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Los libros que pedía ‘Budian’

Por Romina Mella- IDL Reporteros.
Si alguien hubiera escuchado, hacia mediados de 2014, las conversaciones entre el empresario constructor y el poderoso gerente general de la municipalidad metropolitana de Lima, hubiera supuesto que el Perú vivía una ola cultural arrolladora.
Las conversaciones eran breves, por teléfono vía WhatsApp. El gerente, José Miguel Castro, llamaba al empresario constructor, César Meiggs, y le decía, en varias y frecuentes ocasiones: “Anda a mi casa, llévame 100 libros, 150 libros, 200 libros”.
Uno hubiera pensado que Castro era un lector prodigioso, de cultura oceánica. O un bibliófilo que coleccionaba libros de valiosas ediciones, para calentarse el alma con solo mirarlos.
Y Meiggs concurrió en cada ocasión para llevarle lo pedido. Pero lo único de cultural que tuvieron las entregas fue el rostro de Jorge Basadre en los billetes de cien soles, el de Raúl Porras Barrenechea, en los de veinte soles, y el de Benjamin Franklin en los billetes de 100 dólares.
Es que aquí en el Perú hasta para la cutra se utiliza a la cultura como coartada.
De acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz 140-2019, ‘libros’ significaba ‘miles de soles’, en billete: “… cien mil soles, 150 mil soles, 200 mil soles”.
Según indica el colaborador, Meiggs le entregó a Castro en dos ocasiones dos sobres de manila con montos de entre 250 mil y 300 mil soles en cada caso, en la puerta de su casa, en la noche; y una mochila con casi 600 mil soles en un privado del restaurante de comida norteña Don Fernando, en Jesús María.
Castro le decía a Meiggs, a tenor del testimonio, “que ese dinero era a pedido de la señora Susana Villarán para su campaña de reelección como alcaldesa”.
José Miguel Castro y César Meiggs (Foto: Gestión/ Facebook).
Esos pagos no fueron un choque y fuga cutrero ocasional sino parte de una historia de corrupción que empezó tiempo atrás y tuvo a dos compañías constructoras brasileñas como pagadores de los sobornos para lograr una cosecha pronta y provechosa.
OAS y Odebrecht.
Los principales ejecutivos de ambas compañías se han acogido a la delación premiada, han confesado y continúan confesando sobre el detalle de sus fechorías. Asimismo, varios de los sobornados han entrado en régimen de colaboración eficaz, con lo que las operaciones de sobornos han sido y son relatadas por una verdadera polifonía de ex perpetradores, que permite reconstruir los delitos perpetrados a través de confesiones en estéreo, que cada día se hacen más nítidas, con mejor resolución.
IDL-Reporteros pudo revisar diferentes confesiones testimoniales que describen cómo operó el mecanismo de pagos corruptos hechos por OAS y Odebrecht a la gestión de Susana Villarán, a través de su gerente José Miguel Castro.
Muchos conocen cómo funcionó el departamento de sobornos de Odebrecht, pero se sabe mucho menos cómo hizo OAS para comprar voluntades por la vía de la coima.
Ahora lo explicamos, como inicio del relato de los sobornos pagados en la municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán.
Campaña de reelección de Susana Villarán (Foto: Andina).
La ‘Contraloría’ de OAS
Ya sabemos cómo manejó Odebrecht sus pagos ilegales, a través del clandestino ‘Sector de Operaciones Estructuradas’, que en sus períodos más intensos llegó a pagar más de 500 millones de dólares al año.
OAS, más pequeña, menos próspera, pero tan o más inescrupulosa, buscó hacer algo parecido.
Hacia fines de la década de los 80 e inicios de la de los 90, OAS creó un departamento de sobornos al que llamó ‘Contraloría de Proyectos Estructurados’.
Era un área ligada al departamento de finanzas abocada a la contabilidad clandestina para la suscripción de contratos ficticios o sobrevalorados, a fin de generar recursos para la Caja 2, y pagar sobornos.
Todos los meses de noviembre, cada año, los directores de la empresa se reunían y entregaban un informe completo sobre lo ejecutado en el año transcurrido: los ingresos, los gastos y la demanda de la Caja 2.
En el mes de enero del año siguiente, la persona a cargo de la dirección financiera se reunía con los directores de cada país para establecer las metas de ese año, que incluía el presupuesto de la contabilidad paralela.
En OAS, a lo que parece, el ‘departamento de sobornos’ era mucho más conocido que en Odebrecht, donde se hacía un esfuerzo por mantenerlo clandestino dentro de la propia organización.
En el caso de Perú, como en los otros países donde operaba la compañía, había una estructura piramidal liderada por el presidente de la constructora, seguida por el superintendente internacional –años después el nombre cambió a presidente internacional–, luego por el director del país, y por debajo los líderes de los proyectos y después los gerentes de contratos, que veían directamente las obras.
“Toda esta estructura sabía del gasto [ilícito] que se iba a efectuar; y respecto del motivo del pago sabían el superintendente [internacional] [César Uzeda hasta 2014 y su sucesor Agenor Medeiros], el director del país [en Perú, Valfredo de Assis y luego Leonardo Fracassi] y el líder de operaciones o proyectos, respecto del cual se generaba el dinero para la Caja 2”, “Se trabajaba sobre demanda, en relación a cada proyecto”, relató José ‘Léo’ Pinheiro, expresidente de OAS, a los fiscales Rafael Vela, Carlos Puma y Ángela Zuloaga durante una diligencia del 26 de abril de 2019, en la Policía Federal de Curitiba.
Conforme la empresa fue creciendo y expandiendo, explicó Pinheiro, surgió la necesidad de tener una persona encargada del área internacional de la contabilidad clandestina de OAS que “implicaba la generación [de recursos para la Caja 2] y entrega de dinero”.
Alexandre Portela fue designado para asumir esa función. Todos los pagos o entregas de dinero tenían que ser autorizados por el director de cada país. Era posible que Portela no conociera la identidad de los beneficiarios finales de los pagos, “pero el director superintendente o el director del país debían saber”, dijo Pinheiro.
La ‘Contraloría’ de OAS, que funcionaba en Brasil, tenía entre 8 a 10 personas. En el Perú, dijo Pinheiro, “había una persona que se encargaba de ver estos temas con los funcionarios que trabajaban en la Contraloría”. “El que tenía el poder de los pagos era el director superintendente o el director del país, estos determinaban cuánto, cómo y cuándo se pagaba; Alexandre Portela solo era requerido por la cantidad de dinero que tenía que pagar”, añadió.
“La mecánica era trabajar los servicios que ya estaban hechos en la compañía […]; valorizar y cotizar en el mercado cuál era la posibilidad de incrementar la Caja 2 a través de dichos contratos. Una vez cotizado el valor se buscaba proveedores reales, los cuales aceptaban generar contratos ficticios o se buscaba operadores financieros con dueños de compañías que no tenían ninguna actividad real […]”, según relató el colaborador eficaz 101-2019 durante un interrogatorio ante el fiscal Carlos Puma, el 14 de marzo de 2019, en el consulado de Perú en Sao Paulo.
“Los contratos así como el dinero recaudado”, dijo el mismo colaborador, “por lo general no tenían un destinatario específico, funcionaba como un fondo, el cual una vez abastecido podría atender a cualquier tema, eso gracias a una red de operadores financieros de conocimiento exclusivo del sector de la Contraloría”.
El intermediario
A inicios de 2014, con el ingreso de Leonardo Fracassi a la cabeza de la constructora en el Perú –tras la salida de Valfredo de Assis–, Léo Pinheiro tenía “una gran preocupación en reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y su gerente general, José Miguel Castro”, según el colaborador eficaz 101-2019.
Léo Pinheiro había conocido a José Miguel Castro en la municipalidad de Lima un año antes, en febrero de 2013, durante la firma de la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla; pero fue recién en 2014 cuando empezó a tener un trato directo y fluido con él.
“Le pedí a Valdemir Garreta [el publicista brasileño que asesoró a Villarán en la campaña en contra de la revocatoria] que organizara una cena para presentarlo a los nuevos directores de OAS” en el hotel Westin, relató Pinheiro.
“En una de esas citas privadas”, de acuerdo con el colaborador eficaz 101-2019, Castro le pidió a Pinheiro cuatro millones de dólares para la campaña de reelección de Susana Villarán. “Con el contexto de la posible quiebra de OAS y la necesidad de estar bien con la municipalidad, el señor Pinheiro aceptó; según información de este último, José Miguel Castro decía que por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar”, dijo el colaborador.
Ya había una historia. OAS había hecho aportes ilegales por 3 millones de dólares para la campaña en contra de la revocatoria de Villarán. Un millón había sido entregado en Brasil a Valdemir Garreta, otro millón fue entregado en cash en Perú –puesto en Lima por el notorio doleiro brasileño Rafael Angulo López– al no menos notorio Luis Gómez Cornejo por intermedio de Alexandre Alves de Mendonca, entonces ejecutivo de la constructora. El millón restante se canalizó a través de la empresa Ogilvy.
Según el colaborador eficaz 101-2019, con la detención de Alberto Youssef [el doleiro cuya caída en Brasil permitió empezar a desenredar la madeja del caso Lava Jato. Entre sus muchas actividades, Youssef hacía “contabilidad paralela” en Brasil y en el exterior para OAS], en marzo de 2014, la compañía empezó a tener “problemas con entregas de dinero hechas por Caja 2”.
Parte del dinero que la constructora entregaba en cash en Perú –para pagos ilícitos– era traído por doleiros como Angulo López, con dólares pegados al cuerpo. “Entonces José Miguel Castro pidió que se analice una solución, sugirió que se contrate con [las empresas] CMR y Generación de César Meiggs”. Fracassi pasó esa solicitud a la ‘Contraloría’, que determinó que “era posible hacer a través de [Meiggs] la simulación de servicios y aumentos de precio dichas entregas”.
¿Cómo entra César Meiggs a este proceso? ¿De dónde lo conocía José Miguel Castro?
En realidad, de acuerdo con el colaborador 101-2019, fue OAS quien puso en contacto a César Meiggs, dueño de la compañía Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA, con Castro porque la “municipalidad de Lima necesitaba de un contratista para hacer una demolición de un mercado y Leonardo Fracassi le dio el número de César Meiggs a José Miguel Castro”.
Este empresario se convirtió así en un personaje clave en trama de la entrega ilegal de dinero para la campaña de reelección de la alcaldesa.
De acuerdo con las confesiones del colaborador eficaz 140-2019, la compañía de Meiggs era subcontratista de OAS –a fines de 2013– para el proyecto Línea Amarilla a través del alquiler de volquetes. A inicios del año siguiente, Marcus Martínez, entonces gerente de maquinarias de OAS, citó a César Meiggs en las oficinas de la constructora en Lima para ofrecerle un trabajo de demolición en La Parada. En la reunión también estuvieron los ejecutivos de OAS, Clayton Goncalvez Holanda Dos Santos y Ricardo Rocha Ulm.
César Meiggs aceptó. Y luego aceptó otras cosas también.
“Castro le dijo al empresario que OAS lo iba a apoyar con más trabajos por recomendación suya, (…) que la alcaldesa “sabía del tema y que no había ningún problema”.
Después de ese trabajo, de acuerdo con el colaborador, Meiggs se quejaba porque OAS no le había pagado, y pidió una cita con José Miguel Castro, quien accedió y lo atendió en su oficina en el municipio. El entonces gerente municipal “intervino ante la empresa OAS para que le pagaran lo adeudado a Meiggs, pero OAS le pagó con otros servicios en los cuales le solicitaron […] que sobrevalorara o inflara los servicios, para pagarle el servicio adeudado”, según el colaborador.
De acuerdo con el colaborador 140-2019, ya en abril de 2014 la relación entre Castro y Meiggs era bastante fluida. Por esas fechas, ambos se reunieron para cenar en el chifa Madam Tusan de Miraflores, cerca del óvalo Gutiérrez. Castro le dijo al empresario que OAS lo iba a apoyar con más trabajos por recomendación suya, “bajo la condición de que los apoyara para el tema de las deudas pendientes por pagar en razón de las campañas de Susana Villarán”. Le dijo que la alcaldesa “sabía del tema y que no había ningún problema”.
16 de Julio de 2014. La entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inspecciona la construcción del túnel que cruzaría el río Rímac contemplado en el Proyecto Vía Parque Rímac (Foto: Facebook Municipalidad de Lima).
En otro momento, según el mismo colaborador, Castro le preguntó a Meiggs si también era contratista de Rutas de Lima. Este le respondió que entre diciembre y enero de 2013 su compañía había hecho una ampliación del tercer carril de la Panamericana Sur. En ese caso, Castro le dijo que lo contactaría Raúl Ribeiro Pereira, el ejecutivo de Odebrecht que estaba a cargo del proyecto, “para hacer más trabajos sobrevaluados y así ingrese el dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán, y que eso era bajo condición de que pueda seguir trabajando con la municipalidad”.
José Miguel Castro le advirtió a Meiggs que “si no aceptaba esas sobrevaloraciones buscarían otras empresas dispuestas a trabajar con él, y que llamaría a los directores de OAS y Odebrecht, para que no le dieran más trabajo”. Meiggs aceptó y Castro le informó que una de sus contrapartes en OAS sería Clayton Goncalvez.
En julio o agosto de 2014, Meiggs se reunió con Clayton Goncalvez y Alfonso Alegra, entonces gerente de administración de OAS. Ambos “le solicitaron servicios de abastecimiento de roca, afirmado, eliminacion de desmonte, cortes y excavación; luego le dicen que facture mayores cantidades de abastecimiento de materiales y de trabajo y que la diferencia se la entregara al gerente municipal José Miguel Castro”, de acuerdo con el colaborador 140-2019.
Fue así que entre 2014 y 2015, la empresa de César Meiggs, Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA. facturó 29 millones 642 mil 545 soles a OAS, cargados al proyecto Línea Amarilla. De ese monto, las obras realmente ejecutadas equivalen a 15 millones 740 mil 019 soles, y la cantidad simulada fue de 13 millones 902 mil 526 soles, de acuerdo con el colaborador 140-2019.
“OAS hacía el requerimiento global que incluía lo real y lo sobrevaluado”, indicó el colaborador 140-2019. “Al final de cada día, cada controlador del servicio a ejecutarse coordinaba con el controlador de OAS el servicio realmente ejecutado, luego de ello esos controladores pasaban esa información a la oficina de la Gerencia de Administración de la empresa Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA”, relató el colaborador, “se hacían los cuadros de lo ejecutado realmente, luego que venía la facturación mensual […] para que los montos sobrevaluados o los estados sobrevaluados sean regularizados a través de guías de remisión”.
A la hora que la compañía de Meiggs presentaba su factura, OAS le transfería el dinero a la cuenta de su empresa. Meiggs retenía el 10% –por actuar como intermediario– y el saldo se lo entregaba a José Miguel Castro en efectivo o a las personas que el entonces gerente municipal designaba.
De acuerdo con el colaborador 140-2019, el dinero fue entregado de tres formas.
Los sobres y la mochila
La primera modalidad consistió en entregas de dinero en cash a José Miguel Castro. Este llamaba a Meiggs por teléfono, vía WhatsApp, como hemos visto, para indicarle el lugar de la entrega. “Anda a mi casa, llévame 100 libros, 150 libros, 200 libros”, le decía Castro a Meiggs, de acuerdo con el colaborador, “que significaba cien mil soles, 150 mil soles, 200 mil soles”. .
En cuanto a la segunda modalidad de entrega de dinero, Luis Gómez Cornejo, representante de la ONG Ciudadanos por Lima, recogió –por encargo de José Miguel Castro– dinero en efectivo en las oficinas de Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA, en la Avenida Arenales 2632.
Luis Gómez Cornejo (Foto: Caretas).
De acuerdo con el colaborador 140-2019, entre abril y agosto de 2014, César Meiggs le entregó a Gómez Cornejo sobres con dinero en seis oportunidades, uno de los cuales contenía alrededor de 250 mil soles. Gómez Cornejo, a su turno, delegó parte de esta tarea a Graciela Ramos Pérez, quien se reunió con Meiggs cuatro veces para que este le entregara el dinero: tres ocasiones en la oficina del empresario y una oportunidad en una agencia del BBVA. Ramos también recibió cuatro transferencias de dinero a su cuenta bancaria. Todas estas transacciones fueron monitoreadas, de acuerdo con el colaborador, por José Miguel Castro.
En determinado momento, según el colaborador 140-2019, José Miguel Castro le pidió a Meiggs que realice una transferencia de alrededor de 210 mil dólares desde la cuenta bancaria de su compañía a una cuenta extranjera “que le proporcionaron unos españoles en sus oficinas” por indicación de Castro. “Recuerdo que los españoles le dijeron al señor Meiggs que era para una empresa de publicidad”, indicó el colaborador.
En ese contexto la empresa de Meiggs, Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA., suscribió contratos ficticios con Rentable.pe SAC, por un monto de 1 millón 390 mil soles. De ese total, la compañía transfirió 1 millón 284 mil 025 soles a la cuenta bancaria de Mindshare Perú SAC para el pago de publicidad. Mindshare Perú SAC, a tu turno, fue subcontratada por la agencia Wish Win, liderada entonces por el consultor y publicista político catalán Xavier Domínguez, que manejó la campaña de reelección de Villarán. Mario Ruas, representante de Rentable.pe, cobró 105 mil 982 soles por actuar como intermediario para el contrato simulado, según el testimonio.
La cuota de Odebrecht
La compañía de César Meiggs también actuó como intermediaria para la entrega de alrededor de 2 millones 600 mil soles de aportes ilegales de Odebrecht a las campañas de Susana Villarán.
En su declaración como colaborador eficaz del 1 de junio pasado, José Miguel Castro dijo que fue Raúl Ribeiro quien “había organizado todo el sistema de aportes de Odebrecht a las campañas municipales de 2013 y 2014”. El aporte para la campaña de reelección se definió, según Castro, durante un almuerzo en un rodizio en Río de Janeiro, en el que estuvieron Ribeiro y el vicepresidente de Odebrecht, en diciembre de 2013.
“La forma de ejecutar estos aportes fue a través de César Meiggs y sus empresas”, dijo Castro.“La empresa de Meiggs emitía facturas hasta por un millón de soles, de los cuales él deducía sus impuestos y comisiones y efectivizaba solo 700 mil soles, que él mismo entregaba o transfería a los asesores de la campaña Javier Serrano o Luis Gómez Cornejo, según sea el caso. […] Los aportes de campaña de la reelección tienen directa vinculación con el cierre financiero de la concesión Rutas de Lima, el concepto de puesta en punto, y la adenda de bancabilidad”.
José Miguel Castro fue quien puso en contacto a Ribeiro con Meiggs. Entre abril y mayo de 2014, Ribeiro y Felipe Neves, de Odebrecht, se reunieron con Meiggs y acordaron hacer un contrato sobrevalorado con la concesionaria Rutas de Lima para prestar servicios de excavación, carguío, eliminación y bacheos de la berma central desde Atocongo hasta Pucusana, en la Panamericana Sur, por un monto total de 4 millones 244 mil 325 soles, para el proyecto Vías Nuevas de Lima. Una parte de los servicios fue hecha, otra simulada.
Fuentes de IDL-R confirmaron que la relación entre Odebrecht y Meiggs se dio a partir de una instrucción de Castro, y que se mantuvo solo para lo relacionado a la municipalidad de Lima bajo la gestión de Villarán.
Su papel, de acuerdo con las fuentes, no alcanzó dimensión parecida al de Gonzalo Monteverde, quien sí fue un operador importante para el lavado de dinero del área de sobornos de Odebrecht.
En los próximos días se definirá la fecha de la declaración de Raúl Ribeiro sobre este caso ante el Equipo Especial Lava Jato.
César Meiggs coordinó con José Miguel Castro las entregas de dinero en efectivo, vía WhatsApp. En una oportunidad, de acuerdo con el colaborador 140-2019, Meiggs y Castro “se encontraron en sus carros en Pueblo Libre, a la altura del Queirolo”. El empresario le entregó 300 mil soles en un sobre. El saldo del dinero, Meiggs se lo dio a Gómez Cornejo en 2 o 3 armadas, de entre 150 mil y 200 mil soles cada una, en las oficinas de Constructores, Consultora y Servicios Generales Generación SA; y en otras 2 o 3 ocasiones Meiggs le entregó montos pequeños de 80 mil y 100 mil soles a Graciela Ramos.
El monto total de las entregas de dinero que hizo César Meiggs tanto a José Miguel Castro, Luis Gómez Cornejo y Graciela Ramos; fue de 16 millones 509 mil 892 de soles, dividido entre OAS por el proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac (13 millones 902 mil 526 soles, que equivale a 4 millones de dólares) y Odebrecht por el proyecto Rutas de Lima (2 millones 607 mil 366 soles).
De ese total, de acuerdo con el colaborador 140-2019, José Miguel Castro recibió de César Meiggs 4 millones de soles.
Y ni un solo libro.
COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Los suscritos, en nuestra condición de ciudadanos demócratas, ante el pedido realizado por un Fiscal Provincial, de suspender las actividades políticas del Partido Fuerza Popular en el marco del proceso contra algunos de sus dirigentes, expresamos nuestro total RECHAZO al requerimiento fiscal, considerando que:
1. Nos encontramos dentro de un proceso electoral en marcha, convocado por DS. 122-2020-PCM (9/7/20), a efectos que la voluntad y soberanía popular se manifieste con respecto a elegir Presidente y Congresistas de la República.
2. La suspensión de actividades de un Partido Político afecta a miles de ciudadanos que han optado libremente por esta alternativa democrática y que tienen el derecho constitucional de participar en la vida política del país (artículos 31 y 35 de la Constitución) pudiendo elegir y ser elegidos. Suspender al partido político impediría a estos ciudadanos y a otros que libremente quisieran respaldarlo con sus votos, poder participar en el proceso electoral ya convocado de acuerdo a los dispositivos vigentes en nuestro país.
3. Los efectos jurídicos que afecten irreversiblemente a una institución política integrada por miles de ciudadanos, no pueden venir de una medida cautelar y en medio de un proceso que ni siquiera cuenta con acusación fiscal.
Por algo la Ley de Partidos (art.14) dispone que sea la Corte Suprema, a petición del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, quien pueda declarar la ilegalidad de una Organización política.
4. Los requerimientos fiscales y las decisiones judiciales deben estar siempre alejadas de cualquier posibilidad de interferir en las decisiones políticas que frente a un proceso electoral solo competen al pueblo, que no tiene porque aceptar una intromisión anti democrática, abusiva e inconstitucional.
Lima, 24 de julio de 2020
Víctor García Toma
Ernesto Alvarez Miranda
Lourdes Mendoza del Solar
Rosario Fernandez Figueroa
Natale Amprimo Plá
Anibal Quiroga León
Marisol Espinoza Cruz
Antero Flores Araoz
Lourdes Alcorta Suero
Luis Gonzales Posada
Humberto Acuña Peralta
Diethell Columbus Murata
Carlos Bruce Montes de Oca
Juan Sheput More
Eduardo Ponce Vivanco
Fabiola Morales Castillo
Martín Belaúnde Moreyra
Carlos Tubino Arias Schreiber
Alfredo Ferrero Diez Canseco
Ángel Delgado Silva
Aurelio Pastor Valdivieso
Luis Iberico Núñez
José Barba Caballero
Rafael Rey Rey
Gustavo Pacheco Villar
Joseph Campos Torres
Jorge Cáceres Arce
Elías Rodríguez Zavaleta
Alfredo Marcos
Alfonso Baella Herrera
César Campos
Juan Hermoza Ríos
Luis Molina Arlés
José A. Aguilar Janto
Rafael Yamashiro Oré
José L. Delgado Nuñez del Arco
Jorge del Castillo Gálvez
Allan Wagner
Lourdes Flores
Pilar Nores de García

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