Fiscalía abre investigación preliminar por contratación de hija de amigo del presidente Vizcarra

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro del Ministerio Público abrió este lunes una investigación preliminar de oficio por presuntas irregularidades en la contratación de una servidora del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri).
El domingo, el programa “Panorama” informó que Fiorella Alvarado Vallejo, hija de José Luis Alvarado Gonzales, amigo del jefe de Estado y presidente del Club Lawn Tennis, fue contratada en dicha entidad.
La fiscal provincial Rosario Quico Palomino y el fiscal adjunto Gary Cusi Coarita realizaron este lunes una diligencia en la sede de dicho órgano adscrito al Minagri para recabar documentación necesaria para el caso, informó la fiscalía.
Según Panorama, a fines del 2018, Alvarado Vallejo obtuvo una primera orden de servicio para trabajar en el PSI, entidad en la que labora hasta la actualidad. Sus funciones están referidas al trámite de pasajes a los funcionarios hacia diversas provincias.
“Panorama” indicó que Alvarado Vallejo no cuenta con título profesional y obtuvo diversas órdenes de servicios por los montos de S/13,500, S/9,000, S/10,000, S/13,500, S/5,250, S/4,000, S/5,000, entre otros.

Contratación del cuñado del presidente
Semanas atrás, se reveló que Fredy Herrera Begazo, cuñado, el presidente Martín Vizcarra, siguió contratando con el PSI pese a su vínculo familiar. Esta relación no fue informada al órgano adscrito al Minagri, según una declaración brindada por Herrera Begazo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Herrera, contador público de profesión, firmó 19 órdenes de servicio con el PSI desde mayo del 2015 hasta mayor del 2019, por un monto total de S/310,967.
Fuente: Diario El Comercio.

Pleno del Congreso aprueba interpelar al ministro de Educación

El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, interpelar al ministro de Educación, Martín Benavides, por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de dos universidades privadas, que estuvo a cargo de la Sunedu.
La moción propone que el titular del Minedu brinde explicaciones por la aprobación de licencia institucional de Universidad Privada Peruano Alemana, así como también de la Universidad Tecnológica del Perú.
A pocos días de la presentación del primer ministro, Pedro Cateriano, ante el pleno para solicitar el voto de confianza, la representación nacional aprobó la interpelación con 94 votos a favor, 15 en contra y 14 abstenciones.
El pleno interrogatorio viene acompañado de 33 preguntas y está suscrito por el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio; la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes; el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga; el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón; y otros 19 parlamentarios.
Se espera que en los próximos días, la Junta de Portavoces del Parlamento fije el día y la hora para la presentación del ministro Benavides ante el pleno del Congreso.
Fuente: Diario EXPRESO.

Minedu espera iniciar nuevo proceso de compra de tablets en dos semanas

Por Karen Guardia– Diario  Gestión.
La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Diana Marchena, aseguró -en conferencia de prensa- que el proceso de adquisición de 1′056,430 tabletas para la educación rural fue ‘serio y transparente’ por lo que se logró detectar las falencias que tenía el proveedor que ganó la licitación -vía contratación directa- Topsale SAC como la ausencia de vinculo comercial con el proveedor Lenovo China y la falta de respaldo financiero.
“Como parte del proceso se le pidió a Topsale SAC que presente documentación de las características técnicas de las tabletas así como el soporte técnico y su vinculación comercial con Lenovo China la que -en un primer momento- presento, pero cuando se le pidió información apostillada (legalizada) para que tengan mayor validez esta no fue remitida al Minedu y tras el proceso de verificación (de la documentación entregada) se puede detectar que el vinculo no era tal -como lo aseguraba la empresa- por lo que se dejó sin efecto la intención de contratación para la compra de tabletas“, dijo la viceministra.
Asimismo, como parte del proceso se exigía la presentación de una carta fianza a fin de cautelar los bienes públicos. “La empresa solicitó una ampliación del plazo la que se consideró razonable, pero al finalizar la fecha límite ampliada tampoco la presento”, comentó.
Ante ello, la viceministra dijo que se ha dispuesto que el nuevo proceso de adjudicación para la compra de 1’056,430 tabletas; 203,080 cargadores solares y 565,482 planes de datos ya no sea integral que implicaba que un solo postor brinde los servicios de equipamiento, planes de datos, distribución y servicios logísticos; sino que ahora por cada componente se hará un proceso distinto para acelerar así el servicio y contar -dijo- con un mayor número de postores.
“La autorización para la adquisición directa de un poco más de un millón de tablets tiene hasta 4 componentes: equipamiento, que implica la compra de tabletas y cargadores; planes de datos; distribución y logística para que se permita la incorporación de planes de datos así como para la grabación del contenido del Minedu. La contratación va variar de un proceso integral hacia una especializada, que permita la contratación de manera independiente de cada uno de estos componentes”, acotó.
La idea de esta nueva forma de adjudicación directa es que se pueda realizar más de una contratación en la compra de tablets con distintos proveedores, “para reducir los plazos y asegurar la atención de las distintas partes”.
Tiempo de contratación
Respecto al tiempo que tomará la nueva adjudicación, la viceministra de educación dijo que “es el compromiso del Minedu de que (la compra y distribución) sea este año”.
“Por ello las capacitaciones a los docentes (en el uso de las tablets) ya lo iniciamos. También ya terminamos la propuesta pedagógicas, y estamos trabajando para que sea de esta manera”, indicó.
En ese sentido, la funcionaria precisó que se esperaría contratar en las siguientes semanas, si se tiene información de parte de los proveedores respecto a si se podrá contar con la cantidad de tablets y cargadores demandados.
“Dado que es una contratación directa y debido a que se ha hecho exploración del mercado, esperamos en las próximas dos semanas tener invitación a contratar de varios proveedores”, añadió.
El Minedu detalló que en la primera convocatoria para la compra de tabletas las siguientes empresas solicitaron ampliación de plazo para la presentación de sus propuestas técnicas y económicas:
-Informática El Corte Inglés S.A. Sucursal del Perú (IECISA), mediante carta del 8 de junio, pidió la ampliación de plazo para presentación de su cotización hasta el 18 de junio, justificando la misma en la complejidad de la oferta y sus diversas consideraciones técnicas y operativas que requieren un análisis mayor.
-Telefónica del Perú SAA, mediante correo electrónico del 9 de junio remitido por su Gerencia de Contrataciones con el Estado, pidió la ampliación hasta el 15 de junio. Sin embargo, mediante correo electrónico del 11 de junio de 2020, comunican su decisión de no participar en la contratación
Mientras que en la segunda convocatoria lanzada, las empresas Máxima Internacional SA; OK Computer EIRL y Claro Perú SA no formularon pedidos para la ampliación de sus propuestas técnica y económica, pero cuestionaron el plazo previsto para la entrega de los bienes, entre otros, comunicando su decisión de no participar en la contratación mediante comunicaciones presentadas el 18 de junio.

María Antonieta Alva: empresa del padre y hermano de la ministra de Economía contrató con el Estado

A pesar de que la Ley de Contrataciones prohíbe que los familiares de los ministros en función contraten con el Estado, la empresa del padre y hermano de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Ava, prestó servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura (Minagri) por más de un millón y medio de soles.
Esta es la historia. El 3 de octubre del 2019, Alva juró como titular del MEF, y, un mes después, el 27 de noviembre, el PSI del Minagri le otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice– Hidroenergía para servicios de consultoría por S/1’557,000,00. El trabajo consistió en la elaboración de un estudio de preinversión a nivel de perfil: creación del servicio de agua para riego en la cuenca del Río Sañu, distrito de Coparaque y Suyckutambo, provincia de Espinar (Cusco).
Una de las dos empresas que integra dicho consorcio es Hidroenergía Consultores en Ingeniería, que tiene como accionistas a Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la ministra de Economía, respectivamente.
Fue Mónica Yaya, expresidenta del tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), quien a través de su cuenta de Twitter hizo pública esta denuncia.
En declaraciones para América Noticias, Yaya dijo que “hay una falta administrativa que determina la inhabilitación de las empresas que conforman el consorcio y esto lo tenía que haber hecho el OCSE, sin que haya una denuncia pública porque esa es su función”.
Agregó que “tendrá que iniciarse una investigación a nivel fiscal, porque al declarar que no había impedimento, se ha incurrido en el delito de falsa declaración en el proceso administrativo que tiene una pena privativa de la libertad hasta de 4 años”.De acuerdo al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidos de contratar con el Estado el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los ministros.
Recordemos que dicha entidad adscrita al Minagri le pagó más de 320 mil soles al cuñado del presidente Martín Vizcarra, Fredy Herrera Begazo, por trabajos realizados desde el 2016. Lo mismo ocurrió con la hija de un amigo de Vizcarra, quien recibió hasta 75 mil soles de la misma entidad.
Fuente: Diario EXPRESO.

Empresa amiga de Vizcarra se llevó S/1,100 millones

Por CÉSAR GUTIÉRREZ- Diario EXPRESO.
A la empresa Constructora y Administración SA (CASA), subsidiaria en el Perú de la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo (H&H), la suerte le ha sonreído con Martín Vizcarra como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y como presidente de la República: se le adjudicaron obras por más de 1,100 millones de soles.
En el período en que el actual mandatario fue el hombre fuerte del MTC, del 28 de julio de 2016 al 22 de mayo de 2017, aún en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, le adjudicaron a CASA nueve proyectos por un monto total de 907.43 millones de soles (MMS/). A lo anterior hay que agregar que luego del retorno vizcarrista de su autoexilio en Canadá, y habiendo asumido el cargo de Presidente de la República el 24 de marzo de 2018, CASA obtuvo dos obras adicionales que sumaron 192.91 millones de soles.
En total, en la era Vizcarra la ecuatoriana CASA ha tenido contratos por 1,100.34 millones de soles, que es el 50 % del total de adjudicaciones en ese lapso de tiempo. Las operaciones se realizaron, es bueno agregar, a través del “Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional” (Provías), entidad dependiente del MTC. CASA ya era una antigua conocida por el mandatario Martín Vizcarra. Y es que ya había trabajado con la empresa que mantenía Martín Vizcarra con su hermano César, C y M Vizcarra SAC, como subcontratistas -desde el año 2007- del Consorcio Covisur SA (H&H, CASA y Conorte), que fue concesionario en la Interoceánica o Carretera IIRSA Sur Tramo 5.
Este tramo, como se sabe, corresponde a dos ramales, uno que parte de Matarani y otro en Ilo, para unirse en Juliaca, y luego continúa hasta la localidad de Azángaro, capital de la provincia del mismo nombre, en la región Puno.
El tramo 5 de la Interoceánica en el ojo de la tormenta.
SITUACIÓN COMPLEJA…
Hasta aquí puede parecer una historia sobre la que solo se ciernen suspicacias; sin embargo, la situación se agrava cuando se revisa la información de la investigación sobre el Club de la Construcción, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, donde CASA es una de las investigadas desde el 12 de enero de 2018.
Nos referimos al hecho de que las dos últimas obras otorgadas (21.05.2018 y 25.01.2019) en el periodo de Martín Vizcarra como Presidente se adjudicaron cuando CASA ya estaba en proceso de investigación desde cuatro meses antes. Si seguimos hurgando en el caso Club de la Construcción, las cosas se complican más aún porque se encuentra la denuncia del programa dominical “Panorama”, de Panamericana Televisión, de fecha 16 de febrero de 2019, donde se afirmó que, según el colaborador eficaz Rodolfo Prialé, durante el proceso de la segunda vuelta electoral de las presidenciales del 2016, él se apersonó –Martín Vizcarra- conjuntamente con el gerente general de CASA, el ciudadano ecuatoriano, Eduardo Sánchez Bernal, a la casa del entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK), para entregarle 450 mil soles en efectivo, como aporte de campaña electoral. Según el mismo Prialé, estuvieron presentes el jefe de campaña, Martín Vizcarra, y el secretario de economía, Alfonso Grados, que luego sería nombrado ministro de Trabajo por Kuczynski.
DUDAS LEGÍTIMAS
Con todo lo reseñado, quedan legítimas dudas sobre las decisiones tomadas y que han favorecido a CASA: ¿ha tenido algo que ver el supuesto aporte de campaña en el otorgamiento de 1,100 millones de soles en obras? Hay otras interrogantes igual de sustantivas. ¿Siendo el mandatario un hombre que nos hablaba del Club de la Construcción en campaña, no sabía que CASA era parte del mismo? ¿No estaba informado el Presidente que habiendo asumido el cargo se le siguió otorgando a CASA obras a pesar de tener en curso una investigación por el fiscal Juárez Atoche? Demasiadas interrogantes sin respuesta hasta el momento, tarea para los fiscales del caso Lava Jato elevados a la categoría de héroes por la prensa del Gobierno.
CON CÉSAR VILLANUEVA
En la región San Martín se le investiga A H&H y CASA por supuestamente coludirse con el ex gobernador regional César Villanueva para adjudicarse el mejoramiento de cinco hospitales por S/290 millones.
HIDROVÍA AMAZÓNICA
CASA en sociedad con la empresa china Sinohydro, también se adjudicó el proyecto Hidrovía Amazónica por US$95 millones (06/04/17) para el dragado de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, con una longitud de 2,685 kilómetros, para unir los puertos de Yurimaguas e Iquitos con la frontera con Brasil. Esta adjudicación no fue cuando Vizcarra era titular del MTC.
YA ESTABA INVESTIGADA
Las dos últimas obras otorgadas a CASA (21.05.2018 y 25.01.2019) en el periodo de Martín Vizcarra como Presidente se otorgaron cuando esta constructora ya estaba en proceso de investigación desde cuatro meses antes.
LA OBRA. VÍA CASMA-TINGO MARÍA-MONZÓN
Suerte la de algunos… todo queda en CASA
El contrato más jugoso que asciende a la suma de 317 millones de soles.
La prensa especializada, como la web gatoencerrado.com, informó en su momento que de los 12 contratos entregados por el Gobierno a la constructora CASA, 11 fueron otorgados mediante el sistema de licitación pública y en entredicho por los enjuagues descubiertos al “Club de la Construcción” para otorgarse estos presupuestos mediante un acuerdo previo, según ha denunciado el fiscal Germán Juárez Atoche.
“El contrato más jugoso que asciende a la suma de S/ 317 millones, no se adjudicó por licitación pública sino recurriendo a un simple proceso de selección (concurso interno) a cargo de Provías, tal como si se tratara de una compra de menor cuantía (útiles de limpieza, útiles de escritorio, etc.), violando los límites que fija la Ley de Presupuesto”, señala la citada web.
“En este caso especial, se trata del mantenimiento de la vía Casma-Tingo María-Monzón”, añade. En la lista beneficiaria a favor de CASA está como el primer proyecto que se adjudicó la buena pro del Concurso Público N° 0004-2016-MTC/20 (22/12/16) del “Servicio de gestión, mejoramiento y conservación del corredor vial de 581 kilómetros Casma-Huaraz-Huari Huaycabamba-Jircan-Tingo María-Monzón-Emp.Pe18A (Tingo María)”, con un presupuesto de S/317.2 millones.
Y el segundo fue la Licitación Pública N° 00202015-MTC/20 de “Rehabilitación de la carretera Mazamari-Pangoa-Cubantía” (13/02/17) por un monto de S/188 millones. El listado es largo y se supone que está en investigación.

César Cárcamo, miembro del Grupo Prospectiva: Número de fallecidos por COVID-19 sería 43 mil

César Cárcamo, médico epidemiólogo y miembro del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud (Minsa), manifestó que el número de fallecidos por coronavirus (COVID-19) -incluyendo a los sospechosos- en el Perú sería de 43 mil.
En entrevista con Canal N, Cárcamo refirió que esta cifra -y no la oficial- es usada para la planificación de las acciones contra la propagación del coronavirus en el país. «Diariamente se elabora un reporte que incluye a los 43 mil. (…) En base a ello se está haciendo la planificación», anotó.
«Lo que es importante es diferenciar los casos que son sospechosos de los que son confirmados. Cada vez menos de los sospechosos se van a poder confirmar, porque las otras causas de muertes por enfermedades respiratorias van a seguir con nosotros», añadió.
Al ser preguntado acerca de por qué no se informó oficialmente de este número, César Cárcamo recordó que el exministro de Salud Víctor Zamora explicó en su momento la diferencia entre el reporte de casos confirmados y los sospechosos, y remarcó que «las bases de datos están abiertas para los que quieran hacer análisis».
Recordemos que Farid Matuk, exintegrante del Grupo Prospectiva, dijo, en diálogo con Willax TV, que, desde abril, se advirtió al Gobierno del presidente Martín Vizcarra que no estaban reportando a los peruanos sobre la cifra real de fallecidos por coronavirus.
«Yo hablé con el ministro Zamora. Y desde abril, como Grupo Prospectiva, dábamos informes donde la cifra total de fallecimientos, en base a los datos del Sinadef, era el triple de lo que se informaba. Esos números fueron expuestos en un Consejo de Ministros, lo conoció todo el Gobierno», narró Matuk.
Cabe señalar que el vocero del Sistema Informático Nacional de Defunciones, Javier Vargas, indicó que, en el registro del Sinadef, hay unos 40,000 casos en los que los médicos han puesto como causa el COVID-19.
Fuente: Diario EXPRESO.

Matuk: Desde abril se advirtió al Gobierno que no estaba dando cifra real de muertos por COVID-19

El economista Farid Matuk, quien hasta fines de junio formó parte del Grupo Prospectiva COVID-19, señaló que desde abril se advirtió al Gobierno que no estaban informando a la opinión pública sobre la cifra real de fallecidos por COVID-19 en el Perú.
“Yo hablé con el ministro Zamora. Y desde abril, como Grupo Prospectiva, dábamos informes donde la cifra total de fallecimientos, en base a los datos del Sinadef, era el triple de lo que se informaba. Esos números fueron expuestos en un Consejo de Ministros, lo conoció todo el Gobierno”, señaló Matuk a Willax TV.
Cabe anotar que a la fecha la cifra oficial del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la cantidad de fallecidos por COVID-19 es 17,843.
No obstante, en la víspera Javier Vargas, vocero del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Minsa, informó que hay 22,000 casos adicionales de fallecidos sospechosos por COVID-19, pues tuvieron esta sintomatología y así fueron registrados por los médicos, pero no se realizaron las pruebas para confirmar los casos de COVID-19.
Sumando ambas cifras, los fallecidos totales por COVID-19 llegarían a 40,000 personas en el Perú.
Matuk refirió que también hay que agregar unos 7,000 fallecidos adicionales, no por COVID-19, sino por otras causas, pero que sí se vieron afectados indirectamente por una falta de atención producto de la crisis sanitaria.
“Lo más apropiado hubiera sido desde el primer día dar esas tres cifras de fallecidos: confirmados, sospechosos e indirectos por la pandemia. Eso lo pedíamos en el equipo de Prospectiva, pero la política comunicacional del Gobierno no me compete”, señaló Matuk.
Sostuvo desconocer quién era la persona del Ejecutivo que se oponía a informar las cifras globales de fallecidos.
“No tengo idea de quién no quería dar a conocer la información; si era el ministro, el presidente o un asesor de la presidencia, no lo sé”, anotó.
Recordó que un punto de quiebre fue el informe publicado por IDL Reporteros, donde se mostraba que el número de fallecidos era superior a lo reportado por el Minsa.
Ello obligó al Gobierno a abrir los datos del Sinadef, pero luego hubo una escasa difusión a la opinión pública.
“Hablé con el ministro Zamora y desde el 4 de mayo se publican los datos del Sinadef, pero ¿por qué no lo han promocionado? Eso no es de mi competencia”, subrayó.
“Cuando me preguntaron sobre el reporte de IDL les dije que se ha quedado corto, pues la cifra total de fallecimientos era el triple de lo que reportaba el Minsa”, remarcó Matuk.
Por otro lado, el último miércoles la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció que hubo un desfase de otro grupo de 3,688 personas que habían muerto por COVID-19 hasta junio y no habían sido contabilizadas en la cifra oficial. Al sumarse este grupo, el número oficial de fallecidos hasta ahora es de 17,843.
El vocero del Sinadef estimó que en unos dos meses el Minsa podría presentar la cifra de fallecidos confirmados actualizada.
Fuente: Diario Gestión.

Los libros que pedía ‘Budian’

Por Romina Mella- IDL Reporteros.
Si alguien hubiera escuchado, hacia mediados de 2014, las conversaciones entre el empresario constructor y el poderoso gerente general de la municipalidad metropolitana de Lima, hubiera supuesto que el Perú vivía una ola cultural arrolladora.
Las conversaciones eran breves, por teléfono vía WhatsApp. El gerente, José Miguel Castro, llamaba al empresario constructor, César Meiggs, y le decía, en varias y frecuentes ocasiones: “Anda a mi casa, llévame 100 libros, 150 libros, 200 libros”.
Uno hubiera pensado que Castro era un lector prodigioso, de cultura oceánica. O un bibliófilo que coleccionaba libros de valiosas ediciones, para calentarse el alma con solo mirarlos.
Y Meiggs concurrió en cada ocasión para llevarle lo pedido. Pero lo único de cultural que tuvieron las entregas fue el rostro de Jorge Basadre en los billetes de cien soles, el de Raúl Porras Barrenechea, en los de veinte soles, y el de Benjamin Franklin en los billetes de 100 dólares.
Es que aquí en el Perú hasta para la cutra se utiliza a la cultura como coartada.
De acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz 140-2019, ‘libros’ significaba ‘miles de soles’, en billete: “… cien mil soles, 150 mil soles, 200 mil soles”.
Según indica el colaborador, Meiggs le entregó a Castro en dos ocasiones dos sobres de manila con montos de entre 250 mil y 300 mil soles en cada caso, en la puerta de su casa, en la noche; y una mochila con casi 600 mil soles en un privado del restaurante de comida norteña Don Fernando, en Jesús María.
Castro le decía a Meiggs, a tenor del testimonio, “que ese dinero era a pedido de la señora Susana Villarán para su campaña de reelección como alcaldesa”.
José Miguel Castro y César Meiggs (Foto: Gestión/ Facebook).
Esos pagos no fueron un choque y fuga cutrero ocasional sino parte de una historia de corrupción que empezó tiempo atrás y tuvo a dos compañías constructoras brasileñas como pagadores de los sobornos para lograr una cosecha pronta y provechosa.
OAS y Odebrecht.
Los principales ejecutivos de ambas compañías se han acogido a la delación premiada, han confesado y continúan confesando sobre el detalle de sus fechorías. Asimismo, varios de los sobornados han entrado en régimen de colaboración eficaz, con lo que las operaciones de sobornos han sido y son relatadas por una verdadera polifonía de ex perpetradores, que permite reconstruir los delitos perpetrados a través de confesiones en estéreo, que cada día se hacen más nítidas, con mejor resolución.
IDL-Reporteros pudo revisar diferentes confesiones testimoniales que describen cómo operó el mecanismo de pagos corruptos hechos por OAS y Odebrecht a la gestión de Susana Villarán, a través de su gerente José Miguel Castro.
Muchos conocen cómo funcionó el departamento de sobornos de Odebrecht, pero se sabe mucho menos cómo hizo OAS para comprar voluntades por la vía de la coima.
Ahora lo explicamos, como inicio del relato de los sobornos pagados en la municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán.
Campaña de reelección de Susana Villarán (Foto: Andina).
La ‘Contraloría’ de OAS
Ya sabemos cómo manejó Odebrecht sus pagos ilegales, a través del clandestino ‘Sector de Operaciones Estructuradas’, que en sus períodos más intensos llegó a pagar más de 500 millones de dólares al año.
OAS, más pequeña, menos próspera, pero tan o más inescrupulosa, buscó hacer algo parecido.
Hacia fines de la década de los 80 e inicios de la de los 90, OAS creó un departamento de sobornos al que llamó ‘Contraloría de Proyectos Estructurados’.
Era un área ligada al departamento de finanzas abocada a la contabilidad clandestina para la suscripción de contratos ficticios o sobrevalorados, a fin de generar recursos para la Caja 2, y pagar sobornos.
Todos los meses de noviembre, cada año, los directores de la empresa se reunían y entregaban un informe completo sobre lo ejecutado en el año transcurrido: los ingresos, los gastos y la demanda de la Caja 2.
En el mes de enero del año siguiente, la persona a cargo de la dirección financiera se reunía con los directores de cada país para establecer las metas de ese año, que incluía el presupuesto de la contabilidad paralela.
En OAS, a lo que parece, el ‘departamento de sobornos’ era mucho más conocido que en Odebrecht, donde se hacía un esfuerzo por mantenerlo clandestino dentro de la propia organización.
En el caso de Perú, como en los otros países donde operaba la compañía, había una estructura piramidal liderada por el presidente de la constructora, seguida por el superintendente internacional –años después el nombre cambió a presidente internacional–, luego por el director del país, y por debajo los líderes de los proyectos y después los gerentes de contratos, que veían directamente las obras.
“Toda esta estructura sabía del gasto [ilícito] que se iba a efectuar; y respecto del motivo del pago sabían el superintendente [internacional] [César Uzeda hasta 2014 y su sucesor Agenor Medeiros], el director del país [en Perú, Valfredo de Assis y luego Leonardo Fracassi] y el líder de operaciones o proyectos, respecto del cual se generaba el dinero para la Caja 2”, “Se trabajaba sobre demanda, en relación a cada proyecto”, relató José ‘Léo’ Pinheiro, expresidente de OAS, a los fiscales Rafael Vela, Carlos Puma y Ángela Zuloaga durante una diligencia del 26 de abril de 2019, en la Policía Federal de Curitiba.
Conforme la empresa fue creciendo y expandiendo, explicó Pinheiro, surgió la necesidad de tener una persona encargada del área internacional de la contabilidad clandestina de OAS que “implicaba la generación [de recursos para la Caja 2] y entrega de dinero”.
Alexandre Portela fue designado para asumir esa función. Todos los pagos o entregas de dinero tenían que ser autorizados por el director de cada país. Era posible que Portela no conociera la identidad de los beneficiarios finales de los pagos, “pero el director superintendente o el director del país debían saber”, dijo Pinheiro.
La ‘Contraloría’ de OAS, que funcionaba en Brasil, tenía entre 8 a 10 personas. En el Perú, dijo Pinheiro, “había una persona que se encargaba de ver estos temas con los funcionarios que trabajaban en la Contraloría”. “El que tenía el poder de los pagos era el director superintendente o el director del país, estos determinaban cuánto, cómo y cuándo se pagaba; Alexandre Portela solo era requerido por la cantidad de dinero que tenía que pagar”, añadió.
“La mecánica era trabajar los servicios que ya estaban hechos en la compañía […]; valorizar y cotizar en el mercado cuál era la posibilidad de incrementar la Caja 2 a través de dichos contratos. Una vez cotizado el valor se buscaba proveedores reales, los cuales aceptaban generar contratos ficticios o se buscaba operadores financieros con dueños de compañías que no tenían ninguna actividad real […]”, según relató el colaborador eficaz 101-2019 durante un interrogatorio ante el fiscal Carlos Puma, el 14 de marzo de 2019, en el consulado de Perú en Sao Paulo.
“Los contratos así como el dinero recaudado”, dijo el mismo colaborador, “por lo general no tenían un destinatario específico, funcionaba como un fondo, el cual una vez abastecido podría atender a cualquier tema, eso gracias a una red de operadores financieros de conocimiento exclusivo del sector de la Contraloría”.
El intermediario
A inicios de 2014, con el ingreso de Leonardo Fracassi a la cabeza de la constructora en el Perú –tras la salida de Valfredo de Assis–, Léo Pinheiro tenía “una gran preocupación en reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y su gerente general, José Miguel Castro”, según el colaborador eficaz 101-2019.
Léo Pinheiro había conocido a José Miguel Castro en la municipalidad de Lima un año antes, en febrero de 2013, durante la firma de la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla; pero fue recién en 2014 cuando empezó a tener un trato directo y fluido con él.
“Le pedí a Valdemir Garreta [el publicista brasileño que asesoró a Villarán en la campaña en contra de la revocatoria] que organizara una cena para presentarlo a los nuevos directores de OAS” en el hotel Westin, relató Pinheiro.
“En una de esas citas privadas”, de acuerdo con el colaborador eficaz 101-2019, Castro le pidió a Pinheiro cuatro millones de dólares para la campaña de reelección de Susana Villarán. “Con el contexto de la posible quiebra de OAS y la necesidad de estar bien con la municipalidad, el señor Pinheiro aceptó; según información de este último, José Miguel Castro decía que por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar”, dijo el colaborador.
Ya había una historia. OAS había hecho aportes ilegales por 3 millones de dólares para la campaña en contra de la revocatoria de Villarán. Un millón había sido entregado en Brasil a Valdemir Garreta, otro millón fue entregado en cash en Perú –puesto en Lima por el notorio doleiro brasileño Rafael Angulo López– al no menos notorio Luis Gómez Cornejo por intermedio de Alexandre Alves de Mendonca, entonces ejecutivo de la constructora. El millón restante se canalizó a través de la empresa Ogilvy.
Según el colaborador eficaz 101-2019, con la detención de Alberto Youssef [el doleiro cuya caída en Brasil permitió empezar a desenredar la madeja del caso Lava Jato. Entre sus muchas actividades, Youssef hacía “contabilidad paralela” en Brasil y en el exterior para OAS], en marzo de 2014, la compañía empezó a tener “problemas con entregas de dinero hechas por Caja 2”.
Parte del dinero que la constructora entregaba en cash en Perú –para pagos ilícitos– era traído por doleiros como Angulo López, con dólares pegados al cuerpo. “Entonces José Miguel Castro pidió que se analice una solución, sugirió que se contrate con [las empresas] CMR y Generación de César Meiggs”. Fracassi pasó esa solicitud a la ‘Contraloría’, que determinó que “era posible hacer a través de [Meiggs] la simulación de servicios y aumentos de precio dichas entregas”.
¿Cómo entra César Meiggs a este proceso? ¿De dónde lo conocía José Miguel Castro?
En realidad, de acuerdo con el colaborador 101-2019, fue OAS quien puso en contacto a César Meiggs, dueño de la compañía Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA, con Castro porque la “municipalidad de Lima necesitaba de un contratista para hacer una demolición de un mercado y Leonardo Fracassi le dio el número de César Meiggs a José Miguel Castro”.
Este empresario se convirtió así en un personaje clave en trama de la entrega ilegal de dinero para la campaña de reelección de la alcaldesa.
De acuerdo con las confesiones del colaborador eficaz 140-2019, la compañía de Meiggs era subcontratista de OAS –a fines de 2013– para el proyecto Línea Amarilla a través del alquiler de volquetes. A inicios del año siguiente, Marcus Martínez, entonces gerente de maquinarias de OAS, citó a César Meiggs en las oficinas de la constructora en Lima para ofrecerle un trabajo de demolición en La Parada. En la reunión también estuvieron los ejecutivos de OAS, Clayton Goncalvez Holanda Dos Santos y Ricardo Rocha Ulm.
César Meiggs aceptó. Y luego aceptó otras cosas también.
“Castro le dijo al empresario que OAS lo iba a apoyar con más trabajos por recomendación suya, (…) que la alcaldesa “sabía del tema y que no había ningún problema”.
Después de ese trabajo, de acuerdo con el colaborador, Meiggs se quejaba porque OAS no le había pagado, y pidió una cita con José Miguel Castro, quien accedió y lo atendió en su oficina en el municipio. El entonces gerente municipal “intervino ante la empresa OAS para que le pagaran lo adeudado a Meiggs, pero OAS le pagó con otros servicios en los cuales le solicitaron […] que sobrevalorara o inflara los servicios, para pagarle el servicio adeudado”, según el colaborador.
De acuerdo con el colaborador 140-2019, ya en abril de 2014 la relación entre Castro y Meiggs era bastante fluida. Por esas fechas, ambos se reunieron para cenar en el chifa Madam Tusan de Miraflores, cerca del óvalo Gutiérrez. Castro le dijo al empresario que OAS lo iba a apoyar con más trabajos por recomendación suya, “bajo la condición de que los apoyara para el tema de las deudas pendientes por pagar en razón de las campañas de Susana Villarán”. Le dijo que la alcaldesa “sabía del tema y que no había ningún problema”.
16 de Julio de 2014. La entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inspecciona la construcción del túnel que cruzaría el río Rímac contemplado en el Proyecto Vía Parque Rímac (Foto: Facebook Municipalidad de Lima).
En otro momento, según el mismo colaborador, Castro le preguntó a Meiggs si también era contratista de Rutas de Lima. Este le respondió que entre diciembre y enero de 2013 su compañía había hecho una ampliación del tercer carril de la Panamericana Sur. En ese caso, Castro le dijo que lo contactaría Raúl Ribeiro Pereira, el ejecutivo de Odebrecht que estaba a cargo del proyecto, “para hacer más trabajos sobrevaluados y así ingrese el dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán, y que eso era bajo condición de que pueda seguir trabajando con la municipalidad”.
José Miguel Castro le advirtió a Meiggs que “si no aceptaba esas sobrevaloraciones buscarían otras empresas dispuestas a trabajar con él, y que llamaría a los directores de OAS y Odebrecht, para que no le dieran más trabajo”. Meiggs aceptó y Castro le informó que una de sus contrapartes en OAS sería Clayton Goncalvez.
En julio o agosto de 2014, Meiggs se reunió con Clayton Goncalvez y Alfonso Alegra, entonces gerente de administración de OAS. Ambos “le solicitaron servicios de abastecimiento de roca, afirmado, eliminacion de desmonte, cortes y excavación; luego le dicen que facture mayores cantidades de abastecimiento de materiales y de trabajo y que la diferencia se la entregara al gerente municipal José Miguel Castro”, de acuerdo con el colaborador 140-2019.
Fue así que entre 2014 y 2015, la empresa de César Meiggs, Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA. facturó 29 millones 642 mil 545 soles a OAS, cargados al proyecto Línea Amarilla. De ese monto, las obras realmente ejecutadas equivalen a 15 millones 740 mil 019 soles, y la cantidad simulada fue de 13 millones 902 mil 526 soles, de acuerdo con el colaborador 140-2019.
“OAS hacía el requerimiento global que incluía lo real y lo sobrevaluado”, indicó el colaborador 140-2019. “Al final de cada día, cada controlador del servicio a ejecutarse coordinaba con el controlador de OAS el servicio realmente ejecutado, luego de ello esos controladores pasaban esa información a la oficina de la Gerencia de Administración de la empresa Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA”, relató el colaborador, “se hacían los cuadros de lo ejecutado realmente, luego que venía la facturación mensual […] para que los montos sobrevaluados o los estados sobrevaluados sean regularizados a través de guías de remisión”.
A la hora que la compañía de Meiggs presentaba su factura, OAS le transfería el dinero a la cuenta de su empresa. Meiggs retenía el 10% –por actuar como intermediario– y el saldo se lo entregaba a José Miguel Castro en efectivo o a las personas que el entonces gerente municipal designaba.
De acuerdo con el colaborador 140-2019, el dinero fue entregado de tres formas.
Los sobres y la mochila
La primera modalidad consistió en entregas de dinero en cash a José Miguel Castro. Este llamaba a Meiggs por teléfono, vía WhatsApp, como hemos visto, para indicarle el lugar de la entrega. “Anda a mi casa, llévame 100 libros, 150 libros, 200 libros”, le decía Castro a Meiggs, de acuerdo con el colaborador, “que significaba cien mil soles, 150 mil soles, 200 mil soles”. .
En cuanto a la segunda modalidad de entrega de dinero, Luis Gómez Cornejo, representante de la ONG Ciudadanos por Lima, recogió –por encargo de José Miguel Castro– dinero en efectivo en las oficinas de Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA, en la Avenida Arenales 2632.
Luis Gómez Cornejo (Foto: Caretas).
De acuerdo con el colaborador 140-2019, entre abril y agosto de 2014, César Meiggs le entregó a Gómez Cornejo sobres con dinero en seis oportunidades, uno de los cuales contenía alrededor de 250 mil soles. Gómez Cornejo, a su turno, delegó parte de esta tarea a Graciela Ramos Pérez, quien se reunió con Meiggs cuatro veces para que este le entregara el dinero: tres ocasiones en la oficina del empresario y una oportunidad en una agencia del BBVA. Ramos también recibió cuatro transferencias de dinero a su cuenta bancaria. Todas estas transacciones fueron monitoreadas, de acuerdo con el colaborador, por José Miguel Castro.
En determinado momento, según el colaborador 140-2019, José Miguel Castro le pidió a Meiggs que realice una transferencia de alrededor de 210 mil dólares desde la cuenta bancaria de su compañía a una cuenta extranjera “que le proporcionaron unos españoles en sus oficinas” por indicación de Castro. “Recuerdo que los españoles le dijeron al señor Meiggs que era para una empresa de publicidad”, indicó el colaborador.
En ese contexto la empresa de Meiggs, Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA., suscribió contratos ficticios con Rentable.pe SAC, por un monto de 1 millón 390 mil soles. De ese total, la compañía transfirió 1 millón 284 mil 025 soles a la cuenta bancaria de Mindshare Perú SAC para el pago de publicidad. Mindshare Perú SAC, a tu turno, fue subcontratada por la agencia Wish Win, liderada entonces por el consultor y publicista político catalán Xavier Domínguez, que manejó la campaña de reelección de Villarán. Mario Ruas, representante de Rentable.pe, cobró 105 mil 982 soles por actuar como intermediario para el contrato simulado, según el testimonio.
La cuota de Odebrecht
La compañía de César Meiggs también actuó como intermediaria para la entrega de alrededor de 2 millones 600 mil soles de aportes ilegales de Odebrecht a las campañas de Susana Villarán.
En su declaración como colaborador eficaz del 1 de junio pasado, José Miguel Castro dijo que fue Raúl Ribeiro quien “había organizado todo el sistema de aportes de Odebrecht a las campañas municipales de 2013 y 2014”. El aporte para la campaña de reelección se definió, según Castro, durante un almuerzo en un rodizio en Río de Janeiro, en el que estuvieron Ribeiro y el vicepresidente de Odebrecht, en diciembre de 2013.
“La forma de ejecutar estos aportes fue a través de César Meiggs y sus empresas”, dijo Castro.“La empresa de Meiggs emitía facturas hasta por un millón de soles, de los cuales él deducía sus impuestos y comisiones y efectivizaba solo 700 mil soles, que él mismo entregaba o transfería a los asesores de la campaña Javier Serrano o Luis Gómez Cornejo, según sea el caso. […] Los aportes de campaña de la reelección tienen directa vinculación con el cierre financiero de la concesión Rutas de Lima, el concepto de puesta en punto, y la adenda de bancabilidad”.
José Miguel Castro fue quien puso en contacto a Ribeiro con Meiggs. Entre abril y mayo de 2014, Ribeiro y Felipe Neves, de Odebrecht, se reunieron con Meiggs y acordaron hacer un contrato sobrevalorado con la concesionaria Rutas de Lima para prestar servicios de excavación, carguío, eliminación y bacheos de la berma central desde Atocongo hasta Pucusana, en la Panamericana Sur, por un monto total de 4 millones 244 mil 325 soles, para el proyecto Vías Nuevas de Lima. Una parte de los servicios fue hecha, otra simulada.
Fuentes de IDL-R confirmaron que la relación entre Odebrecht y Meiggs se dio a partir de una instrucción de Castro, y que se mantuvo solo para lo relacionado a la municipalidad de Lima bajo la gestión de Villarán.
Su papel, de acuerdo con las fuentes, no alcanzó dimensión parecida al de Gonzalo Monteverde, quien sí fue un operador importante para el lavado de dinero del área de sobornos de Odebrecht.
En los próximos días se definirá la fecha de la declaración de Raúl Ribeiro sobre este caso ante el Equipo Especial Lava Jato.
César Meiggs coordinó con José Miguel Castro las entregas de dinero en efectivo, vía WhatsApp. En una oportunidad, de acuerdo con el colaborador 140-2019, Meiggs y Castro “se encontraron en sus carros en Pueblo Libre, a la altura del Queirolo”. El empresario le entregó 300 mil soles en un sobre. El saldo del dinero, Meiggs se lo dio a Gómez Cornejo en 2 o 3 armadas, de entre 150 mil y 200 mil soles cada una, en las oficinas de Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA; y en otras 2 o 3 ocasiones Meiggs le entregó montos pequeños de 80 mil y 100 mil soles a Graciela Ramos.
El monto total de las entregas de dinero que hizo César Meiggs tanto a José Miguel Castro, Luis Gómez Cornejo y Graciela Ramos; fue de 16 millones 509 mil 892 de soles, dividido entre OAS por el proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac (13 millones 902 mil 526 soles, que equivale a 4 millones de dólares) y Odebrecht por el proyecto Rutas de Lima (2 millones 607 mil 366 soles).
De ese total, de acuerdo con el colaborador 140-2019, José Miguel Castro recibió de César Meiggs 4 millones de soles.
Y ni un solo libro.
COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Los suscritos, en nuestra condición de ciudadanos demócratas, ante el pedido realizado por un Fiscal Provincial, de suspender las actividades políticas del Partido Fuerza Popular en el marco del proceso contra algunos de sus dirigentes, expresamos nuestro total RECHAZO al requerimiento fiscal, considerando que:
1. Nos encontramos dentro de un proceso electoral en marcha, convocado por DS. 122-2020-PCM (9/7/20), a efectos que la voluntad y soberanía popular se manifieste con respecto a elegir Presidente y Congresistas de la República.
2. La suspensión de actividades de un Partido Político afecta a miles de ciudadanos que han optado libremente por esta alternativa democrática y que tienen el derecho constitucional de participar en la vida política del país (artículos 31 y 35 de la Constitución) pudiendo elegir y ser elegidos. Suspender al partido político impediría a estos ciudadanos y a otros que libremente quisieran respaldarlo con sus votos, poder participar en el proceso electoral ya convocado de acuerdo a los dispositivos vigentes en nuestro país.
3. Los efectos jurídicos que afecten irreversiblemente a una institución política integrada por miles de ciudadanos, no pueden venir de una medida cautelar y en medio de un proceso que ni siquiera cuenta con acusación fiscal.
Por algo la Ley de Partidos (art.14) dispone que sea la Corte Suprema, a petición del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, quien pueda declarar la ilegalidad de una Organización política.
4. Los requerimientos fiscales y las decisiones judiciales deben estar siempre alejadas de cualquier posibilidad de interferir en las decisiones políticas que frente a un proceso electoral solo competen al pueblo, que no tiene porque aceptar una intromisión anti democrática, abusiva e inconstitucional.
Lima, 24 de julio de 2020
Víctor García Toma
Ernesto Alvarez Miranda
Lourdes Mendoza del Solar
Rosario Fernandez Figueroa
Natale Amprimo Plá
Anibal Quiroga León
Marisol Espinoza Cruz
Antero Flores Araoz
Lourdes Alcorta Suero
Luis Gonzales Posada
Humberto Acuña Peralta
Diethell Columbus Murata
Carlos Bruce Montes de Oca
Juan Sheput More
Eduardo Ponce Vivanco
Fabiola Morales Castillo
Martín Belaúnde Moreyra
Carlos Tubino Arias Schreiber
Alfredo Ferrero Diez Canseco
Ángel Delgado Silva
Aurelio Pastor Valdivieso
Luis Iberico Núñez
José Barba Caballero
Rafael Rey Rey
Gustavo Pacheco Villar
Joseph Campos Torres
Jorge Cáceres Arce
Elías Rodríguez Zavaleta
Alfredo Marcos
Alfonso Baella Herrera
César Campos
Juan Hermoza Ríos
Luis Molina Arlés
José A. Aguilar Janto
Rafael Yamashiro Oré
José L. Delgado Nuñez del Arco
Jorge del Castillo Gálvez
Allan Wagner
Lourdes Flores
Pilar Nores de García

Minsa admite desfase en cifras y revela que hay más de 17 mil fallecidos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su titular, Pilar Mazzeti, dio a conocer que tras una evaluación de las cifras de muertes provocadas por el coronavirus, se agregarán 3688 decesos. Con esta revelación, la cantidad de fallecimientos llega a 17,455.
Según la ministra de Salud este análisis de la data oficial comprende el inicio de la pandemia (marzo) hasta las últimas semanas de junio.
“Han trabajado el análisis de información desde el mes de marzo, en el inicio de la pandemia, hasta la última semana de junio, han evaluado cerca de 20,000 casos en un trabajo bastante exhaustivo y les podemos decir para el día de hoy, que de acuerdo al análisis rutinario que hacemos, tendríamos 13,767 personas fallecidas y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo vamos a añadir 3688 personas fallecidas, con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta el mes de junio”, indicó Mazzetti.
Asimismo, se realizará una segundo proceso de evaluación para obtener la información de julio hasta que se “logre empalmar el desfase”.
“El análisis del exceso de mortalidad en un evento como el que estamos viviendo se hace al finalizar y esto demora por lo menos un año, por lo que hay que hacer un análisis detallado, este proceso ha comenzado durante la pandemia de forma paralela para que todos veamos con transparencia la información que está disponible para los peruanos. El análisis detallado va a continuar en paralelo con la pandemia, de tal manera que tengamos la información más exacta posible”, concluyó Mazzetti.
Fuente: www.americatv.com.pe

“No sabíamos de la propuesta de donación de oxígeno”, afirma ministro de Defensa, Walter Martos

El ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que el Ejecutivo desconocía la propuesta de donación de 20 mil litros de oxígeno medicinal semanales por parte de la empresa minera Southern Perú para los hospitales de Arequipa y Moquegua, el cual, presuntamente, fue retrasado por el entonces de presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.
“Desconocíamos de la propuesta en el Ejecutivo, seguro era coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, y con toda seguridad el expremier Vicente Zeballos dará las respuestas que le soliciten y las explicaciones del caso”, precisó el titular de Defensa.
Estas declaraciones las hizo tras conocerse que la minera propuso la donación de 20 mil litros de oxígeno medicinal semanales el 22 de mayo de este año, pero la entrega de este medicamento recién se materializó el 19 de julio, casi dos meses después, cuando los hospitales de Arequipa ya habían colapsado por el incremento de casos COVID-19.
“En el ejecutivo no sabíamos de la propuesta, no se había mencionado en las reuniones de la propuesta de esto en forma específica, se ven los temas en forma general en el Consejo [de Ministros] y la ayuda que se va a dar como una respuesta en el tema hospitalario y materiales”, precisó.
Respecto a una posible denuncia sobre este tema por parte del Congreso, dijo que el que gobierno está abierto a cualquier tipo de investigación y fiscalización.
Fuente: Diario El Comercio.

Cómo retrasaron la PCM y el Minsa la llegada de oxígeno para Arequipa

Por ISAAC VÁSQUEZ TELLO– Diario Perú21.
La ola de retrasos y procesos ineficientes por parte del Ejecutivo para recibir la donación de los 20 mil litros de oxígeno semanales de parte de Southern Perú para Arequipa y Moquegua podría tener responsabilidad penal. Como lo confirmó Perú21 en su edición de ayer, el ofrecimiento de la empresa llegó la mañana del 22 de mayo a través de una llamada telefónica: un funcionario de Southern se lo comunicó directamente a Vicente Zeballos, en ese momento jefe del gabinete.
La compañía a cargo de realizar las pruebas del oxígeno que la minera ofrecía donar fue Praxair Perú, una empresa dedicada a la venta y distribución de gas industrial contratada por el Estado en esta emergencia. La primera prueba recién se pidió el 12 de junio, 21 días después de que Zeballos conociera la disponibilidad de Southern para donar oxígeno para el sur del Perú. Pero si bien la orden de servicios fue recibida por Praxiar el 12 de junio, esta compañía recién tuvo las facilidades para viajar a Ilo, donde se encuentra la planta de Southern, el 17 de junio. El viaje, coordinado por el Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud) fue por vía terrestre, cuando la urgencia bien justificaba un vuelo de la FAP directamente al aeropuerto de Ilo.
El viernes 19 de junio, una vez en Lima, Praxair pudo analizar la muestra y obtener los resultados el mismo día. Sin embargo, el Cenares recibió esos resultados el 22; en plena emergencia no había nadie en sus oficinas el fin de semana. El informe que entregó Praxair al Cenares registraba que los parámetros de humedad del oxígeno que había tomado como muestra eran ligeramente superiores a los establecidos por el Minsa. El Cenares entonces le pidió a la Southern que reduzca esos niveles de humedad de su producción. Los ingenieros de la minera consultados por Perú21 sostienen que ese desbalance de humedad nunca existió.
La demora en las decisiones, los traslados y otros procedimientos no facilitados por la PCM y el Cenares habían generado ya la pérdida de 31 valiosos días en la lucha contra la pandemia que enfrentaría la Ciudad Blanca, pero la cosa no quedó ahí.
El 3 de julio, Praxair recibió una nueva solicitud para una segunda prueba. Nuevamente su equipo de técnicos fue trasladado hasta Ilo por vía terrestre, salieron de Lima el 7 de julio. Esta vez la compañía entregó los resultados al Cenares el 10 de julio.
El Cenares demoró hasta el 14 para emitir el documento en el que se admitía el oxígeno donado por Southern. Ha trascendido que Vicente Zeballos estuvo al tanto de cada suceso. ¿Por qué no presionó? El país está en estado de emergencia. ¿Por qué permitió el premier que la burocracia siguiera caminando a su ritmo? ¿Qué se esconde detrás de tamaña indolencia?
El 14 de julio, la cifra de contagios y muertes ya se había desbordado y la ciudad sufría los estragos virulentos de la pandemia. Tuvo que mediar la intervención de la prensa. El sábado 18, Perú21 tuvo que publicar una portada en la que convoca la presencia del presidente y de la nueva ministra de Salud en Arequipa. El domingo 19, después de las escenas desesperadas que ambas autoridades presenciaron en la puerta del hospital general de la Ciudad Blanca, el Gobierno ordenó recién la distribución del oxígeno donado. El lunes 20, los pacientes afectados comenzaron a ser atendidos, pero la cifra de mortandad ya se había duplicado en relación a lo registrado desde el inicio de la pandemia hasta el mes anterior y la población había vivido tres semanas de abandono y dolor.

Jefe de gabinete de asesores no llegó a 4 meses de gestión

Segundo debut de Arroyo en el Minsa ¿otro dolor de cabeza para Vizcarra?

El nombramiento de Juan Eulogio Arroyo Laguna como jefe del gabinete de asesores del Ministro de Salud, Víctor Zamora, sorprendió a muchos en la comunidad médica, porque recuerdan los grandes traspiés dados por el sociólogo durante su breve paso como viceministro de Salud, en setiembre del 2017, por lo que tuvo que salir tan rápido como llegó al Ministerio de Salud (Minsa). Arroyo parece haberse empoderado rápidamente y sin perder tiempo convocó a una reunión de urgencia a los directores administrativos de los hospitales de Lima y regiones, tras su designación el miércoles 25 de marzo.
La convocatoria sorprendió a más de un director de hospital, toda vez que Arroyo no tiene autoridad para convocar a los funcionarios responsables de la logística de los nosocomios del Estado; ya que ese tipo de decisiones corresponde a un alto funcionario del Minsa, como un viceministro con capacidad ejecutiva. El salto de garrocha a los directores de los hospitales se debería a que, según Arroyo, éstos (los directores) estarían demostrando ineficiencia y lentitud en la compra de insumos y equipos.
“Ustedes son los que trabajan”, les dijo a los asistentes a la reunión. Y de inmediato Arroyo les instó a los directores administrativos a que debían comunicarse directamente con él, algo que sorprendió porque así no funcionan las entidades estatales y ciertamente los hospitales. Es decir, existe una línea de responsabilidades que un director administrativo está obligado a respetar; sin embargo, Arroyo, como experto en gestión pública, parece haber olvidado.
Y lo más extraño que dijo a los asistentes fue que se olvidaran del Plan Operativo Institucional y su relación con el Presupuesto del 2020 y que se concentren en el coronavirus #covid19. Además los más sorprendente es que les precisó que él les iba a dar las especificaciones de lo que debían comprar. Más de uno se sorprendió de la proposición del principal asesor del Ministro Zamora, en la medida que hacerle caso es la ruta más directa para una denuncia de la Contraloría e incluso con riesgo de ir a la cárcel.
Es conocido que los mayores de edad, y ello incluye al personal médico, pertenecen al grupo de riesgo del #covid19 y en ese sentido, los directores de hospitales dispusieron que los médicos mayores de 60 años permanecieran en sus domicilios. Sin embargo, Arroyo exigió a los directores administrativos de los hospitales presentes en la reunión, que desde lunes 30, todos los médicos independientemente de su edad estén disponibles para atender pacientes de la pandemia.
“Han abandonado a los pacientes”, dijo en voz alta Arroyo, sin percatarse de que existe una resolución de Servir disponiendo el cuidado con el personal de mayor edad. Arroyo tampoco parecía conocer las limitaciones existentes en la provisión de la vestimenta de protección para atender pacientes del coronavirus. Un aumento del número de médicos implicará que no se les otorgará la vestimenta requerida: mascarillas N95 (que no hay en el mercado), mandiles, botas, etc.
Mientras Arroyo Laguna viene publicitando su nombramiento vía twitter, varios de los asistentes a la cita médica recordaron su silenciosa salida del viceministerio de Salud, el 14 de diciembre del 2017 (Resolución Suprema Nº 026-2017-SA), a dos meses y tres semanas de su designación (Resolución Suprema Nº 015-2017-SA), durante la gestión de Fernando D’Alessio Ipinza. El comentario en esa época fue su desconocimiento del sector salud y su incapacidad para hacer frente a los desafíos de esa época.
De allí que la presencia del polémico sociólogo no parece sintonizar con el apoyo que el Presidente Vizcarra busca dar a los profesionales que se encuentran en la primera línea de batalla frente a la pandemia del coronavirus que tiene inmovilizado al país. “No puedes abrirte un frente en la retaguardia cuando toda la atención debe ser unir esfuerzos contra el coronavirus sin caer en irregularidades administrativas que la Contraloría sancionará a los funcionarios que tienen responsabilidades legales”, fue un comentario de uno de los asistentes.
Fuente: www.gatoencerrado.net

Fiscalización investigará a Vizcarra

Por ERICK SÁNCHEZ NORIEGA- Diario EXPRESO.
La Comisión de Fiscalización del Congreso formaría un grupo que tendría el encargo de indagar sobre las 26 denuncias que tiene el presidente de la República, Martín Vizcarra, referidas a su accionar respecto a presuntas irregularidades en contratos que impulsó como ex gobernador regional de Moquegua y además por los negocios que obtuvo a través de su empresa C y M Vizcarra S.A.C y otros.
Así lo indicó el titular de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, tras recibir las diversas denuncias del presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua (FAM), Jesús Paredes Zegarra, quien sustentó cuatro de las 26 acusaciones realizadas a Vizcarra Cornejo, las cuales están siendo investigadas en el Ministerio Público (MP).
“Agradecemos la valentía que ha tenido (Paredes Zegarra) para desplazarse desde Moquegua con las pruebas, ahora es nuestra responsabilidad iniciar las investigaciones, me parece que fácilmente podemos impulsar una comisión investigadora con las facultades respectivas para llevar adelante toda esta investigación” dijo Alarcón, ex titular de la Contraloría General de la República.
Paredes Zegarra reveló que el jefe de Estado “tiene miedo a que le levanten la inmunidad presidencial” porque ya cuenta con una sentencia en primera instancia en el Poder Judicial por la sobrevaloración por más de un millón de soles de la obra de construcción de la infraestructura de la represa de Chirimayuni del distrito de Chojata, provincia Sánchez Cerro, en el año 2011.
TITULAR DEL MTC PROCESADO
“Esta obra fue por administración directa. ¿Quiénes estaban encargados de esta obra? Eran Martín Vizcarra como titular del pliego (gobernador), Carlos Estremadoyro, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, y César Ramos, ex funcionario de Vizcarra cuando fue gobernador regional”, dijo.
Según Paredes Zegarra esta obra empezó costando 18 millones y terminó con un monto de más de 28 millones de soles. Según lo determinado por el MP, César Ramos se apropió de casi 800 mil soles. “Este expediente está para ir a la segunda instancia porque ha sido apelada. Se han pedido sentencia efectiva para Martín Vizcarra, Carlos Estramadoyro y César Ramos”, apuntó.
Otro de los casos que recordó el dirigente del Frente de Anticorrupción fue el referido al pago presuntamente irregular de S/41’869,086 a un consorcio relacionado al ‘Club de la Construcción’ por la ampliación y mejoramiento del hospital regional de Moquegua en el 2014.
“La Contraloría señala responsabilidades penales y administrativas a 12 funcionarios del gobierno regional de Moquegua pero resulta curioso que no se señale la misma responsabilidad para Vizcarra Cornejo como titular del pliego y menos al gerente general de ese entonces, Edmer Trujillo”, dijo.
OTROS MINISTROS
Paredes Zegarra recomendó a la Comisión de Fiscalización para que cite a los funcionarios de la Contraloría para que les expliquen por qué razón excluyeron de la responsabilidad al presidente Vizcarra, al ex ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, y el actual ministro de Agricultura, Manuel Hernández Calderón, quien por la supervisión de esta obra recibió un pago de más de 5 millones 403 mil soles.
“El hospital de Moquegua ha terminado costando 248 millones y empezó con un monto de más de 123 millones. Era solo un hospital de nivel 2. Está claro que deben investigar principalmente a Trujillo, Estremadoyro, [Jorge] Montenegro [ministro de Agricultura] y a la actual secretaria del despacho presidencial, Mirian Morales, quien trabajó con Vizcarra desde que fue gobernador de Moquegua”, aseguró.
Asimismo, señaló que “las maquinarias de Vizcarra están trabajando también en la mina Quellaveco, en diferentes empresas contratistas y él no aparece en nada. ¿Eso es correcto? Para nosotros no y por eso estamos denunciando. Si algo me pasa ya ustedes están notificados. Aunque no creo que me pase nada. Estaremos dispuestos a sacar la cara por el país”, comentó.
“De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, calculamos que Martín Vizcarra prácticamente se ha apropiado de 200 millones de soles de la región de Moquegua (durante su etapa de gobernador regional y funcionario público)”, remarcó.
REACCIÓN DE PARLAMENTARIOS
El primero en solicitar que amplíe sus aseveraciones fue el congresista del Frente Amplio (FA) José Luis Ancalle Gutiérrez, quien le consultó sobre cuántos agricultores fueron afectados por la obra inconclusa de la ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo, la cual fue construida durante el periodo de Vizcarra como gobernador.
“Entre las empresas jurídicas y naturales hay 800 personas, porque lo que se ha licitado es 1,750 hectáreas. Aquí esta obra empezó costando S/80 millones y pasó a S/96 millones y luego a través de adendas más de S/200 millones”, apuntó.
Por su parte, el parlamentario de Fuerza Popular (FP), Marco Pichilingue Gómez (FP) pidió detalles respecto a las declaraciones del invitado “respecto a la sentencia en primera instancia que tiene el presidente Vizcarra y si es cierto que de las 26 denuncias la mayoría están archivadas”.
Paredes Zegarra respondió que de las 26 denuncias que tiene Vizcarra en Moquegua solo 5 han sido archivadas, “la mayoría de estos casos está en la etapa preliminar y no han tenido avance”. Del mismo modo indicó, ante la pregunta de Pichilingue Gómez, que es una actitud común en el presidente Vizcarra buscar “gobernar solo”.
“Cuando estuvo en el gobierno regional de Moquegua no coordinó nada con los consejeros, le gusta gobernar solo para tocar el tema de las obras directamente con las empresas que la ejecutarán”, respondió.
A su turno, la congresista del Frepap, María Retamozo Lezama preguntó a Paredes Zegarra en qué circunstancias se dieron los hechos del adelanto de obras de hasta S/41 millones para la construcción del Hospital de Moquegua.
“Es un caso bien complicado porque ha participado incluso la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, que trabajaba muy de la mano con Martín Vizcarra. Salieron peleando me imagino por la repartición de la torta. Ustedes deben investigar este caso porque este pago vino por medio del gobierno de Humala al gobierno regional de Moquegua”, respondió Jesús Paredes.
Del mismo modo, la parlamentaria del Frepap insistió en preguntar si a juicio de Paredes Zegarra habría existido un favor político para no incluir a Vizcarra y a Trujillo en la investigación del Hospital de Moquegua. “Presumo que así fue, ello no he podido comprobarlo pero el [hecho de] no incluir a los directamente responsables y sí a los funcionarios medios es de por sí cuestionable”.
En esa misma línea el congresista de Unión por el Perú (UPP) Héctor Maquera indicó que será parte del trabajo de la Comisión de Fiscalización determinar por qué se excluyó a Vizcarra y a Trujillo de las indagaciones de la Contraloría.
Por su parte, el titular de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, consultó a Jesús Paredes si todas esas denuncias llegaron al MP y a ente nacional de control. “Todas las denuncias que hoy he alcanzado han sido presentadas al MP, con algunos archivamientos pero que fueron reaperturados luego. Se trata de dinero del Estado y no puede quedar en nada”, dijo.
Finalmente Alarcón consultó al citado dirigente sobre el entorno personal de Vizcarra. “Habría que enumerar largamente, pero tiene actualmente ministros que han trabajado con él desde que era gobernador regional, [también] con Mirian Morales, secretaria del despacho presidencial y su asistente Karen Roca”.
Los cuatro hermanos de la esposa del presidente Vizcarra deben ser otros indagados desde esta comisión. Además del cuñado Fredy Herrera Begazo, quien es actualmente cuestionado por los contratos que obtuvo con el Estado y que superan los 450 mil soles.
“Para nosotros son en total más de 300 personas las que son parte de una mafia. El señor Vizcarra no gobierna para el país sino para sus intereses”, dijo.
PELIGRA SU VIDA
Las maquinarias de Vizcarra están trabajando también en la mina Quellaveco, en otras contratistas y él no aparece en nada. “¿Eso es correcto? Para nosotros no, y por eso estamos denunciando. Si algo me pasa ya ustedes están notificados. (…) Estaremos dispuestos a sacar la cara por el país”, comentó Jesús Paredes.
EL CUÑADO QUE MINTIÓ
Para cobrar S/10,000 del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), Freddy Herrera Begazo, cuñado de Vizcarra, presentó un informe con fotografías donde supuestamente se reunía con dirigentes del valle de Tambo y otro de la zona, los días 23 de abril y 24 de abril de 2018.
Cuatro meses después usó las mismas imágenes para justificar otro contrato por 30,000 soles, con el mismo organismo del Ministerio de Agricultura.

Comisión de Fiscalización pasa a condición de investigados a Richard Swing, Mirian Morales y Jorge Apoloni

Por PATRICIA QUISPE– Diario Perú21.
La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República acordó esta tarde pasar a la condición de investigados al compositor Richard Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing; a la secretaria general del despacho de la Presidencia de la República, Mirian Morales y al exsecretario general del Ministerio de Cultura Jorge Apoloni Quispe.
Por unanimidad, el grupo de trabajo aprobó su preinforme sobre la investigación de las contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura, específicamente la relacionada a Richard Swing, quien entre los años 2018 a 2020 percibió S/175,400 soles del Estado por servicios no personales.
La Comisión de Fiscalización acordó también solicitar una ampliación de plazo de 45 días al Pleno del Legislativo para concluir con la investigación en cuyo marco tiene previsto también entrevistar al jefe de Estado.
Miriam Morales, Richard Cisneros y Jorge Apoloni, se recuerda, rindieron su testimonio ante la Comisión de Fiscalización, semanas atrás, en condición de invitados. Ahora que pasan a la condición de investigados, fuentes legislativas informaron a Perú21 que se tramitará el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones. Igualmente, se pedirá información de Registros Públicos.
Mirian Morales, se recuerda, es la más cercana colaboradora del presidente Vizcarra y, según la hipótesis de trabajo de la comisión, habría influido en la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura.
Jorge Apoloni, por su parte, fue el primer funcionario que le abrió las puertas del Sector Público a Richard Swing. Fue él quien autorizó la primera contratación del artista por tres meses y con un pago de S/21,000.

El expresidente Ollanta Humala es acompañado por Jorge Barata y el exministro Jorge Merino (derecha) en las obras de construcción de la hidroeléctrica de Chaglla (Foto: Presidencia de la República).

Caso Gasoducto: Declaración del exministro Jorge Merino compromete a Nadine Heredia

Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
El exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur ha dado por primera vez detalles sobre la presunta participación activa que tuvo la ex primera dama Nadine Heredia en la toma de decisiones del gobierno de su esposo Ollanta Humala, las que terminaron beneficiando a Odebrecht en la millonaria licitación del proyecto gasoducto sur peruano. Esta información fue proporcionada en la declaración que brindó el 15 de julio a la fiscalía, a la que El Comercio tuvo acceso.
Merino ha narrado sobre las reuniones que sostuvo con Heredia, el expresidente Humala y el exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, para beneficiar a la constructora brasileña. Antes, él ya había ofrecido cinco testimonios como investigado, imputado y aspirante a colaborador.
El exministro –investigado por los presuntos delitos de organización criminal, asociación ilícita y colusión– declaró a la fiscal Geovana Mori del equipo especial Lava Jato que el 26 de marzo del 2012, meses después de asumir la cartera de Energía y Minas, fue convocado a Palacio de Gobierno por Humala. “Entré al despacho presidencial y para sorpresa mía estaban también el señor Jorge Barata y Nadine Heredia. Humala me dijo que era una reunión para coordinar el acto protocolar de la primera piedra del proyecto Kuntur en Quillabamba, Cusco”, señaló.
Merino recuerda que se percató de que Heredia tenía “una relación de confianza y cordialidad con el señor Jorge Barata”. En esa reunión, según el exministro, Barata explicó que “ya iban a adquirir el 100% de las acciones del proyecto Kuntur; sin embargo, dijo que necesitaba el apoyo del Gobierno para cumplir con el cronograma del proyecto. Lo dijo dirigiéndose a Heredia y Humala”.
Tres días después, el 29 de marzo del 2012, el exministro viajó con el entonces jefe del Estado a Quillabamba, Cusco, donde se realizó el evento protocolar con la presencia de Barata, quien llegó en un vuelo chárter. Merino precisó a la fiscalía que la ex primera dama fue quien le pidió “darle celeridad en los temas del proyecto Kuntur” y por eso solicitó a través de la CAF una evaluación de la ingeniería del proyecto para ver si este era factible. La respuesta que recibió fue que el proyecto era inviable debido a que “el costo de inversión no era US$1.300 millones, como había indicado Kuntur en el 2008, sino US$4.500 millones”.
Durante el segundo gobierno de Alan García, se promulgó una ley para que el Estado pueda invertir en proyectos de gas, y así fue que Kuntur sería cofinanciado con Petro-Perú. Sin embargo, esa regla cambió con el gobierno de Humala.
Merino recuerda que aquel 26 de julio del 2012, antes de ingresar al despacho de Humala, conversó con el exministro Castilla. “Quedamos en decirle al presidente la inconveniencia de que Petro-Perú siga con el proyecto Kuntur”, expresó. Luego de esa exposición, el mandatario se incomodó y les pidió a ambos convocar un concurso público.
El exministro afirmó ante la fiscal: “[Humala] nos pidió a Miguel Castilla y a mí que comuniquemos esta decisión a Jorge Barata, y que se le diga que va a haber un concurso público” y que el proyecto va a seguir adelante. “Salimos de la reunión y el ministro Castilla llamó a su secretaria y le solicitó que convoque a su oficina al señor Barata. Esto fue inmediatamente después de la reunión con el presidente. Entonces fuimos los dos a la oficina del ministro Castilla y llegó el señor Jorge Barata […] yo le expliqué a Barata las cuestiones técnicas por las que no era viable. Barata mostró su incomodidad, guardó silencio y luego se retiró”, manifestó.
El 10 de agosto del 2012, Merino recuerda que viajó con el presidente a Huánuco, a la inauguración del túnel de la hidroeléctrica Chaglla. En ese evento participaron también Marcelo Odebrecht y Barata. “Mientras inspeccionábamos el avance de los trabajos dentro del túnel, el señor Marcelo Odebrecht le manifestó al presidente que el Gobierno había procedido adecuadamente al convocar el concurso. El presidente le dijo: ‘No te preocupes, ustedes van a participar porque vamos a lanzar un concurso público y que ya está la ley del Congreso y se le está dando la celeridad’”, recordó.
Merino reiteró que en más de una ocasión Humala le había expresado su molestia por las postergaciones del concurso a pedido de los postores, hasta que el 24 de febrero del 2013 lo llamó a su despacho para decirle que había decidido prescindir de sus servicios. Eleodoro Mayorga fue quien lo reemplazó en el cargo.
Finalmente, el exministro recordó la última vez que se reunió con Humala, en un departamento de Miraflores, en el 2017. Dijo que fue convocado por el expresidente a través de Cynthia Montes. “El presidente me pregunta ¿por qué había dejado el cargo de ministro? Me sorprendió esa pregunta y yo le contesté: recuerde que usted me pidió la renuncia. Ollanta me dijo que ya no se acordaba, que quería saber. Eso fue en el 2017″, señaló.
Merino también narró que Humala le comentó aquella vez que “tenía entendido que Guillermo Lecarnaque [expresidente del comité pro seguridad energética de Pro Inversión] había renunciado por asuntos personales, a lo que yo le comenté que tenía entendido de que le habían pedido la renuncia por versión del propio Lecarnaque. Esa fue la última conversación que tuve con Ollanta Humala”.
Las visitas de Jorge Barata a Luis Miguel Castilla
El exministro Jorge Merino asegura que el extitular de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla participó en las reuniones con Heredia, Humala y Barata en Palacio de Gobierno y en su despacho ministerial. Para corroborar su versión, Merino entregó al equipo especial un registro de visitas del MEF en el que figura Barata en el despacho de Castilla el 26 de julio del 2012.
El reporte de visitas del MEF registra el ingreso de Barata al despacho de Castilla el 26 de julio del 2012.
En diálogo con El Comercio, Castilla señaló que hubo una reunión con Humala y Merino en Palacio y “dos reuniones con Barata y el ministro Merino para negarle el crédito puente a Kuntur que ya era de propiedad de Odebrecht”. Precisó que la primera fue en el Ministerio de Energía y Minas, en la que pidió el crédito, y en la segunda, que fue en el MEF, se negó esa solicitud.
Castilla ha rechazado en reiteradas ocasiones que haya favorecido a Odebrecht en la licitación del gasoducto sur peruano.
Por su parte, Jefferson Moreno, abogado de Heredia, declaró a El Comercio que no han sido notificados sobre la última declaración que dio el exministro Jorge Tafur a la fiscalía, por lo tanto no pueden pronunciarse sobre su testimonio. “Tenemos audiencia el jueves así que debemos mantener en reserva la información”, expresó.

Olor a gas envuelve a los Humala

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
Todo estaba conversado. El concurso para la adjudicación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, que se concedió en junio de 2014, tenía un ganador desde dos años antes. El presidente Ollanta Humala había dado su palabra a la empresa Odebrecht –más precisamente al exdirectivo Jorge Barata– de otorgarle una de las más ambiciosas obras que pudiera haber visto el país: un sistema de transporte de gas natural de más de mil kilómetros de distancia que se iniciaba en la selva cusqueña y terminaba en las costas de Ilo.
Pero fue la entonces primera dama, Nadine Heredia, empoderada por su esposo, quien se encargó de encaminar la megaobra de más de US$7 mil millones de inversión en favor de la constructora. Ella representaba al mandatario en las reuniones de trabajo.
Esta es la hipótesis que traza la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, en su investigación. Y es la historia que presentará este jueves en la audiencia en la que sustentará un nuevo pedido de prisión preventiva para la esposa de Humala y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga que, según su indagación, se sometieron sin protestar a las indicaciones y órdenes de una persona sin cargo público.
Aunque la medida de prisión preventiva es requerida porque el exministro Jorge Merino contó a la Fiscalía que Heredia lo indujo a cambiar su versión para obstruir el proceso. Es decir, la cónyuge de Humala representa una amenaza para el caso. Merino, actualmente, es aspirante a colaborador eficaz.
Mori imputa a Heredia haber sido una “funcionaria de facto” y seguir las instrucciones del jefe de Estado para beneficiar ilegalmente a Odebrecht con la licitación.
A la expareja presidencial, de esta manera, se le sindica de encabezar una organización criminal. A Humala lo salva de momento el antejuicio; a Heredia nada la protege de un posible retorno a la cárcel.
MILLONARIO APORTE
Según la tesis fiscal, los US$3 millones que Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Ollanta Humala, en 2011, le sirvió a la empresa brasileña para exigir una retribución convertida en obra cuando el candidato por el que apostó pasó a ser presidente de la República. Así fue como el Gasoducto del Sur se abrió paso.
Era un multimillonario proyecto que se entrampó desde el gobierno de Alan García porque Kuntur, compañía propiedad de Odebrecht y a cargo de la obra, no tenía los recursos para su ejecución.
Incluso, la firma brasileña propuso que Petroperú participara de la concesión y que asumiera el riesgo económico. Pero la empresa estatal desistió de hacerlo.
El abono a la campaña humalista, bajo esta hipótesis, fue una inversión de Odebrecht. En 2012, según la investigación, ya se había acordado que la primera versión del Gasoducto quedaría sin efecto y Kuntur no sería penalizada por incumplir con el contrato. En ese mismo año se gestó un nuevo concurso.
La fiscal Mori se basa en las declaraciones del colaborador eficaz José Graña, exdirectivo de Graña y Montero, para sustentar esto.
El 27 de junio de 2014, Proinversión, cuyo consejo directivo lo integraban los ministros de Humala, descalificó repentinamente al consorcio que competía con Odebrecht pese a que le había otorgado plazo para subsanar una observación. Este jueves se podría dar por cerrado el círculo.
Ollanta Humala y Nadine Heredia también son sindicados de integrar el Club de la Construcción, una organización criminal de empresas que se repartían obras públicas a cambio de conceder coimas a funcionarios públicos.
La fiscal Mori elevó a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, un informe recomendado se abra investigación a Humala por el Gasoducto.
Humala goza de antejuicio por cinco años (hasta 2021).
La ceremonia de suscripción del contrato de concesión del gasoducto sur peruano a las empresas Odebrecht Latinvest y Enagás se realizó en las instalaciones de Palacio de Gobierno el 23 de julio del 2014 (Foto: Presidencia).

Afirman que Odebrecht pagó por información del gasoducto

Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
Entre junio y julio, varios testigos e implicados en el Caso Gasoducto se han acercado al despacho de la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, para ampliar sus testimonios sobre esta investigación.
El Comercio accedió a la declaración que ofreció el aspirante a colaborador eficaz N° 02-2019 –el pasado 10 de julio–, en la que brindó detalles sobre la participación del abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup desde el estudio Delmar Ugarte, cuando era asesor legal de Pro Inversión, para lograr que, a cambio de dinero, la empresa brasileña Odebrecht se adjudicara el proyecto.
En el último tramo de la licitación del gasoducto solo había dos postores: el consorcio Gasoducto Sur Peruano, formado por Odebrecht Latinvest y Enagás ,y el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, formado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.
“Era claro que Odebrecht tenía una ventaja competitiva sobre otros potenciales competidores, que radicaba en el conocimiento que tenía de la nueva concesión del proyecto gasoducto que se estaba licitando, información sobre los peligros y los problemas medioambientales que podrían encontrar en la etapa de construcción del ducto”, dijo el aspirante a la fiscalía.
Según este testigo, Marco Harasic, gerente financiero de Odebrecht, le pidió a Ronceros que buscara un mecanismo que permitiera “premiar a quien llegara más rápido a la puesta en operación comercial, ya que Odebrecht tenía una ventaja competitiva por la adquisición de Kuntur”.
Dijo que le pidió desarrollar “a través de un único contrato con más de un tramo y tener un acercamiento” a Edgar Ramírez Cadenillas, entonces presidente del comité de Pro Seguridad Energética de Pro Inversión.
El aspirante a colaborador eficaz aseguró que Harasic llamó a Ronceros para informarle “que el consorcio competidor había modificado su porcentaje de participación y que de esta manera se había autodescalificado”. En ese contexto, “Harasic le ofrece a Ronceros pagarle US$300.000 si a Odebrecht se le adjudicaba la licitación”, precisó.
Sin embargo, el comité de selección de Pro Inversión le dio un plazo al competidor de la constructora brasileña para que subsanara el problema, lo que generó molestia en los ejecutivos de Odebrecht.Miguel Ronceros, exasesor legal de Pro Inversión.
El 29 de junio del 2014 por la noche, estaba programada una reunión en Pro Inversión con los asesores del estudio Delmar Ugarte para discutir la decisión final que se tomaría sobre el consorcio integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI. En esa cita también participó Miguel Ronceros.
“Previa a esta reunión el señor Alfonso Garcés, integrante del gabinete del ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla […] llamó al señor Miguel Ronceros, no recordando si fue vía telefónica o WhatsApp […] y le indica que es del mismo parecer al informe preliminar sobre la descalificación e indicó que el MEF compartía la misma opinión”, añade el testimonio.
Esta información se complementa con el testimonio que brindó Rodney Carvalho, exdirector ejecutivo del Gasoducto Sur Peruano, al equipo especial Lava Jato, el pasado 10 de marzo en Curitiba, Brasil. Carvalho indicó: “[Harasic] tenía una relación previa con alguien que le brindaba información de Pro Inversión. Yo esta información la pasaba a Jorge Barata. Me pidió que le pagara una parte en efectivo de aproximadamente US$50.000”.
El exejecutivo señaló que el dinero adicional se le entregó a través de cuentas bancarias. “Hubo una conversación entre Barata y Harasic para establecer el pago”, indicó.
Además, dijo al equipo especial que la identidad del ‘codinome’ ‘Magali’ correspondía a Miguel Ronceros. En las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, figura que el seudónimo ‘Magali’ recibió US$450.000 en cuatro armadas entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre del 2014. Esos pagos aparecen vinculados al proyecto del gasoducto del sur.
Sobre esta denuncia, el estudio Delmar Ugarte señaló en su momento que había iniciado una investigación interna “muy rigurosa”, como parte de las políticas de ‘compliance’ de la empresa, y que para ello había contratado a la compañía Control Risk. También dijeron que “desconocían” la actuación de Miguel Ronceros, exsocio del estudio.
Este Diario buscó la versión de Ronceros pero no fue posible contactarlo.
Descargos
El exministro Miguel Castilla dijo a El Comercio que “en ningún momento hubo directiva o direccionamiento alguno” para la descalificación del consorcio en su calidad de presidente del consejo directivo de Pro Inversión, ni como ministro de Economía, “dada la envergadura de este proyecto”.
“Cuando le pregunté a uno de mis asesores, Alfonso Garcés, qué es lo que pensaba, él me dijo que creía que el tema de la descalificación tenía mérito, pero eso no significa que su respuesta haya tenido injerencia en la decisión del comité”, señaló.
Licitación
Días antes de la adjudicación de la buena pro del gasoducto, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur modificó su porcentaje de participación y se autodescalificó.
El aspirante a colaborador sostuvo que Marco Harasic, gerente financiero de Odebrecht, le ofreció a Miguel Ronceros US$300 mil si Odebrecht se adjudicaba la buena pro.

Fiscal de la Nación tiene abierta pesquisa a Pedro Cateriano

La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima le informó a la fiscal de la Nación que había un expediente sobre la participación de Cateriano en el proceso de compra de equipamiento para el Ejército, y que tenía que ser investigado por Zoraida Ávalos.
Desde entonces, el caso está en el despacho de la Fiscal de la Nación. En Anticorrupción se continúa la pesquisa a los oficiales del Ejército que participaron en la sospechosa adquisición.
EL CASO
En 2015, llegaron al Perú 24 helicópteros rusos modelo MI-17 1SHP comprados desde la Aviación del Ejército con el aval de Humala y Cateriano. Cada nave a un costo de US$22 millones.
El primer cuestionamiento saltó a la luz porque tan solo cuatro años antes se había comprado una versión parecida de este helicóptero y se pagó US$12 millones, US$10 millones menos que con Cateriano. La única variante era la actualización en una parte del sistema del motor.
Solo habían pasado 150 horas de vuelo desde que llegaron al país y 10 helicópteros MI-171SHP presentaron fallas, según fuentes del Ejército.
En enero de 2018, este diario tuvo acceso a un reporte del Ministerio de Defensa que documentaba que 16 helicópteros MI- 17 1SHP se encontraban inoperativos. Estas aeronaves estaban destinadas para la lucha contra el narcoterrorismo en el Vraem.
Cateriano se desempeñó como ministro de Defensa desde julio de 2012 hasta abril de 2015.
En RPP, Cateriano dijo que “esa adquisición ha sido auditada por la Contraloría y no encontró acto ilícito”. El tono conciliador y diplomático con el que se mostró en la puerta del Congreso se le acabó después de la pregunta del periodista Jaime Chincha sobre la investigación por los helicópteros rusos.
BAJADA DE MOTOR
Este diario tuvo acceso a documentos reservados del Ejército que acreditan un proceso de “Adquisición de motor de arranque para helicóptero MI- 17 1SHP”. El 23 de julio de 2018, la Aviación del Ejército otorgó la buena pro a la empresa Aero Systems Group LTD por un monto de 610 mil dólares para que proporcione un motor nuevo para uno de los aparatos rusos.
Esta compra fue aprobada por el teniente coronel Antonio Moyano Cabrera, presidente del comité de selección de la Aviación del Ejército. Además, tuvo todo el aval de Ángel Pajuelo, comandante general de la Aviación del Ejército. En los tiempos del ministro Cateriano, Pajuelo fue integrante del comité para la elaboración del proyecto de inversión pública que permitió la compra de los helicópteros rusos.
Perú21 ha conversado con un ex jefe de la aviación del Ejército y un general piloto que conoció de cerca la compra de los helicópteros, y ambos coincidieron que pagar 610 mil dólares por un motor de arranque es sumamente excesivo. Su costo real sería 250 mil dólares.
¿SIMULADOR?
En agosto de 2016 el ex ministro de Defensa, Mariano González, se presentó en el Congreso para informar sobre la compra de Humala y Cateriano. En un documento advirtió que el contrato establecía que un componente adicional a los helicópteros era la entrega de un simulador integral de vuelo, y aún se encontraba en ejecución.
Perú21 ha sido informado por diversas fuentes que este simulador, para capacitar a nuestros pilotos, hasta ahora no llega a nuestro país. ¿Qué pasó?
Fuente: Diario Perú21.