Archivo del Autor: Víctor Raúl Nomberto Bazán

Denuncias constitucionales

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Reuniones fantasma precedieron entrega de gasoducto del sur

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso
Ya era demasiado que el entonces  presidente Ollanta Humala Tasso haya presentado ante el país entero, y en mensaje presidencial del 28 de julio de 2012, que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano era “complementario” al de Kuntur Transportadora de Gas, no obstante que el trazo de los ductos era el mismo. Ningún técnico le enmendó la plana.
Este engaño fue posible tanto porque el Ejecutivo y el Congreso de entonces lo asumieron como suyo con apoyo de la prensa concentrada y de izquierdas que hoy oculta este sonado caso, tanto que ni siquiera ha sido parte de la negociación de la Fiscalía con Odebrecht para efectos de la reparación civil que debe recibir el Estado peruano de parte de esta empresa.
En este estado de cosas, ya está demás hablar del favorecimiento como postor único al consorcio Gasoducto Sur Peruano, es decir Odebrecht y Enagás y después de Graña y Montero.
En todo caso, lo que llama la atención es que buena parte del entramado legal y técnico para favorecer a Odebrecht se hizo en las llamadas “sesiones no presenciales” de Proinversión, la agencia encargada de la concesión, es decir en reuniones fantasma en las que se tomaron ese tipo de acuerdos.
Bajo el disfraz de esas sesiones virtuales se escondía el hecho de que los funcionarios encargados no tomaban decisiones sino que, omitiendo sus funciones, daban la apariencia de institucionalidad a la implementación de acuerdos colusorios que se tomaban en otros niveles políticos.
O en todo caso se tomaron otros acuerdos que luego se firmaban entre el Ministerio de Energía y Minas y el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) que obligada a la aplicación de cobros indebidos a los usuarios del servicio de electricidad para pagar a Odebrecht y sus consorciados por 34 años a un ritmo anual de US$ 912 millones.
“INGRESOS GARANTIZADOS”
En el fondo se trataba de solventar el pago de los “ingresos garantizados” por los cuales el Estado estaba también obligado a pagar el Adelanto de Ingresos Garantizados y la llamada “Deuda Garantizada”.
El contrato del GSP se hizo, además, en circunstancias en que no existía oferta de reservas probadas de gas ni tampoco demanda, porque –como es público en el mundo petrolero y de hidrocarburos- la petroquímica o nodo energético en Ilo y Mollendo estaba en problemas.
Por lo que es lógico peguntarse quién podría invertir en un proyecto con esa naturaleza. Obviamente solo si el Estado permisivo y funcionarios corruptos le daban a Odebrecht lo que le habían negado a la primera concesionaria, Kuntur Transportadora de Gas: Ingresos Garantizados por los antes citados US$ 912 millones por año.
Así lo habían diseñado los técnicos que apoyaron al partido nacionalista, y, la verdad sea dicha, hasta los agentes económicos aceptaron un incremento de 20% a 34% en los recibos de luz de tarifa residencial en proyección al año 2020.
Si bien es cierto que la aventura la había empezado Humala, la continuó Pedro Pablo Kuczynski, quien además se benefició con las consultorías en favor de First Capital Inversiones y Asesorías LTD que habría manejado con su socio chileno Gerardo Sepúlveda para la intervención de Petroperú en el esquema financiero de Kuntur que fue comprada por Odebrecht.
Si el contrato era por 30 años, la pesada mochila de la deuda que hubiéramos pagado los consumidores de luz eléctrica abarcaría a cinco gobiernos, con la consecuente carga al Tesoro Público de estas obligaciones de pago.
Y, como eran “ingresos garantizados” por el Estado, habría que pagarlos así no haya suficientes reservas de gas, como lo señalaron los expertos de la época, así no funcione el “nodo energético” o las empresas clientes del gas no cumplan con sus compromisos informales en el estudio mercado que se hizo en ese entonces para cumplir con el volumen de 500 millones de pies cúbicos día que debían transportar los ductos.
EL FAMOSO GRP
Es de recordar que ese pago abusivo para solventar la construcción del GSP, conocido como garantía por red principal (GRP), fue calculado “trayendo a valor presente los US$7.320 millones que costará la construcción y operación de dicha obra de infraestructura”.
Si se trata desagregar aquella GRP, a tenor de la cláusula 14.6  del contrato de concesión, el Estado estaba obligado a recaudar el 90% en las primeras armadas, lo que hace US$821 millones, obviamente con cargo a los recibos de luz entre los años 2015 y 2018.
Y no es que esa carga se iría extinguiendo conforme se vayan llenando los ductos de gas a partir del 2019, como algunos quisieron hacer creer, porque en el camino aparecerían nuevos compromisos a pagar.
El nuevo sobrecosto tiene el nombre de cargo por desconcentración. Y es que como la ley establece que el gas para las centrales térmicas del citado nodo no debería perder competitividad con relación a la producción de las centrales térmicas de Chilca, Lima, por lo que tenían que ser subsidiadas con al menos otros US$ 2 en las tarifas de luz residencial desde el 2020. En esos años se calculó este subsidio en unos US$ 441 millones anuales.
A lo anterior se sumó el cargo por “capacidad de generación” que era otro subsidio de alrededor de US$ 38 millones anuales a las dos centrales del nodo, la de Mollendo y la de Ilo.
REACCIÓN TARDÍA
Cuando los técnicos reaccionaron, ya era tarde. Aurelio Ochoa, ex titular de Perú Petro, advirtió en una emisora en agosto de 2016, cuando Humala ya estaba fuera de Palacio de Gobierno, que todos los peruanos pagaríamos más de US$ 11,000 millones por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) a través de los recibos de luz que se pagan mensualmente y cuyo monto se incrementaría en los próximos años, por decisión de la administración Humala.
Y es que para entonces el economista Manuel Romero, una de las pocas voces solitarias que denunció este estropicio,  informó que ya había un cronograma que se venía cumpliendo a pie juntillas: el 5% de los US$ 7,500 millones ya fue cobrado en el 2015, dijo. En 2016 se cobraría el 15%, el año siguiente el 35% (US$ 1,875 millones) y el 2018 se cobraría el 55%, que equivaldría nada menos que a US$ 4,125 millones.
Todo este lluvia de millones se paró en seco cuando estalló el caso Lava Jato y el consorcio del GSP no pudo concretar el cierre financiero o mejor dicho no pudo conseguir recursos en el sistema financiero para continuar la obra.
Por eso es que el Ministerio de Energía y Minas informó el 16 de febrero del año pasado, en forma lacónica, el siguiente texto: “Declarar que la terminación de la concesión del proyecto se produjo el 24 de enero del 2017 al no haber acreditado el concesionario el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”, según resolución suprema 003-2017-EM publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Este cierre financiero fallido es otra historia como otras son las injerencias de la señora Nadine Heredia y su entorno en este escándalo que se quiere tapar con el manto del olvido. Como también otras son las aventuras de Kucynski en este negocio.

23 de julio de 2014

El consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht y Enagás firma el contrato de concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.
Denuncia constitucional
Por las “sesiones no presenciales” la Comisión Lava Jato responsabilizó a los miembros del Consejo Directivo de Proinversión por infracción a la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto en condiciones negativas para los intereses de la nación.
Por lo tanto, ha planteado la denuncia constitucional contra el extitular del MEF, Luis Miguel Castilla Rubio; los ex ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Asimismo el ex ministro de Vivienda y Construcción, René Cornejo Díaz; Juan Manuel Benites Ramos (Agricultura) y José Gallardo Ku (Transportes y Comunicaciones).
SEGÚN JORGE PESCHIERA CASSINELLI DE EXPRESO
Daño al país hubiera llegado a 14,000 millones
Si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 % que regía en ese momento, los pagos garantizados hubieran sido de US$ 450 millones al año, en lugar de US$ 900 millones
La Comisión Lava Jato del Congreso rescata en su informe final un artículo del columnista de EXPRESO, Jorge Peschiera Cassinelli, que bajo el título de “Gasoducto del sur: un gran negocio financiero”, fue publicado el 2 de febrero de 2017, cuyas ideas centrales reproduce.
“Según los términos del contrato del gasoducto del sur, el postor ganador sería aquel que ofreciera el menor ‘costo del servicio’, expresado en una sola cifra, que incluía tanto la inversión para diseñarlo y construirlo, como el costo de operarlo por todos los años de la concesión. La oferta ganadora fue por aproximadamente 7,300 millones de dólares”, escribe Peschiera.
“La recuperación de la inversión debía provenir de los ingresos obtenidos por transportar el gas. El monto anual requerido para recuperar el mencionado costo de servicio se estimó en aproximadamente 900 millones de dólares al año por todo el plazo de la concesión. Esa cifra se utilizó para establecer el monto mínimo de ingresos anuales garantizados por el Estado”, agrega.
“¿Cómo se relaciona el ‘costo del servicio’ de 7,300 millones con los 900 millones de dólares al año? La clave está en la tasa de descuento aplicada al flujo de pagos futuros. De acuerdo al contrato, esa tasa es 12 % al año. El flujo de 900 millones al año por 34 años, descontado a la tasa de 12 %, resulta en una cifra cercana a los 7,300 millones”.
Cuando se llevó a cabo la licitación del gasoducto, en junio de 2014, la tasa de interés de mercado, aplicada a la deuda externa de largo plazo del Perú, se encontraba por debajo de 5 %. Si usamos esa tasa de descuento, siempre según el columnista de este diario, el valor descontado de los 900 millones al año, garantizados por el Estado es, aproximadamente, 14,600 millones.
¿Y esto a qué se debe? según el experto en temas de deuda externa. Sucede que cuanto menor es la tasa de descuento, mayor es el valor de los pagos que efectúa el Estado.
Visto de otro modo, si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 %, que era la tasa de interés a la cual el mercado estaba dispuesto a financiar al Estado, los pagos garantizados hubieran sido de 450 millones al año, en lugar de 900.
“En otras palabras, el Estado podría haber pagado al contado los 7,300 millones, tomando para ello un préstamo por el cual hubiera pagado solamente 450 millones al año, en lugar de 900”.
De lo escrito por Pescheira la comisión Lava Jato, concluye que el diseño financiero aplicado por las autoridades de esos años propició un grave perjuicio al país y a los usuarios de las tarifas eléctricas por más de US$ 15 mil millones.
DÍAS ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Los acuerdos de las sesiones “truchas”
 -21 de abril de 2014. En esta “sesión no presencial” del Consejo
Directivo de Proinversión se modificó sustancialmente las Bases del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano solicitado por el Comité Pro Seguridad Energética. Esta “reunión” fue registrada como realizada a las 5 de la tarde de la citada fecha.
-7 de mayo de 2014. Proinversión designó en esta “sesión no presencial”  a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca. (Sobre este tema existe la declaración del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016 de que estos dos personajes “fueron colocados por orden de Nadine Heredia y a pedido de los representantes de Odebrecht. El miembro que no es cambiado y permanece es Gustavo Navarro Valdivia, la misma persona que el año 2008 firmó el contrato de concesión del transporte de gas por ductos de Camisea al sur del Perú a favor de Kuntur Transportadora de Gas”, dice el informe Lava Jato.
-26 de mayo de 2014. Proinversión aprobó la modificación sustancial de las Bases del Concurso de concesión del Gasoducto Sur Peruano a solicitud del Comité Pro Seguridad Energética reunido el 23 de mayo de 2014, el cual había sido designado, en una sesión también “no presencial”, el 7 de mayo.
– 6 de junio de 2014. En “sesión no presencial” Proinversión aprobó el Límite Máximo del Costo del Servicio para la propuesta económica del concurso del Gasoducto Sur Peruano por US$ 7,800 millones, aprobación solicitada con fecha 5 de junio (un día antes) por el Comité Pro Seguridad Energética.
-9 de junio de 2014. El mismo Proinversión aprobó –también en “sesión no presencial”-  la versión final del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano solicitada por el Comité Pro Seguridad Energética el 6 de junio.
11 de junio de 2014. Proinversión aprobó los factores de asignación del Costo de Servicio del Proyecto Gasoducto Sur Peruano, habiendo hecho lo mismo anteriormente con el Límite Máximo. Además, el Comité Pro Seguridad Energética había realizado el pedido de aprobación el mismo día en que está fechada esta “sesión no presencial”: el 11 de junio de 2014.
–7 de julio de 2014. La “sesión no presencial” de Proinversión tomó conocimiento de un oficio de fecha 24 de junio, dirigida por el concursante Gasoducto Peruano del Sur (que el 7 de julio ya había sido descalificado) solicitando ampliación de plazo para la modificación de los consorcios participantes en el concurso que ya había concluido.
-15 de julio de 2014. Proinversión aprueba otorgar seguridades y garantías del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria que constituirá el adjudicatario Consorcio Gasoducto Sur Peruano.
(Es de recordar que el contrato entre el consorcio del GSP y el Gobierno fue firmado a los pocos días, el 23 de julio de 2014).

La gran estafa de la Refinería de Talara

Por SCARLET REYES VERÁSTEGUI- Diario EXPRESO.
El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas Talara, es uno de los megaproyectos más cuestionados del Gobierno de Ollanta Humala por involucrar presuntos hechos de corrupción durante su ejecución.
Para el economista Manuel Romero Caro, se trata de uno de los engaños más grandes de la historia del país, pues las autoridades de ese entonces nunca precisaron lo que realmente querían hacer con la obra.
Cuando el PMRT fue presentado a la población, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se aseguró que sólo se modernizaría la refinería existente para lo cual  se debía efectuar un proceso de desulfuración que le costaba a Petroperú cerca de 1,300 millones de dólares.
Pero en el julio de 2013, en pleno Gobierno nacionalista, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, anunciaba que las obras costarían 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones serían asumidos por el Estado. Es decir, se duplicó el monto establecido inicialmente.
“La Refinería de Talara tiene un gran pecado original, nunca nos dijeron qué era lo que realmente quisieron hacer y nos mintieron a todos. Nos vendieron la idea de desulfuración para no contaminar los pulmones de la población, así como aumentar la capacidad de la vieja refinería”, afirmó el economista.
Lo cierto es que, tal como lo anunció en su momento, y ante los diferentes cuestionamientos, el gerente general de Petroperú, Eduardo García Rosell, no se trataba de un “proyecto de modernización”, sino de una nueva refinería petrolera que, según él,  produciría cerca de 95,000 barriles al día, cuando la anterior no llegaba ni a la mitad de ese número.
“Es algo espantoso. El tema es bien sencillo, ¿por qué se necesitaban meter miles de millones de dólares para sacar adelante una gasolina que al final resultaba ser más cara que la importada? ¿De dónde iban a sacar la materia prima si todo lo que existe en el Perú no alcanza?”, cuestionó el economista. Esas preguntas deberán ser respondidas por las respectivas autoridades.
Durante el proceso de construcción, Petroperú comenzó a subir el precio de la gasolina y, por lo mismo, el Estado nunca se atrevió a decir cuál sería la rentabilidad real del proyecto.
Otro de los grandes señalamientos, indicó Romero Caro, es que dicho proyecto fue exonerado en su totalidad de todo tipo de firmas y concursos para lograr su desarrollo.
“Creo que lo exoneró la bancada nacionalista de ese entonces, incluso no pasó por Proinversión. Pero lo peor de todo es que hasta el día de hoy se sigue con la gran mentira”, sostuvo.
Como se sabe, actualmente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara abarca un monto de inversión que supera los 5,400 millones de dólares, precio multiplicado por cuatro, comparado con su valor inicial.
“No sabían cómo iba a evolucionar la demanda en 30 años pero ellos ya habían firmado un cheque en blanco y ese es un hueco inmenso que nadie se ha dado cuenta, pero que todos pagamos”, señaló Romero Caro. Precisó que resultaría difícil paralizar los trabajos en estos momentos por el avance de la obra y el pago ya realizado.
Agregó que el de la refinería es un proyecto que no tiene sustento por ningún lado porque cuando se culmine, el país solo tendrá dos opciones: cobrar el precio del mercado internacional por la materia y dejar que el Estado peruano pague por el diferencial, o no cobrar el precio internacional y dejar que los importadores ganen en el mercado.

Gasoducto: otro “elefante blanco”

Otro de los “elefantes blancos” cuestionados por presuntos hechos de corrupción durante su desarrollo es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, en las declaraciones de colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, no se admitió el pago de coimas en dicho proyecto.
Los representantes de Odebrecht solo aceptaron que hubo hechos de corrupción en cuatro megaproyectos: Metro de Lima, Costa Verde del Callao, Interoceánica y la Vía de Evitamiento. Sin embargo, solo serían un porcentaje pequeño de las obras ejecutadas en el país.
Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron luego de la firma del contrato con Kuntur, además de la solvencia económica, fueron las reservas. El entonces presidente Alan García solo aseguró un millón de trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el proyecto necesitaba por lo menos cinco TCF.
En el periodo de Ollanta Humala como presidente de la República se inicia un proceso de renegociación. Sin embargo, en marzo del 2012, el líder nacionalista inaugura el Gasoducto y cuatro meses después, exactamente el 28 de julio del mismo año, Kuntur le pidió dinero al Estado para la obra, pero como éste decidió no otorgarlo, convocaron a una nueva licitación.
“Lo gracioso es que esa nueva licitación tenía el mismo trazo y el mismo estudio de impacto ambiental. La esencia de eso fue los subsidios porque si se ganaba en un proceso de licitación terminaba llevándoselo todo Odebrech”, explicó el economista Manuel Romero Caro.
“La excusa fue esa. El Gobierno canjeó un proyecto privado, sin subsidios, donde todo era pagado por Kuntur–Odebrecht, por un elefante blanco que exprimió a todos los consumidores”, detalló.
Según lo precisado por Manuel Romero Caro, si ya se sabía que Kuntur pasó a ser propiedad en un 100 % de Odebrecht, y que la brasileña continuaría con el proyecto, a diferencia de Kuntur, Odebrecht sí contaría con subsidio estatal, y el Gobierno “solo tenía que ejecutarle la carta fianza para evitar el pago de millones de dólares en un arbitraje”.
“Lo único que tenía que hacer el Gobierno era ejecutarle la carta fianza [a Odebrecht] pero nunca lo hizo porque nunca vencía. Cada vez que iba a expirar, Odebrecht iba al Ministerio Público para renovar la vigencia. Con eso hubieran evitado regalarle 70 millones de dólares en un arbitraje”, sostuvo.
La nueva concesión fue desarrollada a través de un “contrato boot”, es decir, que no permitía la ejecución de obras hasta que no se dé un cierre financiero. Este mismo inicia el 30 de junio de 2014, pero tres meses antes el escándalo por el caso Lava Jato ya había estallado, y por esas fechas ya estaban por sentenciar a Marcelo Odebrecht. Pese a ello, le entregaron la buena pro a Odebrecht y los gastos fueron solventados por el Estado.

“CORRUPCIÓN CLARÍSIMA”

Algo que tienen en común la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano es que se trabajaron durante el final de gobierno de Alan García y el inicio del periodo gubernamental de Ollanta Humala Tasso.
“Yo vi la corrupción clarísima entre marzo y julio de 2014. En ese ínterin, el exministro [Eleodoro] Mayorga anunció que se había creado una Comisión Estatal Interministerial para determinar cuál sería el precio del etano. No se había secado la tinta del Gasoducto y esos sinvergüenzas querían hacer la Petroquímica que era el doble del otro”, denunció Manuel Romero Caro.
Además, detalló, en los últimos días del gobierno de García, se aprobó un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en el Consejo Petroquímico y diseñaba el control de precios.
“Todos los que delinquieron deben ir a la cárcel sin importar su condición”, pues ahora, con los intentos por entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha creado una figura en la que las personas jurídicas también tienen responsabilidad.
“Creo que todos los que delinquieron deben ir a la cárcel, ricos, pobres o lo que fueran porque los culpables son las personas no los fierros”, concluyó.

“Se quemaron etapas para acelerar entrega de proyecto”

Para Manuel Romero Caro, tanto el Gasoducto como otras megaobras se caracterizan por haber pasado por una serie de irregularidades y exoneraciones que permitieron su rápida aprobación.
“Todos quemaron etapas y pasaron una serie de exoneraciones, el tema es que había presión mediática, gremial y empresarial. Cada año, se encargaban estudios de brecha de infraestructura, y si a todo eso se le agrega los sobornos, ya tienes un caldo de cultivo que da una idea del contexto en el que se estaban aprobando estos megaproyectos”, indicó.
Destacó que el primer problema que tiene el Gobierno es la ausencia de priorización intersectorial y planeamiento, pues no saben cómo solucionar los problemas que hallaron en las obras. Específicamente, en el caso del Gasoducto, indicó que hubo un gran debate para decidir por donde pasaría el proyecto y hoy, 13 años después, el gobierno opta por la primera opción que tuvieron.
“En 2005, durante el periodo de Alejandro Toledo, hubo un gran debate en el país para ver si se hacía un Gasoducto Costero a través del Trapecio Andino, pero en ese periodo sacaron nuevas leyes de prioridad nacional y pasó un año sin que se haga nada en el proyecto”, indicó.
“Cuando salió Toledo y entró Alan García hubo otro debate donde se sacó una segunda ley que con la que se presenta Conduit Capital Partners, un fondo de inversión energética norteamericana, al que se le otorga la concesión”, añadió Romero Caro.
Con dicha concesión, el Gasoducto  pasaba a ser un proyecto 100% privado que no tendría subsidios ni financiamiento estatal. Una vez firmado el contrato, y posterior a los estudios de Proinversión y de impacto ambiental, la compañía estadounidense acordó vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur).
“Lo más importante que hicieron fue el estudio de impacto ambiental, y cuando lo terminaron se dieron cuenta que era un proyecto viable pero con rentabilidad baja; sin embargo, Odebrecht ya le había echado el ojo”, sostuvo el economista.

SE ADECUÓ CONTRATO EN FAVOR DE ODEBRECHT
Manuel Romero Caro indicó que “varios colaboradores eficaces denunciaron que la entonces gerente general de Kuntur, Claudia Hokama, se reunía con los funcionarios de Proinversión, antes del otorgamiento de la buena pro, para ver como adecuaban el contrato a lo solicitado por Odebrecht”.
“Es por eso que para el 17 de abril de 2013, cuando envían un oficio al comité del Gasoducto solicitando información del contrato celebrado entre el Estado y Kuntur, obtuvieron respuesta un año después, exactamente el 30 de abril de 2014. En dicho documento, precisaron que se encontraba suspendida la evaluación referida al programa de evaluación de obras, presentado por Kuntur, hasta la conclusión de las negociaciones”, indicó.

Celebrando la Resurrección en Krakow

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Evangelio según San Lucas 3, 10-18:
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
— «¿Entonces, qué hacemos?»
Él les contestó:
— «El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga comida haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le pregun­taron:
— «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?»
Él les respondió:
— «No exijan más de lo establecido».
A su vez algunos soldados le preguntaron.
— «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?»
Juan les respondió:
— «A nadie extorsionen ni denuncien falsamente y contén­tense con su sueldo».
Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se pregun­taban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y dijo a todos:
— «Yo los bautizo con agua; pero viene uno que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano la hor­quilla para separar el trigo de la paja y recoger el trigo en su granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

BOGDAN JAŃSKI – SPIRITUAL NOTES

Ron Zacapa

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Se terminó el simulacro (y los numeritos)

Por Román Cendoya-Político.pe
El referéndum del domingo demostró que el pensamiento único no es tan fácil de imponer. El resultado de referéndum es el que es. Y no debe ser lo que no es.
Bien es cierto que el presidente la república y su trama de palmeros y conspiradores intentan utilizar el resultado como algo que no es. Trampa propia de aprendices de brujo y de aspiracionales a dictador. Todos los que están alineados con el presidente agitan el “éxito” del referéndum como un respaldo indiscutible a favor del presidente.
Las preguntas fueron cuatro y preguntaban lo que preguntaban. La nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura) de la que la ciudadanía no tiene capacitación para  votar sobre la misma, la no reelección inmediata de congresistas –aceptando todo el mundo que le usurpen un derecho fundamental como el de la libre elección–, el no retorno de la bicameralidad en el Parlamento y el financiamiento a los partidos. En ninguna pregunta se cuestionó nada sobre el presidente Vizcarra –en euskera, la lengua vasca, “espalda”–, y tampoco se preguntó nada sobre la disolución del Congreso o la conducta que tiene que tener este a partir de ahora. El presidente propuso al Congreso de la República este referéndum y el Congreso aprobó la celebración del mismo.
Los conspiradores al servicio del presidente, los que montan el estado de opinión con los numeritos que publican, están excitadísimos con ese más del 80% de apoyo que han recibido del electorado. Ya el sábado, Ipsos comenzó a crear ese oportuno estado de opinión. Se pueden leer como lo hacen los palmeros —de forma parcial y sesgada— en favor de los intereses del presidente. O se pueden leer en su integridad.
Los datos reales del referéndum sobre 23’559,601 electores, solo 9’941,747 votaron SÍSÍSÍNO. Es decir, el 44.7% del total de votantes apoyaron al presidente Vizcarra a pesar del respaldo de los medios, de los numeritos de IPSOS, de la irregular acción de algunos “capacitadores” –manipuladores– de la ONPE y el papel de otros asimilados. No votaron 6’473,445; y viciaron su voto o lo hicieron en blanco, 3’313,916 ciudadanos. Y otros 2’202,301 votaron por opciones diferentes a las propuestas por el discurso único. ¿Dónde está el éxito?
En resumen, el “exitazo “de Vizcarra –ya que ha montado un plebiscito– es que tiene el apoyo de solo el 44,7% de la ciudadanía. Ooohh, se acabó el simulacro y hay otros numeritos. Los completos, los reales. La realidad es que con ese resultado, el Congreso ha recibido un mandato de las urnas para hacer una ley de financiación de partidos políticos con fondos públicos; deben modificar la forma del Poder Judicial; no tienen que crear un Senado y saben que cuando termine su periodo legislativo no volverán a presentarse. Nada más. Todo lo que no sea esto (mal que le pese a IDL o a Ipsos) es manipulación, demagogia y usurpación de la voluntad popular.
Ante el fracaso político de la movilización popular –no sale a la calle ni Dios– los que le hablan al oído del presidente le han creado un supuesto estado de opinión pública, a través de encuestas y de lectura interesada del referéndum. Sin alternativa al discurso de pensamiento único, el presidente ha recibido un respaldo que está por debajo del 50% de la población. Solo los interesados pueden creer que el presidente ha sido ratificado por la urnas con un poder total y sin límite.
El problema está en que ya ha pasado el referéndum, y Vizcarra sigue instalado en la misma incapacidad de gestión del gobierno. No se construyen puentes, continúa la anemia y parece que va a llegar otro Niño sin que se haya reconstruido lo roto por el anterior. Hacer algo de lo que de verdad sirve a los ciudadanos… nada. Solo la empresa privada mantiene el crecimiento de la economía del país. Eso sí que es un número.

Jueces envían inocentes al infierno de la cárcel

La actuación de la Fiscalía, respecto de los casos de Keiko Fujimori, Alan García y otros, es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos porque manda al infierno de la cárcel “provisional”  por tres años a la primera, y restringe los derechos del líder aprista al limitar su derecho de libertad personal al impedirle salir del país.
“No soy partidario de ninguno de ellos. Es más, fui el abogado que denunció ante la Corte IDH los dos casos de Penales de El Frontón y les gané en la sentencia Neyra Alegría en dicha Corte y ahí está mi nombre”, dijo el jurista y analista político Carlos Chipoco a EXPRESO.
Además, “Fujimori me puso en una lista de terroristas en el extranjero, cuando trabajaba en Naciones Unidas y era el redactor del Informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador. Producto de esa denuncia no puede ver a mis hijas por un buen tiempo”, dijo.
“Pero así como defendí los derechos humanos durante esos gobiernos y fui perseguido, mi conciencia me obliga a defender los derechos humanos hoy. Todos tienen esos derechos, por eso hoy afirmo que el fiscal encargado de los casos [José Domingo Pérez] ha cometido diversas violaciones a los derechos humanos”, agregó.
Dicho magistrado “primero ha realizado una grave violación al derecho a la no discriminación. Acusa a los inculpados de recibir dinero de Odebrecht y sus consorciados. Pero no procesa a los consorciados que le sustrajeron al Estado miles de millones de dólares con licitaciones amarradas o con sobreprecios a través de adendas y  arbitrajes”, señaló Chipoco.
“¿A qué se debe esa discriminación de empezar por los políticos y dejar sueltos en plaza a los constructores? Pues sencillamente a que da más popularidad procesar a una persona pública y que ha tenido un alto cargo político. Pero eso es discriminar y la Convención Americana prohíbe la discriminación de cualquier tipo”, agregó.
De otra parte, en cuanto a otros derechos violados está, dijo, el derecho a la presunción de la inocencia, uno de los más importantes desde la Revolución Francesa.
“Este derecho establece que solo puede ser considerado culpable un ciudadano luego de su condena. No antes. Por eso la Corte Interamericana ha establecido que la detención provisional es excepcional. En el derecho constitucional se llama ‘estado de excepción individual’”, según el experto.
Esta figura jurídica, aduce Chipoco Cáceda, tiene que ser proporcional a las evidencias como cuando la intención de obstruir la justicia o fugar está inequívocamente probada.
“Pero en el Perú se puede detener provisionalmente hasta tres años, lo que en realidad es una precondena. Si luego de tres años no hay condena, ¿quién le devuelve esos años de vida a la persona?”, se interroga.
“La Corte interamericana establece que siendo excepcional y protegiendo el derecho a la presunción de la inocencia, los plazos no pueden ser excesivos, como en el Perú. Acá el 70 % de los presos no tienen condena, lo que es un absurdo”.
Esto porque la cárcel en el país no solo implica privar al justiciable de la libertad, sino que es un lugar de tortura, el alimento es inapropiado, las amenazas de los presos llegan a la violación, no hay agua, no hay colchones, no hay posibilidades reales de rehabilitación. Es un infierno. Y los jueces envían a inocentes a ese infierno, más si los hará populares.
Con relación al caso de Keiko Fujimori, no obstante que es obligatorio que la detención provisional debe ser excepcional, “la enviaron a 36  meses de detención a todos los inculpados”.
“¿Nos van a hacer creer que todos tenían la misma posibilidad de fugar o entorpecer gravemente el proceso? La arbitrariedad es tan grande que un venezolano que degolló a su conviviente, le cortó la yugular delante de sus hijos, recibe nueve meses de detención provisional y Keiko 36. ¿Cuál es la proporcionalidad? Las detenciones provisionales que algunos fiscales aplican son un juego de azar”, reitera.
NO EXISTE
El juez Richard Concepción Carhuancho no ha explicado jurídicamente que recibir donaciones para campañas –no para dar ventajas al donante– sea un delito y no una falta administrativa. “Y es que no existe el delito de financiación política de elecciones”, afirma Carlos Chipoco Cáceda.
Los partidos no son organizaciones criminales
Un hecho que revela ignorancia sobre la historia y la política es la afirmación de que los partidos son organizaciones criminales. “¿Acaso el fiscal cree que Haya de la Torre en los inicios del siglo XX creó un partido para robar? ¿No recuerda que ganaba un sol como presidente de la Asamblea Constituyente?”
“¿O para cerrar ese flanco detienen a todos los fundadores y la dirección de Fuerza Popular, sosteniendo que son un grupo en el partido? El fiscal debería saber desde la universidad que los partidos políticos se fundan para ganar elecciones y aplicar sus programas y es una ofensa grave a todos los políticos decir que sus partidos son bandas criminales”, criticó.
El jurista señala que hay una conducta reiterada y discriminatoria de perseguir a los políticos porque “es algo popular, lo que es discriminatorio porque además marca un patrón de conducta que viola la presunción de inocencia y otros derechos humanos”.
CASO ALAN GARCÍA
Para Chipoco, otro caso grave es el del expresidente Alan García porque la prohibición de salida del país es también un limitación a la libertad personal que también debe ser excepcional, según el jurista, esto porque el derecho a la libertad no solo está consagrado en la Constitución sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
“Le tendieron una trampa. No creo que sea casual que el mismo día que lo citan para su declaración, no un día antes ni un día después, se hace pública una declaración no confirmada por ninguna autoridad judicial, de un abogado de Brasil que dice que Odebrecht le encargó pagarle una suma de 100,000 dólares”, sostiene.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LE ENMENDÓ LA PLANA
En el caso de la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala, que muchos aplaudieron, el Tribunal Constitucional le corrigió la plana al juez Richard Concepción Carhuancho: “(…) una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general”.
Y este juez, agrega Chipoco, “burlándose del más alto tribunal del Perú, volvió a hacer exactamente lo mismo”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Auditoría externa

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Imagen referencial / Crédito: Flickr de ClavarClavitos (CC BY 2.0)

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL COBRO DE MORAS ILEGALES EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La Agrupación Universitaria Riva – Agüero (AURA) reúne a estudiantes, graduados y docentes universitarios que buscan testimoniar la complementariedad de la fe y razón por medio del trabajo académico y profesional.
Surgimos en el 2011, en medio de los conflictos originados por la administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en contra de la Iglesia Católica y el Arzobispado de Lima por la adecuación estatutaria a las normas canónicas competentes y la administración de los bienes José de la Riva-Agüero según su testamento.
Ante los últimos hechos acontecidos al interior de la PUCP, queremos manifestar lo siguiente:
1.ACLARAMOS que, como agrupación católica, nuestro juicio se realiza  sobre hechos y no sobre conciencias; por lo tanto, lo expuesto busca ser una valoración respecto a los actos irregulares y moralmente malos sucedidos en la administración de la PUCP, así como la búsqueda de la responsabilidad de quienes lo ejecutaron.
2. LAMENTAMOS que haya existido por parte de las autoridades de la universidad la voluntad de mantener, al margen de la ley, una política institucional de cobro ilegal de moras académicas. Esta conducta contraviene los valores y principios sobre los que fue fundada y debiera guiarse la vida institucional de una universidad de origen católico.
3. EXPRESAMOS el profundo malestar que genera las declaraciones del exrector Marcial Rubio por indicar, en una entrevista, que la universidad no obedeció a la ley peruana por el problema económico que atravesó a raíz de las disputas legales con la Iglesia, cuando la realidad es que la administración demostró poca capacidad para asumir su responsabilidad y resolver este conflicto.
4.  EXIGIMOS que la nueva administración, expresada en un nuevo rectorado, investigue a fondo las responsabilidades legales que se deriven de estas políticas institucionales que han afectado moral y materialmente a la universidad y, principalmente, a las familias peruanas que confiaron en los principios cristianos sobre los que debería constituirse la PUCP.
5. SALUDAMOS el pronunciamiento del Vice Gran Canciller de la PUCP y los representantes del Episcopado ante la Asamblea Universitaria, dado que es necesario resarcir el daño ocasionado a todos los afectados por medio de la devolución oportuna del cobro excesivo de las moras académicas. Sin embargo, solicitamos a las autoridades eclesiales competentes acompañar la vida institucional de la universidad, velando activamente porque se respeten, en todos sus ámbitos, los principios católicos con los que fue fundada, así como los valores cristianos de las futuras personas que asuman el cargo.
6. EXHORTAMOS que, en un contexto como el que se vive en nuestra universidad, se dé el inmediato establecimiento de una política de transparencia coherente con la lucha anticorrupción que dicen impulsar las autoridades universitarias hacia la sociedad peruana, y se haga de público conocimiento las políticas administrativas concernientes al gasto, salarios, licitaciones y demás procesos que involucren bienes materiales de la universidad. Del mismo modo, solicitamos que se realice una auditoría externa financiera, contable y económica de la universidad, así como la revisión de planillas de los trabajadores de la PUCP, a fin de verificar que se esté cumpliendo los derechos laborales conforme a ley. El acceso de esta información es un derecho de todo miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, graduados y trabajadores), por lo que deberá estar a disposición de ella.
7. INSTAMOS a los miembros de la Asamblea Universitaria que, en este contexto, se favorezca la alternancia en el proceso electoral correspondiente para la renovación de autoridades en la PUCP. Desde hace más de una década, cada nuevo rector ha sido vicerrector previamente. Consideramos que una sola línea de sucesión administrativa ha sido uno de los factores que no ha favorecido al establecimiento de una política de transparencia y rendición de cuentas de autoridades de una institución Pontificia y Católica.
8. URGIMOS a los representantes estudiantiles gremiales y representantes ante la Asamblea Universitaria a estar a la altura de las circunstancias y mantener la ecuanimidad y respeto en el diálogo al interior de la comunidad universitaria. Entendemos y nos solidarizamos con todos los estudiantes afectados y sus familias, por lo que apoyamos el justo reclamo en un clima de respeto ajeno a la violencia verbal, física o de cualquier otra índole.
Finalmente, ratificamos nuestro compromiso en contribuir con el crecimiento de la PUCP a nivel global, en el marco de la vivencia plena de su identidad católica para que sea, realmente, el faro de cristiandad que la sociedad peruana demanda.
Pando, 13 de diciembre de 2018.

Comunicado del Vice Gran Canciller de la PUCP y la Comisión Episcopal para la PUCP

“La luz brilla en medio de las tinieblas”
El Vice Gran Canciller y la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú, ante los lamentables acontecimientos acaecidos en esta querida Universidad, se dirigen a la Comunidad Universitaria y al público en general, para expresar lo siguiente:
1. En las circunstancias actuales es preciso tener presente el lema de nuestra Universidad, legado por el fundador de esta casa de estudios: “La luz brilla en medio de las tinieblas” (Jn 1,5).
2. A la luz de la palabra evangélica, expresamos nuestro profundo rechazo a las acciones que causaron daños a los miembros de la comunidad universitaria y a tantas familias. Tenemos conocimiento que la reparación económica está en curso y debe continuar hasta lograr una solución justa para todos los afectados.
3. Con esperanza y orientados por los valores evangélicos, instamos como obispos a buscar una solución institucional al actual problema, escuchándonos los unos a los otros, discerniendo y caminando juntos como corresponde a esta Comunidad Universitaria.
4. Una transición ordenada, transparente y respaldada en las normas del Estatuto, pondrá en evidencia la valía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que sabrá salir dignamente de esta encrucijada.
5. Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado. Una postura institucional que nos compromete a todos, ajena al apasionamiento violento, debe ser el mejor testimonio que, en este momento podemos brindar al Perú, de nuestra identidad Pontificia y católica.
Lima, 12 de diciembre de 2018
+ Norberto Strotmann MSC Obispo de Chosica Secretario General de la CEP
+ Robert Francis Prevost OSA Obispo de Chiclayo Segundo Vicepresidente de la CEP
+ Salvador Piñeiro García–Calderón Arzobispo Metropolitano de Ayacucho
+ Cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Primer Vicepresidente de la CEP
+ Antonio Santarsiero Rosa OSJ Obispo de Huacho
+ Miguel Cabrejos Vidarte OFM Arzobispo Metropolitano de Trujillo Presidente de la CEP
Vice Gran Canciller de la PUCP 

El escándalo de la Católica

Por Luis Garcia Miró Elguera-Diario Expreso.
El exrector de una universidad antes llamada Pontificia y Católica finalmente se vio obligado a renunciar por una estafa perpetrada por dicho centro académico a miles de estudiantes. Marcial Rubio Correa tuvo que ceder y retirarse del rectorado, luego que sendas altas autoridades dimitieran, mientras él continuaba resistiéndose a hacerlo. Todo empezó hace pocos días, cuando estudiantes de dicha universidad expresaran públicamente su indignación porque su centro de estudios había venido cobrándoles intereses usureros por moras en pagos en las que eventualmente habían incurrido. Durante días el rector no dijo una palabra.
Incluso se enfrentó a los estudiantes en la puerta de la universidad, forzándole el brazo a una alumna y profiriendo destemplados gritos. Al final, la única –y vergonzante– explicación de Marcial Rubio fue esta: “Frente a la posibilidad de no pagar la planilla, la universidad se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. Es más, Rubio Correa culpó al Arzobispado de Lima de “la imposibilidad de pagar planilla (…) a raíz de las disputas legales.”  La estafa se estima en S/ 30 millones. Aunque los estudiantes demandan una auditoría a fondo, porque consideran que la cifra es mucho mayor. Según Rubio, el hecho de “carecer de fondos” para sufragar los gastos de la entidad fue suficiente motivo para robarle a los estudiantes. No obstante tanto el rector –Rubio–, la vicerrectora, el vicerrector, decanos, directores y demás cuerpo académico recibirían al día sus groseros emolumentos. El sueldo del rector bordearía los S/ 100,000.
La Fiscalía de la Nación debe tomar cartas en el asunto investigando anormalidades como: ¿de qué forma entraban al presupuesto de la universidad los millones de soles  fruto del saqueo a los estudiantes?¿Cómo se contabilizaron a los largo del tiempo? ¿Fueron registrados como ingresos extraordinarios? ¿Como cuentas por pagar? ¿Los balances reflejaban esta estafa? ¿Fueron maquillados? ¿Se institucionalizó acaso una caja negra en esta universidad? ¿Quién la administraba? Son preguntas que circulan en las redes sociales. Lo cierto es que una auditoría profesional e independiente no solo arrojaría una posible trama de corrupción producida al interior del multimillonario centro de estudios, sino es probable que incluso puedan aparecer importantes egresos ajenos al campo educacional.
La verdad es que esta universidad que, groseramente, ha pretendido constituirse en la reserva moral de los peruanos; en el magisterio de lo políticamente correcto; y en el meollo de toda justicia, particularmente la politizada justicia social –ocupando además espacios estratégicos en el Ministerio Público y el Poder Judicial, desde donde irradia una insufrible superioridad y fortaleza que doblega a niveles lamentables al campo de lo político y social– hoy aparece retratada como lo que es: un centro de poder, más que de estudios, que ha abusado en forma delictiva de sus alumnos Y que, además, habría incurrido en otros crímenes como la usura, pretendiendo justificarlos con malas prácticas contables y presupuestos probablemente adulterados. Dios perdonará el pecado. Pero jamás el escándalo del inmoral enfrentamiento de estos caviares contra la Iglesia Católica.

Denuncian a Marcial Rubio y exvicerrectores de PUCP

Por JOSÉ M. CARMEN MORÁN-Diario EXPRESO.
Los cobros indebidos que hizo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a sus estudiantes podrían tener consecuencias penales para el exrector, ex vicerrectores y el rector interino de esa casa de estudios.
De acuerdo a un documento al que tuvo acceso EXPRESO, el ciudadano Hugo Martín Rodríguez Alvarado formuló una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de “Marcial Rubio Correa (ex rector), Efraín Gonzales de Olarte (vicerrector académico), Pepi Patrón Costa (ex vicerrectora de investigación), Carlos Fosca Pastor (ex vicerrector de administración), y contra todas las persona que resulten responsables”.
“Por el delito de Lavado de Activos previsto y sancionado en los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo Nº 1106, en la modalidad de actos de conversión y ocultamiento y por los delitos de fraude en la administración de persona jurídica (Art. 198 del Código Penal), estafa (Art. 196 del Código Penal), usura (Art. 214 del Código Penal) y contabilidad paralela (Art. 199 Código Penal), en agravio del Estado y la Pontificia Universidad Católica del Perú”, se lee en el documento.
A esta denuncia, se suma la queja de un exdocente de la PUCP, quien, a través de un video propalado en las redes sociales, aseguró que esa situación podría configurarse como delito de lavado de activos.
Para el jurista Marcos Ibazeta, el caso de los cobros excesivos e indebidos podría ser investigado por el Ministerio Público, Indecopi y la Sunedu.
“Han estado sacándole plata, sin ningún fundamento ni derecho, a sus estudiantes. Lo hecho tiene que investigarse para establecer causa y consecuencia, los métodos, así como una serie de cosas (…) Creo que debe investigar la institución que fiscaliza a las universidades [Sunedu], Indecopi, pero sobre todo la Fiscalía”, afirmó.
Cabe precisar que el pasado miércoles Marco Rubio Correa renunció al cargo de rector de la PUCP luego de los reclamos de los estudiantes, quienes protestaron por los cobros que realizaba la universidad desde hace dos décadas, y que consistían en un pago de medio crédito a los estudiantes que no cancelaban sus boletas.
Se debe detallar que los créditos por escala en esa universidad varían entre los 254.90 y 974.10 soles. Es decir, si se cobra el medio crédito de mora, entonces, el alumno debía pagar entre 127.45 y 487.05 soles. Sin embargo, estos montos son excesivos en comparación con la tasa del interés legal máximo fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
USURA
El penalista Julio Rodríguez dijo que podría haber un delito de usura, porque los montos cobrados son mucho más altos que la tasa de interés que establece el BCRP.
“Estos cobros, por lo menos, configuran [el delito] de usura, es un delito tipificado en el Código Penal. La pena [por cometer este delito] creo que son tres años como máximo de pena privativa de la libertad. Indiscutiblemente califica para esto”, señaló.
Por otro lado, el penalista Luis Lamas Puccio, manifestó que Indecopi debería iniciar una investigación sobre el caso, y dependiendo de la información, se podría solicitar la presencia del Ministerio Público.
En cambio, Mario Amoretti, dijo que los cobros excesivos no tipifican como delito y debería ser investigado de manera interna.
DEVOLUCIÓN
El 4 de diciembre, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se comprometió a devolver los montos cobrados desde el 29 de noviembre de 2012 hasta la actualidad. Se eligió esta fecha, debido a que la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en instituciones educativas superiores, está vigente desde ese día.

‘Bonos’ secretos a dedo

Por Carlos Bedoya- Wayka.pe
Cincuenta profesores están en “Planilla Dorada” y han venido recibiendo durante la gestión del rector Marcial Rubio Correa y la vicerrectora de investigación Pepi Patrón, un bono económico de entre 3000 y 5000 mil soles mensuales aparte de su salario. Algunos de los docentes beneficiados integran la Asamblea Universitaria que, precisamente, debe afrontar la crisis moral que carcome a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mientras Marcial Rubio admitía públicamente cobros ilegales a los alumnos durante los últimos 6 años porque la universidad corría el riesgo de cerrar, ocultaba la existencia de una planilla camuflada como “suplemento de sueldo” para decenas de investigadores anotados en una lista del vicerrectorado en manos de Patrón.
Ambas autoridades acaban de renunciar debido al escándalo denunciado por los estudiantes que supone tomar “prestado” de ellos más de 30 millones de soles sin que se enteren. Al mismo tiempo manejaban una especie de ‘Caja 2’ para privilegiar a un conjunto de docentes de siete departamentos académicos que escogían a dedo. ¿Era parte de la planillas oficial?
Una fuente de la propia universidad que prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad, confirma la veracidad de una serie de documentos en los que se ratifica la falta de transparencia y equidad de esta práctica de las hoy renunciantes máximas autoridades de la PUCP.
La lista de los privilegiados se encuentra en el Intranet de la universidad siguiendo la siguiente ruta: Intranet/BúsquedadePersonas/PersonalporUnidad/VRI haciendo clic en la ventada de “personal en actividades” y todas las demás.
Lista de docentes de la PUCP que recibieron los ‘bonos’ irregulares y secretos del exrector Marcial Rubio:
Rafael Aguilar Vélez
Martha Gwenn Bell
César Armando Beltrán Castañón
Fiorella Patricia Cárdenas Toro
Fanny Lys Casado Peña
Benjamín Castañeda Aphan
Gianfranco Casuso Guerra
César Celis Pérez
Yves Paul Coello De la Puente
Francisco Fabián Cuellar Córdova
Alonso Cueto Caballero (escritor)
Julio César Cuisano Egúsquiza
Celso De la Cruz Casaño
Dante Angel Elías Giordano
Álvaro Alonso Ezcurra Rivero
Alberto Martín Gago Medina
Betty Cristina Galarreta Asian
Miguel Angel Hadzich Marín
Alexandra Imogen Hibbett Diez Canseco
Layla Hirsh Martínez
Alfredo Jesús Ibáñez Gabilondo
Ramzy Francis Kahhat Abedrabbo
Farid Kahhat Kahatt
Suyeon Kim De Aguilar
Roberto Janniel Lavarello Montero
Madina Mansurova
Helena Maruenda Castillo
Ivan Fabio Meini Méndez (abogado)
José Carlos Orihuela Paredes (economista)
Jan Amaru Palomino Töfflinger
María Angélica Pease Dreibelbis
Adolfo Pillihuamán Zambrano
Giovanna Rosa Pollarolo Giglio
Daniel Racoceanu
Carlos Augusto Ramos Núñez (abogado miembro del Tribunal Constitucional)
Paul Antonio Rodríguez Valderrama
Francisco Aurelio Rumiche Zapata
Sandra Cecilia Santa Cruz Hidalgo
Cesar Augusto Stoll Quevedo
Sabino Nicola Tarque Ruíz
Armando José Torre López
Fernando Gilberto Torres García
Patricia Tovar Rodríguez
Omar Paúl Troncoso Heros
Jean Francois Víctor Vallance
Ian Vázquez Rowe
Valeria Villarán Landolt (psicóloga)
Elizabeth Roxana Villota Cerna
Willem Viveen
Roberto Zariquiey Biondi
Uno de los profesores que figura en la lista es el internacionalista Farid Kahhat quien aclaró que no sabe el caso de los demás, pero que lo que él hizo fue solicitar un aumento de sueldo cuando le pidieron regresar a la universidad en el 2014, pues se encontraba con licencia sin goce de haber. Agregó también que no sabe cómo la universidad maneja internamente este tipo de casos: “Yo he pedido varias veces licencia, he ido y he venido, en cualquier caso, jamás ocupé cargo directivo alguno y estuve la mayor parte de los últimos años fuera de la universidad”.
Pero aquí viene el detalle más curioso del descargo de Kahhat. Nos contó que quien le pidió volver fue el excanciller Rafael Roncagliolo, para integrar la comisión organizadora de la licenciatura de relaciones internacionales. Y fue Roncagliolo el que recibió la solicitud de aumento de sueldo.
¿Qué hacía Roncagliolo quien es profesor a tiempo parcial negociando salarios para profesores de la PUCP por encima de la escala de remuneraciones? Hasta el cierre de esta nota no logramos comunicarnos con él.
Nos comunicamos con el jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Alejandro Diez, quien se abstuvo de declarar sobre este tema “porque primero le toca pronunciarse a las altas autoridades de la universidad”.
Según nuestra fuente, hasta este año, Diez no sabía de la existencia del pago adicional de Kahhat.
Secreto a voces
En efecto, hasta finales del año pasado, muy pocos profesores sabían de la existencia de los privilegiados. Incluso algunos Jefes de Departamento, como el caso de Diez ignoraban el doble estándar. “Los profesores se enteraron en los pasillos. La gente no lo creía”, sostuvieron las fuentes.
Por ello, el 11 de mayo varios profesores de Humanidades, incluyendo a Salomón Lerner Febres, al enterarse que algunos de sus colegas por hacer el mismo trabajo recibían un pago adicional, enviaron una carta al Dr. Francisco Hernández, Jefe del Departamento.Carta enviada por profesores de la facultad de Humanidades al Jefe del Departamento, Francisco Hernández Astete.
En la misiva expresaron “disconformidad con la política de suplementos de sueldo” aplicadas desde el Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado administrativo.
Propusieron eliminar el privilegio y con ese dinero otorgar becas de incentivos a la investigación de carácter temporal y rotativo para todos, mediante concursos transparentes y públicos.
La propuesta detallaba que los becados puedan compartir sus investigaciones, fruto del incentivo, con todos los demás docentes vía charlas y actividades académicas. Algo que no sucede con el sistema de bonos a dedo, sin criterio ni transparencia que criticaban. Claramente lo que pedían era igualdad de trato.
La carta fue suscrita además de Lerner Febres por Rafael Vega Centeno, Carlos Gálvez, Luis Andrade, Cecilia Esparza, Ricardo Silva Santisteban, Rodolfo Cerron, Victor Vich, Miguel Rodríguez Mondoñedo, Mariana Chu, Virginia Zavala, Rose Mary Rizo Patrón, Adriana Añi, Francesca Denegri, Mario Montalbetti, entre otros.
Cuando los profesores de Psicología se enteraron de lo mismo, también enviaron una carta. El 22 de mayo dirigieron la comunicación a la Dra. Cecilia Chau, Jefa del Departamento. Los firmantes en este caso fueron: Patricia Martínez, Ana Caro, Agustín Espinosa, Susana Frisancho, Rosa María Cueto, Mónica Iza, Guillermo Delgado, Ángela Vera, entre otros. Cuestionaron el bono y pidieron que se traslade su carta al rectorado.Carta enviada por un conjunto de profesores a la Jefa del Departamento de Psicología, Cecilia Chau.
Varios de los profesores firmantes de ambas cartas nos han confirmado la veracidad de nuestra fuente.
La respuesta de Marcial 
Cuando la rebelión de Humanidades y Psicología llegó al rector, éste respondió con una carta enviada de manera individual a cada uno de los firmantes que podrían ser interpretadas como intimidatorias, señalando que esos bonos eran intocables, y que no atiende a nadie de manera colectiva. Esta reacción encaja con su respuesta ante frente a la protesta estudiantil de los últimos días.
Wayka tuvo acceso a la carta que envió Marcial Rubio Correa el 6 de junio a cada uno de los profesores de Humanidades que protestaron por escrito. La presentamos completa para que cada quien observe los argumentos, el estilo y tono con el que trata al personal docente el hasta hace poco rector de la PUCP:Sobre esta carta hay mucho que decir, pero por ahora solo mencionamos dos: 1) el asunto de las metas específicas que justifican el bono. En el caso de Kahhat, que hemos mostrado, no existe ningún compromiso de investigación. Además, varios de los que figuran en la lista dorada no tienen investigaciones recientes, ni publicaciones en revistas de impacto. 2) la alusión que hace Marcial Rubio sobre que el carácter colegiado y la participación de autoridades representativas de los diversos colectivos involucrados en la PUCP, niega la opacidad que se desliza en la carta. Salvo los ‘privilegiados’ que también son miembros de la Asamblea Universitaria, pocos conocían de los bonos a dedo hasta este año.
Wayka también intentó comunicarse con la ex vicerrectora de la PUCP, Pepi Patrón, pero zanjó que no dará entrevistas por el momento.
En siguientes entregas abordaremos más detalles de personajes involucrados y situaciones obscuras en la planilla dorada de la PUCP.
*Actualización: Hemos recibido un mensaje del profesor Farid Kahhat donde precisa sus declaraciones. Efectivamente, interpretamos mal la frase “he ido y he venido” como si hubiera estado fuera el país, y la confirmación a la que se refiere no la hizo expresa, sino tácita al señalar que en el caso de él no se trata de un bono sino de un aumento de salario. Aquí su mensaje y nuestra disculpa por esas dos malas interpretaciones de sus declaraciones. Asimismo, por haber escrito mal su apellido. Los puntos 3 y 4 de su mensaje son ampliaciones que compartimos.Correo electrónico enviado por Farid Kahhat.

Sobre bonos a dedo en la PUCP: “Paren de justificar lo injustificable, por favor. El honor no llega por jurar decencia”

Por Ana María Guerrero-http://manoalzada.pe
Mientras más pasan las horas y leemos las maromas argumentativas justificando los bonos, sentimos que más nos quedamos sin palabras. Por eso hay que seguir diciendo, porque las palabras son las armas que tenemos para defendernos de la impunidad y la desfachatez.
La razón que corre entre abonados y amigos (con anuencia de algunas autoridades) es que “había que retener talentos que de otra manera no se hubieran quedado a trabajar en la PUCP”. Leo esto en los muros y comentarios de amigos y colegas y siento pena, indignación, una distancia enorme frente al negacionismo y la elitización de su sentido común. Se me caen los brazos. En esto terminan las argollas y el endiosamiento de la gente: creyendo que hay una revelación académica que saldrá de ciertas materias grises (creerán, no sé, que es cosa de la biología, de organismos privilegiados con nombre y apellido) en vez de la ebullición de la vida académica colectiva.
¿Y todos los colegas que tienen iguales o mayores credenciales que los abonados, y que aportan a veces más y mejor que los propios abonados sin haber necesitado del famoso bono? ¿Dónde quedan? ¿Por qué hay colegas a tiempo completo dictando diez, veinte, treinta, cuarenta años que sí se pueden quedar sin nada más a cambio que la aceptación de las reglas de juego? ¿Qué cosa es eso del derecho a la discrecionalidad de la rectoría para apoyar gente (o “proyectos”, vaya eufemismo) a dedo? ¿Qué cosa es eso de que “a mí me llamaron y yo solo fui”? Oigan, por favor: ¿qué les pasa? Parece que no conocieran el mundo afuera ni cómo funcionan las academias en otros lados.
Comienzo a entender un poco más por qué tantos y tan largos silencios (en discurso y acción) sobre la pauperización de la educación superior pública. Con dinero público estos bonos serían más graves si me permiten esta falaz relativización. Entiendo un poco más, hoy, sobre la complacencia que se tuvo con la neoliberalización de la universidad y la consecuente despolitización del cuerpo docente y el alumnado. Después de los golpes argentinos y brasileños los profesores universitarios fueron agentes históricos de cambio de sus sociedades. Dejaron sus vidas en la construcción académica colectiva, cuidaron a las ciencias humanas y sociales de ese productivismo maníaco de lo que hoy se quiere pasar como “normal”, lo que sería inevitable para la internacionalización. “Yo investigo” dicen algunos, “yo cobro más” dicen otros. “Teníamos que hacerlo” dicen unos cuantos. Como Marcial con sus cobros ilegales: cosas de fuerza mayor.
Si miramos a nuestros vecinos, la academia de los países de al lado, veremos que sobran demasiados ejemplos de profesores universitarios que se quedaron e hicieron bien las cosas sin necesidad de negociar por afuera. De hecho, eso es lo que hicieron, no al revés. No es que el profesor fulanito de tal hace a la universidad, es el prestigio de la universidad, su proyecto de sociedad, su dirección reflexiva lo que nos nutre y es suficiente para quedarnos. Veo a mucha gente blandir sus pergaminos de universidades gringas como si el solo hecho de tenerlas significara ser mejor profesor, investigador o ciudadano. Los profesores universitarios, oigan, alimentamos almas críticas, construimos y reconstruimos puentes con la sociedad una y otra vez. Importa más producir experiencias y reflexiones repletitas de sentidos que artículos en serie para revistas en serie. No hay formato APA para la resistencia intelectual universitaria. Y esto solo se aprende en la universidad latinoamericana, donde estudiantes y profesores le llamamos golpe al golpe y fraude al fraude. La transparencia en las reglas de juego, defenderlas y seguirlas, es lo que nos permite decir las cosas abiertas, a tiempo y sin miedo.
Paren de justificar lo injustificable, por favor. El honor no llega por jurar decencia, es la transparencia de tus actos y tus decisiones, el juego limpio con tus colegas, lo que cada día te honra. O no.

Luchar contra la argolla en la PUCP es algo que vale la pena

Por José Saldaña- Wayka.pe
Soy profesor de derecho en la PUCP desde el 2014. He sufrido maltrato como docente y violación de mis derechos. Los cobros ilegales son parte de un sistema mayor de injusticias que incluye argollas y violencia de género. Aquí mi historia.
El sistema de acceso a la docencia adolece de severas deficiencias y linda con la corrupción. En la facultad de derecho he participado de concursos a plazas permanentes en los que mi candidatura no pasaba de ser una formalidad, pues el ganador era determinado previamente. En el 2015, aún cuando de los tres candidatos finalistas yo era el único que reunía los requisitos objetivos de la convocatoria, nunca tuve posibilidad de ganar.
El ganador no cumplía con el requisito de edad y la dirección de profesorado observó su contratación posteriormente. En la clase maestra no alcancé a hablar un minuto de manera continua porque me interrumpían, un jurado abandono el aula sin decir nada mientras yo hablaba. Las preguntas iban entre lo absurdo y el ataque abierto: ¿Por qué te gusta hablar en plural? ¿Vas a enseñar estas cosas en tu curso? La permanencia no es una cuestión solo de meritocracia, hay mucha arbitrariedad.
He sido docente por 4 años, trabajé duro para armar cursos nuevos, dicté varios horarios el mismo semestre, obtuve los puntajes más altos en las evaluaciones de los estudiantes. Nada fue suficiente. Me removieron sin expresión de causa, sin que medie siquiera un agradecimiento por la labor. Amparados en la precariedad laboral de un docente por asignaturas, deciden libremente cesarlo, tanto más si resulta incómodo a la autoridad.
He sido hostigado por mis ideas en la facultad. Por compartir en redes las noticias del colectivo de estudiantes y egresadas contra el hostigamiento sexual, he recibido mensajes y llamadas amenazantes de dos altas autoridades de la universidad. Uno de ellos: el defensor universitario Wilfredo Ardito.
Tengo copias de los mensajes. Y esta no es la única historia que conozco. Mis colegas han vivido experiencias similares: denuncias falsas de plagio para sacarlos del concurso, ataques en las entrevistas por ideas políticas, declaran desiertas las plazas cuando el puntaje no favorece al elegido. Nadie denuncia por miedo. Es comprensible, pones en riesgo el esfuerzo de una vida.
Pero yo he decidido soltar el miedo y hablar en voz alta. He decidido que luchar contra la argolla en la PUCP es algo que vale la pena hacer, por mí y por todos los afectados por este sistema de “La argolla”, que no es otra cosa que una red de micro-corrupciones en la que se tejen lealtades alrededor del poder. Son estas redes las que permiten que autoridades permanezcan en el cargo por décadas, las mismas que dan impunidad en casos de violencia de género. Pero esto es un sistema, no una persona o un grupo pequeño.
En la universidad hay poca transparencia sobre el uso del dinero, escasa rendición de cuentas, sospechas de bonos indebidos y de favoritismos para asignar presupuestos de investigación. Hace poco nuestro grupo de investigación presentó un proyecto para trabajar en derechos territoriales y mujeres indígenas en el Río Marañón. Hemos dedicado mucho esfuerzo, pero tememos que cuestiones políticas impidan una evaluación por árbitros imparciales.
Esto lo publiqué hace unos meses. Desde entonces, la única noticia que tengo de las autoridades es que piensan mal de mí y un correo del decano solicitándome rectificación porque debí referirme al departamento y no a la facultad. Pero ninguna solución ante la injusticia. Este 2018, el movimiento estudiantil rompió el silencio contra la violencia de género y denunció los cobros ilegales. Esa es la enseñanza más grande que le deja al país: Se requieren cambios profundos. Como dicen, la PUCP luchando también se está educando.

Nuestra Señora de Guadalupe

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Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre.
Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: “Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.
De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oir a Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo.
De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba.
El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo.
Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio.
Pio X la proclamó como “Patrona de toda la América Latina”, Pio XI de todas las “Américas”, Pio XII la llamó “Emperatriz de las Américas” y Juan XXIII “La Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de las Américas”.
La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios.
Fuente: ACI Prensa.Resultado de imagen para cipriani mplv

¿Debe permanecer Cipriani en el Arzobispado de Lima?

Por Ricardo Sanchez Serra– Diario La Razón.
El 28 de diciembre el cardenal Juan Luis Cipriani cumple 75 años. De acuerdo a las normas canónicas debe presentar obligatoriamente su renuncia al Papa Francisco como arzobispo de Lima. El Santo Padre podrá aceptarle la renuncia de inmediato o después de un tiempo. Por ejemplo, hace unos años el Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia de un obispo que tenía 83 años de edad.
Sin embargo, monseñor Cipriani mantiene el título de cardenal -activo, elector- hasta que cumpla los 80 años, luego se convierte en cardenal emérito.
Si tenemos que calificar su labor al frente del arzobispado de Lima o al de Ayacucho, tendríamos que decir que fue excelente en lo pastoral, en la difusión de la doctrina prístina de la Iglesia y especialmente en la defensa de los principios y valores, defensa de la vida y de la familia.
Sin desdeñar a ningún obispo, el cardenal Cipriani defendió y defiende ardorosamente esos principios y lo hacía en voz alta, no solo en el púlpito, sino en los medios de difusión, por lo que era atacado por la prensa marxista y los movimientos gais.
Lo acusaban de sectario e intolerante y solo defendía los principios de la Iglesia, como lo haría cualquier purpurado o religioso, pero solo que la gran mayoría lo hace en voz baja, como si estuvieran en la Iglesia de las cavernas. Los achantados no creo que entren al Reino de los Cielos.
La franqueza del cardenal es su virtud, que sus oponentes lo ven como defecto. Por defender los principios de la Iglesia es consideran como polémico o quedado en el tiempo. La Iglesia y su doctrina es una sola. No ha cambiado un ápice. La Iglesia se rige por principios permanentes y no por la moda o falsos modernismos, ya que esta, como dice el filósofo Jacques Maritain, no confiere verdad.
Pastor muy justo, Cipriani se preocupó siempre por la preparación de los sacerdotes e promovió la “San Toto”, como cariñosamente se conoce al seminario de Santo Toribio, hoy Universidad Católica San José. Se desvela para que sus parroquias estén muy activas, además de imponer la tolerancia “cero” en las inconductas de algunos religiosos.
No olvidemos su gran trabajo con los pobres en Manchay, que es olvidado por muchos por conveniencia sectaria.
Con respecto a su labor en Ayacucho, evocó lo que escribí hace unos años: “reabrió el Seminario Mayor de Huamanga –cerrado 38 años-, defendiendo a la gente del terrorismo, apoyando fuertemente la labor de la Madre “Covadonga”, dándole fuerza espiritual a los ayacuchanos. Construyó casas hogares para huérfanos del terrorismo y se preocupó de su nutrición. Impulsó la formación laboral de la juventud ayacuchana en la restauración, artesanía y servicios turísticos gracias a un Convenio de Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso la construcción de la carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho) –que había sido paralizada- fue terminada por gestión de él”.
Por todo lo expresado, tengo la convicción de que en justicia el Papa Francisco debe ratificar al Cardenal Cipriani al frente del Arzobispado de Lima.

Paola Ugaz y Pedro Salinas

Y SIGUEN LAS MENTIRAS DE PEDRO SALINAS

Por Luciano Revoredo-www.laabeja.pe
El 2 de diciembre último, Pedro Salinas, me dedicó su habitual columna en el diario “La República”. Y como también es habitual, ésta estaba llena de imprecisiones. Si bien en este medio ya respondimos inmediatamente a dicho texto con el artículo titulado “Pedro Salinas: un mentiroso compulsivo” (https://goo.gl/4psV9H ), en esta ocasión nos vemos en la obligación de concentrarnos en un solo punto de dicha columna para demostrar (una vez más) como Salinas Chacaltana miente y miente.
En la columna mencionada Salinas dice con respecto a su pertenencia al ECA- Ending Clergy Abuse (antes Accountability Project): “Participé en sus inicios porque su misión siempre me pareció encomiable e intachable. Pero no soy un colaborador activo de ECA, debo confesar. Ni “peón” de nada ni de nadie”.
Entonces, sería bueno que explique, si no colabora con ellos en la actualidad, cómo es que en enero de este año estuvo con los miembros de dicha organización en Chile, justamente durante el tiempo de la visita del Papa Francisco en el Perú. Cabe recordar que el ECA es un proyecto internacional que tiene como objetivo principal llevar a la Iglesia Católica a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad (algo que Salinas califica como “encomiable e intachable”). Y en noviembre del 2017 se juntaron en Polonia para firmar el Acuerdo de Varsovia que establecia como primera acción “boicotear” la visita del Santo Padre en Chile y Perú, punto que coincide perfectamente con la fecha de esta publicación en su Facebook.
salichiTambién, si eso es para él “mucho tiempo atrás”, entonces, ¿cómo así estuvo con el equipo de la ECA en Lima durante el mes de noviembre de ESTE año?
salichilimaA esta mentira se unen otras tantas que hemos ido develando en este medio lo cual deja más claro, porque claro está, que Pedro Salinas sufre de alguna especie de mitomanía compulsiva que, felizmente, cada día le funciona menos. Pero ser mentiroso no lo hace menos peligroso. Es un conspirador. Y lo que pretende no es poco: destruir a la Iglesia Católica porque simplemente no le gusta demuestra qué poco le importan las víctimas y cómo, por sobre el verdadero bienestar de aquellas, pone ante todo su aversión contra la institución más importante de los últimos 2 mil años. Y gratis no lo hace. Que haya publicado más de tres libros con la misma temática es una muestra clara de que detrás de todo esa “actitud justiciera” no hay más que un interés económico. Salinas pasó de ser un periodista de cuarta línea, a ser alguien medianamente relevante en el espacio mediático. Algo que no había conseguido ni siquiera con su empresa Chisac, la cual también está involucrada en dudosas licitaciones con el Estado.
Por cierto, termina su columna refiriéndose a mí y diciendo: “Sé que condescender a desmentir a este tipo de personajes maldicientes es totalmente inútil”. Bueno, para nosotros hacer dicho ejercicio no lo es. Porque la verdad es nuestra obligación.
Bonus Track
Y esto ya es un bonus track en el repertorio de mentiras de Pedro. Dice en la misma columna del 2 de diciembre: “Es más. Celebro que el tópico de los abusos se haya convertido en un tema crucial del pontificado de Francisco, cuyos esfuerzos he reconocido públicamente, y en más de una ocasión”. Es que, en tan poco tiempo, ¿ha podido cambiar su valoración sobre el Papa Franciso? ¿No es acaso parte de sus artimañas para hacerse el “muertito” por un tiempo? Lo dudamos. Salinas tiene mucho atrás. Más de lo que cualquiera pueda imaginar.POMENTIS

PAOLA UGAZ EL ROSTRO DE LA DIFAMACIÓN Y LA MENTIRA

Por Luciano Revoredo-www.laabeja.com
Hace pocos días publicamos en La Abeja un artículo titulado “Otra perla de Paola Ugaz” (http://laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2199-otra-perla-de-paola-ugaz.html). En esa nota informamos que Samuel Alberca, una de las fuentes utilizadas por la periodista en el documental que produjo a finales de diciembre de 2016 con la cadena internacional Al Jazeera, había sido condenado por el delito de difamación precisamente por sus declaraciones en el reportaje. Para contextualizar brevemente, cabe recordar que este documental titulado “Peru: The Sodalitium scandal (Perú: El escándalo Sodalicio)” fue producido por Paola Ugaz con el fin de culpar al Sodalicio de Vida Cristiana -y en específico al obispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren- de estar coludido con una banda criminal en dicha ciudad. Esto, claro está, responde a la agenda que tanto Pedro Salinas como Ugaz tienen para atacar a la Iglesia Católica por distintos flancos -como bien lo evidenció este medio y luego confirmó el mismo Salinas Chacaltana a través de varias publicaciones y de su amigo Martín Scheuch (http://www.laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2184-la-negaci%C3%B3n-de-pedro.html).
Como ya lo mencionamos, el 27 de noviembre sentenciaron a Samuel Alberca, líder de una organización criminal conocida como La gran cruz del norte, por el delito de difamación a un año de pena privativa suspendida, 120 días multa y 10 mil soles de reparación civil. Este dictamen fue el resultado de un proceso iniciado por el Sr. Alberto Gómez de la Torre. También mencionamos que este no había sido el único testimonio dudoso utilizado por Paola Ugaz. En el mismo documental se presenta a Carmen Campodónico acusando a Monseñor Eguren. Campodónico hoy se encuentra presa porque intentó ingresar droga al penal en Piura. Además tiene múltiples denuncias por usurpación de terrenos en Piura.
¿Por qué, entonces, volvemos sobre el mismo tema? Porque nuevamente la compulsividad para mentir de Pedro Salinas y Paola Ugaz puede más que la realidad. Pensando que pueden estar por encima de la verdad, parece que le pidieron un favor a algún amigo del canal ATV, específicamente del programa Día D, conducido por Pamela Vértiz, para hacer un refrito del mencionado reportaje de Al Jazeera. Éste se transmitió el domingo 2 de diciembre y se utilizan como fuentes tanto a Alberca como a Carmen Campodónico. Es decir, ¡nuevamente se presenta como fuente fidedigna a un sujeto que 5 días antes había sido sentenciado por difamación sobre ese tema específico! Tal parece que la periodista que realizó el reportaje, Lorena Ormeño, no se dio el tiempo de hacer una investigación que fuera más allá de lo que Salinas y Ugaz le dijeron.
Además, no podían faltar las opiniones poco objetivas y exageradas de Pamela Vértiz. Su sesgo sobre Monseñor Eguren fue evidente, criticando que hubiera querellado a Salinas y a Ugaz, y deslizando acusaciones como que Monseñor Eguren está vinculado con otros delitos y que sacó a “balazos a campesinos”. Esto demuestra o que dicha periodista no es objetiva o que tal vez, que es la hipótesis por la cual nos inclinamos, es una víctima de la personalidad mentirosa y manipuladora de Salinas y Ugaz. Evidenciando el modus operandi de varios miembros de la prensa nacional, Pamela Vértiz se “solidarizó” con sus amigos periodistas y, desafortunadamente para ella, le salió el tiro por la culata.
No sabemos qué pasó tras bambalinas, pero parece que alguien en ATV entendió la gran patinada que habían realizado con la trasmisión de dicho reportaje. Así, el domingo 9 de diciembre, en un segmento al final del programa, se vio a una Pamela Vertiz modosita, con una actitud completamente distinta a la que tuvo el domingo anterior, leyendo la rectificación de todas las mentiras que habían dicho Pedro Salinas y Paola Ugaz en el reportaje elaborado por Lorena Ormeño. Aquí compartimos dicho segmento. (https://photos.app.goo.gl/7LVwpY3ibUbN95zw6)
Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansaremos de hacerlo: Pedro Salinas y Paola Ugaz mienten sin vergüenza. Así fue en relación con su vinculación al ECA (antes Accountability Project https://drive.google.com/file/d/1eiVw86RQccl9R3NAa-euUTTBLUqpVE2B/view?usp=sharing ), o con su “diálogo” con el Nuncio en el Perú (http://www.laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2149-pedro-salinas-y-el-negocio-de-atacar-a-la-la-iglesia.html). A estas alturas están enredados en sus propias incoherencias. Lo preocupante es que todavía hay personas que les creen y siguen comprándose su agenda y, lo que es peor aún, han cedido inclusive a algunos de sus chantajes. Esperemos que luego de esta experiencia en Día D, otros medios no sean tan ingenuos de creerles.

Sin cumplir la ley

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Dr. Marcial Rubio Correa renuncia al cargo de rector de la PUCP

Marcial Rubio Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dejaría el cargo después de haber reconocido que dicha casa de estudios, bajo su administración, incumplió la ley con el cobro de moras a estudiantes retrasados en los pagos. Así lo informaron fuentes de dicha universidad a El Comercio.
Pepi Patrón Costa, quien se desempeña como vicerrectora de Investigación, también habría renunciado y sería el vicerrector Académico Efraín Gonzales de Olarte quien quedaría a cargo del rectorado de forma interina.
La Asamblea Universitaria definirá la situación dentro de esta casa de estudios superiores. Fuentes de este Diario señalaron que la próxima reunión se realizará el 14 de diciembre.
En una entrevista con el programa Sin Pauta de la PUCP, el rector dijo que la universidad estuvo “actuando sin cumplir la ley” porque atravesaban problemas económicos a raíz de disputas legales con el Arzobispado de Lima. “La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, expresó.
Según dijo, la universidad tiene que devolver unos 30 millones de soles por cobros indebidos en los últimos seis años.
El proceso de devolución de dinero inició el pasado 26 de noviembre para los cobros efectuados desde 2016 a la fecha. A los que pagaron la mora después del 2012 se les devolverá desde el 20 de diciembre.
Cabe indicar que, debido a los cobros irregulares, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) abrió investigación preliminar. Los resultados serán evaluados por la Comisión de Protección del Consumidor N° 3 que podría dar inicio a un procedimiento sancionador.
Fuente: Diario El Comercio.

La PUCP devolverá más 30 millones de soles por cobros indebidos, afirma ex-rector

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está obligada a devolver una suma millonaria de dinero por el cobro indebido en el recargo por la demora del pago de pensiones de los estudiantes.
“La cantidad que estamos devolviendo es de aproximadamente 10 millones de soles por el periodo de los dos últimos años. Pero en total con todo, es entre 30 a 32 millones de soles”, afirmó el ex-rector de la universidad, Marcial Rubio.
En una entrevista en el programa institucional Sin Pauta, afirmó que “la universidad ha hecho un esfuerzo de ajuste y tiene un dinero guardado de la ejecución de los últimos tres años que permite pagar ese monto”.
Además, dijo que “la universidad no tiene que subir ni un centavo de pensión” y eso lo aseguró en el programa. “Eso se ha dicho expresamente en el Consejo Universitario que ha habido el martes. Eso es un hecho y no se va a tener que subir las pensiones”, afirmó.
La Secretaría General de la PUCP ha recibido, hoy 12 de diciembre a las 4 y 35 p.m., la carta de renuncia, dirigida a la Asamblea Universitaria, del Dr. Marcial Rubio Correa al cargo de rector.
Asimismo, la Secretaria General ha recibido las cartas de renuncia de la Dra. Pepi Patrón Costa, a su cargo de vicerrectora de investigación y del Dr. Carlos Fosca Pastor, a su cargo de vicerrector administrativo.
La Secretaría General dará cuenta de las renuncias a la Asamblea Universitaria, a realizarse el viernes 14 de diciembre.
pucp

Incumplieron la ley

La universidad se comprometió a devolver el dinero de las moras cobradas presuntamente de manera irregular. Serán abonadas a los alumnos y exalumnos de la casa de estudios que hayan realizado dicho pago desde el 29 de noviembre de 2012 hasta la fecha.
Según Marcial Rubio, se estableció esta fecha porque desde ese día entró en vigor la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en instituciones educativas superiores.
“La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, aseveró.
Comentó que la Universidad realiza estos cobros desde 1988, año en el que se estableció la política de multa de un crédito por la demora en el pago de la pensión a partir del momento en que vence la boleta. “Esta política se cambia en 1991 y la multa cambia a medio crédito hasta cuatro días atrás”, comentó.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Side events COP24

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En el marco del evento “Perú: La ruta hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima”, organizado por el gobierno peruano en Polonia, el martes 11 de diciembre, la ministra Fabiola Muñoz Dodero expresó su satisfacción por el proceso seguido por el país para la construcción de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), en el marco del Acuerdo de París.Por su parte, el director de Eficiencia Energética, del Ministerio de Energía y Minas, Rosendo Ramírez, sostuvo que las NDC son una oportunidad para crecer de manera sostenible, apostando por energías limpias. “Nuestro compromiso es pasar del 5% al 15% de participación de las energías renovables en la matriz energética al 2030”, acotó.A su turno, Jorge Elliot, director de Evaluación de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y Riego, destacó que las NDC han permitido integrar la política del Estado con el sector ambiental y el acceso a los mercados internacionales. De igual modo, Pedro Belber, especialista del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), sostuvo que en este sector las NDC generan inversión en el aprovechamiento de los recursos naturales.Juan Coronado, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, saludó que el Perú llegue a esta COP24 con un mensaje proactivo. “El sector privado está participando de este proceso de las NDC y el país tiene todas las condiciones para crecer en energías renovables”, dijo.En esa misma línea, Mariano Morazzo, responsable de Políticas de Energías Renovables y Cambio Climático de Enel Group, expresó que están trabajando en proyectos que promueven una energía más limpia, acorde con las metas de mitigación del país, promoviendo la colaboración público privada.
Fuente: www.minam.gob.pe

Vicerrector renuncia

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PUCP: Vicerrector administrativo renunció a su cargo tras cobros excesivos a estudiantes

El vicerrector administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Fosca Pastor, renunció ante la Asamblea Universitaria luego de los cobros excesivos por pagos fuera de fecha a los universitarios.
“Mis más sinceras disculpas por los errores y omisiones que llevaron a esta penosa situación”, se lee en la carta de renuncia del vicerrector.
Fosca Pastor se disculpó con los universitarios por este mal manejo de la casa de estudios. “Lamento profundamente los perjuicios morales y materiales que estos hechos pudieran haber ocasionados en las familias de nuestra comunidad”, agregó.
Por su parte, un grupo de decanos de la PUCP se unen para reafirmar su compromiso con la formación de los estudiantes, “un principio central de nuestro modelo educativo”.
“Como autoridades académicas legítimas pedimos disculpas a las y los estudiantes afectados y a toda la comunidad universitaria por el perjuicio ocasionado como resultado de las decisiones del rectorado en torno al cobro de las moras realizado desde noviembre de 2012”, se lee en el manuscrito.
Fuente: Diario Correo.

Todos los sueldos de la PUCP

Uno de los principales cuestionamientos que esgrimen las autoridades de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), en el caso de la herencia de José de la Riva Agüero, es que su oponente en aquel litigio, el cardenal Juan Luis Cipriani, tiene un marcado interés económico sobre aquel legado, que en la actualidad constituye un inmenso patrimonio de S/.784 millones.
Sin embargo, los apetitos materialistas parecerían estar presentes detrás del discurso aparentemente desinteresado -hasta romántico- de muchos directivos y personal del centro de estudios que se oponen tercamente a la inapelable sentencia del Tribunal Constitucional y orden papal que benefician a Cipriani, liderados por el rector Marcial Rubio, todos ellos en sintonía con la ideología conocida coloquialmente como “caviar”.
Fuentes internas de la PUCP, que se manifestaron como “católicos muy indignados”, alcanzaron sorpresivamente a esta Casa Editora lo que sería el secreto mejor guardado de dicho claustro: unas jugosas planillas de algunos afortunados.
También nos mostraron gastos en supuestas “comodidades” para algunos suertudos, como vehículos. Todo esto sería solventado con el dinero que los alumnos desembolsan cada mes por sus elevadas pensiones, así como los ingresos productos del ahora desobedecido testamento del católico benefactor Riva Agüero.
Según como figura en esta relación -de fuentes dignas de absoluto crédito, repetimos- el rector Rubio percibiría nada menos que unos altísimos S/.80 mil cada mes. El rector ganaba nada menos que unos suculentos S/.40 mil mensuales y se aprecia este fuerte e inexplicable aumento. Es más, en diciembre Rubio habría recibido un aguinaldo de poco más de S/.118 mil, o sea casi tres sueldos juntos de aquel entonces. ¿Por qué?
En carretilla
De otro lado, nos informaron que el decano de Derecho -y padre del presidente de la FEPUC- Walter Albán ganaría unos S/.35 mil mensuales (éste también es abogado de la universidad en el litigio con el Arzobispado). Hace cuatro meses Albán habría recibido S/.17 mil al mes y en la última Navidad se le habría abonado S/.51 mil.
Mientras que la vicerrectora de Investigación de la PUCP, Pepi Patrón Costa, ganaba unos S/.35 mil, pasando a cerca de unos envidiables S/.70 mil. Y las remuneraciones del conocido Salomón Lerner Febres habría subido de alrededor de unos nada despreciables S/.30 mil mensuales a poco más de S/.60 mil en el mismo lapso.
Más nombres: Luis Peirano, director académico de Relaciones Institucionales, obtendría mensualmente nada menos que S/.38 mil. Percibió S/.18 mil y en diciembre último le habrían pagado S/. 56 mil.
La relación es más larga y la seguiremos revelando próximamente.
Lo que resulta más extraño de esta historia es que muchas autoridades y catedráticos de la PUCP hayan aparentemente comenzado a percibir el doble de lo que habrían ganado como sueldo hasta ese momento. Como se recordará, la indemnización por pérdida del puesto de trabajo se hace en base al último ingreso, es de un sueldo y medio al año y con un límite de 12 años. ¿Posible explicación al supuesto tremendo aumento?
Hemos publicado esta información por ser éste ya un tema de interés público, por elemental transparencia y porque afecta los bolsillos de muchos estudiantes al solventarse los sueldos del claustro en gran parte por ellos. Toca a los mencionados aclarar ante la comunidad universitaria sobre estos supuestos tan elevados ingresos, lo cual sería muy interesante y justo para todas las partes.
¡En coche!
En Registros Públicos figuran en total 22 vehículos a nombre de la PUCP. Pero ha sido en los últimos nueve años que esta universidad ha comprado la mayor parte de esa flota.
Entre automóviles, camionetas y una motocicleta -que pueden ser usados para fines particulares por los directivos y el personal universitario-, el centro de estudios de Pando gastó US$277,670, dinero que proviene del pago mensual que realizan los estudiantes.
La última adquisición, durante la actual gestión de Marcial Rubio, fue un auto negro del 2010 (Toyota, sedán camry), que circula con la placa B3C393, cuyo precio fue de US$ 36,500.
También se compraron otros automóviles marca Toyota: el sedán Avensis azul, placa COO430 (US$29,300); sedán Avensis azul, placa BQN021 (US$28,900); sedán Corolla gris, placa CGH692 (US$19,850); sedán Yaris gris, placa CGJ829 (US$14,460) y el sedán Yaris azul, placa CGK154 (US$14,460).
Además la PUCP adquirió varias camionetas. Veamos: pick up Volkswagen Amarok gris, placa B7A877 (US$35,250); pick up Volkswagen Amarok beige, placa B7C898 (US$35,250); pick up Volkswagen Amarok plata, placa B7J848 (US$35,250) y pick up Toyota Hi Lux 4×4 azul, placa PIN223 (US$24,870).
Y en la relación aparece la motocicleta blanca Honda XL200, con placa MG35059, que tuvo un costo de US$3,580.
¿Quiénes conducen estas máquinas? Sería muy positivo que el rector Rubio detalle quiénes suelen ir al volante de estos vehículos.
Fuente: Diario Correo.

PUCP

Elitistas

Por ANDRÉS CALDERÓN– Diario El Comercio.
Hace seis años, en el 2012, se aprobó una norma nefasta para la educación superior. “Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados”, pomposamente se llamó. Lo que hizo, en realidad, fue poner en riesgo las finanzas y la sostenibilidad de las universidades e institutos.
En sencillo, la norma prohíbe que los centros educativos suspendan el servicio a los alumnos que no paguen pensiones. Esto puede propiciar que algunas personas no paguen puntualmente y lo hagan recién al empezar un nuevo ciclo. Eso le quita liquidez a la universidad o instituto, como le pasaría a cualquier otra persona o empresa a la que le paguen recién al quinto o sexto mes de prestado el servicio.
Para sumar males, en el 2015, la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi interpretó que esa ley prohibía cobrar penalidades a los alumnos morosos. Solo podía cobrar intereses teniendo como tope la tasa máxima fijada por el BCR.
Me parece una pésima ley, y una malísima interpretación la del Indecopi. Pero ni yo ni ninguna universidad estamos por encima de la ley.
Por eso, me sorprendió penosamente la reciente entrevista que tuvo Marcial Rubio, rector de la PUCP, con Rosa María Palacios, cuando reconoció que en el 2012 “la universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. Añadió algunas expresiones entre fatalistas y mesiánicas como aparentes justificantes del cobro que excedía el tope legal: “No podía poner en riesgo la sobrevivencia de la universidad”, “[nos encontrábamos en] estado de necesidad”.
Con todo el cariño que tengo por mi alma máter y el respeto por sus autoridades, aquellos son argumentos bochornosos. Personalmente, creo que la ley no prohíbe el cobro de estas penalidades y, en última instancia, la resolución del Indecopi del 2015 no es un precedente obligatorio ni vincula a otras universidades (el caso se resolvió contra la Universidad Alas Peruanas). Pero si Marcial Rubio y la PUCP advirtieron desde el 2012 –como ha señalado el rector– que bajo su lectura sí estaban incumpliendo la ley, es insólito que una institución educativa anteponga su propio bienestar al respeto de la legalidad.
No voy a decirle a un rector cómo debe conducir una universidad, pero sí puedo recordar qué es lo que pasa con cualquier persona, asociación o empresa a la que la ley le corta los ingresos (imagínense un alza en los impuestos). No importa si tiene o no fines de lucro. Para sobrevivir, tendrán que generar nuevos ingresos (nuevos productos, subir los precios, etc.) o reducir los costos (despedir trabajadores, reducir inversiones, etc.). No hay otra, papá.
Engañar a los consumidores (universitarios) para que los financien forzosamente sin saberlo no es una opción. Ni ética ni legal. Sí es, en cambio, una demostración de elitismo: el creerse encima de la ley, y por encima de los demás mortales que sufren también las nocivas consecuencias de normas espeluznantes… pero las cumplen.

Referéndum: ¡No a la bicameralidad!

25 de agosto de 1919: Referéndum de reforma constitucional

El referéndum de 1919 es aquel del que menos datos se tiene. Basta revisar la cobertura mediática de la época, en el archivo histórico del diario El Comercio, para observar que una consulta de este tipo no acaparaba la atención de hoy.
En la portada del 27 de agosto, se daba cuenta de que el comité ejecutivo del Partido Socialista reclamaba por irregularidades en el proceso.
En aquel año, el presidente Augusto B. Leguía emitió dos decretos: el 10 de julio, uno llamando a elecciones congresales para el 24 de agosto y otro para convocar a un referéndum de reforma constitucional para el 25 de agosto, tras su autogolpe del 7 de abril.
La población aprobó la reforma de la Constitución y el nuevo Congreso acordó el periodo presidencial de cinco años, entre otras medidas.
18 de junio de 1939: Referéndum de reforma constitucional
En la consulta de 1939, convocada por el presidente Óscar Benavides, ya figuraba la noticia en la portada del diario decano de la prensa nacional.
En la parte inferior de la edición del 18 de junio, se lee “Plebiscito Nacional de 1939”. Se daban cinco indicaciones a los ciudadanos que votarían: advertían que quien no vote tampoco podrá hacerlo en las elecciones generales que se desarrollarían en octubre, informaban que se podía votar en cualquier mesa de sufragio, y que, para ejercer ese derecho, se debía presentar la libreta electoral.
18 de junio de 1939: Referéndum de reforma constitucionalAquel mismo día, en las páginas interiores, se publicó una nota con los centros de votación en Lima.
En este referéndum se consultó a la ciudadanía algunas reformas constitucionales, las cuales fueron aprobadas por casi el 90% de la población.
31 de octubre de 1993: Referéndum de nueva Constitución
“Casi 12 millones de ciudadanos van hoy al referéndum para ratificar o rechazar el texto de nueva Constitución”, era el titular y bajada de la nota en portada de El Comercio del 31 de octubre de 1993.
En aquella oportunidad, según la misma nota, funcionaron 63,149 mesas de sufragio, las cuales estuvieron ubicadas en 20,921 centros de votación. El horario para votar iba de 8:00 a.m. y se prolongaba hasta las 5:00 p.m.
La nueva Constitución, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, contemplaba, entre otras cosas, la instauración del sistema unicameral en el Congreso.
Al día siguiente, El Comercio abrió su portada así: “Se aprobó en referéndum nueva Constitución Política”. Recogía datos extraoficiales dando cuenta de que el Sí ganó con 53.1% al No, que llegó al 46.9%.
3 de octubre de 2010: Referéndum sobre pago por Fonavi
El domingo 3 de octubre de 2010 se sometió a referéndum la aprobación del proyecto de ley que aprobaba la devolución del dinero a los trabajadores que aportaron para el Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda), luego de que el Tribunal Constitucional de entonces determinara que esto no era un tributo, figura que no se puede consultar a la ciudadanía.
¿Qué es el Fonavi? Un fondo creado en 1979 por el presidente Morales Bermúdez para dar préstamos a quienes querían construir o adquirir viviendas. En el tiempo, la plata fue desapareciendo.
La consulta acabó con una clara victoria del Sí, que obtuvo el 66.474% de respaldo. El No solo llegó al 35.526% de votos válidos. Hasta hoy se sigue devolviendo cada seis meses el dinero a los contribuyentes.
17 de marzo de 2013: Referéndum de revocatoria en Lima
Colectivos ciudadanos, que tenían a la cabeza al abogado Marco Tulio Gutiérrez, se unieron para solicitar al JNE la convocatoria de un referéndum para revocar a quien era alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y todos los regidores de la Municipalidad Metropolitana de la capital.
Gutiérrez sostenía que la principal razón para destituir a Villarán de su puesto era su “extremada incompetencia” para dirigir la ciudad.
La consulta, realizada el 17 de marzo de 2013, culminó con la ratificación de Villarán en el cargo, pero con la vacancia de casi todos sus regidores -incluidos Eduardo Zegarra y la actual congresista Marisa Glave-, a excepción de Hernán Núñez, quien se convirtió en su teniente alcalde. El No ganó con 51.2%, mientras que el Sí obtuvo 48.8%.
9 de diciembre de 2018: Referéndum de reforma constitucional
1. Crear Junta Nacional de Justicia que reemplace al CNM: Si 86.6% No 13.4%
2. Fiscalización del financiamiento de partidos políticos: Si 85.9% No 14.1%
3. No reelección de congresistas: Si 85.9% No 14.1%
4. Retorno a la bicameralidad: No 90.6% Si 9.1%
Fuente: Diario Perú21.

Segundo domingo de adviento 2018

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Evangelio según san Lucas 3,1-6:
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos;
los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados;
lo torcido será enderezado,
lo escabroso será camino llano.
Y toda carne verá la salvación de Dios».

Ignatius Theodore Bogdan Janski nació cerca de Varsovia el 26 de marzo de 1807.
Estudió economía y derecho en la Universidad de Varsovia.
Realizó su apostolado entre los migrantes polacos en París.
La congregación nació en París el miércoles 17 de febrero de 1836.
Murió en Roma el 2 de junio de 1840.

Licencia para matar

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Fiscalía solicitará prisión preventiva contra sospechoso del asesinato de joven hallada en cilindro en VES

Crimen en Villa El Salvador: Ordenan prisión preventiva para militar

El Juzgado Penal de Turno de Lima Sur ordenó la detención preliminar contra Luis Estebes Rodríguez, sospechoso del asesinato de Marisol Estela Alva, quien fue hallada en el interior de un cilindro con cemento en Villa El Salvador.
Esta disposición se dio luego de que la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa El Salvador hicieran el pedido.
En horas de la mañana, la Policía encontró la camioneta con la que presuntamente se trasladó el cilindro con el cuerpo de Estela hasta el agujero en Villa El Salvador.
El presunto asesino es un suboficial del Ejército Peruano y se encuentra no habido.
Fuente: Diario Perú21.

Percy García Cavero: “La motivación de Salinas va más allá del daño a la figura del monseñor Eguren”

Por Aaron Salomón– Político.pe
¿Qué motivó a monseñor Eguren a interponer una querella?
El señor Pedro Salinas y la señora Paola Ugaz habrían incurrido en difamación agravada, que se configura cuando una persona atribuye una calidad o una conducta que pueda perjudicar el honor de una persona. Es agravada porque esa difamación se ha hecho a través de medios de comunicación o redes sociales. Específicamente, se le atribuyen a ambas personas haber realizado fundamentalmente dos afirmaciones deshonrosas para Monseñor Eguren. Uno, haber señalado que es creador, ejecutor y corresponsable del sistema de abusos personales, psicológicos y sexuales al interior del Sodalicio. Y el otro, afirmar que es el personaje central en el tráfico de tierras realizados en Piura por la organización criminal La Gran Cruz.
El señor Pedro Salinas ha comentado en varias ocasiones que lo están llevando a la fuerza a litigar a Piura porque ahí Monseñor Eguren tendría influencia. ¿Por qué no hacerlo en Lima?
Esa afirmación del señor Salinas es bastante subjetiva, pues no cuenta con ningún dato para poder señalar que exista algún tipo de influencia del Monseñor Eguren respecto a los jueces en Piura. Y la razón por la que simplemente se ha querellado en Piura es porque según el artículo 5 del Código Penal el lugar del delito es donde se realiza la acción o se producen sus efectos. En el presente caso, monseñor Eguren vive en Piura y está claro, pues, que el honor y reputación ha sido afectado en la ciudad de Piura y, por lo tanto, según el artículo 5 del Código Penal los jueces que deben conocer la difamación agravada por el lugar del delito serían los de Piura. La querella se ha interpuesto en la mesa de partes y aleatoriamente ha sido asignada al juzgado que ahora mismo está conduciendo el caso.
¿A qué se refiere Salinas cuando lo acusa de haber “sacado de la chistera” un recurso para frustrar la audiencia? ¿Qué pasó realmente?
Esa afirmación del señor Salinas, como muchas otras, no se ajusta a la verdad. La razón por la que se frustró la audiencia es que, simplemente, su abogado Carlos Rivera no había pagado las cuotas en el Colegio de Abogados de Lima y estaba, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, inhabilitado para poder ejercer la defensa. Es decir, habría sido una audiencia nula si es que el señor Salinas hubiera sido defendido por el señor Rivera.
En los últimos días ha circulado la noticia sobre la condena de Samuel Alberca, exlíder de una banda criminal en Piura, por haber difamado a monseñor Eguren y a un empresario. ¿Tiene algo que ver con esta querella? ¿Cómo se vincula?
La querella del señor Alberca en la ciudad de Lima por el delito de difamación agravada es un dato muy importante porque su declaración fue la principal fuente por el cual el reportaje de Al Jazeera se vinculó a monseñor Eguren con los tráficos de tierras. Ese señor dijo que monseñor Eguren había ofrecido a la Iglesia Santísimo Sacramento US$ 3 millones de dólares para invadir tierras y que él no aceptó porque le dio un ataque de moralidad y decidió no recibir esa millonara cantidad. Su condena, entonces, confirma que lo que dijo el señor Alberca no se ajusta a la verdad, que es difamatorio y eso repercute en la querella que se ha hecho al señor Salinas y la señora Ugaz. Ellos dicen que Alberca señaló a monseñor Eguren como un traficante de tierras, un cabecilla o un personaje principal en el tráfico de tierras amparados en el reportaje de Al Jazeera, sustentado en un testigo no solamente con un amplio prontuario judicial sino sobre todo condenado por difamación agravada precisamente a raíz de lo dicho en ese reportaje.
¿Tiene esta querella algo que ver con el caso Sodalicio? ¿El Sodalicio está detrás de esto?
Esta querella no tiene directa relación con abusos denunciados por Salinas y Ugaz en su libro. Como le digo: uno de los puntos de las querellas es haber afirmado que monseñor Eguren habría sido el creador y ejecutor y finalmente el corresponsable del sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales al interior del Sodalicio. Ese es el punto específico que se ha discutido, sobre el que se les pidió rectificación primero, a través de vía notarial. El señor Salinas incluso trató con cierta burla y desprecio, y la señora Ugaz no contestó. A raíz de esa respuesta o esa actitud, se procedió al siguiente paso legalmente previsto: el entablamiento de las dos querellas, que finalmente es lo que ha motivado a los dos procesos que actualmente se están viendo en la ciudad de Piura.
Salinas y Ugaz dicen que esta querella crearía un precedente para debilitar la libertad de expresión en el periodismo. ¿Qué dice usted?
Yo diría que todo lo contrario: se fortalece la libertad de información y de expresión, en la medida de que la pone en su real dimensión. Es decir, en el sentido de que no se trata de libertades absolutas, sino que tienen que ejercerse responsablemente y, por lo tanto, respetando el honor y la intimidad de las personas. Creo que esto fortalece una democracia que defiende también derechos fundamentales, dentro de ellos el derecho al honor.
Aunque usted no me lo pregunta, quisiera señalar que las afirmaciones que el señor Salinas está haciendo contra monseñor Eguren sobre su participación en el sistema de abusos al interior del Sodalicio se están intensificando después de la querella. Salinas no solamente se ha reafirmado en lo que dicho anteriormente sino que ahora le atribuye encubrimientos en temas específicamente sexuales. Incluso en una publicación le llega a llamar “depredador con suerte”.
¿A qué atribuiría estas acciones?
Con base en la información periodística, está claro que esto responde a una participación del señor Salinas dentro de un proyecto internacional que lo que busca es llevar a la Iglesia a la Corte Penal Internacional: el “Accountability Project”.
Él lo ha negado.
Ahora a los cuatro vientos él dice que no tiene ninguna participación, cuando todos sabemos que sí por información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales. El capítulo peruano estaría, pues, dirigido por el señor Salinas, quien es un activo participante de este proyecto. Además, es una persona que ha insultado reiteradamente a los obispos y al propio papa.Por eso yo creo que su intención, su motivación, es mucho más trascendente que el daño a la figura de monseñor Eguren.