Caída libre

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Hemorragia: suena el teléfono en Osaka

La salida de Jorge Ramírez de la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato conllevo la renuncia de Ana Teresa Revilla del Minjus.
Las declaraciones de Ramírez sobre la actuación de Revilla ante la reunión sostenida entre él y el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con representantes de Odebrecht, así como la revelación de una misiva del entonces procurador al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, propiciaron su renuncia a la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
También se confirmó la renuncia de Edmer Trujillo al ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien venía siendo cuestionado por las presuntas irregularidades en la construcción del hospital Regional de Moquegua.
En Energía y Minas asumió Susana Vilca Achata; en Justicia, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero; Educación, Carlos Martín Benavides Abanto; y en Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Lozada Contreras.
Fuente: Diario Correo.

ODEBRECHT PRETENDÍA DEMANDAR AL ESTADO DESDE DICIEMBRE 2019

Por Milagros Salazar Herrera- Convoca.pe
La tarde del 23 de diciembre, el procurador Ramírez se comunicó con la titular del Ministerio de Justicia, Ana Teresa Revilla, para informarle que Odebrecht pretendía demandar al Estado peruano para recuperar su inversión en el proyecto Gasoducto del Sur. Además, relató Ramírez, que le explicó que esto podía afectar el proceso de colaboración de la empresa con el Ministerio Público, que debía verse el tema por el cobro de la reparación civil a Odebrecht y que no sabía en que situación se encontraba el megaproyecto gasífero.
Tras esa conversión con Revilla, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, se comunicó telefónicamente con Ramírez ese mismo 23 de diciembre por la noche. El procurador aseguró que le informó lo mismo que a la Ministra de Justicia, sin embargo debido a que se avecinaban las fiestas navideñas coordinaron una reunión presencial para tres días después en el Ministerio del Energía y Minas: el 26 de diciembre.
Fue en ese encuentro del 26, en el despacho de Liu, en el que se definió la reunión con representantes de Odebrecht, la cual se realizó finalmente el 9 de enero. A la cita acudieron Ricardo Weyll, abogado de Odebrecht en Perú; Ricardo Escobar, abogado externo de la empresa; Mauricio Cruz, superintendente de la constructora en el Perú, y Rogerio Bautista, director jurídico de la casa matriz de Odebrecht en Brasil.
En aquella reunión, los enviados de la constructora solicitaron que se firme un acuerdo con el Estado en el que se diera una ampliación de plazo por 6 meses para encontrar una solución y evitar la demanda ante el CIADI. ¿Qué significaba esto?
El 9 de enero los representantes de Odebrecht se reunieron con el entonces ministro Juan Carlos Liu y con el procurador Jorge Ramírez.
Oli Lux, empresa controlada por el holding Odebrecht S.A. y radicada en Luxemburgo, tenía plazo hasta el 23 de enero de presentar una demanda en contra del Perú ante el Ciadi invocando el tratado bilateral de protección de la inversión privada firmado entre el Perú y Luxemburgo. Según lo que explicó la empresa a las autoridades peruanas, Odebrecht en Brasil, la casa matriz, debía pagar a sus acreedores, entre ellos la Procuraduría General de ese país, y que por ello se veía obligada a demandar una compensación al Perú por la inversión realizada en la etapa de construcción del Gasoducto del Sur.
Una salida que proponía Odebrecht era convocar a una subasta para que un tercero pueda devolver la inversión que hizo la constructora y que se estimaba en más de 1,200 millones de dólares. Pero al ser el plazo muy corto para lograr esta posible solución, los abogados de Odebrecht le informaron al entonces ministro Liu que podía suscribirse un acuerdo con el gobierno para establecer una prórroga de seis meses que permitiera encontrar una solución. Con esta propuesta, Odebrecht renunciaba a demandar al Perú después del 23 de enero porque al vencerse el plazo perdía este derecho que le otorgaba el tratado bilateral con Luxemburgo.
Al ser un tema complejo, el entonces ministro Liu derivó el tema al Ministerio de Economía y Finanzas, al que está adscrita la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi.
Al finalizar el encuentro, Jorge Ramírez fue convocado al despacho de la ministra María Antonieta Alva, titular del MEF, el mismo 9 de enero por la noche. Ramírez relató a la ministra que transmitió a Alva la información que surgió durante la reunión en el Ministerio de Energía y Minas pero que se sorprendió que no estuviera nadie de esa cartera para explicar lo que proponía Odebrecht ya que el ministro Liu tuvo una participación directa en ese encuentro.
Registro de visitas del MEF confirma la reunión entre el entonces procurador Jorge Ramírez y la ministra de Economía, María Antonieta Alva.
Los asesores de Alva, agregó Ramírez, señalaron que el tema lo debía ver Ricardo Ampuero, quien lidera la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi. Días después, Ampuero, Ramírez y el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, se reunieron en el despacho de este último. Ampuero ya había sostenido varias reuniones previas con Vela para establecer una estrategia de defensa del Estado por el caso Enagás. Así que no era la primera vez que conversaban.
Aquel día, en el despacho de Vela, Ampuero señaló que la solicitud de ampliación de plazo que pedía Odebrecht debía hacerla la empresa por escrito. Pero dicho pedido formal no se realizó. Pocas semanas después, la primera de febrero se conoció que la subsidiaria de la constructora brasileña, Oli Lux, había demandado al Estado peruano ante el Ciadi, para exigir una compensación por lo invertido en el proyecto Gasoducto del Sur.

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