidades ambientales negativas a nivel local y un beneficio social.
Además, el artículo señalado menciona la exigencia de la participación “en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente…”, lo cual por tanto y dado el carácter de autoejecutabilidad de la norma en referencia, haría directamente exigible dicha participación en procedimientos y permisos sectoriales respecto a proyectos que de acuerdo a nuestra actual legislación ambiental y las tipologías y umbrales establecidos en el artículo 10 de la Ley 19.300 y artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no son evaluados ambientalmente, sin que hoy, nadie pueda afirmar con claridad, a que procesos podría hacerse extensiva esta materia.
Finalmente, no es claro qué significa “participación del público”, que en la reglamentación chilena3 corresponde básicamente al derecho a acceder y conocer el expediente ambiental y a formular observaciones y a obtener respuesta fundada. En el texto del Acuerdo, el artículo 7.7 señala una cuestión diferente, ya que establece que “la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación”, cuestión que podría dar para diversas interpretaciones.
En definitiva, el Gobierno de Chile promueve la participación ciudadana y, de hecho, presentó un proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ampliando la participación ciudadana a todas las DIAs 4. Sin embargo, la técnica del Acuerdo y, en consecuencia, la aplicación de estas normas autoejecutables, llevarán inevitablemente a conflictos y judicializaciones relacionadas con la normativa a aplicar.
3. Incerteza respecto de la inclusión de participación ciudadana en procesos de tomas de decisiones ambientales que no se refieran a proyectos o actividades, por efecto de la autoejecutabilidad. (Art. 7.3 del Acuerdo).
Ahora bien, el artículo 7.3 utiliza un verbo rector diferente al artículo señalado en el acápite anterior, sin embargo y dada la indefinición de los principios y la interpretación armónica del Acuerdo, es altamente probable que esta norma (artículo 7.3) del Acuerdo adquiera un carácter autoejecutable.
De esta forma, y a la luz de las definiciones, principios y disposiciones generales, se podría extender la participación ciudadana a todo el proceso de toma de decisiones dentro del Estado en materia ambiental, lo cual podría ir más allá de las competencias del Ministerio del Medio Ambiente, como por ejemplo, en tiempos de escasez hídrica, la necesidad de contar con agua es clave y podría, dada la indefinición del Acuerdo, exigirse etapas de participación en las solicitudes de agua potable rural (APR).
Nuevamente, el problema no radica en más y mejor participación, sino en la indefinición del Acuerdo y la incerteza que introduce, en cuanto la técnica de la norma no permite tener la claridad sobre las materias que deban tener participación abriendo espacios de judicialización masiva sobre todo tipo de decisiones administrativas.
4. Legitimación amplia, directa y que incluye las omisiones, en el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Art. 8 del Acuerdo). El Acuerdo en su artículo 8.2 establece que “Cada Parte, en el marco de su legislación nacional, ha de asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y al procedimiento: (a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental. (b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; (c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa el medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente”.
Por otra parte, el artículo 8.3 establece que “Cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con: c) Legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional”.
Sin perjuicio de que los artículos mencionan “en el marco de su legislación nacional” y “de conformidad a la legislación nacional”, tal como están redactados y de conformidad con una interpretación amplia basada en los principios, definiciones y disposiciones generales del Acuerdo, y dado el carácter supra-legal del mismo, se podría dar una discusión sobre su autoejecutabilidad en sede judicial, lo cual podría alterar nuestra legislación, especialmente la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, básicamente en tres aspectos: (i) El régimen general chileno es que las distintas acciones ambientales no corresponden a acciones populares, sino que la respectiva legitimación activa está establecida expresamente dependiendo de cada situación o acto administrativo ambiental. Así, en el daño ambiental, el artículo 54 de la Ley 19.300 establece que pueden demandar el Consejo de Defensa del Estado, el municipio respectivo y las personas que hayan sufrido el daño. Respecto al recurso de protección ambiental (art. 20 de la Constitución), puede recurrir el “afectado”. En relación a las reclamaciones normativas (art. 50 ley 19.300), las pueden interponer aquellos respecto a los que la norma genere un “perjuicio”5. Finalmente, las reclamaciones relacionadas con calificaciones ambientales de proyectos, previo agotamiento de la vía administrativa, las pueden interponer los titulares o aquellos que formularon observaciones. 6 Desde el punto de vista de la Ley 20.600, el artículo 17 establece taxativamente las materias de competencia del tribunal, y el artículo 18 la legitimación activa en relación a cada tipo de reclamación o acción (caso del daño ambiental).
(ii) El artículo 8 establece que “Cada Parte, en el marco de su legislación nacional, ha de asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y al procedimiento”.
Esta disposición estaría modificando las lógicas y reglas propias del derecho administrativo, ya que a nivel general (ley 19.880) o específico (por ejemplo, la ley 19.300), el acceso a los tribunales requiere en forma previa haber agotado la vía administrativa, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias y por temas de economía procesal. Por otra parte, cuando se fortalece el acceso directo a la justicia ambiental, ello podría significar un desincentivo a la participación en los procedimientos administrativos, además de plantearse interrogantes respecto al rol de los tribunales y la posible sustitución del actuar administrativo discrecional a través de sus sentencias. (iii) Finalmente, el artículo 8.2 establece el derecho amplio de recurrir e impugnar en relación a omisiones, cuestión que, salvo el recurso de protección ambiental, no está contemplada en nuestra legislación respecto de otros actos administrativos de índole regulatorio. En efecto bajo esta interpretación los tribunales de justicia podrían sentirse convocados a mandatar o incluso sustituir, el actuar de la administración en materia ambiental.
5. Facilidades en cuanto a la producción de la prueba del daño ambiental (Art. 8.3 e) del Acuerdo).
El Acuerdo establece que, para garantizar el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales, “Cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con: e) Medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba”.
Este artículo modifica el sistema probatorio en materia de daño ambiental, que está basado en la sana crítica y en que únicamente se contempla en el artículo 52 de la Ley 19.300, una presunción de culpabilidad a través del cambio del peso de la prueba del demandante al demandado cuando existen incumplimientos ambientales. Por otra parte, la Ley 20.600 en sus artículos 35 y siguientes, regula expresamente el procedimiento y la prueba, en forma bastante detallada y relacionada con una jurisdicción específica (tribunales ambientales), todo lo cual se vería modificado por la introducción del párrafo en comento.
6. Promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales (artículo 8.7).
El Acuerdo establece que “cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias”.
Al respecto, nuestra legislación ambiental solo establece en la Ley 20.600 y para los casos de daño ambiental la conciliación7, en que es el Tribunal el que entrega las bases para la misma siguiendo el principio de “Indemnidad”, en virtud del cual no se debieran aceptar compensaciones económicas que sustituyan la reparación ambiental. Para el resto de los casos, que corresponden al contencioso administrativo ambiental (reclamaciones), no existen en la ley mecanismos alternativos de solución de controversias, dado que la función de los tribunales ambientales radica en el control de legalidad de los actos administrativos ambientales, por lo que de acuerdo al artículo 308 de la señalada ley, el Tribunal solo puede declarar si el acto recurrido se ajusta a la normativa ambiental, anulándolo en su caso. En este sentido, esta norma podría significar la sustitución del actuar administrativo ambiental a través de equivalentes jurisdiccionales acordados entre las partes.
Por lo anterior, dada la naturaleza jurídica de los procedimientos de reclamación administrativa de la ley 20.600 y por el deber del Estado de garantizar un medio ambiente libre de contaminación, es que resulta incompatible la norma del Acuerdo en relación a la decisión sobre la legalidad de un acto administrativo, por lo que carece de todo sentido que el Estado de Chile fuera obligado a promover mecanismos de solución de controversias no contemplados en el sistema procesal ambiental, donde se le ha entregado esta competencia de manera privativa a la jurisdicción especializada.
III. El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
9 1. Reconocimiento y tutela de los “Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales” (artículos 9.1 y 9.3).
Los artículos 9.2 y 9.3 del Acuerdo establecen: “Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales …”
“Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir …”
Resultan manifiestas las implicancias constitucionales de estas disposiciones, ya que las mismas significarían no solamente que Chile debiera reconocer legalmente a este grupo, sino que, además, el otorgamiento de un estatus diferente al de otras agrupaciones de derechos humanos, afectando así la igualdad ante la ley.
Chile, al igual que otros Estados, ya cuenta con diversas figuras legales que permiten llevar adelante las acciones señaladas en las normas del Acuerdo de modo general y para todo el que se vea afectado, a través de mecanismos sancionatorios y penales. Por ello es que las normas del Acuerdo solo pueden ser interpretadas en el sentido que pretenden imponer al Estado la obligación de elaborar un marco de protección legal especial para este grupo de personas, no siendo entonces suficiente la existencia de las normas generales actualmente vigentes. En tal sentido, se exigiría un trato y protección privilegiada generando un estatuto especial que carece de fundamento suficiente, pudiendo dar lugar a una discriminación arbitraria.
Por último, tampoco se define quién puede considerarse efectivamente un defensor ambiental, sobre el cual el Estado pasaría a tener obligaciones específicas y especiales, por sobre otras personas o grupos de derechos humanos en nuestro país, como ya se ha señalado.
En este sentido, de establecerse estas obligaciones para el Estado, su cumplimiento sería muy dificultoso, ya que colisionaría con principios constitucionales y mecanismos legales actualmente vigentes, lo que da cuenta que el Acuerdo contiene obligaciones amplias e indefinidas.
2. Entorno propicio (artículos 4.6 y 9.1).
El Acuerdo en los artículos 4.6 y 9.1, establece que “cada Parte garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente [promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales], proporcionándoles reconocimiento y protección”.
Ambas disposiciones intentan imponer al Estado un mandato especial para la generación de condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones de estas personas, asociaciones o 10 grupos. Una vez más, ellas vienen a sumarse a las condiciones generales que hoy establecen las actuales regulaciones para el adecuado funcionamiento de los grupos intermedios y, en general, de toda asociación de la sociedad civil. La exigencia de generar una regulación especial vuelve a ubicar en un lugar privilegiado a estas entidades en relación con otras que también despliegan su labor en tareas tan relevantes como la protección del medio ambiente. Ello tensiona el mandato de igualdad ante la ley que exige nuestro derecho.
Por otra parte, este estatus especial podría llevar también a la discusión acerca del financiamiento de estos grupos y de su apoyo para la litigación.
Así, de establecerse estas obligaciones para el Estado, su cumplimiento sería muy dificultoso, ya que colisionaría con principios constitucionales y mecanismos legales.
3. Indefinición de cualidades ambientales de bienes y servicios (artículo 6.10)
El artículo 6.10 señala que “Cada Parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles”.
En primer lugar, no existe una definición de las cualidades ambientales de bienes y servicios, lo cual abre un flanco interpretativo y una dificultad para el Estado respecto no solo a establecer el contenido de dicho concepto, el cual puede incluir desde las externalidades ambientales y sociales negativas hasta temas de trazabilidad, por ejemplo, hídrica o de carbono, sino que también respecto a cómo obligar a que la señalada información esté disponible para los consumidores.
Todo ello, además, resulta especialmente dificultoso en relación a la necesidad de generar información respecto a los servicios, lo que podría significar una suerte de evaluación ambiental de los mismos si lo que se pretende es evaluar su eventual riesgo, lo cual puede tener alcances insospechados.
4. Generación y divulgación de información ambiental privada (artículo 6.12)
Por otra parte, el artículo 6.12 del Acuerdo establece que “Cada Parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente”, obligando al Estado a generar un marco legal y reglamentario que lleve a generar información de entes privados acerca de sus posibles riesgos ambientales, sin precisar qué tipo de información, qué nivel de riesgo debieran declararse y cómo han de tratarse los temas relacionados con información de carácter sensible desde un punto de vista técnico.
IV. El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
El Acuerdo es un tratado internacional que contiene obligaciones susceptibles de ser demandadas ente tribunales Internacionales.
El Acuerdo incorpora un catálogo de nuevos derechos ambientales específicos, susceptibles de protección a través de órganos jurisdiccionales internacionales, cuyos contornos son difusos como antes se ha explicado. En efecto, nuestro país podría enfrentar: la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (por aplicación del Pacto de Bogotá de 1948 con los países que han suscrito dicho tratado de Resolución de Controversias) y la jurisdicción del sistema Interamericano de Derecho Humanos por ser Chile y los demás países que eventualmente ratifiquen el Acuerdo, partes integrantes de este sistema.
1. Chile puede ser demandado internacionalmente ante la Corte Internacional de Justicia por: a) Un Estado parte del Pacto de Bogotá en relación con controversias sobre la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo, en el evento que uno de los países miembros considere que nuestro país ha infringido el contenido de las normas de derecho internacional medio ambiental establecidas en el Acuerdo y, particularmente en la medida que tales supuestas infracciones afecten su territorio. b) Un Estado parte del Pacto de Bogotá en relación con controversias sobre la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo en ejercicio del derecho de Protección Diplomática, en defensa de sus propios connacionales que no han obtenido en la justicia interna de nuestro país el cumplimiento de los derechos que prevé el Acuerdo. El Estado demandante, en tal caso, no se transforma en un representante del particular, sino que acciona en defensa de su propio derecho (el derecho de proteger en la persona de su connacional el cumplimiento de las obligaciones de derecho internacional ambiental);
2. Chile puede ser demandado internacionalmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El sistema se estructura a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante esos organismos se puede plantear una controversia, reclamando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo en relación a la CADH; en la forma que a continuación se indica: a) Se podría demandar una supuesta infracción del Acuerdo por la vía de reclamar una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: (i)Por Requerimiento de un Estado Parte del Sistema Interamericano: Chile puede ser requerido ante la Comisión por otro Estado parte del Sistema al tenor del artículo 45 de la 12 Convención. Dicho Estado podría reclamar una supuesta vulneración a preceptos vagos del Acuerdo, por la vía de reclamar una infracción al derecho a un medioambiente sano del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dado que este derecho no tiene un tratamiento explícito en la Convención, para su interpretación la CIDH o la Corte IDH podrían recurrir al Acuerdo. (ii)Por Instancia de Privados: Chile puede ser requerido por una persona, grupo de personas u ONG de un Estado miembro, ante la Comisión. Los privados formulan una petición ante dicho órgano, siendo, requisito previo para concurrir ante el mismo el haber agotado todas las instancias internas de reclamación (justicia local chilena). Los privados podrían reclamar ante ese órgano el incumplimiento del derecho a un medio ambiente sano (al amparo del artículo 26 de la Convención), recurriendo al Acuerdo para dotar de contenido a este derecho. La Comisión elaborará un informe el que someterá eventualmente a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podrá declarar la responsabilidad internacional del Estado.
b) Chile podría ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma directa por un Estado parte del Sistema Interamericano, con el objeto de obtener una opinión consultiva. Este tipo de acciones se ejercerían en el evento que un Estado requiera una interpretación acerca de la forma como nuestro país está aplicando las normas del Acuerdo, al tenor del artículo 64.1 de la Convención y los efectos que de dicha interpretación se derivan en el contexto nacional o internacional.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Santiago, 22 de septiembre de 2020
Notas:
1 Art. 2° literal m Ley 19.300. 5
3 Arts. 26 y ss., de la Ley 19.300
4 Proyecto de ley que introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (boletín 12.714-12).
5 En el caso de las normas de calidad primarias, y dado que tienen alcance nacional, cualquier persona podría impugnarlas.
6 Con todo, se ha abierto a través de la jurisprudencia una vía para recurrir directamente al Tribunal Ambiental a través de la Invalidación impropia ambiental (art. 17 N° 8 Ley 20.600).
7 Artículo 38 Ley 20.600
8 Artículo 30 Ley 20.600: “La sentencia que acoja la acción deberá declarar que el acto no es conforme a la normativa vigente y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido y dispondrá que se modifique, cuando corresponda, la actuación impugnada. En el ejercicio de esta atribución el tribunal no podrá determinar el contenido específico de un precepto de alcance general en sustitución de los que anulare en el caso de los actos de los números 1 y 7 del artículo 17, así como tampoco podrá determinar el contenido discrecional de los actos anulados”.

Monseñor Cabrejos pide ratificación

Por Paola Calderón Gómez – Prensa CELAM.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, dirigió una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama y a los parlamentarios de la República en donde pide que el acuerdo de Escazú sea ratificado.
El prelado lamentó la muerte de tres peruanos de la etnia Kukama Kukamiria en el lote 95 en la localidad de Loreto, luego de presentarse un enfrentamiento con las fuerzas del orden, en medio de una protesta por la contaminación generada por las actividades de la empresa petrolera y la deficiencia de los servicios de salud y la falta de acciones efectivas ante la propagación del COVID-19 que viene afectando fuertemente a la Amazonía.
“Para proteger la vida de los pueblos indígenas u originarios, hay que garantizar la plena vigencia de sus derechos, por lo que es necesario reflexionar sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – “Acuerdo de Escazú”, pues los acuerdos supranacionales fortalecen la institucionalidad y el bienestar principalmente de los más vulnerables en el Perú“. Se lee en la misiva.
La solicitud
La Iglesia recordó que el Acuerdo de Escazú fue generado por los propios países de América Latina y El Caribe y suscrito por el Perú, para fortalecer la democracia y la transparencia en materia ambiental, mediante el acceso a la información veraz, participación ciudadana, justicia ambiental y para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de los defensores y defensoras de derechos ambientales; en particular de los pueblos originarios que actúan como custodios de la Casa Común.
En ese sentido la decisión de ratificar el Acuerdo de Escazú por el Congreso de la República, debe estar fundamentada en la verdad, y debe resultar como fruto de un diálogo honesto y transparente que respete el plazo de ratificación. “Como pastores y ciudadanos, invocamos a las autoridades a priorizar la defensa de la vida, la protección de los derechos, del ambiente y el desarrollo humano integral”. Indicó el prelado.
Igualmente advirtió que los valores de hermandad y solidaridad sustentan el Acuerdo de Escazú, pues reconoce la realidad pluriétnica y pluricultural, se encarga de promover la cultura del encuentro y el diálogo, la escucha mutua, el consenso, y la comunión; todo para encaminar decisiones soberanas que protejan y garanticen la vida de los pueblos y la ecología integral.

Bajo las faldas de la fiscalía

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Por Mariella Balbi- Político.pe
La difusión de audios vergonzosos que comprometen seriamente a Martín Vizcarra no activará la vacancia presidencial. Pero es un gran triunfo del sector democrático. Después de dos años y medio de atropellos, trapacerías y control férreo de los medios e instituciones por el Ejecutivo, los peruanos de bien levantan cabeza. La ridícula teoría del complot contra el gobernante, planteada por IDL, fracasó.
Los variados audios nos ilustran –para quien quiera verlo– sobre una verdadera organización criminal: su gente de mayor confianza, el estrafalario y siniestro Swing, los cajeros, las órdenes del capo, su vinculación con importantes autoridades del sistema de justicia. La actuación de los parientes de Vizcarra es grotesca, presentes en todas partes, con la Fiscalía, con el sector privado. Qué más.
El audio en el que Vizcarra articula con Mirian Morales (funcionaria importantísima en Palacio) y Karem Roca (moqueguana, su secretaria 11 años) para ‘mentirle bien’ a la Fiscalía es contundente. Reparte bola para que ellas asuman los ingresos de Richard Swing a Palacio, se cobija bajo sus faldas, lavándose las manos cual Poncio Pilatos. La presión y el hostigamiento psicológico contra estas mujeres revelan abuso, pero nadie protesta.
En su breve presentación en el Congreso, el mandatario denigró a Roca presentándola como una mitómana profesional. La desacreditó para que no se crea en la valiosa información brindada. Una radiografía nítida de “El amigo en la sombra”, título de la novela sobre Vizcarra que Swing dice estar escribiendo. Roca merece toda la solidaridad y apoyo de los demócratas. Está en gran peligro.
Vizcarra quiso bloquear la vacancia guareciéndose bajo las faldas del Tribunal Constitucional. Fracasó. En el Parlamento centró su defensa enfatizando que se pondrá en manos de la Fiscalía. El gato de despensero. Los audios revelan el vínculo de jefa de la Fiscalía, Zoraida Ávalos, con el gobernante, a quien le disgusta el perfume de la magistrada. Ambos se reunieron el 9 de julio. Luego el congresista Édgar Alarcón recibió más denuncias fiscales.
Alarcón, que preside la comisión de Fiscalización, ha sido nuevamente linchado por los medios afines al gobierno. Similar a lo ocurrido con el fiscal Gonzalo Chávarry, masacrado por una irrelevante llamada con el ‘hermanito’ Hinostroza.
Los audios ‘Cuellos Blancos’ –administrados por el IDL– tuvieron en vilo al país durante tres meses y aún aparecen. No se verificó nada y la DIVIAC fue protagónica. Los audios revelan la podredumbre de este régimen, Chinchero incluido, y la calidad de mandatario (no elegido) que tenemos. Vizcarra le dio poder absoluto a Mirian Morales, no actuó por su cuenta.
Vizcarra tuvo el cuajo de presentarse como el paladín de la lucha contra la corrupción, pero se le quemó el pastel. Ni con los medios amigos saldrá de esta porque, dicen, vendrán más audios. Su abogado defendió a Odebrecht. Huele a ello.
Foto: Misspolitica.com

RBG y el TC

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Los caviares son fariseos aquí y en todas partes. En Estados Unidos murió esta semana Ruth Bader Ginsburg (RBG), a la que los caviares elevaron a un altar de semidiosa llenándola de la parafernalia propia de una megaestrella, que es como en gringolandia se percibe a los semidioses. La anciana difunta juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos era abortista y feminista, de esas que los caviares adoran.
Como el cardenal Fleury, primer ministro de Luis XV, nadie esperó que esta veterana abogada viviera tanto, dejando a muchos con los crespos hechos. Vio pasar presidentes tras presidentes –en Estados Unidos el cargo de juez de la Suprema Corte es vitalicio–, pero finalmente Dios la llamó a rendir cuentas a los 87 años.
De inmediato empezó, como corresponde, la sucesión. Según la Constitución, el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad de proponer al candidato a juez supremo, ante el Senado que lo ratifica o lo rechaza. Pero el presidente es Donald Trump (que ya designó en su mandato a un juez supremo conservador, Brett Michael Kavanaugh, al que las feministas le hicieron la vida imposible) y ya los caviares han puesto el grito en el cielo para que se abstenga de ejercer su derecho porque “eso sería un abuso que el pueblo no toleraría”, según dijo “Sleepy Joe” Biden en un arranque de frustración e impotencia.
Trump, por supuesto, se ha zurrado en la nota y ya empezó el proceso de selección para que el Senado de mayoría republicana decida quién reemplaza a la díscola anciana RBG (muy parecida, por cierto, a Ruth Gordon, la bruja de El bebé de Rosemary).
Mientras tanto, aquí en el Perú los caviares actúan de la misma forma totalitaria que Joe Biden y sus esbirros en la prensa, ONG y opinología (que se hacen llamar la “opinión pública”). Ya han salido varios a advertir que el actual Congreso no debería designar a los seis de siete miembros del Tribunal Constitucional con mandato vencido desde hace dieciocho meses, y que es mejor que lo haga el nuevo Congreso que se elegirá en las elecciones generales de abril de 2021. ¿Hay alguna norma constitucional que limite el poder del Congreso a ejercer su función? NINGUNA. No olvidemos que el anterior Congreso –que no pudo terminar su mandato– fue disuelto, precisamente, por querer ejercer su función de elegir a los miembros del TC y al que los caviares, desde el Estado y fuera de él, le inventaron una serie de objeciones en la elección ya estatuida por el propio Reglamento del Congreso y la Constitución, y bajo los cuales fueron elegidos los siete magistrados aún en funciones.
Se alegó “falta de transparencia”, se creó una campaña mediática de grueso calibre y el mismo día de la elección se presentó una “cuestión de confianza” para detener el proceso. Y ¡zaz!, se disolvió el Congreso.
Hoy lo anterior ya no puede ser posible según la Constitución, y no hay nada que impida que el Parlamento elija a los magistrados, pese a la pataleta que ya vienen haciendo los caviares desde sus poderosas trincheras. No faltarán zancadillas en el camino pero en Estados Unidos y aquí, independientemente de quién gane las presidenciales, habrá nuevo juez de por vida en la Corte Suprema y nuevo TC por siete años. Ese será el mejor legado de Trump y de nuestro Congreso.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SENTIDO COMÚN

Por Federico Prieto Celi– LaAbeja.pe
Después de la vacancia, podemos hacernos nuestras propias suposiciones de lo que ocurrió en los últimos diez días, en la última crisis política, sin ofender a nadie.
-¿Por qué llamó el presidente del Congreso al comandante general de la Marina, antes de la sesión sobre la vacancia presidencial?
-Para que los comandantes de las Fuerzas Armadas le digan si estaban a favor o en contra de la vacancia. Estaban en contra.
-¿Desde cuándo llamar por teléfono a los comandos de las Fuerzas Armadas es un complot para dar un golpe de estado?
–Desde que el presidente de la República no dice la verdad. ¿Miente?
-¿Por qué habló el presidente del Consejo de Ministros al país con los comandantes generales del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía con uniformes de combate?
-Porque los tenían puestos y el gobierno aprovechó para asustar a los congresistas.
¿Por qué se prestaron esos cuatro comandantes generales a posar detrás del presidente del Consejo de Ministros?
-Porque después de deliberar entre ellos, decidieron apoyar al presidente Vizcarra, como hicieron cuando ordenó el inconstitucional cierre del parlamento anterior.
-¿Por qué el poder legislativo y el poder ejecutivo miran a las Fuerzas Armadas?
-Porque el primer poder del estado es el que tiene las armas… y el poder real.
-¿Por qué muchos se opusieron a la vacancia presidencial?
-Porque más vale malo conocido que bueno por conocer.
-¿Porqué el presidente Vizcarra habló de prácticas montesinistas?
-Porque todos imitan a Montesinos, desde hace 20 años, pero no lo pueden superar.
-¿Por qué los presidentes de Colombia, Ecuador y Bolivia invocaron a respetar la democracia en el Perú?
-Porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar.
-¿Por qué la campaña de las cacerolas no funcionó?
-Porque todavía no estamos como Chile con Salvador Allende.
-¿Por qué el presidente del consejo de ministros es un militar?
-Porque el civil no asustaba ni al parlamento y lo mandaron a la OEA.
-¿Por qué el presidente de la República no tiene incapacidad moral permanente?
-Porque la tiene la mayoría del Congreso.
-¿Por qué el presidente de la República llama directamente por teléfono?
-Porque no tiene secretarias.
-¿Por qué la gente mira con indiferencia la crisis política?
-Porque está en guerra con el virus chino.
-¿Cómo acabará este sainete?
-Eso no lo sabe ni Richard Swing.
[Salvo error u omisión; este es un caso de política ficción].

Recuerdos de un ascenso

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Por Ricardo Uceda- Diario La República.
Existen testigos de que el ex asesor del partido Podemos José Luis Cavassa se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema de la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ocurrió en 2013. El autor de esta columna ha podido hablar con dos. Al menos uno de ellos –es posible que tres–, ha brindado esta versión a la fiscal Rocío Sánchez, recientemente desplazada del liderazgo de la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Dos de los testigos dijeron haber escuchado de boca de Cavassa que contribuyó al ascenso de Ávalos, mediante sus influencias ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según la versión, Cavassa y Ávalos se habrían reunido, antes de las entrevistas personales que realizaba el ex CNM, en una oficina de Cavassa ubicada en San Isidro. Consultada ayer al respecto, la Fiscal de la Nación respondió: “No me he reunido con dicha persona antes ni después de mi nombramiento como Fiscal Suprema. Si existiera información en otro sentido, es falsa”.
Actualmente en prisión domiciliaria, Cavassa está investigado por supuesta intervención dolosa ante el ex CNM para favorecer a Podemos en 2018, cuyo líder, José Luna, también es uno de los imputados. Anteriormente fue operador político del ex gobernador de Áncash César Álvarez, preso por corrupción. En el juicio contra Álvarez Cavassa está acusado de varios delitos y el fiscal ha pedido en contra suya 30 años de penitenciaría. Sus problemas con la justicia comenzaron mucho antes, por su implicación en una falsificación de firmas para inscribir al partido de Alberto Fujimori, Perú 2000.
Ascenso súbito
El ascenso de Zoraida Ávalos fue decidido en el CNM para que pudiera integrar la Junta de Fiscales Supremos que debía elegir a Carlos Ramos Heredia a la cabeza del Ministerio Público. Así lo relató en 2014 El Informante en este diario: “En el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87.50. Quedó primera en el cuadro final”.
El CNM del 2013 estaba presidido por Máximo Herrera, y la dupla Álvarez-Cavassa tenía una influencia decisiva. Una vez en la Junta de Fiscales Supremos, el voto de Zoraida Ávalos fue uno de los cuatro que definieron la elección de Carlos Ramos como Fiscal de la Nación, en contra de Pablo Sánchez. La acompañó en el voto otra fiscal que igualmente había ascendido por un favorecimiento del CNM, Nora Miraval. Ramos fue separado del cargo en 2015 y destituido en 2019 por inconducta funcional en las investigaciones sobre Álvarez.
Otras versiones
El hecho de que ahora aparezcan testimonios indicativos de que Zoraida Ávalos fue favorecida en el CNM es compatible con una observación histórica de los hechos y con las referencias de fuentes distintas, desde hace más de cinco años. El 28 de abril del 2014, el periodista Rodrigo Cruz publicó en el diario El Comercio la declaración de dos fiscales relegados en el proceso –uno identificado, Víctor Cubas, y otro bajo reserva–, quienes denunciaron que el CNM actuó sesgadamente para favorecer el nombramiento de las magistradas Ávalos y Miraval, señalando como evidencias las evaluaciones escritas y curriculares de ambas.
“Fue una manipulación escandalosa”, dijo uno de ellos. “Un acto completamente irregular y arbitrario”, expresó Cubas, quien presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Cavassa, de acuerdo con lo que afirmó a dos testigos, se habría reunido también con Nora Miraval, actualmente en el retiro, en su oficina de San Isidro. Miraval se incorporó en enero del 2014 a la Junta de Fiscales Supremos y cesó un año después por límite de edad.
El factor Cavassa
Hasta el momento las indagaciones de la Fiscalía se han concentrado en las influencias ilegales de José Luis Cavassa para copar la ONPE en el 2018, y aún no tocan su incidencia en el Ministerio Público en años anteriores. No es posible anticipar lo que declarará sobre sus presuntas gestiones en favor de Ávalos y Miraval. De ser ciertas, es un imputado con mucho poder de negociación, un poder que se extiende al dueño de Podemos, José Luna, quizá la cabeza más importante de Los Cuellos Blancos.
La Fiscal de la Nación ha efectuado recientemente cambios sustantivos: le ha quitado el control de las investigaciones a la fiscal Rocío Sánchez para entregárselo a Sandra Castro. Aunque Castro ha dicho que su intervención será para “reforzar” el trabajo, una interpretación distinta es que Zoraida Ávalos desea que el factor Cavassa sea manejado por alguien de su confianza. Entretanto, la fiscal Sánchez está sometida a investigación por chats aparentemente impropios con el asesor del Partido Morado Carlo Magno Salcedo.
Refutaciones
La fiscal Sandra Castro vive en la calle Los Robles, en San Isidro, en el conjunto de edificios donde habita también Martín Vizcarra. Ayer pedimos confirmar, tanto a la oficina de la magistrada, como a la del presidente, si es cierto que ambos se entrevistaron más de una vez y que mantienen una línea de chat que los comunica. La misma corroboración fue pedida al despacho de Zoraida Ávalos, pues ella habría estado en una de las reuniones. Como se ha dicho en esta página, existen testigos de que Vizcarra sabía de los operativos contra Los Cuellos Blancos antes de que se produjeran.
La oficina de prensa de la Presidencia de la República negó ayer, enfáticamente, que Martín Vizcarra estuviera en alguna de las reuniones mencionadas. La Fiscal de la Nación dijo que solo vio al presidente en reuniones oficiales. La fiscal Sandra Castro respondió:
–¿Quién dice eso? Tendré que querellar a quien lo sindique sin fundamento.

Silvana Carrión, encargada de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato en Perú Fuente: RPP.

Procuraduría identificó perjuicio por S/1400 millones en caso Interoceánica Sur

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, informó que se ha identificado 1,400 millones de soles como daño patrimonial al Estado peruano en el proceso en el que se investigan las irregularidades de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
“Este monto es dinero que el Estado ya desembolsó a raíz de los sobrecostos ilegales, las valorizaciones indebidas y las adendas que fueron aprobadas durante la ejecución del proyecto y tienen base en informe de control y pericias ordenadas por la Fiscalía”, contó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.
Silvana Carrión indicó que, como daño extrapatrimonial (indemnización), la Procuraduría solicitó 2,000 millones de soles. “Estos dos montos son los que vamos a ir a litigarlos en el juicio”, manifestó.
La Fiscalía presentó acusación en este caso contra Alejandro Toledo (expresidente de la República), Avraham Dan On (seguridad del expresidente), Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font (miembros del comité de Pro Inversión); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero); Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (JJC Contratistas Generales); y José Fernando Castillo Dibós (ICCGSA).
Asimismo, las empresas que formaron las concesionarias “Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A.” e “Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A.”, y que han sido incorporadas en el proceso como terceros civilmente responsables a la solicitud de la Procuraduría son Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, además de incluir a las mismas empresas concesionarias.
PEDIDO A SUNAT
La procuradora Silvana Carrión manifestó, además, que ha requerido a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la entrega de la lista de las grandes empresas que se habrían visto beneficiadas con una posible prescripción de su deuda, en caso el Tribunal Constitucional (TC) hubiera declarado fundada la demanda, a fin de ver si alguna estas se encuentra vinculada a las investigaciones del caso Lava Jato.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Crema volteada

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El 22 de marzo de 2018, cuando Martín Vizcarra arribo de Canadá para asumir la Presidencia, tras la renuncia de PPK, Óscar Vásquez lo fue a recoger al aeropuerto (Foto: Andina).

Óscar Vásquez, asesor de Martín Vizcarra, negó haber coordinado con fiscal para “voltear” el Caso Swing

Por Sebastian Ortiz Martínez– Diario El Comercio.
Óscar Vásquez Zegarra, asesor en Comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, negó haber realizado algún tipo de coordinación directa o indirecta con el fiscal superior Marcos Villalta para que lo ayude a “voltear todo” en referencia a la pesquisa que el Ministerio Público ejecuta sobre los contratos que el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros obtuvo con el Estado.
“Nunca había escuchado su nombre, no conozco a ningún fiscal, no conozco a ningún magistrado, mi mundo siempre ha estado relacionado a la prensa y a las comunicaciones, por lo tanto esas expresiones [de Karem Roca], que a todas luces han sido preparadas, son absolutamente falsas”, manifestó a El Comercio.
La fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla inició, el último 10 de setiembre, una investigación a Vásquez, Villalta y al abogado Daniel Jo Villalobos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Esto luego de la difusión de un audio entre Karem Roca, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial, y Cisneros.
“¿Sabes por qué cambié de abogado? […] Porque Óscar busca a este, con….con el estudio Jo, con esos abogados….busca a ese…a ese fiscal, ya, corrupto. Y este fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo nuestro caso, para voltear todo”, refirió la ex secretaria de Vizcarra Cornejo.
Al respecto, Vásquez, en comunicación con El Comercio, afirmó que no conoce a Villalta.
Vásquez Zegarra dijo que está dispuesto a colaborar con la investigación iniciada por Revilla.
“Estoy absolutamente dispuesto a declarar [ante el Ministerio Público] y a demostrar que no tengo nada que ver con esos dichos que evidentemente han estado dirigidos”, expresó.
El asesor indicó que aún no ha conversado con el presidente Vizcarra sobre la investigación en su contra. Al ser consultado por este Diario si daría un paso al costado, solo respondió “no lo sé”.
También precisó que él no financió la asesoría legal a Roca, sino que le pidió al abogado Jo, quien es su “amigo de varios años” que apoye a la ex asistente administrativa en “un tema puntual”, que era un interrogatorio en el Ministerio Público. “Este asesoramiento no se concretó, porque la señora en el último minuto desistió”, añadió.
Óscar Vásquez negó que haya ayudado a Swing con el pago de su abogado, pero evitó responder a quien se refería el cantante cuando hizo referencia a “el jefe” en una llamada que le hizo.
“Él [Cisneros] estaba haciendo una llamada maliciosa, que junto a otros implicados trataba de lograr alguna prueba”, subrayó.
Villalta negó haber buscado a la fiscal Janny Sánchez-Porturas, quien tiene a su cargo la investigación a Cisneros y otros.
“No conozco a la señora Karem Roca, Richard Swing ni a ningún otro personaje. Yo soy un fiscal superior. Yo jamás voy a hablar con un colega que está viendo una investigación”, expresó a “Cuarto Poder”.
“Nadie me ha venido a buscar, yo no he gestionado absolutamente nada en favor de nadie. Eso no se puede hacer. Estamos prohibidos de hacer eso. Si yo lo hubiera hecho, la fiscal, con justa razón me habría dicho: ‘Usted está traficando con las influencias y lo voy a denunciar’”, agregó.
Jo Villalobos reconoció, en declaraciones al programa dominical, que Vásquez, a quien conoce “hace tiempo”, le solicitó que asumiera la defensa legal de Roca en la fiscalía y en el Congreso.
No obstante, rechazó que se haya contactado con el fiscal Villalta para intentar influir en la investigación de Sánchez-Porturas.
“Soy un abogado que no hace esas prácticas y cuida su reputación. Puedo pasar por el polígrafo”, mencionó.
Jo Villalobos adelantó que le enviará una carta notarial a la ex asistente administrativa del Despacho Presidencial pidiéndole que se rectifique.
“En caso contrario la voy a demandar por 3 millones y medio de soles por daños y perjuicios. Ella no puede dañar así nomás el nombre de las personas”, acotó.
Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a este Diario que no emitirán ningún comunicado sobre la situación de Vásquez Zegarra, al remarcar que el Ejecutivo “es respetuoso de la independencia de poderes”. Agregaron que todo está en el campo del Ministerio Público y que mal haría Palacio de Gobierno si emite opinión sobre un proceso en curso.
Las mismas fuentes señalaron que la continuidad del asesor está siendo evaluada por el presidente Vizcarra.

En uno de los audios difundidos en el pleno del Congreso el pasado jueves 10 de setiembre, se escucha a Roca decirle al presidente Vizcarra que la estaba ayudando con “el abogado” junto con “Óscar [Vásquez]” (Foto: GEC).

Abren investigación a asesor de Vizcarra por audio en el que se sugiere que un fiscal puede “voltear todo”

El Ministerio Público inició una investigación contra el asesor de comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, Óscar Vásquez, el fiscal superior Marcos Villalta y el abogado Daniel Jo Villalobos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho debido a un lo dicho en un audio por la exasistenta del despacho presidencial Karem Roca, según reveló “Cuarto Poder”.
En la referida conversación la extrabajadora de Palacio de Gobierno conversa con Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, y sugiere que Óscar Vásquez pretendía asignarle a un abogado “del estudio Jo” para contactar con un fiscal que podía “voltear todo” su caso.
“Óscar busca a éste, con el estudio Jo, con esos abogados….busca a ese… a ese fiscal, ya, corrupto. Y este fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo nuestro caso, para voltear todo, ¿ya?, pero ahí se han enterado de que ese fiscal corrupto estaba a cargo. Y ya no nos podían defender, ni a ti ni a mí. Y eso lo sabía Óscar”, señala Roca en el audio.
En diálogo con “Cuarto Poder”, el abogado Daniel Jo Villalobos aseguró que había coordinado una asesoría legal para Karem Roca, pero esta no se llevó a cabo por una decisión “familiar” de la exasistenta del despacho presidencial.
“La asesoría legal a Karem Roca se iba a dar en la fiscalía. Yo le pedí que si había algo grave qué decir que podía pedir el secreto de la investigación por 20 días para que nadie se enterara de lo que ella había declarado. Pero ella, nos dijo luego que, por una decisión familiar, había decidido acudir a la fiscalía sin abogado”, señaló.
“No he cobrado nada. Lo hice por un servicio a Óscar Vásquez a quien conozco hace años. Además, nunca hubo un contrato y nunca hubo un servicio que pudiera ser cobrado”, detalló.
Cabe destacar que, en uno de los audios difundidos por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú) en el pleno del Congreso el pasado jueves 10 de setiembre, se escucha a Roca decirle al presidente que la estaba ayudando con “el abogado” junto con “Óscar [Vásquez]”.
El referido programa contactó Óscar Vásquez, pero se excusó de brindar una entrevista. No obstante, precisó al medio que no conoce ni tiene ninguna relación con el fiscal Marcos Villalta, ni con ningún otro magistrado.
Finalmente, el fiscal de Lavado de activos, Marcos Villalta, aseguró que no conoce ni a Karem Roca ni a ‘Richard Swing’ y rechazó que haya “gestionado absolutamente nada en favor de nadie”.
“Nadie me ha venido a buscar, yo no he gestionado absolutamente nada en favor de nadie. Eso no se puede hacer. Estamos prohibidos de hacer eso. Si yo lo hubiera hecho, la fiscal, con justa razón me habría dicho: ‘Usted está traficando con las influencias y lo voy a denunciar’”, indicó.
Fuente: Diario Correo.

Denuncian que el presidente Martín Vizcarra inauguró planta de oxígeno que fue comprada por los propios pobladores

Los pobladores de Chanchamayo rechazaron la presencia del presidente de la República. “Presidente sinvergüenza, como vas a inaugurar una obra que no te cuesta nada”, acotaron.
Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, inaugurara la planta de oxígeno del hospital Julio César Demarini Caro de Chanchamayo (Junín), pobladores del lugar rechazaron la presencia del mandatario.
Según un afiche recogido en las redes sociales, la planta de oxígeno fue en verdad adquirida gracias una gran pollada al horno realizada por los propios lugareños. Esta actividad fue dirigida por la Parroquia Nuestra Señora de la Merced– Chanchamayo.
En un video difundido en Twitter, se observa a los lugareños increpar al jefe de Estado por inaugurar la planta de oxígeno comprada gracias a sus donaciones. Frente a las protestas, un contingente policial resguardó al dignatario cuando subió a una camioneta para salir del lugar.
«Presidente sinvergüenza, cómo vas a inaugurar una obra que no te vale (…). Presidente, cómo vas a inaugurar una obra que no te cuesta nada, señor Vizcarra escucha», se oye a un hombre.
«Hemos tocado las puertas para que el pueblo aporte y va a venir a inaugurar (Martín Vizcarra) una obra que no le cuesta nada. Por eso lo rechazamos, nuestro repudio es por eso», dijo otro de los manifestantes.
Fuente: Diario EXPRESO.

Mirian Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno, continúa como directora de ElectroPerú

La ex secretaria de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, quien se encuentra envuelta en la polémica por el caso de las visitas de Richard Cisneros, ‘Richard Swing’, a la sede del Ejecutivo, continúa trabajando para el Estado; esta vez como directora de ElectroPerú.
Tal como se puede constatar en la web oficial, Morales fue designada por el directorio de Fonafe el pasado 5 de febrero. Su designación, además, llegó tras recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Morales se desempeñó como secretaria general de Palacio de Gobierno desde marzo del 2018 hasta ayer, que se hizo oficial que dejaría de estar en el cargo. Lo que cabe resaltar es que en medio de la polémica y su separación de la sede del Ejecutivo, en la web de ElectroPerú continúa figurando su puesto como directora.
Fuente: UCI Noticias.pe

SPR implicado

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FISCAL ANTICORRUPCIÓN IMPLICA AL PRESIDENTE VIZCARRA EN CASO DE CONTRATOS IRREGULARES DE ‘RICHARD SWING’

Por Luis Enrique Pérez- Convoca.pe
La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas, a cargo del caso ‘Richard Swing’, considera que el mandatario habría coordinado con Mirian Morales, saliente secretaria general de Palacio de Gobierno, para contactar a los ministros de Cultura —que ocuparon este cargo entre 2018 y 2020— para facilitar las contrataciones del cantante y productor musical. Durante esos años, se emitieron nueve órdenes de servicios a favor de Richard Cisneros Carballido por más de 175 mil soles.
El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción halló indicios de la presunta intervención del presidente Martín Vizcarra en las contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros (‘Swing’) en el Ministerio de Cultura, razón por la cual elevó un informe a la Fiscalía de la Nación para que esta instancia inicie las pesquisas a “altos funcionarios públicos”, entre ellos el actual mandatario, implicados en los actos indebidos, según la Disposición Nº13 firmada por la la fiscal especializada Janny Sánchez, a la cual accedió Convoca.pe.
De acuerdo con el documento fiscal, existen evidencias de que Richard Cisneros se habría valido de la confianza del jefe de Estado para que “al parecer, [Martín Vizcarra] recomiende o disponga” ante altos funcionarios, como la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, la contratación de ‘Richard Swing’ en esa entidad ministerial.
La fiscal Sánchez precisa que en los hechos que son parte de la tesis preliminar se advierte la presunta vinculación de altos funcionarios públicos como son el presidente Vizcarra y la exministra Balbuena, en presuntos hechos de connotación penal y que corresponderá a la Fiscal de la Nación pronunciarse sobre los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción.
En base a su pesquisa, la Fiscalía Anticorrupción señala que con esa finalidad el mandatario Vizcarra habría coordinado con la entonces secretaria general del Despacho Presidencial, Mirian Morales, quien se encargaría de contactar directamente con los funcionarios del Ministerio de Cultura y con el investigado Richard Cisneros. Es decir, para viabilizar la contratación directa del cantante y productor musical.
Los altos funcionarios aludidos serían los ministros de Cultura que ocuparon este cargo cuando se realizaron las nueve contrataciones directas a favor de Richard Cisneros, entre 2018 y 2020. En este periodo los titulares de esta cartera ministerial fueron Patricia Balbuena, Rogers Valencia, Ulla Holmquist, Luis Castillo, Francesco Petrozzi y Sonia Guillén.
Los contratos de servicios de Richard Swing fueron emitidos entre julio de 2018 a abril de 2020.
En el caso de la exministra Patricia Balbuena, el Ministerio Público indica que durante su gestión se habría creado una necesidad de servicio direccionando el perfil del proveedor al currículum vitae de Richard Cisneros, mediante coordinación con la exsecretaria presidencial Mirian Morales. El texto añade que los montos de los contratos al parecer estarían sobrevalorados.
En otro de los puntos del documento fiscal, la fiscal Sánchez, indicó que las coordinaciones previas, los ministros de Cultura, serían quienes coordinarían a su vez con los secretarios generales de ese sector, para que a su vez “coordinen y acuerden” con los otros funcionarios para la factibilidad de la contratación directa de Richard Cisneros.
El documento incluye un gráfico piramidal que señala que el esquema de contratos habría estado liderado por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, pasando por los ministros de cultura y funcionarios de diferentes niveles en ese sector.
El presidente, ministros de Cultura y otros funcionarios involucrados en los contratos de Richard Cisneros, según la Fiscalía.
Además, la fiscal Sánchez señaló que Diana Yamashiro Oshiro, exsecretaria general del Ministerio de Cultura durante las gestiones de Sonia Guillen y Alejandro Neyra (del 17 de enero al 30 de junio de 2020), se habría reunido con ‘Richard Swing’ para coordinar y acordar las contrataciones directas del año 2020. Según el Ministerio Público, esa funcionaria habría coordinado con otros servidores públicos para direccionar el perfil de las órdenes de servicios.
En la ampliación de investigación, resalta que la fiscal indica que si bien el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no puede ser involucrado en calidad de investigado ya que goza de inmunidad, en su momento sí será llamado para obtener su testimonio, que podrá ser presentado de forma oral o escrita.
La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima dispuso ayer que se ampliara las pesquisas por el caso de Richard Cisneros Carballido (‘Swing’) y se incluya como investigadas a las dos exfuncionarias de Palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova y Karem Roca Luque, así como a la ex secretaria general del Ministerio de Cultura, Diana Tamashiro Oshiro.
La fiscal Janny Sánchez Porturas considera que Mirian Morales y Diana Tamashiro actuaron como instigadoras de la presunta comisión de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. A Morales también se le investigará como autora del delito de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.
Respecto a Roca Luque, exasistente en el Despacho Presidencial, se le investiga como presunta autora de ocultamiento real, así como falsedad genérica. Todos los mencionados delitos fueron en agravio del Estado.
Según la tesis fiscal preliminar, Morales Córdova sería quien habría realizado reuniones previas y coordinaciones, con el fin de que se viabilice la contratación directa del proveedor Richard Cisneros.
Asimismo, en base a diversos elementos, entre ellos la información de un testigo en reserva, y mientras se culminan las pericias para verificar la veracidad de algunos audios difundidos recientemente respecto al caso, se advierte que habría inducido a que se presenten falsos testimonios dentro de la investigación.
En tanto, a Diana Tamashiro se le investiga debido a que, desde su cargo de secretaria general del Ministerio de Cultura (del 17 de enero al 30 de junio del 2020), se habría reunido con ‘Richard Swing’ y con los demás funcionarios a cargo del procedimiento de contratación directa, para coordinar y acordar la elección de dicho proveedor por servicios innecesarios; direccionando el perfil y, al parecer sobrevalorando los montos contractuales, además de otras irregularidades materia de investigación, según la Fiscalía.
Sobre la exasistente de Palacio de Gobierno, se infiere que habría dado falso testimonio sobre los registros de ingreso a dicho lugar, y al sostener que fue ella la que se reunió con el investigado el 12 de octubre del 2018.
Hasta la fecha, son un total de 17 las personas implicadas en la investigación declarada como compleja, la cual está referida a las diversas irregularidades que se habrían cometido entre 2018 y 2020, al efectuar nueve órdenes de servicio a favor de Cisneros, por 175 mil 400 soles en total.

Abren investigación a asesor de Vizcarra

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
Óscar Vásquez aparece en audios donde el Presidente coordina ocultamiento de pruebas del caso Richard Swing.
El caso Richard Swing llegó hasta instancias supremas del Ministerio Público, donde ya hay un informe para investigar a Óscar Manuel Vásquez Zegarra, asesor del presidente Martín Vizcarra, por presunto tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.
Bersabeth Revilla, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, se basa en diversos indicios para señalar que el comunicador habría actuado “por encargo” del mandatario para diversos temas, entre ellos, el de coordinar la defensa legal de Richard Cisneros con dinero del Estado.

Primeros y últimos

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Evangelio según San Mateo 20,1-16a.
Porque el Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña.
Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña.
Volvió a salir a media mañana y, al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: ‘Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo’.
Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo.
Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo: ‘¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?’.
Ellos les respondieron: ‘Nadie nos ha contratado’. Entonces les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’.
Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: ‘Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros’.
Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario.
Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario.
Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo: ‘Estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada’.
El propietario respondió a uno de ellos: ‘Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario?
Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti.
¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?’.
Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos».

Homilía del Padre Paul Voisin CR, Superior General de la Congregación de la Resurrección:

Parece natural en nuestra condición humana que hagamos comparaciones. Podemos hacer comparaciones sobre cosas en el mundo, como la riqueza o la productividad de las naciones. Sin embargo, más a menudo, creo, hacemos comparaciones que tocan nuestras vidas más íntimamente: quién es más bonito o más guapo, quién es más exitoso, quién es más inteligente, etc. Muchas veces estas comparaciones conducen a alguien pensar “No es justo!” A veces estas comparaciones nos pueden hacer avanzar, animándonos; pero más a menudo, creo, tiene justo el efecto opuesto, para desalentarnos y hacernos sentir mal con nosotros mismos.
EL AMOR ES EL AMOR
Definitivamente la reacción de la mayoría de la gente al evangelio de hoy (Mateo 20:1-16) es que “¡no es justo!” ¿Cómo puede el propietario pagar a los trabajadores que sólo habían trabajado una hora igual que los que habían esclavizado todo el día en el calor? “¡No es justo!”. El único evangelio en que he visto una vehemencia similar es del Hijo Prodigo, cuando otra vez la reacción inicial de muchos es “¡no es justo!” ¿Por qué el padre celebraría el regreso del desagradecido hijo que volvió pidiendo perdón, cuando el hijo ‘bueno’ fue fiel todo el tiempo? Según nuestra lógica humana, “¡No es justo!”
Una de las explicaciones escriturales que me dieron fue la urgencia del propietario. Septiembre fue el tiempo de cosecha en Israel, pero también fue el comienzo de la temporada de lluvias. Y así cuando los cultivos estaban listos -sean lo que sean- hubo una urgencia para sacarlos del campo o fuera de la vid, para que las lluvias que siguen no destruyeran el cultivo. Tal vez las nubes oscuras se avecinaban este día de la parábola del evangelio y el propietario estaba tan desesperado por conseguir las uvas recogidas que continuamente salió buscando más trabajadores.
Y entonces ¿de qué trata el evangelio? No se trata de comparaciones, y seguro que no se trata de leyes laborales y salarios justos. El evangelio es acerca de la generosidad de Dios. La generosidad de Dios desafía nuestra apreciación humana, y nuestra lógica a lo que es justo y lo que es correcto. En el evangelio el propietario dijo: “¿No soy libre de hacer lo que deseo con mi propio dinero? ¿Eres envidioso porque soy generoso?” ¡Definitivamente es que los caminos de Dios y nuestros caminos no son los mismos!
En la primera lectura (Isaías 55:6-9) Dios revela a través de Isaías que: “Mis pensamientos no son tus pensamientos, y tus caminos no son mis caminos. Tan altos como los cielos están sobre la tierra, así de altos son mis caminos por encima de tus caminos y mis pensamientos por encima de tus pensamientos”. Dios, en su sabiduría, nos ve, y los acontecimientos y ocurrencias de nuestras vidas de diferentes maneras que nosotros. El amor es el amor. En nuestra condición humana a menudo cuestionamos el juicio de Dios y la voluntad de Dios. Esperamos que Dios actúe de acuerdo con nuestra lógica humana y con nuestras normas humanas. Cuando esto no sucede, protestamos, sólo si nos vemos como desfavorecidos por lo que sucede. Los trabajadores que entraron en el viñedo en la última hora no se quejaban, pero que llegaron en la primera hora seguro lo estaban. No vieron al propietario como generoso y benévolo, sino tonto e injusto. Esto sólo se puede resolver en nuestras propias vidas cuando podemos reflexionar sobre algo que puede haber sucedido y ver que de hecho, el camino de Dios era mejor, los pensamientos de Dios eran superiores. Hasta entonces protestaremos y discutiremos y continuaremos debatiendo la locura de los caminos y pensamientos de Dios.
Tal vez nuestro mayor desafío antes de estas lecturas es aceptar que Dios es ese generoso y nos ama tanto, tanto que envió a su Hijo, y que el Hijo nos amó tanto que murió por nosotros en la cruz. Muchas personas luchan con sentimientos de indignación, en particular alrededor del amor incondicional de las personas en sus vidas. La mayoría de nosotros creemos, y nuestra experiencia nos dice, que debemos ‘ganar’ el amor. Sin embargo, el camino y el pensamiento de Dios es que tenemos ese amor gratis. Es un regalo. Es una gracia. Nada de lo que podamos decir o hacer nos puede robar ese amor de Dios, incluso negarlo y darle la espalda a él. Él todavía nos ama. Recuerdo cuando algunos amigos míos tuvieron su primer hijo, y el nuevo padre me llamó y me pidió que viniera al hospital. Eran las 9:30 de la noche, así que me puse el collar y fui al hospital, confundiendo a las enfermeras en maternidad. Pero, me dejaron entrar, y vi a su nuevo hijo. La nueva madre me dijo: “Nunca me di cuenta de cuánto me amaban hasta que sostenía a mi propio hijo en mis brazos”. Esto es sólo un pequeño reflejo del amor incondicional de Dios para nosotros, y esta generosidad y benevolencia con nosotros, en cada situación.
A menudo este evangelio se interpreta que los que fueron los últimos en trabajar en el viñedo representan a los pecadores que más tarde en sus vidas se convirtieron en Dios y le fueron fieles, mientras que otros fueron fieles a través de toda su vida y desde el principio. Dios es justo que permite a estos “últimos” vean el cielo. Jesús murió por los pecados de los que trabajaron desde el amanecer, así como de los que sólo trabajaron una hora. No podemos limitar el amor de Dios, ni su misericordia. GRACIAS A DIOS porque sus caminos no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
El evangelio de hoy nos llama a reflexionar sobre cómo aceptamos los ‘caminos’ y ‘pensamientos’ del Señor, especialmente en relación a aceptar su amor incondicional y generoso. Está ahí para nosotros si lo aceptamos o no, pero si lo aceptamos en nuestro corazón, entonces su abundante gracia puede hacer mucho más en nosotros mientras respondemos en amor a Dios, y compartir ese generoso amor unos con otros. Dios es, y siempre será, “justo”.

La Iglesia española se rebela contra Sánchez. Los obispos exigen al Gobierno que retire la ley de Memoria Democrática, porque “divide” a los españoles

En un giro copernicano, tras años de silencio, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha exigido al Gobierno Sánchez que “aparquen” temas que “dividen” como la Ley de Memoria Democrática, que conlleva la llamada “resignificación” del Valle de los Caídos y la expulsión de los benedictinos pues, a su juicio, no es lo que preocupa a la gente en este momento. Estas son declaraciones de Omella a la Cope, recogidas por la Vanguardia.
Vamos ahora con la interpretación que ha hecho eldiario.es, según el cual Omella tras su encuentro con el papa en Roma declaró: “Estamos dispuestos a ayudar”, afirma el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, respecto de la resignificación de Cuelgamuros. Es decir eldiario.es asimila colaboración para resolver el asunto del Valle de los Caídos, con darle otro significado a la basílica, al cementerio y a la abadía -expulsando a los benedictinos y, con el tiempo, derribando la cruz- y nos ofrece la información de que la Iglesia está dispuesta a colaborar.
Seguimos con la versión del progre eldiario.es: los obispos españoles admitieron que “el tema del Valle de los Caídos ha salido” durante la reunión con el Papa. Aunque Omella subrayó que “es un tema que concierne más a la Iglesia de Madrid”, añadió que “desde la conferencia episcopal estamos dispuestos a ayudar. Pedimos que haya un diálogo en la sociedad y con nosotros, la Iglesia”. Y si alguien pide diálogo es porque el Gobierno Sánchez, que pretende acabar con el Valle de los Caídos, no ha dialogado con la Iglesia. No sólo eso, Omella pide, de forma directa, que se “aparque” la expulsión de los monjes benedictinos que están allí pra rezar, “para hacer el bien”.
Y ahora volvamos a la entrevista de Omella con la COPE: “Yo les diría a los políticos: ¿Por qué no aparcan ciertas cosas? Serenemos la sociedad y busquemos lo que de verdad preocupa a la gente. ¿Tanto preocupa a la gente que los benedictinos tengan que salir o no de ese monasterio? Si están allí para rezar, ciertamente se equivocarán en muchas cosas y en algunas cosas que han dicho, como todos, pero están allí para hacer el bien”, ha reflexionado el arzobispo de Barcelona en una entrevista en COPE. Algo se han perdido los chicos de eldiario.es. O eso, o directamente han decidido manipular la información.
Otra muestra de esa manipulación, en palabras textuales del cardenal Omella: “Que vengamos con esos temas que nos dividen y nos retrotraen a momentos difíciles…, yo sé que hay muchas heridas en el pasado de nuestra historia de España pero nos pueden distraer de lo esencial”, ha subrayado.
Es la primera vez que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, José Luis Omella, realiza una crítica directa al muy cristófobo y anticlerical Gobierno Sánchez. La primera, también, que sale en defensa de la catolicidad del Valle de los Caídos. Recuerden que el objetivo del Gobierno no era exhumar a Franco, sino desacralizar la Basílica, expulsar a los monjes y destruir la mayor cruz de Europa. A ser posible, para cortarle los brazos y convertirla en un monolito masónico.

Pato SPR

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Omar Chehade: «Martín Vizcarra es un pato, un pato rengo, un pato cojo»

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Omar Chehade describió al presidente de la República, Martín Vizcarra, como un ‘pato’, ‘pato rengo’ y ‘pato cojo’. El término ‘pato rengo’ refiere al funcionario público cuyo mandato ya va a terminar y cuyo sucesor ya está elegido o nombrado.
«Es un presidente que lamentablemente está deslegitimado y ¿qué cosa es estar deslegitimado? No tener la autoridad moral para gobernar el país. El presidente Vizcarra es un pato, es un pato rengo, es una persona que como dice la doctrina política, es un pato cojo que no puede gobernar», señaló Chehade, quien es titular de la Comisión de Constitución del Parlamento.
El legislador de APP recordó, además, que la vacancia presidencial no es un juicio penal, sino un juicio político.
«Vizcarra es el presidente que miente, el presidente que de alguna manera no está con el pueblo, que falsea los documentos, que falsea documentación», añadió.
Luego, repitió que el mandatario es un ‘pato’, pero uno ‘rengo’ y uno ‘cojo’, que ya no podrá gobernar en los próximos meses.
Cabe recordar que el jefe de Estado acudió al Congreso para responder por el proceso de vacancia por incapacidad moral que ahí se le sigue tras la difusión de grabaciones que lo implican en el caso Richard Swing. En su discurso, negó que estos audios divulgados en la prensa signifiquen la comisión de un delito por parte suya.
Fuente: Diario EXPRESO.

Salvado mas no exculpado

Editorial Diario El Comercio.
Anoche, el Congreso de la República decidió no vacar al presidente Martín Vizcarra, luego de que una moción en ese sentido se aprobase el 11 de setiembre a propósito de una serie de audios hechos públicos por el parlamentario Edgar Alarcón.
Desde esta página hemos dicho en más de una oportunidad que la vacancia no era una medida sensata, especialmente en un contexto en el que deponer a un jefe del Estado solo hubiese atizado las crisis sanitaria y económica que enfrenta el país. La idea de que se dé un cambio de gobierno en medio de una pandemia hubiese sido imprudente, particularmente en base a indicios que bastan para iniciar una investigación al accionar del gobernante, pero no para emitir una sanción tan significativa como la que algunos congresistas pretendían.
Esta circunstancia, empero, no debe hacernos perder de vista que el mandatario no ha sido exculpado de alguna forma de los cuestionamientos que lo rodean. Para empezar, la presentación de Vizcarra y su abogado, Roberto Pereira, estuvo muy lejos de ser la que el país merecía. El presidente continuó rehusándole a la ciudadanía explicaciones claras sobre su vínculo con el señor Richard Cisneros y se enfocó en disputar la legitimidad de las grabaciones, mientras que la defensa de Pereira se basó en discutir la pertinencia de la herramienta constitucional empleada por el Congreso para responder a las transgresiones que se le imputan al presidente. En suma, el argumento fue que el mandatario merecía ser investigado, pero que esa tarea no le correspondía a la representación nacional.
Que el jefe del Estado acudiese al hemiciclo fue, sencillamente, lo que le correspondía por el compromiso que tiene ante la ciudadanía y las formas democráticas. Pero lo cierto es que se perdió una importante oportunidad para conjurar las sombras que envuelven su gestión y con ella se escamoteó una responsabilidad pendiente de su administración, que incluye aclarar las dudas sobre la contratación de personas cercanas a él y a sus exfuncionarias en el sector público. Que haya elegido evadir el fondo del asunto mantiene intactas las preguntas que han puesto en aprietos al Ejecutivo y es difícil imaginar que estas no vuelvan a generar una nueva crisis en los próximos meses.
Por otro lado, que el Poder Legislativo no haya vacado al mandatario tampoco libra a esta institución de todo lo ocurrido en la última semana. Que un proceso de esta naturaleza se haya tramitado de manera tan apresurada y que algunos representantes, como el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, incluso llegaran a tratar de acercarse a las Fuerzas Armadas, dejó claro que buena parte de los intereses que guiaron esta medida eran más políticos que justicieros.
El debate, por su parte, fue una combinación de calificativos y digresiones inexplicables. Resaltan, por ejemplo, la alusión de un congresista de Unión por el Perú a que el presidente debería ser condenado a pena de muerte y la insistencia de múltiples legisladores con tópicos y medidas que poco tenían que ver con la moción que los convocaba, como lo relativo a la norma que aprueba el retiro de los fondos de la ONP, que el Gobierno cumplió con observar.
Así las cosas, si algo ha quedado claro de toda esta crisis es que nuestras autoridades están harto alejadas de los apremios del país. El hecho de que, durante esta emergencia sanitaria, el Gobierno haya ejecutado gastos y tenido encuentros que no se preocupa por explicar, y que el Congreso haya ensayado un proceso político que amenazó con agravar todo, expresa nítidamente que los problemas que nos afligen son asuntos secundarios en sus agendas.

Martín Vizcarra al desnudo

Por Luis Garcia Miró Elguera– Diario EXPRESO.
El presidente que repite como papagayo “mi gobierno lucha permanentemente contra la corrupción”. El mismo presidente que ha dañado al país con sus emprendimientos. Desde el escándalo Chinchero, al “pacto secreto” con Odebrecht, la Reconstrucción con Cambios, la inseguridad ciudadana, etc. El presidente que ha llevado al Perú a que, internacionalmente, se le califique como “el país que peor ha gestionado la crisis del Covid”. El presidente que ha generado un desastre económico tras encomendarle el MEF a una señorita probablemente plena de calificativos teóricos, pero sin el peso específico que debe exhibir quien maneja las finanzas del país ni menos la experiencia que demanda administrar el Erario Nacional. En síntesis hablamos del presidente Vizcarra, quien aparece en audios dando órdenes a sus subalternos para que alteren los registros oficiales de palacio de gobierno a efectos de obstruir la Justicia para esconder pruebas fehacientes ante el Parlamento Nacional y la Fiscalía de la Nación, convirtiéndose en jefe de una organización criminal. A Vizcarra se le enrostra ejercer influencia desde su cargo para que el Estado contrate a amiguitos descalificados. Ese mismo Vizcarra que salía diariamente en televisión desinformando al país sobre la pandemia. Pues ayer, con jactancia y prepotencia, Vizcarra sostuvo “No entraré al fondo del asunto.
Eso que lo hagan los fiscales; no los congresistas”. Hablamos del orondo presidente que asistió al recinto congresal supuestamente para defenderse frente a la moción de vacancia por incapacidad moral acordada por la representación nacional. Aunque, de plano, se presentó mal trajeado. Sin corbata. Sibilino mensaje de desprecio al primer poder del Estado. Por cierto no se quedó a escuchar la defensa de su letrado. Más bien abandonó el Legislativo diciendo cínicamente: “Debo trasladarme a La Libertad, porque yo trabajo todos los días por nuestro país”. Una tonta excusa. Como si desconociese que la labor de un buen presidente implica que trabaje muchas veces las 24 horas al día. Sin aspavientos. Sin vanagloriarse. Recuerde ingeniero que ¡la carne viene con hueso!
También Vizcarra se refirió peyorativamente a la forma tendenciosa que “presentan los audios” del escándalo, en los cuales queda plenamente registrada su voz. Comete ahí flagrante ligereza. Porque en lugar de disculparse frente al país y el Legislativo, alegó que los audios “carecen de peritaje”. Avanzó más al manifestar que “todo proceso judicial en mi contra procedería recién al finalizar mi gestión”. Acá Vizcarra igualmente confunde en forma expresa que un extremo es referirse al proceso judicial y otro, muy distinto, a su temperamento como incapaz moral. Porque en esta instancia su idoneidad ética se encuentra descalificada. Tan sólo su voz es prueba fehaciente de incompetencia moral, cuando aparece lanzándole ucases a sus subalternos para que alterasen matrículas, repartiesen responsabilidades y modificasen registros oficiales que, de manera irrebatible, corroboran los delitos que se le imputan.
Sin embargo, ayer con ostensible hipocresía Vizcarra se limitó a pedir disculpas por la “gente cercana a mí” que divulgó trapicheos para trampear al país. Ni siquiera hubo un pedido de perdón al soberano por su comportamiento evidentemente falaz y delictivo.

Mirian Morales a Karem Roca: “Hay que negar hasta el final visitas de Richard Swing”

Un nuevo audio propalado por ‘Panorama’ muestra las coordinaciones entre Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, y Karem Roca, asistente del Despacho Presidencial, para negar las visitas del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’. Según dicho programa, el audio fue grabado el pasado 25 de junio, luego de la declaración de Morales ante la fiscal Yenny Huacchillo, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que investiga las contrataciones de Swing.
Allí se revela la existencia de tres correos electrónicos de la visita de Swing a un personaje con las iniciales ‘SPR’, que serían ‘Señor Presidente de la República’. Incluso, dicho personaje ingresó a las reuniones con el mandatario con celular, pese a que el protocolo no lo permitía.
“Entró con celular. ¿Por qué entró con celular?”, pregunta Mirian Morales, a lo que Karem Roca responde: “Porque el presidente dijo que entre con celular. El presidente lo dijo, no es que a mí se me antoje. Porque son amigos pues”.
Incluso en ese momento de la reunión Morales se da cuenta de la existencia de los tres correos, que ahora están en poder del Ministerio Público y que corroboran la versión de las cinco visitas de Swing a Vizcarra. Los e-mails datan del 18 de abril y 12 junio del 2018, y 13 de agosto del 2019.
En el audio Mirian Morales y Karem Roca coordinan sobre cómo justificar las asistencias de Richard Swing a Palacio de Gobierno y lo que la segunda debe declarar ante la fiscal Yenny Huacchillo. También acuerdan decir que es el propio Vizcarra quien decide a quién recibe.
“Hay que negarlo hasta el final”, dice Morales al referirse a las visitas de Richard Swing a Vizcarra. “La cosa es cómo cubrirnos. Tenemos que cubrirnos todo el equipo”, añade. Incluso, al enterarse de la existencia de los correos, afirmó: “No, ahora el tema cambia, la versión tiene que cambiar”.
A su vez, Karem Roca manifiesta que una de las visitas la registró a nombre de Óscar Vásquez, uno de los asesores, aunque eso no aparece en el sistema. También ensayan algunas respuestas que darán ante la fiscal sobre las visitas, como decir que se trataron de “reuniones personales”.
“La única excusa que puedo decir es que este señor no vino a las reuniones, por eso no está en el sistema. Con eso me cubro, que mi sistema sigue siendo impoluto”, señaló Mirian Morales, quien hace mención de hasta siete visitas de ‘Richard Swing’.
El pasado 1 de junio un equipo de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez allanó las oficinas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias de recojo de documentos y otros indicios por la investigación preliminar a las presuntas irregularidades en la contratación de ‘Richard Swing’.
Fuente: Diario El Bocón.

Caso Richard Swing: Peritos determinaron que en Palacio se borraron correos electrónicos

Peritos en análisis digital forense del Ministerio Público determinaron que en Palacio de Gobierno se borraron correos electrónicos, justo 30 días antes de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción a las oficinas administrativas del lugar, para recabar información sobre el caso Richard Cisneros.
Así se recuperaron correos electrónicos en los que se consigna oficialmente siete solicitudes de ingreso a Palacio de Gobierno de Richard Cisneros Carballido. El primer correo electrónico tramitado para el ingreso del cantante fue enviado al sistema de seguridad de la Casa de Pizarro el 19 de diciembre del 2017 por Karem Roca Luque, asistente personal del entonces vicepresidente de la República, Martin Vizcarra.
El segundo correo electrónico fue enviado por Luis Amadeo Luna de la Cruz el 2 de abril del 2018. Ese día, ya con la banda presidencial tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra tomó juramento a su primer gabinete en el patio de honor de Palacio de Gobierno y Richard Cisneros fue uno de los invitados.
Es allí donde empiezan las visitas continuas. Los peritos del Ministerio Público encontraron un tercer correo electrónico enviado por Karem Roca el 18 de abril del 2018, solicitando autorización de ingreso del cantante hoy también investigado por la Fiscalía. Dos meses después, el 12 de junio del 2018, otra vez, la entonces asistente personal del jefe de Estado vuelve a tramitar vía e-mail una nueva visita.
Richard Cisneros se movía en las entrañas mismas del poder, pues 16 días después, es decir el 28 de junio del 2018, Ángela Patricia Mariños Flores, asistente administrativo de la entonces secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, solicita también autorización de ingreso del cantante.
Según los registros encontrados por los peritos de la Fiscalía, el 12 de octubre del 2018, Karem Roca Luque, una vez más, tramita otra visita de este personaje.
Finalmente, el séptimo y último correo de solicitud de autorización de ingreso de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno, lo pide el 13 de agosto del 2019, Julio Ubillús Boada, funcionario del servicio diplomático que fue destacado a trabajar con el presidente Martín Vizcarra.
Los peritos en análisis digital forense de la Fiscalía encontraron que, a pesar de la existencia de los siete correos electrónicos, sólo se consignó el ingreso de Richard Cisneros en dos oportunidades y que la tabla de registro “ha sido alterada”.
De acuerdo a información a la que este canal tuvo acceso, los expertos en informática lograron recuperar 27 mil 420 correos electrónicos de los años 2017, 2018 y 2019, los cuales, sospechosamente, “sin ningún criterio establecido”, fueron eliminados de la bandeja respectiva.
Fuente: www.americatv.com.pe

¿El déficit hídrico es malo?

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Julio Villafuerte Osambela

Por Coronel FAP – Diario Correo.
El gobierno ha declarado en emergencia el norte del país por déficit hídrico debido a la escasez de lluvias que tuvimos la temporada pasada y debido a que, analizando los pronósticos globales, esto podría mantenerse. Se ha actuado bien en la toma de decisiones a ese nivel.
Ahora debemos hacer seguimiento al estudio para aplicarlo en cuencas y regiones, con el fin de aprovechar la poca cantidad de agua de lluvias que va a caer. El objetivo final debe ser el atender a los sectores afectados, sobre todo el agrícola.
Conoce a tu enemigo como a ti mismo, dijo un Sun Tzu, y aprovechemos sus debilidades. Sin embargo, mientras que el sector agrícola ya toma sus medidas de protección porque desde ahora está vigilando, otros podrían verse beneficiados como el sector construcción, ya que van a poder transportar y construir sin demorar o paralizar sus obras por huaicos, cierres de carreteras o demás. Nada de eso habrá.
El transporte de minerales y otros insumos de la selva a la costa también se verían beneficiados debido a que no habrá inconvenientes en las vías, que serán más fluidas. Asimismo, el turismo, tan importante en las playas del norte, estaría en condiciones de planear mejor sus ofertas, y concentrarse solo un enemigo que sería el COVID-19 mas no en emergencias generadas por fenómenos naturales.
El sector Salud y las FFAA podrán llevar las ayudas a toda esa gran población del norte con mayor seguridad porque los eventos climáticos serán menores. También se podrá disponer mejor de los recursos económicos y derivarlos a otras regiones, que sí necesitarán atención ante los fenómenos meteorológicos. Me refiero, por ejemplo, a la sierra central (incluyendo las zonas altas de Lima), que va a tener más lluvias de lo normal. Perdiendo por falta de lluvias en un sector, podemos ganar en otros.

Misa por 198 aniversario del Congreso

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A días de celebrarse el 198° aniversario de creación del Congreso de la República, se ofició la misa en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Parlamento.
El acto religioso fue oficiado por el padre Ángel Ortega Trinidad, capellán de la institución.
Participaron el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, y los vicepresidentes Luis Valdez Farías, Guillermo Aliaga Pajares y María Teresa Cabrera Vega.
También asistieron algunos voceros y legisladores de las bancadas como Otto Guibovich (AP), José Luna (PP), Jorge Pérez (SP), Edgar Alarcón (UPP), entre otros.
La misa fue transmitida por la plataforma virtual a fin de que sea seguida por los demás parlamentarios, funcionarios, trabajadores de la institución y los fieles católicos.El 20 de setiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú convocado por el Libertador José de San Martín y Matorras.
Este acto fue un paso decisivo en el proceso emancipador y de democratización de la Patria.
Fuente: Centro de Noticias del Congreso de la República.

Ocho bancadas demandan que ministros Walter Martos y Luis Incháustegui vayan al pleno por conspiración

Por  y Gonzalo Arcasi Mariño- Diario Gestión.
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, están en la mira del Congreso.
Las bancadas de Acción Popular, APP, Podemos Perú, UPP, Frente Amplio y Fuerza Popular pidieron que ambos ministros acudan al Pleno a fin de que rindan cuentas por los audios difundidos en los últimos días y que generaron una crisis política.
En el caso de Martos, su presencia en el Parlamento es requerida para que revele los nombres de los dos líderes de partidos políticos que llamaron al presidente Martín Vizcarra para pedirle la postergación, por dos años, de los comicios del 2021.
Precisamente, ayer se le consultó al presidente Martín Vizcarra los nombres de las personas que lo llamaron, pero evitó responder y se alejó de la prensa.
En lo que respecta a Incháustegui, los grupos parlamentarios exigen que el ministro diga los nombres de las presuntas personas ligadas a Acción Popular y el Congreso que lo contactaron para que forme parte de un “gabinete de transición”, liderado por Manuel Merino de Lama.
Lanza advertencia
En diálogo con Gestión, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, cuestionó las declaraciones del titular del MINEM, al señalar que, de manera irresponsable, hace una denuncia y no la fundamenta.
“Estamos exigiendo que el ministro dé los nombres de las personas que lo llamaron, por eso es que debe ser citado al Congreso. Si no lo hace, se pone en riesgo de que presentemos una denuncia por difamación y calumnia en su contra, y hasta sería plausible de una interpelación”, advirtió.
Burga recordó que su partido tiene más de 280 mil militantes inscritos, por lo que dijo cualquier persona pudo haber tomado el nombre de su agrupación. Por eso, reiteró, es necesario que revele los nombres.
“Aún no hemos tomado una decisión, por la memoria del padre del ministro. Estamos dándole un plazo para que diga los nombres, antes de tomar cualquier medida. Él (Luis Incháustegui) nos ha insultado y eso no debe quedar así”, apuntó.
Al igual que Burga, Carmen Omonte, de APP, señaló que si el ministro no aclara esta situación demostraría que simplemente se prestó para generar zozobra ante la población.
“De no corroborar los hechos, quedaría demostrado que el ministro, con sus declaraciones, buscaba distraer a la gente con el verdadero fondo de las crisis política que atravesamos”, indicó a este diario.
En tanto, Mártires Lizana, de Fuerza Popular, dijo que el Parlamento debería darle facilidades a Incháustegui para que rinda cuentas ante el Pleno o a alguna comisión ordinaria.
“Si no aclara, todo lo que dijo el ministro caerá en saco roto. Lo importante es que revele los nombres de las personas que lo llamaron”, enfatizó.
El ministro Luis Miguel Incháustegui denunció que dos personas cercanas a Acción Popular lo llamaron para que integre un “gabinete de transición” liderado por Manuel Merino.
El ministro Luis Miguel Incháustegui denunció que dos personas cercanas a Acción Popular lo llamaron para que integre un “gabinete de transición” liderado por Manuel Merino.
Moción de invitación
La bancada de UPP presentó ayer una moción de invitación a fin de que Martos acuda ante el Pleno y explique sus declaraciones emitidas el último domingo.
“El primer ministro Walter Martos, hasta ahora no ha esclarecido quienes fueron las personas que llamaron al presidente, por eso es que lo vamos a convocar para que diga la verdad. Espero que las demás bancadas apoyen nuestra moción”, indicó el congresista Javier Mendoza a este diario.
En la misma línea, José Luis Ancalle, del Frente Amplio, dijo a Gestión que su agrupación también alista una moción para citar al titular de la PCM.
“El señor Martos debe identificar a los partidos que llamaron al presidente y no generalizar, porque no todos tenemos los mismos intereses. Uno no puede declarar hechos que no conoce, así que no debería correrse del Congreso”, manifestó.
El legislador de Podemos Perú, Carlos Almerí, señaló a Gestión que su grupo evalúa apoyar estas mociones, debido a que urge una aclaración desde el Ejecutivo.
“Todas estas declaraciones de los dos ministros son actos de inexperiencia política y sujeción al presidente Vizcarra, deberían hacer un mea culpa (…) Dada las expresiones del premier Martos, tiene que venir al Congreso a hacernos una explicación. Para nosotros sería suficiente”, enfatizó.
El primer ministro Walter Martos señaló que dos líderes de partidos políticos llamaron al presidente Martín Vizcarra con la finalidad de pedirle la suspensión de los comicios del 2021.
El primer ministro Walter Martos señaló que dos líderes de partidos políticos llamaron al presidente Martín Vizcarra con la finalidad de pedirle la suspensión de los comicios del 2021.
¿Acudirá Vizcarra?
Este viernes el presidente Martín Vizcarra ha sido citado por el Congreso para que brinde sus descargos ante el proceso de vacancia iniciado en su contra a raíz de los audios difundidos el fin de semana; sin embargo, hasta la fecha no ha habido una confirmación por parte del mandatario.
Al respecto, tanto Burga como el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, coincidieron en señalar que el mandatario está obligado a acudir ante el Pleno, de lo contrario su situación se agravaría aún más.
“El presidente Vizcarra tiene la responsabilidad moral de acudir este viernes ante el Congreso y explicarnos lo que dijo en los audios. Él no está acusado ni investigado, solo pedimos que venga a aclarar los audios de la vergüenza. ¿Cuál es el problema de dar cuentas a la nación?, ¿cuál es el temor?”, cuestionó el acciopopulista.
En una actividad en Villa María del Triunfo, el mandatario solo atinó a decir que “hay que trabajar unidos contra la corrupción”.

“Tarjetazo”

Por – Diario Correo.
En junio último, cuando se hizo pública la facilidad con que un cantante de medio pelo como Richard Cisneros o Richard “Swing” lograba contratos en el Ministerio de Cultura a cambio de trabajos innecesario, el presidente Martín Vizcarra salió al frente a decir, con el dedo en alto, que a diferencia de otros gobiernos, en el suyo no cabía el “tarjetazo” ni las “recomendaciones”, sino que solo existía espacio para los mejores profesionales.
Luego hemos sabido que el mandatario no decía la verdad. Para muestra varios botones: los puestos de trabajo dados a los familiares y conocidos del presidente en el Estado, la suerte del exesposo de Mirian Morales y la de los amigos apodados “Los raqueteros del Lawn Tenis”. Ya en medio de la turbulencia de los audios conocidos desde el jueves pasado se ha sabido que la exasistente Karen Roca tenía a su esposo en una dirección en Cofopri.
Todos estos casos que el presidente Vizcarra se ha negado a explicar en la Comisión de Fiscalización del Congreso, sumado al de Cisneros que ha tratado de ser escondido con malas artes en Palacio de Gobierno, han llevado al jefe de Estado a estar hoy contras las cuerdas y con un pedido de vacancia encima, en medio de la pandemia del COVID-19 que sigue cobrando decenas de vidas todos los días.
Mientras tanto ayer, un día después que Roca fue echada del cargo que ocupaba en Palacio de Gobierno por todo lo que ya conocemos, se publicó en El Peruano la resolución que da por concluida la designación de su esposo, con lo que queda claro que el puesto del caballero en Cofopri se debía a la cercanía de su mujer con el generoso mandatario al que ella quería como a “un padre”. Una vez que esto se acabó, adiós empleo en el aparato estatal.
¿Y así el presidente nos hablaba de que con él no caben los “tarjetazos”? El actual jefe de Estado es uno más de los tantos mandatarios que a lo largo de nuestra historia han usado el Estado como si fuera su empresa particular o su chacra, para así beneficiar a los parientes y los amigos. Un cambio de discurso no vendría mal al gobierno de Vizcarra, porque eso de dar empleo a todos los que ya conocemos y luego poner cara de indignación, es de mal gusto y va contra la ley.

Pronunciamiento firmado por encargo del SPR:

Karem Roca desliza supuestos actos de corrupción de Martín Vizcarra y Mirian Morales en el proyecto minero Quellaveco

En una reciente grabación a la que tuvo acceso EXPRESO, Karem Roca le cuenta a su confidente, el abogado Fabio Noriega, que Pastor Paredes Diez Canseco, actual Director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el «operador» del presidente Martín Vizcarra y Mirian Morales en el proyecto minero Quellaveco, ubicado en Moquegua y a cargo de la empresa Anglo American.
En este audio, Roca desliza supuestos actos de corrupción por parte de Vizcarra y Morales, a través de Paredes Diez Canseco, en el mencionado proyecto cuprífero.
«Él por encargo de la PCM se ha ido nombrado en asuntos sociales, en asuntos de mesas de diálogo, a Moquegua. Él ve todo lo que es Anglo American, Quellaveco, las mesas, él impulsa cómo se hacen las negociaciones, y la directora del proyecto es la concuñada del presidente, Rosemary Silva. (…) Es plata y todo eso lo está viendo el presidente y Mirian, si eso se le cae, pierde. (¿Paredes Diez Canseco es operador del presidente?) Claro y de Mirian», narra Roca Luque, a la vez que remarca que Morales y Paredes Diez Canseco son «mejores amigos».
«Entonces, lógicamente, dime, ¿le va a convenir su amiga de todos los años o quien le da plata?», pregunta la exasistente de Vizcarra, en referencia a que el mandatario defendería a Morales en desmedro de Roca Luque.
Al respecto, recordemos que, en otro audio, Karem Roca llega a manifestar, incluso, que Martín Vizcarra le dijo: «Si tú actúas en contra de Mirian, actúas en contra mía». «Y y yo le dije: ‘Las lealtades son de ida y vuelta. Yo no he actuado en contra de usted. Usted está enojado porque quiere saber mi manifestación; lo va a saber y va a saber que nunca fui desleal’. Así le dije», agregó.
Cabe precisar que Rosemary Silva Acevedo, quien ocupa el puesto de directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Moquegua (un organismo de coordinación multisectorial que maneja el fondo social de Anglo American Quellaveco), es la esposa de Gabriel Díaz, hermano de la esposa de mandatario, Maribel Díaz. Sobre ella, Roca ha aseverado que «coordina» con los fiscales Zoraida Ávalos y Domingo Pérez.
Fuente: Diario EXPRESO.

Sin vergüenzas

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Pericias fiscales confirman que registro de visitas a Palacio de Gobierno fue alterado

Peritos forenses del Ministerio Público han concluido que hubo alteración en el registro de visitas al despacho presidencial del Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción en el caso ‘Richard Swing’.
El análisis fiscal, según un reportaje de ‘Punto Final’, ha encontrado registros que confirman que Ricardo Cisneros -conocido en el mundo artístico como ‘Richard Swing’- visitó entre 6 a 8 veces el Palacio de Gobierno entre 2018 y 2020. Según las pericias, esta información intentó ser borrada.
Según la nota periodística, la fiscalía tiene información que la asistente administrativa Karem Roca era la persona que tenía acceso directo a dicho registro de visitas.
Como se recuerda, el registro del sistema de visitas y correos electrónicos del área administrativa de Palacio de Gobierno fueron intervenidos el pasado 1 de junio por la fiscal Janny Sánchez, en busca de información sobre las reuniones que sostuvo el cantante con funcionarios del Gobierno.
El dominical también apunta que la fiscalía analizó 9 órdenes de servicio a Ricardo Cisneros, y que según las conclusiones preliminares, los requisitos publicados para contratar con el Estado habrían sido direccionados, buscando favorecerlo.
Asimismo, se determina un excesivo pago por las tres conferencias de ‘liderazgo transformador sapiencial virtual’ que dictó, comparándolo con otros proveedores que dieron el mismo servicio.
Cisneros cobró 30 mil soles por sus 3 conferencias (10 mil cada una), mientras que a las otras dos empresas recibieron entre 2950 y 3000 soles por el mismo concepto.
Fuente: Diario Correo.

Frente Amplio y Partido Morado: tontos útiles

La bancada de Frente Amplio presentó una moción de censura contra el Presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama.
Entre los fundamentos, la moción señaló que el presidente del Parlamento procedió de inmediato a suspender la agenda del Pleno y dar prioridad indebidamente a la audición de los audios de fuente anónima, violando flagrantemente el procedimiento parlamentario para su valoración en el marco de la investigación.
Terminada la votación, el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú), quien votó en contra de la moción, dijo que lo hizo porque no se han presentado pruebas que involucren efectivamente las conversaciones de Merino de Lama con las Fuerzas Armadas.
Con 93 votos en contra, se rechaza la moción 12125 que proponía la censura. También 21 congresistas se abstuvieron y 10 votaron a favor: Olivares Cortés, Belaunde de Cárdenas, Ancalle Gutierrez, Bazán Villanueva, Checco Chauca, Montoya Guivin, Quispe Apaza, Silva Santisteban y Vasquez Chiquilin.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Peor, imposible

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Aunque debería, Martín Vizcarra declaró que no renunciará a la presidencia por los audios propalados en el Congreso que demuestran un turbio ‘modus operandi’, siendo su norte la mentira y la traición. Los delitos que implican los audios son varios y nos introducen brutalmente a la vacancia presidencial. A ello se añade algo muy importante: Vizcarra –que heredó el cargo y no fue votado– ha perdido legitimidad.
Asimismo, por su trayectoria sinuosa, no garantiza que las próximas elecciones sean limpias, imparciales, sin cochinadas. Más aún si tiene a su escudero en la OEA. Lo escuchado es suficiente para vacarlo. Faltan 11 meses para el 28 de julio próximo, no es poco tiempo. Durante su gobierno Vizcarra no ha hecho nada de nada. Ni colegios, ni hospitales, ha desmantelado las instituciones tutelares como la Fiscalía y metido mano en el Poder Judicial.
La pandemia del COVID-19 nos trajo más muertes que en los países vecinos. La reacción del régimen ha sido inmoral e irresponsable. Rechazó el trabajo conjunto con el sector privado. La escasez de oxígeno para los enfermos de coronavirus ha llevando a la tumba a miles de ciudadanos. Las regiones tuvieron que hacer colectas para comprar con la suya. Los médicos aún protestan por la falta de equipos sanitarios y son 125 galenos muertos heroicamente. Solo el Perú no ha usado pruebas moleculares; las únicas que detectan el virus.
Nos encerró inútilmente y la economía se cae, aunque digan que hay recuperación Obviamente, si metes plata de bonos y hay una apertura veremos una mejora. Pero Vizcarra siempre quiere el triunfalismo, cosa que logra con los medios amigos.
El caso ‘Swing’ no es moco de pavo, como se pretende presentar. Es la punta de un iceberg que llega hasta Chinchero, Odebrecht y aledaños. La retahíla de casos de corrupción en el período Vizcarra es grande. Otra cosa es que se tape. Sus familiares sacan plata del Estado, los amigos de su hermano y los del tenis también. Pero nada pasa.
La estrategia de Vizcarra es negar todo, igual que Susana Villarán y sus secuaces, y Nadine Heredia. También desprestigiar a quienes denuncian la putrefacción existente. El mandatario vapulea al congresista Edgar Alarcón en su discurso llorón y los medios lo vuelven a lapidar. La fiscal Rocío Sánchez (audios Cuellos Blancos publicados durante meses) ayudó a Julio Guzmán (investigado por recibir US$400,000 de Odebrecht) “antes de que le caiga un show mediático”. No era proba. Qué más habrá.
Vizcarra demostró no ser confiable. Los militares, sabe dios bajo qué acuerdos, se auparon al golpe de Estado que cerró el Congreso anterior. Imposible disolver este. Se debe respetar la decisión del Parlamento. Sabemos que a los congresistas les están ofreciendo prebendas, también hay chantajes.
Cada día aparecerá más corrupción. Un gobernante agujereado no debe permanecer en el poder. Perjudicará al Perú enormemente. La moral de la República no se negocia.
Jorge Villena señala que declaración coincide con viaje a ese país de Augusto Rey y Paola Ugaz

“Cajero de OAS declaró que dio dinero a peruanos en Panamá”

El analista político Jorge Villena dijo en charla con LA RAZÓN que veía con mucha preocupación que las Fiscalía no pidan una sola detención preliminar ante las graves acusaciones hechas sobre el entorno de Susana Villarán que trabajó en la campaña electoral por el NO a la revocatoria.
Agregó que no le llamaría la atención que la acusación sobre Paola Ugaz sea una de las estrategias para “pitufear” el dinero de la sórdida campaña.
“Entre enero y febrero del 2013 año de la revocatoria, justamente en pleno proceso judicial el contador de Línea Amarilla, OAS del Brasil, al ser interrogado declaró que estuvo en Panamá repartiendo dinero para pagar presuntas coimas de la empresa OAS a Gobiernos locales de Ecuador y Perú, donde habrían estado precisamente el señor Augusto Rey y la señora Paola Ugaz”, expresó
Jorge Villena indicó que le llamaba poderosamente la atención que ante una acusación tan grave la Fiscalía no haya pedido una detención preliminar contra los acusados o establecer una ampliación de carácter más gravoso para cautelar la investigación. “No estoy a favor de la prisión preventiva que debe usarse en casos extremos, pero hemos visto mayor celo en casos de opositores al Gobierno”, dijo.
“No me sorprendería que ésta sea parte de una de muchas estrategias para poder pitufear el dinero de la campaña del No a través de intermediarios o de personajes de poder económico que habrían prestado sus cuentas bancarias para pagos irregulares. Una frase de Luciano Revoredo dice: Paola Ugaz de ser de la jefa de los trolls habría pasado a ser la jefa de los pitufos”, sostuvo.
El ex regidor remarcó que ahora todo depende del señor José Miguel Castro de revelar quienes participaron dentro de esa organización que debía traer dinero al país y distribuirlo, porque –dijo- estamos hablando de una campaña prácticamente del mismo nivel del que costaría una campaña presidencial, pese a que haya sido solo en Lima. Con un costo aproximado de 10 millones de dólares.
Fuente: Diario La Razón.