Así operaron para robar S/700 millones con cooperativa AELU

El caso de la cooperativa AELU se destapó en 2021, año en que la entidad fue intervenida por la SBS. La semana pasada la Fiscalía realizó un operativo a 52 investigados

Por Edwin Montesinos Nolasco– www.infobae.com
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino en agosto del 2021 a la Cooperativa AELU debido a la pérdida total del capital social y la reserva cooperativa, la cual ascendía a más de S/400 millones. Así, entonces se detalló que las pérdidas estarían relacionadas a la administración fraudulenta que se realizó al manipular la información contable de la entidad y la entrega de créditos a empresas vinculadas a la cooperativa sin una previa calificación crediticia.
La semana pasada el caso de Aelucoop, llamado “Los gángsters de las finanzas”, tuvo un nuevo desarrollo cuando la Fiscalía intervino a 52 personas involucradas de la cooperativa. Por este caso, fueron afectados cerca de 20,709 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. “El perjuicio económico ocasionado por el otorgamiento de créditos fraudulentos en agravio de Aelucoop y sus socios asciende a S/410 millones 622 mil 273.59 y US$79 millones 663 mil 364.40, calculado al 19 de abril de 2024″, señaló la entidad.
“Según la tesis fiscal, del 2009 al 2021, funcionarios, directivos y socios de Aelucoop conformaron una organización criminal utilizando como vehículos de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio”, señala la Fiscalía en Twitter.
Así operaba la cooperativa AELU
La Fiscalía revelo cómo operaba la cooperativa AELU y su esquema ilícito. Primero, los directivos de la cooperativa AELU crearon diversas inmobiliarias y, luego, designaron a los integrantes de esta organización criminal, como la detalla la Fiscalía, para que ocupara puestos claves en esas empresas empresas.
De esta manera, supuestamente desviaban de forma irregular el dinero de los socios a estas empresas, como por ejemplo las del Grupo Baca, del prófugo alcalde de Chulucanas, Richard Baca Palacios, y el Grupo Fox, del empresario Fernando Fox Sam.
Representantes de la fiscalía confirman que son más de 40 investigados por falsificación de documentos y otros delitos
Luego de esto, el grupo utilizaba las empresas para adquirir inmuebles de terceros, que, posteriormente, eran sobrevalorados con tasaciones falsas, para así beneficiarse con créditos fraudulentos, los cuales eran aprobados por los directivos de la cooperativa. Todo esto habría sido hecho en coordinación con las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas de los grupos económicos Baca y Fox.
De esta manera, los trabajadores, socios y representantes de las personas jurídicas coordinaron conjuntamente para reprogramar créditos y hacer parecer a deudores como buenos pagadores, para que así continúen solicitando nuevos créditos —también se encargaron de levantar hipotecas que se hicieron para garantizar créditos, sin que sean pagadas—.
¿Quiénes son los “gángsters de la finanzas”?
Como el caso de “Los gángsters de las finanzas” ha sido bautizado por la Fiscalía la investigación hacia 52 ciudadanos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU, dado que usaba una cooperativa de ahorro y crédito, una sociedad que se establece para dar créditos y mantener depósitos de ahorro.
El operativo que intervino a 52 personas vinculadas a Aelucoop fue liderado por la fiscal Irene Mercado Zavala, del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada, así como contó con el respaldo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grupo Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se realizó a las 4 a.m. del sábado 30 de noviembre.
Así, el grupo de involucrados no solo incluye al alcalde de Chulucanas, Richard Baca Palacios —quien fue señalado de haber utilizado fondos de Aelucoop para financiar su campaña política, y, actualmente, está prófugo tras enterarse de la orden de detención en su contra—. Además, las investigaciones apuntan a que la organización criminal estaría encabezada por Ruyer Miguel Zevallos Hatakeda y otras decenas de personas, sobre los cuales también se han dado órdenes de detención preliminar por su implicación en el millonario desfalco.

Hemos cumplido 51 años

¿Qué tienen en común un general de la Policía Nacional del Perú, el Decano de la Facultad de Derecho de ESAN, el Director de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA y un docente de Filosofía durante 40 años en la PUCP? Todos son miembros de la promoción que ingresó en 1973 a Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por primera vez el Fundo Pando, en San Miguel, albergaba la formación básica que hasta el año anterior funcionó en la Plaza Francia del centro de Lima, lugar donde fue fundada la universidad.
Se cumplen también 51 años de la edición de la Revista Encuentro, cuya edición fue subvencionada por la Dirección de Apoyo a Iniciativas Estudiantiles, a cargo de Rogelio Llerena Quevedo.
¡Larga vida a nuestros jóvenes profesionales! Merecen una placa de granito en la rotonda del patio de Letras.

EL JUICIO
Comienza el espectáculo
Pese a la solidez de los argumentos presentados por mi defensa durante los meses que duró la etapa intermedia, y sin que la Fiscalía hubiera presentado prueba alguna que sustentara las acusaciones, el juez Víctor Zúñiga Urday, en lo que a nuestro entender sería un flagrante abandono de sus funciones de juez garante del cumplimiento de la ley, decidió que, para probar mi inocencia, debía enfrentar un juicio absurdo en el que estamos procesadas cuarenta y tres personas, por pertenecer a una organización criminal, liderada por Keiko Fujimori, cuya labor era obtener fondos fraudulentos para luego inyectarlos como donaciones a las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. En este juicio, algunos son acusados de captar fondos, otros de «pitufearlos», es decir, de simular muchas microaportaciones para ocultar su verdadero origen, otros son acusados de lavado de activos, de obstrucción a la justicia, y varios delitos más. El denominador común de la gran mayoría de los imputados es que tuvieron vínculos o contactos con Keiko Fujimori o con miembros de su organización. Yo soy el único que jamás tuvo cercanía con el partido fujimorista.
Además, los miembros o allegados al partido están siendo juzgados por acciones que se discuten si son delitos o no; yo, en cambio, no he cometido acto alguno que merezca ser evaluado como criminal. ¿Qué hago yo aquí? No paro de preguntármelo.
El 1 de julio de 2024 se instaló la audiencia. José Domingo Pérez acudió el primer día protegido con un chaleco antibalas, como si él fuera la víctima, como si a él le fueran a hacer daño. Qué ironía. ¿Y quién protege a los ciudadanos que hemos caído en su juicio paranoico y alucinado sin haber cometido ningún delito? Desde entonces, asisto todas las semanas a un desfile de argumentos jurídicos y procedimentales que, a decir de muchos especialistas, hará a nuestro sistema de justicia perder mucho tiempo sin lograr ninguna condena. Siento que formo parte de un show que nadie ha podido detener y que me va a arrastrar a un juicio absurdo, donde se llamará a declarar a más de mil setecientos testigos y se presentarán seis mil pruebas.
Luego de los alegatos de las partes, los jueces pasaron a la etapa de las declaraciones. La gran mayoría de los acusados decidió no declarar ante José Domingo Pérez hasta el final del juicio. Ese no ha sido mi caso. Dos fueron las razones que me llevaron a sentarme a responder las preguntas del fiscal. La primera, la más obvia, es que no tengo absolutamente nada que ocultar; no le temo a las preguntas y estoy dispuesto a esclarecer cualquier duda sobre mi inocencia. La segunda razón compromete un aspecto más subjetivo y personal: en estos seis años, José Domingo Pérez nunca me dio la cara en el proceso. No asistió a ninguno de mis interrogatorios en la Fiscalía ni me hizo una sola pregunta. Siempre fueron las fiscales encargadas de su equipo quienes llevaron adelante esa diligencia. Yo necesitaba enfrentarlo. Necesitaba mirarlo a la cara y hacerle ver que estaba cometiendo una injusticia.
(…)
Fue un encuentro extraño, incluso inquietante. Durante más de seis años, José Domingo Pérez había sido un personaje que había tenido mi vida en sus manos, pero lo conocía poco. ¿Sería amable? ¿Me trataría con respeto? ¿Reaccionaría bien cuando quedara al descubierto la inconsistencia de su acusación? Tenía dudas, hasta curiosidad, pero no miedo. Cuando uno llega con la verdad en la mano, no hay lugar a ningún miedo.
Cara a cara
El 17 de septiembre de 2024, por fin, pude responderle al hombre que me acusaba de haber desviado más de dos millones de dólares de la Confiep para beneficiar la candidatura de Keiko Fujimori en 2011, y que, finalmente, ha pedido para mí una pena de once años y cuatro meses de cárcel.
José Domingo Pérez se presentó como una persona educada y paciente. Hacía preguntas con las fórmulas de cortesía, como «por favor» y «gracias», y parecía calmado. Indagó sobre mi formación académica y mi desarrollo profesional, y cuando mencioné los cargos que tuve en la Confiep, el interrogatorio se volvió un poco menos amable y se empezó a percibir cierta tensión. El fiscal trataba de establecer a través de sus insistentes preguntas cuáles eran los distintos cargos que había asumido en la Confiep (presidente, past presidente, encargado de la Fedecam) y cuáles eran mis obligaciones en cada caso. Aparentemente, intentaba demostrar, sin prueba alguna, que, una vez terminado mi periodo como presidente de la Confiep, había usurpado las funciones de mi sucesor, recaudando dinero entre los agremiados y usándolo en la campaña de Keiko Fujimori. Para eso hizo alusión, en reiteradas ocasiones, a los estatutos de la Confiep, al organigrama de la institución, e indagó sobre las funciones del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo.
(…)
Como «prueba» de que luego de esa reunión los empresarios decidimos apoyar a Keiko Fujimori, José Domingo Pérez pasó el spot en el que, sin mencionar a ningún candidato, se afirmaba que el Perú estaba en una encrucijada y que estaba en las manos de los ciudadanos ir hacia adelante y seguir progresando, o ir hacia atrás y caer en el abismo del subdesarrollo. Me pareció percibir cierto tono y aspecto de triunfo cuando pasó el video en cuestión, como si con eso probara mi culpabilidad. Grande fue su desconcierto cuando le pedí que detuviera el spot y viera que, como se mostraba en la pantalla, este estaba suscrito por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que era la institución que lo había hecho e invitado a la Confiep para que la acompañase. Expliqué que el spot había sido propalado entre los días 2 y 5 de abril de 2011, es decir, mucho antes de la reunión del 19 de abril en Buenaventura, y que, por lo tanto, no formaba parte de la Campaña de Promoción a la Inversión Privada II, materia de la acusación. Agregué, para rematar la absurda prueba que había presentado, que por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Confiep se había retirado el spot del aire por considerarlo muy politizado y ajeno al espíritu de la institución. Mudo quedó José Domingo Pérez ante mi respuesta y, como no logró terminar su interrogatorio en esa fecha, tuvimos que encontrarnos nuevamente el 24 de septiembre.
(…)
A lo largo de tres días y más de ocho horas de preguntas y respuestas, el fiscal José Domingo Pérez no presentó pruebas que sustentaran ninguna de las acusaciones en mi contra. No pudo demostrar ningún indicio que respaldara las acusaciones de lavado de activos y de fraude. Y, más bien, yo, por fin, pude presentar evidencia sólida para refutar todas las imputaciones con la convicción de que me escuchaban los jueces y todo el que estuviera dispuesto a entender mi caso. Es por ello que, al final de la sesión, solicité a la sala que, en un acto de justicia, en el más breve plazo, el fiscal retirara su acusación por falta de sustento.
El impacto de estas declaraciones en la opinión pública me ha hecho retomar la esperanza. Un comunicado de la Confiep, exigiendo que se retirara los cargos en mi contra, así como múltiples artículos periodísticos que abogan por mi causa, me han hecho sentir seguro de que, por fin, se me está escuchando.
El juzgado, conformado por los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, tiene por el momento mi futuro en sus manos, pero a mí no me sobra el tiempo para esperar los diez años que se calcula durará el proceso, para finalmente ser absuelto. No hay una prueba, ni siquiera un indicio de mi culpabilidad, la salud ya no me acompaña y merezco que esta pesadilla termine para poder disfrutar tranquilamente de la vida por la que trabajé junto con mi familia. Como ya he contado, mi defensa ha presentado un escrito con el sustento jurídico de mi petición de retiro de la acusación, que espero sea visto con celeridad por los jueces y puedan tomar, así, las medidas necesarias para que esta solicitud se materialice lo más pronto posible.

El Colegio de Politólogos del Perú tendrá como objetivo principal promover el desarrollo profesional de los politólogos, garantizar el ejercicio ético de la profesión y fomentar el análisis y debate sobre temas de interés nacional. Entre sus funciones se incluyen la representación de sus miembros a nivel nacional e internacional, la elaboración de recomendaciones en temas de gestión del Estado, y el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en la gestión pública.
La participación de la UNAMBA en esta comisión reafirma su compromiso con la formación de profesionales capacitados y su contribución al desarrollo del país.
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2339380-1

Por Miguel Ángel Ibarra Trujillo- Politólogo.
Desde su nacimiento, la ciencia política en el Perú ha generado controversias y desidias entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales, sobre todo entre quienes no siendo politólogos, buscaban ser reconocidos como tales a costa de desvirtuar la identidad de la politología y su propio espacio laboral.
Los politólogos hemos sobrevivido 37 años al frio invierno de las desidias e indiferencias de “los perros del hortelano”, es decir de quienes viven de la ciencia política pero no dejan que los politólogos vivan de ella.
Los detractores no reconocen que la institucionalización de la ciencia política se inicia en el año 1987, con la conformación de la comisión organizadora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y su primer examen de admisión a mediados del año 1988. Hecho que promovería en el 2001, es decir 14 años más tarde, la creación de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos, y en el 2006, es decir diecinueve años más tarde, la creación de la escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú; entre otras importantes escuelas, creadas posteriormente en la ciudad capital.
Pero es en el año 2011, que la Ciencia Política abandona su perfil capitalino, al crearse la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, seguida en el año 2012, por la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 2013 con la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y en el 2015 con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. La ciencia política se habría paso en todo el país, pero no rompía el monopolio de las vacas sagradas del perro del hortelano.
El incontenible avance de la politología, llevo a sus profesionales, a constituir el 06 de julio de 2007, la “Asociación Nacional de Politólogos del Perú”, con el fin de promover e impulsar la creación del Colegio de Politólogos del Perú y su reconocimiento por ley.
Según un informe oficial de SUNEDU a febrero del año 2022, es decir hace casi dos años, había un total de 2,846 politólogos de carrera entre bachilleres y titulados. Casi la mitad, según referían los ministerios consultados, se encontraban en la administración pública. Algunos, incluso, ocupan cargos de elección popular, como el caso del politólogo Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, o del politólogo Hernán Sifuentes, actual alcalde de San Martin de Porras, entre otros.
Los detractores del Colegio de Politólogos, señalan que la ley prohibiría que docentes de otras disciplinas estén impedidos de enseñar en las escuelas de ciencia política; además, que ningún otro profesional podría opinar sobre temas de la ciencia política; y que la colegiación generaría un mercantilismo al obligar a pagar a sus agremiados para ejercer la profesión sin recibir beneficio alguno.
Todos estos argumentos son falsos y responden a una estrategia que busca minimizar y desvirtuar el espacio laboral de la ciencia política, promover un centralismo y permitir que ciertas castas usufructúen de lo que la academia no les ha dado.
Respecto a la enseñanza en universidades, los detractores olvidan o desconocen, que la Constitución Política del Perú de 1993, garantiza el derecho a la autonomía universitaria y la libertad de catedra. Y que la Ley 30220, Ley Universitaria, asegura en el marco de dicha autonomía la libre designación de docentes. Es decir, algunos perros del hortelano no se quedarán sin trabajo. Solo que no podrán llamarse politólogo.
Respecto a la libertad de opinión, los detractores olvidan nuevamente, que la Constitución Política del Perú garantiza el derecho constitucional a la libertad de opinión y de expresión. Es decir, todo ciudadano, profesional o político, seguirá teniendo el derecho a expresar sus ideas sobre la realidad nacional o la coyuntura política libremente. Solo que no podrán usar la denominación de politólogo.
Respecto al pago, es el estatuto de cada colegio profesional y los acuerdos de su asamblea, ósea la decisión de todos los agremiados, la que determina ello.
Esta ley busca cautelar el ejercicio y denominación de la profesión, proteger los derechos laborales de los politólogos, brindarles acceso a servicios sociales como seguro de salud y sepelio, promover una bolsa de empleo; así como incentivar la investigación y facilitar la capacitación permanente de sus agremiados, promoviendo la titulación de los politólogos, contribuyendo con el desarrollo político y social del país en el marco de sus competencias profesionales.
El debate de la ley que crea el Colegio de Politólogos del Perú, lleva 17 años de vigencia, habiendo sido ampliamente debatido por 5 congresos desde el año 2007, con más de cuatro iniciativas de ley de diversos grupos políticos. Siendo el Proyecto de Ley N°1049/2016, aprobado por el pleno del Congreso el 15 de mayo del 2019 y observado por el ejecutivo el 11 de junio del mismo año, el que reflejaría el oscuro interés de algunos personajes que con hipocresía defienden la Ciencia Política.
Las vacas sagradas del perro del hortelano, han secuestrado a la ciencia política, para ganar consultorías en el estado y ONGs, así como manipular la opinión pública y direccionar la voluntad popular. Ellos y sus comisiones de notables nos han heredado todos los partidos y los odios que hoy tenemos. Para ellos la creación de un Colegio de Politólogos es una amenaza a su statu quo capitalino.
El futuro y la supervivencia profesional y laboral de las nuevas generaciones de politólogos, no se encuentra entre las voces que quieren confundir y desvirtuar el perfil profesional de la carrera, sino entre los politólogos de carrera que laboran día a día en calle para llevarle un plato de comida a sus familias y que buscan fortalecer su espacio laboral a través del Colegio de Politólogos del Perú.

El Congreso aprobó la creación del Colegio de Politólogos del Perú. (Foto: Manuel Melgar/GEC)/ GESTION Manuel Melgar Rodriguez

El pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen que propone la creación del Colegio de Politólogos del Perú como institución autónoma representativa de los profesionales de dicha carrera.
Con 73 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al proyecto de Ley 484/2021-CR, que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo (Perú Libre).
Se trata de un texto sustitutorio que propone la creación de dicho colegio con sede en Lima y la posibilidad de contar con filiales a nivel nacional. El proyecto inicial había sido presentado por José Luis Elías (Alianza para el Progreso).
El documento plantea que la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de politólogo y que para ser miembro del Colegio de Politólogos del Perú se requiere haber obtenido título profesional de licenciado en Ciencia Política, expedido por universidad peruana o revalidado, conforme a ley, si el título hubiera sido otorgado por una universidad extranjera.
“Los títulos ya conferidos por las nueve universidades que ofrecen esta carrera profesional y que pueden tener otra denominación en su titulación son vinculantes y pueden inscribirse en el Colegio de Politólogos del Perú”, detalló.
El consejo nacional del nuevo colegio está integrado por un decano, un vicedecano, un secretario, un tesorero, dos vocales y un delegado en representación de los consejos regionales.
Asimismo, se declara el Día del Politólogo el 8 de diciembre de cada año. Su organización y funcionamiento, así como la creación de filiales regionales o departamentales, se establecen en su estatuto.
Antes de culminar el debate, la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País) planteó una cuestión previa para que el texto sustitutorio regrese a comisión para un mejor estudio, pero fue rechazada. Su pedido obtuvo 26 votos a favor, 65 en contra y 5 abstenciones.
Fuente: Diario El Comercio.

Marco Sinfuentes, a quien documentos de USAID indican como receptor de 104 mil dólares para su programa en YouTube, se juntó con los exprocuradores Ronald Gamarra (CNDDHH) y Julio Arbizu (LARES), y se tomaron una foto para la posteridad.
No podemos olvidar que “Gamarrita” confesó haber defendido a terroristas, y Arbizu apoyaba que un hombre entre al mismo baño que las niñas.
Fuente: Diario EXPRESO.
Como señala Jaime Bedoya en Perú21: “Antauro Humala, sentenciado por homicidio simple y secuestro, protagoniza encuestas. Martín Vizcarra, vacado por incapacidad moral y sindicado por la muerte de más de 250 mil personas durante la pandemia por su trasiego con las vacunas, es una estrella del TikTok“.

Denuncias falsas para atacar a empresas serias y responsables

Modus operandi doloso de algunas ONG

Comunidad nativa denuncia a ONGs IDL y FPP

Por Jaime de Althaus– Lampadia
La ofensiva desatada contra la empresa palmicultora Ocho Sur en la región Ucayali podría ser un caso de estudio del modus operandi de algunas ONG -Instituto de Defensa Legal (IDL), Forest People Program (FPP), entre otras- contra las inversiones privadas formales y responsables. Contra la inversión capitalista en última instancia.
Ese modus operandi consiste básicamente en fraguar denuncias fiscales falsas para armar un litigio judicial que pueda ser informado a Naciones Unidas para que el Grupo de Trabajo en Derechos Humanos y Empresas Transnacionales de la ONU le emita un requerimiento a la empresa de modo que tanto la denuncia como el requerimiento sean profusamente difundidos por esas ONG y rebotados en medios en todo el mundo, forzando a compradores internacionales de Ocho Sur a dejar de comprar los productos de esta empresa por razones reputacionales.
El objetivo es quebrar la empresa, al mismo tiempo que las ONG aprovechan para levantar recursos en el exterior de fuentes que financian causas ambientales. Un negocio, en suma, a costa de inversiones serias, productivas y sostenibles.
Dolosamente estas ONG comunican las acusaciones fiscales a Naciones Unidas y a la prensa internacional pese a que la propia comunidad Shipibo Conibo de Santa Clara de Uchunya, supuestamente agraviada, desmiente categóricamente haberlo sido y, consecuentemente, los procesos son sobreseídos o archivados. La comunidad no solo desmiente: acude a la Defensoría del Pueblo para denunciar a esas ONG por violentar sus derechos al utilizar su nombre sin autorización para formular acusaciones falsas contra empresas y contra miembros de la propia comunidad (ver en Lampadia: Comunidad nativa denuncia abusos y agresiones).
Pero allí no queda la cosa. Paralelamente estas ONG plantean una demanda para que la empresa pase a administración judicial, fundada precisamente en falsas alegaciones de deforestación. Es decir, ataque económico, por un lado, y ataque directo a la propiedad misma de la empresa vía la estatización de su gestión, por otro.
Podemos resumir apretadamente la secuencia de esta manera:
El 3 de diciembre de 2020, supuestos representantes de la Comunidad Nativa denunciaron la construcción de una trocha en un área que se encuentra ubicada dentro de la ampliación del territorio de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, sin indicar la fecha probable o posible en de tal actividad. El mismo hecho ya había sido denunciado en otras dos fiscalías y archivado por carecer de todo sustento.
Los mismos supuestos agraviados, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, declararon que Ocho Sur no tenía que ver con estos hechos denunciados. Esta investigación también fue archivada inicialmente por la misma fiscalía a cargo, pero el caso fue reabierto luego de aparentes maniobras y presiones al Poder judicial y al fiscal superior -donde estas ONG tiene influencia-, con el resultado de una acusación arbitraria sobre un hecho ya investigado.
Esta es la acusación que se difunde para perjudicar a la empresa.
No obstante, luego de diversas peripecias legales, el 14 de junio de 2024 el Juzgado Penal de Campo Verde dispuso el sobreseimiento del caso por haberse acreditado que los hechos no les pueden ser atribuidos a la empresa.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lograron bloquear ventas al exterior. La ONU escribió a seis compradores internacionales del aceite de palma de Ocho Sur sin verificar la información, en aparente complicidad con estas maniobras.
Como resultado, Bunge Loders Croklaan, Nisshin Oilio, Louis Greyffus, y clientes finales como Nestlé y PepsiCo, dejaron de comprarle. Pero como el aceite de palma al final es un commodity, logran colocar el producto, pero a menor precio. La pérdida anual sería alrededor de 3 millones de dólares, calcula un alto ejecutivo de la empresa.
En todo esto hay que resaltar el hecho increíble de que la comunidad que supuestamente denunciaba no tenía conocimiento de la mencionada denuncia. La asamblea de la Comunidad no ha reconocido como válida ni legítima la denuncia y eso es lo que le manifestaron al Juez. Más bien, han solicitado en varias oportunidades que se archive el caso por ser falso y que Ocho Sur no ha usurpado su tierra y no construyó la trocha materia de investigación. Por eso la Fiscalía Penal de Campo Verde solicitó el sobreseimiento de la investigación.
Y por eso la Comunidad no solo formuló la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, sino que el 28 de febrero del 2024 presentó denuncia en contra las ONG’S IDL, FPP y FECONAU por la vulneración sus derechos constitucionales y humanos, ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ucayali.
Luego la Fiscalía dispuso aclarar que el proceso se sigue contra la doctora Linda Carol Vigo Escalante (IDL), Luis Álvaro Masquez Salvador (IDL), Glatzer Lloy Tuesta Altamirano del Instituto de Defensa legal (IDL), Thomas Aidan Younger de FPP y Graciela Karina Reátegui Morí de la Federación de Comunidades Nativas y Afluentes de Ucayali (FECONAU), por la presunta comisión del delito contra la libertad personal – COACCIÓN, en agravio de Wilson Barbarán Soria y los comuneros de la comunidad nativa “Santa Clara de Uchunya”. También la Fiscalía dispuso incorporar al programa de protección de testigos al señor Barbarán y otros como medida de protección ante las amenazas y abusos del IDL y el FPP.
APCI debería informar a Naciones Unidas y a las fuentes de financiamiento acerca del modus operandi doloso de estas ONG. 

Caso Cocteles: Tribunal Constitucional anula los actos fiscales seguidos contra el abogado Arsenio Oré

Por mayoría, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por Arsenio Oré, exabogado de Keiko Fujimori, acusado por el Equipo Especial Lava Jato. La demanda fue contra el Ministerio Público y el fiscal José Domingo Pérez.

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Por mayoría, el Tribunal Constitucional (TC) anuló los actos fiscales del Equipo Especial Lava Jato seguido contra el abogado Arsenio Oré, incluido en el denominado “Caso Cocteles” por el presunto delito de obstrucción a la justicia, según la resolución obtenida por El Comercio.
A través de la sentencia, el máximo órgano de interpretación de la Constitución declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por el abogado Oré Guardia, en contra del Ministerio Público y los fiscales del Equipo Especial José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.
Fuentes del TC señalaron a este Diario que con la resolución se anulan el juicio oral y la acusación. El caso queda desde la investigación preparatoria que siguió la fiscalía contra el referido abogado. Es decir, el caso se retrotrae hasta enero del 2019, fecha en la que el fiscal superior Rafael Vela emitió una disposición rechazando el pedido de Oré Guardia para que se aparte al fiscal José Domingo Pérez de la investigación en su contra por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Los votos a favor fueron de los magistrados del TC Francisco Morales (presidente), Luz Pacheco (vicepresidenta y ponente del caso), Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, César Ochoa y Pedro Hernández. Mientras que el voto en contra fue del magistrado Manuel Monteagudo.
Como se recuerda, en su demanda, Oré Guardia había solicitado: (i) que se declare la nulidad de la Disposición 1-2019-FSCEE-MP-FN, del 7 de enero de 2019, expedida por Rafael Vela Barba, en calidad de fiscal superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, que declaró infundada su solicitud de exclusión del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. También que (ii) se ordene la renovación del acto fiscal; y (iii) se nulifiquen las actuaciones de José Domingo Pérez en la Carpeta 55- 2017, relacionadas con el delito de obstrucción de la justicia que se le imputa.
Oré Guardia fue uno de los abogados de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, (2017 al 2019) en el marco de la investigación y proceso judicial seguido por el delito de lavado de activos por la presunta recepción de dineros ilícitos de empresas nacionales e internacionales.
Según la tesis fiscal, se habría lavado más de 17 millones de dólares, principalmente a través de sus campañas del 2011 y 2016. Por ello, el Ministerio Público solicita 30 años y 10 meses de cárcel contra Keiko Fujimori. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral. Oré Guardia es uno de los más de 40 acusados en este proceso.
“Declarar NULA la Disposición 1-2019-FSCEE-MP-FN, de fecha 7 de enero de 2019, expedida por don Rafael Ernesto Vela Barba, en calidad de fiscal superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, que declaró infundada la solicitud de exclusión del fiscal provincial don José Domingo Pérez Gómez, formulada por la defensa técnica de don Arsenio Oré Guardia; y NULOS todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal superior“.
Fiscal Pérez pide habían solicitado comparecencia restringida para abogado Arsenio Oré

Tribunal Constitucional

La audiencia por el recurso de amparo del abogado, ante el Tribunal Constitucional, se realizó en Lima el pasado 24 de mayo y la votación se dio el mes de junio. Sin embargo, debido a la demora con la firma de la resolución recién se emitió.
En dicha audiencia, Oré Guardia sostuvo que se afectaron sus derechos humanos por parte del fiscal José Domingo Pérez, quien llevó acabo un allanamiento a las oficinas de su despacho de abogados en noviembre del 2018.
El allanamiento, dijo, se realizó con la finalidad de buscar e incautar documentación vinculada a los aportes de campaña a la campaña de Fujimori Higuchi y Fuerza Popular.
Luego, Oré Guardia fue incluido en la investigación debido a que la fiscalía lo señalaba como uno de los abogados que habría “coaccionado” a testigos que debían declarar ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.
Señaló que el fiscal Pérez Gómez desarrolló su investigación con falta de objetividad y ya para la etapa de control de acusación, el Ministerio Público había incorporado elementos que no fueron materia de investigación. A su turno, Walter Palomino Ramírez, abogado de Oré Guardia, señaló ante el TC que la fiscalía había iniciado un proceso “arbitrario” iniciado por el fiscal José Domingo Pérez, quien carecía de “objetividad”. Ello, por haber abierto la investigación por presunta obstrucción a la justicia contra Oré Guardia, pese a que Pérez Gómez era el supuesto afectado. Es decir, el fiscal era el investigador y la presunta víctima. Cabe precisar que el Procurador del Ministerio Público no se presentó a la audiencia ante el TC.
Pleno del Tribunal Constitucional: César Ochoa, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

No se tuvo en cuenta una falta de objetividad del fiscal José Domingo Pérez

En el recuento de hechos, el TC señaló que el 7 de enero de 2019, el fiscal superior coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, emitió la Disposición 01-2019-FSCEE-MP-FN, rechazando el pedido que realizó el abogado Arsenio Oré, solicitando la exclusión de José Domingo Pérez, quien formalizó una investigación preparatoria contra el abogado por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Según explicaron, de la demanda se desprendía que Oré Guardia fue comprendido en la carpeta Nro. 506015704-2017-55-0 en la que venía siendo investigada su expatrocinada Keiko Fujimori, a cargo del fiscal Pérez Gómez.
Es decir, se formalizó una investigación preparatoria contra del accionante en la misma carpeta en la que habría desplegado su supuesta actividad obstructiva.
“De este modo, el mismo fiscal que padeció la obstrucción de su investigación —en la especialidad de lavado de activos y pérdida de dominio y, luego, en el equipo especial— va a conducir la investigación del delito de obstrucción de la justicia”, indicó el TC.
Y si bien, señala el tribunal, el fiscal superior Rafael Vela, indica en su defensa que su decisión de ratificar a Pérez Gómez en la investigación contra Oré Guardia se debía a que estaba facultado, tenía la competencia para investigar y había conexidad con el caso investigado; en ningún momento se tuvo en cuenta la “objetividad” del fiscal señalado.
“En ningún momento se presta atención a la relación entre el fiscal provincial con las supuestas obstrucciones que él mismo habría padecido, sin advertir que esta circunstancia objetiva justifica una duda razonable sobre su objetividad en la investigación de los actos que (según afirma) han perjudicado su propia investigación lavado de activos, ya que como testigo tendría interés en el resultado de la investigación”, refiere.
Por ende, el TC señala que los hechos de obstrucción que pretendía investigar el fiscal Pérez Gómez, habrían sido cometidos en una investigación que está a su cargo “es decir, quien indaga la obstrucción es el mismo que habría sido obstruido”.
“Lo que permitiría suponer suficientemente que una investigación preparatoria en estas circunstancias requeriría solo de su propio testimonio para confirmar su hipótesis fiscal y tornan innecesarios los descargos del investigado. En este supuesto, no hay proceso progresivo de formación de la convicción, ni contingencia en la formulación de la acusación, pues esta ya ha sido decidida“, según la sentencia del Tribunal Constitucional.

Otros abogados investigados por el mismo delito podrían pedir la extensión de la resolución del TC

El abogado penalista, Andy Carrión, explicó que en el año 2018, luego del allanamiento al Estudio de Abogados de Arsenio Oré Guardia, se dispuso la incorporación de este y otros abogados en la investigación por el Caso Cócteles, pero por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
En ese momento, el Equipo Especial Lava Jato determina que el fiscal Pérez sí era competente para investigar a Oré Guardia, y, ante ello, el abogado acudió al coordinador Rafael Vela pidiendo la exclusión del primero, pero su pedido fue declarado infundado.
Entonces, agregó Carrión, el TC ha señalado que “en ningún momento el fiscal Vela se pronuncia sobre la falta de objetividad del fiscal”, es decir cómo se puede demostrar que podría mantener la objetividad.
“Allí es bien duro el TC, en los párrafos 26 y 27 de la resolución, habla precisamente de la falta de objetividad del fiscal para investigar un caso donde él es agraviado. Eso ya sería un indicativo de falta de objetividad”, remarcó.

En la audiencia, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, expuso sus alegatos de defensa ante el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia Nacional Especializada. (Foto: Poder Judicial)

Por lo resuelto en el Tribunal Constitucional, explicó el abogado especialista en materia penal, tendrá que ser otro fiscal quien retome el caso de Oré Guardia desde la etapa en que quedarán tras la anulación del juicio oral y de la acusación que presentó la fiscalía.
Sobre la consecuencia de la resolución, indicó que hay varios aspecto relevantes, pero principalmente, se encuentra la nulidad de todos los actos realizados por el fiscal José Domingo Pérez contra Oré Guardia dentro de la investigación preparatoria.
“Es decir, entre ellas los allanamientos a su estudio de abogados, pues si el TC ha declarado nulo los actos posteriores, entonces ha anulado también esas resoluciones de allanamiento que fueron emitidos por pedido fiscal, que en este caso el TC ha dicho que es un fiscal parcializado; y con ello, la consecución de pruebas que pueden haberse obtenido dentro de estos allanamientos, y otros actos como declaración de testigos”, según Andy Carrión, abogado especialista en Derecho Penal.
En otro momento, Carrión Zenteno refirió que la resolución si bien es “personalísima” a favor del demandante, de manera indirecta, podría ser usada por los acusados en el juicio oral del Caso Cocteles para “cuestionar la objetividad del fiscal”.
No obstante, prosiguió, a quienes sí podría beneficiar “por extensión” de los efectos de la resolución del TC, sería a aquellos abogados incorporados por el fiscal Pérez Gómez, con los mismos argumentos y por el presunto delito de obstrucción a la justicia, que aplicó a Oré Guardia.
“Hay otro abogado del Estudio de Arsenio Oré, que es Edward García Navarro y que también está por las mismas cuestiones. Entones, para los abogados hay un precepto de igual razón, igual derecho. Entonces, la misma decisión pedirían los abogados que están en la misma circunstancia. Es muy difícil que la Sala (que los juzga actualmente) lo aplique, así que podrían pedirlo al TC o a través de sus demandas ante el Poder Judicial”, anotó.
También estimó que podría beneficiar a la abogada Giuliana Loza, que también está incluida en el caso por el presunto delito de obstrucción.

TC estableció doctrina jurisprudencial

Sobre allanamiento contra abogados

El abogado Andy Carrión también advirtió que la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en el Caso Arsenio Oré, dispuso establecer doctrina jurisprudencial, es decir de obligatorio cumplimiento: que el estándar para allanar los estudios de abogados sea “cualificada”.
Explicó que en el fundamento 16 de la referida sentencia, el TC ha dispuesto como exigencia que las resoluciones judiciales deben tener una fundamentación con un estándar alto, que justifique en exceso el despliegue que realizarán los fiscales; todo eso, a fin de que el abogado pueda preservar el secreto profesional.
“Por tanto, para que los allanamientos a lugares de trabajo de estos profesionales no vulneren el derecho- deber o garantía-derecho del secreto profesional, deben haber sido previamente autorizados por el juez, cuya decisión deberá tener una fundamentación cualificada, que justifique la acción y detalle el ámbito de acción de los fiscales”, se indica en dicho fundamento del TC.
Ello, indicó Carrión ordena que, de ahora en adelante, para que la fiscalía allane a los abogados de los investigados o estudios de abogados, debe contar con una resolución judicial respaldada con un fundamento detallado, expresando adecuadamente las razones de la decisión.
“Le están dando relevancia al derecho del abogado a proteger el secreto profesional. Ahora, con esto, lo que se está haciendo es poner coto a la práctica constante de la fiscalía para allanar a los abogados. Esto, incluso, podría trasladarse al Caso de ‘Los Waykis en la Sombra’, aunque en ese caso hay más indicios penales”, señaló.

Si en esta nueva faceta Carlos Álvarez sigue siendo un buen imitador, estamos perdidos

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
En estos tiempos confusos, todas las noticias políticas parecen falsas. ¿Quién les puede creer, por ejemplo, a los que sostienen que Toledo está exigiendo ser comprendido en el Caso Cócteles? ¿O a los que afirman que Acuña y Oscorima están a punto de fundar el club ‘Waykikis’? El corre-corre de estos días en los que el plazo para inscribirse en un partido y poder así postular a la presidencia en el 2026 está por vencerse es, sobre todo, el contexto ideal para echar a rodar bulos a ese respecto y ver cómo ganan adeptos entre los incautos. Por eso, el anuncio de que Carlos Álvarez, el imitador y humorista, se había afiliado a “País Para Todos” con ese aparente propósito generó al principio incredulidad en esta pequeña columna.
Tras ver el video en el que él mismo informa a la opinión pública de su decisión de enrolarse en el mencionado partido, sin embargo, toda duda queda despejada. La cosa va en serio, y lo que hasta hoy ha sido parodia amenaza con transformarse mañana en solemne práctica cotidiana. Porque si algo ha hecho Álvarez a lo largo de su carrera artística es caricaturizar presidentes. No es que los integrantes de la penosa hueste que ha desfilado por Palacio de Gobierno en las últimas décadas careciese de rasgos irrisorios propios, pero el arte del imitador consiste en detectarlos y exagerarlos sin romper la similitud esencial que su comportamiento debe guardar con el de su modelo. Y ese es un arte que el nuevo militante de “País Para Todos” domina a la perfección. La pregunta que inquieta al respetable en estos días es entonces si, en la eventualidad de que la suerte lo acompañe, el personaje que nos ocupa seguirá siendo tan bueno en el ejercicio de su oficio como hasta ahora.

–El problema final–

Lo de la suerte, precisemos, no es un detalle deleznable. La organización en la que el cómico se ha inscrito es comandada por el ex alcalde de Huaraz Vladimir Meza, lo que promete acarrearle algunos dolores de cabeza. Antes de que nadie le haya hecho pregunta alguna al respecto, por ejemplo, Meza se ha sentido en la necesidad de aclarar que hace más de diez años se vivió en su hogar una crisis “que se malinterpretó como violencia familiar”… y todos sabemos que esas cosas no se quedan así. Generalmente se ponen moradas y se hinchan. El tópico, nos tememos, será frecuente materia de discusión durante la campaña.
Imaginemos por un momento, no obstante, que Álvarez logra salvar ese y otros inconvenientes que pudieran conspirar contra la conquista de su sueño, y en julio del 2026 acaba ciñéndose la banda embrujada. ¿Qué tanto pesará sobre él la impronta de los tristes individuos que por tanto tiempo ha estudiado para calcar con minucia?
En “El problema final”, su última novela, Arturo Pérez-Reverte presenta a Hopalong Basil, un actor que se ha pasado la vida haciendo de Sherlock Holmes en las películas y que, ante la ocurrencia de una serie de crímenes en la isla en la que se encuentra de vacaciones, no resiste la tentación de convertirse en el detective que tantas veces ha representado. Y con buenos resultados. Pero, claro, eso es ficción. En la realidad, los eventos suelen producirse de un modo menos providencial y lo que podríamos tener en breve es, más bien, una reproducción combinada de los defectos y desatinos de quienes ya nos han gobernado. Si las cosas le funcionan a Álvarez, en consecuencia, alguien tendría que hacerle saber que el show no debe continuar, porque, si no, estamos perdidos.

CNUL, vinculada a Movadef, anuncia marchas para el 28

Por Juan Carlos Chamorro– Diario Perú21.
Lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se sube al coche de las protestas que azuza Lucio Ccallo. Fredepa de Ayacucho, ligado a Sendero Luminoso, y el Barrio Chino apoyarán esta movilización.
Quiere sembrar caos y disturbios otra vez en Fiestas Patrias. El dirigente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), Lucio Ccallo Callata, quien, según la Dircote, está vinculado al Movadef de Sendero Luminoso, convocó la semana pasada a una jornada de protestas de tres días, en nuestra capital, durante la celebración de las Fiestas Patrias.
Según el anuncio de Ccallo, las protestas serán el sábado 27, domingo 28 y lunes 29, y buscarán nuevamente conseguir la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
Perú21 ha revelado, en sendos reportajes, que la CNUL cobija en sus filas a la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), que está integrada por organizaciones de izquierda como Nuevo Perú, Patria Roja y Juntos por el Perú (JPP).
La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se subió al coche de las protestas organizadas por la CNUL y llamó a la “insurgencia ciudadana” para esa jornada.
El exjefe de la Dircote, el teniente general de la PNP en retiro, José Baella, en comunicación con Perú21, pidió a las autoridades que les hagan firmar un acta de responsabilidad a Ccallo y a Mendoza para que ambos se hagan cargo de los daños a las personas, policías y propiedad pública y privada que puedan ocurrir durante las movilizaciones.
Del mismo modo, el exministro del Interior Carlos Basombrío criticó el oportunismo de Verónika Mendoza de plegarse a la agenda de protestas en la que también estarán los movimientos regionales que buscan impedir que el Congreso los excluya de participar en las próximas elecciones. “No va a pasar nada (con Mendoza). No tiene esa capacidad de convocatoria”, dijo a este diario.
La CNUL tiene como aliados al Barrio Chino de Ica y al Fredepa de Ayacucho, este último relacionado a la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, según la Dircote. Su presidenta, Rocío Leandro Melgar, ‘camarada Cusi’, ahora presa, tiene relación con Sendero por haber participado en los 90 en atentados terroristas.
“(Verónika Mendoza) se quiere montar sobre algunas protestas regionales… No tiene convocatoria”, dijo a Perú21 Carlos Basombrío, exministro del Interior.

Estallido social: el misterio tras la entrega de productos médicos a la sede del PC en Recoleta (y cómo complica al partido)

La arista del eventual cohecho por el que Daniel Jadue se encuentra en prisión preventiva, ha complicado directamente al Partido Comunista ya que según Fiscalía los insumos médicos por $20 millones entregados como “bonificación” fueron almacenados en la sede del partido en Recoleta. El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, señaló que no hay antecedentes de aquello y que si alguien hace esa afirmación deberá demostrarla, y la secretaria general, Barbara Figueroa sostuvo que “es una ofensa que no podemos aceptar”. Sin embargo, la defensa de Jadue ha validado que la sede del PC se ocupó de bodega, aunque dice que se trató de una adquisición hecha por el secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz, también militante comunista.
Qué observar. Durante la audiencia de formalización del alcalde Daniel Jadue, la fiscal Giovanna Herrera exhibió una serie de pruebas, testimonios, fotografías y pericias técnicas, que demuestran que la sede comunal del PC en Recoleta sirvió de bodega para los insumos médicos que supuestamente habrían sido entregados como cohecho.
Según la acusación de Fiscalía, en la sede del partido, los empleados de la empresa proveedora Best Quality entregaron la tarde del 1 de julio de 2020, 100 bidones de alcohol gel, 500 cajas de mascarillas, 500 cajas de guantes de vinilo y 2,000 pecheras, productos avaluados en $20 millones.
El testimonio del vendedor y comisionista de la empresa, César Ramírez, es que Jadue les habría pedido ese aporte como “bonificación”, para seguir haciendo negocios con las Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp. Best Quality ya había cerrado un acuerdo por una venta de insumos por más de $1,300 millones.
Según la declaración -ratificada por el chofer de la empresa Óscar Doussang- cuando iban camino a entregar los aportes a la Biblioteca Pública de Recoleta, recibieron un llamado de Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de Achifarp, quien les informó que el lugar de destino sería la sede del PC ubicada en calle Lircay 486.
“La donación no se concretó a favor de la municipalidad sino en favor del PC de Recoleta”, señala el testimonio de Ramírez.
Las pruebas. La Fiscalía apoyó su exposición con varios documentos, entre ellas una serie de fotografías que aportaron los denunciantes.
En la imagen se ve el frontis de la sede del PC y una sala llena de productos médicos. Ambas fotografías están fechadas el 1 de julio de 2020, y fueron confirmadas en un informe informático con su respaldo en “la nube”.
Además, hicieron un rastreo de localización de llamadas telefónicas encontrando una conversación entre Doussang y Muñoz a las 17.34 de la tarde de ese día, que registra una antena ubicada en calle Lircay a pasos del partido.
Tres años después, en 2023, una diligencia de Carabineros en esa dirección concluyó que la imagen era del inmueble del partido, ya que coincide una mesa de vidrio y fierro que aparece en la imagen. Además encontraron que aún quedaba mercadería: cinco bidones de alcohol gel.
También en el expediente hay fotografías de los empleados de Best Quality con Jadue en la oficina del alcalde.
Las explicaciones del PC. Consultado en Tolerancia Cero, el presidente del PC, Lautaro Carmona, restó credibilidad a que el partido hubiera servido de bodega para estos productos. Esto fue lo que dijo: “La información que maneja el presidente del Partido Comunista, la dirección nacional del Partido Comunista, es que no existe esta afirmación de que habría una sede del partido que oficiara de bodega de una situación como la que estamos hablando en el caso de Recoleta”.
“No estoy metiéndome en que eso no sea, el Partido Comunista no tiene alguna noción de que ahí hubieron insumos”.
“Esa es una afirmación que se hace en este proceso y que va a obligar a que el PC va a hacer precisiones institucionales, quien haga la afirmación tiene que demostrar que el PC acogió, recogió, albergó insumos como PC”.
“Yo personalmente tengo un vínculo bastante fluido con Jadue y con el partido de Recoleta y ni un conocimiento de que eso haya existido”.
La semana pasada, la secretaria general del PC, Barbara Figueroa, sostuvo sobre el tema: “No nos corresponde pronunciarnos respecto a la investigación. Para que seamos muy precisos: esto es lo que autodenuncia la empresa que vendió en 10 veces el valor de los insumos en la pandemia”.
“Que tu uses un espacio de bodega no tiene que ver con que tu hagas un uso ilegítimo de algo, de haber ocurrido, aquí no estamos diciendo mire el PC andaba vendiendo remedios. Ellos han denunciado cohecho, pero es materia de investigación y no vamos a aceptar que se trate de decir ustedes hicieron un uso malicioso de insumos básicos en tiempos complejos como pandemia”.
“Para una organización centenaria, comprometida con la clase trabajadora y los más desposeídos, es una ofensa que no podemos aceptar”.
Interrogatorio a dirigentes. Durante la investigación, la Fiscalía interrogó a dirigentes comunales del PC en Recoleta. Todos coincidieron en que nunca se enteraron ni supieron que la sede del partido hubiese sido utilizada como bodega.
Tampoco hay explicaciones sobre cuál fue el destino final de esos productos.
Los cuatro integrantes de la directiva, que figuran como testigos, afirman que no supieron del hecho. “No tengo conocimiento que dicho inmueble haya servido de bodega para ningún tipo de insumo médico o de salud”, afirmaron dos, que además se desempeñan como funcionarios en la municipalidad de Recoleta.
“Tampoco tengo conocimiento que algún camión de la empresa Best Quality Products Spa, haya dejado insumos de este tipo”, señalan las declaraciones.
La respuesta de la Defensa. La respuesta del abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, es diferente. Él reconoce que las pruebas entregadas por la Fiscalía confirman que había productos almacenados en el partido.
Sin embargo, argumentan que no está acreditada de qué fecha es la fotografía y que es posible que los insumos hayan sido adquiridos previamente por Matías Muñoz quien tenía una relación con Best Quality. Además Muñoz es militante del PC.
El abogado criticó que Fiscalía no haya hecho un peritaje para estimar si efectivamente los productos de la fotografía corresponden a $20 millones como dicen los denunciantes.
La defensa dice que Jadue jamás conversó ni telefónicamente ni por mail con los empleados de la empresa y que las fotografías junto a ellos se debe a que el alcalde se toma fotos con muchos simpatizantes.

La historia tras el fallido negocio de los medicamentos contra el Covid

Por Juan Pablo Sallaberry
Entre los delitos imputados por Fiscalía al alcalde de Recoleta, por los que se ordenó su prisión preventiva, se encuentra el “engañar” al concejo municipal para que aprobará el traspaso de más de $204 millones para adquirir el medicamento Interferón para combatir el Covid-19, dinero que fue ocupado para sanear deudas de la Asociación de Farmacias Populares. A continuación los testimonios sobre el intento para importarlo de Cuba, el fracasado convenio con la Universidad de Concepción, los informes falsos y la orden del ISP de destruir 5.000 dosis del fármaco por no contar con autorización.
Qué observar. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) quedó en prisión preventiva, tras ser formalizado por Fiscalía por los delitos de cohecho, estafa, administración desleal, ocultamiento de bienes y fraude al fisco.
Uno de los casos se le imputan por fraude al fisco, dice relación con el fallido anuncio que realizó el 2020 sobre fabricar Interferón en Chile para combatir el Covid-19.
Importación de Cuba. En marzo del 2020 cuando se registraban los primeros casos de Covid-19 en Chile, Daniel Jadue anunció que importaría el medicamento Interferón Alfa 2B recombinante humano desde Cuba.
El alcalde señalaba que era “usado con éxito en China y España” y “será para personas contagiadas de alto riesgo”. Sin embargo su decisión generó debate en la comunidad científica, ya que hasta ese momento la Organización Mundial de la Salud no había recomendado ningún fármaco en específico para enfrentar el virus.
Jadue gestionó traer el medicamento desde Cuba y también desde Venezuela, pero finalmente el Instituto de Salud Pública (ISP) no dio la autorización a la Municipalidad de Recoleta por no contar con los permisos sanitarios.
Sí autorizó la compra que hizo luego del antiviral Avifavir a Rusia, aunque esto fue cuestionado por las autoridades de salud.
“Si es que no nos mandan presos”. En ese escenario Jadue formó una alianza con la Universidad de Concepción, cuyo rector es Carlos Saavedra, reconocido hombre de izquierda, apoyado por el Frente Amplio y militante de las Juventudes Comunistas en los años 80.
En junio de 2020, cuando aún no existía vacuna para el Covid-19, Jadue y Saavedra firmaron un convenio para fabricar Interferón en Chile. El alcalde como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Comunales (Achifarp), viajó a Concepción junto a su equipo y anunciaron el acuerdo en la prensa por $229 millones.
La Fiscalía mostró un chat del 20 de junio de 2020 entre Daniel Moraga, secretario ejecutivo de Achifarp y Daniel Jadue. “¿Estás claro de que lo más probable es que no pasemos la fase experimental con la U de Concepción? Si es que no nos mandan presos por usar medicamentos no registrados”, escribe Moraga.
“Lo vemos el lunes”, respondió Jadue.
Para fabricar medicamentos no sólo se debe contar con autorización del ISP, sino que con un laboratorio especializado, cuya construcción también debe ser autorizada por el ISP.
La Universidad de Concepción solo consiguió que el ISP autorizara en enero de 2021, los planos para remodelar el laboratorio, pero esto nunca se hizo.
“Podía haber un tema político”. Los $25 millones iniciales fueron entregados por la Municipalidad de Recoleta pero se requerían otros $204 millones para la fabricación de las 180,000 dosis.
Según el testimonio de Jorge Toledo Alonso, profesor de la Universidad de Concepción a cargo de este proyecto, “nosotros no avanzamos más que en parte del primer paso. Solo conseguimos la autorización del plano. En el año 2021, yo conversé en varias oportunidades con Pablo Lanfranco (jefe de proyectos de Achifarp) y con la doctora María Eugenia Chadwick (directora de salud de Recoleta), la necesidad de remodelar el laboratorio conforme al plano”.
“Después nos dimos cuenta de que podía haber un tema político, porque Daniel Jadue indicó públicamente en su campaña presidencial que ya tenía el medicamento, lo que no era cierto”.
Durante la formalización la fiscal Giovanna Herrera sostuvo que “uno de los móviles del fraude en Recoleta dice relación con la campaña electoral de Jadue. La motivación primera era evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso”.
“Engaño” a concejales. Según Fiscalía, el 27 de abril del 2021, en la sesión del concejo municipal el alcalde Jadue “engaña a los concejales y les miente sobre el estado del proyecto”, en momentos que Achifarp enfrentaba una difícil situación financiera, con deudas, cobranzas judiciales y Jadue había extendido cheques para comprometerse al pago.
El 15 de abril Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de Achifarp, envió una carta a la Municipalidad de Recoleta, en que solicita el aporte extraordinario para la fabricación de Interferón. “Vengo a informar sobre los avances del convenio entre Achifarp y la Universidad de Concepción. Indicamos que hemos finalizado con éxito la aprobación por parte del ISP de los planos de modificación de laboratorio farmacéutico para la producción del Interferón. Por tanto, solicitar tramitar ante el Consejo Municipal voto extraordinario por un monto de $204’976,800”.
María Eugenia Chadwick -formalizada por fraude- elabora un informe para ser presentado a los concejales, el que a juicio de Fiscalía es falso, ya que señala que cuentan con aprobación del ISP para empezar con la fabricación completa y certificada.
En la reunión del consejo, Jadue señala que ya se consiguieron los permisos del ISP y está todo en marcha.
Según el testimonio del expediente, los concejales, desde la UDI al PC, declararon que Jadue les informó que el medicamento ya tenía todas las aprobaciones del ISP y acordaron traspasar el dinero a Achifarp.
El 29 de abril, la alcaldesa (s) Gianinna Repetti firmó el convenio con Matías Muñoz de Achifarp que señala en su cláusula 3 que ya se ha obtenido la autorización del ISP para la producción del Interferón, lo que resultó ser falso.
El fondo se gastó en las deudas que tenía la asociación. Nunca se envió el dinero a la U. de Concepción. No se hizo ningún requerimiento desde Recoleta para pedir la devolución del dinero.
Dosis destruidas. Según declaró la fiscalizadora del ISP Viviana Vásquez, sin autorización sanitaria la Universidad de Concepción fabricó de todas formas 5,000 dosis de Interferón experimental, de las que le mandó 3,000 a Recoleta que quedaron sin uso en refrigeración.
El ISP sancionó a la universidad y ordenó destruir el fármaco.
Según el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, aquello demuestra que existía confusión en la propia U. de Concepción sobre si se podía producir el fármaco. Señala que efectivamente la carta de Matías Muñoz contenía información que no era real. “Mi cliente tiene como elemento esta confusión, no hay actuar doloso, hubo un error, no un acto malicioso”.
Pero la jueza Paulina Moya al decretar prisión preventiva contra Jadue sostiene que “al Tribunal le llama la atención que en un ámbito tan sensible como es la fabricación de medicamentos para el Covid, los imputados hayan asegurado contar con los permisos respectivos, en circunstancias que se trata de una época en que existía un miedo generalizado a los nuevos medicamentos, por lo que los argumentos de la defensa de haber creído que todo estaba en regla a este tribunal le parecen poco creíbles”.
Fuente: Ex-Ante.cl

El PC y la Universidad ARCIS

Por Manuel Loyola– El Mostrador.cl
¿Qué movió al Partido Comunista de Chile a involucrarse en la administración de la Universidad ARCIS (UA)?
Como se sabe, hace una década, el PC decide tomar posiciones en la dicha universidad mediante el aporte de recursos financieros y de personal para lo cual creó o extendió las funciones de algunas entidades de gestión inmobiliaria y de formación, todo esto bajo las normas que regulan la participación de privados en organizaciones de educación superior. El paso dado pudo haber tenido algún desarrollo “normal” si no hubiesen ocurrido (como ocurrieron) varias situaciones que hicieron insostenible su actuación.
Desde luego, el hecho de que desde los inicios mismos de ARCIS, militantes y dirigentes comunistas hubieran tenido constantes relaciones con esta universidad, probablemente alimentó el anhelo de, en algún momento, llegar a “hacerse” de ella: razones de inserción y prestigio académico, a lo que luego se sumaron las perspectivas de buen retorno de los recursos financieros partidarios, seguramente sellaron el involucramiento. Por cierto, tampoco se deben descartar las muy probables invitaciones, adulaciones y tironeos de parte de personalidades del ARCIS para que el PC se involucrara, asedios que el partido recibió con agrado, “dejándose querer”. En este mismo plano, está por verse cuál fue el rol que, en la decisión, cupo a la fallecida Gladys Marín quien, al parecer, fue una de las principales interesadas en el arribo comunista a la UA.
Todo indica que la materialización de la decisión en 2006 muy poco tuvo que ver con el análisis cuidadoso del proyecto a emprender. Y no es que no se tuvieran elementos y antecedentes adecuados para contar con un diagnóstico pertinente. Sólo que, aún si tal diagnóstico se hubiese tenido, por sobre todo pesó más la fantasía, la inexperiencia, el engreimiento, la evidente falta de talento de estos “emprendedores”. Llegaron a ocupar cargos directivos y funcionarios recurriendo a lo único que sabían: cumplir con la tarea de proporcionar a los socios los réditos esperados a sus aportes. Tal finalidad actuó como exclusivo criterio racionalizador, de modo que el segundo lustro de la década pasada no pudo sino ser de escozores y altibajos, de buscar eliminar las malas decisiones de negocio anteriores, cerrar sedes, terminar programas, despedir gente, lidiar con opositores internos (descontentos múltiples, grupos nihilistas), buscar responder a las exigencias de la acreditación institucional, afrontar deudas, pagar al personal, renegociar pasivos, etc. Claramente, otra cosa era con guitarra, y no era posible seguir con una universidad buena onda, pluralista, diversa…por parte de la rudeza militante.
El PC se hizo del “proyecto ARCIS” cuando este ya estaba completamente erosionado. Su brillo estuvo en su resistencia ochentera concluyendo con algunos relumbrones noventeros, luego de lo cual sobrevino la confusión. Cierto es que en su vida ha contado con académicos y artistas relevantes, pero ello en caso alguno cimentó una fortaleza de largo plazo. Desde antes de la llegada del PC a la dirección, ARCIS transitaba por una crisis con mucho de irreversible dadas las condiciones de financiamiento proveniente, en lo fundamental, del pago de los estudiantes. Su persistencia como casa universitaria implicaba un prolongado proceso de reconversión como unidad económica y académica de amplia convocatoria social y profesional que, en caso alguno tenía que ver con la lógica privatista –según las reglas del juego del mercado de la educación– asumidas por el PC.
En otros tiempos un bochorno de este calibre habría significado un descalabro importante en sus aparatos de dirección y varias cabezas rodando. Pero ahora no ha sido así ¿Por qué? Entre las razones de esta interesante vista gorda, probablemente la más importante sea el hecho de que quienes protagonizaron el caso ARCIS son los mismos que, a la par, llevaron al partido a la NM, fungiendo hoy de ministros, parlamentarios, embajadores, asesores, y otras funciones; por tanto, no se podría haber esperado entre ellos las consecuencias de la “vigilancia revolucionaria”.
El movimiento estudiantil de 2011 y, más aún, los preparativos para el ingreso del PC a lo que sería la Nueva Mayoría (a fin de ser parte de lo que en su momento se llamó “gobierno de nuevo tipo”), hicieron crecientemente incómoda su participación en la UA, de modo que había que salir de ahí con más rapidez que elegancia, retirando, por cierto, lo que se estimaba propio, precipitándose la debacle.
La experiencia comunista en ARCIS ha sido repudiada por muchos, partiendo ¡oh, paradoja! por el propio partido, quien ha hecho lo posible por alejar los recuerdos y sinsabores de tan amargo trago, apostando a la pronta liquidación y cierre del asunto. No es exagerado suponer que, a la luz de los resultados, no pocos personeros han asomado el arrepentimiento apelando a las consabidas expresiones: ¡en qué momento estuvimos! ¡Cómo nos fuimos a meter en eso!
De otra parte, no han faltado aquellos que al interior de la organización, aunque tímidamente, han hecho ver su crítica por lo acontecido. Se ha tratado de voces aisladas, preferentemente ligadas al ámbito de la educación superior del PC, a los que se agregan los comentarios en privado, donde sí se revela la desazón por lo acontecido. Lo que ha primado, como era de esperar, es callar y cuadrarse con lo que dicen los dirigentes y, claro está, no prestarse a las “maniobras de la derecha” que, cómo no, ha querido hacerse su agosto, pero sin respaldo moral para ello.
Para quienes conocemos la historia de este partido, en otros tiempos un bochorno de este calibre habría significado un descalabro importante en sus aparatos de dirección y varias cabezas rodando. Pero ahora no ha sido así ¿Por qué? Entre las razones de esta interesante vista gorda, probablemente la más importante sea el hecho de que quienes protagonizaron el caso ARCIS son los mismos que, a la par, llevaron al partido a la NM, fungiendo hoy de ministros, parlamentarios, embajadores, asesores, y otras funciones; por tanto, no se podría haber esperado entre ellos las consecuencias de la “vigilancia revolucionaria”.
Como se señalara más arriba, fue la ausencia de evaluación y criterios fundados lo que llevó a la aventura comunista en ARCIS. Es falso, en consecuencia, que ella haya que asumirla como “un error forzado difícil de comprender previamente”, según reza un informe partidario sobre esta situación de marzo de 2016. Y es que de algún modo el asunto ARCIS, en clave comunista, no es sino epítome de la manera como se ha hecho y se ha sido partido, en particular en las últimas décadas. Convenimos en que a mediados de la década pasada ARCIS daba muestras evidentes de inviabilidad, y que por lo mismo, que debía entrar a reformarse y reformularse como iniciativa académica democrática y, por qué no, de izquierdas ¿Era eso posible? No lo sabemos; lo que sí sabemos es que lo que se ofreció fue –más allá de las buenas intenciones- una modalidad que sólo prolonga la agonía, con el agravante de que al final imperaría la política del sálvese quien pueda.
No estimo que el PC sea EL responsable de la liquidación de la UA, pensarlo así es una exageración más o menos mal intencionada; de lo que sí es responsable -como producto de su manifiesta postración ideológica- es de fantochería (de suponer y exponer que tenía las habilidades, además del dinero, para solventar un proyecto universitario) y, a fin de cuentas, de actuar con puro cálculo y oportunismo, si bien es probable que en la vuelta haya perdido dinero.

El Ministerio Público y la Dirección de Defensa Pública de Cusco, que investigan el caso “compra y venta de bebes recién nacidos” en esa ciudad, solicitaron al Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil (Reniec), un informe sobre cuántos certificados de nacido vivo (CNV) fueron consignados con el nombre Lizzet Blanca Zambrano Huayhua, la bachiller de Obstetricia implicada en el caso.
Jesús Pampa Suárez, abogado de defensa de víctimas, informó a la Agencia Andina, que tomó la defensa penal del bebé, y, como parte de las diligencias de la fiscalía especializada en delitos de trata de personas, está el requerimiento de este informe.
CLAN FAMILIAR. Red criminal habría traficado con al menos 20 recién nacidos, de acuerdo a las pruebas halladas en el centro obstétrico, sostuvo el fiscal Paulo Rivera. Jueza es investigada por liberar a dos sospechosos.
“La semana pasada ha salido la providencia fiscal que dispone oficiar al Reniec para que informen cuántos CNVs habría emitido está persona para poder asentar las respectivas partidas de nacimiento de otros tantos niños. Por lo menos vamos a identificar otras presuntas víctimas“, mencionó.
Zambrano Huayhua, es requerida por la justicia, al ordenar el sexto juzgado de investigación preparatoria de Cusco, nueve meses de prisión preventiva de la libertad y su inmediata captura, al estar involucrada directamente en el presunto delito contra la dignidad humana, trata de personas.
Según el avance de las investigaciones, la mujer es bachiller en obstetricia y junto a su madre, Doris Rosa Huayhua Mamani (55), que está prófuga de la justicia, se dedicaban a la compra y venta de recién nacidos desde una clínica obstétrica clandestina ubicada en el segundo piso de la calle Tres Cruces de Oro de la ciudad del Cusco.
Mientras Huayhua Mamani los vendía, la bachiller buscaba aparentemente la legalidad del nacimiento de los niños al consignar su identidad en los CNVs. El nombre de ésta se reveló después de las detenciones de Fanny Hurtado Altamirano (45), Huayhua Mamani y Rubén Mora Cuyuchi (55), y la revisión de chats en los teléfonos incautados.
CNV desde Curahuasi
Sobre el avance de las diligencias en el caso específico del bebé rescatado el 4 de este mes, de manos de Hurtado Altamirano, se sabe que el pequeño habría nacido en una casa de Cusco, pero el CNV fue remitido supuestamente desde Curahuasi, distrito de la provincia de Abancay Apurímac.
“Los profesionales de salud tienen un código asignado, presumiblemente está persona (Zambrano Huayhua) tendría un código asignado, pero solamente para certificar nacimientos en la localidad de Curahuasi (Apurímac), por ello es que le indica a la persona que compró al menor (Hurtado Altamirano) que cuando le pregunten, ella manifieste que el menor nació en Cusco pero que fue inscrito en Curahuasi porque el código que ella maneja es para poder inscribir es en Curahuasi así está consignado en el CNV“, subrayó.
Prófuga de la justicia
Solo Hurtado Altamirano está encarcelada de forma preventiva en el penal de mujeres Qenccoro de Cusco, Huayhua Mamani fugó después de la liberación que dispuso la jueza Zulay Sánchez Farfán, mientras que Mora Cuyuchi tiene comparecencia con restricciones.
Fuente: Agencia Andina.pe