Sede de la constructora Odebrecht en Lima (Perú) en febrero de 2016. REUTERS/JANINE COSTA

Los sobornos de Odebrecht en Perú, al descubierto

Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios

Por JOSÉ MARÍA IRUJO y JOAQUÍN GIL-Diario El País.
Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 15 millones de dólares (12,7 de euros) en comisiones a empresarios y altos funcionarios peruanos a través de ocho cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). La revelación forma parte de un informe confidencial de la Policía del Principado al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de un documento fechado el pasado ocho de mayo, que rastrea las transacciones de la firma brasileña en este banco de Andorra entre 2008 y 2015, y que fue encargado por la juez instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance.
El texto, de 12 páginas, desgrana la ruta del dinero que diseñó la mayor contratista de Latinoamérica para agasajar a trabajadores públicos vinculados a la concesión de obras en Perú. La constructora pagó a estos funcionarios a través de cuentas en la BPA abiertas a nombre de sociedades panameñas. Y, después, ideó un sistema que permitió a los sobornados recuperar el dinero mediante una telaraña de testaferros y bancos en EE. UU., China, Alemania, Bahamas o Suiza.
“En todos los casos, las estructuras de las cuentas tienen en común que están destinadas a ocultar el verdadero beneficiario. El motivo del uso de testaferros y sociedades offshore es evidente: evitar conocer quién paga y quién recibe”, señala el informe de las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario.
Lo que sigue es el detalle de los presuntos sobornos que Odebrecht pagó a través de Andorra a cargos públicos, empresarios y altos funcionarios de Perú.

Ammarin Investment

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.
Tras esta sociedad, se encuentra una cuenta en la BPA controlada por el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera. Odebrecht ingresó a este exdirectivo nombrado durante el mandato del expresidente Alan García (2006-2011) un total de 1.3 millones de dólares (1.1 de euros). La cifra supone más de un tercio de lo conocido hasta el momento.
La petrolera firmó cinco meses después de la salida de la empresa de Atala Herrera un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3,000 millones de dólares (2,538 de euros).

Relton Holding SA

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.
El beneficiario de la cuenta asociada a esta empresa es –según la policía- Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).
Prado Ramos se presentó ante la BPA como un “consultor de empresas e inversor con intención de ingresar inicialmente un millón de dólares”. La firma de Odebrecht Aeon Group gestionó la apertura de su depósito en agosto de 2013. Su cuenta solo recibió 3,048 euros en enero de 2015. Un dato que sorprende a los investigadores. “Por motivos desconocidos, la cuenta no llegó a materializar ningún ingreso importante”, precisa el informe.
La policía andorrana explica así el interés de la constructora por agasajar a este funcionario: “Prado Ramos tuvo un importante nexo con la adjudicación de obra pública debido a su labor como responsable principal de Emape, la empresa de Lima encargada de las obras en las vías de tráfico y accesos a la capital”.

Maxcrane Finance SA

El abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Horacio Cánepa Torre está detrás de una cuenta en la BPA abierta a nombre de esta sociedad en enero de 2013. Odebrecht transfirió a este letrado un total de 1,4 millones de dólares (1,2 de euros). La cifra supone más del triple de la cantidad conocida hasta el momento.
Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.
Canepa Torre se identificó ante la BPA con un pasaporte italiano (tiene doble nacionalidad). Justificó la apertura de su cuenta para cobrar supuestos trabajos de consultoría y explicó que “tenía un contrato de asesoramiento con Aeon Group [firma de Odebrecht]”. Después, añadió que planeaba ingresar en la entidad un millón de dólares.
El letrado sacó de su cuenta de la BPA un total de 332,000 dólares (280,950 euros) a través de seis transferencias a bancos extranjeros entre 2014 y 2015. Los fondos de Canepa Torre viajaron desde el Principado a depósitos en Nueva York y Hong Kong de Bank of America y HSBC.
“Los pagos recibidos por el señor Canepa de Odebrecht estarían dirigidos a adquirir influencia política”, señala la Policía de Andorra.
La conexión de Canepa Torre con Odebrecht se remonta a su etapa como árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Entonces, este abogado emitió entre 2009 y 2015 un total de 16 decisiones favorables a la contratista en litigios contra el Estado peruano. Los contenciosos permitieron al gigante brasileño de la construcción ganar más de 254 millones de dólares (215 de euros) entre 2001 y 2016, según el portal de periodismo de investigación Idl-reporteros.

Randalee Investments SA

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.
Es la sociedad conectada a una cuenta en la BPA a nombre de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de las mayores adjudicatarias” de Perú, según la Policía.
El depósito en la BPA se abrió en mayo de 2010 y, junto al patriarca de la empresa, figura como beneficiario su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. A través de dos sociedades, Odebrecht ingresó en la cuenta de esta familia 2.6 millones de dólares (2.2 de euros).
El presidente de Alpha Consult justificó ante la BPA el depósito como un instrumento para facturar a Odebrecht servicios de consultoría. Las pesquisas, sin embargo, enmarcan la cuenta de los Peñaranda en una mecánica propia del cobro de sobornos. “Alpha Consult es una de las mayores adjudicatarias de licitaciones por asesoramiento de obra pública y, por tanto, un gran factor de influencia sobre el poder político para conseguir la construcción y rehabilitación de infraestructuras”.
Como el resto de los presuntamente agasajados por Odebrecht, los Peñaranda sacaron pronto el dinero de la BPA. Se sirvieron para ello de una madeja de sociedades y bancos. Así, enviaron 2,4 millones de dólares (2 millones de euros) desde el Principado a entidades de EE. UU., Bahamas y Alemania. Además del patriarca, el dinero de Andorra llegó a una de las hijas (21,550 dólares, 18,233 euros) y un yerno (48,450 dólares, es decir  40,994 euros) del presidente de Alpha Consult. Los movimientos revelan que el clan transfirió 53,407 dólares (45,188 euros) a una compañía de agua mineral de Islandia a través de un banco en este país.

MORDIDAS EN LA CARRETERA INTEROCEÁNICA

El exdirector del Ositram, un organismo público dedicado a coordinar infraestructuras de transporte, figura como titular de una cuenta en la BPA abierta en octubre de 2008. Zevallos Ugarte, que gestionó en Perú la carretera Interoceánica –una obra ejecutada por Odebrecht de más de 1,400 millones de dólares (1,184 de euros)- recibió en su depósito del Principado 780,000 dólares (660,000 euros) de dos firmas vinculadas a la constructora brasileña.
Pese a los intentos de Zevallos Ugarte de presentarse como un empresario más ante la BPA, la entidad andorrana advirtió inmediatamente el carácter público de su cliente. “Ocupó varios cargos en la República de Perú: asesor del Ministerio de Pesca (2002), viceministro de Interior (2005), viceministro de agricultura (2006),…”, señala un expediente interno de este banco de Andorra.
El informe de la Policía del Principado señala además que Zevallos Ugarte fue contratado por la firma Rodwick para identificar y adquirir propiedades en España. Y añade que el exdirector del Ositram participó en una “operación de compensación” con otro cliente de la BPA. “Este cliente, al que no identifican, sería el director de Grupo Z inmobiliaria de Perú, que ocupó cargos políticos en este país. Se indica que el cliente es una persona respetable en Perú”, recoge el informe.
La Policía de Andorra resume así el interés de Odebrecht por premiar a Zevallos Ugarte: “Los ingresos que ha recibido de Klienfeld y Julson estarían vinculados con sobornos y malversación de dinero público sobre la licitación de obra pública en infraestructuras de la República de Perú, concretamente sobre la carretera Interoceánica Sur”, señalan los investigadores, que también abren la puerta a que el excargo público cobrara comisiones por la línea del metro de Lima.
Odebrecht se sirvió de la BPA y del Meinl Bank de Antigua y Barbuda para abonar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
El gigante brasileño de la construcción admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse infraestructuras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).
Humala se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo.
Fuente: investigación@elpais.es

Por Américo Zambrano- Revista CARETAS.
El clan Sánchez Paredes, grupo familiar oriundo de Santiago de Chuco, en La Libertad, volvió a ganar portadas esta semana, al igual que hace dos décadas lo hizo Perciles, el mayor de los hermanos, procesado y absuelto por narcotráfico, entre 1984 y 1988.
El viernes último, a las 11 a.m., el fiscal Jorge Chávez Cotrina presentó en la mesa de partes única del Poder Judicial denuncia penal por delito de lavado de activos en contra de Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel; Belisario Esteves Ostolaza y Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles (CARETAS 2120). La denuncia alcanza también a ocho empresas de la familia, entre las que aparecen Comarsa y San Simón, hoy rankeadas en el top 5 de las compañías auríferas del país, según el Banco de Crédito.
Se trata del más grande caso de lavado de activos de la historia peruana.
El anuncio oficial lo hizo este lunes 22 la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, acompañada de importantes autoridades del Ministerio Público (MP) y del director de la Policía, general Miguel Hidalgo, lo que evidencia el peso que el gobierno le ha dado a este ‘megacaso’. Fue el propio Presidente de la República, Alan García, quien impulsó la investigación hace dos años.
La denuncia fiscal fue derivada a la sede de los juzgados supranacionales, en la avenida Uruguay. El magistrado David Loli, quien reemplaza temporalmente al presidente de la Sala Penal Nacional, Pablo Talavera, adelantó que se designará al juez pertinente cuando el doctor Chávez culmine con enviar toda la documentación del caso, que incluye el atestado policial y sus anexos de más de un millón de folios.
Al cierre de esta edición trascendió que en el bolo figuraba el juez liberteño, Manuel Loyola Florián (33). Loyola, ex abogado del comandante PNP Elidio Espinoza, acusado de liderar un supuesto “Escuadrón de la Muerte” en Trujillo, llegó a Lima hace dos semanas para dirigir el Tercer Juzgado Supranacional en reemplazo del juez Teófilo Salvador Neyra.
En el Ministerio Público ha causado preocupación que sea un juez de La Libertad el que procese a la familia trujillana. El magistrado designado para este caso deberá emitir un dictamen en menos de 15 días y pronunciarse respecto al pedido fiscal de embargo preventivo de todos los bienes de los acusados, entre los que destacan yacimientos de oro en La Libertad y Ancash; múltiples propiedades en Lima y el norte del país; establos de ganado, centenares de caballos de paso, 2,000 vicuñas, terrenos en el balneario de Asia y hasta toros de lidia. Sería el mayor decomiso policial que se recuerde en el país.
Perciles Sánchez fue procesado y absuelto entre 1984 y 1988. En 1991 fue asesinado a tiros. Segundo Simón también fue asesinado en México en 1987. El caso tuvo amplia cobertura en la prensa local. La Fiscalía sostiene que el dinero de Segundo pasó a sus hermanos.
Es, igualmente, potestad del juez ordenar las capturas de los hermanos Sánchez Paredes, pero el fiscal Chávez no ha solicitado tal medida en virtud de que los investigados han acudido a todas las diligencias del caso y no han mostrado signos de poner los pies en polvorosa. En todo caso, equipos de inteligencia policial vigilan las propiedades de los Sánchez Paredes y aguardan el dictamen del Poder Judicial.

Pecado Original

La familia Sánchez Paredes es uno de los grupos económicos más grandes del norte del país. Sin embargo, la fortuna de la dinastía se mantuvo permanentemente empañada por una estela de muertes y sucesos extraños.
La “megainvestigación” arrancó en enero del 2008, luego de que CARETAS publicara una investigación periodística sobre la familia trujillana, serie que se inició en el 2007 y persistió en paralelo a las pesquisas de las autoridades.
Inicialmente el caso le fue conferido al fiscal Eduardo Castañeda, pero éste fue removido del puesto un año después y todo pasó a manos del doctor Chávez Cotrina.
Oriundo de Celendín, Chávez es un fiscal curtido en investigaciones difíciles. El caso, inicialmente, involucraba a 77 personas y 123 empresas investigadas. Chávez redujo la lista a ocho acusados.
“Esta investigación no se basó en el apellido”, dijo el fiscal a CARETAS. “Hay nietos, sobrinos que, si bien es cierto trabajan en las empresas de la familia, no participaron en los hechos delictivos. Los que movieron todo el emporio son los hermanos Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes, así también como Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel”.
¿Qué descubrió la compleja investigación? “El tema de fondo es el origen del dinero sucio. Nuestra estrategia no era demostrar un desbalance en el patrimonio de los investigados porque sabíamos que sus empresas crecieron con los años. Buscamos que demuestren cómo ganaron su primer millón, el lavado. Los peritajes concluyeron que los Sánchez Paredes, cuando formaron su emporio, no tenían el dinero que dicen haber tenido para poder iniciarlo”, sostiene el fiscal.
Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes presentaron a la Policía peritajes económicos de parte para sustentar sus ingresos percibidos antes de 1991, pero estos fueron refutados por la Policía. Manuel Sánchez afirmó haber ganado, entre 1960 y 1990, US$ 11 millones producto de la pesca. Pero no adjuntó boletas de pago, planillas de salarios o cualquier otro documento sustentatorio.
Orlando Sánchez dijo haber percibido, entre 1959 y 1990, US$ 15 millones por concepto de pesca, particularmente de jurel. Sin embargo, la Policía indica que se desconoce la procedencia de US$ 12 millones, aproximadamente.
Del mismo modo, Wilmer Sánchez Paredes declaró haber ganado, entre 1960 y 1990, US$ 13 millones en las actividades de transporte, ganadería y agricultura, así como en la compra y venta de cerveza al por mayor. Pero tampoco presentó documentos sustentatorios.
“Ellos quieren probar con un carné que han sido pescadores, pero eso no garantiza nada. Según sus análisis económicos, no han tenido vacaciones, han trabajado las 24 horas, sábados y domingos. No se han enfermado, tampoco hubo vedas en 30 años. Nunca descansaron, nunca durmieron. Es imposible”, afirma el fiscal Chávez.
La defensa de los investigados permanece en la otra orilla. Eduardo Roy Freire, abogado de Manuel Sánchez, dijo a CARETAS que, entre 1960 y 1990, “nadie hacía declaraciones juradas y, por lo tanto, no se puede exigir contabilidad de esa época”.
César Nakazaki, abogado de Orlando Sánchez, sostuvo que la Policía no elaboró peritajes correctos porque trabajaron con contadores y no con economistas. “Nosotros presentamos un peritaje económico y no se evaluó como tal”, declaró a esta revista.
En 1991, el año en que murió Perciles, Orlando, Manuel y Wilmer crearon la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), la empresa más grande del clan. En sus declaraciones a la Policía, los tres hermanos dijeron que conformaron Comarsa con un crédito de US$ 2 millones otorgado por un banco de Gran Caimán. “Presentamos un proyecto de exploración y explotación de la mina, elaborado por dos geólogos, y convencimos al banco”, manifestó Orlando Sánchez. Cuando la Policía interrogó a dichos geólogos, ambos negaron haber redactado el supuesto proyecto. “Hasta hoy se desconoce de dónde vino ese dinero”, dice el fiscal.
Por otro lado, el delito precedente, en este caso el narcotráfico, está probado, según Chávez. “Para nadie es un secreto que existió ‘Rancho Luna’ y que allí hubo un laboratorio de coca. Ese dinero (de Segundo Simón) pasó a sus hermanos”, declaró.
Los abogados Roy Freire y Nakazaki sostienen lo contrario. “La Policía de México decomisó las propiedades de Segundo Simón. Entonces, ¿cuáles son los bienes heredados por su madre y que ella transfirió a sus hijos Orlando y Manuel? No existen”, aseguró Roy Freire. La Policía sostiene que, entre esos bienes, figura una cuenta de un banco español que fue usada por Segundo Simón para financiar dos cargamentos de cocaína que fueron decomisados en Miami en 1987. Sin embargo, Nakazaki afirma que esa información se encuentra consignada “en un reporte investigatorio de la DEA que no tiene valor probatorio ni en Estados Unidos ni tampoco en el Perú”.
El fiscal Chávez aclara que “en una investigación de lavado de activos no es indispensable probar el delito precedente. Solamente tienen que existir elementos suficientes, indicios razonables, de que ese dinero no es de origen lícito”.
Los múltiples atestados policiales peruanos en los que Orlando, Manuel y Wilmer aparecen referenciados como traficantes de droga robustecen la presunción de culpabilidad en este caso. Roy Freire, quien defendió a Perciles entre 1984 y 1988, dice que a sus clientes los acusan “porque son cholos norteños que han sudado para hacer su plata”. Y sostiene que la Policía los persiguió con fines de extorsión. “Tengo la seguridad que ganaré este juicio”, promete. Pero el fiscal Chávez confía en la solidez de su investigación, en la que intervinieron cuatro fiscales adjuntos y 40 policías del Equipo Especial de Investigación (EEI) de la Dirandro que dirige el coronel Carlos Morán, uno de los efectivos que capturó a Abimael Guzmán, en 1992.
“Por eso duermo tranquilo”, dice Chávez. “Es el caso más difícil de mi vida y me he cuidado mucho. Ahora esperaré el dictamen del Poder Judicial y luego visitaré la tumba de mi padre en Celendín”.

Funcionario de Villarán acusado de beneficiar a OAS figura en los “Panama papers”

Diego Ferré Murguía aparece vinculado a Mossack Fonseca a través de la empresa North Shore Capital Investment.
El exgerente de Promoción de la Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán, Diego Martín Ferré Murguía, acusado de favorecer a OAS en el proyecto Línea Amarilla, aparece vinculado al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, dentro de la filtración informativa conocida como los “Panama Papers” y que tiene que ver con evasión tributaria y lavado de activos.
Ferré Murguía -señalado como uno de los funcionarios villaranistas que firmó un acta perdida para incorporar a toda costa el proyecto “Río Verde”- aparece en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), como accionista de la empresa North Shore Capital Investment, con sede en Nevada, Estados Unidos.
El caso de los “Panama Papers” fue una gigantesca filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, con la que se reveló el ocultamiento de propiedades, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado, líderes de la política mundial y otras personalidades.
En esa base de datos -difundida el 3 de abril de 2016 en 109 medios de comunicación de 76 países- Diego Martín Ferré Murguía registra como dirección la Calle Las Moras Mz A, Lote 8, Urb. La Molina Vieja, en Lima, Perú. Su incorporación a North Shore Capital Investment la hace en octubre del 2009 y su desactivación se produce en noviembre del 2013.
El programa “Panorama” reveló en un informe que Diego Ferré -junto a Gabriel Prado, otro funcionario encargado de ver el tema de los peajes y la inversión privada durante la gestión Villarán- formaron empresas en el paraíso fiscal de Panamá mientras encabezaban negociaciones de los proyectos de inversión de Odebrecht y OAS con la Municipalidad de Lima.
El diario Expreso publicó hace unos meses que el 20 de mayo del 2011 la Municipalidad de Lima firmó un acta que beneficiaba a la constructora brasileña OAS en el proyecto Línea Amarilla, en su afán de incluir en las obras a “Río Verde“. El documento estuvo perdido, por lo que no fue considerado dentro de las labores de fiscalización de la Contraloría.
En la suscripción del acta participaron Miguel Enrique Prialé Ugaz, gerente municipal y Diego Ferré Murguía, gerente de promoción de la Inversión Privada, André Giavina Vianchi por Línea Amarilla SAC y Valfredo de Assis Ribeiro Filho por OAS.
“Panama Papers” pueden dar finalmente la pista de irregularidades
La Adenda Nº 1 del contrato de concesión del proyecto ‘Línea Amarilla’ terminó siendo una copia fiel de lo acordado en el acta, pese a no haber tenido la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Gracias a ella también se permitió ampliar el tiempo e la concesión, encarecer el proyecto vial y elevar los peajes a favor de la concesionaria.
Fuente: http://manifiesto.net.pe

El padre Gregorio Chisholm se dirigía a realizar una misa a la iglesia Las Palmeras en el distrito de Yarinacocha cuando se produjo el accidente de tránsito

El párroco de Yarinacocha, en Pucallpa, Gregorio Chisholm, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional tras registrarse un accidente de tránsito con consecuente muerte de un profesional dedicado a la construcción civil.
Según agentes de la Policía Nacional, el padre Gregorio Chisholm se dirigía a realizar una misa a la iglesia Las Palmeras en el distrito de Yarinacocha en un auto blanco. Mientras que el fallecido Wilmer Apagueño Saboya viajaba con su hijo en una moto lineal.
Hasta el momento no se conoce cómo se originó el accidente; por lo que, el párroco Chisholm tuvo que ser derivado a la comisaría de la zona para rendir su manifestación y practicarle el dosaje etílico.
Asimismo, se informó que el hijo de Wilmer Apagueño, quien presenta múltiples contusiones, fue trasladado al Hospital Amazónico de Yarinacocha.
Fuente: Radio Programas del Perú y 24 Horas de Panamericana.tv

Párroco atropella y mata a padre de familia

Por Jeremías Godoy- Diario Correo
El párroco de Yarinacocha (Vicariato de Pucallpa), Gregorio Chisholm chocó su automóvil con una moto conducida por el ingeniero Wilmer Apagueño Saboya (39), quien murió en el acto tras golpear su cabeza con el pavimento.
El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de los jirones Callería y Grau, en el distrito de Yarinacocha.
Al momento del accidente, Wilmer Apagueño estaba acompañado de su hijo Hans de 18 años de edad, quien salió disparado producto de la colisión. Tiene múltiples contusiones.
Fue hospitalizado en el nosocomio de Yarinacocha y el estado de su salud es de pronóstico reservado.
Según testigos del accidente, Chisholm conducía en sentido contrario por el jirón Callería y se dirigía a oficiar una misa en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Yarinacocha, y al llegar al jirón Grau chocó con la moto de Wilmer.
El párroco fue detenido por los agentes de la comisaría de Yarinacocha, donde es interrogado para esclarecer el falta accidente. El dosaje etílico al que fue sometido Chisholm arrojó negativo.
Apagueño deja en la orfandad a dos niñas de 7 y 13 años, una viuda embarazada de dos meses y su hijo de 18 años quien debate entre la vida y la muerte.
Los familiares del fallecido exigen que Gregorio Chisholm sea sometido a un examen toxicológico, porque creen conducía dopado.
El párroco de Yarinacocha Gregorio Thomas Chisholm pagó 40 mil soles a los familiares de Wilmer Apagueño Saboya, quien murió en un accidente de tránsito provocado por el clérigo, el 18 de agosto cuando se dirigía a oficiar una misa.
El fiscal César Barrientos dijo que Chisholm se acogió al principio reparatorio -establecido en el Nuevo Código Procesal Penal- con los familiares de Apagueño, con el cual el caso será archivado. Chisholm iba a ser procesado por homicidio culposo.
El fiscal precisó que el párroco y Jackeline Estrella Linares, esposa del fallecido, llegaron a un acuerdo y convinieron acogerse al principio de acuerdo reparatorio.
El párroco entregó los 40 mil soles a Estrella Linares en el despacho del fiscal César Barrientos.