Perumin 2017

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La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, anunció que en el 2019 el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) evaluará los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de todos los sectores económicos.
“En dos años, el Senace ya tendrá a su cargo la evaluación de los estudios de impacto ambiental de todos los sectores, en su plan de trabajo”, anunció durante Galarza durante su exposición en el Encuentro Ambiental del Perumin 33.
Explicó que el Senace evalúa los EIA de los proyectos con altos montos de inversión, los cuales pasan por la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, que es un mecanismo de simplificación administrativa.
“El Senace está en un proceso de incorporar diversos sectores para su evaluación, actualmente tiene minería, energía y transportes que acaba de ser incorporada, además pronto se sumará agricultura”, anunció.
Fuente: Agencia de Noticias Andina.
La cartera de proyectos ha sido aprobada por el MEF pero posiblemente tardará un año más en hacerse realidad (Foto: Andina).

Apurímac: S/. 300 millones de adelanto de canon minero

“El conflicto social de Las Bambas es responsabilidad de un Estado lento”, dijo el gobernador regional de Apurímac durante PERUMIN 33.
A raíz de la conflictividad social en el área de influencia de Las Bambas, el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, dijo en PERUMIN 33 que su administración ha solicitado un adelanto de canon minero de S/. 300 millones.
La cartera de proyectos ha sido aprobada por el MEF pero posiblemente tardará un año más en hacerse realidad, dijo.
Entre 2015 a junio del 2017, la unidad minera Las Bambas aportó US$ 100 millones por concepto de regalías, pero la lentitud del sistema estatal es culpable de la conflictividad social de su región, dijo Wilber Venegas.
“Debemos invertir más rápido en el sector público para evitar conflictos al sector privado. El Estado es muy lento en sus procedimientos. La población, tras atravesar un largo periodo de pobreza, quiere las cosas más rápido. Cuando no encuentran respuesta en el Estado buscan a la mina”, dijo el también presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes.
Para los próximos 10 años, el 60% del territorio apurimeño se encuentra concesionado para la actividad minera, lo que significará una inversión de US$ 20,000 millones, indicó.
A partir del proyecto Las Bambas, que aún es el deal más grande del país, el PBI de la región Apurímac ha crecido en 154% en solo dos años. Esto le permitió pasar de los últimos lugares en crecimiento regional a estar en el puesto 12, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El proyecto minero Las Bambas inició operaciones en 2015 y demandó una inversión de US$ 10,000 millones. Tiene reservas de 7.2 millones de toneladas de cobre y recursos de 12.6 millones de toneladas de cobre. Se proyecta una producción de 450,000 toneladas de cobre anuales.
Sin embargo, la conflictividad social de la región perjudica el potencial que tiene para atraer la inversión privada, dijo durante su exposición en el Encuentro Social de PERUMIN 33.
Existe una voluntad política bastante fuerte por parte de las autoridades regionales para apoyar a la minería, pero las brechas siguen siendo grandes, y el trabajo, difícil, afirmó Wilber Venegas.
Explicó las pugnas entre pobladores de dentro y de fuera de las áreas de influencia del proyecto minero. “A ellos no han llegado las ventajas del proyecto las Bambas. Los precios de productos de primera necesidad se han incrementado en esos lugares, la población se ha visto perjudicada”.
Fuente: Diario Gestion.peAporte de mineras a OEFA financia todo el proceso de fiscalización ambiental. (Foto: Difusión)

Tribunal Constitucional ordena que se devuelva S/. 120 millones a minera Perúbar por aportes a la OEFA

Procuradores del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas presentaron una denuncia condenando una sentencia del Tribunal Constitucional que favorecería a la empresa minera Perúbar a recibir S/ 120 millones por parte del Estado Peruano.
A mediados de año la empresa interpuso una demanda de amparo ante la jurisdicción del Callao para que se le devuelva todo el dinero que la OEFA le ha cobrado por concepto de Aporte por Regulación, el cual financia todo el macroproceso de la fiscalización ambiental, que involucra a su vez el análisis de la calidad ambiental.
“En primera instancia esta demanda en el Callao es declarada improcedente porque no sería la jurisdicción competente. En segunda instancia esta decisión por incompetencia por territorialidad es confirmada. Por lo que la compañía minera acude al Tribunal Constitucional para pedir que la demanda se analice en el Callao”, señaló la congresista Yeni Vilcatoma en Radio Exitosa.
Sin embargo, al llegar al TC no se realiza la evaluación para determinar la competencia de territorialidad en el Callao y opta por resolver el problema de fondo sin notificar previamente a los procuradores del Minam.
“El TC ordena que se devuelva 120 millones de soles a favor de la empresa. El TC dice en un Decreto de junio del 2017, que se notificó a los involucrados, empero con la fecha posterior a la realización de la audiencia convocada y a la votación realizada. Es decir, que los procuradores se apersonan en forma posterior a la vista de la causa”, indicó.
De acuerdo con la información de los procuradores, el TC resuelve –en cumplimiento de los acordado– concederles de manera excepcional un plazo de cinco días para que revisen los actuados y de ser el caso agreguen lo que consideren pertinente para defender sus intereses “sin que ello suponga la realización de una nueva audiencia”.
Vilcatoma –que hizo pública la denuncia– cuestionó el conflicto al que aduce la empresa pues la OEFA tiene las facultades para hacer los cobros a las empresas a fin de reparar y contribuir a la preservación del medioambiente.
“Los procuradores sostienen que no han sido notificados. No les permite petición por extemporáneos. El TC les dice presente sus alegatos pero que ello suponga la realización de una nueva audiencia. Si el Estado peruano paga esta suma se crearía un precedente y todas las empresas mineras, en vez de aumentarse los controles para conservar el medioambiente van a pedir que se les devuelva el dinero que se usa para reparar los daños”, cuestionó.
En ese sentido, calculó que los montos que se debería devolver son: para el año 2014 S/. 58 millones, para el 2015 unos S/. 66 millones y para el 2016 y 2017 aún estaría pendiente establecer.
Fuente: Gestion.pe

Perumin: consulta previa legitimó US$ 1,483 millones de inversión sostenible

Hasta la fecha se realizaron 24 procesos de consulta que permitieron hacer viables la misma cantidad de proyectos de inversión por un monto de 1,483 millones de dólares en 13 regiones del país, señaló el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Alfredo Luna.
Durante el Perumin 33, sostuvo que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa ha adquirido un papel fundamental en legitimar la inversión sostenible en el país, lo cual está en línea con el alcance de la Ley de consulta previa (Ley 29785), aprobada en el 2011 y reglamentada en el 2012.
“Existe una confusión al respecto, esto se debe a que en algún momento como Estado no pudimos informar adecuadamente sobre los derechos de los pueblos originarios. Una cosa es la consulta previa y otra la participación ciudadana que sirve para tratar la ejecución de proyectos en zonas que no son indígenas”, afirmó.
En el caso de la minería se lograron 12 proyectos de inversión equivalentes a más de 17 millones de dólares en regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho, Áncash y Huancavelica. El resto está distribuido en los sectores de hidrocarburos, energía e infraestructura, en regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Junín y Huánuco.

Mayor confianza

El viceministro explicó que la Ley de consulta previa le permitió al Estado un óptimo nivel de confianza con la población involucrada, lográndose más de 350 acuerdos que le dieron mayor legitimidad a las intervenciones estatales, contribuyendo a prevenir conflictos sociales.
“Esta ley está hecha para 55 pueblos indígenas, de los cuáles 51 están ubicados en la Amazonía y cuatro en los Andes. Recordemos que estos pueblos originarios existen antes de la conformación del Estado, precisamente por esa razón el Perú suscribió el convenio 169 de la OIT, donde se les reconoce su derecho a la consulta previa”, enfatizó.
El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski inició 10 procesos de consulta previa, de los cuales 9 ya culminaron y 1 está en curso. En total son 34 procesos de consulta previa desarrollados desde el 2013, con la participación de 1,000 localidades de 10 regiones del país.
Fuente: Agencia de Noticias Andina.

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