En julio del 2013, cuando ya se había efectuado el embargo de poco más de 12 millones de soles al Gobierno Regional de Arequipa por parte de Oncoserv, el Presidente del Gobierno Regional intentó poner freno al proceso de arbitraje que se seguía en Lima, pero fue en vano. Lo curioso es que fue la propia Procuraduría Regional la que impidió que el abuso se siguiera cometiendo.
En ese entonces, el presidente regional Juan Manuel Guillén, alertó sin éxito a la Procuraduría Regional la aparente triangulación perniciosas que se había formado en el Tribunal Arbitral y los intereses de Eddy Manfreda, gerente de Oncoserv, además de la intervención de militantes del Apra en toda la trama de este escandaloso convenio.
PRIMER PUNTO
El oficio N° 826-2013/GRA/PR, de fecha 3 de julio del 2013, lleva firma del presidente regional Juan Manuel Guillén y estaba dirigido al órgano de control y cautela de los recursos del Estado. En el documento se hace mención al memorando N° 648-2013, también de la presidencia, que ordena al procurador regional Jesús Vilca Iquiapaza, a que en el término de la distancia (de inmediato) y bajo responsabilidad, presente un Escrito de Recusación en contra de los tres integrantes del Tribunal Arbitral por su supuesta parcialidad, según las disposiciones 3 y 5 del artículo 28 del Decreto Legislativo N°1071/Ley General de Arbitraje.
Sin embargo, la Procuraduría General solo remitió al Tribunal Arbitral el oficio de la Presidencia Regional y no argumentó las consideraciones, por lo que su requerimiento quedó en nada, no hubo cambios ni en ese entonces ni después.
SEGUNDO PUNTO
El 26 de julio de ese mismo año, la Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2013-GRA/PR, puso de manifiesto una especulación que más adelante se comprobó. En esa fecha, el Ejecutivo regional alertó al Consejo Regional y la comunidad la falta de independencia del Tribunal Arbitral (TA) y su parcialidad a favor de Oncoserv. El documento detalla que “el TA trabaja aprobando y ejecutando actos procesales y medidas cautelares al margen de la normatividad vigente; sino que además, específica y objetivamente se ha verificado que la abogada Sheyna Tejada Amado, árbitro designada por el Procurador Público Regional, tiene una militancia política (afiliada al Partido Aprista Peruano) no comunicada al momento de su designación y que se rehusa explicar, a la fecha, lo cual genera dudas razonables sobre su proceder independiente e imparcial, más aún, cuando el ex gerente general del Gobierno Regional Arequipa, Ingeniero Jayme Julián Ponce Dávila (también militante afiliado al Partido Aprista), por delegación del expresidente Regional, Ingeniero Daniel Vera Ballón, diseñó, evaluó, aprobó y suscribió el referido Contrato de Concesión en diciembre de 2006 y posteriormente, en diferentes fechas de los años 2009 y 2010, se ha presentado en los Registros Públicos como representante de la empresa ONCOSERV AREQUIPA SAC”.
RED ORELLANA
Para entonces, nada hacía presagiar la magnitud de la presencia aprista en este caso, sino hasta que a fines del 2014 se logró la captura de Rodolfo Orellana, acusado de instaurar una de las redes mafiosas más grandes en el país y que afectó a diversas organizaciones públicas. En enero de este año, las investigaciones apuntaron a Rodolfo Reyna Salinas, ex asesor congresal y ministerial aprista, como uno más de los lobistas del clan Orellana y quien habría tenido el contacto con el presidente del Tribunal Arbitral que veía el caso Oncoserv, Hernando Talavera. Éste último declaró ante la Fiscalía Anticorrupción: “Reyna me llevó al búnker de Orellana y acepté ser árbitro en el litigio entre Oncoserv y el Gobierno Regional de Arequipa porque confiaba en mi amigo y sin conocer a Orellana”.
Las investigaciones fiscales contemplaron que habría sido Reyna quien motivó a la árbitro Sheyna Tejada a aceptar como presidente del Tribunal a Talavera. Cuando Eddy Manfreda, gerente de Oncoserv inició una medida cautelar en contra del Gobierno Regional, Talavera y el tercer árbitro, Pablo Iglesias, fallaron a favor de la medida y le embargaron al Gobierno 7 millones 192 mil soles que un par de meses después cobraron y se repartieron.
En el mismo proceso se investigó el oportuno acercamiento de Manfreda a Guillermo Alarcón, otro personaje vinculado a Orellana y de participación en el gobierno aprista.
EFECTOS
En la Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2013-GRA/PR, se especificó que fue el procurador Vilca Iquiapaza, quien aprobó que el proceso arbitral se llevara a cabo en Lima, en acuerdo con Oncoserv. Además de aceptar que las audiencias fueran privadas, en lugar de acudir al Comité Arbitral de Arequipa y en audiencias públicas.
Para julio del 2013, las controversias en torno al desempeño del Procurador y los reclamos de la presidencia regional llegaron a extremos. Mientras uno se negaba a dejar el cargo, el otro exigía su salida inmediata, nuevamente sin éxito, pues la designación de Vilca dependía directamente de la Procuraduría General de la República, entidad que no hizo nada frente a los reclamos de Guillén.
Esto llevó al titular regional a pedir el inicio de Proceso Administrativo contra Vila Iquiapaza, argumentado además de lo enumerado, que este abandonó la defensa del Gobierno Regional frente al litigio arbitral, delegando esta responsabilidad a la Gerencia Regional, contraviniendo el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Guillén ordenó a su gerente Jorge Luis Aguilar que remitiera de inmediato al Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Ministerio de Justicia) el expediente para el inicio de este proceso, pero a la larga, esta disposición tampoco terminó en algo favorable para el Gobierno Regional y Vilca Iquiapaza siguió al frente de la Procuraduría Regional.
En diciembre del 2014, el Tribunal Arbitral falló a favor de Oncoserv y ordenó al Gobierno Regional el pago de 44 millones de soles a la concesionaria. El círculo así, estaba cerrado.
El reparto del botín
Cuando ocurrió la repartija del dinero que Oncoserv embargó al Gobierno Regional (7 millones 192 mil soles) en febrero del 2014, los implicados no estaban solos. Un grupo de personas los acompañó y fueron testigos del hecho. Documentos de la Sala Penal Nacional, 3er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, revelan que ese día se hallaban juntos Ludith Orellana, hermana de Guillermo Orellana, junto a su esposo, Óscar Castillo Yepez, mientras que el dinero estaba sobre una mesa en la sala donde también se encontraba Victoria Infantas y su esposo, Eddy Manfreda (Oncoserv), además de Guillermo “Pocho” Alarcón, quien supervisaba cómo se contaba el dinero. Al otro extremo de la mesa aguardaban Miriam Varcarcel Gonzáles, Zoila Montoya Samaque, Yuli Arreita Vega y Janina Mariloli Hurtado, encargadas de preparar los sobres y las hojas con la relación de las personas que iban a recibir el dinero , entre los que figuraban Pablo Iglesias (100 mil dólares) como “comisión al haber ganado el proceso arbitral entre Oncoserv Arequipa Sac y el Gobierno Regional de Arequipa”, apunta el documento fiscal. Agrega, según el testimonio de un colaborador, que Pablo (Iglesias) llegó por la tarde para recoger su sobre. Antes de eso, Manfreda recogió su parte (3 millones y medio de soles) y se retiró. Además entregaron dinero a Mario Córdova, aparentemente por un préstamo que le hizo a Orellana y, también a Armando Saravia, dueño del inmueble de Chincha que vendió a Orellana. El resto del dinero sirvió para el pago del personal (planilla) y otro tanto se depositó en una caja que llevaba Janina Mariloli Hurtado, por orden de Ludith Orellana.
Sospechosa participación del GRA
Uno de los asuntos que aún queda por resolver al interior del Gobierno Regional, es identificar a los funcionaras que con sus actos u omisiones permitieron que se cometiera la estafa al Gobierno Regional. La presidenta de esta institución, Yamila Osorio, señaló hace unos días que de hecho se tendrá que determinar quiénes eran los encargados de custodiar las cuentas del GRA y que no lo hicieron, permitiendo así que se embargara poco más de 123 millones de soles a esta entidad, de los cuales, 7 millones 192 mil soles fueron cobrados por Oncoserv. Sobran pruebas que demuestran que el embargo pudo evitarse y que al interior del GRA se cometieron omisiones sospechosas que facilitaron que Eddy Manfreda retirara el dinero pese a que debió quedar en cautela en el Banco de la Nación. La precisión con la que se hizo la incautación del efectivo a cuentas regionales, es además otro indicio de la colaboración interna.
Fuente: Diario Correo.

La semana pasada, el premier Pedro Cateriano inició el ciclo de diálogos políticos con Luis Bedoya Reyes. Y el jueves 9 recurrió a una frase del Tucán durante su encuentro con la directiva de la Confiep.
“Les agradezco a los empresarios su buena disposición pero yo soy un político”, aclaró. “Y como Bedoya creo que los técnicos se alquilan”.
El desconcierto se asomó en los rostros de Alonso Segura (MEF), Piero Ghezzi (Producción) y José Gallardo (MTC); los tres ministros-técnicos que lo acompañaban.
Pero Cateriano hacía hincapié en su necesidad de transmitir un poderoso mensaje político que marcara la diferencia entre los agentes económicos.
Cuando los representantes gremiales le comenzaron a transmitir su larga lista de reclamos, les pidió no atiborrarlo.
El primer ministro podría superar una crisis política con el argumento de la economía.
Y casi nadie podría a estas alturas oponerse a su objetivo:
“Me gustaría que se me recuerde como un presidente del Consejo de Ministros que ayudó a destrabar las inversiones”, dijo.
Voceros oficialistas estiman que Cateriano y el gabinete asistirán a solicitar el voto de confianza al Pleno del Congreso durante la próxima semana, unos 15 días antes del límite establecido del próximo dos de mayo. Se encuentran seguros de superar la valla.
El panqueque se volteó rápidamente. Su predecesora Ana Jara fue censurada en una atmósfera artificial y para el presidente Ollanta Humala se abrió la facultad constitucional de cerrar el Congreso si le rechazan otro gabinete.
Pero, con buen tino, Pedro “Picapleitos” Cateriano le tendió la mano hasta a Alan García, con quien lleva casi treinta años de enemistad política.
El primer ministro se vio con Keiko Fujimori –heredera del otro némesis de su carrera política– y con las dirigencias de Perú Posible, Somos Perú, Acción Popular. También se vio con el alcalde de Lima, Luis Castañeda, y hasta con la dirigencia de la CGTP. La semana pasada había recibido el respaldo de Pedro Pablo Kuczynski.
Su otro desafío se encuentra lejos del salón y más cerca del socavón.
NO HAY TU TÍA
El martes 14 por la tarde llegó a Mollendo, Arequipa, con un grupo de ministros. Como para ir con el ambiente, esa mañana se habían instalado mesas de diálogo en el Club de Tiro de la ciudad. Entre ellas la Mesa de Desarrollo para la provincia de Islay, donde se concentra la oposición al proyecto cuprífero de Tía María.
“Los problemas deben solucionarse por la vía del diálogo y no en base a la violencia, la cual rechazamos de plano”, dijo. “Nuestra obligación como autoridades es tener una cercanía con el pueblo y si el pueblo quiere explicaciones, la autoridad debe darlas y no imponer por la fuerza proyectos”.
Tiene razón. Y el gobierno se la pasó mucho tiempo sin dar explicaciones. Al primer Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (2009), observado hasta el cansancio por el mismo Estado (2011), sobre todo por no contar con un estudio hidrogeológico, en su pretensión de utilizar agua de un estero donde desemboca el río Tambo y por la posibilidad de no solo explotar cobre sino también oro.
Entonces las protestas se cobraron dos muertos.
A pesar de que el segundo EIA se aprobó hace más de un año, recién en las últimas semanas se ha ventilado su contenido y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, asegura que todas las observaciones fueron subsanadas. La figura propuesta ahora es la de desalinizar agua.
“Eso sí”, enfatizó Cateriano, “es también obligación de la autoridad persuadir y hacer reflexionar a los ciudadanos que no nos podemos dar el lujo de rechazar un proyecto que traerá progreso a la región Arequipa. Hay una disposición del presidente Ollanta Humala de estar en la zona, fiscalizando el proyecto Tía Maria”.
Cateriano pondrá a prueba su capacidad de convencimiento para que Tía María no se convierta en otro Conga. La inversión anunciada es de US$ 1,300 millones e inevitablemente se trata de un termómetro para la minería.
Es otra nube negra y el premier se la juega. El año no arrancó todavía con proyectos como Antamina y Toromocho.
Los ministros Segura y Ghezzi han declarado en los últimos días sobre su confianza en la recuperación de los sectores primarios, aquellos que hacen subir y bajar la aguja por sí solos. El tibio repunte reciente de sectores como comercio y servicios no basta para compensar la caída de la minería y la pesca.
Esperan que la última crezca entre 30% y 40% en el 2015 gracias al incremento de la pesca de anchoveta, que se desplomó el año pasado.
LA SUPERTRABA
El discurso del gobierno destaca medidas como la reducción del Impuesto a la Renta, las políticas contracíclicas y el Plan Nacional de Diversificación Productiva.
Pero el motor de la economía no ha vuelto a arrancar. Y Cateriano busca ir a la vena.
El Ejecutivo pretende que el Congreso apruebe rápidamente medidas excepcionales que permitan agilizar las expropiaciones en los proyectos de inversión más grandes.
A decir de Gonzalo Prialé de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), las expropiaciones se volvieron la “supertraba” para la Economía.
El cuarto paquete de estímulo remitido por el Ejecutivo al Legislativo –del que salió la fallida ‘Ley Pulpín’– contiene el capítulo V, que se refiere a “medidas de simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura”.
El mes pasado, Julio Velarde del Banco Central de Reserva (BCR) condicionó el repunte en la infraestructura privada y las concesiones a la aprobación pendiente.
“Desgraciadamente, en el Congreso todavía no sale la parte de expropiaciones que era importante para estos proyectos”, lamentó.
Prialé calcula que el monto en juego de Alianzas Público Privadas (APP) que no caminan como deberían por esta razón es de US$ 15 mil millones.
“Un ejemplo es la carretera de Chincha a Ica, que estuvo paralizada por mucho tiempo. Se supone que se acaba de arreglar pero habrá que ver. El asunto es que los proyectos continúen sin interrupciones”.
Cree que “ese es el reto que tiene por delante el ministro Cateriano. Hasta ahora lo ha hecho bien. Puede inspirar confianza. Pero todos los días debería estar peleando para que no se caiga cada décima del PBI. El país tiene recursos. No estamos en las crisis de hace décadas. La pelota está cerca del gol y el reto es común entre el Estado y los privados”.
Reto común aprovechado para acercarse a los enemigos de ayer. Los enemigos de hace una semana nomás.
EL MENSAJE DE GARCÍA
“Las vueltas que da la vida”, le expresó García a Cateriano al momento de recibirle en su oficina del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, el viernes 17.
García es una especie de primer actor en el teatro de la política peruana. Su prolongado apretón de manos recordó el abrazo-llave de judo que le aplicó a Alejandro Toledo en el debate del 2001.
“El país oscila”, interpreta Jorge del Castillo, que coordinó la visita con Cateriano. “El Perú te quiere mandar al paredón y al día siguiente te exige concertación”.
En un principio se respiró cierta tensión, sobre todo del lado del visitante. Pero el mismo Cateriano comentó luego a amigos que, a diferencia de la distancia glacial en la que se desarrolló la reunión con Keiko, García se acompañó de tres exministros –Ismael Benavides, Enrique Cornejo y Miguel Hidalgo–, lo que hizo posible una reunión de casi tres horas con propuestas técnicas específicas. Y, lo más importante, les permitió no hablar del pasado ni tampoco del tono de Humala con la oposición.
García sí le mandó un mensaje al Presidente: él no le hará una “megacomisión” de llegar al poder. Una última rama de olivo en la búsqueda de una temporada electoral relativamente pacífica. Cateriano ha dicho que una de sus principales misiones será establecer una transición democrática sin sobresaltos.
Al expresidente lo vieron especialmente contento de poder gastar bromas con un viejo enemigo político. Pero expresó su gran preocupación por la creciente inestabilidad social.
“No le conviene al país”, le dijo. “Ni a este, ni al próximo gobierno”.
Fuente: Revista CARETAS.
Clandestino
El presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, uno de los principales promotores del paro indefinido contra el proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, pasó a la clandestinidad. Su hermana Janet Gutiérrez dio la información en una entrevista radial.
“Por ahora no daremos a conocer dónde está. Es por su seguridad. Esto es una cacería de brujas ordenada por el Gobierno Central”, sostuvo.
Explicó que su hermano tomó la decisión después del arresto del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, otro de los impulsores de la protesta en la Panamericana Sur.
Por su parte, Jaime de la Cruz, alcalde del distrito de Deán Valdivia y también uno de los principales promotores de la paralización que ya lleva 26 días, dijo que no tiene miedo.
“Yo no me voy a esconder porque no he cometido ningún delito”, expresó.
La Policía y el Poder Judicial ya tenían en la mira a Pepe Julio Gutiérrez y a de la Cruz, porque en febrero de 2014 ambos recibieron una condena de cuatro años de cárcel, pero fue suspendida con la condición del cumplimiento de reglas de conducta.
Mañana en audiencia se sabrá si Jesús Cornejo (presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo) y Roger Ramos (dirigente de Construcción Civil) van nueve meses a prisión.
Fuente: Diario Perú21.

Narcotráfico y proxenetismo

Por César Romero C.- Diario La República.
El ataque con balas y granadas a un auto Porsche en la avenida Insurgentes, en San Miguel, podría complicar la situación jurídica del abogado Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el gobierno de Alan García.
¿De qué manera? Vayamos por partes. En primer lugar, lo que ha sido revelado en los últimos días por diversos medios de comunicación: el lujoso y hoy destrozado auto, valorizado en 250 mil dólares, está inscrito a nombre de la empresa de servicios de  limpieza y mantenimiento Sergero SAC y era conducido, al momento del ataque, por Gerald Oropeza López, quien salió ileso del atentado.
Este joven es el principal heredero del dirigente aprista Américo Oropeza San Martín, asesinado el 26 de enero del  2011, a balazos, cerca de su casa en el distrito de San Juan de Lurigancho. Horas después del crimen, familiares de la víctima apuntaron el dedo acusador al rostro de Gerald, pero una sentencia ya definió que se trató de un crimen pasional.
Luego, siguiendo con esta historia, Oropeza San Martín tenía cuatro empresas dedicadas al servicio de limpieza y mantenimiento: Sanidad y Limpieza Industrial Peruana SAC (Salinpsac), Servicios Generales Oro SAC (Sergeoro), Servicios Oro Perú SAC y Servicios Generales Ronald (Sergerosac).
Solo Salinpsa, entonces la principal empresa de limpieza del país, estaba a nombre de Américo Oropeza. Las otras compañías tenían como accionistas a colaboradores o familiares del asesinado dirigente aprista, aunque por lo que se conoce hoy, todas estas empresas son manejadas o rinden cuentas y ganancias al joven Gerald Américo Oropeza López, a través de Sergerosac.
Es, en esta transición, entre el asesinato del fundador y la llegada de los herederos, que aparece el nombre del abogado Facundo Chinguel. Primero, como abogado de Gerald Oropeza, su hermana Araceli Mirella y su madre Pilar Consuelo López Oropeza.
Luego, la intervención de Facundo Chinguel fue clave para que la justicia condenara a Óscar Palomino Huamactoc, alias “Papicha”, como el autor directo del asesinato de Américo Oropeza, por un móvil pasional. La mujer de Palomino habría tenido un romance con la víctima.
DUEÑO O TESTAFERRO 
Ahora, lo principal, lo nuevo. En medio de la investigación del caso narcoindultos, la notaría Manuel Noya de la Piedra reportó a la fiscalía supraprovincial anticorrupción que, en abril del 2011, el hombre de condición muy humilde –según el presidente García–, Miguel Facundo Chinguel, había adquirido las acciones de las tres principales empresas de Américo Oropeza.
Empresas valorizadas en varios millones de soles habían sido adquiridas por Facundo Chinguel por 80 mil soles. Además, según el reporte de la notaría, las compras todavía no se habían inscrito en Registros Públicos por decisión del adquiriente.
Chinguel había adquirido por 30 mil soles, 162 mil acciones de Sergeoro el 26 de diciembre del 2011; por otros 30 mil soles, 210 mil acciones de Servicios Oro Perú, el 20 de junio del 2011; y por 20 mil soles, 580 acciones de Salinpsa, el 19 de junio del 2011. Los vendedores: Pilar López y sus hijos Araceli y Gerald Oropeza López.
Estas empresas son la base sobre la que en los últimos años ha crecido Sergerosac, que a la muerte de Américo Oropeza tenía como accionistas a Teófila Vargas, la abuela de Gerald Oropeza, y a Maxi Rodríguez Rosales.
De hecho, Sergerosac logró un millonario contrato en el Ministerio Público, participando en consorcio con Salinpsac.
Entonces ¿de dónde salieron los fondos para estas compras? ¿Podría ser el dinero que se pagó por los narcoindultos? ¿Es Gerald  un testaferro de Facundo Chinguel?

Hasta un año antes, de dicha compra y la muerte de Américo Oropeza, entre el 2 de enero del 2008 y el 22 de marzo del 2010, Facundo Chinguel había presidido la Comisión de Gracias Presidenciales.
La fiscalía ha pedido 17 años de cárcel para Facundo Chinguel por dirigir una organización ilícita que habría recibido pagos para otorgar el indulto o derecho de gracia presidencial a jefes nacionales e internacionales de bandas dedicadas al narcotráfico.
Al investigar este caso, la fiscalía recibió diversas versiones de que los narcotraficantes pagaron importantes sumas de dinero para salir en libertad, dinero que hasta ahora no ha podido ser ubicado.
NUEVAS VENTAS
Pero la historia no termina aquí. El 10 de junio del 2014, la notaría Manuel Noya de la Piedra reportó que en sus archivos guardaba minutas según la cual, en fechas anteriores, Facundo Chinguel había vendido las tres empresas que pertenecieron a Américo Oropeza, a los herederos de este. Las vendió por 110 mil soles, lo que en fechas posteriores compró por 80 mil soles. Salinpsac y Servicios Oro Perú los vende por el mismo precio de 20 y 30 mil soles.
En tanto, la empresa Servicios Generales Oro, Sergeoro, que hasta entonces no había tenido mayor tráfico comercial, la vende por 60 mil soles, el 19 de diciembre del 2011, y la compra por 30 mil soles, el 26 de diciembre del 2011.
También puede ser que todo se trate de sacar a los otros herederos o a los antiguos accionistas del reparto de la empresa. Los accionistas de Sergeoro eran Ayala Norma Sotomayor Vega, con 153,157 acciones, y Rocío Gasper López, con 10 mil acciones. Ambas han quedado fuera de la empresa, sin posibilidad de reclamo.
Osías Oropeza, hermano de Américo, niega cualquier vínculo de su hermano con el narcotráfico, un tema que ha salido a la luz tras el ataque al Porsche de Gerald Oropeza. “Si mi sobrino está en malas compañías que las autoridades investiguen, solo quiero aclarar que mi hermano no estaba metido en el narcotráfico, de su hijo no sé nada y no quiero saber nada, puede ser peligroso, yo tengo miedo”, afirmó Osías Oropeza a La República.
NARCOTRÁFICO
Un miedo fundado en el ataque al auto de Gerald Oropeza y que se hable de un ajuste de cuentas, de una deuda de cinco millones de dólares, que estaría cobrando un exrecluso, el peligroso y requisitoriado Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”, durante muchos años el poderoso delegado del penal Sarita Colonia del Callao.
La Comisión de Gracias Presidenciales permitió la liberación de hasta 85 narcotraficantes, aunque no en todos los casos se han podido encontrar pruebas de actos ilícitos. Uno de ellos fue el israelí David Hen Vachnis, preso del penal Sarita Colonia, quien logró la conmutación de su pena el 27 de noviembre del 2009.
Extraño que el narcoindultador Facundo Chinguel termine adquiriendo acciones de empresas que hoy estarían lavando dinero del narcotráfico.

Gerald Oropeza López, el dueño del Porsche que fue incendiado el pasado 2 de abril, registró como su domicilio una mansión que pertenecía al empresario televisivo José Enrique Crousillat y había sido embargada por el Estado.
El inmueble de más de 3 mil metros cuadrados, está ubicado en la zona más exclusiva de La Molina y cuenta con más de 40 ambientes, además de una piscina y un gimnasio. El edificio principal de la mansión cuenta con dos niveles y mamparas de vidrio oscuro.
Para consignar la lujosa mansión como su domicilio ante la Reniec, el pasado 26 de marzo, Oropeza presentó un recibo de telefonía fija en el que aparecía la dirección a registrar: calle José León Barandiaran 191, La Molina.
El Estado, a través de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), tenía en su poder el inmueble, tras haber sido embargado a Crousillat. Lo extraño es que terminó en manos del empresario investigado por narcotráfico. Para la entidad, Oropeza habitó la mansión de forma irregular.
Cabe recordar que el inmueble fue adquirido por José Enrique Crousillat en el año 2000, por un valor de 2 millones 100 mil dólares, a través de la empresa La Planicie Properties. En 2007, el predio pasó a manos del Estado, y desde el año pasado está a poder de la Conabi.
Fuente: Diario La República.

Cara cortada

El ex presidente Alan García le exigió al Partido Aprista expulsar a Gerald Oropeza, quien es investigado por la Procuraduría Antidrogas por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
“Militante no sé, inscrito sí, uno de los 350 mil inscritos [en el Partido Aprista]. Una cosa es el que participa diariamente en la vida del partido, que no son muchos y otra cosa es el que se inscribe por tradición familiar. Pero en todo caso, fuera del partido un tipo que tiene un auto Porsche que no sabe explicar, que se hace de una casa que no sabe cómo se la hizo de otros delincuentes, fuera del partido, para mí es claro”, dijo.
En el programa de TV “Panorama”, García señaló que si ni el Estado ni la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) filtran a las personas que contratan, menos lo hará un partido que no tiene presupuesto con las personas que inscribe en sus padrones.
Sin embargo, precisó que ni bien se sabe de una denuncia contra algún inscrito, el partido toma cartas en el asunto.
“Le pido al Apra fuera ese o fuera esos y todos”, concluyó el ex mandatario.
Gerald Oropeza están involucrado en el ataque a una camioneta Porsche, que recibió 25 balazos y dos granadas presuntamente por un ajuste de cuentas por parte de unos narcotraficantes.
El joven, conocido como ‘Cara cortada’, es el hijo del asesinado militante aprista Américo Oropeza, quien tuvo vínculos con el encarcelados ex titular de la Comisión de Indultos Miguel Facundo Chinguel, investigado por el caso ‘narcoindultos’.
Fuente: Diario El Comercio.

Otras denuncias

Gilmer Horna Corrales, dueño de la cadena de pollerías El Corralito y actual gobernador regional de Amazonas, rompió su silencio y negó estar vinculado con el narcotráfico o tener vínculos con Gerald Oropeza, quien es sospechoso de liderar una banda internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.
Aunque es conocido por su cadena de pollerías, su imperio también abarca el transporte interprovincial, ya que su familia es dueña de la empresa GH Bus, que cubre la ruta de Chiclayo-Tarapoto-Chachapoyas.
En el 2013 la Policía de Carreteras decomisó 11 kilos de pasta básica de cocaína (PBC) en uno de sus buses. Según Gilmer Horna Corrales, fue a partir de ese hecho que nacen todos los calificativos y presuntas relaciones con el narcotráfico.
Fuente: Diario Perú21.