Represalia por los continuos ataques de los hutíes e Irán

Los hutíes, con el apoyo militar de Irán, ha atacado con misiles de crucero y drones los portaaviones ‘USS Harry S. Truman’ y ‘USS Carl Vinson’, así como varios buques en el mar Rojo y en el mar Arábigo. Al menos 12 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en una serie de bombardeos efectuados por aviones de combate de Estados Unidos contra el barrio de Farwah, en el centro de la capital yemení de Saná, informó el Ministerio de Salud de los rebeldes hutíes de Yemen.
En un comunicado, reproducido por la agencia de noticias yemení Saba, estas personas fueron víctimas “de un ataque aéreo lanzado contra el mercado del barrio de Farwah, en el distrito de Shaub”, añadiendo que la cifra de fallecidos y heridos es “preliminar”.
“Los equipos de rescate y ambulancias todavía están buscando víctimas entre los escombros, y es probable que el número aumente”, añadió la nota, que condenó los ataques “contra civiles, barrios residenciales e instalaciones, en flagrante violación de las leyes, convenciones y normas internacionales”.
Nuevos ataques
Aviones de combate efectuaron una nueva ola de bombardeos contra al menos tres provincias del Yemen, incluida la capital, en medio de un repunte de estos ataques.
De acuerdo con la cadena Al Masirah, portavoz de los hutíes, los bombardeos también tuvieron como objetivo varios objetivos en la montaña de Faj Attan, en Saná.
Residentes capitalinos informaron a EFE que en esa zona montañosa se encuentran cuevas donde se almacenan armas y municiones. Igualmente, los vecinos indicaron que otros bombardeos impactaron contra el Proyecto de Limpieza, una infraestructura que ha sido blanco recurrente de ataques saudíes durante la guerra del Yemen iniciada en 2014.
Al Masirah añadió que los bombardeos también alcanzaron la isla de Kamaran, frente a la costa de los puertos de Al Salid y Ras Issa en el mar Rojo, una zona que ha sido atacada en múltiples ocasiones desde el inicio de la nueva campaña de ataques estadounidenses.
Además, los aviones lanzaron ataques contra el distrito de Al Jawba de Marib, una línea de frente en la lucha de los hutíes contra las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen para capturar esta estratégica ciudad. Al menos tres personas murieron y otras once resultaron heridas en bombardeos de Estados Unidos contra Saná.
En una de las jornadas de los últimos meses, Estados Unidos destruyó el puerto de combustible de Ras Issa, en el mar Rojo, donde murieron al menos 74 personas y otras 171 resultaron heridas, según el más reciente balance del Ministerio de Salud de los hutíes.
Fuente: Diario El Comercio.

Por Tomás Ezerskii– Infobae.com
El 15 de abril de 2025, Nadine Heredia, ex primera dama del Perú y esposa del expresidente Ollanta Humala, solicitó asilo político en la Embajada de Brasil en Lima, después de que ella y su esposo fueran condenados a 15 años de prisión por cargos relacionados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Heredia ingresó a la embajada antes de la lectura de la sentencia, y la solicitud fue presentada bajo los lineamientos de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, un acuerdo internacional que suscriben tanto Perú como Brasil.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado informando que la Embajada de Brasil en el país ha otorgado asilo diplomático a Nadine Heredia y su hijo, Samir Mallko Ollanta Humala Heredia, en virtud de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Se detalló que, en cumplimiento de la convención, el gobierno peruano ha facilitado las garantías necesarias para su traslado a Brasil, otorgándoles los correspondientes salvoconductos. Este proceso se da en el marco de los artículos V y XII de dicha convención internacional, que regulan la salida de asilados hacia otro territorio.
La noticia fue cubierta por la prensa brasileña, con diferentes enfoques sobre el contexto y las implicaciones del pedido de asilo. Cada medio subrayó distintos aspectos de la situación, desde la postura diplomática de Brasil hasta los detalles del caso de corrupción que vincula a la pareja con sobornos de Odebrecht.
O Globo: “A pedido de Lula, Perú concede salvoconducto para ex primera dama condenada por lavado de dinero”
O Globo fue el primer medio brasileño en reportar que el gobierno de Perú concedió un salvoconducto a Nadine Heredia. Según el portal, la decisión fue confirmada por su defensa, que indicó que Heredia y su esposo, el ex presidente Ollanta Humala, ambos condenados por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas electorales, ahora podrán salir de la embajada hacia Brasil. O Globo también sostuvo que esta medida fue solicitada por Heredia, quien, además, ha pedido asilo en Brasil, alegando razones de salud, dado que ya ha enfrentado un cáncer.
De acuerdo con O Globo, Nadine Heredia se refugió en la Embajada de Brasil en Lima después de que el Tribunal Superior Nacional del Perú leyera la sentencia condenatoria en su contra y la de su esposo, Ollanta Humala. La ex primera dama había sido acusada de recibir dinero ilegal de Odebrecht y de otros fondos provenientes del gobierno venezolano para financiar las campañas de Humala en 2006 y 2011. El medio brasileño destacó que la solicitud de asilo político fue presentada conforme a las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, y que tanto el gobierno peruano como el brasileño están en contacto para resolver la situación.
Folha de S. Paulo
En Folha de S. Paulo, se señaló que la solicitud de asilo de Nadine Heredia se presentó en un contexto complicado para el Perú y su lucha contra la corrupción, especialmente en lo que respecta al caso de Odebrecht. La ex primera dama ingresó a la Embajada de Brasil en Lima poco después de que la justicia peruana la condenara a 15 años de prisión junto a su esposo, Ollanta Humala, por cargos de lavado de dinero relacionados con contribuciones ilegales de Odebrecht y de la administración de Hugo Chávez para las campañas presidenciales de 2006 y 2011. La acusación sostenía que la pareja había recibido fondos ilícitos de Odebrecht para la campaña de 2011 y, de acuerdo con las investigaciones, también se los vincula con dinero proveniente del gobierno venezolano de Chávez para la campaña de 2006.
El medio brasileño informó que el presidente Lula da Silva está en proceso de evaluar el caso y se espera que en las próximas horas tome una decisión sobre si concede o no el asilo. Las fuentes de Folha aseguran que la tendencia es favorable a la solicitud, especialmente dada la conexión política entre Lula y Humala, quien, al igual que el presidente brasileño, pertenece a la corriente política de izquierda. La defensa de Humala ha sostenido que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política, subrayando que las evidencias presentadas en su juicio no son suficientes para sustentar la condena.
Brasil de Fato
El medio brasileño Brasil de Fato detalló que Nadine Heredia ingresó a la Embajada de Brasil en Lima poco antes de que se leyera la sentencia condenatoria en su contra y de su esposo. Ambos fueron hallados culpables de lavado de dinero, ya que recibieron fondos ilegales de la empresa Odebrecht, en el marco de las campañas presidenciales de Humala en 2006 y 2011. El tribunal peruano consideró que el dinero provenía de sobornos otorgados por la empresa constructora brasileña para asegurar contratos gubernamentales. La sentencia condenatoria incluyó una pena de 15 años de prisión para ambos, pero, a pesar de estar presentes en el juicio, Humala fue arrestado, mientras que Heredia no asistió a la audiencia.
La Embajada de Brasil en Lima, que ya había recibido a Heredia en ese momento, indicó que su solicitud de asilo fue presentada conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Según este acuerdo, tanto Perú como Brasil se comprometen a otorgar protección diplomática a personas que enfrentan persecución política o violaciones de sus derechos fundamentales en su país de origen. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, por su parte, ha confirmado la entrada de Heredia a la embajada y el inicio de las gestiones para resolver su solicitud.

Jordi Bertomeu vincula a Trump y a Putin con el caso Sodalicio

Entrevista RAC1 – Jordi Bertomeu 14/04/2025

Jordi Bertomeu, investigador del Papa que ha destapado la secta católica: “Si Francisco hubiera muerto, habría sido un problema”
RAC1 [00:00:01] Hoy, una reunión histórica en un dicasterio del Vaticano, que vendría a ser una especie de ministerio, concretamente el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, sobre las diez y media de la mañana. ¿Quién ha conseguido encontrar todo esto? ¿Hilvanar esta información? ¿Investigar durante tanto tiempo? Es mosén Jordi Bertomeu, investigador del Papa en misiones especiales. Monseñor, buenos días, muchas gracias y enhorabuena.
Jordi Bertomeu [00:00:27] Hola, buenos días, buenos días a todos.
[00:00:31] Buenos días, buenos días, Jordi.
RAC1 [00:00:33] Ahora le pregunto por el caso del Sodalicio, pero antes quizá sorprende decir que usted es “investigador del Papa en misiones especiales”. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es usted una especie de James Bond del Vaticano?
Jordi Bertomeu [00:00:49] Me río porque ese apodo… cuando salió no me hizo ninguna gracia, si quieren que les diga la verdad. Era muy periodístico y yo siempre he trabajado, como decimos, bajo el radar. Es decir, ¿cómo puedes hacer bien tu trabajo de investigador? Me refiero a esos casos que son más difíciles porque, en principio, las investigaciones se confían por el principio de subsidiariedad a los órganos primarios de las diócesis o las mismas congregaciones. Pero hay algunas que son mucho más delicadas y presentan más problemas. Entonces se requiere la intervención de la Santa Sede y, por tanto, de la Doctrina de la Fe, oficialmente. Yo era un funcionario del Vaticano y, a partir de 2018, el Santo Padre me confió la investigación junto con Monseñor Scicluna, arzobispo de Malta, de lo que había sido mi dicasterio. Se nos confió la investigación de lo que había ocurrido en Chile con los abusos denunciados alrededor de Karadima, un sacerdote de la parroquia El Bosque, en Santiago de Chile. A partir de ahí, el Papa fue confiándome más investigaciones: en Paraguay, Bolivia, México… Investigar aquello que otros no han podido.
RAC1 [00:02:04] ¿Cuándo saltan las alarmas en la Iglesia sobre las prácticas del Sodalicio?
Jordi Bertomeu [00:02:11] Desgraciadamente, tarde. Siempre hay que pedir perdón a las víctimas en nombre de la Iglesia porque hemos llegado tarde. De hecho, desde el año 2000, cuando José Enrique Escardó denunció en un programa de la televisión peruana que estaba sufriendo abusos físicos, psicológicos y espirituales en un grupo religioso llamado Sodalicio —todavía poco conocido en Perú—, ya tendríamos que haber encendido las alarmas. También es cierto que en aquellos años 80, 90 y principios de los 2000, la Iglesia tenía cierta desconfianza hacia las organizaciones vinculadas a la parroquia tradicional y los institutos religiosos en Europa. Ante la crisis por la secularización, aparecieron nuevos movimientos con mucho impulso misionero a los que se les dio carta blanca. Esa carta blanca hizo que algunos obispos, que son los responsables directos del pueblo que se les ha confiado, fuesen algo negligentes en la vigilancia de estos nuevos grupos. Y esos grupos fueron creciendo, a veces como un tumor. Ahora, cuarenta años después, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que tenemos que actuar, aunque lleguemos tarde.
RAC1 [00:03:39] Secta abusiva. Es la primera vez que el Vaticano desmantela un grupo con esta etiqueta.
Jordi Bertomeu [00:03:44] Pues sí, es una etiqueta que también es técnica. De hecho, las técnicas de control mental están muy estudiadas en el ámbito de la psicología social. Sabemos que hay grupos sectarios de todo tipo, incluso a nivel político, y evidentemente también a nivel religioso. Como decía antes: control del comportamiento, control de la información, control del pensamiento, control emocional (lo dice en inglés después). Es decir, la forma de control es muy sibilina, muy ambigua. La gente entra en un grupo de forma idealista, esperando respuestas a sus inquietudes más profundas. Y si se encuentran con personas sanas, perfecto. Pero si caen en manos de gente tóxica, es un desastre porque te manipulan. Aquí creo que el Vaticano, el de Francisco, quiero subrayarlo, está actuando bien. Él es un hombre que busca la verdad, cueste lo que cueste. Y sí, tenemos conceptos que provienen de la psicología o la psiquiatría, que son útiles y válidos para describir esta realidad y poder combatirla y poner orden. Bienvenidas sean esas aportaciones.
RAC1 [00:05:22] Claro, ahora Sergi explicaba algunos casos escalofriantes. Entiendo, Monseñor, que usted los debe tener documentados, ¿verdad?
Jordi Bertomeu [00:05:32] El caso del Sodalicio ha sido un trabajo de años. Es cierto que nos metimos de lleno a partir de noviembre de 2023, cuando empecé a ir con frecuencia a Perú a recopilar datos. Algunas cosas eran solo indicios, pero después se convirtieron en elementos que podían incluso ser pruebas. Entonces nos planteamos qué hacer, qué tipo de acción tomar. Porque también tenemos un derecho canónico muy limitado. Y en el derecho civil, en estos casos… Si me permiten: ¿quién querría denunciar? Es decir, los miembros que han sufrido este tipo de abusos psicológicos o de conciencia lo tienen muy difícil para ver sus derechos protegidos en el ámbito civil. Tenemos legislaciones que son un poco deficientes, también en lo canónico. Como canonista, debo decir que la gestión que tenemos en este aspecto es bastante primitiva. De hecho, algunos de esos comportamientos ni siquiera eran delitos canónicos. Pero tuve que pensar en una especie de derecho disciplinario para poder decirle a las víctimas: “sois víctimas”. Porque si no les dices que lo son, las estás revictimizando. Fue un proceso largo: primero recopilar datos, luego pensar qué tipo de acción tomar e ir avanzando, como decimos.
RAC1 [00:07:11] Claro, hay cosas que son incomprensibles. Ya es incomprensible que se haga algo en nombre de Dios. Pero ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, tirar comida al váter y luego comérsela, beberse un vaso entero de aceite o dormir durante semanas en una escalera? Eso es tortura directamente, y encima en nombre de Dios. No lo entiendo.
Jordi Bertomeu [00:07:43] Absolutamente. Este es un problema que tenemos: en general, la sociedad tiene muchas dificultades para vivir en auténtica libertad, libertad interior, ser libres de influencias coercitivas, tóxicas, externas. Llega un momento en que uno puede pensar, dentro de la Iglesia, que “quien obedece no se equivoca”. Y eso nunca ha sido así. La obediencia auténtica en la Iglesia, la que nos han enseñado las grandes órdenes religiosas —con años de errores y aciertos, errores y aceritos— es: escuchar de pie, escuchar como adulto. No es posible la obediencia sin un diálogo entre adultos. Yo te escucho con tus razones, tú me escuchas con las mías y, en conciencia, te puedo obedecer porque reconozco en ti la voz de Dios, pero porque la hemos contrastado mutuamente. Algunos han entendido la obediencia como una obediencia ciega a un líder. Si ese líder, además, es una persona sin escrúpulos, puede convertirse fácilmente en un abusador, usar el poder de forma tóxica. Nosotros hemos ido repitiendo que el Todopoderoso se encarnó, se hizo hombre, es Jesucristo, y nos enseñó que el poder es servicio, ponerse al servicio del otro, y si hace falta, dar la vida por el otro. Pero algunos interpretan el poder como “yo me impongo sobre ti, y si hace falta, tú darás la vida por mí”. Ahí empiezan estas relaciones tóxicas que hay que sacar a la luz, desenmascarar. Porque no es solo un problema de la Iglesia. Esta invasión de las conciencias ocurre en todos lados. Y por eso la Iglesia, que tiene vocación y se siente madre y maestra en humanidad, debe ser la primera en hacer los deberes. A mí me avergüenza mucho ir por la calle vestido de cura y que te señalen con el dedo como si fueras un delincuente. Cuando uno se hace sacerdote, o uno es laico o laica, es porque quiere ponerse al servicio de los demás.
RAC1 [00:10:06] Más allá de ser una secta abusiva, monseñor, ¿cómo han conseguido blanquear mil millones de dólares estas personas?
Jordi Bertomeu [00:10:14] Esa fue otra de las sorpresas que fuimos descubriendo. Y no tiene nada de gracia. Perú es un país con muchas carencias económicas. ¿Cómo lo han hecho? Perú es un país donde el 80% de la economía es sumergida, allá lo llaman “informal”. Hay mucha minería ilegal, mucha droga, mucho dinero negro que se blanquea. ¿Cómo lo hicieron?
Vieron el negocio incipiente de los cementerios privados, que el Perú autorizó en el 94. Ya en el 99 tenían dos funcionando y fueron aumentando. Estos cementerios se acogieron al Concordato, es decir, eran como cementerios de la Iglesia, y no pagaban impuestos. Incluso consiguieron, gracias a un presidente corrupto que era amigo suyo —amigo del padre Baertl, factótum económico del Sodalicio—, que esas empresas de cementerios fueran “islas fiscales”. Imagínense: una isla fiscal en un país ya de por sí tendencialmente corrupto. Ahí empezaron a blanquear dinero de mucha gente, potentados del país que se valían de ellos, de la Iglesia —que tiene una presunción de respetabilidad— y a la que nadie toca en esos países. Empezaron así. Aunque eran empresas sin ánimo de lucro, sabemos que usaban “offshores” para blanquear dinero mediante empresas pantalla. Primero lo hicieron en Panamá —salieron en los Papeles de Panamá— y después, por respeto o miedo, trasladaron las “offshores” a Denver, Colorado. Ese dinero blanqueado volvió a Perú, ya “limpio”, entre comillas, e invirtieron en inmobiliarias, empresas agropecuarias, redes educativas, etc. ¿Cómo lo han hecho? Con la corrupción imperante en el país. Incluso descubrimos que, por ejemplo, la fiscal general del Estado, Benavides —corrupta ella— estaba vendida a uno de los abogados del Sodalicio, Hauyón. Todo esto te hace pensar que la debilidad institucional de esos países —que también puede ocurrir en el nuestro— lleva a estas formas escandalosas de corrupción.
RAC1 [00:13:02] Monseñor, ¿cómo nos explica quién es Alejandro Bermúdez y, sobre todo, qué conexión tiene con el vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance?
Jordi Bertomeu [00:13:09] Bueno, eso es una historia. Otro miembro del Sodalicio era este periodista, Alejandro Bermúdez, que fundó ACI Prensa, que después fue vendida a EWTN, que es una gran compañía mediática católica —entre comillas— de Estados Unidos, representante de esa ultraderecha católica. Este señor, Alejandro Bermúdez, no solo se conformaba con ser periodista, sino que además abusaba de su autoridad con sus subordinados, a quienes torturó directamente. También formó parte de otra empresa llamada CitizenGO, en cuyo consejo directivo estaba un tal Komov, que es representante de los grandes oligarcas del entorno de Putin, como Malofeev. Además, hay gente muy vinculada a la extrema derecha y al gobierno de Trump. Estamos hablando de hace dos años, cuando todavía nadie hablaba de J. D. Vance, y aparece entre nuestros documentos una investigación que me llevó hasta Polonia para hablar con algunos periodistas que habían investigado esta red que venía desde Moscú. Este Malofeev que mencionamos está detrás de subvenciones a los disidentes del Donbás, también detrás de financiación a la ultraderecha francesa y española, muy conectado con Hazte Oír, aquí en España.
Entonces también hicimos esta conexión estadounidense. El problema lo tenemos ahora porque el presidente norteamericano, Trump —que ya hemos visto que tiene unas cualidades diplomáticas peculiares, es decir, su diplomacia no es la habitual— ha nombrado como embajador ante la Santa Sede a Brian Burch. Y este Alejandro Bermúdez, que insisto, no se destaca por sus cualidades diplomáticas con sus trabajadores, se lo llevaría con él. Hace un mes, él mismo anunció públicamente que se iba como consejero de la embajada de Brian Burch en el Vaticano. Claro, después de ver el episodio con Zelensky, y viendo cómo a nivel de geopolítica, algunos embajadores y una embajada norteamericana advirtieron al Vaticano que Trump no tolerará disidencia interna. No tolerará un sermón de fe eclesial. La Iglesia de Francisco no le gusta y, si puede, no la tolerará en Estados Unidos. Quiere obispos de su línea, obispos domesticados, obispos que no critiquen sus políticas, como por ejemplo su política migratoria. Las alarmas se han encendido en el Vaticano esta misma semana. Un comunicado estadounidense del Vaticano dijo que no era cierto lo que se estaba difundiendo. Pero viendo que la política es un ir y venir según convenga, tampoco nos podemos fiar.
RAC1 [00:16:23] ¿Usted tiene contacto directo con el Papa?
Jordi Bertomeu [00:16:26] Sí, claro. Pero en estos días no.
RAC1 [00:16:32] Era solo para saberlo, Monseñor, porque él sabe perfectamente de su investigación, ya que es él quien se la ordena. Él es quien decide que esta… claro, y él tendrá que firmar esa ley por la cual este grupo, esta secta, queda fuera de la Iglesia inmediatamente, supongo.
Jordi Bertomeu [00:16:54] Es decir, nosotros —digo “nosotros” porque nos ayudó monseñor Scicluna— le presentamos durante el primer semestre de 2024, el año pasado, las conclusiones de nuestra investigación. Estas conclusiones el Santo Padre las evaluó junto con otros dicasterios de la Curia. Evidentemente, el tema económico era muy complejo. Hay cinco organismos en el Vaticano que se ocupan de asuntos económicos; en concreto, uno, la Secretaría para la Economía, que está en manos de dos españoles: Maximino y Bernardino, que son grandes expertos en economía. Ellos realizaron el estudio de la documentación económica que habíamos conseguido, porque yo no podía estudiar todos esos balances, ya que hablamos de técnica financiera avanzada. Entre otras cosas, porque grandes compañías norteamericanas habían hecho cuadrar las cuentas que presentaban en EE.UU., en principio, pero en el Vaticano detectaron irregularidades muy graves que ahora tendremos que poner en manos de la justicia norteamericana, por supuesto.
RAC1 [00:18:00] Termino enseguida, pero antes, como prelado, ¿le preocupa que ramas del catolicismo flirteen cada vez más con la extrema derecha? Le pregunto, por ejemplo, por el caso que hoy contábamos y que encuentro en Crónica Global, sobre una escuela concertada en Terrassa que ha recibido una avalancha de quejas por parte de las familias debido al contenido. Vaya, peligrosísimo y lamentable. Intolerable. Como por ejemplo, que en una clase un profesor dijera que Freddy Mercury bien estaba muerto porque era homosexual y que había muerto de sida. Es un ejemplo claro. Hoy ha salido a la luz este grupo ultracatólico que se llama los Kikos, este grupo que creó Kiko Argüello. Hace algunos años, hubo personas conocidas, como por ejemplo el que fue entrenador del Real Madrid, López Caro, que fue un destacado miembro de este grupo. No sé si eso también le preocupa, Monseñor, con la aparición o reaparición de grupos como este.
Jordi Bertomeu [00:18:54] La verdad es que a mí me preocupa más el avance de la ultraderecha a nivel social, porque estamos viendo que las cosas han cambiado mucho en los últimos meses e incluso años. Desde 2014 hemos asistido a un cambio de paradigma social más que a un avance dentro de la Iglesia. En la Iglesia siempre hemos tenido estos grupos. Los que usted me ha mencionado no los tengo estudiados, así que no puedo opinar a fondo porque no los he investigado en profundidad. Pero sí puedo hablar del Sodalicio, porque lo conozco al detalle. Pero insisto, lo que más me preocupa es el avance de la extrema derecha por todo lo que afecta a los derechos y libertades que tenemos todos como ciudadanos, también los católicos. Entonces, la Iglesia, sorprendentemente, sí tiene estos grupos dentro —lo hemos visto con el Sodalicio— y, por otro lado, a la Iglesia cada vez le molesta más a estos grupos de ultraderecha en la sociedad. Lo estamos viendo con la administración Trump, que es el ejemplo que he mencionado, porque realmente la Iglesia se convierte en un espacio de libertad, de disenso muy necesario en una sociedad tan invasiva, que puede utilizar las nuevas tecnologías para instaurar una oligarquía tecnocrática. Un periodista estadounidense muy importante me decía: “Mire, Jordi, quizás acabamos de asistir a las últimas elecciones verdaderamente democráticas en los Estados Unidos, y eso nos preocupa muchísimo”. Y cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando del mundo occidental, del mundo teóricamente libre y democrático. Por eso, que estos grupos existan dentro de la Iglesia es preocupante. Claro que lo es. Y es un hecho que la Iglesia —especialmente los obispos, que son los directamente responsables del ejercicio pastoral— deben visitar estos lugares, conocer estos grupos, tener contacto directo con su gente, preguntar, tomar nota de sus quejas o incluso denuncias. Y en estos casos de indisciplina grave, actuar, porque pueden actuar. Insisto en que es un reto, pero es un reto que podemos afrontar y que debemos afrontar. No es un desiderátum, no es decir “no podemos hacer nada”; al contrario. Es decir, insisto, la Iglesia puede ser —y de hecho lo es— un espacio comprometido. En estos últimos años, gracias al Papa Francisco, ha estado muy vinculada a una cultura de la prevención, a una cultura del cuidado, frente a la cultura del abuso que vemos por todas partes. Entonces, sí, es un reto, y es un reto que la Iglesia está afrontando. Y en la medida de lo posible, lo hacemos. A veces, por ejemplo, usted me mencionó a Bermúdez, este señor que tiene mucho poder mediático. Pues bien, estos días me está acosando siempre que puede, con difamaciones. Es decir, aguantas, y aguantas con gusto, porque cuando consigues sacar adelante aunque sea un solo caso, una sola persona que haya sido reconocida en su situación, incluso reparada, entonces ya solo por eso todo vale la pena.
[00:21:57] Mònica.
RAC1 [00:21:59] Jordi Bertomeu. Usted ha estado investigando una parte que no tiene que ver con el Sodalicio, que es el Opus Dei, y se trata de otro tipo de situación. Y no tiene nada que ver. Pero es cierto que el Sodalicio no habría progresado tanto en Perú sin la ayuda del cardenal Cipriani, quien fue el primer cardenal del Opus Dei, miembro numerario del Opus Dei. O, por ejemplo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Es decir, estas alianzas entre dos instituciones muy diferentes —el Sodalicio y el Opus Dei—, pero en las que el cardenal Cipriani y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habrían sido claves en el desarrollo del Sodalicio.
Jordi Bertomeu [00:22:41] Desgraciadamente, es cierto, está demostrado. Yo he conocido y conozco… (ininteligible) gente muy buena y también gente que es muy delincuente. Y en este caso, me has mencionado dos nombres que, efectivamente, está demostrado. El mismo Cipriani, en el año 2011 —el año en que está recibiendo críticas, perdón, denuncias por parte de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, que depende del Sodalicio, su rama femenina—, denuncias por abusos y abusos sexuales… ese mismo año, les otorga el reconocimiento canónico a las fraternas. ¿Cómo puedes otorgar reconocimiento canónico diocesano si, como mínimo, existe la sospecha de que están ocultando abusos? Entonces ahí se ve una connivencia con Figari, el fundador, muy peligrosa. Esto ya se habla incluso de corrupción, si no surgen más problemas… (ininteligible). A ver, puede pasar —sí, ya ha pasado—, pero hay que ser conscientes de que lo hacían “por el bien”, porque creían que así protegían la institución… Mire, ninguna institución está por encima de la persona.
RAC1 [00:23:49] Yo tengo una última pregunta antes, pero la mía es: ¿en qué os afecta que precisamente hoy, que es el lunes después del Domingo de Ramos y el inicio de la Semana Santa, tenga lugar esta reunión en el Vaticano? Es decir, ¿tiene esto un mensaje para demostrar a los fieles que en el Vaticano se están haciendo las cosas bien? ¿Qué se está intentando hacer lo correcto?
Jordi Bertomeu [00:24:17] Bueno, no sé si puedo decirlo así, porque en realidad este decreto fue firmado por el Papa el 14 de enero, y no podíamos firmarlo antes (ininteligible), porque una vez firmado, la situación económica queda estabilizada en el momento de la firma y ya no habrá en ese momento dinero — de esos mil millones y muchas propiedades — para poder pagar a las víctimas. Entonces, en estos dos meses, me he tenido que espabilar para… digamos, invitar a la conversión a este grupo, para que soltaran algunos millones, porque tienen que asumir la responsabilidad que tienen con las víctimas.
RAC1 [00:24:51] Dígame.
Jordi Bertomeu [00:24:54] Y después… Lo que tenían que ser unas pocas semanas, cuando ya estaba todo listo para firmar, dijimos: “No vamos a recuperar más millones porque los tienen en manos privadas, no son bienes eclesiásticos”, así que dije “firmemos”. Pero justo entonces es cuando el Papa se puso gravemente enfermo, y si hubiera habido un problema, si llegaba a morir durante este proceso, todo habría quedado paralizado hasta que el nuevo Papa volviera a aprobarlo de forma específica. Así que pasé unas semanas con cierta inquietud. Ahora que ya vemos que el Papa está bien, había que firmar. Me convocaron en Guayaquil para la firma porque el Superior General estaba en Colombia. Yo venía de Filipinas. Fui a Guayaquil. No firmaron. Dijeron que vendrían a Roma la semana del 4 y 5 de abril. No vinieron. Entonces dijimos: se acabó, no queremos demorar esto más, porque puede pasar cualquier cosa también con el Santo Padre — el pobre tiene la salud que tiene, está bien, pero puede pasar cualquier cosa de un día para otro. Por tanto, sí, es una feliz coincidencia que esto caiga en Semana Santa. Y digo “feliz coincidencia” porque es la semana en que vemos que Cristo quiso abrazar la vulnerabilidad, y al hacerlo, demostró su poder. Su poder consiste en “ser víctima”, en hacerse vulnerable. Así que es una feliz coincidencia que la supresión de este grupo sectario y abusivo se dé precisamente en una semana tan importante para los cristianos.
RAC1 [00:26:21] Pero ya para terminar, o para hablar, para hablar… Para hablar de James Bond: en las películas y guiones, James Bond recibía muchas amenazas de muerte, claro. Estamos hablando del Sodalicio de Vida Cristiana. Usted ha estado en el ojo del huracán. Es decir, cuando se supo que usted estaba investigando, seguro que recibió llamadas, amenazas… Vaya, estoy convencido. Esa es una. Y la segunda: ¿de cuánta gente estamos hablando que formaba parte del Sodalicio de Vida Cristiana?
Jordi Bertomeu [00:26:50] La primera pregunta, si me permites Jordi, preferiría no contestarla, porque me está escuchando mi madre y la pobre no dormirá esta noche.
RAC1 [00:26:57] Perfecto, por lo tanto, con la respuesta ya me dice que sí. ¿Y la segunda?
Jordi Bertomeu [00:27:01] Intentaba contestar porque sí, ha sido una temporada muy dura, muy dura. Porque cuando metes la mano en un grupo que además de ser abusivo —estamos hablando de abusos— es mafioso, y mafioso a un nivel importante… porque mil millones —me dijo en broma el Secretario de Estado la semana pasada— me dijo: «Bertomeu, si recuperas los mil millones que estos se han robado, te canonizan en vida». Le dije: «Señor Cardenal…» —se reía— «Es absolutamente imposible, porque está en manos privadas, así que no lo veremos». Creo que tienen que rendir cuentas, y lo insisto: ante la justicia norteamericana. Aquí sí que ya les digo ahora, casi como una amenaza, que trasladaré toda la información a ellos, porque el Vaticano no tiene nada que ver con toda esta trama delictiva…
RAC1 [00:27:51] O sea que la información va hacia el gobierno estadounidense, por lo tanto, hacia la justicia estadounidense. Estamos hablando, ¿eh?
Jordi Bertomeu [00:27:57] Mira, una cosa que uno descubre es que América tiene una legislación imperial, no es nacional. Es decir, en Sudamérica, uno puede ser un delincuente, en este caso un delincuente económico, y te puede salir bastante bien porque puedes comprar algún juez, puedes contar con algún fiscal. En Estados Unidos, insisto, tiene una legislación y una justicia imperial. Ellos te pueden bloquear las cuentas en todo el mundo. Ellos te pueden hacer la vida bastante difícil. Pues miren, los últimos movimientos se han hecho en Denver, Colorado. Es allí porque puede funcionar como paraíso fiscal, tú puedes hacer un paraíso fiscal siempre si todo está limpio, un Offshore. Entonces, pasan cuentas a la justicia estadounidense porque el Vaticano no tiene nada que ver con todo esto. No solo eso, sino que además, el Vaticano, por un principio de transparencia, quiere que todas estas fechorías salgan a la luz. Y la segunda pregunta, perdona, Jordi.
RAC1 [00:28:53] La segunda pregunta era ¿cuánta gente formaba parte de este Sodalicio de Vida Cristiana?
Jordi Bertomeu [00:28:58] Se calcula que el núcleo duro son unas 450 personas, que son los consagrados, ellos y ellas. Hay un grupo que se llama el Sodalicio, que es masculino, consagrados hombres. Y dos grupos consagrados de mujeres. Todos tendiendo a llevar una vida apostólica, y en total somos unos 450. Máximo 500, porque han ido saliendo gente en estos últimos años. Y luego había todo un grupo que se llama Movimiento de Vida Cristiana, que son laicos simpatizantes. Un movimiento de entre 20 y 25 mil personas.
RAC1 [00:29:32] Madre mía, madre mía…
Jordi Bertomeu [00:29:35] Ya es necesario explicarlo todo, explicar los motivos. Y el gran motivo es que el Santo Padre ha determinado, después de la investigación, que no había un carisma originario en Figari y, por lo tanto, lo que hacían no venía de Dios. Él tenía un carisma personal muy grande, pero lo que hacía no venía de Dios, y el Santo Padre, con mucha valentía, lo ha determinado y, por lo tanto, hay que suprimirlo.
RAC1 [00:29:58] Para terminar. Pero lo primero de todo, felicitarlo por la investigación, absolutamente necesaria. Creo que debería extenderse a otras congregaciones, pero en todo caso, eso ya lo decidirán ustedes. En cualquier caso, mi pregunta en parte ya la ha contestado. Pero a mí me preocupa. Ustedes han hecho la investigación de lo que sería la misma congregación y han llegado a la conclusión de que sería una secta abusiva. Pero aparte de eso, como bien explicaba, está toda esta parte que, digamos, podría constituir un clarísimo delito de blanqueo de dinero. ¿Tiene usted constancia de si en estos momentos, aparte de lo que dice — que enviarán toda esta información a la justicia estadounidense—, en el caso de Perú ha habido ya alguna intervención judicial por parte de la fiscalía o de los propios jueces de alguno de los tribunales de estos diferentes países implicados en este delito de blanqueo? ¿Ha intervenido alguien más allá de lo que haya podido hacer la propia Iglesia?
Jordi Bertomeu [00:30:53] Hay una denuncia interpuesta por abusos de conciencia, presentada ya en 2018, que no ha prosperado. Le ha costado mucho al abogado, José Ugaz —con quien tengo un gran contacto y es una gran persona—. Tuvimos un informe de un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, donde se pudo introducir la causa por secuestro psicológico, que es un tipo penal muy novedoso, pero la única manera de poder hacer justicia con esta gente. En cambio, sobre el tema económico, desde 2019 también hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Perú, pero que hasta ahora siempre ha sido entorpecida… Siempre han puesto muchas trabas para que pueda avanzar. Está claro que si solo tuviéramos la justicia peruana, seguramente lo tendríamos difícil, pero confiamos. Confiamos en que la justicia estadounidense sea diferente. Lo digo porque, aunque Trump tiene mucho poder, todavía las instituciones allí funcionan, todavía hay una separación de poderes. Por tanto, confiamos en la justicia norteamericana. En Perú, Colombia, Ecuador, México, Brasil —que es donde están las ramificaciones del Sodalicio—, en esos países a los que tengo que ir a menudo para llevar adelante esta investigación, he hablado incluso con sus ministros de justicia, y ellos te expresan la impotencia de unas instituciones que, insisto, son muy frágiles en esos países. Porque la corrupción —que también tenemos en nuestro país— allí es mucho mayor. La corrupción es siempre una carencia. Es una carencia de procedimientos. Cuantos más procedimientos hay en el camino, menos corrupción hay; cuantos menos procedimientos, más fácil es robar.
RAC1 [00:33:07] ¡Muchas gracias! Un abrazo muy fuerte y felicitaciones por el trabajo.

Jordi Bertomeu, el agente 007 del Vaticano, amenaza a órdenes religiosas en Perú

Manel Riera, ex de CiU e investigado por corrupción, controla la intervención a la orden de las Siervas del Plan de Dios y presiona a Pro Ecclesia Sancta.

Según documentos en poder de EL ESPAÑOL, Riera presume de tener información confidencial y confesó que la orden del Sodalicio sería disuelta cinco meses antes de su anuncio oficial.

Por Luciano Revoredo- LaAbeja.pe
El sacerdote catalán Jordi Bertomeu, conocido como el “Agente 007 del Vaticano” por su rol en investigaciones de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, ha quedado expuesto como un operador eclesial prepotente, cuyas asociaciones con personajes de dudosa reputación y prácticas cuestionables han generado una tormenta de críticas.
Informaciones recientes publicadas por el diario El Español, el portal Infovaticana y otros medios, revelan un patrón de conflictos de interés, abuso de poder y maniobras opacas que comprometen la credibilidad de Bertomeu y cuestionan la legitimidad de sus acciones en el Perú, particularmente en la disolución de movimientos católicos como el Sodalicio de Vida Cristiana, las Siervas del Plan de Dios y la persecución en curso de Pro Ecclesia Sancta.
Este artículo se centra en la figura de Bertomeu, exponiendo cómo su arrogancia y alianzas con figuras controvertidas han dañado a la Iglesia y traicionado la confianza de los fieles.
El epicentro del escándalo es la estrecha relación de Bertomeu con Manel Riera Cunill, un exasesor de Convergència i Unió (CiU) investigado por corrupción urbanística y malversación de más de 4.6 millones de euros en Moià, Barcelona. Según El Español, Riera, nombrado por el Arzobispo de Lima Carlos Castillo, como interventor de Pro Ecclesia Sancta y liquidador de las Siervas del Plan de Dios, carece de experiencia en protección de menores o gestión eclesial. Su única credencial es la “Company for the Protection of Minors”, una empresa británica con empleados ficticios generados por inteligencia artificial, incluido un supuesto CEO llamado Tim Smith.
Tras las revelaciones de El Español, la web de esta empresa eliminó toda evidencia de estos “trabajadores fantasmas”, y la plataforma “We Are Free”, otra iniciativa opaca de Riera para recaudar fondos, fue desconectada.
Riera no solo opera con un historial manchado, sino que ejerce un poder desmedido en el Perú. Documentos internos obtenidos por El Español revelan que, en una reunión del 22 de agosto de 2024, Riera controlaba los temas financieros de las Siervas del Plan de Dios, prohibía comunicaciones externas, exigía confidencialidad absoluta y amenazaba con retirar cualquier ayuda si no se seguían sus directrices.
Su tono prepotente se repitió en un correo a Pro Ecclesia Sancta, donde advirtió: “O cambiáis el discurso que utilizáis, tanto hacia nosotros como hacia el exterior, o no hará falta que continuemos”. Estas acciones, respaldadas por Bertomeu, reflejan una actitud autoritaria que contrasta con la supuesta misión de justicia y transparencia que el sacerdote debería representar.
Lo más grave es que Riera tenía información confidencial sobre la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana cinco meses antes de su anuncio oficial en enero de 2025, un dato que solo pudo haber obtenido de Bertomeu, quien lideraba la investigación. Esta complicidad entre ambos catalanes proyecta una sombra de ilegalidad sobre los procesos de disolución, sugiriendo que Bertomeu utiliza a Riera como un operador sin controles para ejecutar sus agendas personales.
En anterior artículo titulado “La red de amistades peligrosas de Jordi Bertomeu” expusimos cómo el sacerdote se rodea de figuras que comprometen su imparcialidad. Una fotografía publicada por El Español muestra a Bertomeu en un evento privado en Roma, celebrando con vino junto a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, ambos críticos feroces del Sodalicio, y los reporteros católicos Elise Ann Allen y John L. Allen de Crux. Este encuentro ocurrió un día después de la expulsión de varios miembros del Sodalicio, evidenciando una relación de complicidad con quienes abogan por la disolución del movimiento. Como advertimos en esa nota en La Abeja, “la cercanía de Bertomeu con las voces más críticas del Sodalicio, en su rol de investigador imparcial, equivale a un juez confraternizando con los fiscales en un caso penal”. Esta falta de neutralidad socava la legitimidad de las investigaciones vaticanas en el Perú.
Salinas, condenado en 2019 por difamación agravada contra el arzobispo de Piura, y Ugaz, colaboradora de La República, han liderado una campaña mediática contra el Sodalicio, con 69 artículos publicados entre marzo de 2024 y febrero de 2025, muchos de los cuales citan a ambos como fuentes principales. La relación de Bertomeu con estos periodistas, documentada en la fotografía, sugiere que compartió información privilegiada para alimentar su narrativa, comprometiendo el debido proceso. Infovaticana reportó que la disolución del Sodalicio fue filtrada a este medio por dos de sus miembros antes del anuncio oficial, lo que obligó al movimiento a confirmar la decisión prematuramente. Esta filtración, muy posiblemente orquestada por Bertomeu o su círculo, refuerza las acusaciones de manipulación.
Bertomeu no solo se asocia con figuras cuestionables, sino que actúa con una prepotencia que raya en el abuso de poder. Infovaticana y El Español destacan que el sacerdote, apodado “007” por su rol en investigaciones de alto perfil, ha sido acusado de violar el debido proceso en el caso del Sodalicio. El periodista peruano Alejandro Bermúdez, expulsado del movimiento por orden del Papa, calificó la investigación de Bertomeu como “profundamente defectuosa, marcada por una violación flagrante del debido proceso, desprecio por la verdad y un sesgo ideológico”.
Un ejemplo claro de esta prepotencia es la amenaza de excomunión contra dos laicos peruanos, Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, quienes denunciaron a Bertomeu por filtrar información reservada. Ambos recibieron una notificación en septiembre de 2024 acusándolos de “incitar odio contra la Santa Sede” y “obstaculizar el libre ejercicio del poder eclesiástico”. Aunque el Papa anuló la amenaza tras reunirse con ellos, el incidente revela el carácter intimidatorio de Bertomeu, quien parece dispuesto a silenciar a sus críticos con medidas draconianas.
Además, El Español informa que Bertomeu y Riera han presionado a órdenes religiosas como Pro Ecclesia Sancta y las Siervas del Plan de Dios con tácticas coercitivas. Riera, amparándose en la autoridad de Bertomeu, exigió a estas comunidades “rehacer” sus respuestas para que el sacerdote pudiera presentar un “informe creíble” al Papa, una clara manipulación de los procesos canónicos. Estas acciones no solo reflejan un desprecio por la autonomía de las instituciones religiosas, sino también un intento de imponer una agenda ideológica que favorece a sectores progresistas, como la Compañía de Jesús, en detrimento de movimientos conservadores. Al parecer la ola de extorsionadores que afecta al Perú también ha llegado a la Iglesia.
El trasfondo de las acciones de Bertomeu en el Perú apunta a una reconfiguración de la Iglesia Católica en América Latina, con la Compañía de Jesús consolidando su hegemonía.
El Español señala que los jesuitas han fortalecido su influencia a través de instituciones educativas como la Pontificia Universidad Católica del Perú y el nombramiento de figuras como Gilberto Vizcarra como arzobispo de Trujillo. La disolución del Sodalicio, las Siervas del Plan de Dios y la intervención de Pro Ecclesia Sancta, todos movimientos de espiritualidad conservadora, parecen responder a un esfuerzo deliberado por debilitar a estos sectores y favorecer una narrativa progresista.
Bertomeu actúa como un “operador eclesial” que, lejos de buscar justicia para las víctimas de abusos, utiliza su autoridad para avanzar una agenda ideológica. Su alianza con Riera, un personaje con un historial de corrupción, y su cercanía con periodistas como Salinas y Ugaz, conocidos por su activismo contra la iglesia, refuerzan esta percepción.
Jordi Bertomeu, presentado como el paladín de la justicia contra los abusos en la Iglesia, ha quedado desenmascarado como un operador prepotente que se asocia con personajes de dudosa reputación y manipula procesos eclesiales para servir intereses ideológicos. Su alianza con Manel Riera, un exasesor corrupto con empresas fantasma, y su confraternización con periodistas y activistas enemigos de la iglesia como Pedro Salinas y Paola Ugaz comprometen la imparcialidad de las investigaciones vaticanas en el Perú. Las amenazas, filtraciones y tácticas coercitivas de Bertomeu han dañado a la Iglesia, traicionando la confianza de los fieles y ensuciando la misión de sanar las heridas de las víctimas de abusos.
En un momento en que la Iglesia Católica enfrenta una crisis de credibilidad, figuras como Bertomeu representan lo peor de la institución: arrogancia, opacidad y abuso de poder. Es hora de que el Vaticano reevalúe el rol de este “Agente 007” y garantice procesos transparentes que respeten la verdad y la justicia. Los fieles peruanos, y la memoria de quienes han defendido la fe en el país, merecen algo mejor que un sacerdote que opera en las sombras con amistades peligrosas.

Ollanta Humala fue recluido en el penal Barbadillo de Ate para cumplir su sentencia, informó el INPE

En “X”, el INPE señaló que garantizará el respeto de los derechos fundamentales del exmandatario y el “estricto” cumplimiento del régimen penitenciario de acuerdo a ley.

El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) fue recluido en el penal Barbadillo de Ate para cumplir la condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, luego de ser clasificado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
A bordo de una camioneta con lunas polarizadas y en medio de un fuerte cordón policial, Humala Tasso llegó a dicho reclusorio habilitado para los expresidentes.
En tanto, a través de su cuenta en “X”, dicha entidad señaló que garantizará el respeto de los derechos fundamentales del exmandatario y el “estricto” cumplimiento del régimen penitenciario de acuerdo a ley.
“El sentenciado Ollanta Humala Tasso ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo. El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley”, señaló en la red social.
La Cancillería informó que la exprimera dama Nadine Heredia pidió asilo político a Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por el Poder Judicial por el delito de lavado de activos agravado.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que la Embajada de la República Federativa del Brasil en el Perú, ha comunicado que la señora Nadine Heredia Alarcón ingresó esta mañana a la sede de su Embajada”, señaló.
“La señora Heredia ha solicitado asilo a dicho país, en concordancia con lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual el Perú y el Brasil son parte”, agregó Torre Tagle.
Cabe recordar que en el penal Barbadillo están recluidos otros dos expresidentes: Alejandro Toledo (2001-2006), sentenciado a 20 años de prisión por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple dos órdenes de prisión preventiva.
Como se recuerda, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, liderado por la jueza Nayko Coronado, condenó a 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista, durante las campañas del 2006 y 2011.
Además, ordenó su internamiento en dos penales hasta el 28 de julio del 2039. En este caso, la reducción obedece al tiempo que permanecieron con prisión preventiva. Ambos deberán pagar S/10 millones de reparación civil.
Previamente, Ollanta Humala pasó una revisión médica, a cargo de representantes del Instituto de Medicina Legal (IML), antes de ser trasladado al centro penitenciario de Ate.
Al no estar presente en la audiencia, el juzgado emitió orden de captura contra la exprimera dama Nadine Heredia. La lectura completa de la sentencia se realizará el 29 de abril y la decisión puede ser apelada.
Fuente: Diario El Comercio.

Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Hasta que al Poder Judicial no le quedó otra que anular el caso Cocteles (aportes de campaña del fujimorismo), que llevó a prisión a Keiko Fujimori 18 meses. Insólito, injusto y repugnante porque la acusación de lavado de activos vía Fuerza Popular, su partido, fue un constructo ajeno al derecho y a un proceso judicial medianamente equitativo. Varios otros fujimoristas purgaron prisión. Fue una noche de San Bartolomé, una razzia sin igual en nuestra historia. Luego de 10 años de diligencias, este caso, a cargo del desequilibrado fiscal José Pérez, regresa al Ministerio Público. Estará a manos de un nuevo magistrado quien tendrá que acusarla, sabe Dios de qué, porque por lavado de activos no será. El avezado fiscal Pérez no pudo probar ninguna de sus acusaciones, forzó la ley porque recibir dinero de aportantes no era delito, pero se impuso de manera prepotente, abusiva. ¿Cómo lo logró? Con el respaldo de una fiscalía altamente politizada y, vamos, ¿por qué no decirlo?, criminal. Quitarle la libertad a un ser humano por razones ajenas a las leyes es un acto criminal. El objetivo de toda esta tramoya fue, claramente, sacar a la “China” (Keiko Fujimori) de la carrera presidencial.
Pero este plan delictivo no bajó del aire. Estuvo bien fraguado por —esta vez sí— una verdadera organización criminal que incluyó a las cabezas de la fiscalía al mando de Pablo Sánchez y sus subordinados, una ONG como IDL, parte de la DIVIAC del policía Harvey Colchado, a magistrados como Víctor Zúñiga (juez superior provisional), quien devolvió la acusación del malero fiscal Pérez 19 veces, o el juez Richard Concepción Carhuancho, medios de comunicación y otros actores que le dan una dimensión monstruosa al caso Cocteles. Incluye al gobierno del ‘Lagarto’ Vizcarra, que descabezó la fiscalía y dirigió el ataque contra el exfiscal Pedro Chávarry. Un verdadero holocausto jurídico que restringió la libertad de muchos, destruyó la actividad política de un partido, afectó la vida y la salud de los implicados, además del gasto en defenderse. Otro hecho insólito en este pogromo es que se acusó a los abogados de las víctimas. Afortunadamente —dicen que los buenos terminan ganando— el doctor Arsenio Oré, destacado letrado acusado por el desequilibrado Pérez, puso la pica en Flandes y desbarató su plan con las consecuencias que conocemos hoy.
En su vesania, el avezado Pérez pidió 30 años y 10 meses contra Keiko Fujimori y otros partidarios. Pero no son los únicos que están en esta masacre judicial. Sería saludable desbaratar a la mafia que la propició. Un buen inicio es denunciar a los fiscales y jueces que cometieron las irregularidades. En el Perú, hay que devolver la confianza en el sistema judicial. Con situaciones como estas, el ciudadano concluye fácilmente que todo está podrido y respetar la ley no sirve de nada. Es necesaria una sanción rápida y ejemplar.
Igual con el doloroso caso del suero Medifarma. Ocurridas las lamentables muertes, el ministro de Salud le retiró, manu militari, el registro sanitario a todo el laboratorio, fabricante de más de 400 medicamentos. ¿Cuál es la relación entre suero y medicinas? Ninguna. Pero luego, el ministro reculó, permitiendo el uso de suero de Medifarma para evitar el desabastecimiento. ¿En quién confiar, cómo estar seguro de que nuestra vida no peligra?

Exigen prisión preventiva para fiscal Domingo Pérez

El congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga pidió prisión preventiva contra el suspendido fiscal José Domingo Pérez.
Aguinaga manifestó que el fiscal, conocido por encabezar las investigaciones del caso Lava Jato, debe enfrentar las mismas medidas judiciales que aplicó a otros investigados, como la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori.
El legislador acusó a Pérez de actuar con motivaciones políticas y de utilizar su cargo para hostigar a Fuerza Popular. “Ahora tiene una suspensión y estoy seguro de que en algún momento le caerá una prisión preventiva, como él se vanagloriaba y regocijaba llevando a Keiko Fujimori tres veces a prisión”, declaró.
Aguinaga fundamentó su demanda en la existencia de un desbalance patrimonial atribuido al fiscal, situación que —según sus palabras— amerita la misma severidad que Pérez exigió contra otros ciudadanos.
“Hemos visto que le encontraron un desbalance patrimonial, ¿dónde está la sanción? Pediría la prisión preventiva así como él solicita a otros”, enfatizó el parlamentario.
También cuestionó la imparcialidad del equipo fiscal liderado por Pérez, Marita Barreto y Rafael Vela. Desde su punto de vista, los mencionados fiscales dirigieron sus esfuerzos más a la persecución política que a la búsqueda de justicia.
En la víspera, Domingo Pérez ‘se alocó’ luego de que no lo dejarán ingresar a su oficina. Ante el incidente, acusó directamente al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, de emitir la medida en su contra.
Afirmó que lo único que quería era recoger sus pertenencias y hacer el traspaso del cargo al fiscal que quedará a cargo de sus funciones. Explicó que, tras ser notificado de la decisión la tarde de ayer lunes, no le alcanzó el tiempo “para hacer el inventario correspondiente”.
“Pero me doy con la ingrata sorpresa de que la autoridad de control, a cargo de Antonio Fernández Jerí, había mandado un documento al personal de ingreso de control de las puertas que me impidiera el ingreso al mismo“, afirmó.
Por ende, el fiscal que no pudo mantener el juicio por el caso ‘Cócteles’ denunció lo ocurrido en la comisaría de San Andrés, Cercado de Lima, para que quede registrado.
Fuente: Diario La Razón.

El caso contra Keiko Fujimori retornará a la etapa de control de acusación. (Foto: Archivo GEC)

La anulación del juicio contra Keiko Fujimori es una derrota sin atenuantes para varios magistrados.

Esta semana, el Poder Judicial confirmó la anulación del juicio contra Keiko Fujimori y casi 50 imputados más por el Caso Cocteles, al rechazar las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Público como por la procuraduría que buscaban revertir el fallo inicial de enero. La decisión es una derrota sin atenuantes para el equipo a cargo del proceso, encabezado por el fiscal José Domingo Pérez, pues, si bien no implica necesariamente una absolución de los acusados, ya que el proceso volverá a la etapa intermedia, sí golpea la reputación de los investigadores y pone en duda, en el mejor de los casos, sus capacidades y, en el peor, sus motivaciones.
La fiscalía no pudo presentar una acusación sólida a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones y en el camino manchó a varias personas, entre ellas, empresarios, lo que contribuyó a dañar la percepción ciudadana de la inversión privada. El proceso concitó gran interés en la opinión pública porque comprendía a una candidata que estuvo tres veces a punto de llegar a la presidencia , y en cuyo último intento, en el 2021, el proceso jugó un papel determinante.
Y, sin embargo, la responsabilidad les quedó grande a varios magistrados. Empezando por el equipo de la fiscalía, que, entre otras cosas, se apresuró en presentar la acusación cuando todavía faltaban diligencias por realizar y cuando esta tenía vicios tan visibles que el Ministerio Público fue parchando, una y otra vez, a posteriori. El hecho de que esta decisión precipitada haya coincidido además con el calendario electoral del 2021 solo abona a la sensación de que se dio por motivos extralegales. Añadido a ello, en el proceso se cometieron abusos que se extendieron más allá del límite de lo razonable, como la acusación contra el expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, sin mayores pruebas, y otros que fueron corregidos por el TC, como el que comprendía al abogado Arsenio Oré. Por no hablar del tiempo perdido para los más de 40 imputados cuyas vidas se han visto interrumpidas por este juicio.
Pero tan responsable como el equipo de la fiscalía que estuvo a cargo del Caso Cocteles es el magistrado Víctor Zúñiga, el juez que debía verificar que la acusación cumpliera con los requerimientos necesarios para evitar que se terminara cayendo, como finalmente pasó.
En fin, lamentablemente, el que debía ser un proceso emblemático se terminó convirtiendo en un, por así decirlo, coctel de errores que los magistrados fueron arrastrando hasta la sala de audiencias solo para que, una vez allí, se terminara cayendo por su propio peso. Ojalá que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial saquen las lecciones apropiadas. Después de este jalón de orejas, un poco de autocrítica no estaría mal.
Fuente: Editorial del Diario El Comercio.

Poder Judicial confirma anulación del juicio a Keiko Fujimori

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional señala que luego de anularse la acusación contra José Chlimper, los demás acusados se encuentran en una situación procesal comprometida.

Por Sofía López– Diario Correo.
El Poder Judicial (PJ) confirmó la anulación del juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y más de 30 procesados por el Caso Cocteles, así lo anunció su abogada Giulliana Loza.
El 13 de enero de este año, el tribunal a cargo del juicio del Caso Cocteles anunció su decisión de anular todo lo avanzado del proceso por los presuntos aportes ilícitos a las campañas del 2011 y 2016.
Así, el caso retrocedió a la etapa anterior, es decir, el control de acusación.
La Fiscalía decidió apelar la decisión, por ese motivo, el 27 de marzo se evaluó la solicitud y se dejó al voto.
Loza, abogada de Keiko, dio cuenta de la decisión del fallo a favor de su patrocinada.
“¡La justicia vuelve a darnos la razón! Desde el primer día denunciamos, con firmeza y convicción, que este proceso era arbitrario. Señalamos cada atropello, cada vulneración al debido proceso, cada intento por torcer la justicia con fines políticos”, escribió en redes sociales.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional señala que luego de anularse la acusación contra José Chlimper, los demás acusados se encuentran en una situación procesal comprometida.
El Tribunal Constitucional anuló la acusación contra José Chlimper.
“La nulidad respecto a uno de los actores principales del caso impacto directamente en las imputaciones formuladas contra los demás implicados, debido a la naturaleza transversal de los delitos que se les imputan”, indica el documento.
Como se recuerda, el Tribunal Constitucional anuló la acusación contra Chlimper, exdirigente naranja.
“Si el caso de Chlimper ha sido anulado, afecta la base fáctica de las acusaciones por organización criminal, lavado de activos y otros delitos”, destaca el fallo judicial.
Por su parte, Keiko Fujimori se pronunció para recordar que pasaron cerca de 10 años desde el inicio de la pesquisa.
“De nuestra parte, siempre dimos la cara y colaboramos con la justicia. De la otra parte, solo recibimos abusos sistemáticos que nos llevaron incluso a perder la libertad. En mi caso, casi un año y medio de prisión injusta y alejada de mi familia”, dijo.

En Arequipa, falleció el padre Jozef Van Den Ouweland, más conocido como el padre Jef, un personaje en Ichuña, Moquegua. Su legado trasciende lo religioso, pues fue un impulsor del desarrollo y la educación en una zona olvidada por el Estado. Gracias a su esfuerzo, cientos de jóvenes accedieron a oportunidades que parecían imposibles.
El padre Jef llegó a Latinoamérica en 1984, con el sueño de conocer los Andes del Perú, a los que llamaba “el continente de la esperanza”. En 1990, arribó a Ichuña, donde inició una transformación profunda: gestionó la llegada de luz eléctrica, impulsó la instalación de telefonía rural, cabinas de internet y una emisora para mejorar la comunicación del pueblo.
Pero, su mayor legado fue la creación del Instituto Tecnológico y Pedagógico Alianza Ichuña Bélgica, que permitió la profesionalización de jóvenes de Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno. Personas que trabajaron con él en proyectos, como la congresista Hilda Guevara, dijeron no haberle notado nada anómalo.
Sacerdote belga acusado de pedofilia abandonó el Perú en el 2010 y volvió a retornar 
El sacerdote belga Jozef E. Van Den Ouweland abandonó el Perú luego de conocerse las acusaciones en su contra por abuso sexual a tres niños en Bélgica. Según comentó a sus allegados, se iba a “aclarar su situación” en su país.
Perú21 conversó con fuentes del Obispado de Puno, que tiene a cargo las parroquias del distrito de Ichuña (Moquegua) donde el cuestionado religioso realizaba su actividad pastoral, y nos informaron que Van Den Ouweland dejó la localidad y se dirigía a su país.
Como se recuerda, la Diócesis de Amberes lo suspendió temporalmente de sus funciones religiosas, mientras duren las investigaciones de pedofilia que pesan sobre él.
Fuentes del aeropuerto Jorge Chávez nos informaron que el sacerdote llegó a las instalaciones y presentó sus documentos personales como el carné de extranjería y su pasaporte. Según agentes de la Policía de Extranjería, se puso algo nervioso y se dirigió a los servicios higiénicos.
“Nosotros sabíamos que era el sacerdote belga. Lo observamos y se inquietó un poco. Luego de pasar todos los controles se dirigió a la sala de embarque”, expresó un policía. El religioso partió en el vuelo 2706 de la aerolínea LATAM con destino a Madrid, España. Supuestamente de allí partiría a Bélgica.
En tanto, la comunidad de Ichuña expresó su indignación por las acusaciones contra el cura y manifestó su apoyo y respaldo; en vista que realizó varias obras en favor de la educación. Además, asegura que nunca se han registrado denuncias de pedofilia en esa localidad.
Fuente: Diario Perú21.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió retirar a Martín Vizcarra del padrón de afiliados de su partido político, Perú Primero. La medida se basa en inhabilitación política para ejercer cargos públicos por 10 años, luego de que el Congreso de la República lo acusó constitucionalmente por el caso Vacunagate.
JNE aprueba desafiliar a Vizcarra de su partido
A través de sus cuentas oficiales, en redes sociales, el JNE expuso la aprobación tomada en su sede, indicando que Vizcarra Cornejo y otros dos “ciudadanos” contaban con restricciones por orden del Parlamento. Entre ellos se encuentran Víctor Zamora, ex ministro de Salud durante el gobierno de Vizcarra, y el excongresista Freddy Díaz Monago, acusado por presunto abuso sexual.
Los tres mencionados cuentan con una inhabilitación política para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años, siendo Vizcarra y Zamora acusados constitucionalmente por haberse vacunado irregularmente contra la Covid-19 en tiempos de pandemia. Por su parte, el excongresista fue acusado por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer en su oficina parlamentaria.
Por tal motivo, ninguno de ellos aparece como afiliado en el padrón de organizaciones políticas del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas. En el caso del expresidente, desde la fecha no forma parte de Perú Primero, partido que fundó poco después de ser apartado del Gobierno, con el que pretendía postularse nuevamente a la Presidencia en las elecciones generales de 2026.
Se consultó a Congreso, Poder Judicial y Tribunal Constitucional por inhabilitaciones
Dentro de sus argumentos, el JNE explicó que su acción responde a la solicitud presentada al Congreso de la República, mediante el Oficio N°144- 2025-P/JNE. En dicho documento, solicitó la relación de ciudadanos que se encuentran en la condición de inhabilitados por el Parlamento. Asimismo, envió oficios similares al Poder Judicial (PJ) y Tribunal Constitucional (TC), a fin de conocer si se había revertido lo dictaminado por el Legislativo.
“El JNE ofició al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para conocer si las decisiones dictadas por el Poder Legislativo habían sido revertidas. Al obtener las respuestas correspondientes de estas instituciones, se procedió de la manera señalada”, concluyó el pronunciamiento.
Elecciones 2026: JNE insta a las autoridades a cumplir con las normas de neutralidad
Cabe desatacar que Martín Vizcarra también podría ser inhabilitado por el cierre del parlamento, luego de que se aprobó el informe que recomienda tal acción en su contra. Por el momento, el exmandatario estaría impedido de integrar el padrón de Perú Primero, por lo que tampoco podría participar en las elecciones generales de 2026.
Fuente: www.exitosanoticias.pe

El Tribunal Constitucional destituyó a la senadora Isabel Allende por su rol en las gestiones de la fallida compra de la casa de su padre. La decisión impacta al Partido Socialista y al Gobierno de Gabriel Boric, quien había impulsado la idea de convertir la residencia en un museo.
Luego de más de 30 años de servicio en el Congreso, la senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende Bussi, se verá obligada a dejar su cargo. La decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional (TC), que aprobó el requerimiento presentado por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos.
Este fallo surge a raíz de su implicación en la fallida compraventa de la casa del expresidente y figura más simbólica del socialismo chileno, Salvador Allende, padre de la legisladora.
Se trata de un golpe al corazón del Partido Socialista y de toda la izquierda chilena. Con la destitución de la senadora Isabel Allende, las repercusiones del caso también podrían afectar al Presidente Gabriel Boric.
Recordemos que el 16 de marzo pasado, en medio del escándalo por la compraventa, el Mandatario reconoció que él planteó la iniciativa del proyecto de convertir la residencia de Allende en un museo e impulsó su compra.
“Esto lo he dicho en privado y lo digo públicamente: yo, como presidente, le planteé a la senadora (Isabel) Allende, le planteé también a la familia Aylwin, que consideraba que las casas del presidente que murió defendiendo la democracia en La Moneda y quien había sido el primer presidente retomada la democracia, tenían que ser patrimonio público”, dijo Boric en Chilevisión en dicha ocasión.
La sentencia del Tribunal Constitucional ocurre pocas semanas después de la salida de la sobrina del exmandatario, Maya Fernández Allende, del Ministerio de Defensa por el mismo caso.
El TC acogió los argumentos presentados por los abogados de la oposición, Emiliano García (Republicanos) y Máximo Pavez (Chile Vamos), quienes solicitaban la destitución de la legisladora por ser copropietaria del inmueble del exmandatario.
Se apuntó específicamente al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los parlamentarios celebrar o caucionar contratos con el Estado durante su ejercicio. Este artículo fue la base de los requerimientos presentados en contra de la senadora, que finalmente derivaron en su destitución.
La decisión, según consignó el medio Ex-Ante, tuvo ocho votos a favor (Daniela Marzi, presidenta del TC, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht, Raúl Mera, Miguel Angel Fernández y Héctor Mery) fue redactada por los ministros María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Raúl Mera). Y dos en contra (Catalina Lagos y Mario Gomez).
La Moneda también se sacude, ya que la coalición gobernante mantiene la mayoría en el tribunal. Esto cobra especial relevancia porque las ministras designadas por el presidente Boric, Marzi y Yáñez, votaron a favor de destituir a la senadora Allende. Ambas son cercanas al Frente Amplio, lo que ya está generando indignación entre los socialistas.
Según la Constitución, cuando un senador es destituido por el Tribunal Constitucional debido a la causal establecida en el artículo 60, su escaño queda vacante. Para llenar esa vacante, se aplica lo establecido en el artículo 51, que indica que el cargo será ocupado por un reemplazante designado por el partido político al que pertenecía el parlamentario destituido.
“Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”.
En este caso, el Partido Socialista (PS) deberá nominar a un reemplazo para completar el período legislativo de Isabel Allende.
La senadora, que lleva más de tres décadas en el Congreso (como diputada desde 1994 y senadora desde 2010), fue defendida por su abogado, el socialista Gabriel Osorio. Argumentó durante el proceso que la compra de la casa había sido aprobada por el Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos de 2024. Sin embargo, la controversia se centra en el hecho de que tanto ella como su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández (PS), figuraban como propietarias del inmueble y estaban constitucionalmente impedidas de celebrar contratos con el Estado.
Desde la oposición, el diputado Miguel Mellado, jefe de la bancada RN, declaró que “lo que un tribunal constitucional con mayoría de izquierda pudo ver con claridad, fue rechazado por el vergonzoso oficialismo hace una semana en el Congreso”. A su juicio, “cualquiera podría ver que acá se transgredió la Constitución y en eso tiene una complicidad el gobierno y el derroche de negligencia de sus autoridades y técnicos que permitieron esto. La negligencia del Presidente y su equipo cobra otra víctima”.
Fuente: ElMostrador.cl

PUNTO DE ENCUENTRO. En La Poza se cruzan los caminos de indígenas, comerciantes y mineros ilegales del distrito de Río Santiago. Foto: Ojo Público/ Renato Pajuelo

Minería ilegal toma el río Santiago en la Amazonía peruana

Por Jonathan Hurtado y Aaron Wörz– Ojo Público.
En el distrito Río Santiago, en la frontera peruana con Ecuador, una localidad destaca entre todas: La Poza. Se ubica a orillas del río que da nombre al distrito, en la región Amazonas, a seis horas en bote de la frontera y a dos días de viaje de Lima. Está rodeada de montañas, en una zona habitada por 70 comunidades de los pueblos indígenas awajún y wampis. A diferencia de una comunidad, aquí, el ruido de los mototaxis, la presencia de colonos, los bares abiertos desde muy temprano en las mañanas y los grifos ilegales revelan el auge de la fiebre del oro en la Amazonía.
Es fines de febrero, el calor es agobiante y el sol del mediodía resplandece en las polvorientas calles de La Poza. Al llegar al puerto, cualquier foráneo es visto con recelo. Lo primero que se ve es un hotel que guarda decenas de cajas de cerveza en su primer piso, un bar donde dos mujeres jóvenes toman cerveza y un grifo informal que además de combustible vende aguardiente. “¿Cuánto está el galón de combustible?”, preguntamos a la señora que atiende el grifo. Antes de responder, ofrece un trago de licor.
Un equipo de Ojo Público recorrió el lado peruano del río Santiago, desde Santa María de Nieva (capital de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas), hasta el límite con Ecuador, e identificó la presencia de al menos 17 dragas ilegales que remueven el lecho del río para extraer oro ilegal y un taller donde se fabrican estas máquinas.
Las entrevistas y testimonios recogidos muestran cómo el lucrativo negocio del oro atrae a actores criminales, divide a las comunidades indígenas y amenaza a quienes defienden el territorio. Cada draga, dependiendo del tamaño y su ubicación, puede extraer en la Amazonía, entre 80 y 120 gramos de oro de 24 quilates por día.
En La Poza, este medio también identificó tres tiendas que compran oro ilegal a escondidas. En una de estas, donde aparentemente se vende solo abarrotes, un señor mayor sentado sobre una banca paga hasta S/280 por gramo de oro. “Todo depende de la calidad”, dice. Por esos días el oro en el mundo alcanzó el preció histórico de S/ 376 el gramo, un tercio más sobre el valor ofrecido en esta tienda.
COMERCIO. A diferencia de lo que se ve en las comunidades indígenas, La Poza cuenta con restaurantes, mototaxis y numerosas tiendas. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
La ausencia de la policía y de las Fuerzas Armadas en los 230 kilómetros del río en territorio peruano es total. Solo los líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), la organización que agrupa a la mayoría de comunidades, intenta ejercer un control sobre el río con el fin de reducir la minería ilegal.
“Nos oponemos [a la minería] porque hay incremento de contaminación del medio ambiente. Hablamos de todo: de agua, de suelo, de plantas, del aire. (…) También causa problemas sociales, contradicciones dentro de la familia”, señala un dirigente indígena de la zona, cuya identidad no se menciona porque ha sido amenazado por su oposición a la minería ilegal.
Uno de los principales insumos para la minería ilegal es el combustible que se usa para el bombeo de los motores en las dragas. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), solo un establecimiento tiene autorización para vender combustible en La Poza, pero Ojo Público identificó que funcionan al menos otros cuatro.
En esta cuenca, según la información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), existen 11 concesiones mineras tituladas, una en trámite y dos caducadas.
El gobierno peruano otorgó el 64% de estas concesiones entre 2019 y 2022. Una de las concesiones, de 300 hectáreas y que se superpone a un sector del río Santiago, tiene como titular a Oro Grande Mining S.A.C. Ojo Público intentó comunicarse con la empresa, sin embargo, la dirección que aparece en su expediente en el Ingemmet, que corresponde al distrito de Surquillo, en Lima, no existe.
De acuerdo a Sunat, desde julio de 2023, Oro Grande Mining S.A.C. aparece con “baja de oficio”.
SUPERPOSICIÓN. Una concesión minera de 300 hectáreas se superpone a un sector del río Santiago, asediado desde hace varios años por la minería ilegal. Fuente: Geocatmin/ Ingemmet
Explotación sexual y vida nocturna
Durante la noche, las calles de La Poza siguen llenas de gente. La luz eléctrica solo llega a través de generadores con petróleo que iluminan las tiendas y los restaurantes. Un joven, hijo del dueño de un hotel, invita a los desconocidos a visitar “La Esquina”, una discoteca en la última calle del centro poblado, al lado del cementerio. Él mismo es quien abiertamente habla de que en ese lugar “hay chibolitas”. Otros testimonios en la zona confirman esta situación y señalan casos de explotación sexual de mujeres y niñas.
La discoteca es una pampa techada con calaminas, con mesas de plásticos de colores, cada una con solo dos sillas, cercada con bloques de cemento. Un niño en edad escolar recibe una botella de cerveza de un hombre alto en bividí. Las mujeres jóvenes que atienden, se acercan cada tanto a los visitantes para ofrecerles más cerveza, beben y bailan con ellos. Después de cada copa giran el vaso boca abajo.
“Algunas jovencitas [de las comunidades wampis] se van a La Poza en busca de trabajo. (…) Los dueños de los bares son los que las llaman. Ellos invitan y buscan a las chicas para utilizarlas como servicio”, denuncia un joven dirigente indígena, a quien como otros líderes entrevistados no identificaremos en este reportaje para garantizar su seguridad. “Los mineros aprovechan, porque dicen que tienen dinero”, explica. La explotación sexual avanza en todas las localidades cercanas a las zonas de extracción ilegal de oro.
SIN DESCANSO. Mujeres jóvenes de comunidades indígenas trabajan hasta el amanecer en los bares de La Poza, frecuentados por mineros ilegales. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
Las personas entrevistadas durante el viaje aseguraron que esta situación alcanza también a mujeres de nacionalidad ecuatoriana y venezolana. En diciembre de 2024, la municipalidad de Río Santiago identificó a menores de edad y mujeres que trabajaban en estos bares, confirma un funcionario del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
El combustible que alimenta las dragas y motores del río Santiago tienen una única ruta: se transportan desde Jaén (Cajamarca) y Bagua (Amazonas) hasta Santa María de Nieva, y desde ahí, donde termina la carretera, se envía por vía fluvial hacia las localidades ribereñas.
En la avenida Simón Bolívar –la vía principal de Santa María de Nieva–, una tienda de óptica, además de gafas para los cortos de vista, vende lentes para ver bajo el agua, aletas para nadar y otros implementos de buceo, aunque aquí nadie practica el buceo.
Cuando se le pregunta al comerciante sobre qué animales o peces se pueden ver en las turbias aguas del río Santiago, responde que ninguno. Sus clientes, reconoce, son buscadores de oro que utilizan el equipo para reparar dragas bajo el agua, o para protegerse de las salpicaduras de barro en las horas de trabajo.
Zona caliente y un taller ilegal
A primera hora de la mañana, en la orilla de la comunidad San Juan, donde viven indígenas awajún y wampis, un grupo de hombres se prepara para utilizar las dragas. Uno de ellos se da cuenta de la presencia de extraños, con sus dedos hace la forma de una pistola y apunta hacia el agua.
Sobre el río, flotan bidones azules de gasolina vacíos y forman un círculo: los mineros ilegales usan estos puntos para marcar los lugares donde han encontrado oro, pero que han tenido que abandonar de forma involuntaria debido a los cambios en el nivel del agua. Esas marcas los ayuda a saber a dónde tienen que volver para seguir extrayendo oro.
Los primeros 50 kilómetros del río, desde Santa María de Nieva, es la zona más disputada por la minería ilegal en la región: concentra el 94% de las dragas identificadas a lo largo de este río. Cuatro de las seis comunidades localizadas en esta parte se dedican y apoyan abiertamente a la minería ilegal: San Juan, Belén, Fortaleza y Guayabal.
RECORRIDO. Actualmente, en los 230 kilómetros que tiene el río en territorio peruano, la minería ilegal se concentra en la parte baja, desde La Poza en dirección Santa María de Nieva.
Infografía: Ojo Público/ Jhafet Ruiz Pianchachi
La fiebre del oro vulnera también los derechos de los niños. En enero de este año, el gobierno autónomo de los wampis denunció que los mineros han comenzado a usar a los niños como “escudos humanos”, precisamente en las comunidades de Belén, Guayabal y Fortaleza. Los menores son puestos deliberadamente en las dragas con el fin de que los policías no puedan detonar las balsas.
Un vídeo grabado a inicios de este año en los alrededores de la comunidad de Fortaleza, muestra cómo los mineros ilegales han instalado un taller para la fabricación de dragas. En las imágenes se ven varias tiendas de campaña, una máquina de soldar, un almacén con combustible e Internet por conexión vía satélite. Actualmente, la inseguridad impide que un extraño pueda rondar la zona o sobrevolar un drone.
FABRICACIÓN. Cubiertos de plástico azul, en la comunidad de Fortaleza líderes wampis identificaron instalaciones donde se fabrican balsas para las dragas. Foto: Ojo Público/ Renato Pajuelo
Sin embargo, con el apoyo del equipo de la organización Amazon Conservation Team, Ojo Público identificó –a través del análisis de imágenes satelitales– que estas instalaciones se construyeron en los últimos doce meses. Con este taller, los mineros ilegales pueden sustituir rápidamente las dragas destruidas en las raras incursiones policiales. La policía conoce esta situación, pero, a pesar de que el puesto más cercano se encuentra a solo dos horas en bote, hasta el momento no han intervenido el taller ilegal.
Cuando los dirigentes indígenas wampis fundaron el gobierno autónomo en 2015, la lucha contra las actividades ilegales fue uno de los motivos para organizarse. En la comunidad de San Juan, por ejemplo, se extrae oro desde hace aproximadamente una década. Los líderes toman regularmente fotografías del paisaje fluvial con drones, pero en varias ocasiones, han sido amenazados por mineros ilegales durante su trabajo de monitoreo.
En enero, la nación wampis denunció que los mineros han comenzado a usar a los niños como “escudos humanos”.
Los impactos de la extracción de oro ilegal son cada vez más evidentes en la cuenca del río Santiago. En las playas de la comunidad de Belén se forman bancos de arena a partir del sedimento bombeado en el centro del río.
Aunque las evidencias del crecimiento de la minería ilegal empiezan 40 kilómetros antes, en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui.
La tentación brillante
Jeremías Bailón Maldonado, un ancashino de 41 años, llegó a Nieva hace varios años y trabajó en una draga del río Santiago. La mayoría de los propietarios de estos artefactos proceden de otras partes de Perú. Vienen de Madre de Dios, Huánuco, Piura, o Loreto, informan varias personas y autoridades de la región y de la policía.
La promesa de enriquecimiento rápido tentó a Bailón a invertir en la minería ilegal. Aún hoy, dice: “La minería ilegal mueve dinero en el río Santiago. Si los habitantes de la comunidad se suman por necesidad, es válido”.
Bailón es mecánico. Esto le ayudó en su trabajo con las dragas. Para bombear la tierra, los mineros utilizan motores de vehículos que deben modificarse y revisarse periódicamente.
En su caso, cuenta que utilizó un motor de la marca Nissan. Aunque otras dragas están equipadas incluso con motores de la marca Mercedes, explica. Normalmente, el motor de una draga tiene una potencia de 50 caballos de fuerza. Las que son más grandes, conocidas como tracas, llegan a tener hasta 150 caballos de fuerza.
CONVERSIÓN. Jeremías Bailón trabajaba como minero ilegal en el río Santiago. Hoy tiene un restaurante y rechaza la extracción ilegal de oro.  Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
El final de la carrera de Bailón como minero ilegal llegó con dos operaciones policiales. La policía destruyó sus equipos y abrió una investigación. Según él, el caso ya está cerrado.
Hoy en día, Bailón tiene una chacra de cacao y un restaurante en La Poza. Como presidente de la organización “Frente de Desarrollo de La Poza” (Fredepop), representa los intereses del principal centro comercial en el distrito de Santiago.
Hace diez años, cuando Bailón era minero ilegal, recuerda que podía vender un gramo de oro por S/ 90. Hoy el precio es casi el triple. ¿Le tentará de nuevo el dinero rápido?, le preguntamos. Bailón se ríe. Ahora tiene hijos y una familia, y dice que por eso no merece la pena correr riesgos. Durante la entrevista dice que rechaza la minería ilegal y que el estado necesita ofrecer mejores alternativas para que los habitantes de las comunidades puedan asegurar un sustento económico legal.
Violencia sexual y aumento del VIH
La mayoría de los habitantes de las comunidades wampis y awajún en la cuenca del río Santiago viven de los cultivos de plátano, cacao y yuca, y de la piscicultura. Pocos hogares disponen de electricidad todo el día y agua de calidad.
Si los comuneros requieren un tratamiento médico, tienen que invertir mucho dinero y tiempo. Un viaje de Soledad, capital de la nación de los wampis, a Santa María de Nieva cuesta S/ 90 y dura cinco horas. El oro de las costas frente a estas comunidades promete un camino fácil hacia la prosperidad rápida.
La residente de una comunidad, cuya identidad no se revela para garantizar su seguridad, explica cómo los mineros intentan convencer a los comuneros para que instalen dragas en sus orillas: “Los mineros organizan actividades como deportes, pagan fiestas y dicen que hacen que nuestros hijos estudien. En Navidad, incluso vinieron con regalos“, dice la mujer.
Pero, como sucede en otras zonas mineras ilegales de la Amazonía, los que se enriquecen con el oro no son los habitantes de las comunidades. Estas reciben solo un porcentaje de los beneficios de la venta del oro: “alrededor de un 20%“, dice Bailón. El resto es para los propietarios de las dragas, que venden el oro colectivamente a los acopiadores.
Para ganarse la confianza, los mineros establecen relaciones con mujeres de los pueblos indígenas y forman una familia, dicen los dirigentes, y denuncian que hay casos en los que los mineros ilegales no quieren reconocer la paternidad de sus hijos.
Santiago Jenner, director de la autoridad educativa del distrito de Río Santiago, está preocupado por los estudiantes de la región. Según él, en Fortaleza y Belén se han abierto bares ilegales donde se consume mucho alcohol. “Mis alumnas quedan embarazadas muy jóvenes. Los que vienen de fuera y trabajan en la minería y [las] toman como esposas, y se van cuando terminan su trabajo. ¿Y quién está perjudicado? Nosotros, mi gente“, denuncia.
ESTRATEGIA. Comuneros y líderes indígenas aseguran que mineros buscan relacionarse con mujeres de las comunidades, incluso menores de edad, para ganarse la confianza de la población. Foto: Ojo Público/ Renato Pajuelo
Los líderes locales señalan que entre los impactos sociales de la minería ilegal está el aumento de casos de VIH. Según datos del gobierno regional de Amazonas, el número de personas con VIH en la provincia de Condorcanqui –que incluye los distritos de Río Santiago, El Cenepa y Nieva– ha aumentado en los últimos cuatro años. Mientras que en 2020 había 40 casos, en 2024 se registraron 338 casos. Es decir, un aumento del 845%.
De acuerdo a Roberto Rivera Sánchez, director de la Red de Salud de Condorcanqui, el 80% de los nuevos casos corresponden a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25 años.
Nulo control
A lo largo de todo el trayecto por el río Santiago, durante toda la semana, el equipo de Ojo Público no halló ninguna embarcación fluvial policial o militar que controlara el río o la frontera, a pesar que a lo largo están los puestos militares Teniente Pinglo, Ampama, Candungos, Cahuide y Subteniente Castro.
En la línea de frontera con Ecuador, a una hora en bote de la comunidad de Onanga, ninguna señal indica el límite del territorio peruano. Al otro lado está el cantón ecuatoriano de Tiwintza. El puesto más cercano a la frontera, a unos cientos de metros de la línea de frontera se encuentra el puesto militar Cahuide.
El césped del camino de acceso desde el río hasta los dos barracones que protegen el puesto está bien cuidado. En la zona, un militar confirmó a Ojo Público que los soldados no intervienen dragas o embarcaciones. Su tarea es, explica el joven efectivo, entrar en acción en caso de “invasión“. No controlan qué personas o mercancías entran o salen del Perú.
INACCIÓN. La actividad ilegal se ha asentado con fuerza en cuatro comunidades, entre ellas San Juan, y pese a que la policía está informada no actúa. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
La policía podría intervenir las dragas, pero un joven agente del único puesto del río Santiago –ubicado en Nieva– señala que ellos tampoco realizan controles ni intervenciones en el agua: “No tenemos chalupa propia. Si necesitamos una, tenemos que solicitar a la municipalidad”, señala.
Hasta principios de marzo, la comisaría estaba situada al lado del muelle principal de Nieva. Desde la puerta, los agentes pueden ver cómo los botes van cargados con bidones de combustibles. “Pero solitos no hacemos nada”, señala un policía.
AFECTACIÓN. La excesiva erosión del cauce por la minería ilegal modifica el curso natural del río Santiago. Foto: Amazon Conservation Team Colombia / Cortesía de MAXAR Technologies
En la última operación contra la minería ilegal en el río Santiago, la policía recibió el apoyo de las fuerzas armadas. El 25 de enero de este año, volaron una draga en las orillas de la comunidad de Belén y destruyeron una carretera en El Cenepa que se utilizaba para transportar materiales de la minería ilegal.
Consultado sobre cómo el gobierno peruano busca enfrentar la minería ilegal en Amazonas, el Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis José Montero Cornejo, solo dijo que “se están haciendo varias acciones de interdicción. En la zona del Nanay, en la zona de la cordillera del Cóndor, en Condorcanqui en Amazonas”. Y señaló que, según ellos, “lo único que queda para hacer [contra la minería ilegal] es la interdicción“.
Relámpagos de autodefensa ante el olvido
En marzo de 2024, los wampis fundaron el grupo de vigilancia Charip, formado por más de treinta comuneros de la comunidad de Villa Gonzalo. Charip significa relámpago.
“Los mineros están contaminando nuestros ríos, por eso estamos aquí“, dice uno de los vigilantes, cuyo nombre se mantiene en reserva por su seguridad. Con un puesto de control ubicado a tres horas de la frontera con Ecuador, controlan embarcaciones sospechosas de transportar insumos para la minería ilegal.
Hace dos años, esta organización indígena identificó más de 30 dragas en el río Santiago. Los wampis atribuyen la significativa reducción debido al control ejercido por este grupo.
Una intervención del grupo atrajo la atención nacional en abril del año pasado: los Charip detuvieron a tres policías peruanos en una embarcación que transportaba insumos para la minería ilegal. Ojo Público reveló que uno de los agentes poseía una concesión minera de 500 hectáreas en el vecino distrito de El Cenepa.
AUTODEFENSA. Los guardias Charip revisan lo que llevan las embarcaciones procedentes de puntos como la frontera con Ecuador. Foto: Ojo Público / Renato Pajuelo
La vigilancia indígena, sin ningún apoyo del gobierno nacional y local, ha expuesto a los dirigentes wampis. Actualmente la situación es tensa y varios líderes están siendo amenazados por los mineros ilegales. Las amenazas llegan por WhatsApp y Facebook.
El 27 de febrero de 2025, a las 7:13pm, un dirigente indígena recibió un mensaje de un número desconocido. Preguntó amablemente quién era, y la respuesta no fue un nombre, sino la información de que es “de Pucallpa”. Sin sospechar nada malo, el dirigente preguntó cómo podía ayudar. El número desconocido insta a una reunión con representantes de la nación wampis antes de que el tono cambie: “tarde que temprano tienen que pagar”.
Los opositores a la minería ilegal son difamados y acusados no solo con mensajes, sino también a través de rumores difundidos en las comunidades.
Los mineros ilegales y sus cómplices vigilan quién se acerca a las comunidades. Personas desconocidas son identificadas rápidamente y, gracias al internet por satélite, la información sobre su visita se comparte en pocas horas entre las comunidades vinculadas a la minería.
La ruta del oro
La mayor parte del oro extraído ilegalmente de los ríos de la Amazonía peruana se comercializa clandestinamente. En Tiwintza, el primer centro poblado del lado ecuatoriano de la frontera en el río Santiago, también se encuentran tiendas que compran oro. En una tienda que vende teléfonos móviles, un hombre ofrece 68 USD por un gramo de oro, el equivalente a S/250.
Fuentes contactadas por Ojo Público, señalan que el oro del río Santiago sale de la región en dos direcciones. El mineral de la parte más cercana a la frontera es transportado hacia Ecuador. Mientras, que el oro de la parte más cercana a Nieva, continúa hacia Chiclayo, en la costa peruana, una ciudad ubicada a 16 horas en bus desde Nieva.
BRILLO SUCIO. Un hombre en una joyería de Chiclayo muestra oro recién entregado y sin procesar procedente del departamento de Amazonas. Foto: Ojo Público/ Aaron Wörz
En Chiclayo las tiendas que compran oro se multiplican. El vendedor de una joyería, entrevistado para este reportaje, confirma – mientras exhibe trozos de oro del río Marañón– que compra y usa oro del departamento del Amazonas para sus collares y pulseras.
El oro extraído ilegalmente de la Amazonía termina siendo blanqueado no solo en joyerías, sino también a través de intermediarios que acopian y luego –con papeles falsos– permiten la exportación e incorporación al mercado formal. Entre 2014 y 2023, el Perú —principal productor y exportador de oro en Sudamérica— produjo oficialmente 1,233 toneladas del mineral, pero en ese mismo tiempo exportó 4,083 toneladas. Es decir, el 70% del oro exportado tuvo un origen no legal.

Por Riccardo Cascioli e Luisella Scrosati– Brujulacotidiana.com*
El Cardenal Angelo De Donatis es uno más en Montefiolo, donde se ha construido una residencia de dos plantas dentro de la propiedad de las monjas benedictinas (“una hermosa vivienda”, nos dice en el pueblo quien la ha visto), recuperando y acondicionando una estructura que las religiosas utilizaban para aparcar sus vehículos, en la ladera que mira hacia el valle, hacia el Monte Soratte. Y además, en la cercana localidad de Poggio Catino, el cardenal también posee un antigua casa de campo con piscina, en el que parece que ha alojado a Marko Rupnik y compañía, a la espera de acogerlos en Montefiolo.
Allí, en la iglesia del convento, parece que reina el caos: “Hablamos de una casa protegida por Bellas Artes, la están transformando por completo. También está la iglesia, que también tiene acceso desde el exterior, y la están pintando hasta la saciedad. Y luego, en la parte antigua del monasterio, donde vivió como ermitaño san Felice da Cantalice: también están pintando allí”, nos explica un informante, que añade: “Durante años no se pudo hacer nada, porque se necesitaban permisos; ahora, en poco tiempo, han levantado una pared donde estaban los dos escalones que llevaban al altar y han pintado un fresco”.
Las pobres monjas no parecen estar muy contentas porque son prácticamente rehenes del cardenal De Donatis y del grupo de Rupnik, y se les impide abrir el convento a extraños. Buscando más información en el pueblo de Casperia, nos enteramos de que, de hecho, las monjas, que antes estaban muy presentes en el pueblo y eran conocidas también por la calidad de sus bordados, han desaparecido hace bastante tiempo y no se sabe nada más de ellas. Hemos conseguido el número de teléfono personal de una de ellas y nos sugieren que intentemos comprar la miel que venden, como estratagema para entrar en el convento. Probamos: “No es posible”, nos responde la monja con un tono asustado- “no quieren que abramos”. “¿No quieren? ¿Quién no quiere?”, insistimos nosotros, jugando a cartas descubiertas-. ¿El cardenal De Donatis? ¿Don Marko Rupnik?”. La monja está aterrorizada: “No sé nada, me tengo que ir a misa”. Y cuelga el teléfono.
Se entiende bien el miedo, porque nos consta que el cardenal tiene en sus manos la gestión económica del instituto religioso, aunque no sabemos en calidad de qué. De hecho, nos dicen que la gestión de la propiedad de San Felice Circeo, a los pies del Colle del Morrone, donada a las monjas por el caballero Carlo Selbmann, también pasa por las manos del cardenal. En resumen, para las monjas no se mueve ni una hoja sin que De Donatis no lo sepa y lo permita.
Moraleja de la fábula, el cardenal es el director de la nueva instalación de Rupnik y del grupito que ha dejado la Compañía de Jesús en una propiedad que no es suya, pero en la que se ha hecho una vivienda y que gestiona como si fuera suya. Al no poder incardinar él mismo a Rupnik en la diócesis de Roma, que estaba demasiado en el punto de mira tras el escándalo mediático, buscó y encontró en monseñor Jurij Bizjak (que ha sido sustituido por Peter Štumpf a principios de febrero) un obispo dispuesto a una incardinación puramente formal, para luego dejar a Rupnik libre para formar una nueva comunidad y continuar con sus actividades artísticas. De Donatis no tuvo nada en contra de poner de nuevo a Rupnik en contacto directo con las religiosas después de todo lo que ha sucedido.
No es difícil entender que las hermanas han tenido que aceptar la situación, volens nolens, encontrándose evidentemente en jaque, ya que De Donatis tiene en sus manos la administración de sus bienes muebles e inmuebles. Desafiar la ira del cardenal (sí, sabemos que hay una relación tensa entre las monjas y De Donatis) podría traducirse en inconvenientes que las monjas, ahora ancianas (y algunas de ellas en silla de ruedas), no pueden afrontar.
Hemos intentado contactar directamente con el cardenal De Donatis, pero hasta ahora no ha respondido a nuestro correo electrónico. Lo mismo ha hecho el obispo de Sabina-Poggio Mirteto, monseñor Ernesto Mandara, en cuya diócesis se está produciendo este nuevo abuso contra las monjas. La señora Daniela, que el 27 de febrero se presentó por teléfono como su secretaria personal, nos negó el acceso al obispo porque “no se ocupa del convento de Montefiolo”. Al día siguiente otro miembro de la secretaría nos dijo que el obispo tenía la intención de llamarnos, pero hasta ahora la llamada no se ha producido.
Abusos, conspiraciones, ley del silencio: el escándalo de Rupnik se enriquece con un nuevo capítulo, con la complicidad de obispos y cardenales, mientras el proceso en su contra permanece estancado.
*Con la colaboración de Patricia Gooding Williams.

Rupnik, el impune: es hora de arrojar luz sobre el papel de De Donatis

Por Luisella Scrosati– Lanuovabq.it
El juicio oficial de la Iglesia sobre las acciones del padre Marko Ivan Rupnik aún no ha llegado y, si miramos con atención, ni siquiera se ha iniciado el juicio. Según declaró a Alfa y Omega el Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor M. Fernández, existen no pocas dificultades para encontrar las personas adecuadas para constituir un tribunal independiente que pueda finalmente iniciar el proceso.
Pero ni siquiera se puede declarar neutralidad sobre el tema, pretendiendo que no sean numerosas y detalladas declaraciones sobre reales abusos espirituales de carácter sexual cometidos por el ex jesuita, justificados recurriendo a una teología delirante y con concordantes métodos de seducción, que perfilan una personalidad decididamente peligrosa. Frente a estos testimonios, algunos de los cuales ahora son públicos gracias al coraje de mujeres consagradas como Gloria Branciani, todavía hay quienes continúan defendiendo con firmeza la inocencia del ex jesuita. Desde hace décadas, Rupnik es el maestro indiscutible de cientos de sacerdotes y laicos que esperan en sus labios palabras que suenan casi como una nueva revelación, juicios que parecen venir de las más altas moradas del Cielo y son acogidos como tales. El clero de Roma en particular fue el que más sufrió esta influencia, debido a la obsesiva frecuencia con que el cardenal Angelo De Donatis encomendaba a Rupnik sermones, retiros, ejercicios y meditaciones.
Rupnik logró colocar a muchos de sus devotos en puestos de gobierno en la Iglesia , tejiendo una vasta red que explica cómo él y sus compinches pudieron encontrar con extrema facilidad obispos que aceptaron incardinarlos ad experimentum en sus propias diócesis, sin la obligación de residir en ellas: Rupnik en Capodistria, acogido por Monseñor Jurij Bizjak, cuyas vacilaciones fueron superadas por la insistencia del Nuncio Apostólico en Eslovenia, Monseñor Jean-Antoine Speich, amigo de Rupnik y del Centro Aletti y primera ordenación episcopal del pontificado del Papa Francisco; Milan Žust y Andrej Brozovic han encontrado formalmente asilo en el tribunal de Monseñor Maksimilijan Matjaž, obispo de la diócesis de Celje, ordenado por el propio nuncio; Monseñor Ivan Bresciani fue acogido en la diócesis de Ascoli Piceno. D’Ercole, fue nombrado Monseñor Gianpiero Palmieri. Palmieri, de Apulia, como De Donatis, procede del clero de Roma; en 2018 fue nombrado obispo auxiliar de la ciudad y consagrado por su compatriota. Los antiguos jesuitas del Centro Aletti fueron entonces acogidos por los amigos y protectores de Rupnik, con plena libertad de movimiento y residencia, sin que nadie pestañeara.
De Donatis, como documentamos en nuestro informe, sigue siendo el gran protector no sólo del sacerdote esloveno, sino también de la reconstitución de una nueva comunidad no oficial que reside desde hace tiempo en el convento de Montefiolo, propiedad de las Hermanas Benedictinas Regulares de Priscila, localidad a dos pasos de la residencia de Gloria Branciani. Sólo para subrayar la total insensibilidad del cardenal hacia la carga que han soportado y siguen soportando las víctimas de Rupnik.
Una fuente explica que el cardenal se hizo nombrar por la Santa Sede Comisario Pontificio de las monjas , nombramiento que le otorgaba plenos poderes pontificios (delegados) en la gestión de la comunidad, incluidos los bienes muebles e inmuebles; lo que significa que las monjas ya no pueden disponer de sus bienes. La tarea en sí tendría como finalidad ayudar a las instituciones que, por razones numéricas y de antigüedad de sus miembros, ya no están en condiciones de gobernarse a sí mismas; pero sabemos que cada uno tiene su propio estilo para ayudar a los demás. Y De Donatis pensó que sería buena idea extender su benevolencia, ofreciendo hospitalidad también al pequeño grupo de ex jesuitas que decidieron seguir a Rupnik hasta su muerte. La presencia de un cardenal comisario, además de atrapar a las monjas, deja fuera también al obispo de Sabina-Poggio Mirteto, que no puede dejar de tomar nota de la nueva situación, a pesar –según se dice– de su decepción por la marcha de las monjas.
El hecho de que De Donatis haya aprovechado su posición para seguir protegiendo a Rupnik y a la nueva comunidad naciente, a sabiendas de las graves acusaciones que pesan sobre el ex jesuita, debería alertar inmediatamente a la Santa Sede, que, por justicia y verdad, no debería demorar en convocar a la superiora de las monjas para verificar si la gestión de De Donatis no perjudica a la comunidad, e investigar todo el trabajo del cardenal en su calidad de comisario. Porque la sospecha de que, en detrimento de las monjas benedictinas de Priscilla, se esté construyendo en Montefiolo una nueva sede para la comunidad que vivía en Casa Aletti parece más que fundada, puesto que el edificio de Via Paolina es propiedad de la Compañía de Jesús, que probablemente también querrá volver a tener su uso.
En Reggio Emilia, el vicedirector del Centro Aletti de Roma, don Iván Bresciani, está invitado a hablar sobre la novedad de vida del Bautismo. Bautismo: una vida nueva que implica un nuevo modo de existir y de pensar es el título de la conferencia que el hombre de confianza de Rupnik impartirá en la iglesia del Sagrado Corazón, en via Monseñor Baroni.
Don Bresciani es uno de los que decidieron seguir a Rupnik , después de su expulsión de la Compañía de Jesús; un seguidor muy fiel, en definitiva, del sacerdote esloveno y otro de los que no podía dejar de conocer. ¿Qué explicarás a los fieles de la Unidad Pastoral Laudato Si’? ¿La nueva vida que nace del Bautismo, la metanoia del pensamiento, basada en los principios aprendidos de su maestro esloveno? ¿La nueva vida del Bautismo, que prevería también, para los más “perfectos”, una vida más allá de los mandamientos? ¿Explicará que la Trinidad en cuyo nombre se bautiza es la misma que su maestro invocó para justificar las relaciones sexuales a tres bandas?
Establecido ahora en la diócesis de Ascoli Piceno, gracias a la protección del cardenal Angelo De Donatis, Bresciani está de hecho siempre en la corte del artista-gurú.
La iniciativa fue muy deseada por el párroco de la Unidad Pastoral Laudato Si’, don Davide Maria Poletti, quien, al publicar el cartel en el chat de la Unidad Pastoral, explicó que se hará público solo en el período previo al encuentro, para evitar cualquier alboroto que pudiera estropear la situación… De hecho, en el sitio web de la Unidad Pastoral, para encontrar alguna noticia, es decir, el cartel en sí, hay que desplazarse un poco hacia abajo o descargar el boletín y echar un vistazo al calendario, donde se puede encontrar la simple indicación “Asamblea UP con el Padre Ivan Bresciani“. Pero no todos en el chat desconocen las fechorías de Rupnik, y no todos están dispuestos a hacer como si nada estuviera pasando, mientras una de las personas más cercanas al ex jesuita es invitada, como si nada hubiera pasado, a hablar sobre la vida cristiana. Para ser justos, Don Poletti no hizo más que seguir el ejemplo de Monseñor Gianpiero Palmieri, obispo de Ascoli Piceno (diócesis en la que está incardinado don Bresciani) y amigo de De Donatis, que en enero de este año creyó oportuno pedir al vicedirector del Centro Aletti que predicara un retiro espiritual, celebrado en Loreto, para los sacerdotes de la diócesis.
No sabemos qué tan cerca está Don Poletti de Rupnik y del Centro Aletti; por supuesto, para exponerse en este período acalorado de la historia, debe ser un aficionado. Parece que el reverendo párroco es conocido también en la diócesis por su creatividad litúrgica y su libre interpretación del Misal Romano, incluidas las palabras consagratorias, que tienen la molesta característica de ser siempre las mismas… Conocido en la diócesis y en la Curia, donde sin embargo hacen como si no pasara nada.
Rupnik no es en absoluto un desconocido en Reggio Emilia. Su obra son los mosaicos de la Anunciación y de los Discípulos de Emaús en la capilla del seminario, en 2003, cuando estaba al frente de la diócesis emiliana. Adriano Caprioli, mientras que el seminario estaba dirigido por el actual obispo de Ravenna-Cervia, Monseñor Lorenzo Ghizzoni. A Su Excelencia, entre otras cosas, en la foto del sitio web oficial de la diócesis de Rávena, le gusta aparecer con el mosaico creado por Rupnik en la capilla del seminario del que fue rector de 1994 a 2006 detrás de él, casi como si quisiera reivindicar su paternidad, así como subrayar su estima por el sacerdote esloveno. Y la diócesis de Reggio, en aquellos años, tenía la costumbre de invitar al padre Marko Rupnik a predicar ejercicios espirituales a los seminaristas. Como lo hizo De Donatis con los seminaristas y el clero romano.
Rupnik también creó los mosaicos en la morgue del hospicio Casa Madonna dell’Uliveto (2001) y la Casa per Anziani Luigi Cervi (2016), ambos en Albinea. Particularmente vinculada al ex jesuita está la presidenta del hospicio, la Dra. Anna Maria Marzi, una figura muy conocida y presente en la diócesis, como colaboradora de la Pastoral de las Personas Mayores, para la elaboración del duelo (sí, esta “pastoral” también existe), así como presidenta de la Federación Diocesana de Servicios para las Personas Mayores (FeDiSA). Las obras del mosaico fueron financiadas por Luigi Maramotti, presidente de la casa de moda MaxMara y ex presidente de Credito Emiliano. Porque Rupnik también podría haber sido un amigo, pero uno de esos amigos que no hacen nada a cambio de nada.