Malabaristas de la opinión
Por Diana Seminario– Diario El Comercio.
La discusión democrática, el debate por la defensa de principios y el diálogo constructivo hace tiempo que son simples utopías en la discusión política nacional. Destruir al que piensa distinto es la norma. Convivimos con esta realidad desde hace mucho tiempo, y parece que la crispación no tiene fin. Y, si esto ya resulta insufrible, lo que termina siendo indignante y a la vez desolador es la perversa lógica de la doble moral, en la que ‘todo vale’ si se trata de golpear a mi adversario y favorecer a mis amigos.
Los que nos indignamos por la “interpretación auténtica” que hizo que Alberto Fujimori forzara una tercera elección debemos sentirnos igualmente consternados y rechazar con la misma fuerza un atropello constitucional como el del 30 de setiembre, que -desgraciadamente– ha sido bendecido por mayoría en el Tribunal Constitucional.
Con el aval de la “negación fáctica” se abre la puerta al sometimiento del Congreso al gobernante de turno. Ya lo ha dicho el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola: “[El TC] ha preferido hacer interpretaciones de orden político, con especial énfasis en guardar las espaldas de quienes protagonizaron actos violatorios de la Constitución”.
Quienes aplauden hoy el cierre ilegal del Congreso por Martín Vizcarra tendrán que hacer malabares para acomodar nuevamente su discurso cuando quien viole impunemente la Constitución en el futuro no sea uno de ‘los suyos’.
Lo dice Urviola: “Quien ha perdido es el sistema democrático, cuyo interés está por encima de quienes ocasionalmente asumen su conducción”. Pero nada de eso importa ahora. Incluso hay quienes prefieren dar por cerrado este bochornoso capítulo de la historia y ‘mirar para adelante’, cuando esto recién empieza.
Si bien el tema constitucional ha encumbrado a los más altos exponentes del doble estándar nacional, el caso de Daniel Mora y el Partido Morado también los ha colocado en una incómoda posición. Enfrentar la violencia contra la mujer debe ir más allá de ideologías y colores políticos. Solo toca condenarla, sancionar al maltratador y proteger a la víctima. Pero, otra vez, eso cobra un tinte diferente si el abusador pertenece al partido auspiciado por los ‘antis’.
El periodista Ricardo Uceda reveló los vínculos entre la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, y César Hinostroza. La magistrada dijo haber sido asesora de tesis del exjuez y que juntos hicieron un viaje de trabajo, mientras que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue compañera de promoción en San Marcos del célebre ‘hermanito’, pero eso parece no incomodar a nadie. Si César San Martín sigue en su puesto tras haberle pedido un favor a uno de los ‘cuellos blancos’, nada tendría que pasarles a Ledesma y Ávalos, y mucho menos a quienes amenazan al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en su afán de que uno de sus candidatos ingrese a como dé lugar a la Junta Nacional de Justicia.
Son estos malabaristas de la opinión quienes ahora pretenden orientar el voto del próximo domingo haciendo sumas y restas. Su único criterio es a quién perjudico o a quién beneficio con mi voto. ¿Análisis de propuestas? ¿Coherencia en los planteamientos? Eso es pedirles mucho.
Se maleó el Tribunal Constitucional
Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
En medio del calor, la falta de trabajo y el languidecimiento de la economía, la mayoría de peruanos no ha prestado atención a la barbaridad que significa el reciente fallo del Tribunal Constitucional que convalida el golpe de Estado, maltratando las leyes.
Los suspicaces hablan de presiones y prebendas, los juristas cabales señalan que es una solución totalmente politizada que se adecua a los intereses de este gobierno ‘de facto’. Lo concreto es que en nuestra tan pisoteada Constitución no existe el término ni la figura de “denegación fáctica de la confianza”.
Los cuatro tribunos del TC que refrendaron el obvio golpe de Estado hacen ridículos malabares de poco valor para concluir que sí ocurrió la tal denegación fáctica. Lo equivalente a buscarle tres pies al gato cuando tiene cuatro. Además, sumaron lo ocurrido durante el gobierno de PPK con el expremier Fernando Zavala, a quien el Parlamento le negó el pedido de confianza.
Todo ello a pesar de que se trata claramente de otro gobierno, otro presidente, otros ministros, otro pedido de facultades extraordinarias para el Ejecutivo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos los peruanos –incluidos los cuatro miembros de TC que han santificado el golpe- vimos que en la mañana del 30 de setiembre pasado el expremier Del Solar arremetió contra el Congreso con pocos modales, exigiendo la votación de la cuestión de confianza. Se le dijo que se vería en la tarde.
Como se procedió a realizar la elección de nuevos miembros del TC, Vizcarra entró en rabieta y cerró el Parlamento con la pueril justificación de que hubo una denegación fáctica de la confianza. Se inventó un término y ahora cuatro cuestionados tribunos le dan la razón. Según ellos, se debió atender en el acto el pedido, por lo demás violento, del Ejecutivo.
Ya no se podrá acusar constitucionalmente a Vizcarra, quedará impune al igual que en el caso Chinchero. Y futuros gobiernos antidemocráticos como este violaran la Constitución cuando lo requieran. Seis de siete miembros del TC tienen vencido su periodo en el cargo. Debió darse una renovación hace varios meses. Al Ejecutivo no le convenía y golpeó.
Los cuatro personajes que han legalizado la ruptura del orden democrático son claramente gobiernistas, antifujimoristas (uno de ellos lo declaró abiertamente y no pasa nada). Llegaron al TC por Gana Perú, liderado por Ollanta Humala, aliado de este régimen.
Este TC ha tenido una conducta errática y poco efectiva. De hecho, permitió que se ‘balcanizara’ el Congreso dando lugar a que se formaran ‘minibancadas’, irrespetando la votación de los peruanos. Creó un zafarrancho. El TC se ha desvalorizado legalizando el golpe de Estado. Todos sabemos que cuatro de sus integrantes se mueven de acuerdo a la copla que les sopla este régimen.
Partido Morado: Empresa de candidato licitó con el Estado cuando era asesor de la PCM
Daniel Olivares, uno de los rostros que ha cobrado especial protagonismo en el Partido Morado, fue funcionario de la PCM durante la gestión de Fernando Zavala. Esto no fue impedimento para que su empresa licite con varios ministerios.
Uno de los rostros del Partido Morado que ha cobrado especial protagonismo en estos días es el del candidato Daniel Olivares, quien aparece en una gran cantidad de avisos publicitarios y entrevistas al lado de Alberto de Belaunde, popular rostro del congreso disuelto.
Olivares ha defendido a capa y espada al líder de la agrupación, Julio Guzmán, tras el escándalo en el que se ha visto envuelto por huir del incendio de un inmueble abandonando a una mujer adentro, con quien presuntamente tenía una relación extramatrimonial.
Sin embargo, esta semana ha saltado a la luz que Olivares es socio fundador de Copiloto S.A.C., una empresa dedicada a brindar servicios de publicidad de la que, según información declarada al JNE, es propietario 19% del total, según la OSCE. Dicho negocio ha licitado con el Estado en el tiempo en que el hoy candidato al Congreso fue funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Mientras Olivares se desempeñaba como asesor del gabinete de asesores de la PCM y posteriormente como secretario de comunicaciones entre agosto de 2016 y diciembre de 2017, la empresa Copiloto S.A.C. obtuvo contratos con el Ministerio de la Mujer por 15 mil soles; con el Ministerio de Economía por 53 mil 768; para el Mincetur por 32 mil soles; para PromPerú por 10 mil soles; y para EsSalud por 25 mil 700 soles.
La compañía de Olivares obtuvo contratos con instituciones del Poder Ejecutivo como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Entre 2012 y 2019 el gobierno central ha girado más de 2 millones de soles a Copiloto S.A.C., según el portal de Transparencia Económica del MEF.
La información fue dada a conocer por el portal Convoca, la cual menciona que en comunicación con el candidato Olivares, señaló que su empresa no tuvo ningún contrato con la PCM durante el tiempo en que trabajó en esa entidad y que, además, vendió sus acciones y renunció a la compañía.
Fuente: Diario EXPRESO.