Estafa Orellana

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Oncoserv

En julio del 2013, cuando ya se había efectuado el embargo de poco más de 12 millones de soles al Gobierno Regional de Arequipa por parte de Oncoserv, el Presidente del Gobierno Regional intentó poner freno al proceso de arbitraje que se seguía en Lima, pero fue en vano. Lo curioso es que fue la propia Procuraduría Regional la que impidió que el abuso se siguiera cometiendo.
En ese entonces, el presidente regional Juan Manuel Guillén, alertó sin éxito a la Procuraduría Regional la aparente triangulación perniciosas que se había formado en el Tribunal Arbitral y los intereses de Eddy Manfreda, gerente de Oncoserv, además de la intervención de militantes del Apra en toda la trama de este escandaloso convenio.
PRIMER PUNTO
El oficio N° 826-2013/GRA/PR, de fecha 3 de julio del 2013, lleva firma del presidente regional Juan Manuel Guillén y estaba dirigido al órgano de control y cautela de los recursos del Estado. En el documento se hace mención al memorando N° 648-2013, también de la presidencia, que ordena al procurador regional Jesús Vilca Iquiapaza, a que en el término de la distancia (de inmediato) y bajo responsabilidad, presente un Escrito de Recusación en contra de los tres integrantes del Tribunal Arbitral por su supuesta parcialidad, según las disposiciones 3 y 5 del artículo 28 del Decreto Legislativo N°1071/Ley General de Arbitraje.
Sin embargo, la Procuraduría General solo remitió al Tribunal Arbitral el oficio de la Presidencia Regional y no argumentó las consideraciones, por lo que su requerimiento quedó en nada, no hubo cambios ni en ese entonces ni después.
SEGUNDO PUNTO
El 26 de julio de ese mismo año, la Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2013-GRA/PR, puso de manifiesto una especulación que más adelante se comprobó. En esa fecha, el Ejecutivo regional alertó al Consejo Regional y la comunidad la falta de independencia del Tribunal Arbitral (TA) y su parcialidad a favor de Oncoserv. El documento detalla que “el TA trabaja aprobando y ejecutando actos procesales y medidas cautelares al margen de la normatividad vigente; sino que además, específica y objetivamente se ha verificado que la abogada Sheyna Tejada Amado, árbitro designada por el Procurador Público Regional, tiene una militancia política (afiliada al Partido Aprista Peruano) no comunicada al momento de su designación y que se rehusa explicar, a la fecha, lo cual genera dudas razonables sobre su proceder independiente e imparcial, más aún, cuando el ex gerente general del Gobierno Regional Arequipa, Ingeniero Jayme Julián Ponce Dávila (también militante afiliado al Partido Aprista), por delegación del expresidente Regional, Ingeniero Daniel Vera Ballón, diseñó, evaluó, aprobó y suscribió el referido Contrato de Concesión en diciembre de 2006 y posteriormente, en diferentes fechas de los años 2009 y 2010, se ha presentado en los Registros Públicos como representante de la empresa ONCOSERV AREQUIPA SAC”.
RED ORELLANA
Para entonces, nada hacía presagiar la magnitud de la presencia aprista en este caso, sino hasta que a fines del 2014 se logró la captura de Rodolfo Orellana, acusado de instaurar una de las redes mafiosas más grandes en el país y que afectó a diversas organizaciones públicas. En enero de este año, las investigaciones apuntaron a Rodolfo Reyna Salinas, ex asesor congresal y ministerial aprista, como uno más de los lobistas del clan Orellana y quien habría tenido el contacto con el presidente del Tribunal Arbitral que veía el caso Oncoserv, Hernando Talavera. Éste último declaró ante la Fiscalía Anticorrupción: “Reyna me llevó al búnker de Orellana y acepté ser árbitro en el litigio entre Oncoserv y el Gobierno Regional de Arequipa porque confiaba en mi amigo y sin conocer a Orellana”.
Las investigaciones fiscales contemplaron que habría sido Reyna quien motivó a la árbitro Sheyna Tejada a aceptar como presidente del Tribunal a Talavera. Cuando Eddy Manfreda, gerente de Oncoserv inició una medida cautelar en contra del Gobierno Regional, Talavera y el tercer árbitro, Pablo Iglesias, fallaron a favor de la medida y le embargaron al Gobierno 7 millones 192 mil soles que un par de meses después cobraron y se repartieron.
En el mismo proceso se investigó el oportuno acercamiento de Manfreda a Guillermo Alarcón, otro personaje vinculado a Orellana y de participación en el gobierno aprista.
EFECTOS
En la Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2013-GRA/PR, se especificó que fue el procurador Vilca Iquiapaza, quien aprobó que el proceso arbitral se llevara a cabo en Lima, en acuerdo con Oncoserv. Además de aceptar que las audiencias fueran privadas, en lugar de acudir al Comité Arbitral de Arequipa y en audiencias públicas.
Para julio del 2013, las controversias en torno al desempeño del Procurador y los reclamos de la presidencia regional llegaron a extremos. Mientras uno se negaba a dejar el cargo, el otro exigía su salida inmediata, nuevamente sin éxito, pues la designación de Vilca dependía directamente de la Procuraduría General de la República, entidad que no hizo nada frente a los reclamos de Guillén.
Esto llevó al titular regional a pedir el inicio de Proceso Administrativo contra Vila Iquiapaza, argumentado además de lo enumerado, que este abandonó la defensa del Gobierno Regional frente al litigio arbitral, delegando esta responsabilidad a la Gerencia Regional, contraviniendo el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Guillén ordenó a su gerente Jorge Luis Aguilar que remitiera de inmediato al Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Ministerio de Justicia) el expediente para el inicio de este proceso, pero a la larga, esta disposición tampoco terminó en algo favorable para el Gobierno Regional y Vilca Iquiapaza siguió al frente de la Procuraduría Regional.
En diciembre del 2014, el Tribunal Arbitral falló a favor de Oncoserv y ordenó al Gobierno Regional el pago de 44 millones de soles a la concesionaria. El círculo así, estaba cerrado.
El reparto del botín
Cuando ocurrió la repartija del dinero que Oncoserv embargó al Gobierno Regional (7 millones 192 mil soles) en febrero del 2014, los implicados no estaban solos. Un grupo de personas los acompañó y fueron testigos del hecho. Documentos de la Sala Penal Nacional, 3er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, revelan que ese día se hallaban juntos Ludith Orellana, hermana de Guillermo Orellana, junto a su esposo, Óscar Castillo Yepez, mientras que el dinero estaba sobre una mesa en la sala donde también se encontraba Victoria Infantas y su esposo, Eddy Manfreda (Oncoserv), además de Guillermo “Pocho” Alarcón, quien supervisaba cómo se contaba el dinero. Al otro extremo de la mesa aguardaban Miriam Varcarcel Gonzáles, Zoila Montoya Samaque, Yuli Arreita Vega y Janina Mariloli Hurtado, encargadas de preparar los sobres y las hojas con la relación de las personas que iban a recibir el dinero , entre los que figuraban Pablo Iglesias (100 mil dólares) como “comisión al haber ganado el proceso arbitral entre Oncoserv Arequipa Sac y el Gobierno Regional de Arequipa”, apunta el documento fiscal. Agrega, según el testimonio de un colaborador, que Pablo (Iglesias) llegó por la tarde para recoger su sobre. Antes de eso, Manfreda recogió su parte (3 millones y medio de soles) y se retiró. Además entregaron dinero a Mario Córdova, aparentemente por un préstamo que le hizo a Orellana y, también a Armando Saravia, dueño del inmueble de Chincha que vendió a Orellana. El resto del dinero sirvió para el pago del personal (planilla) y otro tanto se depositó en una caja que llevaba Janina Mariloli Hurtado, por orden de Ludith Orellana.
Sospechosa participación del GRA
Uno de los asuntos que aún queda por resolver al interior del Gobierno Regional, es identificar a los funcionaras que con sus actos u omisiones permitieron que se cometiera la estafa al Gobierno Regional. La presidenta de esta institución, Yamila Osorio, señaló hace unos días que de hecho se tendrá que determinar quiénes eran los encargados de custodiar las cuentas del GRA y que no lo hicieron, permitiendo así que se embargara poco más de 123 millones de soles a esta entidad, de los cuales, 7 millones 192 mil soles fueron cobrados por Oncoserv. Sobran pruebas que demuestran que el embargo pudo evitarse y que al interior del GRA se cometieron omisiones sospechosas que facilitaron que Eddy Manfreda retirara el dinero pese a que debió quedar en cautela en el Banco de la Nación. La precisión con la que se hizo la incautación del efectivo a cuentas regionales, es además otro indicio de la colaboración interna.
Fuente: Diario Correo.

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