El tribunal del Vaticano emite sentencia definitiva en el juicio por delitos financieros
Más de 10 meses después de recibir sus veredictos, los acusados ​​en el juicio por delitos financieros del Vaticano finalmente pueden comenzar su proceso de apelación después de que los jueces de la Ciudad del Vaticano depositaran su fundamento judicial completo para condenar a 9 personas, incluido un cardenal, en un juicio que finalizó el año pasado.
Los abogados defensores han esperado con impaciencia la publicación de la decisión completa como el precursor necesario para apelar el veredicto del tribunal, incluso cuando la decisión presenta un caso sólido contra el cardenal condenado Angelo Becciu.
Los jueces del tribunal ordinario de la Ciudad del Vaticano depositaron el martes 29 de octubre sus conclusiones finales en la cancillería de la ciudad-estado, con el texto firmado a partir de la misma fecha.
Aunque las conclusiones de culpabilidad y las penas impuestas fueron anunciadas por primera vez por el tribunal en diciembre del año pasado, ese juicio sumario no expuso los fundamentos de las condenas ni explicó la valoración que los jueces hicieron de las pruebas presentadas. Hasta que se presentó la justificación judicial completa y definitiva, el proceso de apelación legal quedó prácticamente congelado, ya que los abogados de la defensa aún no sabían exactamente qué conclusiones iban a impugnar.
La publicación de la sentencia íntegra por parte de los jueces significa que los acusados ​​pueden finalmente iniciar el proceso de apelación de sus sentencias, que imponen décadas de prisión y millones de euros en daños y perjuicios ordenados por el tribunal.
En casi 750 páginas de argumentación, los jueces abordaron numerosas críticas al proceso judicial y a las instituciones de la ciudad-estado planteadas por los abogados defensores a lo largo del juicio, además de exponer las pruebas y la argumentación que dieron lugar a las condenas dictadas el año pasado.
“El ordenamiento jurídico del Vaticano reconoce los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, que de hecho están expresamente previstos en las normas vigentes”, escribieron los jueces.
A lo largo del juicio y después de la sentencia, los abogados y los medios de comunicación que apoyan a los acusados ​​afirmaron repetidamente que el sistema jurídico de la ciudad-estado carecía de credibilidad internacional y estaba sujeto a la influencia e interferencia indebidas del Papa Francisco.
Estos argumentos provienen especialmente de los partidarios del acusado estrella en el caso, el ex jefe de gabinete papal caído en desgracia, el cardenal Angelo Becciu, aunque algunos no han resistido el escrutinio legal básico.
Otros acusados ​​han presentado recursos internacionales contra el proceso en la Ciudad del Vaticano. A principios de este año, Raffaele Mincione, el gestor de inversiones al que la Secretaría de Estado compró el edificio de Londres que dio origen al proceso, apeló a la oficina del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas .
Una de las aclaraciones claves de la sentencia judicial completa es la explicación de los jueces sobre cómo el tribunal definió el delito de malversación de fondos.
Tanto el cardenal Becciu como Raffaele Mincione fueron condenados por participar en la apropiación ilegal de fondos vaticanos en el acuerdo que puso unos 200 millones de euros bajo el control del gestor de inversiones por cuenta de la Secretaría de Estado.
En una larga entrevista con The Pillar el año pasado, Mincione dijo que había cumplido con el contrato que firmó con la secretaría y que las inversiones que hizo (calificadas de “especulativas” y “interesadas” por el Vaticano) estaban dentro de la discreción que le otorgaban los contratos.
Becciu, a su vez, argumentó que no podía ser acusado, y mucho menos condenado, de malversar fondos de la Iglesia a través del acuerdo porque no había evidencia de que se hubiera beneficiado personalmente del acuerdo.
En su sentencia completa, los jueces describieron la definición legal aplicable de malversación de fondos, que se extrae de casos de derecho penal italiano (algunos estatutos penales italianos son aplicables en la Ciudad del Vaticano como resultado del Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el estado italiano).
El delito se constituye, explicaron los jueces citando jurisprudencia del Tribunal Supremo italiano, cuando “en lugar de invertir en los fines a los que estaban destinados los recursos financieros que la persona tiene a su disposición, la persona, violando la ley y los reglamentos” los utiliza para cualquier otro fin, en este caso “para comprar participaciones en fondos especulativos”.
Los jueces dictaminaron que, dado que el uso ilegal de fondos del Vaticano por parte del cardenal Becciu benefició a Mincione y a los otros acusados, “no tiene importancia que no tuviera la intención de actuar en beneficio [personal]”.
Por otra parte, los jueces encontraron que Becciu también era culpable de pasar más de medio millón de euros a su autodenominada “consultora de seguridad” y espía privada Cecilia Marogna.
A lo largo del proceso, Becciu intentó repetidamente argumentar que sus pagos a Marogna fueron autorizados personal y secretamente por el Papa Francisco .
Sin embargo, grabaciones secretas de Becciu de conversaciones entre él y el Papa , así como cartas privadas entre ellos presentadas como evidencia durante el juicio, mostraron que Francisco negaba repetidamente tener conocimiento del asunto.
Becciu también fue condenado por canalizar fondos de la Iglesia a su hermano , Antonio Becciu, en un caso que ha provocado una investigación penal paralela en Italia . Antonio Becciu está acusado, junto con otras personas relacionadas con el cardenal en su Cerdeña natal, de recibir fondos de la Iglesia destinados a una organización benéfica católica local en su cuenta bancaria personal.
Los investigadores italianos también han descubierto evidencias de lavado de dinero y malversación de fondos en el caso.
Sin embargo, los jueces de la Ciudad del Vaticano dictaminaron que la culpabilidad de Becciu en el asunto fue determinada independientemente de cualquier acción o intención criminal por parte de su hermano y cualquier potencial co-conspirador.
Por el contrario, los jueces concluyeron que Becciu fue declarado culpable de violar las leyes financieras básicas del Vaticano que prohíben que la propiedad o el dinero de la Iglesia se vendan o se entreguen a familiares “sin un permiso especial otorgado por escrito por la autoridad competente”.
Durante el juicio en la Ciudad del Vaticano, el cardenal Becciu insistió en que, aunque había canalizado deliberadamente decenas de miles de euros a la cuenta personal de su hermano, sus acciones eran una práctica común.
En el caso de Mincione, los jueces del Vaticano dictaminaron que él era legalmente culpable como beneficiario de fondos malversados ​​(dinero del Vaticano utilizado para fines ilegales) y debería haberse familiarizado suficientemente, como una cuestión de debida diligencia profesional, con las leyes de la Ciudad del Vaticano y darse cuenta de que estaba participando en una operación ilegal.
Mincione, por su parte, ha insistido en que firmó contratos que eran legales en las jurisdicciones en las que operaba. Antes de que se presentaran cargos penales contra él en la Ciudad del Vaticano, presentó una demanda en el Reino Unido en busca de una sentencia judicial que estableciera que actuó de buena fe en sus tratos con el Vaticano, incluido un acuerdo de separación de 2018 que transfirió la propiedad del edificio de Londres en 60 Sloane Avenue al apoderado designado por la Secretaría de Estado, el Sr. Gianluigi Torzi, quien también fue condenado por delitos financieros en el caso.
A principios de este año, el tribunal de Londres escuchó al arzobispo Edgar Peña Parra, sucesor de Becciu como sustituto, quien ordenó la separación de Mincione en 2018. Peña Parra le dijo al tribunal que la secretaría había sido “víctima de un grave fraude”.
Sin embargo, el sustituto también admitió que al ejecutar la separación y lidiar con los intentos de Torzi de extorsionar al Vaticano como parte del proceso, había autorizado conscientemente el pago de facturas “completamente ficticias”.
“No fui honesto”, dijo el arzobispo en el tribunal. “Lo acepto”.
En la sentencia completa de la Ciudad del Vaticano dictada el martes, los jueces dictaminaron que Torzi también era culpable de lavado de dinero y malversación de fondos, junto con Enrico Crasso, otro asesor de inversiones externo de la Secretaría de Estado, y Fabrizio Tirabassi, un ex empleado laico del departamento de estado del Vaticano.
Se descubrió que los tres hombres habían participado en un complicado plan para extorsionar al Vaticano para obtener el control del edificio de Londres después de su adquisición.
Torzi fue contratado por la secretaría para actuar como intermediario en la venta final del edificio en 2018. Como parte de la conspiración, Torzi presionó a la secretaría cambiando los términos del acuerdo y tratando de extraer 15 millones de euros inesperados a mitad de la compra.
Torzi a su vez acusó a Tirabassi y Crasso de amenazarlo a él y a su familia, exigiendo que les entregara el control del edificio directamente a ellos, no al Vaticano.
En la condena ahora apelada, el cardenal Becciu recibió una condena de cinco años y seis meses, una multa de 8.000 euros (unos 8.700 dólares) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la sentencia, sigue residiendo legalmente en su apartamento de gracia y favor en el Palazzo Sant’Uffizio, a pesar de las nuevas regulaciones emitidas por el Papa Francisco que requieren que los cardenales residentes en el Vaticano paguen tarifas de mercado por su alojamiento .
Raffaele Mincione fue condenado a cinco años de cárcel, una multa de 8,000 euros (8,700 dólares) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El empresario italiano Gianluigi Torzi fue condenado a seis años de cárcel, a pagar una multa de 6,000 euros (6,500 dólares) y a quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos a perpetuidad. Torzi se enfrenta actualmente a una posible extradición a Italia por otras acusaciones de delitos financieros .
Ahora que los jueces han dictado la sentencia definitiva, se espera que las apelaciones de los distintos acusados ​​sigan adelante, aunque es poco probable que las audiencias comiencen antes del nuevo año.
Fuente: The Pillar Catholic.