Ernesto de la Jara- Instituto de Defensa Legal.

Por NICOLÁS CASTILLO ARÉVALO– Diario Perú21.
En estos tiempos donde abunda la información, todo está en línea y existe más de una fuente para verificar a una empresa o persona, dado que vivimos en el mundo de las ‘fake news’, connotadas personalidades vinculadas al mundo económico, político y a las finanzas públicas, así como personas de clase media con ahorros de muchos años cayeron en las garras de un despreciable estafador, Óscar Máximo Flores Lama.
“Me siento un cojudo”, me dice con vergüenza un alto ejecutivo de una compañía, quien es una de las casi 200 víctimas de una estafa por 70 millones de soles producto de los cuestionables manejos en el ámbito de las inversiones de Óscar Máximo Flores Lama, gerente general de la boutique financiera Óptima Inversiones, a quien se le acusa también de haber realizado un engaño piramidal o esquema Ponzi con esta empresa.
Lo curioso es que, en estos tiempos donde abunda la información, todo está en línea y existe más de una fuente para verificar a una empresa o persona, dado que vivimos en el mundo de las ‘fake news’, connotadas personalidades vinculadas al mundo económico, político y a las finanzas públicas, así como personas de clase media con ahorros de muchos años cayeron en las garras de un despreciable estafador. Este es el caso de Óscar Máximo Flores Lama, destapado por IDL Reporteros, fraude que desde hace días es la comidilla en los círculos financieros de Lima por el alto perfil de las víctimas.
Una de las víctimas fue nada menos que el fundador y exdirector del Instituto de Defensa Legal, Ernesto de la Jara. Mal que bien, al estar ligado a un medio de comunicación, encargó la investigación del fraude y él mismo lo hizo público, venciendo la vergüenza de autoidentificarse como uno de los ingenuos perjudicados.
De propia boca, De la Jara comentó a IDL: “Cuando Rosario (Díaz) me ofreció el producto, me dijo que mi plata iba a ser invertida en factoring (…). Te han recogido en carro con chofer, te ha llevado a las oficinas de Óptima. Rosario se presenta en tu casa, y a la primera consulta que tú tienes, viene y te explica”.
Si bien es comprensible el pudor y la reserva respecto a un tema enojoso, algunas fuentes en privado aceptaron conversar con Perú21 para tener un recorrido más completo del rompecabezas fraudulento. Los hilos de esta madeja recién aparecen.
Exministro de Justicia Francisco Eguiguren. (Foto: Cancillería de Bolivia)
Tipología de las víctimas
Las víctimas, tal como lo mencionan los propios entrevistados, se pueden clasificar en tres grupos. El primero compuesto por expertos que conocen el mundo financiero, que trabajan o han trabajado en este y que invirtieron en los fondos de inversión gestionados por Óptima Inversiones para diversificar su patrimonio. Según tres entrevistados de este grupo, lo invertido no representaba ni el 3% de todo su patrimonio.
El segundo grupo está conformado por personas de clase media, que han acumulado ahorros y que buscan una rentabilidad mayor de la que ofrecen las alternativas tradicionales, como los depósitos a plazo en cajas o inversiones en fondos mutuos.
El tercer grupo, que es el más sensible a este fraude, son las personas en etapa de jubilación como De la Jara, que decidieron sacar sus ahorros, fondos de la AFP o vender el inmueble, cuya renta iba a servir de pensión, para apostar por los fondos de Óptima.
Patricia Arévalo. (Foto: Facebook)
El móvil, la excesiva confianza, el rebaño
A diferencia de otras pirámides que se caracterizan por ofrecer rentabilidades muy por encima del mercado, los entrevistados comentan que las ganancias esperadas por las inversiones a través de Óptima eran razonables e iban con las tasas promedio del mercado.
Así, uno de los productos que había despertado la oportunidad de inversión eran los fondos que apuestan en las compras de facturas o factoring. Este es un producto financiero que se caracteriza por comprar la factura a los proveedores de las empresas por un valor menor a dicho título, con el propósito de dotarles de liquidez, en un sistema financiero en que no todas las pymes forman parte del apetito de las entidades.
“Las tasas de retorno que ofrecían por la inversión no despertaban sospecha. Estas oscilaban entre 10% y 12%, interés que podrías conseguir en cualquier otro fondo que se dirige a los emprendedores”, nos cuenta uno de los expertos que fue víctima.
Piero Ghezzi, un economista bien reputado que trabajó en bancos de inversión extranjeros y fue ministro de la Producción, fue una de las víctimas.
Fuentes dijeron a Perú21 que Ghezzi terminó por invertir en Óptima porque, cuando conoció a Flores, este no tenía un mal precedente ni nada que haga sospechar que era un estafador. Además, la prosperidad de Ghezzi supera largamente los más de US$3.1 millones que invirtió.
No obstante, la marca personal Ghezzi fue usada por María del Rosario Díaz, una especie de bróker de inversiones, para jalar a otros inversionistas a Óptima.
Muchos de los inversores más sofisticados se dejaron llevar por la trayectoria del exjefe de Investigación de Mercados Emergentes en el Barclays Capital, con sede en Londres, y olvidaron hacer la debida diligencia a la hora de invertir en los fondos de Óptima. El efecto rebaño entraba en acción.
Así, en la medida que iban entrando más expertos de buena reputación como el economista Alonso Segura, exministro de Economía, y el gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, Federico Oviedo, sirvieron de argumento de venta para que María del Rosario Díaz consiga más clientes, lo que generó un contagio tóxico.
Exministro de la Producción Piero Ghezzi. (Foto: GEC)
Por fuera flores y por dentro…
Óscar Máximo Flores nunca despertó sospecha de nada. En primer lugar, en las gestoras en que trabajó, como Blanco SAFI, Blanco Consultora y Krese SAF, nunca tuvo problemas. Él dejó esta última para emprender Óptima Inversiones.
Según señaló IDL y se pudo corroborar con las fuentes, Flores llegó a constituir Óptima Inversiones SAFI, un sociedad de fondos de inversión, regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con Piero Ghezzi, a sugerencia de este último para garantizar la transparencia de la gestión. Sin embargo, se sabe que Ghezzi vendió su participación por no estar de acuerdo con cómo Flores gestionaba la firma.
No obstante, eso no representaba hasta ese momento ningún fraude. Recién a fines de 2021, en plena pandemia, Flores dejó de cumplir con los pagos, lo que despertó las alertas de los inversores más sofisticados.
Se sabe que la gran mayoría de ellos, alrededor de unas 10 personas, optaron por no retirar sus fondos ni sus intereses para evitar que Flores termine por perjudicar a más personas. Esto, porque, a medida que más gente intente rescatar su dinero, ello incentiva a Flores a atraer a nuevos inversores para ‘tapar el hueco’ (el esquema Ponzi). Algo que de todas maneras hizo, pero iba a ser más perjudicial si los expertos sacaban su dinero porque eran los que tenían más recursos.
De acuerdo a un reportaje de Romina Mella para IDL-R, Óscar Flores y su asesora financiera, Rosario Díaz García, estuvieron captando clientes para Óptima Inversiones.
CICA: La última esperanza
Para pagar a todos los inversores que hicieron fuerza para retirar su dinero, Flores tomó recursos de la empresa CICA, una consultora que brinda servicios a la minería, que adquirió con la plata de los inversionistas y en la que se puso como dueño.
Según las fuentes, en este momento, CICA es una empresa que por su insolvencia ya hubiera sido cerrada de estar regulada por la SBS. No obstante, tiene un poco más de 20 años en el mercado con buena trayectoria y, de reflotarla, puede significar una esperanza para las víctimas.
Sin embargo, se debe buscar la forma de sacar a Flores de la compañía, algo que podría ser complejo considerando que la empresa puede representar el seguro de vida de este timador para evitar que lo pongan entre rejas.
Actualmente, Flores, quien no respondió a nuestra llamada, vive en Lima. Se ha presentado ante la justicia y ha usado como argumento que, como cualquier inversión, se pueda ganar o perder.
Se sabe que el implicado llegó a tener hasta seis carros, pero se deshizo de estos, así como de cualquier otro patrimonio para evitar que se lo quiten.
Por su parte, Díaz también está suelta en plaza asesorando a algunas de las víctimas para poder rescatar sus recursos.
Este caso tiene más aristas por desarrollar. En primer lugar, no existe ninguna política que promueva que personas con poco conocimiento de inversiones apuesten por sistemas no regulados. Por otro lado, llama la atención el desempeño de la SMV. En junio de este año, tras más de un año de que se cerrara Óptima Inversiones SAFI, el regulador ha emitido un par de resoluciones que sancionan a la empresa por no entregar su información financiera a tiempo. Quizás podría haber ayudado a detectar la clase de persona que era Flores, advertencia que no tuvieron sus víctimas. La única desventaja de un corazón honesto es la credulidad.
Exministro de Economía Alonso Segura. (Foto: Andina)

La gran estafa de Óptima: exministros fueron víctimas de un esquema piramidal que se apoderó de S/70 millones

Fueron un total de 200 personas, entre conocidos inversores y expertos financieros, que creyeron en Óscar Flores, gerente de una compañía fraudulenta, según IDL-Reporteros. Entre los afectados figuran Piero Ghezzi, exministro de la Producción, y Alonso Segura, exministro de Economía.

Por Jordan Arce- Infobae.com
Un nuevo caso de estafa piramidal ha sacudido la clase media alta limeña. El monto de afectación asciende a los 70 millones soles y este sistema fraudulento habría estado liderado por Óscar Flores Lama, gerente general de Óptima Inversiones Perú SAC, Óptima Factoring Perú SAC y Óptima Service and Consulting SAC, según IDL-Reporteros.
De acuerdo al informe periodístico, Flores y su asesora financiera, Rosario Díaz García, captaron clientes para Óptima Inversiones, un fondo privado que ofrecía tasas anuales de 10 % en dólares y 12 % en soles. El porcentaje no era exagerado y no levantaba sospechas entre sus potenciales inversionistas, a diferencia de otros sonados casos de estafas en los que la rentabilidad es el doble o triple del dinero entregado.
“Dentro de la estructura de Óptima Inversiones existieron seis fondos de inversión en los que invirtieron, en total, alrededor de 200 personas (o partícipes), entre 2015 y 2022. Estos son Supernova, Opportunity Dólares, Opportunity Soles, Gamma, 50M y 20M”, se detalla en el reportaje.
En la lista de clientes figuran Piero Ghezzi (exministro de la Producción), Alonso Segura (exministro de Economía y Finanzas), Elena Conterno (exministra de la Producción y actual directora del Scotiabank y Profuturo AFP) Federico Oviedo (director de BNB Valores Perú Sociedad Agente de Bolsa), Gianfranco Castagnola (presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría y presidente del Scotiabank) y Ernesto Balarezo (CEO de la compañía minera Sierra Metals).
Óptima SAFI y Óscar Flores
Según IDL-Reporteros, cuando Piero Ghezzi empezó a solicitar información, Óscar Flores le ofreció crear una SAFI (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión), supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Es así que el 2018 nace Óptima SAFI, con un capital social de millón y medio de soles, donde Ghezzi tenía el 99.5% de las acciones y Óscar Flores el restante 0.5%.
Ante incumplimientos por parte de Flores, Ghezzi protestó y llegó a un acuerdo para venderle sus acciones en Óptima SAFI, pero nuevamente Flores incumplió su acuerdo. La SMV canceló el funcionamiento de Óptima SAFI en diciembre del 2021.
“Entre el tercer trimestre del 2021 y la primera parte del 2022, los inversionistas empezaron a dejar de recibir los intereses generados por sus inversiones”, se precisa en el informe sobre los clientes de Óptima.
Dentro de los afectados también figura el nombre de Ernesto de la Jara, fundador y exdirector del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien encargó la investigación del presunto fraude y su posterior difusión. “Cuando Rosario (Díaz) me ofreció el producto, me dijo que mi plata iba a ser invertida en factoring”, recordó.
Las ganancias esperadas eran razonables
A diferencia de otras pirámides que se caracterizan por ofrecer rentabilidades muy por encima del mercado, los entrevistados comentan que las ganancias esperadas por las inversiones a través de Óptima eran razonables e iban con las tasas promedio del mercado. Eso les inspiró confianza.
Según Perú 21, las víctimas se pueden clasificar en tres grupos: El primero compuesto por expertos que conocen el mundo financiero, el segundo grupo conformado por personas de clase media, que han acumulado ahorros y que buscan una rentabilidad mayor y el tercer grupo son las personas en etapa de jubilación como De la Jara.
Recién a fines de 2021, en plena pandemia, Flores dejó de cumplir con los pagos, lo que despertó las alertas de los inversores más sofisticados.
Trascendió que Flores vive en Lima. Se ha presentado ante la justicia y ha usado como argumento que, como cualquier inversión, se pueda ganar o perder. Se menciona que llegó a tener hasta seis carros de alta gama, pero se deshizo de estos, así como de cualquier otro patrimonio para evitar que se lo quiten. En tanto, Díaz también está suelta en plaza asesorando a algunas de las víctimas para poder rescatar sus recursos.

La banda de Bermejo

Por Fernando Rospigliosi- Diario EXPRESO.
Según ha determinado la Fiscalía, en uno de los innumerables actos delictivos perpetrados por Pedro Castillo y la gavilla que asaltó el Gobierno en 2021, está directamente involucrado el congresista Guillermo Bermejo.
Como se recuerda, Bermejo es un ultraizquierdista vinculado, según la Dircote, a la Coordinadora Continental Bolivariana y a los terroristas de Sendero Luminoso en el Vraem. Por este último caso está siendo procesado actualmente. Antes fue sindicado por presuntamente haber intentado atacar la residencia del embajador de los EE.UU. con explosivos, durante el segundo gobierno de Alan García.
Llegó al Congreso en la lista de Perú Libre y después se apartó de ese grupo, pero siempre estuvo muy cerca a Castillo, a quien defendió incansablemente.
Según el Ministerio Público, Bermejo aparece como “organizador” entre los “integrantes de la macro organización criminal enquistada en el poder”, encabezada por el delincuente hoy recluido en Diroes e integrada, entre otros, por Alejandro Sánchez Sánchez, el prófugo dueño de la casa de Sarratea y Robert López López, el exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
En este caso, se trata de coimas presuntamente acordadas por Bermejo y sus secuaces con funcionarios de la ARCC y el alcalde de La Unión, Piura, en cuatro obras con un monto de más de 14 millones de soles.
La investigación empezó en Piura el 2022 y en una conversación telefónica entre el alcalde Fernando Ipanaqué Mendoza, el asesor en la ARCC, Mario Espinoza Vera, y el “asesor en la sombra” de Guillermo Bermejo, Yul Valdivia, se discuten los montos de las coimas que presuntamente habían acordado con Bermejo.
Ipanaqué le dice a su interlocutor que hay discrepancias en las cifras de los sobornos: “Mario, te decía que estoy con el asesor de Bermejo que está en Piura y estamos nuevamente volviendo al tema de los números que quedamos con la reunión que tuvimos en Lima y tú me indicaste que anote los que le corresponde a él, de los 4 salieron en ese momento”. Y luego dicta algunas cifras y añade: “Ahora ellos tienen con otros números”.
Y luego precisa que está con el asesor de Bermejo y aclara: “y no diga que son cosas mías, sino cosas que ustedes ya han arreglado con ellos, entre ustedes ya arreglaron y esto es que de estos tengo que darles a ellos”. Espinoza, de la ARCC, pregunta si el asesor que Bermejo que está con el alcalde es Jaime Jara, pero Ipanaqué aclara que es Yul Valdivia. Finalmente, Espinoza asiente, las coimas son las que Ipanaqué ha mencionado: “Ajá, así es”.
Otras conversaciones también involucran a Bermejo, que ha negado todo con el mismo cinismo de su jefe, Castillo.
En síntesis, como todos los socialistas del siglo XXI, Castillo y sus secuaces son una pandilla de facinerosos que se encaramaron en el poder para robar. La ideología es un taparrabos que les sirve para engañar a los incautos y justificar sus latrocinios.
El 25 de julio, el congresista Guillermo Bermejo visitó el centro poblado Santiago de Llacón. En la imagen sale con el alcalde Alberto López y Alan Valdivia (izq.). Foto: ‘Tu Diario’ de Huánuco.

Interceptación telefónica vincula al congresista Bermejo con obra de S/4 millones en Huánuco

Revelación: audio incluido en investigación de Los Operadores de la Reconstrucción evidencia cómo Alan Valdivia, cuyo hermano sería asesor del congresista, coordinó proyecto con alcalde de centro poblado que el legislador visitó. Burgomaestre reconoció que buscó intermediación para sacar adelante el tema.

Por Katy Cano- ATV.
De acuerdo a escuchas telefónicas, que forman parte de la investigación del caso de corrupción ‘Los operadores de la Reconstrucción’, Guillermo Bermejo estaría involucrado en la adjudicación de una obra valorizada en cuatro millones de soles.
Esto tras revelarse que Alan Valdivia, quien sería hermano de uno de sus asesores, fue el responsable de coordinar la adjudicación de la obra con el burgomaestre del poblado Santiago de Llacón, ubicado en la región Huánuco.
Además, una fotografía publicada por el periódico “Tu Diario”, de dicha región, evidencia una visita de Bermejo Rojas a dicha localidad, donde se lo ve caminando junto con el alcalde Alberto López y Alan Valdivia.

«Engañó a Castillo para que dé golpe de Estado»

«Le ofreció traer seis mil reservistas al presidente», asegura Américo Gonza también investigado por la Fiscalía.

Por María Teresa García- Diario EXPRESO.
El parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, reveló que el legislador Guillermo Bermejo le mintió al entonces presidente Pedro Castillo cuando le aseguró que miles de reservistas apoyarían el golpe de Estado y posterior cierre del Congreso, y por eso dijo no sorprenderse por las denuncias en contra de su colega.
“El 7 de diciembre, Bermejo le ofreció traer seis mil reservistas al presidente para cerrar el Congreso. ¿En qué cabeza cabe que se va a cerrar el Congreso con reservistas? Eso es engañar y por eso el presidente hizo lo que hizo, porque le dijeron que iba a tener el apoyo de la gente, de la calle, del pueblo cosa que no hubo, lo hicieron saltar al vacío”, sostuvo el legislador.
Además, señaló que en los últimos meses del gobierno de Pedro Castillo, el citado congresista estuvo muy cerca del entonces mandatario y de algunos ministros.
Cabe indicar que según la tesis fiscal, Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta, detenidos en el marco de las investigaciones de la red criminal “Los operadores de la reconstrucción”, eran asesores en la sombra de Guillermo Bermejo. Dicha organización criminal se encargaba de conseguir presupuestos y colocar empresas ganadoras en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
El congresista Gonza también señaló que para los sectores de izquierda, Bermejo fue un infiltrado en el anterior gobierno.
“El señor Bermejo no tenía un trabajo conocido, sin embargo ha viajado por diferentes países, y del Vraem entra y sale (zona en donde se movilizan grupos terroristas), yo no podría”, indicó.

“Guillermo Bermejo tiene que someterse a las investigaciones”

El parlamentario indicó que luego de conocidas las investigaciones fiscales hechas a personas muy cercanas a Bermejo, ahora tendrá que someterse a las indagaciones.
“Como cualquier ciudadano, Guillermo Bermejo tiene que someterse a las investigaciones, como lo estoy haciendo yo, como lo están haciendo los demás congresistas”, sostuvo.

Cobraban coimas para pagar defensa legal de Pedro Castillo

El exdirector de la ARCC pedía cupo a alcaldes para pagar honorarios de Benji Espinoza.

Mientras miles de familias padecen las consecuencias de las lluvias, inundaciones y huaicos en el norte del país, el exdirector de Reconstrucción con Cambios, Robert López López, era una pieza clave en la recaudación de dinero para pagar los honorarios del exabogado del golpista Pedro Castillo Terrones, el abogado Benji Espinoza, según “Contracorriente” de Willax TV.
López López fue detenido en el operativo organizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Judicial, en coordinación con la Policía Nacional, en el cual se allanó varias viviendas involucradas al caso ‘La Unión’ en diferentes regiones del país. Según el informe fiscal, en el caso se incluyó a 29 personas, vinculadas a la red criminal ‘Los operadores de la Reconstrucción’.
López López condicionaba a los alcaldes del norte a entregarles el presupuesto que solicitaban para mitigar los desastres generados por el Niño Costero, a cambio de un porcentaje del monto, el cual aparentemente era utilizado para pagar la defensa legal de Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo.

“Los chiclayanos”

Se detectaron que seis obras en el distrito piurano de La Unión habían sido tomadas por una mafia denominada “Los Chiclayanos” a la cual presuntamente pertenecían Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo y Robert López . El mantenimiento de las calles del Centro Poblado Nuevo Tamarindo y Arroyo Mío, recuperación de la Institución Educativa N°025, la rehabilitación del servicio educativo secundario en el colegio Almirante Miguel Grau de Villa Tablazo Norte y la recuperación del local de la Escuela N°1056 en el Asentamiento Humano Héroes del Cenepa. Todo por un valor que superaba los 80 millones de soles.

Socios de Martín Vizcarra revelan millonarias sumas en proyectos de construcción

El resultado fue primero más de 1 millón de soles en Lomas de Ilo y 1 millón 300 mil en el Hospital Regional. La sumatoria fue de 2’335,821 soles.

Martín Vizcarra Cornejo ya era presidente de la República del Perú a raíz de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ocurrida el 23 de marzo de 2018. Es cuando el flamante mandatario sospecha que sus amigos y socios lo han traicionado en la Fiscalía con declaraciones en su contra en los casos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Habían pasado seis años y a Vizcarra no se le ocurrió mejor idea que llamar a su amigo más cercano, José Manuel Hernández Calderón, ex ministro de Agricultura en el gobierno de Kuczynski.
Es así que el 14 de mayo de 2019 le solicitó una reunión. La petición fue respondida positivamente en el día y en el departamento de un asesor palaciego que vivía en el mismo edificio donde moraba el moqueguano, ubicado en la avenida Dos de Mayo del exclusivo distrito de San Isidro.
La preocupación de Martín Vizcarra era evidente. Le expuso a Hernández que estaba informado que “gente” de la constructora Obrainsa (Obras de Ingeniería SA) habría declarado ante un fiscal que investigaba al Club de la Construcción que le entregaron dinero para firmar el contrato del proyecto de traslado de agua de la Represa de Pasto Grande a Lomas de Ilo, en Moquegua.
Y que ejecutivos de la constructora ICCGSA (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA) habrían tenido similar conducta tras la suscripción del contrato para la construcción de la obra del Hospital de Moquegua.
Todo esto era inadmisible porque tanto a Obrainsa como a ICCGSA, entre otras empresas, Vizcarra las había favorecido con cantidad de obras cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del gobierno de PPK.
En los días siguientes insistió cada vez más para que José Hernández, dueño de la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA), que había participado como supervisora en los dos proyectos antes citados de Lomas de Ilo y del hospital, averigüe la veracidad de esos rumores, contactando obviamente a los representantes de Obrainsa e ICCGSA.
Las reuniones de vuelta tuvieron lugar los días 16 y 18 de mayo de 2019, pero ahora en el departamento del mismo Vizcarra, el N° 803 de la mencionada avenida Dos de Mayo.
Hernández le informó que de la boca de Fernando Castillo Dibós –presidente de ICCGSA- no salió nada que lo comprometa ni tampoco de Ernesto Tejeda Moscoso, presidente de Obrainsa. Otro era el caso de Elard Paul Tejeda Moscoso, gerente de Obrainsa, quien se había acogido a la colaboración eficaz y era no habido.
Pánico
En este momento Martín Vizcarra entró en ‘trompo’ porque era consciente de que sus tratativas ilícitas las había realizado directamente con Elard Paúl Tejeda Moscoso. Y en su conciencia tendría claro que las coimas sumaban en los dos proyectos (de Lomas y el hospital) 2’335,821 soles, según las investigaciones.
¿Cuál era el temor de Vizcarra? Veamos. De Lomas de Ilo ya hemos escrito bastante. Ahora nos centraremos en el affaire del Hospital de Moquegua.
En la acusación fiscal de Germán Juárez Atoche contra Vizcarra hay más de un detalle que explica el pánico que debe haber sentido dicho personaje que gobernó Moquegua entre los años 2011 y 2014.
Y es que al igual que en el caso Lomas de Ilo, en el proceso licitatorio del referido hospital, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) violó la confidencialidad que debía guardar en tanto era el organismo que elaboró las bases del concurso, además impidió que haya una libre concurrencia de postores, como ya lo había hecho en Lomas de Ilo, direccionando todo a favor de una de las dos empresas participantes de la buena pro, el “Consorcio Hospitalario Moquegua” integrado por ICCGSA e INCOT que ofertaron S/126’506,231.61, monto presentado el 12 de noviembre de 2013.
El otro era el “Consorcio Moquegua 1” formado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la firma Mantenimiento, Construcción y Proyectos Generales SAC con un monto de propuesta de S/146’510,339.66.
Fuente: Diario EXPRESO.

Patricia Chirinos a Martín Vizcarra: «Qué podemos esperar de este nefasto personaje».

Patricia Chirinos denunció a Martín Vizcarra, Salvador del Solar y exmiembros del TC por cierre del Congreso en 2019

En la acusación constitucional también está incluido el exparlamentario Gino Costa por cederle la palabra al exprimer ministro aquel 30 de septiembre en el Pleno.

Por Valeria Coca Pimentel– Infobae.com
Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y el exprimer ministro, Salvador del Solar, por los presuntos delitos de “aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín, y organización criminal” por el cierre del Congreso en 2019.
La legisladora comunicó que los “golpes de Estado no pueden quedar impunes”, por lo que decidió tomar acción en lo que concierne a la disolución del Parlamento ocurrida durante el gobierno de Vizcarra Cornejo, su expremier, el gabinete ministerial que permaneció en el cargo mientras se diluyó el Legislativo, el excongresista Gino Costa y otros exmagistrados del Tribunal Constitucional. A los 22 implicados se les acusa de haber avalado la acción del exjefe de Estado.
La acusación fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La representación nacional ha solicitado que se inhabilite de la función pública por 10 años.
“Se puede determinar que el expresidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, el expresidente de Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarthe y su gabinete, el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, al haber hecho una cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva del Congreso dela República y al haber pretendido interpretar una supuesta ‘denegación fáctica’ a una cuestión de confianza y dar legalidad a un inconstitucional cierre del Congreso de la República, habrían cometido infracciones constitucionales e ilícitos tipificados en el Código Penal”, detalla el documento.
Los cierres del Congreso de Alberto Fujimori y Pedro Castillo fueron señalados como inconstitucionales mientras que el de Martín Vizcarra fue respaldado por el Tribunal Constitucional.
Para la integrante de la bancada de Avanza País, los denunciados “fueron los principales responsables de llevar a cabo el cierre inconstitucional del Congreso, debido a la interpretación indebida de la cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento”.
Los exministros denunciados son Carlos Morán Soto, Jorge Ricardo Francisco Moscoso Flores, Carlos Augusto Oliva Neyra, Maria Esperanza Jara Risco, Jaime Castillo Butters, Elizabeth Tomás Gonzales, Flor Aidee Pablo Medina, Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, Francisco Atilio Ismodes Mezzano, Gloria Edelmira Montenegro, Paola Bustamante Suárez, Rocío Ingred Barrios Alvarado, Fabiola Martha Muñoz Dodero, Lucía Delfina Ruiz Ostoic y Néstor Francisco Popolizio Bardales.
En lo que concierne a la denuncia contra el exparlamentario Gino Costa, la funcionaria decidió interponer una denuncia en su contra porque le cedió la palabra al exprimer ministro: “El excongresista, Gino Costa Santolalla habría cometido infracciones constitucionales y el delito de conspiración para unarebelión, sedición o motín, al haber permitido el uso de la palabra al premier para que se exprese abruptamente en el hemiciclo una cuestión de confianza que tenia como unico objetivo el cierre del Congreso de la República”.
En el caso de los exintegrantes del TC, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales y Eloy Espinoza-Saldaña Barrera, la congresista los denunció por haber rechazado la denuncia presentada por el expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, ante el cierre del Poder Legislativo. Para la legisladora, esto es una forma de “avalar” la decisión del expresidente.
“Los ex miembros del Tribunal Constitucional denunciados habrían cometido infracciones constitucionales y delitos a través de la Sentencia 00006-2019-CC/TC en la que declararon infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, en contra del acto de disolución del Congreso de la República, avalando este ilegal einconstitucional golpe de Estado”, agregó.
Hasta el momento, el expresidente de la República no se ha pronunciado acerca de esta denuncia, sin embargo, hace meses atrás ya se conocía la intención de denunciar constitucionalmente a los funcionarios involucrados en la disolución del Parlamento peruano.

Christian Hudtwalcker: «No tiene profesionalismo»

La congresista Patricia Chirinos le respondió al conductor de Latina Noticias, Christian Hudtwalcker, quien calificó de “papelón” y “mamarracho” su denuncia contra miembros del Junta Nacional de Justicia, donde también la llamó “monito con metralleta”. Ella cuestionó al ‘periodista’ por sus declaraciones y señaló que “no tiene profesionalismo”.
“Señor Hudtwalcker, puedo entender que usted no esté de acuerdo con las denuncias que presento o que tenga diferente pensamiento político, pero bajo ninguna excusa le voy a permitir que me insulte, discrimine o intente minimizar mi labor como parlamentaria. No me victimizo, pero le exijo respeto. Estar frente a una cámara de televisión implica cierto nivel de profesionalismo, algo que evidentemente usted no tiene, por lo que ha sido expectorado de varios medios de comunicación”, expresó.
Bajo esa línea, la parlamentaria de Avanza País rechazó lo dicho por Hudtwalcker y pidió a Latina que analice la continuidad del periodista en su espacio de televisión.
“Latina se ha caracterizado por su compromiso en defensa de los derechos de la mujer y su permanente lucha en contra de toda violencia de género, por lo que debería de evaluar la continuidad de este periodista”, agregó.
Fuente: Diario EXPRESO.

Moqueguanos exigen cárcel para Martín Vizcarra

Por Plinio Esquinarila- Diario EXPRESO.
La historia de las denuncias que desde las organizaciones populares se hicieron contra el gobernador de Moquegua. En tanto, el fiscal Germán Juárez diluyó los delitos de cohecho y colusión.
Este jueves 10 de agosto de 2023 culminaron las labores del Primer Encuentro Anticorrupción en la ciudad de Moquegua con el acuerdo unánime de solicitar a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el nombramiento de una comisión ad hoc de magistrados de la capital de la República para investigar a fiscales que se han encargado de “proteger y archivar las denuncias contra los corruptos”.
Con la participación de alrededor de 200 delegados de las tres provincias de la región, el cónclave tuvo lugar en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Moquegua, donde precisamente Martín Vizcarra fue decano, siendo allí instalada una banderola alusiva a la “Lucha frontal contra las organizaciones criminales de la región Moquegua” que remataba con este eslogan: “¡Ahora cárcel para Martín Vizcarra!”.
“El temperamento de la gran reunión fue luchar para que el exgobernador de Moquegua (2011-2014) y ex presidente en la República, Martín Vizcarra Cornejo, sea juzgado por las autoridades sin ningún favoritismo ni impunidad porque el pueblo de Moquegua exige su encarcelamiento para que pague los delitos que ha cometido”, declaró para EXPRESO el dirigente Paredes Zegarra, que fue elegido presidente de dicho organización anticorrupción.
En un pronunciamiento titulado “Acta de desarrollo Región Moquegua” hay once puntos programáticos aprobados en el evento, siendo el primero el pedido a la Fiscal de la Nación para investigar y sancionar a los fiscales que han propiciado la impunidad en la región mediante la protección a las autoridades denunciadas y el archivamiento de sus respectivos expedientes.
En ese orden de ideas, en el punto 4 del documento solicitan a las autoridades “sanción penal” en contra de Martín Vizcarra por los proyectos Lomas de Ilo, Hospital de Moquegua, por la carretera Torata-Omate-Arequipa (cuyos presupuestos han sido dilapidados sin hacer la obra), la venta de la Faja Marginal al Consorcio Moquegua (a capitales chilenos) y el caso de la represa de Chirimayuni.
Otros puntos gravitantes solicitados por los dirigentes al Ministerio de Agricultura, a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala y a los alcaldes provinciales es “la construcción de la Represa de Humajalso para evitar la sequía frente al calentamiento global y el fenómeno de El Niño”.
Una exigencia ambientalista tiene que ver con la nulidad de las resoluciones de autorización de agua por parte de la Autoridad Nacional del Agua y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, en favor de la minera Angloamerican–Quellaveco. Se refieren a las aguas de las cuencas de los ríos Chilota, Chincune y Vizcachas por estar reservadas para dicho proyecto especial por mandato de la Ley 23257 de junio de 1981 y el D.S. N°002-2008-AG, afirman.

Primera en denunciar

Sobre el citado Frente Anticorrupción es de recordar que fue la primera institución de la sociedad civil de Moquegua que denunció a Martín Vizcarra en el año 2014, cuando dicho personaje aún era gobernador regional de Moquegua, por obvias ilicitudes en el traslado de agua de la represa de Pasto Grande a la hasta hoy fallida irrigación Lomas de Ilo.
El Gobierno Regional de Moquegua había contratado a la empresa Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA), de propiedad del exministro de Agricultura y Riego, Manuel Hernández Calderón, amigo del mismo Vizcarra, para elaborar el expediente que se usaría en dicha obra de Lomas de Ilo. El contrato se firmó en marzo por 2’373,076.81 soles e incluía los servicios de consultoría, seguros e impuestos.
Como ya hemos detallado, el contrato global se firmó el 6 de diciembre de 2013 con el Consorcio Obrainsa–Astaldi por un monto de 80’981,137.34 soles, con una carga de sobornos del 2% del monto inicial en favor de Martín Vizcarra que superaba el millón de soles.
Las irregularidades, en cuanto a supervisión, aparecieron después. En el contrato Nº025-2013-GG-PERPG/GR.MOQ figura la empresa ATA como encargada de la supervisión de la adquisición de la tubería y construcción del proyecto por un monto de 4’573,185.04 soles.
Las subastas de las 3,500 hectáreas del terreno de Lomas de Ilo se realizaron en diciembre de 2014, al finalizar el gobierno regional de Vizcarra. No solo que no les entregaron el terreno, sino que no llegó ni el agua porque los tubos reventaron al uso de un porcentaje ínfimo de su capacidad instalada porque fueron comprados en el “mercado de pulgas en Ecuador”.
En los informes Nº320, Nº417 y Nº433 se señala que el 5 de junio de 2017 se realizó la primera prueba hidráulica. La tubería se rompió donde se encontraba ubicada la cámara de presión.
Ahí terminó la aventura de Lomas de Ilo, hasta hoy.

Otro personaje clave: Elard Paul Tejeda Moscoso revela detalles cruciales en caso Martín Vizcarra

La historia del iniciador de la saga colaboracionista que puede terminar con Vizcarra en la cárcel.
La acusación fiscal de Germán Juárez Atoche contra Martín Vizcarra no tiene una cronología clara de cómo es que se produjo esa conversión unánime y rápida hacia la colaboración eficaz de los empresarios de ICCGSA e INCOT encargados de la obra del Hospital de Moquegua.
En cambio, del gerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda Moscoso (colaborador con código N°10-2018), el iniciador de la saga a quien todos siguieron, hay más pistas en el paquete colaboracionista, en este caso del consorcio Obrainsa–Astaldi de Lomas de Ilo.
Y es que Elard Paul Tejeda estaba siendo cercado no solo por la investigación de uno de los proyectos ya citados en Moquegua, el de Lomas de Ilo, sino por el llamado Club de la Construcción, un sindicato que, bajo la mirada vigilante de la brasileña Odebrecht, se repartían obras de ingeniería civil en el Perú en acuerdo tácito con el sector público y un soborno institucionalizado de 2.92% del monto total de cada obra.
Formaban parte de esa organización, conocida como mafiosa, que funcionó en lustros pasados, unas 31 empresas de ingeniería civil, llámese Graña y Montero, Obrainsa, ICCGSA, OAS, Málaga, Cosapi, Johe S.A., Grupo Plaza, Constructora San Martín, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao, H&H Casa y otras.Elard Tejeda integraba el cogollo o el primer nivel de este sindicato junto con Félix Málaga Torres a nombre de las empresas constructoras.
No obstante fue con Elard Paul Tejeda con quien Vizcarra inició las coordinaciones en el negocio de Lomas de Ilo, porque ya lo conocía desde que eran socios en el Consorcio Colca y la represa Pillones en Arequipa… No obstante que Tejeda fue el que entregaba parte de los sobornos en efectivo en las oficinas de su empresa Obrainsa, de seguro debe haber llegado a la conclusión de que si seguía protegiendo al moqueguano, terminaría en la cárcel.

“Cumple lo pactado”

Fue al mismo Tejeda que Martín Vizcarra pechaba para que “cumpla lo pactado” después de haberle dado el adelanto doloso de obra a fines de diciembre de 2013, el mismo que primero estuvo reacio en colaborar, e incluso pasó a la clandestinidad dos años y siete meses, según la prensa especializada, para luego entablar contactos con la Fiscalía, entregando tímidamente información que no era convincente.
Todo ello en medio de varias denuncias, como en el caso del Club de la Construcción, como se ve en el expediente N°00046-2017-2-5201-JR-PE-01 en que, junto con Carlos Eugenio Alcázar y otros, se les imputó tráfico de influencia y otros delitos.
Por los ilícitos antes citados la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró, el 7 de febrero de 2018, fundado el requerimiento de prisión preventiva para Elard Paul Tejeda Moscoso y otros. Firman la resolución los magistrados Castañeda Otsu, Guillermo Piscoya y Burga Zamora.
El cerco se estaba cerrando con un pedido similar y anterior, de fecha 24 de enero de 2018, en que la jueza María de los Ángeles Álvarez Calderón, a pedido del Ministerio Público, dictó orden de prisión preventiva por tráfico de influencias, asociación ilícita, entre otros contra Tejeda Moscoso.
En esta situación de “no habido”, Elard Paul capeaba el temporal presentando certificados médicos que daban cuenta de su supuesta hipertensión arterial, pero para la justicia seguía siendo un prófugo sin derecho a arresto domiciliario.
De donde se colige que solo acogiéndose a la figura de la colaboración eficaz lograría este personaje evadir la cárcel (detención preliminar le llaman) por lo que tomó este camino más o menos a mediados de enero de 2018 en la clínica San Felipe de Jesús María, a donde había llegado a tratarse el mal antes citado, según se supo. Allí habló todo lo que sabía del caso Lomas de Ilo y la represa de Pasto Grande, y, claro, de los sobornos al estilo Vizcarra.
Al fin Juárez Atoche fue convencido por la contundencia de las pruebas que obtuvo por lo que solicitó su cambio de detención preliminar por arresto domiciliario.
En la página 48 de la acusación fiscal está la formalización legal de este viraje. Se trata del “Acta de Transcripción de declaración del colaborador eficaz N°10-2018” que está a folios 45 del tomo 1 de la carpeta fiscal 16-2020, que no es otro que el famoso gerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda Moscoso.
Ya estaban lejanos los días –como aquel año 2014– en que le había entregado –en sobres de manila– las coimas a Vizcarra en su misma empresa y, ahora, para corroborar su verdad había entregado documentos y pruebas que dejaban a su examigo y exsocio moqueguano al borde de una sentencia con carcelería obvia.
Fuente: Diario EXPRESO.

Empresario minero en las altas esferas del poder: dos empresas de Ronald Tito Mar ganaron licitaciones

En febrero de este año, el empresario Ronald Tito Mar participó de una reunión irregular en las oficinas de la PCM para “promover” un millonario proyecto minero. Fue recibido por el hombre de confianza del hermano presidencial Nicanor Boluarte. ¿Cómo llegó a las altas esferas del Gobierno?
El 13 febrero de este año, apareció por primera vez en el radar. Formó parte de una trama de mentiras e intermediarios que buscaban negocios en la PCM con el proyecto minero Río Blanco de 2700 millones de dólares.
Aquel día, los directivos de dicho proyecto minero fueron citados a una de las oficinas de la Secretaría De Gestión Social Y Diálogo. El organizador de esta reunión fue Martín Carbajal Zegarra, seguidor del partido político fundado por el hermano presidencial.
En los chats de mayo del 2021 se lee a Ronald Tito Mar insistente por reunirse con la entonces candidata a la vicepresidencia, lo cual ocurrió en dos oportunidades, según narró Maritza Sánchez, exasistenta de Dina Boluarte.
“Estimada Maritza, me voy a tomar la confianza de mandarte gente, profesionales de alto nivel, algunos paisanos de la Dra.”, dijo en 21 de julio del 2021.
Walter Santamaría Portocarrero, por ejemplo, se volvió asesor II de la secretaria general del Ministerio De Cultura el 20 de octubre del 2022. La hoy presa Betssy Chávez firmó su designación.
En llamada con ContraCorriente, Santamaría dijo que nunca le pidió a Tito Mar que enviara su CV y ha negado que el empresario haya influido en su nombramiento.
Las compañías vinculadas al empresario obtuvieron contratos sospechosos en el tiempo del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, hoy involucrado en casos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. Las empresas son Mar Franco Mining y Cia Srl, así como Fundación Gavel, Desarrollo para la Paz y Bienestar Social.
En el 2022, ambas participaron juntas en dos licitaciones públicas en el mismo periodo de tiempo, en la región Loreto y para la misma entidad, el Programa Nacional De Saneamiento Rural, ente adscrito al Ministerio De Vivienda. 
Las dos empresas vinculadas a Ronald Tito compitieron entre ellas. Así el empresario ganó, a través de Mar Franco Mining, su primer contrato de servicios el 2 de agosto del 2022. El monto ascendió a 49,620 soles. Mientras que, por esa misma fecha, la fundación Gavel, que él mismo estableció en 2016, se quedaba con el otro contrato de 49,623 soles. En total casi 100 mil soles por partida doble.
Fuente: Willax.tv

Proyecto Río Blanco estima inversión cercana a US$2,800 millones

Además, creará cinco mil puestos de trabajo durante su construcción; 1,200 en la fase de operación; y, en total, siete mil de trabajo indirecto.

Por Eva Cruz– RumboMinero.com
Río Blanco, proyecto minero cuprífero situado en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, departamento de Piura, considera actualmente una inversión total de US$2,792 millones, lo que refleja un aumento de 10% respecto a la inversión registrada por la cartera de proyectos mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para el mismo proyecto (US$2,500 millones).
En conferencia magistral organizada por la Seccional Piura del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gerardo Ramos, gerente social de Río Blanco Copper, explicó que el proyecto minero se encuentra en etapa de estudios de factibilidad necesario para la posterior elaboración y presentación del estudio de impacto ambiental a la autoridad certificadora, Senace.
Destacó que Río Blanco se desarrollará como operación minera a tajo abierto, producirá 200 mil toneladas de cobre fino y 3 mil toneladas de molibdeno por año, contará con una vida útil de producción superior a 20 años generará 5 mil puestos de trabajo para construcción y 1,200 puestos de trabajo para operación, y creará 7 mil puestos de trabajo indirecto.
“No somos una mina de oro, somos una operación minera que producirá cobre y  molibdeno mediante el proceso de concentración, tampoco usaremos mercurio ni cianuro, y que nuestro yacimiento no contiene elementos contaminantes como arsénico, ya que es un mineral limpio”, puntualizó sobre el proyecto minero cuprífero Río Blanco.

Canon minero

Entre otros aspectos, Gerardo Ramos estimó que Río Blanco generará recursos económicos por concepto de canon minero ascendentes a S/1,713 millones, durante los 20 años de explotación, monto que se repartirá en porcentajes establecidos al gobierno regional (25%), municipios del departamento (40%), municipios provinciales (25%) y municipalidad distrital (10%).
Asimismo, resaltó las iniciativas de gestión social del proyecto minero, como el fortalecimiento de capacidades familiares en la atención prioritaria de la primera infancia para contribuir a reducir los índices de desnutrición crónica infantil, así como las campañas de vacunación y capacitación en sanidad y nutrición animal.
“Por otro lado, en el rubro de la educación y agricultura, Río Blanco ha impulsado acciones, como el mejoramiento integral del Pronoei Rayito de Luz, la firma del convenio y entrega de herramientas a la Asociación Agropecuaria Predio Tapal, y la formalización de la Asociación de Productores Cafetaleros Río Canchis y su inscripción en Sunarp”, ejemplificó.

Perfil geológico

El gerente social del proyecto minero cuprífero controlado por empresas de capitales asiáticos, precisó que Río Blanco posee recursos de 1,257 millones de toneladas con ley de 0.57% de cobre y 228 ppm de molibdeno, reservas de 500 millones de toneladas con ley de 0.63% de cobre y 215 ppm de molibdeno.
“Respecto a la geología regional, Río Blanco está ubicado en el área Cenozoico Andino de cobre, cinturón de mineralización de oro que alcanza unos 1,000 kilómetros en el lado de Perú, y se extiende hacia Ecuador. Por dicha zona se encuentran numerosos depósitos de cobre y oro de clase mundial, incluyendo Yanacocha, Alto Chicama, Portovelo-Zaruma, etc.”, detalló.

El artista plástico Renzo Marsano Chumbez, pareja del periodista Mauricio Fernandini, se pronunció sobre la detención preliminar del periodista. Marsano afirmó que confía plenamente en Fernandini y que no entiende por qué se la agarran con él, ya que no trabaja para el Gobierno.
“Yo confío plenamente en Mauricio, vivo con él desde hace 8 años. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No sé por qué se la agarran con él, no trabaja para el Gobierno“, manifestó Marsano en el programa “Beto a Saber”.
Asimismo, contó que conocía a Pilar Tijero, prima de Fernandini, quien, al igual que el periodista, fungió de intermediaria en el pago de millonarios sobornos de Sada Goray a la organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. A pesar de ello, el artista plástico aseguró que Pilar es una buena persona y que se criaron como hermanos.
El entrevistado afirmó que su pareja “no va a mandar su carrera de 30 años al tacho por una tontería” y que no tenía pensado fugarse, a pesar de haber sido capturado en la Embajada de Estados Unidos con su pasaporte en la mano. Marsano explicó que esto se debe a que su hermana Beatriz requiere de cuidados especiales.
Finalmente, Renzo Marsano pidió a la Fiscalía que indague la verdad, ya que Mauricio “no es ningún delincuente”.
“Señores fiscales, yo estoy seguro que Mauricio no es ningún delincuente. (…) Estoy seguro que él saldrá, en 10 días saldrá”, puntualizó.
Fuente: Diario EXPRESO.

Bono de éxito por media training a funcionarios de MiVivienda

Carpeta fiscal contiene la fotografía del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, posando con el cuñado de Salatiel Marrufo

El periodista Mauricio Fernandini agudizaría su situación legal luego de conocerse que recibió 80 mil dólares de Sada Goray como ‘bono de éxito’ por oficiar de asesor de media training y de facilitar entrevistas en medio televisivos a los directores del Fondo MiVivienda que fueran puestos ‘a dedo’ en el directorio de la entidad estatal por la empresaria.
Según la carpeta fiscal que contiene la investigación preparatoria contra Sada Goray, se registra la existencia de una fotografía donde aparece el exministro de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado, posando en la casa de Mauricio Fernandini.
Como es público, Fernandini es procesado junto a otras 16 personas por el pago de 5 millones y medio de soles como parte de los sobornos a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del referido portafolio ministerial.

De acuerdo a la investigación, Mauricio Fernandini, quien es acusado por delitos de colusión agravada y lavado de activos, recibió la suma de 80 mil dólares por concepto de servicios de capacitación a los miembros del directorio de la empresa estatal en el domicilio de Sada Goray, en Surco. Los tres directores del Fondo MiVivienda: Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia, fueron capacitados para afrontar entrevistas en medios de comunicación.
Así, el denominado ‘bono de éxito’ lo recibió para capacitar a los miembros del directorio y para programar entrevistas en televisión para el gerente general José Carlos Forero Monroe, a solicitud de la empresaria, tal como se concretó el 22 de abril de 2022, en el programa ‘Nada está dicho’ de Radio Programas del Perú.
Fuente: Diario EXPRESO.

Fugitivos cuentan con orden de requisitoria vigente, por lo que su inclusión en lista de los más buscados cumple con los requisitos fijados en el DL1180, que establece recompensas

Siete presuntos autores del delito de violación sexual fueron incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrece beneficios económicos de entre S/50,000 y S/80,000 por información que facilite su ubicación y captura.
Al primero de ellos, identificado como Samuel Rojas Cava (41), se le atribuye haber abusado sexualmente de una menor de 11 años de edad, en la provincia de Tambopata, Madre de Dios, por lo que el Mininter ofrece por él una recompensa de 80,000 soles.
En la lista de los criminales más buscados también figura Edwin Pacco Bautista (34), requisitoriado por la presunta violación sexual de dos menores de edad en esta misma región amazónica, ofreciéndose una recompensa de S/80,000 por información relevante que permita su ubicación y captura.
La solicitud para incorporar a ambos prófugos en el Programa de Recompensas fue formulada por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Otro fugitivo que ahora es parte de este programa del Mininter es Walter Nieto Zevallos (38), por quien se ofrece una recompensa de S/50,000.
Según la Dirincri, Nieto Zevallos se encuentra como reo contumaz por la presunta violación sexual de su sobrina, en San Juan de Lurigancho (Lima). Este la habría ultrajado desde que la menor tenía ocho años hasta que cumplió los 11.
A la lista de prófugos de la justicia también se suma Héctor Aller Delgado (29), a quien se le imputa el delito de violación sexual en agravio de una menor de 11 años de edad. Por él se ofrece una recompensa económica de S/50,000.
Similar es el caso de Huelver Nifla Apaza (46), quien habría perpetrado este mismo delito en agravio de una menor de 13 años en Arequipa, en el año 2005. Por información que ayude a capturarlo se ofrecen S/80,000 de recompensa.
Este prófugo, quien habría agredido a su víctima en varias oportunidades, se encuentra en situación de reo ausente con acusación fiscal de 25 años de pena privativa de la libertad por el delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad.
Igualmente, en Arequipa, Elmer Sotomayor Cóndor (37) habría abusado en 2017 de una menor de 10 años de edad, por lo que el Mininter ofrece S/80,000 de recompensa por información que conduzca a su ubicación.
La lista de estos siete presuntos violadores insertos en el Programa de Recompensas la cierra Berlín Diques Ríos (53), acusado de ultrajar en el año 2020 a una menor de 12 años, en Pucallpa y Lima. Por él también se ofrecen S/80,000 de recompensa.
En todos estos casos, los fugitivos cuentan con orden de requisitoria vigente, por lo que su inclusión en la lista de los más buscados cumple con los requisitos fijados por el Decreto Legislativo N°1180, que establece este beneficio de recompensas.
Fuente: Diarios El Peruano y EXPRESO.

Declaran reo contumaz y ordenan captura del esposo de congresista Elizabeth Taipe

Por Paul Pilco Dorregaray- Radiotitanka.pe
Georges Quispe Huamán, esposo de la congresista María Elizabeth Taipe Coronado fue condenado a seis años de cárcel por el ejercicio ilegal de profesión (ingeniero) en agravio de la UTEA y el Gobierno Regional de Apurímac.
Asimismo, por adulterar documento verdadero y uso de documento privado falso en agravio de la Universidad Tecnológica de Los Andes (UTEA) y el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Apurímac.
La decisión fue dictada por el juez del Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial de Abancay, Juan Suyo Rojas mediante resolución que corre en el expediente N°00602-2012-0-0301-JR-PE-02.
Cabe señalar que este caso se ventila desde el 2010 y desde entonces su resolución se fue dilatando sin haberse procedido con la sanción del delito cometido en el momento que correspondía.
En la primera parte del fallo, el juez Juan Suyo, declara fundada de oficio la excepción de prescripción de la acción penal, en el segundo considerando condena a Georges Quispe Huamán como autor del delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos.
“…condenando al acusado Georges Quispe Huamán como autor contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos en la modalidad de adulterar un documento verdadero y uso de documento falso en agravio de la UTEA y del Colegio de Ingenieros del Perú – Apurímac y contra la administración pública delitos cometidos por particulares en su modalidad de ejercicio ilegal de profesión en agravio del Gobierno Regional de Apurímac…“, precisa la resolución.
Asimismo, le impusieron seis años de pena de privativa de la libertad efectiva y 90 días multa, fijándose una reparación civil de S/1,500 a favor de la UTEA y S/12,000 a favor del Gobierno Regional de Apurímac.
“…dando en cuenta en vía de precisión, debe indicarse que la presente causa ha sido devuelto por la Sala Penal de Abancay, con orden de captura de vencido, en tal virtud, se dispone: renovar las requisitorias dictadas contra el sentenciado Georges Quispe Huamán (reo contumaz) con este fin, gírese los oficios de captura ante las instancias que corresponde“, señala la Resolución N°079 del 20 de marzo del 2023 y firmada por el mencionado magistrado.

Verónika viaja a Babia

Hace poco más de una semana, Verónika Mendoza participó en un foro organizado por miembros del Parlamento Europeo, donde se despachó con una serie de mentiras e infamias sobre la situación política en el Perú.
Ya no sorprende la doble moral de Mendoza, exsecretaria de Nadine Heredia que, si bien antes aplaudía la vacancia de PPK, a Pedro Castillo lo defendió hasta el final de sus días en el poder, pese al abigarrado rosario de denuncias por corrupción.
En su perorata, la exaliada del golpista Pedro Castillo aseguró que el Perú estaba actualmente bajo un “régimen cívico militar” y que la presidenta Dina Boluarte es “la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa en la que funcionan casi de manera armoniosa una ultraderecha afincada en el Congreso, aliada con el oligopolio mediático, poder económico, grandes grupos de poder económicos y nuevas mafias además de las FF.AA. y PNP”.
No vamos a defender acá a Boluarte, que para eso tiene asesores y comisiones consultivas, pero ponerse al nivel de Petro o AMLO para lanzar aseveraciones en el exterior que no guardan relación con la realidad es de un cinismo extremo, entendido solo como producto de un conveniente mareo ideológico.
Todo, para ganarse el aplauso de los asistentes, miembros del ala socialdemócrata y socialista que integra dicho Parlamento.
La lideresa de Nuevo Perú –partido que hasta ahora no logra calificar para ser reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones– realizó además una ardorosa defensa de algunos presidentes populistas de países latinoamericanos.
Entre ellos, cómo no, brilló el nombre del inefable Gustavo Petro, hoy seriamente cuestionado en su país, acusado de haber recibido fondos del narcotráfico durante la campaña electoral que lo llevó al poder en Colombia.
Por mucho que se haya tratado de un foro claramente ideologizado, es vergonzosa la irresponsabilidad con que algunas figuras políticas locales se deslenguan sobre la realidad peruana en el extranjero, para justificar invitaciones y bien pagados viajecitos a Europa.
Fuente: EDITORIAL PERÚ21

Verónika Mendoza y Sigrid Bazán usan auditorio municipal para fines partidarios

Encabezaron un conversatorio proselitista con simpatizantes y arremetieron contra el actual gobierno.

Máximo Rimachi, alcalde de San Jerónimo (Cusco), podría ser acusado por permitir el uso de un espacio municipal para fines proselitistas. El auditorio, que pertenece a la jurisdicción del municipio cusqueño, fue sede de un conversatorio de carácter partidario por Verónika Mendoza y Sigrid Bazán.
“Dina Boluarte es un títere, tenemos una coalición mafiosa”, fue una de las frases que la ex candidata presidencial, Veronika Mendoza, proclamó en medio del conversatorio organizado por la base de Nuevo Perú, en Cusco. Junto a la actual parlamentaria, Sigrid Bazán, expusieron su posición sobre el gobierno de turno.
Sin embargo, más allá de las declaraciones, llamó la atención el lugar en el que sucedió esta exposición: el Auditorio Municipal del distrito de San Jerónimo. Esto ha provocado una alerta sobre el uso inadecuado de bienes municipales con fines proselitistas, y ha puesto en el ojo del huracán al alcalde del distrito, Máximo Rimachi.
Fuente: Diario EXPRESO.

Verónika Mendoza y les tumbador@s: «Tomará más tiempo tumbar al Gobierno»

Excandidata presidencial afirma que la presidenta «no es más que un títere, una máscara mafiosa y autoritaria»

La excandidata presidencial Verónika Mendoza y la parlamentaria Sigrid Bazán participaron en un conversatorio celebrado en el Cusco, denominado “Por una salida a la crisis y hacia una nueva Constitución”.
Mendoza Frisch no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quien la calificó de ser un “títere”.
“¿Quién es Dina Boluarte? No es más que un títere, ¿no es cierto?, una máscara. En realidad, es una coalición mafiosa y autoritaria”, señaló Mendoza. Fiel a su estilo empezó a azuzar a los presentes con “tumbarse” al Gobierno.
“Yo no voy a decir que mañana vamos a tumbar al Gobierno, no, pero lo vamos a hacer. Quizás nos tome un poquito más de tiempo. Pero lo vamos a hacer”, aseguró la lideresa de Nuevo Perú.
A su turno, Sigrid Bazán, quien es cuestionada por la compra de un lujoso departamento en San Isidro, expresó su disconformidad con el Congreso de la República, institución que le paga más de 15 mil soles mensuales.
“Hemos regresado a que la cárcel está para el pueblo movilizado, y para los de cuello y corbata todo, todos los favores. Yo no quiero representar sinceramente en este día al Congreso (…) Sin luchas no hay victorias”, sostuvo Bazán.
Fuente: Diario EXPRESO.

Nuestra bandera

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Nuestra bandera es roja y blanca, izar una de ‘luto’ en su día es ser ajeno a la sangre derramada por los miles de valientes que lucharon por la independencia; un gesto desafiante y propio de operadores políticos que intentan crear su ‘momento Kodak’ para decirle al mundo que la presidenta Boluarte es despreciada.
Algo totalmente falso, pues fue un grupúsculo manipulado el que hizo aquella huachafería. Los dizque aymaras (‘collas’, para los incas) son usados para pasar de una estupidez a otra.
Los aymaras no superan el 1% de habitantes del Perú. Estos operadores primero pretendieron que creamos que el patrón wiphala, con sus actuales colores postconquista española, representa a los pueblos originarios; y ahora quieren cambiar nuestra blanquirroja por su oscuridad de piratas.
La ‘performance’ del trapo negro no tiene otra razón que pretender decirnos que la democracia ha muerto porque el golpista Pedro Castillo está preso, y culpar a la presidenta Boluarte por los muertos de las violentas protestas en Puno, infiltradas por agentes comunistas, no solo del pedófilo cocalero Evo Morales, sino de otros vinculados con el Foro de Sao Paulo y Grupo, más bien cártel, de Puebla.
Lo ocurrido tras el fallido golpe de Castillo desató un vendaval de destrucción en Puno. En esas alturas, un conglomerado de violentistas y comunistas sembraron el caos y estragos, usando como carne de cañón a jóvenes confundidos y rebeldes.
Ahora esos mismos con su cuasi microscópico acto simbólico del trapo de luto, buscaban enviar un mensaje de protesta hacia una presidenta a la que quieren empañar como sea, en momentos cuando necesitamos unión para sacar adelante a nuestro país, atascado en un crecimiento ínfimo.
Mientras en una esquinita del país unos vomitaban su declaración silenciosa buscando cambiar las reglas de juego y pisotear nuestra historia común; la bandera del Perú, la roja y blanca, ondeó para orgullo de todos en los rincones más recónditos de la patria.
Comunistas y caviares, aliados contra Boluarte, la señalan por las muertes en los levantamientos en Puno y mueven sus fichas internacionales para que sea juzgada por cortes supranacionales, en lo que constituye una humillación para un país libre y soberano.
Aquellos que tejieron redes de manipulación generando la muerte de sesenta compatriotas, pretendieron esconderse detrás de la bandera luctuosa, en un cobarde intento por borrar sus propios pecados y atribuir culpas a la presidenta.
Boluarte, ajena a las oscuras maquinaciones ha sabido resistir con entereza y dignidad y dijo con voz fuerte y clara que el objetivo de esas protestas tienen una agenda política que busca su renuncia.
Izar una bandera distinta debe llevarnos a un cuestionamiento profundo. ¿Hasta dónde esa gente llegará para tratar de zafar a la presidenta de su cargo?
Es hora de derribar la narrativa comunista y caviar, para construir un país donde la bandera sea como lo fue siempre, un símbolo de unidad y no de una división que nadie quiere.

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
La presidente Dina Boluarte se presentó ante la prensa y el país para hacer un pretendido balance de su gestión. Nadie se lo había pedido, pero han pasado seis meses desde que asumió el poder y la iniciativa no parecía descaminada. Sobre todo, por marcar un contraste con Pedro Castillo, que no le rendía cuentas ni a su gabinete en la sombra. Decimos, sin embargo, que el balance fue solo pretendido, porque un ejercicio de esa naturaleza supone siempre ponderar activos y pasivos; y los pasivos no se distinguieron por ningún lado en el discurso de la señora. Y, pensándolo bien, los activos, en realidad, tampoco. La entrega de bonos o ayuda a las víctimas de algún evento adverso, por citar algunos de los ítems que más machaconamente asomaron en las palabras de la gobernante, no constituyen logro alguno. Entregar un memorándum a la OCDE, tampoco. Y lo mismo cabe decir de todas las promesas recitadas durante la presentación, por ella o por sus ministros, sobre obras iniciadas o proyectadas para un impreciso mañana. Los balances revisan el pasado, no el futuro.

–0 x 2–

Es posible, desde luego, que Ninoska, la recientemente nombrada mandamás del “Pravda” criollo que busca echar raíces en el IRTP, encuentre mérito en la lista de lavandería que nos presentó ayer la mandataria y aventure algunos fuegos artificiales celebratorios. Pero en los medios independientes el entusiasmo está descartado. Es verdad que, después de una administración como la encabezada por el golpista de Chota, cualquier cosa se agradece. Pero en ningún momento debemos perder de vista que lo que se está agradeciendo es cualquier cosa.
El gobierno de la señora Boluarte, en efecto, es un festival de despropósitos e ineficiencia, cuya existencia sin cortapisas se explica por una cierta tolerancia instalada en el Congreso. Esa tolerancia, no obstante, daría la impresión de haber llegado a un límite con la performance de la ministra Rosa Gutiérrez en el sector Salud. Ella, como se sabe, ha venido dando bandazos en medio de la epidemia del dengue, una enfermedad que azota a muchas regiones del país y que ha cobrado –siendo conservadores– más de cien víctimas mortales en nuestro territorio. Sea como fuere, esa circunstancia ha terminado por despertar a una porción relevante de la representación nacional que, según todo indica, se dispone a ajustarle las clavijas a la titular del Minsa. Para empezar, la invitarán al pleno para interpelarla, pero el ánimo de censurar va ganando rápidamente adeptos entre las más diversas bancadas.
En su balance de ayer, sin embargo, la presidente Boluarte no se dio por enterada del problema. Apenas admitió “algunas deficiencias” y señaló que los responsables de la lucha contra el dengue han recibido “instrucciones para redoblar los esfuerzos”. Una broma macabra, sin duda, porque todos conocemos el resultado de multiplicar 0 por 2.
A su turno, la ministra Rosa Gutiérrez desplegó durante el show la retórica habitual de los que se saben en falta. Cuando le pasaron el micro, se despachó con una perorata sembrada de inflexiones propias de la arenga política antes que de la exposición, y recordó la crisis en medio de la que se había recibido el gobierno y las carencias históricas de la infraestructura del Estado en materia de salud. Sus esfuerzos, declaró, habían estado enderezados desde el principio a “coberturar” (sic) las necesidades de la población, pero determinados “factores externos”, ¡oh, sino cruel!, habían conspirado contra el cumplimiento de lo que se había propuesto; particularmente en lo referente al descenso de la curva de contagios por el dengue.
¿Cuáles fueron esos factores externos? Pues, el fenómeno de El Niño costero, la aproximación del ciclón Yaku a nuestras costas y la elevación de la temperatura. Es decir, un solo factor con varios nombres. Ese factor y sus consecuencias, además, eran ya perfectamente conocidos cuando, hace algunas semanas, la ministra aseguró que, en 15 días, la curva en cuestión descendería, de manera que mal puede esgrimirlo ahora como excusa para el hecho de que su anuncio resultara un fiasco. Proclamó asimismo la señora Gutiérrez que es momento de hacer reestructuraciones e impulsar iniciativas varias en el sector a su cargo… lo que, lógicamente, planteó ciertas interrogantes acerca lo que había venido haciendo hasta hoy.

–Fumos nocivos–

En síntesis, pues, si lo que la jefe del Estado pretendía hacer ayer era un balance, lo primero que tendría que haber anotado es que la titular de Salud es el pasivo más aparatoso de su gestión y darnos a todos la buena nueva de que ya la había licenciado. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Ante las preguntas de la prensa por una omisión tan gruesa en su exposición sobre las virtudes y defectos de su gobierno, la señora Boluarte simplemente renovó su respaldo a la ministra y señaló que quería reconocer que ella “ha hecho todos los esfuerzos denodados de la fumigación”. No quedó del todo claro, sin embargo, qué es lo que doña Rosa habría fumigado.
La presidente, en cualquier caso, ha dejado todo en manos del Congreso. Y eso, a juicio de esta pequeña columna, constituye una torpeza. Cuando uno produce un gran desbarajuste como el causado por la designación de esta ministra, lo menos que puede hacer es recoger todo y volver a guardarlo. Bajo llave, de preferencia.

Presidenta del IRTP fue víctima de intento de feminicidio por actual directivo del Ministerio de Trabajo

Canal N accedió en exclusiva al parte policial de un hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2019, cuando Álvaro Melquiades García Ramírez, actual titular de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo en el Ministerio de Trabajo, agredió física y psicológicamente a Ninoska Rosario Chandia Roque, flamante presidenta del IRTP (Canal 7).
Según el documento policial, hace cuatro años, Álvaro García empujó a Ninoska Chandia cuando tenía a su bebé en brazos, para luego ahorcarla con una correa y arrastrarla hasta el exterior de la vivienda donde convivían, todo esto en presencia de una menor de edad.
Tras la denuncia por homicidio y tentativa de feminicidio, el actual funcionario del Ministerio de Trabajo fue ubicado y detenido, quedando bajo esta condición en la comisaría del sector donde ocurrieron los hechos de violencia.
EL HERMANO DE LA PRESIDENTA
Asimismo, en el programa Octavo Mandamiento se reveló que el denunciado por tentativa de feminicidio, fue designado como director general de la Dirección del Servicio Nacional del Empleo en el Ministerio de Trabajo por el actual gobierno de Dina Boluarte el pasado 25 de enero de 2023.
Cabe señalar que Álvaro Melquiades García Ramírez, es un personaje muy cercano al círculo familiar de la mandataria Dina Boluarte, debido a que coincidió en tres empleos en el Estado junto al hermano presidencial, Nicanor Boluarte Zegarra.
En el 2016, ambos trabajaron juntos en el Ministerio de Trabajo cuando Daniel Maurate se desempeñaba como titular del sector durante el gobierno de Ollanta Humala. Es preciso mencionar que, en ese entonces, el hermano de la presidenta Dina Boluarte ocupaba el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.
Posteriormente, los dos coincidieron en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), durante el periodo 2017-2018, cuando Nicanor Boluarte fue director general de la institución estatal. En aquella ocasión Álvaro Melquiades García Ramírez ocupo el cargo de jefe Encargado del Departamento de Abastecimiento.
Y finalmente, hace dos años atrás, el hermano de la jefa de Estado trabajó junto al denunciado por tentativa de feminicidio en la Municipalidad de Pueblo Libre, donde el primero se desempeñó como asesor principal.
Fuente: Canal N.

Las oficinas intervenidas son de Vinci Highways Perú y Lima Expresa. Tampoco se salvó el Estudio Echecopar.

El Equipo Especial Lava Jato viene ejecutando la orden de allanamiento de las empresas Lima Expresa, Vinci Highways Perú, y el estudio de abogados Echecopar, los cuales habrían participado en los actos de concertación de ex funcionarios de la Municipalidad de Lima y los representantes de las empresas Odebrecht y OAS, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán.
Esta medida fue solicitada al Poder Judicial por el fiscal José Domingo Pérez, quien presentó 300 elementos de convicción en su acusación para llevar a juicio oral a la ex alcaldesa, a quien la sindican de haber liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la comuna limeña.
Concretamente, el allanamiento se debe a la investigación por las coimas que habría dado OAS a favor de Villarán para obtener “la extensión del plazo de la deuda y la subida del peaje” en las obras de la Línea Amarilla.
De acuerdo a la tesis fiscal la red criminal de Villarán, conocida como las ‘chalinas verdes’, llegó a obtener más de 11 millones de dólares en activos ilícitos que habrían servido para financiar, inicialmente, su campaña por el ‘No a la Revocatoria’ en marzo del 2013 y luego, las elecciones regionales y municipales del 2014.
El pedido de allanamiento del fiscal José Domingo Pérez fue autorizado por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se dispuso el apoyo de la policía Nacional para brindar seguridad al equipo del Ministerio Público que se desplegó a los inmuebles Vinci Highways Perú y Lima Expresa (antes Línea Amarilla), ubicados en Surco, así como a las oficinas del Estudio Echecopar, en San Isidro.
Según la resolución, el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento de “allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación”. El juez Jorge Chávez Tamariz también autoriza el “quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesa, cajas fuertes, entre otros”.
El objetivo de la medida es incautar documentos vinculados a las operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad Línea Amarilla SAC (LAMSAC), desde que se constituyó en el año 2009 hasta el 2016, así como información sobre empresas nacionales y extranjeras que participaron en la revisión y análisis de dicho proceso.
Cabe recalcar que recientemente Leo Pinheiro, ex titular de la constructora OAS, admitió el desembolso de cuantiosos pagos a favor de la ex alcaldesa de Lima. Según el empresario sentenciado, se derivaron 7 millones de dólares a favor de la gestión de Villarán de la Puente.
Fuente: LimaGris.com

Incriminan a Marisa Glave en sobornos de OAS

Augusto Rey está más enlodado aún en el aumento del precio de peajes y la ampliación de la concesión a OAS. Hay más implicados que fueron de la administración edil de Susana Villarán.
La exregidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave, siempre repetía: “Yo no tengo las manos manchadas de sangre ni de corrupción”; otro regidor del partido de la entonces alcaldesa Susana Villarán tenía un discurso similar: “La corrupción es un cáncer que está matando al país”. Este dúo y otros, como Anel Townsend, se vendían ante la opinión pública como los nuevos poderes morales de la nación. Pero el tiempo se encargó de atemperar esos ímpetus.
Estos y otros personajes de izquierda habrían recibido dinero de Valfredo de Assis Ribeiro Filho, exgerente general de la empresa brasileña OAS, según un reportaje emitido por ‘Contracorriente’ de Willax este fin de semana.
“Esta nueva investigación nació antes de que soliciten 29 años de prisión para la exalcaldesa Susana Villarán y después de procesar una gran cantidad de información”, según el reportaje que también se basa en declaraciones de un colaborador eficaz.
Esta denuncia es el desarrollo del expediente madre de la Fiscalía que desagrega las vías de transporte público de Línea Amarilla de Lima sobre el que su expresidente, Leo Pinheiro, ya había confesado que aceptó pagar hasta unos siete millones de dólares a favor de Villarán, a través de José Miguel Castro (“Budián”), a cambio de la ampliatoria de plazos de concesión y subir los peajes en Lima Metropolitana.
En la nueva carpeta fiscal (CF SGF N°10-2020) están los detalles declarados por Valfredo de Assis y Augusto César Ferreira e Uzeda, ejecutivos de OAS, quienes estarían incursos en “actos de corrupción y/o concertación con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para hacer pagos ilícitos a los regidores de la citada entidad edil y otros”, señala el escrito en la página 6, para luego hacer el listado que sigue.
-Marisa Glave Remy y Zoila Elena Reátegui Barquero (regidoras), “quienes conjuntamente habrían recibido la suma de 20,000 dólares americanos”.
-Jaime Salinas López Torres obtuvo la suma de 120,000 dólares.
-‘Anel’ Townsend Diez Canseco, jefa de la campaña política por la No Revocatoria de Susana Villarán, 20,000 dólares.
-Jorge Nieto Montesinos, asesor de Villarán, uno de los más privilegiados con 129,000 dólares.
-Carlos Enrique Juscamaita, el que habría tenido el monto mayor, con 250,000 dólares.
El documento fiscal considera que esos son dineros ilícitos aportados por las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la citada campaña por el No a la Revocatoria de Susana Villarán a cambio de que dichas empresas sean beneficiarias de los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.
En otras palabras, “son actos de concertación entre los ahora exfuncionarios municipales y los representantes de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y Línea Amarilla S.A.C.-LAMSAC”, esto para incorporar la Adenda N° 1 al contrato de Concesión Línea Amarilla el año 2013, un agregado que permitía no solo la ampliación de 30 a 40 años la duración de la concesión, sino el reajuste de los peajes en las vías administradas por dicha firma.
A los actos de concertación, la Fiscalía añade el delito de colusión y cohecho por los pagos recibidos por los regidores ediles de la era Villarán, pero no se encuentra lo que es un denominador común en el caso Lava Jato: el delito de organización criminal.
Para redondear la faena, Marisa Glave habría recibido dinero procedente de Odebrecht y OAS, con la finalidad de apoyar la consabida campaña ‘No a la Revocatoria’, según indicó el colaborador eficaz José Miguel Castro (“Budián”).
Según la declaración de Castro, Glave y Zoila Reátegui “visitaron entre seis u ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados” en la campaña por el ‘No a la Revocatoria’.
Por ello, agregó Castro, se autorizó al tesorero de la campaña, Luis Gómez Cornejo, que se entregara a Glave y Reátegui la suma de 60,000 soles, informó el portal de la agencia Andina el 14/7/2020.
Más de Glave
Como ya lo había publicado EXPRESO en su edición del 27 de agosto de 2019, Marisa Glave también es investigada por la compra irregular de un terreno que costó a la Municipalidad de Lima más de siete millones de soles sin sustento técnico.
Todo indica que la operación fue para favorecer a personas que crearon dos empresas solo para adquirir y vender 7,141.13 metros cuadrados de la zona de Campoy, ubicado en la primera etapa de San Juan de Lurigancho, en el límite con Lima Cercado.
En ese entonces la exprocuradora Yeni Vilcatoma demostró que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron, hechos que coinciden con los momentos en que la municipalidad en mención evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla.
Todo empezó en 2011, cuando Villarán acababa de asumir el cargo de alcaldesa de Lima, y Marisa Glave fue designada presidenta de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura.
Fuente: Diario EXPRESO.

Fuente: Poder Judicial.

Marco Vásquez: “Susana Villarán es la única que recibió coimas de dos constructoras”

Perú21TV conversó con el director periodístico de Panorama sobre las investigaciones que afronta la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

Susana Villarán fue la primera mujer en acceder al cargo por medio de elecciones y su gestión duró desde el 2011 al 2014. Durante la misma, se inició el programa de chatarreo que buscaba reducir y modernizar la flota de unidades de transporte público. Se inició la construcción de Vía Parque Rímac (hoy llamado Línea Amarilla), se llevó a cabo la consolidación del Mercado Mayorista de Santa Anita con el traslado definitivo de los comerciantes del antiguo Mercado Mayorista de La Parada. Se hicieron también nuevos Hospitales de la Solidaridad, escaleras para barrios y la plantación de 150 mil árboles. Además, inició la Reforma del Transporte con el Corredor Azul.
Marco Vásquez, director del dominical Panorama, recuerda cómo se iniciaron las investigaciones en contra de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán que hoy enfrenta tres procesos.
¿Cómo nace la investigación en contra de Susana Villarán?
El caso Villarán es uno de los más saltantes de lo que se denominó el caso Lava Jato, es una exalcaldesa que recibió de OAS y Odebrecht más de once millones de dólares. Coimas que fueron entregadas con el objetivo de suculentos peajes. En 2013, si recordamos, los peajes fueron concedidos a Odebrecht y a OAS, por ello Susana Villarán pudo afrontar la campaña por el ‘NO a la revocatoria’, ella necesitaba ese efectivo para continuar en el poder de la alcaldía. Es la única autoridad que recibió este dinero de parte de dos empresas constructoras.
Hoy se allanaron inmuebles por el caso Línea Amarilla.
Tenemos tres casos en la que ella está involucrada: el caso de aportes, el caso de la Línea Amarilla que llevaba OAS, y el de los regidores. En la Línea Amarilla, que por ese tema se produjeron los allanamientos, se hicieron adendas que fueron firmadas precisamente el año de la revocatoria; el 13 de febrero. Estas adendas fueron firmadas bajo el trato directo. Vinci Highways Perú fue la empresa que luego compró la concesión de Línea Amarilla. Otra investigación es a los regidores Marisa Glave y Augusto Rey por la plata que ellos recibieron. Entonces, tenemos 25 años con acusación por aportes, colusión por Línea Amarilla y el caso de los regidores.
¿Los allanamientos en el caso de la Línea Amarilla llegan tarde?
La medida fue determinada por un juez, ha dicho que sí es posible, además ha dicho que se requiere recabar información sobre el cambio del accionariado, es decir, sobre la forma cómo la Línea Amarilla pasó a ser Lima Expresa SAC y luego se vendió a Vinci Highways Perú. Quién es el dueño y cómo pasó de una mano a otra para identificar a los responsables. Recién está allanándose, es una carpeta que proviene de 2019, tiene tres años. Lo cierto y lo real es que el caso está por esta etapa que parece inicial, pero, ojo, ya habido cárcel efectiva en el caso del señor Domingo Arzubialde, que se le condena por haber favorecido precisamente en los cálculos del peaje en la concesión de la Línea Amarilla a OAS; con esta prisión efectiva se demuestra que un funcionario sí hizo algo en contra de sus propias atribuciones.

Rafael Vela Barba ocultó ser profesor por más de 4 años en la Universidad Alas Peruanas

El abogado Wilber Medina aseguró que el fiscal Rafael Vela Barba debe ser procesado por el delito de falsedad, tras haber ocultado en su currículo ser profesor por más de cuatro años de la Universidad Alas Peruanas.

El programa ‘Beto A Saber’ reveló que el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos y del Equipo Especial Lava Jato, fue profesor de la Universidad Alas Peruanas (UAP), la cual ahora investiga. Información que fue ocultada por el Fiscal Rafael Vela Barba.
Como se recuerda, hace un mes, decenas de fiscales y policías se desplegaron para intervenir diversas sedes de la UAP, como parte de las diligencias de la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, por lavado de activos.
Antes de ser el mediático fiscal que conocemos, Vela Barba fue empleado de Fidel Ramírez al haber sido docente por más de 4 años de la universidad que ahora investiga.
Los archivos de la Universidad Alas Peruanas evidencian que, en el año 2003, Rafael Vela inició su carrera como docente dictando el curso de Derecho procesal penal. En el año 2007, Vela dejó de ser profesor de dicha casa de estudios superiores.
Pertenecer a la plana docente de la UAP no tendría nada de cuestionable si no fuera porque la facultad de Derecho era dirigida y manejada por Fidel Ramírez, quien por esos años ya tejía, según el Ministerio Público, la red de lavado de activos más grande de los últimos años.
El abogado Wilber Medina aseguró en “Beto A Saber” que el fiscal Rafael Vela Barba debe ser procesado por el delito de falsedad, tras haber ocultado en su currículo ser profesor por más de cuatro años de la Universidad Alas Peruanas.
“El señor Vela al ocultar en su CV lo que hoy se ha revelado, porque ese CV lo ha presentado ante la entidad donde él postula, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, ha cometido el delito de falsedad, porque ha ocultado información que debe él, está en la obligación de incluirlo, entonces él debe ser procesado por delitos de falsedad”, aseguró el abogado Wilber Medina en Beto A Saber.
Fuente: Willax.

Caso Interoceánica: Capturan en España a directivo socio de Odebrecht

El empresario peruano Martin Camet Piccone afronta una orden de 24 meses de prisión preventiva. Se espera iniciar el procedimiento para su extradición

El empresario peruano Martin Camet Piccone, exrepresentante de JJ Contratistas S.A.C., con mandato de 24 meses de prisión preventiva por el caso Interoceánica, fue detenido el 11 de mayo en Madrid, España. Las autoridades nacionales ya fueron notificadas y se espera iniciar el procedimiento para su extradición.
Perú21 accedió a un documento donde la Interpol da cuenta sobre la detención de Martín Camet (60) por encontrarse con “notificación roja”.
“El ciudadano antes referido se encuentra puesto a disposición de la autoridad judicial competente de ese país para las diligencias de ley, por lo que se espera la remisión de la documentación para solicitar el formal pedido de extradición”, se lee en el documento.
JJC Contratistas Generales fue una de las empresas socias de la constructora Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur.
En la carpeta también están comprendidos el expresidente Alejandro Toledo, además de Avraham Dan On, José Graña Miró Quesada, José Castillo Dibós, Hernando Graña Acuña, entre otros.
Fuente: Diario Perú21.

La Comisión de Educación aprobó -por unanimidad- una iniciativa de ley para crear el Colegio de Politólogos del Perú, con la finalidad de promover y proteger a nivel nacional el ejercicio profesional de la ciencia política.
Fue luego del debate del dictamen del PL 484/2021/CR en el que se plantea que el futuro colegio profesional sea una entidad autónoma de derecho público, con sede en Lima y con posibilidad de contar con filiales a nivel nacional.
El autor de la proposición legislativa, José Elías Ávalos (Podemos Perú), dijo que con el funcionamiento del nuevo colegio profesional «las diversas entidades estatales podrían contar con asesores calificados. Este proyecto se viene debatiendo desde muchos años, pero por temas políticos no se aprobó», dijo.
Los congresistas José Jerí Oré (SP), José Balcázar Zelada (PL), Luis Cordero Jon Tay (FP), Alex Paredes Gonzáles (PL) y Tania Ramírez García (FP), entre otros, apoyaron la propuesta.
Fuente: Congreso de la República.

¿Es necesario un Colegio de Politólogos?

El Pleno del Congreso de la República de Perú ha puesto sobre la mesa la propuesta de crear el Colegio de Politólogos, una iniciativa que ha generado debate y controversia en el país.
La creación del Colegio de Politólogos tiene como objetivo regular y fortalecer la actividad profesional de los politólogos en Perú, promoviendo su formación académica, ética y el compromiso social en el ejercicio de su labor. Además, se busca reconocer la importancia de esta disciplina en la vida política y social del país.
A pesar de las críticas, la propuesta ha sido discutida en el Pleno del Congreso y se espera que se vote su aprobación en los próximos días. En caso de ser aprobada, la creación del Colegio de Politólogos deberá contar con el respaldo de la comunidad académica y profesional para garantizar su éxito y sostenibilidad.
En cualquier caso, la creación del Colegio de Politólogos puede ser una oportunidad para consolidar y profesionalizar el trabajo de los politólogos en Perú, impulsando su formación y compromiso social en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Para ello, es necesario un diálogo constructivo entre los diferentes actores involucrados en la propuesta, y una reflexión crítica sobre los desafíos y oportunidades que presenta la creación de un colegio exclusivo para los politólogos en Perú. Solo de esta manera se podrá garantizar que la iniciativa contribuya al fortalecimiento de la democracia y al bienestar de la sociedad peruana.
Fuente: Proloquios.com