Por Ricardo Uceda- Diario La República.
La Comisión Permanente del Congreso votará una propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Juan Sheput, sobre dos magistrados supremos del Ministerio Público: Pedro Chávarry -ex Fiscal de la Nación- y Tomás Gálvez. Ambos pertenecerían a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. El informe original libró a Gálvez de todo cargo, pero una cuestión previa votada por la última sesión del grupo emparejó las responsabilidades de ambos. Es probable que vivan o mueran juntos.
Hay incertidumbre sobre los resultados de la votación, que el pleno deberá ratificar si prevalecen las acusaciones. Una reciente denuncia contra Chávarry por violentar una oficina lacrada por la autoridad -según él, “una patraña”- aún no es vista por el Congreso.

Voto faccional

Una aprobación de la propuesta por el pleno apartaría a Chávarry y Gálvez de sus funciones. Al ser reemplazados cambiaría la correlación de fuerzas en la Junta de Fiscales Supremos, extinguiéndose la mayoría que sostuvo a Chávarry hasta su renuncia. Los cambios empoderarían aún más a los fiscales del caso Lava Jato. La situación enfrenta nuevamente a la mayoría de Fuerza Popular, que con el APRA defienden a los denunciados, contra la minoría de partidos que buscan su remoción.
La votación será faccional, al margen de los argumentos. Se plantea un juicio político para acusarlos por inconstitucionalidades -con secuela de destitución-, y un antejuicio para que la Corte Suprema los juzgue por determinados delitos. En una fase posterior es probable que salgan bien librados. Ante una acusación constitucional, porque las violaciones a la Carta Magna nunca fueron tipificadas por el Congreso, y una acción de amparo los favorecería. En 2012 el Tribunal Constitucional dijo que sin una caracterización inequívoca de las infracciones no procede un juicio político. En cuanto a los delitos, más adelante veremos que las acusaciones sobre crimen organizado están más bien desorganizadas.

Las acusaciones

El Congreso, sin embargo, tiene el argumento de que “hacer antejuicio no es juzgar”, dado que la palabra final sobre delitos es del Poder Judicial. Y respecto de las acusaciones constitucionales, es notorio que el Congreso ignoró al TC y siguió lanzándolas luego del 2012. En todo caso, el informe demuestra que la subcomisión no olvidó todas las sentencias del TC. Rescató una de ellas para acusar a Chávarry por haber violado los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución, que aluden, genéricamente, a las responsabilidades de los funcionarios públicos y al carácter de la República.
Interpretándolos en conjunto, el TC ha dicho que esos artículos protegen la lucha contra la corrupción. La actuación inconstitucional del ex Fiscal de la Nación se habría consumado cuando destituyó a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez luego de haberles pedido información sobre sus investigaciones. El informe también señala que Chávarry violó la autonomía del Ministerio Público, garantizada por el artículo 158. El hecho sería su vinculación con el ex vocal supremo César Hinostroza y con personajes de Los Cuellos Blancos, quienes buscaban -indica- que fuera elegido Fiscal de la Nación.

La organización

En su descargo, Pedro Chávarry dijo que buscó restablecer la autoridad del Ministerio Público gravemente mellada por los continuos maltratos y ataques públicos de los fiscales de lavado de activos, quienes se consideraban intocables al punto de negarse a brindarle información general. Había pedido intervenir al organismo de control interno. Sin embargo, incluso siendo cierto que actuó para hacerse respetar, Chávarry agravó una crisis al extremo de hacer inviables sus nuevos nombramientos, viéndose obligado a reponer a los fiscales y, luego, a dimitir, convertido en un enemigo público.
Se torna irrelevante discutir la cuestión técnica de si el entorpecimiento de la lucha anticorrupción de la fiscalía encuadra en determinada infracción constitucional cuando la votación será política, entre dos bandos. Otra elucidación que viene al caso es si Chávarry es un corrupto o alguien que no estuvo a la altura de sus responsabilidades. Lo cual tiene que ver con la acusación de que pertenece a Los Cuellos Blancos. Principalmente, según el informe, por ser amigo del líder, César Hinostroza, quien actuó para nombrarlo Fiscal de la Nación organizándole un almuerzo con periodistas.

Cabezas y cuellos II

Es comprobable que Chávarry no era amigo de César Hinostroza, que no conocía a Walter Ríos, el capo de la Corte del Callao, y que su elección fue predeterminada por un acuerdo interno de la Junta de fiscales. El cargo de la reunión con periodistas es ridículo. Nueve meses después de que fuera implicado imprecisamente con una nota informativa de fiscales del Callao, los detenidos y colaboradores no añadieron un hecho nuevo en su contra. Por otra parte, Hinostroza fue imputado por nombramientos menores ante España, y no precisamente por el de Chávarry.
A propósito de este pedido de extradición dijimos (Cabezas y cuellos, El Informante, 15 de enero del 2019) que si los incriminados jugaban en las grandes ligas, deberían tener un jefe por encima de Hinostroza. Esto a partir de la pobreza del pedido de extradición. Luego la Audiencia Nacional rechazó que a Hinostroza se le imputara por crimen organizado. Pero no solo porque el Congreso se quedó corto en sus desafueros, como en el Perú se repite. La sentencia española dice algo más importante: que el grupo descrito no pareciera de criminales organizados. En fin, hasta ahora está claro cómo actuaban en el Callao. En fin, hasta ahora está claro cómo actuaban en el Callao. ¿Pero Hinostroza-Ríos ya habían copado el CNM? ¿A través de tráfico de influencias o mediante crimen organizado? 

¿Es la Diviac una policía política?

Por Fernando Rospigliosi- Político.pe
A mediados de agosto de 2018 el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad), pidió una reunión con el fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Pero le solicitó hacerla en absoluta reserva, sin pasar por los controles regulares. Así, llegó en un vehículo con lunas polarizadas y se estacionó en el sótano de la fiscalía. Chávarry bajó y se reunieron en el carro.
El fiscal había supuesto que se trataba de un asunto confidencial referente a algún caso importante. Se llevó una sorpresa. Colchado había ido a insinuarle que renuncie al cargo. Como se sabe, en ese momento Chávarry ya estaba sometido al fuego graneado del gobierno y sus aliados que pretendían defenestrarlo para que Zoraida Ávalos, del grupo del anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cercano al gobierno, retomen el control del Ministerio Público.
En verdad, un caso insólito, que un oficial de la Policía en actividad se entrometa en una campaña política y se atreva a exigir a un magistrado de ese nivel que dimita. Pero en el Perú del vizcarrismo todo parece ser posible.
Como el magistrado no le hizo caso, el 12 de setiembre de 2018 Colchado fue más lejos y declaró públicamente contra el fiscal: “No es que Chávarry haya estado metido de lleno en la organización criminal, pero sí se prestaba (a las acciones de esa red); es un ‘Cuello Blanco’”, dijo al portal Convoca.pe. La premisa es ambigua –“se prestaba”– y la conclusión terminante, “es un Cuello Blanco”. Naturalmente, el coro vizcarrista presentó la mención de Colchado, que no aportó ninguna evidencia, como una prueba irrefutable.
Demás está de decir que un oficial en actividad no puede hacer manifestaciones públicas de ese tipo y si las hace es pasible de una sanción. Naturalmente, Colchado quedó impune.
OTRO POLICÍA EN LO MISMO
Semanas después, a principios de octubre de 2018, Chávarry recibió en su despacho a un general de la Policía en retiro, al que él consideraba su amigo, pues habían trabajado juntos en casos antiterroristas en la década de 1990. Carlos Morán se presentó y a título personal le sugirió que renuncie. La sorpresa del magistrado fue mayúscula. El creyó que era un aliado que venía a expresarle su solidaridad. Después lo entendió. El 19 de octubre Morán fue designado ministro del Interior por el presidente Martín Vizcarra.
¿Quién podía digitar a un policía en actividad y al próximo ministro del Interior para que presionen descaradamente al fiscal de la Nación? Solamente una persona tiene el poder necesario. La misma persona que desde el principio está obsesionada por controlar la Fiscalía para sepultar las varias y fundadas acusaciones que rondan en los pasillos y carpetas del Ministerio Público.
LOS MÉRITOS DE COLCHADO
Harvey Colchado ascendió de mayor a comandante no por el camino regular de todo oficial, sino por la excepcionalidad de los méritos extraordinarios o “acciones distinguidas”. Y de comandante a coronel, nuevamente por “acción distinguida”.
Cuando el MRTA asaltó y capturó la residencia del embajador japonés en Lima (diciembre 1996 a abril de 1997), la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía montó un sistema de escuchas desde el exterior del local con el apoyo de agencias de inteligencia extranjeras. Uno de los que atendía y transcribía las escuchas era el joven alférez Harvey Colchado. Luego Vladimiro Montesinos tomó el control de esa operación también, y Colchado y otros policías pasaron a estar bajo el mando del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Producida la recuperación de la embajada por un comando de las Fuerzas Armadas, se proporcionaron reconocimientos, condecoraciones y ascensos a policías y militares. Pero al oscuro subteniente Colchado, que desempeñó una función auxiliar copiando lo que escuchaba, según varios policías que participaron en las operaciones, no le tocó nada. Entonces, mostrando no solo su ambición sino sus habilidades leguleyas y de conveniencia, hizo un juicio a la institución para que lo asciendan. Moviéndose en el Poder Judicial logró una sentencia a su favor pero, como suele suceder en muchos casos, en la Policía, estimando que no lo merecía, no cumplieron con esa resolución. Hasta que más de dos décadas después, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), uno de los varios amigos que cultivó a lo largo de los años en previsión de un posible acomodo, llegó a un alto cargo del Ministerio del Interior. Y entonces se hizo efectiva esa sentencia y, por segunda vez consecutiva, logró un ascenso por “acción distinguida” en noviembre de 2016.
Aunque el premio mayor fue que le encargaron, en agosto de 2016, crear una unidad que hiciera un trabajo paralelo a la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) con más y mejor gente, un presupuesto casi ilimitado y todo el respaldo de las autoridades del Ministerio del Interior (Mininter). El argumento para crear y fortalecer la Diviac fue que la Dirincri era ineficiente y corrupta, y no había que perder el tiempo reformándola sino crear otra unidad en paralelo.
De mayor a comandante, Colchado había ascendido también por méritos extraordinarios en consideración a su participación en la captura de “Artemio”, el cabecilla terrorista del Alto Huallaga, en febrero de 2012. Al mes siguiente consiguió la promoción al grado superior.
UN PRESUPUESTO SUCULENTO
La Diviac, siendo una división, tiene unos 600 agentes en su nómina y destacamentos en varios lugares del Perú, mucho más que varias Direcciones de la Policía Nacional. ¿Por qué no la transforman en Dirección? La respuesta es sencilla: una Dirección tiene que tener un general como jefe, y Colchado es coronel. Todavía, por reglamento, no puede ascender. Así es que la Diviac seguirá teniendo ese nivel hasta que su jefe obtenga las estrellas de general, quizá por algún otro mérito extraordinario.
El presupuesto de la Diviac es proporcionalmente superior a cualquier otra unidad de la Policía Nacional, de cualquier nivel. Oscila entre uno y cuatro millones de soles mensuales para operaciones e inteligencia, es decir, dinero líquido cuyo destino decide Colchado. Policías que conocen del tema sostienen que aproximadamente un 60% se dedica a la inteligencia y las operaciones.
Esa cantidad de dinero permite también otorgar asignaciones especiales a los efectivos de esa división, lo que le posibilita a Colchado atraer a los policías que considera más eficaces, arrebatándoselos a otras unidades. Eso, por supuesto, no lo ha hecho muy popular entre los jefes policiales, que ven cómo se llevan a sus mejores agentes debido a los privilegios de los que disfruta Colchado.
Pero la ambición de Colchado parece no tener límites. También se lleva colaboradores de otras unidades para realizar investigaciones y obtener éxitos que engrandezcan su gloria. Por ejemplo, en la Dirección Contra el Terrorismo no le perdonan que descubrió varios informantes cuando estaba a cargo del equipo de interceptaciones de la Policía Nacional, Constelación y, pasando por encima de todos los captó.
En el último tiempo, descarta todos los casos que le parecen pequeños e irrelevantes y se ocupa solo de los que pueden ser más mediáticos, para reforzar la idea que la Diviac es una unidad super eficaz.
SALTO A LA FAMA
La Diviac fue la encargada de realizar los llamados megaoperativos desde el principio del gobierno de PPK, y allí adquirió la fama que permitió convertir a Colchado en una estrella. En realidad, esos megaoperativos eran similares a los operativos que siempre había hecho la Policía Nacional solo que algo más grandes y con una extraordinaria publicidad.
Tuvieron, además, el mérito cierto de involucrar y capturar a varios alcaldes y autoridades locales, que participaban en el extendido negocio del tráfico de tierras, la extorsión y otros delitos. Eso también sirvió para publicitar los megaoperativos.
Pero, por lo que sabe en medios policiales, la eficacia no es la que pretenden. Muchas de esas investigaciones tienen deficiencias y varios de los capturados, exhibidos con bombos y platillos, son liberados después de un tiempo por falta de pruebas. Demás está decir que tampoco todas esas supuestas grandes bandas capturadas son tales. En realidad, en esto la Diviac no hace sino repetir una antigua práctica policial consistente en calificar como banda organizada a un conjunto de delincuentes y allegados que se juntan ocasionalmente para cometer atracos o alguna fechoría.
El caso más espectacular es sin duda la de los “Cuellos blancos del puerto”, que involucra a magistrados del Callao y, en general, del sistema judicial. Llegaron a eso a través de las interceptaciones telefónicas del equipo Constelación, que manejaba Colchado, y –siguiendo su práctica habitual– convirtieron lo que parece ser una red de corrupción en una organización criminal. No fue difícil convencer a fiscales del Callao (con escasa capacidad de investigación y menos conocimientos) de que eran una banda estable, con jefes y subordinados. Además, así todos ganaban y se hacían famosos.
Cuando el caso llegó a España y fue analizado por un tribunal, se aceptó la extradición del pez más gordo de esa red de corrupción, César Hinostroza, por varios delitos pero no por criminalidad organizada porque, dice la resolución de los magistrados españoles, “no parece que tales notas identifiquen a una organización criminal” o “las imputaciones generales no se basan en hecho alguno”. Allí, un tribunal fuera del alcance de las presiones políticas y mediáticas, desbarató la tesis de la organización criminal.
Pero fue precisamente este caso que permitió involucrar falsamente como miembro de una organización criminal al fiscal Pedro Chávarry.
Como dice Ricardo Uceda –uno de los mejores periodistas de investigación que, además, no actúa como activista político–, es “comprobable que Chávarry no era amigo de César Hinostroza, que no conocía a Walter Ríos, el capo de la Corte del Callao, y que su elección fue predeterminada por un acuerdo interno de la Junta de fiscales. El cargo de la reunión con periodistas es ridículo. Nueve meses después de que fuera implicado imprecisamente con una nota informativa de fiscales del Callao, los detenidos y colaboradores no añadieron un hecho nuevo en su contra. Por otra parte, Hinostroza fue imputado por nombramientos menores ante España, y no precisamente por el de Chávarry”. (“Crimen desorganizado”, La República, 28.5.19).
En suma, la Diviac se ha agenciado una fama desmesurada gracias a la bien montada publicidad de sus casos y al uso político que han dado el gobierno y sus aliados a sus operaciones, como en el caso de los “Cuellos blancos”.
DONDE ESTÁ LA NOTICIA, ALLÍ ESTÁN LA DIVIAC Y COLCHADO
Varios políticos de oposición han denunciado que la Diviac es una suerte de policía política. Se basan en que esa unidad ha participado, por ejemplo, en la detención de Keiko Fujimori y Augusto Bedoya, así como en el allanamiento de locales de Fuerza Popular, la detención de PPK y el intento de arresto de Alan García. Menos conocido es el hecho de que la primera vez que detuvieron a Keiko Fujimori, el 10 de octubre de 2018, cuando le tendieron una celada en el sótano de la fiscalía de la Nación, se la llevaron en el vehículo de la esposa de Harvey Colchado: la fiscal Marcelita Gutiérrez. ¿Una casualidad?
Usualmente quien realiza –o debería realizar– esas detenciones es la Policía Judicial. Pero, parafraseando un viejo eslogan, donde está la noticia allí están la Diviac y Colchado.
Quizá no sea exacto decir que la Diviac es una policía política. De lo que no cabe es que su jefe está actuando políticamente, al servicio del poder de turno, como lo demuestran sus declaraciones del año pasado contra el fiscal Chávarry y su agresiva presentación en el Congreso el 8 de mayo de este año. En la Policía se sabe que Colchado despacha directamente con el presidente Martín Vizcarra, pasando por encima del ministro del Interior y jefe de la Policía, un hecho absolutamente irregular.
De lo caben pocas dudas, entonces, es que Colchado y la Diviac están al servicio de los intereses políticos del gobierno, razón por la cual reciben además una cobertura mediática desmesurada, y en parte artificial y adulterada, de los medios de comunicación y de los políticos de la coalición vizcarrista.
Y no es, por supuesto, que Colchado tenga ideas políticas o sea un luchador anticorrupción. Es, como varios policías que han llegado muy lejos, un hábil oportunista con olfato para acomodarse y servir al gobernante del momento, obteniendo todos los beneficios de la situación. Un aprovechado discípulo de Carlos Morán.
Los que aplauden a Colchado y lo elevan a categoría de héroe no conocen o no aprenden de la experiencia. Un policía puede ser un buen investigador y a la vez un delincuente. Benedicto Jiménez jugó un papel muy importante en la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista, y también fue vocero e integrante de la banda criminal de Rodolfo Orellana. ¿Es tan difícil de entender?
Foto: Diario Correo. 

Fiscalía acusa a Vizcarra porque autorizó el pago por un servicio fantasma

El fiscal en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, Walker Ríos Calisaya, denunció al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, a su amigo y actual director ejecutivo del programa Agua  Segura, César Ramos, y a Jhonny Iván Ramos Zamora, Víctor Federico Fireles Mamani y Félix Terreros Guerrero, por el delito de “peculado por Apropiación” por efectuar pagos para un servicio “fantasma”, un servicio que nunca se ejecutó.
Según la denuncia que llegó a nuestra redacción, cuando Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), autorizó pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni.
César Augusto Ramos Zamora, que fue director regional de Supervisión (2011-2013) y gerente regional de Infraestructura (2013) de la región Moquegua (2013), dio visto bueno a seis valorizaciones presentadas por el Consorcio Chirimayuni, por trabajos no realizados en supervisión en el período junio-noviembre 2011.
Ramos Zamora es un viejo amigo del presidente Martín Vizcarra desde que ambos estudiaron en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En el 2005, Ramos trabajó para la empresa del presidente, CyM Vizcarra, en la construcción del Canal Calachaca-Chuapalca-Patapujo tramo II, un proyecto de S/8.3 millones del Gobierno Regional de Tacna.
Víctor Federico Fireles Mamani, coordinador del contrato de supervisión, otorgó una de las conformidades por el trabajo no realizdo.
Jhonny Iván Ramos Zamora, abogado del Consorcio Chirimayuni, presentó las mencionadas valorizaciones y supo que no se hizo trabajo alguno para remunerar a la empresa.
Félix Terreros Guerrero, jefe de supervisión del consorcio, no solo solicitó los pagos, sino que suscribió los informes de avance de obra, a pesar que supo “que no había realizado el servicio de supervisión externa”. SERÁ JUZGADO DESPUÉS DEL 2021
Como Vizcarra es el actual presidente de la República, cuenta con inmunidad presidencial, por lo que el fiscal Ríos solicitó su “desacumulación” al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua (30/04/19), por lo que Vizcarra recién podrá ser juzgado después de que haya terminado su mandato presidencial, mientras el proceso sigue contra Ramos Zamora, Mireles, Mamani, Obispo Cabrera y Terreros Guerrero.

Este 6 y 7 de Junio VOTA por el Dr. Víctor Raúl Nomberto Bazán Representante de los Graduados con el número 128 a la Asamblea Universitaria PUCP

PROPUESTAS
1. Promoción de becas e intercambio académico para nuestros graduados.
2. Sanción a quienes cobraron moras ilegales en la PUCP, pues han causado daño económico y moral a nuestra Pontificia Universidad Católica del Perú.
3. No al acoso sexual en la PUCP: destitución inmediata del defensor universitario por su incapacidad frente a los acosadores.

Rectificar el rectorado

Por Rodrigo Chillitupa- Revista CARETAS.
“Vivimos una crisis institucional”, dice el filósofo Miguel Giusti. El profesor principal del departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sintetiza así la situación por la que atraviesa su institución. Ello en relación a las denuncias por los cobros ilegales en las moras por el pago de pensiones de los alumnos de la universidad y los casos de presunto acoso por parte de docentes contra alumnas en diferentes facultades. “La comunidad universitaria está indignada porque no se pensó que estas prácticas [cobros ilegales y los acosos] se estaban realizando desde hace años”, agrega Giusti, quien postulará a las elecciones al rectorado de la PUCP del próximo 21 de junio.
Giusti dice que la gestión del exrector Marcial Rubio “no fue muy transparente”:
El 22 de octubre del 2018 el periodista Eduardo Abusada (CARETAS 2571) publicó en su cuenta de Facebook que había recuperado más de S/1,500 de la PUCP por que le habían cobrado por demorarse en pagar las boletas. La denuncia pública derivó en las protestas de  miles de alumnos que la universidad enfrentó en noviembre pasado, tras salir a la luz los diversos casos de cobros por intereses ilegales. “No puede ser posible que la universidad haya malinterpretado la ley y cometiera un delito doloso en perjuicio de muchos estudiantes”, crítica Giusti.
“Eso quiere decir que el estilo de gobierno de las actuales autoridades de la universidad no fue muy transparente”, agrega. El filósofo apunta así a la gestión del ex rector Marcial Rubio, quien renunció a su cargo luego de diez años. Tras el escándalo, la PUCP se comprometió a devolver todos estos cobros a los estudiantes, monto que asciende a más de S/30 millones.
En agosto del 2018 se conocieron diversos casos de presunto acoso y hostigamiento sexual de docentes contra alumnos y alumnas en diferentes facultades en la PUCP. Se reveló que había denuncias contra catedráticos como el abogado Martín Mejorada, el antropólogo Jaris Mujica y el politólogo Carlos Alza, entre otros. Dentro de la universidad, por eso, se conformó una comisión especial para recoger las denuncias de las estudiantes. Además se dispuso que la Defensoría Universitaria, a cargo del docente Wilfredo Ardito, investigue el tema.
Giusti crítica “algún tipo de encubrimiento de la PUCP” en presuntas denuncias contra Mujica, Mejorada y Alza“:
“En el tema de las denuncias de acoso existió un conflicto entre la comisión y la defensoría”, apunta Giusti. El filósofo indica que si bien “la comisión está realizando un buen trabajo en esclarecer los hechos contra los denunciados”, no se observa la misma situación en la labor de la Defensoría Universitaria. “No se conocen los informes de las indagaciones contra los profesores mencionados (Mejorada, Mujica y Alza)”, señala. CARETAS buscó comunicarse telefónicamente con cada uno de los involucrados, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Giusti reveló, además, que la Asamblea Universitaria ha pedido formalmente la renuncia del defensor universitario Wilfredo Ardito, quien hasta el momento no ha respondido tal requerimiento. “No debe haber ningún profesor protegido ante las denuncias de acoso sexual”, acota. En ese sentido, el filósofo resaltó que haya mayor compromiso por parte de la comunidad universitaria para reportar estos hechos. “Así se combate cierto encubrimiento de las autoridades para que se apliquen las debidas sanciones en las denuncias”, manifiesta.
Con este contexto de las denuncias de cobros ilegales  y acoso sexual, Giusti publicó el pasado 15 de abril, en sus redes sociales, las 18 propuestas que tiene para la universidad. Entre ellas se destaca una mayor transparencia de los gastos de la PUCP, una reevaluación de la política de pensiones de los estudiantes y garantizar una política de igualdad de género en la comunidad universitaria. “Nuestro objetivo es recuperar la identidad académica de la universidad”, sentencia.