Revista CARETAS.

El Foro de Sao Paulo, Lava Jato y el Golpe Caviar del 30-S

Por Sergio Tapia– CaféViena.pe
En la suscitada renuncia del Ministro de Energía y Minas, Liu Yonsen, por haber sido consultor de la empresa Odebrecht, ha habido más que descaro. Pues, por la misma causa que se produce la salida del Ministro, también podría también comprometer con igual desenlace al propio Presidente, y al ONGismo gobernante.
Hay entrelazadas operaciones comerciales de los constructores adictos a perforar las licitaciones en las obras del Estado y, sucesivas campañas de demolición del Estado por las organizaciones marxistas. Es en esta atmósfera de doble composición: negocios de alto vuelo e ideología destructiva, que se eleva a su máxima potencia la corrupción empresarial/estatal operada por Odebrecht.
En el Perú, con el golpe caviar del 30 de setiembre de 2019, se acelera la demolición revolucionaria de las instituciones republicanas, y se produce una concentración del poder en hábiles titiriteros comunistas. En nuestros días en vísperas de celebrar el bicentenario de la fundación de la República, no se hace honor alguno al ideal proclamado por el Generalísimo don José de San Martin, en su Estatuto de Lima del 8 de octubre de 1821: “… me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo; y nada importa que se ostenten máximas exquisitamente filantrópicas cuando el que hace la ley o la ejecuta, es también el que la aplica.”
A 199 años de esta aspiración, en el Perú se hayan subyugados los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), y varios de los organismos autónomos, como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, entre otros.
La revolución marxista ha sido constantemente camaleónica para hacerse del poder. Los marxistas pactan y hacen alianzas con muchísima facilidad con sus enemigos ideológicos: pactaron con los nazis el 23 de agosto de 1939 para invadir no sólo Polonia, sino para anexarse a las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania); así como Besarabia y Bukovina (que pertenecían a Rumania). Así, en menos de un año, el primer Estado comunista, la Unión Soviética, extendió su yugo de odio, terror e inhumanidad a 23 millones de personas adicionales.
Las alianzas del comunismo no cesaron. El 22 de junio de 1941 cuando Alemania invade el territorio del único estado comunista de entonces, Inglaterra se hizo amiga de Stalin y arrastrando en la misma dirección la política exterior norteamericana, país que se había constituido en la despensa bélica de Inglaterra. Es así que el 16 de agosto de 1941, en Moscú, los embajadores de Inglaterra y Estados Unidos ofrecieron oficialmente ayuda al sanguinario tirano comunista Stalin. En septiembre de 1941, reunidas en Moscú las delegaciones de los ingleses y norteamericanos, se concretó la ayuda militar y económica requerida por Stalin, y se formó entre los tres países la «Gran Alianza». Los que obtendrá la victoria al final de la segunda guerra mundial, en 1945, y sobrevino el reparto mundial, para comunistas una buena tajada del globo terráqueo para que lo gobiernen como les de la gana, y en la otra parte compitiendo los comunistas locales con ingente ayuda de los estados comunistas, para asumir el poder en más países.
Y, así giró la post guerra, hasta 1989, cuando el sistema político-económico comunista implosiona, porque no da para nada ni para más. Durante 50 años engañaron a medio mundo. Aunque todavía quedaba países con población ingenua, esperando ser engatusada.
En reacción a la caída del sistema de gobierno comunista; en el año 1990 Cuba generó una novísima estrategia para renovar y extender el comunismo en América Latina, mediante el Foro de Sao Paulo, afiliando a todos los partidos comunistas y pro-comunistas de los países latinoamericanos.Candidato perdedor Polansky Rodríguez Yong por Loreto.
Del Perú se afiliaron once grupos políticos, algunos con participación gubernamental y representación en el Congreso:
– Ciudadanos por el Cambio (2012) grupo disidente del gobierno de Ollanta Humala, liderado por Salomón Lerner e integrado por Carlos Tapia, Sinesio López, Cecilia Israel, Nicolás Lynch y Félix Jiménez.
– Tierra y Libertad (2010) del ex-cura Marco Arana que actualmente pervive como Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (2013).
– Partido Comunista del Perú– Patria Roja (1969) de Alberto Moreno y Rolando Breña.
– Partido Comunista Peruano (desde 1930 con esa denominación), ya venido a menos desde la desaparición de la URSS y la muerte de su porfiado gestor Jorge del Prado (+1999), sus líderes actuales son Roberto de la Cruz y Renán Raffo Muñoz.
– Partido Nacionalista Peruano (2005) de Ollanta Humala.
– Partido Socialista del Perú (2005 ) de Javier Diez Canseco (+2013).
– Partido Humanista Peruano (2001) de Yehude Simons.
– Partido Político Perú Libre (2012) de Vladimir Cerrón.
– Partido Pueblo Unido (2007) grupo relacionado con Verónika Mendoza.
– Movimiento Nuevo Perú (2017) de Verónika Mendoza y Álvaro Campana.
Al fundarse el Foro de Sao Paulo en 1990, el único partido afiliado que era gobierno fue el partido comunista cubano. Luego en 1999 asume Chávez en Venezuela, y en el 2003 Lula en Brasil. Luego, llegarán a ser gobierno distintos partidos afiliados del Foro de Sao Paulo: Uruguay (2004), Bolivia (2005), Chile (2006), Ecuador (2006), Nicaragua (2006), Paraguay (2008), Uruguay (2009), El Salvador (2009), Brasil (2010), Perú (2011), Venezuela (2013), Chile (2014), El Salvador (2014).
La nueva estrategia es alentar que los comunistas lleguen al poder por la vía electoral, y ya no por medio de la guerrilla, el terrorismo y la violencia sindical.
El apoyo sustantivo de Cuba para diseñar la transición colombiana de una situación subversiva guerrillera por decenas de años, a un estado de paz aparente mediante la creación de un sistema judicial ad hoc (del cual fue colaborador para su puesta en marcha, García Sayán), para juzgar militares y consagrar la impunidad a los guerrilleros. Y, otorgando representación parlamentaria a los ex-guerrilleros, sin intermediación electoral; acercó a Cuba a las estrategias jurídicas de las ONGs derechohumanistas.
Aún está por escribirse las crónicas que den cuenta de este giro del comunismo latinoamericano, que mudó de la estrategia asesina mediante la lucha guerrillera, pasó por el terrorismo desalmado, y desemboca en las apacibles correrías lobistas de los derechos humanos, y el redireccionamiento del sistema de Justicia para promover la impunidad de la corrupción Lava Jato a escala continental, constituyéndose en falsos adalides de la lucha contra el delito que ellos mismos generaron como estrategia político-psicosocial para socavar el estado republicano y democrático que han sabido infiltrar, copar y someter.

LOS CUELLOS BLANCOS DE LA PRENSA

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El cinismo mediático en torno del “media trainning” que llevó a cabo el periodista Augusto Álvarez Rodrich al ahora expresidente de OSINERGMIN, Daniel Schmerler, a través de la empresa Otrosí, raya en lo surreal.
¿Y por qué surreal? Porque este es el modo de operar de las llamadas empresas consultoras desde hace muchos años. Todos lo saben. Las pruebas abundan. Pero la hipocresía y los calzones con bobos tapan lo evidente.
Basta recordar el recorrido profesional del hoy cuestionado periodista Álvarez Rodrich por distintas oficinas de funcionarios públicos, obispos, presidentes, etc. Y como él, sus más famosos colegas como Rosa María Palacios, quienes ya reiteradas veces han sido señalados por ejercer la respectiva “lavada de cara” cuando las papas queman en distintos despachos. Claro está, cuando el cheque se pone sobre la mesa, pasan de ser fujimoristas acérrimos, por ejemplo, a los más activistas “antis”. Curiosos efectos de la mermelada nacional.
En este contexto, iniciamos en La Abeja una serie de artículos con un objetivo bien definido. No queremos rascar en toda la podredumbre mediática nacional que hoy ya ha superado con creces a la nefasta etapa montesinista. No. Quien mucho abarca poco aprieta.
Hemos decido abocarnos a una sola cuestión: continuar con una historia que empezamos allá en agosto del 2018. En ese momento publicamos la nota “CHISAC Y LA FÁBRICA DE MERMELADA” en donde señalamos precisamente lo que tanto hoy tanto espanta sobre la conducta de Álvarez Rodrich: “A cambio de un buen presupuesto CHISAC te lava la cara. Y vaya que así fue. No es de extrañar pues que el moralizador Salinas haya trabajado arduamente para lavarle la cara nada menos que a don Alan Azizollahoff, el responsable de la muerte de tantos jóvenes inocentes en la discoteca Utopía. Un buen fajo de dólares y Salinas se multiplica en cafés y cebichitos y bastante mermelada para que la imagen de Azizollahoff se levante, se limpie. Un trabajo notable. Un buen manejo de crisis. Pero como business son business, eso no es nada, también hay que limpiar al Fiscal de la Nación. Al favorito de la caviarada, a don Pablo Sánchez, quien al ser denunciado constitucionalmente por su livianidad con la corrupción no tuvo mejor idea que recurrir a CHISAC, y otra vez el diligente Salinas se pisó los callos para convocar a un almuerzo con periodistas por el que cobró nada menos que 17000 soles”.
En esa nota solo señalamos algunos puntos relevantes de la relación de Chirinos & Salinas Asociados (CHISAC) con algunos miembros de la esfera estatal y allegados. Pero mucho se quedó en el tintero. En ese momento decidimos no publicar más. Pero el trabajo de investigación no se detuvo. Y hoy creemos que es necesario mostrar algunos datos sobre CHISAC y empresas afines que trabajan en lo que podríamos llamar una especie de “club de las consultoras de comunicación”. Algo así como “los cuellos blancos de la prensa”. Ese sector de la prensa que se ufana de ser la reserva moral de nuestra sociedad, muestra cada vez con mayor claridad que operan bajo un escandaloso doble estandar y, aun así, pretender ser líderes de opinión.
Desde que empezamos a investigar hace más de un año y medio, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, luego de nuestros artículos, CHISAC dejó de licitar con el Estado. Cosa rara. Algo que hoy, luego del caso de Álvarez Rodrich, reabre las suspicacias en torno a la procedencia de sus ingresos. ¿O será que otra empresa, al estilo OTROSÍ, les podría estar dando la mano? Estén atentos. Aquellos interesados en conocer un caso más de varias lavadas de cara a funcionarios, no se pierdan los artículos que vendrán sobre esta empresa y sus consorciadas.
Cerrado un paréntesis político en el que me impuse no escribir en La Abeja para mantener independencia, he vuelto con más ganas de –como diría Paola Ugaz— hacer más y mejor periodismo.
Los invito a leer el artículo “Chisac y la fábrica de mermelada” para ir calentando motores. Lo pueden ver aquí https://www.laabeja.pe/chisac-y-la-fabrica-de-mermelada/ 

EL CASO CHISAC

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Como mencionamos en la nota anterior, la idea de esta serie de artículos es evidenciar que los “media training” que tanto escandalizaron hace algunos días, cuando se descubrió que el periodista Augusto Álvarez Rodrich había realizado uno para Osinergmin, no es algo nuevo. Lógicamente, el afán de estas notas no es defender el modelo de “negocio”. No es decir que “como todos lo hacen, está bien”. Al contrario. Queremos evidenciar que, a pesar de que es una práctica común entre este tipo de consultoras, sorprende que las personas se escandalicen solo cuando, valga la redundancia, están asociadas a un “escándalo”.
Y para evidenciarlo seguiremos hablando de una empresa en concreto: Chirinos & Salinas y Asociados, más conocida como CHISAC. Y no es porque no hayan más como ellas. Las hay y en el desarrollo de esta serie iremos demostrando cómo se interrelacionan entre ellas. Pensamos que para ilustrar estos casos, vale el “para muestra, un botón”. Porque esto no es solo un lío de empresas. También de colegas y comadres. Hay mucho material allí por desgranar, pero en esta nota nos centraremos en conocer a la empresa en sí. Nada más.
¿Quiénes son los Chisac? Según lo que presentan en su página web ­­­-www.chisac.com– es una “consultora en comunicación con especialización en relaciones con medios de comunicación y en manejo de crisis. Opera desde 1995, tiempo en el que se ha convertido en una de las más reconocidas consultoras del país, caracterizándose por su eficiencia, su conocimiento de la oferta de medios de comunicación, de su dinámica interna y principales protagonistas, así como por su credibilidad”. ¿Manejo de crisis? ¿Su conocimiento de la “oferta” en medios, su “dinámica interna” y sus “principales protagonistas”? ¿No suena a algo así como un “media training” con manejo de contenido según intereses del cliente en los medios cercanos y con periodistas amigos? De hecho, puede que sí, puede que no. Pueden ser interpretaciones subjetivas. Sin embargo, dicen que “por sus obras los conocereís”. Así que hacía allí vamos. Poco a poco.
Si quedan dudas sobre el concepto de venta de CHISAC, podemos seguir con el siguiente punto de su presentación. En aquella parte donde dice Metodología de trabajo: “Contribuimos a que nuestros clientes sean más conocidos y mejor entendidos. Damos soluciones a través de nuestra experiencia en medios de comunicación y conocimiento del mercado periodístico”.  ¿Alo, hermanito? ¿Me das una manito? Tengo un cliente que necesita que no se le comenten algunos puntitos oscuros en prensa. Por ejemplo, su responsabilidad en un incendio en una discoteca en la que murieron 29 jóvenes. Y de paso, a ver, si lo ayudas con una entrevista en tu programa. ¿La ética ante este tipo de  actos? Parece que muy poco, o nula. Hasta a algunos de los socios, le “vale madre”.
De hecho, cuando comenzamos luego a revisar el historial de contratos que ha tenido la empresa CHISAC desde su creación, (como dice la web allá en 1995 aunque su alta en Sunat fue en 1996), nos podemos dar cuenta que entre el modo de operar de OTROSI y CHISAC, solo por poner alguna referencia cercana, hay más puntos en común que diferencias. Por ejemplo, Pedro Salinas de CHISAC es íntimo amigo de Jorge Bruce, muy ligado a OTROSI. No solo comparten afición por la consultoría en comunicaciones, sino que Bruce acompaña muy de cerca a Salinas en su cruzada anticlerical, presentando sus libros y haciéndole sus pericias psiquiátricas para sus juicios personalísimos, que pretenden reemplazar a aquellas que fueron legalmente ejecutadas por el Ministerio Público y cuyo resultado no es del gusto de Salinas. Claro, a nadie le gusta que le digan que sus problemas vienen de sus padres y no de sus supuestos victimarios.
Pero bueno, eso es un tema personal que no compete a esta nota. Lo que tratamos de decir es que OTROSI y CHISAC hacen el mismo trabajo: manejo de crisis, lavada de cara, favores con los amigos de prensa, entre otros, a cambio de un buen pago y sin importar que haya víctimas mortales. Reales, concretas. Claro, cuando la víctima no es un negocio, deja de ser relevante para el justiciero.
Basta con seguir haciendo scroll down a la página de CHISAC para encontrar los servicios que ofrecen. Por ejemplo: generar noticias a partir de las actividades de cada compañía, liderazgo de opinión, gestión ante los medios de comunicación para la publicación de notas de prensa y/o entrevistas, identificación de los momentos clave en los que debe brindarse información a los medios, prestar soporte en casos de crisis institucionales, entre otros. Sobre este último punto -las crisis- tal vez el caso reciente más emblemático fue, como veremos posteriormente, aquel en el que los CHISAC le organizaron un desayuno con periodistas al entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, luego de que la congresista Yeni Vilcatoma lo denunciara. Y ni qué decir de sus asesorías al entonces alcalde del Callao, hoy preso por corrupción, Félix Moreno. O a PPK. O a Susana de la Puente. Pero como diría Luis Fonsi, vamos “pasito a pasito”.
Otro punto que llama la atención es el equipo de trabajo que presenta la página web. Además de los socios, Freddy Chirinos y Pedro Salinas, hay 12 empleados más. Definitivamente, mal no les debe ir. Sobre todo, cuando vemos que sus oficinas quedan en el lujoso edificio Patio Panorama. Sin duda, la consultoría en comunicaciones es un lucrativo negocio cuando se tiene a toda la argolla amiguera moviendo las piezas en los medios. Y, por supuesto, cuando los clientes son los peces más gordos. ¿Y qué pez más gordo hoy que el Estado? De sus arcas -vale decir, del dinero de todos- beben tantas boquitas. Entre mermeladas y consultorías, bienaventurados aquellos que están en el círculo concéntrico más cercano. Pero esto lo veremos a partir del siguiente artículo, en donde iremos presentando, uno a uno, los contratos más jugosos de esta exitosa empresa con algunas instituciones del Estado. Esperemos que como está de moda últimamente con algunos implicados en contratos poco transparentes, no salgan cantando al estilo Thalia: “Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó”. Porque sí pasó, y bastantes veces.

“Su canción favorita, ya se sabe, dice: “Yo solo quiero pegar en la encuesta”. O algo así” (Ilustración: Mónica González).

Aparta de mí este virus

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
Desde hacía algún tiempo, el premier Vicente Zeballos estaba desaparecido de los medios. La gente había empezado a olvidarse de su rostro y de si su apellido se escribía con ‘v’ de ‘vaca’ o ‘b’ de ‘burro’. Hasta que ayer habló, y todos recordamos lo que nunca debimos olvidar.
“Los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con estas reuniones que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia de Jorge Ramírez”, dijo sin que le temblara la voz. Y en su tono categórico se adivinaba la esperanza de que con esa sentencia el asunto quedase zanjado.
El problema, sin embargo, es que ese cuento no se lo tragan ni en el Partido Morado. En el éxodo decretado el jueves en Palacio, hubo efectivamente algunos ministros a los que se despachó aprovechando el tumulto: Edmer Trujillo (que estaba con roche desde que juró el cargo) y la titular de Educación, Flor Pablo (en torno a cuya salida existen todavía algunos misterios sin resolver). Pero, vamos, el plato fuerte fueron sin duda los dos funcionarios que, junto con el procurador Jorge Ramírez, formaron parte del comité organizador de la cita con Odebrecht. Es decir, los ahora exministros de Justicia y de Energía y Minas, Ana Teresa Revilla y Juan Carlos Liu, respectivamente. Y pretender que la circunstancia de que esos dos personajes y Ramírez hayan sido removidos de sus cargos en menos de 72 horas por algo así como una coincidencia atribuible al biorritmo es sencillamente patético.
—Los idos de febrero—
Apresurémonos a aclarar que, a juicio de esta pequeña columna, la reunión no tenía en sí nada de reprobable. Tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte antes de ser llevado a un arbitraje de resultados imprevisibles es razonable. Y lo es aun cuando los ocasionales interlocutores pudieran ser los voceros de una empresa corrupta como Odebrecht, si eso es capaz de suponerle al Estado Peruano el ahorro de recursos, tiempo y energía.
Esa era precisamente la situación que planteaba la potencial denuncia ante el Ciadi, y así parecen haberlo entendido en un principio los representantes del Ejecutivo que estuvieron al tanto de que el encuentro iba a celebrarse… Hasta que alguien en las alturas del poder entró en pánico por el efecto que el dato del contacto entre el gobierno y los personeros de esos malandros podía tener en las tribunas, y una torpe operación de destrucción de la evidencia se puso en marcha.
El lector interesado en los detalles puede consultar las distintas crónicas periodísticas que se han publicado en estos días sobre la sucesión de despropósitos que terminó en el licenciamiento de tanto funcionario. Pero, para fundamentar el argumento aquí planteado, baste anotar que es muy claro que tanto la entonces ministra de Justicia como el premier Zeballos estuvieron perfectamente enterados de lo que iba a ocurrir. La señora Revilla facilitó incluso la comunicación entre el procurador Ramírez (su subordinado) y el titular de Energía y Minas. Y las versiones sobre la naturaleza supuestamente “informativa” que, a entender de los involucrados, iba a tener la cita son paparruchadas: en la antesala de una demanda de arbitraje, lo que las partes hacen es negociar y eso lo sabe cualquiera.
¿Advirtieron los ministros al presidente de la reunión antes de que tuviese lugar? Lo verosímil es que sí. Pero si, como asegura Zeballos, no lo hicieron, el primero en partir entre los “idos de febrero” tendría que haber sido él mismo, pues con lo sensible que resulta todo lo relacionado con Odebrecht para esta administración, la omisión habría sido inexcusable.
De cualquier forma, en algún momento el mandatario tiene que haber conocido de la cita, y postular que existió una relación de causa-efecto entre ese hecho y el cambio de actitud oficial hacia ella es una conclusión que se cae de madura. Víctima de su propia beatería en torno a la sola posibilidad de tener a un sospechoso de corrupción en un radio de diez kilómetros, Vizcarra debe haberse estremecido al imaginar lo que sus críticos más chapuceros podían enrostrarle por no haber impedido la conversación con los representantes de la empresa brasileña. Y entonces vino la contraorden.
Esa, en realidad, es la única explicación lógica de que, de pronto, en el Ejecutivo comenzaran a negar los hechos; y, cuando eso ya no era posible, a sacrificar a los implicados más visibles.
—Pegar en la encuesta—
El punto más dramático de este cambio de guion lo marca el ya famoso apotegma pronunciado por Zeballos el 7 de febrero pasado: “El gobierno no negocia con corruptos”. Una contradicción flagrante si consideramos que él supo de la reunión entre Odebrecht y el titular de Energía y Minas aun antes de que esta se celebrara, el 9 de enero de este año.
Los problemas en los que se vio enredado el ministro Juan Carlos Liu a partir de lo revelado el domingo en “Panorama” sobre su sorprendente versatilidad profesional, sin embargo, ocasionaron que la verdad acerca de los tratos del gobierno con la demonizada constructora comenzara a brotar a borbotones. Y así, progresivamente, Liu, el procurador Ramírez y Revilla se fueron transformando en los portadores de un virus contagioso a los que había que desterrar para que la popularidad del jefe del Estado no sufriese mella. Su canción favorita, ya se sabe, dice: “Yo solo quiero pegar en la encuesta”. O algo así.
Por supuesto que una aplicación rigurosa del principio que determinó el licenciamiento de los ministros ya mencionados tendría que haber acarreado también la salida de Zeballos. Pero hasta ahora él parece haberse salvado por ser el depositario del encargo de ir liquidando a los pacientes más graves y negar al mismo tiempo que es eso exactamente lo que está haciendo.
Ese, sin embargo, es –para decirlo con una expresión cara a él mismo– “el estado situacional” de las cosas. Y, de un momento a otro, todo podría cambiar.

Ministra Rocío Barrios salpicada en dudosa licitación a favor de OAS

Rocío Barrios tiene mucho que explicar: ¿cómo fue el concurso que terminó ganando la constructora corrupta OAS? ¿qué papel jugó en esta importante licitación como directora del proyecto?
El emblemático Centro de Convenciones de Lima (San Borja), lugar en el que se realizan los principales eventos del Ejecutivo, es una obra que estuvo a cargo de la hoy cuestionada constructora OAS y que fue licitada durante el régimen de Ollanta Humala Tasso.
El lugar, sin embargo, no estuvo exento de la mano corruptora de la brasilera, ya que según investiga la Fiscalía, también se repartieron coimas. Es más, recientemente, un nuevo elemento salta a la luz: el proceso de licitación duró apenas semanas.
El proceso de licitación estuvo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por encargo del Ministerio de Vivienda, bajo la modalidad de Convenio por Administración de Recursos.
Durante la época en que se firmó el convenio, se desempeñó como directora nacional del proyecto Rocío Barrios Alvarado, actual ministra de la Producción. Cabe mencionar que Barrios era directora general de Administración del Ministerio de Vivienda. Y como tal, tenía bajo responsabilidad la administración y custodia documentaria y el suministro de información.
Hoy se sabe que la ejecución del proyecto “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima – Perú” tuvo como monto referencial la suma de S/454.9 millones, pero terminó elevándose a más de S/ 500 millones
ANTECEDENTES
De acuerdo con El Comercio, la constructora OAS habría accedido a las bases del concurso público antes de que fueran publicadas para obtener ventaja y poder ganar. Un aspirante a colaborador eficaz así lo afirmó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato sobre la obra que costó más de S/500 millones.
Fuente: Diario EXPRESO.

Pinheiro confirma que dio US$4 millones a Villarán a cambio de US$142 millones a través de peajes de Línea Amarilla

En su testimonio ante la fiscalía peruana, el expresidente ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, confirmó que el aumento de las tarifas de los peajes de la Línea Amarilla (Lamsac) se hizo a raíz de una compensación negociada con la Municipalidad Metropolitana de Lima, tras el aporte de US$4 millones que hizo la constructora brasileña a la campaña de reelección de Susana Villarán.
El monto que la comuna se comprometió a compensar fue de US$142 millones por el costo de la liberación de los terrenos en los márgenes del río Rímac, según un reportaje de ‘Punto Final’.
Este no se encontraba inicialmente en el contrato suscrito con el municipio, pero se negoció directamente luego que Pinheiro se reuniera junto con el exgerente municipal José Miguel Castro, la exalcaldesa y el publicista Valdemir Garreta en el 2015 en el Hotel Westin de San Isidro.
Según el testimonio del empresario, en dicha cita se negoció con José Miguel Castro. Se estableció que a cambio del aporte de los US$4 millones, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobaría la negociación del trato directo. Y este acuerdo de palabra se cumplió.En esa línea, por lo menos un sol, de los/5.70 que cuesta el peaje de la Línea Amarilla, se debe a la firma de un Acta de Cierre de Trato Directo el 20 de octubre del 2014, en la cual se fijaron los montos que se le debían pagar a la empresa, indicó el mencionado reportaje.
En este mismo documento, las partes acuerdan que la compensación económica a Lamsac se efectuará a través del mecanismo de incremento de tarifa previsto en el peaje de dicha obra de infraestructura.
Al ser consultado al respecto por ‘Punto Final’, Jaime Shimabukuro, exgerente de Promoción de Inversión durante la gestión de Villarán, dijo que desconoce el acuerdo previo y el aporte de OAS a la campaña de la reelección. Esto pese a haber firmado la referida Acta de Cierre de Trato Directo.
Cabe destacar que la fiscalía ha citado para este jueves a Shimabukuro a declarar sobre el tema, en una investigación que apuntala ahora la hipótesis de cohecho en el mismo nivel que la de lavado de activos.
Fuente: Diario Perú21.

CÓMO SE ENTREGARON LOS US$7 MILLONES DE OAS PARA CAMPAÑAS DE SUSANA VILLARÁN

Por Edwin Montesinos- Convoca.pe
Léo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña, aseguró que la entonces alcaldesa de Lima le agradeció aporte millonario tras ganar la campaña de la no revocatoria, según documento fiscal al que accedió Convoca.pe. Colaboradores eficaces revelaron cómo OAS entregó primero US$ 3 millones de dólares para que Villarán no sea revocada de su cargo y otros US$4 millones para la campaña de la reelección de 2014. Este lunes, el Poder Judicial evaluará el pedido del fiscal Carlos Puma de 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa, su exgerente municipal José Miguel Castro y otros cuatro personajes involucrados.
En su condición de colaborador eficaz, el expresidente de OAS José Adelmário Pinheiro Filho, más conocido como Léo Pinheiro, declaró ante los fiscales peruanos que luego que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ganara la campaña de la no revocatoria que le permitió mantenerse en el sillón municipal, “le agradeció el aporte” de los 3 millones de dólares de OAS, justo como hizo con Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, por la contribución de un monto similar.
Barata ratificó este último hecho la tarde del jueves 25 de abril ante los fiscales peruanos en la sede de la Procuraduría de Paraná, en Curitiba (Brasil), y al día siguiente hizo lo propio Pinheiro ante los fiscales peruanos Carlos Puma y Germán Juárez en el edificio de la Policía Federal de esta ciudad, donde el empresario permanece recluido.
Carlos Puma y Germán Juárez son los fiscales que interrogaron a Léo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña OAS.
Según el requerimiento del fiscal Carlos Puma de 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán, al que tuvo acceso Convoca.pe, los 3 millones de dólares para la campaña del “No a la Revocatoria” le fueron pedidos al expresidente de OAS, Léo Pinheiro, en una reunión con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en la que también participaba José Miguel Castro Gutiérrez, su exgerente municipal.
En el documento fiscal de más de 300 páginas, se señala que Castro Gutiérrez se encargó de hacer la solicitud y Pinheiro indicó que el interés de OAS era el proyecto “Vía Parque Rímac”. Este medio informó en mayo de 2017 que esta constructora brasileña, que tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, envió desde Brasil dinero en efectivo mediante traficantes de dólares o ‘doleiros’, entre el 2012 y 2014. El proyecto fue adjudicado por la Municipalidad de Lima en 2009, cuando Luis Castañeda Lossio era alcalde y modificado en 2013 durante la gestión de Villarán con la adenda N°1, que permitió a OAS ampliar su concesión de peajes de 30 a 40 años.
Según la confesión de Pinheiro, José Miguel Castro pidió dinero para apoyar con el proyecto, pero indicó que tal aporte debía hacerse a través de Valdemir Garreta, empresario brasileño dueño de FX Comunicação, porque él (Castro) “solo recibiría dinero cuando saliera de la gestión municipal”.
Extracto del documento fiscal donde se señala que el exgerente municipal, José Miguel Castro, hizo el pedido de dinero para la campaña de Susana Villarán, quien agradeció el aporte a Pinheiro.
Así se hicieron los pagos
De acuerdo con los colaboradores de OAS, los 3 millones de dólares de la constructora brasileña para la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán se entregaron de la siguiente manera: Dos millones de dólares se entregaron por medio del exdirector financiero de OAS Mateus Coutihno Da Sa Oliveira a FX Comunicação, del publicista brasileño Valdermir Garreta, en cuatro cuotas de 500 mil dólares en los meses de junio, julio y agosto del 2013.
El otro millón de dólares fue directamente a “Lucho”, Luis Gómez-Cornejo Rotalde, quien fue coordinador del gabinete de asesores del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; así como exasesor del ex juez supremo Javier Villa Stein. Según la tesis del fiscal Carlos Puma, “Lucho” recibió el monto para hacerlo ingresar al circuito económico, a pedido de José Miguel Castro. “Lucho” era también el encargado de pagar los gastos de la campaña, según la declaración de la excongresista Anel Townsend.
A su vez, la empresa de Valdermir Garreta contrató a la compañía de Luis Favre, Epoke Consultoría Em Midia LTDA (por 500 mil de dólares); a Lucas Levindo de Faria Peixoto, socio de Favre, (por 373 mil 500 dólares); a Rodrigo Luchiare (60 mil dólares); a Benedito Moreira a través de su empresa BM3 Studio Productora de Audivisuales LTDA (64 mil dólares); y a Luciano Correa a través de su empresa Luciano Correa Lima Junior (74 mil 676 dólares). Todas para la campaña contra la revocatoria de Villarán.
Al respecto, en el 2017, Convoca.pe halló que Branislav Kontic, socio que ayudó a constituir la empresa Epoke de Luis Favre, quien asesoró también al expresidente Ollanta Humala en su campaña de 2011 —por al menos 415 mil soles— fue brazo derecho del exministro brasileño Antonio Palocci, señalado por Marcelo Odebrecht como el intermediario para la entrega de los 3 millones de dólares destinados a la campaña de Humala.
Aportes para la reelección
Además de los aportes para la campaña de la no revocatoria, OAS aportó otros 4 millones de dólares para la reelección de Susana Villarán en las elecciones de 2014, según relataron exdirectivos de la compañía que se acogieron a la colaboración eficaz este año. En total, esta empresa habría aportado 7 millones de dólares para las campañas de la exalcaldesa de Lima y Odebrecht otros 3 millones de dólares. Las contribuciones de ambas constructoras ascienden a 10 millones de dólares, según el requerimiento del fiscal Puma para la prisión preventiva de 36 meses para Villarán y otros implicados.
En el documento fiscal, se señala que el colaborador eficaz Nº 101-2019 declaró que “Pinheiro tenía una gran preocupación por reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa Susana Villarán de la Puente” y su gerente municipal José Miguel Castro, y que este último le pidió al expresidente de OAS “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán” por la suma de 4 millones de dólares. Pinheiro aceptó debido a que Castro señalaba que “por el tamaño del proyecto era lo que tocaba pagar”, reveló el colaborador.
Extracto del documento fiscal que solicita la prisión preventiva por 36 meses de Susana Villarán y otros implicados.
El gerente general de las empresas CMR Constructora y Generación, César Simon Meiggs Rojas, fue seleccionado por José Miguel Castro para recibir el dinero de OAS para la campaña de la reelección de la exalcaldesa, a través de contratos ficticios con su empresa CMR, señala el documento.
Por otro lado, el colaborador eficaz N°110-2019 ratificó que Léo Pinheiro aprobó la contribución de los 4 millones de dólares para la campaña de la reelección de Villarán, mientras que el colaborador N° 120-2019 relató que Pinheiro solicitó a Leonardo Fracassi, exdirectivo de OAS, proceder con los contratos ficticios, para que se pudiera generar el millonario aporte.
Cómo funcionaba la “Controladoría”
Según las declaraciones del colaborador eficaz identificado con N°101-2019, la empresa OAS tenía un “sector fantasma” llamado la “Controladoría” para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones financieras a través de la elaboración de contratos ficticios.
El colaborador relata que el dinero recaudado por este sector funcionaba como un fondo para atender cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros: primero, Valfredo de Assis, exrepresentante de OAS en Perú, al llegar a un acuerdo con un funcionario, se comunicaba con el exdirectivo de OAS, Leonardo Fracassi; luego, Fracassi, a su vez, contactaba a Alexandre Portela, exejecutivo de OAS; y Portela, finalmente, es quien se encargaba de organizar el pago con el funcionario. Entre otros operadores financieros para Perú se mencionaron a dos exdirectivos brasileños de la constructora que actualmente son colaboradores eficaces: Roberto Cunha y Ramilton Lima Machado Junior.

Caso OAS: Más de US$ 1,200 millones en contratos bajo sospecha en el Perú

La constructora brasileña, que ha iniciado el proceso de colaboración eficaz con fiscales peruanos, consiguió seis contratos con el Estado entre 2009 y 2013, los cuales fueron adjudicados por ministerios, la Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional de Cusco.

Por Convoca.pe
Ante el inicio oficial de OAS para acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, cabe establecer la cantidad de obras adjudicadas o concesionadas a la constructora brasileña por parte del Estado, así como los montos del tesoro público asignados o de inversión comprometidos para los proyectos de infraestructura otorgados en diferentes gobiernos.
Entre 2009 y 2013, la empresa OAS obtuvo seis contratos con el Estado peruano, de manera individual o en consorcio, por más de 1 mil 200 millones de dólares, según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales y la Contraloría consignada en el informe final de la comisión investigadora que presidió el congresista Juan Pari.
En 2009, la firma brasileña consiguió dos adjudicaciones: la primera fue la del Trasvase del proyecto de derivación Huascacocha – Rímac, por 67 millones de dólares, otorgada por el Ministerio de Vivienda y Construcción, durante el último gobierno de Alan García.  La segunda obra en ese año correspondió al Proyecto Línea Amarilla, concedida por la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio, que implicaba 571 millones de dólares. Como se sabe, el exalcalde Castañeda está bajo investigación por hechos relacionados a esta obra.
Uno de los seis contratos otorgados a OAS en el Perú, el cual está bajo investigación por parte del Equipo Especial para el caso Lava Jato.
En 2011, cuando Ollanta Humala ya era presidente, el MTC entregó la buena pro de la Carretera Lima – Canta a un consorcio liderado por OAS, por un contrato que ascendía a 116 millones de dólares.
Al siguiente año, 2012, el MTC volvió a adjudicarle otro proyecto de infraestructura: la Carretera Quilca – Matarani, esta vez por 210 millones de dólares.
En 2013, aún durante el gobierno de Humala, la constructora brasileña logró que se le otorgaran dos obras, una del Ministerio de Vivienda y Construcción por 185 millones de dólares para construir el Centro de Convenciones de Lima; y otra por parte del Gobierno Regional de Cusco, para edificar el Hospital Antonio Lorena en esta ciudad por una suma de 74 millones de dólares.
Algunos de los investigados en la Fiscalía en relación a aportes de campaña o pagos irregulares de la empresa OAS.
Cabe recordar que la información que entregará OAS a los fiscales peruanos permitirá avanzar en las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, los vínculos con el exburgomaestre Luis Castañeda Lossio y la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, la concesión Línea Amarilla, los pagos por la licitación y construcción del hospital Lorena, en el Cusco, en el que se investiga al exgobernador regional Jorge Acurio por presuntamente haberse coludido con el Consorcio Salud Lorena, integrado por OAS y otras compañías.
Asimismo, hace unos días el brasileño Alexandre Portela Barbosa, el ex directivo de OAS, confesó ante la fiscalía de Brasil que esta empresa brasileña usó contratos ficticios en siete países de América, entre ellos el Perú, por unos 120 millones de dólares, entre los años 2010 y 2014.
Convoca.pe trató de recoger la versión de la referida compañía en Lima, pero no fue posible ubicar a alguno de sus representantes en el país.

El gobierno de Odebrecht

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
La demanda de Odebrecht contra el Estado peruano en el Ciadi por US$1,200 millones provocó una gran crisis en el gobierno ‘de facto’ de Martín Vizcarra. La empresa brasileña lo puso en jaque y está cercano al jaque mate.
Si negocia como Odebrecht quiere, pierde. Si se niega, el acuerdo de colaboración se cae. Que Vizcarra y el Premier sostengan la salida de sopetón de cuatro ministros estaba prevista es un cuentazo. Nadie lo creerá.
El mandatario trabajó para Odebrecht. El saliente ministro de Energía y el reemplazante también. Asimismo, el gerente de Perupetro y sabe dios quiénes más. Odebrecht quiere dinero como sea, tiene una pléyade de abogados y estrategias para lograrlo.
Los fiscales anticorrupción, el procurador recientemente desaforado, las instancias estatales que manejan el tema del Ciadi no atinaron a colocar una cláusula en el acuerdo de colaboración con la empresa referente a que esta no podía recurrir a una instancia internacional.
El tal acuerdo solo lo conocen quienes lo hicieron entre gallos y medianoche. Es más, está embargado y coloca al país en manos de los fiscales Vela, Pérez, el exprocurador Ramírez y la jueza Álvarez Camacho que lo validó.
Siempre se criticó que se incluyeran cuatro ridículos casos en el acuerdo: la carretera Interoceánica (tramos 2 y 3), la línea 1 del metro de Lima (tramos 2 y 3), la Vía de Evitamiento en el Cusco y la Costa Verde del Callao. Como reparación el Perú recibirá magros S/610 millones pagaderos en 15 años.
Ahora vemos que el gobierno y sus fiscales evitaron incorporar al Gasoducto. Creer que faltó coordinación entre las instancias del Estado relacionadas con el robo de Odebrecht es ingenuo. Solo queda pensar que si el procurador y los fiscales, tan autosuficientes y por encima de las instituciones, no repararon en ello fue por favorecer a la empresa corrupta.
Sin embargo, a Odebrecht se le entregaron S/524 millones por Chaglla y nos demanda en Ciadi por aproximadamente diez veces más.
La empresa tiene tubos en el Gasoducto, cuyo mantenimiento le cuesta al Perú US$47 millones al año, luego de la anulación del contrato por PPK en el 2017. Los tubos son activos y con estos enfrentará a sus acreedores con estos.
Odebrecht fue al Ciadi porque se le acababa el plazo para presentar la demanda. Todo, absolutamente todo era conocido por Vizcarra y compañía. Las traiciones de este son legendarias. La opinión pública ‘piteó’ con razón por la demanda de Odebrecht. Y el mandatario cortó la pita sacando al exprocurador Ramírez.
No contó con que este se defendería. Vizcarra declaró que saldrían airosos ante el Ciadi. Trata el tema como un partido de fútbol. Queda claro que Odebrecht pone y saca a ministros y a presidentes. El actual gobernante ‘de facto’ no será la excepción.

Hemorragia: suena el teléfono en Osaka

La salida de Jorge Ramírez de la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato conllevo la renuncia de Ana Teresa Revilla del Minjus.
Las declaraciones de Ramírez sobre la actuación de Revilla ante la reunión sostenida entre él y el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con representantes de Odebrecht, así como la revelación de una misiva del entonces procurador al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, propiciaron su renuncia a la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
También se confirmó la renuncia de Edmer Trujillo al ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien venía siendo cuestionado por las presuntas irregularidades en la construcción del hospital Regional de Moquegua.
En Energía y Minas asumió Susana Vilca Achata; en Justicia, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero; Educación, Carlos Martín Benavides Abanto; y en Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Lozada Contreras.
Fuente: Diario Correo.

ODEBRECHT PRETENDÍA DEMANDAR AL ESTADO DESDE DICIEMBRE 2019

Por Milagros Salazar Herrera- Convoca.pe
La tarde del 23 de diciembre, el procurador Ramírez se comunicó con la titular del Ministerio de Justicia, Ana Teresa Revilla, para informarle que Odebrecht pretendía demandar al Estado peruano para recuperar su inversión en el proyecto Gasoducto del Sur. Además, relató Ramírez, que le explicó que esto podía afectar el proceso de colaboración de la empresa con el Ministerio Público, que debía verse el tema por el cobro de la reparación civil a Odebrecht y que no sabía en que situación se encontraba el megaproyecto gasífero.
Tras esa conversión con Revilla, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, se comunicó telefónicamente con Ramírez ese mismo 23 de diciembre por la noche. El procurador aseguró que le informó lo mismo que a la Ministra de Justicia, sin embargo debido a que se avecinaban las fiestas navideñas coordinaron una reunión presencial para tres días después en el Ministerio del Energía y Minas: el 26 de diciembre.
Fue en ese encuentro del 26, en el despacho de Liu, en el que se definió la reunión con representantes de Odebrecht, la cual se realizó finalmente el 9 de enero. A la cita acudieron Ricardo Weyll, abogado de Odebrecht en Perú; Ricardo Escobar, abogado externo de la empresa; Mauricio Cruz, superintendente de la constructora en el Perú, y Rogerio Bautista, director jurídico de la casa matriz de Odebrecht en Brasil.
En aquella reunión, los enviados de la constructora solicitaron que se firme un acuerdo con el Estado en el que se diera una ampliación de plazo por 6 meses para encontrar una solución y evitar la demanda ante el CIADI. ¿Qué significaba esto?
El 9 de enero los representantes de Odebrecht se reunieron con el entonces ministro Juan Carlos Liu y con el procurador Jorge Ramírez.
Oli Lux, empresa controlada por el holding Odebrecht S.A. y radicada en Luxemburgo, tenía plazo hasta el 23 de enero de presentar una demanda en contra del Perú ante el Ciadi invocando el tratado bilateral de protección de la inversión privada firmado entre el Perú y Luxemburgo. Según lo que explicó la empresa a las autoridades peruanas, Odebrecht en Brasil, la casa matriz, debía pagar a sus acreedores, entre ellos la Procuraduría General de ese país, y que por ello se veía obligada a demandar una compensación al Perú por la inversión realizada en la etapa de construcción del Gasoducto del Sur.
Una salida que proponía Odebrecht era convocar a una subasta para que un tercero pueda devolver la inversión que hizo la constructora y que se estimaba en más de 1,200 millones de dólares. Pero al ser el plazo muy corto para lograr esta posible solución, los abogados de Odebrecht le informaron al entonces ministro Liu que podía suscribirse un acuerdo con el gobierno para establecer una prórroga de seis meses que permitiera encontrar una solución. Con esta propuesta, Odebrecht renunciaba a demandar al Perú después del 23 de enero porque al vencerse el plazo perdía este derecho que le otorgaba el tratado bilateral con Luxemburgo.
Al ser un tema complejo, el entonces ministro Liu derivó el tema al Ministerio de Economía y Finanzas, al que está adscrita la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi.
Al finalizar el encuentro, Jorge Ramírez fue convocado al despacho de la ministra María Antonieta Alva, titular del MEF, el mismo 9 de enero por la noche. Ramírez relató a la ministra que transmitió a Alva la información que surgió durante la reunión en el Ministerio de Energía y Minas pero que se sorprendió que no estuviera nadie de esa cartera para explicar lo que proponía Odebrecht ya que el ministro Liu tuvo una participación directa en ese encuentro.
Registro de visitas del MEF confirma la reunión entre el entonces procurador Jorge Ramírez y la ministra de Economía, María Antonieta Alva.
Los asesores de Alva, agregó Ramírez, señalaron que el tema lo debía ver Ricardo Ampuero, quien lidera la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi. Días después, Ampuero, Ramírez y el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, se reunieron en el despacho de este último. Ampuero ya había sostenido varias reuniones previas con Vela para establecer una estrategia de defensa del Estado por el caso Enagás. Así que no era la primera vez que conversaban.
Aquel día, en el despacho de Vela, Ampuero señaló que la solicitud de ampliación de plazo que pedía Odebrecht debía hacerla la empresa por escrito. Pero dicho pedido formal no se realizó. Pocas semanas después, la primera de febrero se conoció que la subsidiaria de la constructora brasileña, Oli Lux, había demandado al Estado peruano ante el Ciadi, para exigir una compensación por lo invertido en el proyecto Gasoducto del Sur.

Ministro de Energía y Minas realizó consultorías para Odebrecht y fue asesor de dicha cartera

El Ministerio de Energía y Minas, actualmente a cargo de Juan Carlos Liu Yonsen, es un sector clave en torno al proyecto gasoducto del sur y un actor fundamental frente a la demanda arbitral iniciada por Odebrecht contra el Estado Peruano, e incluso parte de las negociaciones antes de que la constructora brasileña decidiera adoptar tal medida ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Sin embargo, un informe de “Panorama” reveló que Liu Yonsen fue, a través de su empresa Conasac, quién realizó consultorías para Odebrecht. “Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria”, reconoció el ministro, aunque en su declaración jurada de intereses no consigna haber brindado tales servicios.Pero no solo brindó servicios a la empresa brasileña, sino que posteriormente se desempeñó como asesor del ministerio.
De acuerdo a su declaración jurada de intereses, Liu Yonsen fue asesor del ministerio entre el 2010 y 2014. Sin embargo, también fue consultor externo de la misma cartera.
Es así que al finalizar el 2012 se le solicitó a su empresa preparar un informe de evaluación para definir si el proyecto de gasoducto de sur era cofinanciado o autosostenible. “Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible”, explicó al citado dominical, precisando que la elaboración del documento tomó “una semana, algo así”, declaró.
Y como era un informe “urgente” y de “mínima cuantía”, recordó el ministro, la consultoría se decidió sin necesidad de concurso.
“Si ProInversión hubiera estado seguro que el proyecto era auto sostenible y no tenía dudas, de repente hasta hubiera prescindido del informe […] Lo que de alguna manera nosotros evaluamos […] fue si los ingresos que podían provenir de las tarifas, podían cubrir eventuales costos del sistema”, explicó.
El documento se tituló: Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.
Ese informe que data de diciembre del 2012 fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector, Jorge Merino Tafur, al director de ProInversión. Merino solicitó, además, incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto, adjudicado en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht.
Actualmente, Merino es investigado por colusión por la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, en el marco de caso gasoducto. Precisamente, entre las imputaciones, se le señala por haber solicitado a ProInversión incorporar el proyecto propuesto en el informe de Liu Yonsen.
“Este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que reglamento de la ley de las APP de esa época, señalaba que debía presentarse. El Ministerio de Energía y Minas de la Época, no podía encargar a ProInversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento: informe de evaluación”, detalló.
Un hecho que se relaciona a ese informe se dio el 13 de diciembre del 2012. El Congreso de la República Ley N° 29970 o Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, norma que permitió financiar trabajados del gasoducto. Dicha norma se derogó en enero del 2017, tras conocerse el escándalo de corrupción de Odebrecht.
El ministro aseguró no conocer a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, dijo que durante su gestión se ha reunido con algunos funcionarios de la empresa antes de que esta decida presentar la demanda arbitral, pidiendo US$1,200 millones como indemnización.
Fuente: Diario El Comercio.

Gato en la despensa del gasoducto

Excongresista Rosa Bartra denuncia que el actual titular de Energía y Minas tiene conflicto de intereses porque la consultora que gerenciaba emitió un informe favorable al proyecto del GSP en el gobierno de Humala.

La frase de que la empresa Odebrecht “pone y saca” autoridades en el país no ha dejado de ser cierta, al punto de seguir eligiendo funcionarios para salvaguardar sus intereses en contra del Estado Peruano, así lo afirmó la extitular de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, quien refirió que el autor del “Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del Gasoducto Sur Peruano” (GSP), es el actual ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen.
Bartra explicó que esto ocurre no solo con la anuencia del gobierno de Martín Vizcarra sino con la “complicidad absoluta de ellos”; en ese sentido estimó que en primer lugar se debe poner en evidencia a esos funcionarios que son los actores de esta estafa para que no nos vuelvan a engañar, tal como lo han hecho durante los últimos 20 años.
“Si el autor del proyecto Mejoras a la seguridad energética del Gasoducto Sur Peruano es el actual ministro de Energía y Minas y es él quien va a estar a cargo de las negociaciones en este momento en este proceso; además, fue él quien en el 2013 diseñó la forma y el costo de operación del proyecto más caro de la historia del Perú, y es el que va a cerrar el proyecto, ahora no me queda la menor duda de que Odebrecht sigue mandando en el Perú”, dijo.
La extitular de la Comisión Lava Jato avaló sus declaraciones en razón a un documento emitido el 3 de enero del 2013, cuando el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, remitió el oficio N° 002-2013-DM, dirigido al director ejecutivo de Proinversión, Javier Illescas, con el fin de solicitarle se sirva a incorporar al proceso de promoción de la inversión privada el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País al Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”.
En este documento, al que EXPRESO tuvo acceso en forma exclusiva, se adjunta el informe de evaluación del proyecto preparado en diciembre del 2012 para el Ministerio de Energía y Minas por la consultora COSANAC S.A.C, entidad en la que Juan Carlos Liu Yonsen, actual titular del sector, figuraba como gerente general.
Este informe de evaluación detalla aspectos importantes del proyecto, como la demanda y oferta existente de gas, la inversión, costo estimado de operación y mantenimiento, la evaluación económica financiera preliminar como Asociación Público Privada (APP), entre otros aspectos. Es decir, un informe favorable en la mayoría de sus términos.
Cabe referir que hace unos días el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó que la consultora Mott MacDonald presentará su “informe definitivo” en marzo, a partir del cual se debería convocar la licitación para el GSP, ahora SIT-GAS.
Al respecto el ministro Liu Yonsen explicó que el cuarto informe de la consultora internacional señalará el posible valor de los activos del gasoducto. “El monto de los activos, que son de propiedad de las empresas consorciadas en el GSP, está sujeto a evaluación por una empresa que el Estado ha contratado: la consultora Mott MacDonald”, apuntó.
Una vez se emita el informe, y tomando en consideración el monto que indique, “va a ser evaluado si podríamos llegar a un acuerdo con las empresas”. Es decir, el ministro en cuestión sí participará en esta negociación, lo cual configuraría mínimamente un conflicto de interés, según Bartra Barriga.
TODO EMPEZÓ
Como se sabe, el 22 de enero de 2020, a pocos días de realizarse las últimas elecciones congresales, el director presidente de Odebrecht, Ruy Lemos Sampaio, y el director jurídico de esta constructora, Rogelio da Nova, enviaron una carta al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en la que le recordaba “la importancia que tenía el Perú en la historia de Odebrecht”.
Después de narrar su historial de que en el Perú iniciaron su experiencia internacional con 75 proyectos a lo largo del tiempo, contando en años recientes con más de 22 mil trabajadores peruanos, luego precisan que Odebrecht inició el proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público del Perú desde el 2016 y que culminó con la homologación del mismo el 17 de junio del 2019 ante el Poder Judicial.
Incluso recordaron que al haber declarado la caducidad del contrato de concesión durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ya se habría iniciado el proceso de colaboración eficaz.
“Actualmente el Sr. Kuczynski se encuentra con arresto domiciliario a raíz de informaciones del proceso de colaboración eficaz continuo de la empresa, quedando en evidencia que la terminación del contrato fue realizado con desvío de finalidad, motivados por intereses personales y no públicos, al tener el propósito de expulsar a Odebrecht del país y de esta forma evitar que la colaboración eficaz pudiera avanzar”, se lee en parte de la carta.
No obstante, respecto del Proyecto GSP recordaron que desde que se resolvió el contrato en enero del 2017 se consolidó “un golpe muy fuerte a la compañía”, especialmente frente a determinados y muy relevantes grupos acreedores financieros y aseguradoras internacionales.
Añaden que para Odebrecht el Proyecto GSP “es viable y vital para el desarrollo del Perú”, principalmente para el sur del país garantizando mayor equilibrio y seguridad a la matriz energética.
Sin embargo, según la llamada transnacional del delito, “no hay posibilidad de que la compañía no ejerza las acciones necesarias para intentar recuperar la inversión realizada en el proyecto GSP” pues eso significaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a acreedores de la constructora.
“Tal como se tuvo la oportunidad de informar, en enero iba a ocurrir el vencimiento de un plazo bajo Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Bélgica-Luxemburgo lo que implicaría en la prescripción de un derecho de acción de la empresa para intentar recuperar la inversión realizada.
Odebrecht dice que intentó entenderse con el Ministerio de Energía y Minas así como con el Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de postergar la fecha de vencimiento e iniciar las negociaciones para solucionar la controversia. Al no tener éxito la compañía agrega que no tuvo otra alternativa que presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero del 2020.
Último comunicado
El 7 de febrero último Odebrecht sostuvo que continuaba dispuesta a encontrar junto al Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible “el reinicio del Proyecto GSP por otro inversionista privado, sin costos para el Estado”.
Recordó a través de ese comunicado que hasta la fecha hizo todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo permitiendo al gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el GSP. Del mismo modo reafirmó su voluntad de preservar y seguir cumpliendo de forma integral el Acuerdo de Colaboración”.
NO ES NUEVO
Para Bartra la carta enviada al Equipo Especial no representaba algo nuevo dentro del esquema de la constructora. “Advertimos hace más de un año, respecto a la ruta que había trazado Odebrecht para poder hacerse del máximo dinero posible de todos los peruanos, tal cual nosotros dijimos que iba a ocurrir, eso pasó, nos demandaron ante el CIADI por 1,200 millones de dólares”, dijo.
La excongresista precisó que si nos detenemos en la carta y hacemos un análisis de esta, nos daremos cuenta de que está llena de mensajes encubiertos e indirectos al Poder Ejecutivo señalando cómo deberían proceder. “En la carta del 22 de enero ya les dice a ellos que lo que buscan es que el proyecto se ejecute y que por lo tanto ellos puedan recuperar su inversión”.
Para la excongresista esto se corrobora con el comunicado del 7 de febrero porque refiere que el proyecto es viable y vital para el desarrollo del Perú. “¿Es verdad? ¿El proyecto es vital y viable para el desarrollo del Perú? Nosotros creemos que definitivamente en las condiciones en las que fue concebido no”, apuntó.
Para Odebrecht es viable porque les va a dar el dinero que necesitan para salir de la quiebra en la que se encuentran y de la cual están saliendo gracias al dinero que debió ser para colegios, hospitales, carreteras que tanta falta le hacen a nuestras provincias, a las regiones, a los peruanos, dice Bartra.
Según la exparlamentaria lo que Odebrecht quiere es que, con el cuento de que el Estado peruano no va a invertir más dinero, pueden recuperar lo que supuestamente han invertido y esto es falso. “Esto es mentira porque si se ejecuta ese proyecto, si se vuelve a licitar ese proyecto, entonces yo creo que sí vamos a terminar de darle a Odebrecht todo lo que pretende. Y esto no es posible sin un análisis serio, sin tener números que realmente den cuenta de que este es un proyecto viable en el 2020”.
LO SACAMOS
Pero lo más grave de los mensajes de Odebrecht es que indirectamente refieren que sacaron a Kuczynski de su cargo gracias a la información que entregaron. “Dicen que ahora él se encuentra en estos momentos con arresto domiciliario, eso ¿es un mensaje acaso para los funcionarios del señor Vizcarra o para Vizcarra mismo? Y luego tienen que licitar nuevamente, que ese sería el camino para que se pueda llegar a un acuerdo”.
Ellos mismos dicen que la empresa ha hecho todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo permitiendo al gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el Gasoducto. Y ellos están pidiendo que se retome, y eso está siendo finalmente aceptado por el Gobierno.
Odebrecht “está en su derecho” de demandarnos”
El fiscal coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela Rafael Vela, sostuvo que la constructora brasileña Odebrecht está en su derecho de presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Si Odebrecht tiene una pretensión de este tipo, que puede ser absurda para muchos, incluso incomprensible, para nosotros está dentro de su derecho”, sostuvo en entrevista con El Comercio.
Agregó que, como contrapartida, el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht incorporó una cláusula dentro de la cual toda la información a la que se accede dentro del mismo es pasible de ser usada contra la propia firma brasileña.
“Está también dentro de nuestro derecho y obligación el dar toda la información al Estado Peruano para que se pueda defender con solidez”, comentó.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, admitió en declaraciones a Correo que en diciembre del 2019, “el procurador Jorge Ramírez, del Ministerio de Justicia, me pidió una reunión para que atienda a funcionarios de Odebrecht que estaban interesados en que les explicásemos cómo iba el tema del gasoducto hacia el sur”.
La reunión, según el funcionario, se llevó a cabo el 9 de enero, en la que los voceros de Odebrecht “querían llegar a unos acuerdos”.
“Plantéenselo al procurador que los ha traído y que él lo haga llegar a las instancias correspondientes”, dice que fue su respuesta a los emisarios de la empresa corrupta traídos por Ramírez.
Esta reunión, que no fue debidamente transparentada, se llevó a cabo con Mauricio Cruz, nuevo director regional de Odebrecht; Rogelio Bautista, director de la compañía, y dos funcionarios peruanos de nombres Ricardo Escobar y Ricardo Luis Machado.
El MEM no consignó en el cuaderno de visitas que los susodichos son importantes ejecutivos de Odebrecht y, más bien, los incluyó en la categoría de “otros”.
Por otro lado, en declaraciones para Panorama, Liu Yonsen se vio obligado a reconocer vínculos con Odebrecht que se arrastran desde el régimen de Ollanta Humala.
“Prestamos, en algunos momentos, algunos servicios a la empresa Odebretch, pero eran de naturaleza regulatoria”, señaló.
Agregó que no entabló diálogo con Jorge Barata, exrepresentante de la compañía en el Perú, pero se negó a detallar con quiénes sí habría dialogado para gestionar la consultoría.
Fuente: Diario EXPRESO.