¿Argolla caviar inconstitucional?
Por Aaron Salomón-Político.pe
Mientras todos estábamos ocupados con la divulgación de nuevos audios que implicaban a algunos políticos en la podredumbre de nuestro menesteroso sistema de administración de justicia, la argolla caviar del Tribunal Constitucional (Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinoza-Saldaña Barrera) aprovechó el pánico y declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de la bancada mixta pero, a la vez, reglamentó que los congresistas que renuncien “a conciencia debidamente justificada” podrán conformar a partir de ahora una nueva bancada.
A primera vista, aquí ha ocurrido algo que es sumamente peligroso porque el TC le está ordenando al Poder Legislativo que modifique su reglamento interno sin que nadie se lo pidiese; además de provocar –como daño colateral– un gasto estatal no contemplado (claro que cuesta –¡y mucho!– implementar oficinas y personal para otros grupos parlamentarios). Ya entrando al plano legal, lo más embarazoso es que, de acuerdo con el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde: “para realizar cambios en el Reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, se debe contar con cinco votos y la sentencia solo recoge cuatro”. En otras palabras, ¡estamos hablando de un fallo inconstitucional!
Ni bien se hizo pública dicha determinación, este portal se comunicó con el doctor José Sardón –miembro también del TC que regularmente mantiene una postura divergente a la de sus coleguitas caviares– para que nos dé detalles de la polémica sentencia, pero se limitó a decirnos que revisáramos su voto singular. Y así lo hicimos. Sardón considera que “aunque esta sentencia declara la demanda INFUNDADA, en realidad la declara FUNDADA. Dice una cosa, pero hace otra” (Chespirito dixit). Y agrega que, en este caso, lo único que debería de haber hecho el TC “es determinar si la norma impugnada es consistente o no con la Constitución”.
Ofuscado por este galimatías, el abogado Aníbal Quiroga –defensa legal del Parlamento en esta causa– adelantó que presentará lo antes posible “un recurso de aclaración” puesto que, en concordancia con García Belaunde, sostuvo que “no se puede afectar una ley sin el quórum necesario […] No se puede hacer eso con cuatro votos; se requieren cinco. Aritmética simple. Esto es groseramente inconstitucional”, se quejó.
Desde su cuenta de Twitter, ya la ‘avenger’ Maritza García anunció orgullosa que los caricaturescos kenjistas (¡como si lo mereciesen!) instalarán su propia bancada. “El TC nos dio la razón. Ahora conformaremos nuestra bancada y desde ahí defenderemos los intereses del país”, publicó García en la red social.
Miren en lo que nos ha metido el odio caviar al fujimorismo, porque no es coincidencia que este fallo se dé a pocos días de la elección de la Mesa Directiva. Nunca van a cambiar…
¡Que el CNM lo reforme la reina Isabel!
Por Ricardo Vásquez Kunze-Político.pe
El honorable congresista Carlos Bruce de Peruanos Por el Kambio (PpK) ha anunciado que su bancada propondrá un proyecto de ley para que ante la crisis del sistema judicial peruano, en especial la que atañe al CNM, sea la ONU la que se encargue temporalmente de las funciones de designación y ratificación de jueces y fiscales en el Perú. La propuesta del congresista, bien intencionada sin duda, es insólita por varias razones.
La primera de ellas es que no se entiende muy bien por qué la bancada oficial no espera el resultado de la comisión reformadora nombrada por el presidente de la República, que en pocos días evacuará un informe que será dado a conocer este 28 de julio (o sea en menos de dos semanas). Es decir, si no se sabe lo que propondrá el presidente, ¿cómo la bancada del honorable se lanza con un proyecto que podría no coincidir con la línea del jefe del Estado sobre el CNM? A no ser, claro, que la propuesta de la comisión ya esté conversada de antemano con PPK y, en efecto, la comisión Wagner ya haya decidido que la ONU entre a tallar en la reforma judicial y, además, en las funciones propias del CNM.
Si lo anterior fuese así, todas estas visitas del embajador Wagner y su comisión a los presidentes del Poder Judicial y al fiscal de la Nación (¿cuándo se da una vueltita por el TC?) para recabar información no sería más que un engañamuchachos para las cámaras de televisión, lo que sería grave. Ya hay un antecedente de una propuesta de ese tipo para que poderes extranjeros proclives a determinada ideología política reformen la justicia en el Perú. Una fue hecha por el señor Diego García Sayán quien sugirió que sean sus compadres de la CIDH los que intervengan nuestro sistema judicial, lo que para el peruano promedio es absolutamente INADMISIBLE. La propuesta de la ONU va por el mismo camino pues este organismo adolece de los mismos vicios que la CIDH, a saber, una argolla de burócratas internacionales de una determinada visión del mundo que es la misma que la del señor García Sayán y compañía.
Pero no solo es la intolerable ideología con la que se pretende infiltrar y copar la justicia en el Perú por lo que la ONU debería no ser bienvenida. También –y sobre todo– se trata de su absoluta incompetencia en materia de administración de justicia, lo que nos debe llevar a rechazarla categóricamente como “reformadora” y “facilitadora” de jueces y fiscales. Pruebas al canto.
La Corte Penal Internacional (CPI) es un organismo impulsado por la ONU. Entró en funciones en el año 2002, cuando empezó su trabajo. El presupuesto del CPI de este año asciende a 147 millones de Euros. La suma de los presupuestos desde el 2002 es de más de 1600 millones de euros. En esa corte promovida por la ONU trabajan poco menos de 900 personas con cargos fijos, a las que se suman 21 cargos “electos” (18 jueces, fiscal, fiscal adjunto y secretario, etc.), más de un centenar de trabajadores temporales y otros como “consultores” y “pasantes”. Los jueces perciben 180 mil euros anuales.
El resultado de esa impresionante legión de “profesionales”, infraestructura y presupuesto es el siguiente: desde el 2002 a la fecha solo han sentenciado a ¡CUATRO PERSONAS! Y en el caso más clamoroso de violación de derechos humanos como es el de Venezuela, del cual tienen entre manos centenares de denuncias de asesinatos y torturas desde ¡2004!, no han iniciado NINGUNA investigación. Solo están en la fase “evacuativa” desde hace ¡CATORCE años!
¿Y a estos presupuestívoros alineados con la ONU se pretende darles financiamiento para que se encargue de la reforma de nuestra justicia?
Yo también tengo otra propuesta, si me lo permite democráticamente el honorable Bruce. Yo sugiero que sea la reina Isabel a la que se le haga tan honroso encargo. Después de todo, las pelucas del Old Bailey funcionan como un reloj desde hace cientos de años y el brillo de la corona no tiene mácula desde hace mil.
Diplomado de Alta Especialización de la UIGV: “Nuevo Periodismo, grandes voces” (2012-2013).