El pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que establece un nuevo marco legal sobre el uso y fines de los recursos provenientes de la cooperación internacional que reciben los organismos no gubernamentales (ONG).
El dictamen reúne los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7354, 7367 y 7505, que propone modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI.
Se aprobó con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. El texto sustitutorio fue exonerado de segunda votación.
Quienes la impulsan sostienen que fortalecerá el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.
La congresista Auristela Obando, en su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente la humanitaria y la promoción del desarrollo sostenible, sin embargo, los vacíos legales encontrados en los actuales dispositivos que regulan la cooperación técnica internacional no reembolsable, no ayuda a que las organizaciones o entidades que las gestionan, sean transparentes y reciban una adecuada fiscalización.
“Por lo que resulta necesario modificar la legislación vigente, a fin de fortalecer los intereses del Estado vinculados con la transparencia y la fiscalización en el marco del principio de soberanía nacional. En tal sentido y con el propósito de reforzar la transparencia con un marco regulatorio semejante a los países de la OCDE, la Comisión propone en texto sustitutorio la modificación de diversos artículos de la Ley 27692 y otras normas conexas, para promover y asegurar la transparencia y fiscalización de las organizaciones que gestionan la cooperación técnica internacional”, afirmó.
Durante su intervención en el debate, reveló que más del 85% de las organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional, no inscriben ante la APCI sus proyectos, programas o actividades, pero “con la ley que se propone ahora, están obligados a hacerlo”.
Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su absoluto rechazo ante la aprobación por parte del Congreso de la modificatoria de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Manifestó que decisión tomada en el Parlamento, impone un control indebido sobre la sociedad civil y atenta contra la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país.
Añade que, con la norma, las ONG que trabajan en equidad de género, educación, salud, protección de la Amazonía, lucha contra la corrupción, entre otras, serán perseguidas.
Fuente: Diario Gestión.

Comisión Permanente aprueba informe final contra Martín Vizcarra y Salvador del Solar por cierre del Congreso en el 2019

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de las denuncias constitucionales 348, 400 y 466 (acumuladas) en contra del expresidente Martín Vizcarra, así como el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quienes habrían infringido diversos artículos de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, se acordó inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública por 10 y 5 años, respectivamente.
LOS CASOS
Respecto a Vizcarra, el informe concluye acusarlo porque, en su condición de exjefe de Estado, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, cerró el Congreso de la República. Al respecto, votaron 20 legisladores a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, de detalla en el documento.
Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución, se le impuso a Vizcarra la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Votaron 19 congresistas a favor, 3 en contra y se abstuvo.
En el caso del Salvador del Solar, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, se le acusa por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción del artículo 132 y 133 de la Constitución, tras plantear la cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sin que haya sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros.
Al respecto, votaron 14 legisladores a favor, 7 en contra y 3 abstuvieron.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; Salvador Del Solar Labarthe no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, se indica en el informe.
Posteriormente, se votó la recomendación de sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. Votaron 12 congresistas a favor, 11 en contra y 1 se abstuvo.
REPROGRAMACIÓN
El informe también incluye a Vicente Zeballos, expresidente del Consejo de Ministros, donde también se concluye acusarlo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Carta Magna.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; Vicente Zeballos Salinas no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, se indica en el informe que recomienda se le imponga la sanción de inhabilitación por 5 años.
Al respecto, Vicente Zeballos envió un oficio a la Comisión Permanente solicitando que se le conceda un plazo razonable para ejercer su defensa y pidió se reprograme su invitación. Por ello, la Mesa Directiva acordó invitarlo en la siguiente sesión, pero aclaró que, en caso de no asistir, su asistencia no podrá justificarse y se continuará con el proceso.
SUSTENTACIÓN Y DEFENSA
En la sesión, se dio a conocer un documento enviado por Martín Vizcarra, quien indicó que no asistirá a la sesión programada, ya que el informe final en su contra habría soslayado los descargos que presentó el pasado 31 de julio del 2024, “trasgrediendo flagrantemente el principio de seguridad jurídica”.
Sobre ello, la Mesa Directiva calificó como inasistencia la ausencia del expresidente y consideró que su pedido es injustificado, por lo que continuó con el trámite de la acusación constitucional.
El informe fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, María Acuña (APP), así como al delegado de las denuncias constitucionales 348, 400 y 466 (acumuladas), Héctor Ventura (FP).
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (…) ha respetado las garantías constitucionales del debido procedimiento, de modo tal que cada denunciado a ejercido su derecho a defensa y ofrecido los medios probatorios suficientes y necesarios”, alegó.
La defensa de Salvador del Solar estuvo a cargo del abogado Luciano López, quien indicó que se pretende sancionar a su patrocinado pese a que la Constitución “le ha cerrado la puerta”, por caducidad.
“Se vulnera su derecho a igualdad de trato, se han obviado precedentes parlamentarios. Se le pretende sancionar a pesar de que no existen pruebas razonables que derroten su presunción de inocencia y pese a la fuerza de la cosa juzgada”, alegó.
Luego se nombró a los legisladores María Acuña y Héctor Ventura como miembros de la Subcomisión Acusadora a fin de que sustenten el informe aprobado y formulen la acusación ante el Pleno del Congreso.
De esta manera, en cumplimiento a lo que señala el Reglamento del Congreso, el Consejo Directivo fijará fecha y hora para el debate y votación del informe final ante el Pleno del Congreso.
Fuente: Congreso de la República.

Por destacada operación financiera de Municipalidad de Lima

Por Fanni López– Diario EXPRESO.
La Municipalidad de Lima obtuvo el reconocimiento a la Mejor Colocación de Bonos 2024, otorgado por LatinFinance, principal fuente de información sobre mercados y finanzas en América Latina y el Caribe.
La premiación se llevó a cabo en Nueva York, donde la capital peruana destacó por ejecutar la operación financiera más relevante del año en la región.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, recibió el galardón en representación del municipio y resaltó la importancia de esta emisión para el desarrollo de la ciudad.
“Quiero agradecer a LatinFinance y mencionar que estos bonos permiten a Lima contar con infraestructura por más de 4 billones de soles, con el apoyo de Milbank LLP, Bank of America y el equipo de la municipalidad, que trabajó arduamente durante un año para lograr la mejor emisión de bonos municipales en la historia del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva Lima!”, expresó durante la ceremonia.
Vale indicar que el reconocimiento forma parte de los Project & Infrastructure Finance Awards, premios que destacan las mejores transacciones de financiamiento de proyectos en América Latina.
LatinFinance publicó los ganadores en su edición del cuarto trimestre de 2024, consolidando la relevancia de Lima en el ámbito financiero internacional.
Este logro refuerza la estrategia de financiamiento del municipio y posiciona a Lima como un referente en la emisión de bonos para el desarrollo de infraestructura.
LatinFinance, la principal fuente de información financiera de América Latina y el Caribe, ha reconocido a la Municipalidad Metropolitana de Lima con el premio a la Mejor Colocación de Bonos 2024 en Nueva York.
Para entender la magnitud de este reconocimiento, debemos recordar el desastre financiero del que Lima fue rescatada.
LA QUIEBRA DE LA CAJA MUNICIPAL: EL DESASTRE QUE NADIE PAGÓ
Todo comenzó en la gestión de Susana Villarán, cuando la Caja Municipal de Lima, en lugar de fortalecer sus reservas, fue utilizada como garante de la compra de una flota de buses para el Corredor Azul.
El negocio parecía viable, pero no hubo garantías de pago. Cuando llegó la hora de cobrar, los buses se depreciaron y la deuda se convirtió en un pasivo impagable.
La Caja Municipal quedó al borde del colapso y nadie asumió responsabilidades.
LA ENTREGA DE ACTIVOS: EL NEGOCIO PERFECTO PARA OTROS, LA RUINA PARA LIMA.
Mientras la Caja Municipal se desangraba, Lima fue despojada de su principal fuente de ingresos.
En un acuerdo escandaloso con Odebrecht y OAS, la Municipalidad Metropolitana cedió el control de los peajes, un activo estratégico que generaba millones para la ciudad.
Desde aquella firma hasta hoy, los vehículos que pagan peajes han crecido un 200% y el precio ha subido 300%. Actualmente, los concesionarios recaudan casi 30 millones de soles al día, dinero que no regresa a Lima, sino que engorda las arcas de empresas privadas.
Los alcaldes Jorge Muñoz (2019-2022) y Miguel Romero Sotelo (2022-2023) no corrigieron esta entrega de recursos.
A diferencia de sus predecesores, la gestión actual ha hecho lo que nadie quiso hacer: recuperar la solidez financiera antes de anunciar obras sin respaldo económico.
Antes, se gastaban millones en estudios de proyectos que nunca se ejecutaban.
El premio de LatinFinance no es solo un galardón: es la confirmación de que la ciudad ha sido rescatada con disciplina técnica y sin derrochar en propaganda.

“Yo no firmé ningún acuerdo con OAS”

El alcalde de Lima no está desbocado, el alcalde de Lima denuncia hechos reales y públicos de un periodista que, con sus actos, destrozó otra familia y dejó a una niña sin hogar, por culpa del mencionado periodista.
Por Rafael López Aliaga– Diario El Comercio*
Yo no firmé ningún acuerdo con OAS. Yo di mi voto aprobatorio, en una sesión de Concejo de Lima, junto con casi 40 regidores metropolitanos, para aceptar una propuesta de inversión de US$600 millones para la construcción de un túnel bajo el río Rímac.
Mi voto aprobatorio también fijó la condición, autorizada por el Concejo Metropolitano, de que OAS no podía administrar los peajes del proyecto Línea Amarilla (avenida Circunvalación) hasta culminar la construcción del túnel mencionado y haber desembolsado, de sus propios recursos, la suma de US$600 millones. Esta propuesta de inversión debía ser publicada y sometida a competencia, de acuerdo con la ley, para maximizar los beneficios para la Municipalidad de Lima.
Esto ocurrió en el 2009. En ese año el mundo sufría las consecuencias de la crisis de los créditos hipotecarios en Estados Unidos y otros países occidentales, lo que restringió la inversión a nivel global. No aprobar una inversión de US$600 millones en estas circunstancias habría sido negligente e irresponsable.
Cuatro años después de haberse aprobado las condiciones de esta inversión de parte de OAS para la construcción de un túnel bajo el río Rímac, la confesa y corrupta alcaldesa Susana Villarán cambió el contrato lesiva y fraudulentamente. Los cambios principales fueron la entrega de las casetas de peaje a OAS en simultáneo a la recepción de la coima, la subida del costo del peaje de S/3 a S/4, la extensión del contrato de concesión por diez años más de lo autorizado originalmente, la eliminación de inversiones obligatorias de parte de OAS, tales como la construcción de un puente sobre el río Rímac para conectar a San Juan de Lurigancho y la eliminación del compromiso de construir un sistema equivalente al Metropolitano a lo largo de la denominada Línea Amarilla (avenida Circunvalación).
Decir la verdad y defender mi honor no es abusar del poder. Mis argumentos son totalmente objetivos y verificables. No dejaré pasar mentiras o difamaciones contra mi persona o mis actos. La media verdad de cierta prensa ya ha ocasionado mucho daño a la población más vulnerable de nuestro país. Repito: la corrupción afecta principalmente a la población con mayores necesidades, que termina pagando, con dolor y sufrimiento, el costo de la corrupción.
*Rafael López Aliaga es alcalde de Lima

Surandino: abogada de Carlos Londoño renuncia a su defensa por amenazas y exige garantías personales

En medio de un clima de tensión, Ángela Zea, exabogada defensora del sacerdote colombiano Carlos Alberto Londoño Henao, acusado de tener una relación con una integrante del coro San Juan de la ciudad de Puno, anunció su renuncia al caso y exigió garantías para su seguridad y la de su familia. La profesional, declaró que su vida y la de su hija están en riesgo, luego de haber sido expuesta como parte del caso y que le escribieran mediante redes sociales, amenazas.
“¿Qué garantías me dan? ¿De que no me van a hacer algo a mí o a mi hija?”, cuestionó Zea durante una conferencia de prensa ofrecida en su estudio. La profesional, reveló que ha solicitado permiso para sacar a su hija del país, tras comunicarse con la familia del padre de la menor, aunque aún no recibe una respuesta definitiva.
Zea describió su situación como un “infierno”, instando a los medios a investigar los hechos y los medios probatorios que ha entregado a las autoridades. Además, aseguró que asumió la defensa de Londoño basándose en la información proporcionada por él, pero desconocía detalles clave, como la existencia de un video que lo compromete, donde el párroco se encuentra en aparente estado de ebriedad, uno de los motivos para desistir de caso.
“Yo no tenía conocimiento de ese video. Me enteré por redes sociales”, afirmó la abogada, quien también pidió pruebas contundentes sobre el supuesto embarazo de la presunta víctima. “Quiero una prueba de embarazo de una clínica reconocida”, exigió, al tiempo que solicitó la intervención del Centro Emergencia Mujer CEM para garantizar la integridad de la afectada.
La iglesia católica ha iniciado una investigación interna sobre el padre Carlos Alberto Londoño Henao debido a diversas publicaciones y testimonios recibidos. Como medida preventiva, el padre Carlos ha sido separado de su cargo durante este proceso, lo cual, según la iglesia, no debe interpretarse como un castigo sino un acto preventivo.
Según declaraciones del Obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, la iglesia ha iniciado un proceso canónico para investigar las acusaciones contra el padre Carlos. Este proceso busca reunir testimonios concretos para esclarecer los hechos.
La duración de la investigación dependerá de los participantes de la comisión encargada. Mientras tanto, el padre Carlos permanece separado de sus funciones.
La comunidad de fieles ha mostrado reacciones diversas ante la noticia. Mientras algunos defienden la inocencia del sacerdote y piden esperar los resultados de la investigación, otros exigen sanciones ejemplares en caso de que se confirme su responsabilidad.
Hasta el momento, el sacerdote Carlos Londoño Henao no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. Se espera que en los próximos días las autoridades eclesiásticas brinden más detalles sobre el avance de la investigación y las medidas que se adoptarán en función de sus resultados.
Fuente: Pachamama Radio.

Por  Martín Villacís– Diario EXPRESO.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez para frenar la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Con esta decisión, el Ministerio Público (MP) continuará con las diligencias sobre su patrimonio.
El tribunal supremo, presidido por el juez César San Martín, declaró “infundada” la tutela de derechos que interpuso Pérez Gómez, quien argumentó una vulneración al debido proceso y la existencia de una doble persecución penal.
Según el fiscal, los hechos investigados ya fueron archivados por el MP en un proceso anterior.
No obstante, la Corte Suprema determinó que no hay duplicidad en la investigación. Según el fallo, la adquisición de un vehículo provocó nuevos indicios sobre su situación financiera, lo que justificó la reapertura del caso.
En su resolución, el tribunal indicó que el Código Procesal Penal permite reexaminar una investigación cuando aparecen nuevos elementos de convicción.
El 15 de diciembre de 2024, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció el inicio de la investigación preparatoria contra Pérez Gómez, tras una pericia que evidenciaría un supuesto desbalance patrimonial.
José Domingo Pérez seguirá en sus funciones
La titular del Ministerio Público explicó que la medida responde a la necesidad de esclarecer los hechos y llevar a cabo diligencias adicionales.
Pese a este proceso, Espinoza aclaró que el fiscal seguirá en funciones. “Los hechos denunciados no tienen la gravedad suficiente para justificar su retiro o suspensión”, sostuvo en una entrevista televisiva.
La decisión de la Corte Suprema ratifica el avance de la investigación en el Ministerio Público. Con el rechazo del recurso, Pérez Gómez deberá continuar afrontando las diligencias judiciales mientras mantiene sus responsabilidades en el ente fiscalizador.

Sospecha de pelea entre los obispos peruanos tras el caso Cipriani

Por Nico Spuntoni– Brujulacotidiana.com
Tras la noticia publicada en exclusiva por el diario El País sobre los presuntos abusos del arzobispo de Lima, la conferencia episcopal peruana se une al ataque al prelado con cierto sabor a venganza. Éste se declara inocente y responde punto por punto a los medios de comunicación y al colegio episcopal de Perú.
Hay guerra en la Iglesia peruana. La noticia publicada por el diario español El País sobre la existencia de una acusación de abusos sexuales atribuida al cardenal Juan Luis Cipriani Thorne está provocando un auténtico terremoto. El corresponsal en el Vaticano, Íñigo Domínguez, ha informado de que el arzobispo emérito de Lima ha sido acusado de haber tocado y besado a un menor (tenía entre 16 y 17 años en el momento de los hechos) en 1983. La presunta víctima, que ahora tiene más de 50 años, denunció los hechos en una carta escrita al Papa en 2018, a la que siguió la imposición de medidas disciplinarias al cardenal tras su renuncia a gobernar la archidiócesis en 2019.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado los hechos y ha explicado que “tras aceptar su renuncia como arzobispo de Lima” a Cipriani se le “impuso un precepto penal con algunas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias” que aceptó y firmó en su momento. El director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, ha aclarado también que “en la actualidad, este precepto sigue vigente aunque en ocasiones puntuales se han concedido ciertos permisos para atender peticiones debidas a la edad y situación familiar del cardenal”. Esta aclaración se produce después de que El País haya denunciado la concesión pública de una condecoración al arzobispo emérito por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el pasado 17 de enero.
Por su parte, el cardenal no ha negado la existencia de las sanciones, pero ha rebatido la veracidad de la acusación. Los hechos denunciados por Domínguez, según Cipriani, “son completamente falsos”. “No cometí ningún delito ni abusé sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes ni después”, se ha defendido el cardenal peruano. No sólo eso: el primer miembro del Opus Dei en ingresar en el Sacro Colegio ha argumentado lo siguiente en el comunicado, en el que se intuye cierto malestar: “En agosto de 2018 se me informó de que había llegado una denuncia que nadie me entregó. Posteriormente, sin haber sido escuchado, sin saber más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de sanciones limitando mi ministerio sacerdotal y solicitando que tuviera una residencia permanente fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, lo que he hecho hasta ahora”.
Cipriani, sin embargo, ha querido poner los puntos sobre las íes también sobre las prohibiciones impuestas por Roma, que Bruni ha recordado que seguían vigentes. El prelado, de hecho, ha escrito que “el 4 de febrero de 2020 tuve una audiencia con el Papa Francisco y el Santo Padre me permitió reanudar mis tareas pastorales. Así lo demuestra mi amplia actividad pastoral durante estos años, predicando retiros espirituales, administrando los sacramentos, etc. Durante estos años fuera de Lima he vivido en Roma dedicándome a mis funciones de cardenal miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos hasta que cumplí 80 años y me retiré de toda ocupación en la Curia Romana para trasladarme a Madrid”.
Así pues, nada de desobediencia a la Santa Sede tal y como da a entender el artículo de El País y que en cierta manera parece apoyar el comunicado de la Oficina de Prensa. Cipriani tampoco ha visto con buenos ojos la filtración, que podría tener su origen en el propio Vaticano. “Es grave -escribe el cardenal- que se publiquen parcialmente informaciones que parecen proceder de documentos reservados de la Santa Sede que ni siquiera yo tengo en mi poder”, recordando, además, cómo “desgraciadamente no es la primera vez que se acusa falsamente a un cardenal, con historias llenas de detalles escabrosos”. Una probable referencia al affaire del que fue víctima el cardenal George Pell en Australia.
La primicia de El País, sin embargo, ha sido también ocasión para un ajuste de cuentas interno en el episcopado peruano. El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, sucesor de Cipriani en Lima, se ha posicionado claramente en contra de éste. Castillo fue alumno de Gustavo Gutiérrez y uno de los profesores despedidos de la cátedra de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú a instancias del entonces arzobispo Cipriani, que consideraba que sus posiciones no eran lo suficientemente ortodoxas.
Tras ocupar su lugar en 2019, una vez que se conoció la noticia de El País, Castillo sintió la necesidad de atacar a su antecesor y en una “Carta al Pueblo de Lima” escribió las siguientes palabras: “Ya que en los últimos meses, después de investigaciones serias y precisas, hay personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y de las decisiones tomadas por la Santa Sede, invitamos a todos a razonar a través de un camino de conversión que implica el abandono de las vanas justificaciones, la asignación y el rechazo de la verdad, que, cuando se acepta humildemente, nos hace a todos libres”. A continuación, el actual arzobispo ensalzó la labor de Francisco en la gestión de los abusos, cayendo en una contradicción: en realidad, fue el propio Papa quien permitió a su predecesor volver a sus actividades pastorales.
La postura de Castillo parece tener todo el sabor de la venganza, pero no ha sido la única, porque la Conferencia Episcopal Peruana ha querido hacer lo propio con una declaración en la que reconoce “la sabia decisión del Santo Padre de unir justicia y misericordia, aceptando que el arzobispo emérito de Lima deje el ministerio episcopal a los 75 años y le imponga ciertas limitaciones ministeriales”.
Cipriani no se ha quedado callado y ha querido responder a estos ataques de sus hermanos, explicando que “en ambos casos mi reacción ha sido de sorpresa y dolor por la injusticia con que dan por ciertos hechos no probados sobre mi persona” y ha precisado (probablemente en respuesta a Bruni, que había señalado su aceptación de las sanciones impuestas) que había “firmado, declarando al mismo tiempo por escrito que la acusación era absolutamente falsa”, quejándose también de no haber podido defenderse. La reacción del episcopado peruano ante la grave acusación contra su más famoso exponente ha causado desorientación entre los fieles.
El País publicó la noticia pocos días después de una difícil asamblea plenaria de los obispos peruanos, que por sorpresa ha elegido como su nuevo presidente a monseñor Carlos García Camader, obispo de la “pequeña” Lurín. Camader, consagrado obispo por Cipriani y anteriormente su auxiliar en Lima, se ha impuesto ante el cardenal Castillo, el gran favorito de la víspera. A Castillo le ha costado caro haber defendido la obra blasfema “María Maricón” destinada a ser acogida por “su” Pontificia Universidad Católica del Perú.
El triste asunto vuelve a poner en entredicho la credibilidad de la Iglesia y el respeto a las víctimas probadas de abusos cometidos por miembros del clero. Habrá que ver si se corrobora la acusación contra Cipriani y si el cardenal tendrá la oportunidad de defenderse, tal y como pide. Mientras tanto, el momento y la forma del comunicado ya están causando polémica. ¿Ha salido la información del Vaticano? Y si es así, ¿por qué en este momento?

A través de un comunicado la Conferencia Episcopal Peruana lamentó profundamente que la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto con la Especialidad de Creación y Producción Escénica y el Centro Cultural de la PUCP, avalen y auspicien una obra teatral programada para el 30 y 31 de enero. Esta representación, mediante su publicidad, título y contenido, instrumentaliza y menosprecia la imagen del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Esta acción ofende la fe católica y se opone a los valores de una comunidad universitaria que se define, por su estatuto, como católica y que cuenta con un título pontificio.
Como señaló el Papa Francisco, en la Virgen María “se realiza la plenitud de la respuesta humana a la llamada de Dios. Ella nos muestra el sentido profundo de nuestra existencia”. Reconocida desde el concilio de 381 como la Theotokos, o Madre de Dios, María es también la Madre de la Iglesia y nuestra madre. La verdadera devoción hacia ella está profundamente arraigada en la fe y el amor a Jesucristo. En Perú, un país mariano, esta devoción se manifiesta en múltiples advocaciones, como la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Chapi, la Virgen de la Puerta, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Merced, entre otras.
La Conferencia Episcopal Peruana defiende la libertad de expresión; sin embargo, consideramos que este derecho no es absoluto y tiene límites, especialmente cuando entra en conflicto con otros derechos, como la libertad religiosa y la fe del pueblo peruano. Estos límites son aún más significativos dado que la PUCP es una universidad católica y pontificia, comprometida a transmitir los valores cristianos y sujeta a las enseñanzas y el magisterio pontificio.
Hacemos un llamado a las autoridades de la PUCP, así como a su comunidad universitaria—profesores, alumnos y exalumnos— para que no participen ni auspicien esta obra teatral, que se aleja de los principios que guían la fe del pueblo católico al que pertenecen como comunidad universitaria católica con un título pontificio.
Finalmente, la Conferencia Episcopal solicita a las autoridades educativas y religiosas de la PUCP que tomen las medidas correctivas necesarias en este lamentable caso y que ofrezcan disculpas al pueblo peruano, que ama y venera a la Virgen María.
Recordemos que la devoción mariana es intrínseca a la fe en Cristo, quien es nuestro Bien Común.
Fuente: Revista CARETAS.

Obra infame no iba a pagar impuestos con certificación de Ministerio de Cultura

Al descubierto real intención de contrabando ideológico en la institución. En comunicado, cardenal Carlos Castillo solicita sanciones.
Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Con el disfraz de obra artística, la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) pretendía evitar el pago del impuesto general a las ventas (IGV) por la obra “María Maricón”. Sin embargo, sus planes fracasaron por la protesta ciudadana, a tal punto que el cardenal Carlos Castillo ha pedido sancionar a los responsables.
“La calificación como espectáculo público cultural no deportivo en el Perú permite acceder a beneficios tributarios, como la exoneración del pago de IGV o del impuesto a la renta”, señala la guía del Ministerio de Cultura.
De esta manera, la PUCP logró que Nelly Hernando firmara, como directora general de Industrias Culturales y Artes, el respectivo certificado. Si bien ella ya presentó su renuncia, se identificó a los verdaderos promotores.
Se trata de Eddy Ricardo Ulloa Martínez, quien ingresó a trabajar en el Mincul durante el gobierno de Ollanta Humala. Él se ha venido desempeñando como director de Artes, y fue quien elevó un informe que la referida funcionaria suscribió incautamente.
Hernando había ingresado a trabajar en noviembre pasado, y en diciembre hubo una avalancha de documentos que ella debía firmar. Fue así como, a pesar de ser católica practicante, apoyó involuntariamente a “María Maricón”,
Cabe indicar que la renunciante directora general es economista y Ulloa Martínez, administrador de empresas. Es decir, son personas cuya especialidad principal no es la cultura ni el arte.

Comunicado del Mincul por ‘María Maricón’. Foto: Mincul

Ministerio de Cultura rechaza obra teatral y evalúa ‘medidas correctivas’

Entidad del Gobierno pidió ‘respeto a los símbolos religiosos’ y aseguró que obra “María Maricón”, de Gabriel Cárdenas Luna, presentada por la PUCP, atentaba contra elementos del catolicismo

El Ministerio de Cultura rechazó la calificación de “espectáculo público cultural no deportivo” a “María Maricón”, obra del actor y director Gabriel Cárdenas Luna, que se presentaría este 30 y 31 de enero en el Centro Cultural PUCP, como parte del 24.° Festival Saliendo de la Caja, organizado por estudiantes de dicha universidad.
Mediante un comunicado, desestimaban “la Resolución Directoral N.º 001324-2024-DGIA-VMPCIC/MC, expedida por la Dirección General de Industrias Culturales y Artes”, aludiendo que había sido “suscrita por la directora sin conocimiento del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, ni del Despacho Ministerial”.
Por ello, el Mincul aseguró que, en defensa de “la libertad religiosa” y “la protección de festividades religiosas consideradas patrimonio inmaterial de la Nación”, estaban evaluando tomar “medidas correctivas pertinentes”, sin mencionar cuáles serían aquellas acciones y de qué forma las ejecutarían.
En su pronunciamiento, el Ministerio hizo un llamado al respeto de símbolos religiosos, considerándolos parte del “patrimonio cultural” del país. Según el comunicado, el título de la obra e imagen del afiche, que mostraba al protagonista vestido con atuendos similares a los de la Virgen María, “atentaban contra tres elementos de la fe católica”.
“El título de la obra y la forma en que se presenta el afiche, con la imagen de un varón que reemplaza la figura de María de Nazareth, atenta contra tres elementos de la fe católica que se recogen en la Sagrada Tradición de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura y el propio Magisterio de la Iglesia”, colocaron.

¿Qué dijo la PUCP?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y los organizadores del festival han emitido un comentario oficial al respecto.
Además, las redes sociales del espectáculo han sido configuradas en privado, limitando su acceso a seguidores, aunque la compra de boletos sigue habilitada a través de Joinnus.
El Ministerio de Cultura, por su parte, no especificó las medidas que podría adoptar, pero dejó en claro su postura sobre el contenido de la obra, sin remover la calificación de “espectáculo público cultural no deportivo”. 

Sobre “María Maricón”

Según datos del CCPUCP, “María Maricón” es una “obra escénica testimonial que explora el conflicto entre lo religioso y el género a través de la deconstrucción de diferentes vírgenes y santas católicas”.
Para ello, utiliza “danzas folklóricas peruanas, cantos y textos religiosos y populares, y la vida personal del performer principal, que se identifica como homosexual”. Finalizan: “[…] La obra teje una narrativa compleja y emotiva que desafía las normas establecidas y celebra la diversidad”.
Fuente: Diario El Comercio.

Berrinche de Salinas y Chincha: PUCP suspende evento por rechazo de la población

Comunidad católica, evangélicos, políticos y Municipalidad de San Isidro critican ataque a fe de peruanos. Alistan acciones legales.
Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Numerosos peruanos católicos se indignaron con el anuncio de “María maricón”, una obra que juega con la sexualidad de la Virgen María, madre de Jesucristo. Pero esta indignación creció cuando se reveló que el Ministerio de Cultura, lo fomentaba.
Esto se anunciaba dentro de del Festival Saliendo de la Caja, organizado por la Especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas (FARES) de la PUCP.
Tal vez la explicación de esta falta de respeto a la religión cristiana se entiende en lo que Gabriel Cárdenas, creador de la obra, expresó en redes sociales que había sufrido por “normas machistas y opresoras” de la Iglesia católica.
“Fueron los mismos católicos quienes me decían que no podía ser católico porque tenía comentarios distintos y no podía haber un gay en la parroquia”, apuntó.
La posición de Cárdenas había sido promovida por el Estado, gracias a Nelly Nereida Hernando Urbina, directora general de Industrias Culturales y Artes del MinCul. Esto se lee en su Resolución 001324-2024-DGIA-VMPCIC/MC: “Otórguese la calificación de espectáculo público cultural no deportivo, al espectáculo de teatro denominado “MARÍA MARICÓN”, a desarrollarse los días 30 y 31 de enero de 2025, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sito en avenida Camino Real N°1075, distrito de San Isidro”, resolvió la funcionaria.

Rafael López Aliaga y grupos religiosos critican la obra

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, fue uno de los primeros en expresar su rechazo a la obra teatral. A través de sus redes sociales, la calificó como un “insulto a la Iglesia Católica”. “La PUCP está cometiendo una ofensa grave contra los católicos. No podemos permitirlo; hago un llamado a reaccionar. Si algo así lo hiciera un musulmán, ¿qué consecuencias enfrentaría? Nosotros no podemos tolerar estas provocaciones. Es una falta de respeto a nuestros valores y una blasfemia hacia la Madre de Dios”, manifestó López Aliaga.

Defensoría del Pueblo exige que Congreso interpele a ministro de Cultura tras obra infame

Fabricio Valencia en la picota. “‘María Maricón’ no aporta a desarrollo cultural”, afirma sector de Josué Gutiérrez.
Por Fabrizio Salas– Diario EXPRESO.
La Defensoría del Pueblo instó al Congreso de la República a interpelar al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, debido a la controversia generada por la obra teatral ‘María Maricón’, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
A través de su comunicación, el sector dirigido por Josué Gutiérrez expresó su preocupación por el agravio a los valores religiosos del pueblo peruano y señaló deficiencias en la supervisión del sector Cultura.

¿Qué pasó con la obra teatral de PUCP?

La obra, presentada como parte del festival ‘Saliendo de la Caja’ de la Facultad de Artes Escénicas (FARES) de la PUCP, fue ampliamente criticada por gran parte de la comunidad, en especial por la católica, debido a su contenido y promoción.
La publicidad del evento mostraba símbolos asociados a la Virgen María en un contexto ofensivo y blasfemo. Esto provocó una ola de rechazo y llevó a la universidad a suspender el festival, mientras ofrecía disculpas públicas.
La controversia escaló a nivel gubernamental tras revelarse que la obra fue calificada como “espectáculo público cultural no deportivo”, en una resolución firmada por Nelly Hernando Urbina, directora general de Industrias Culturales y Artes.
De acuerdo a lo señalado por el ministro Valencia, la resolución se emitió sin conocimiento de su despacho ni del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, lo que desató críticas por su falta de control en la administración del sector.

Defensoría del Pueblo exige medidas al Congreso

En su pronunciamiento, la Defensoría subrayó que la publicación de la obra constituyó una falta de respeto hacia la fe católica, transgrediendo las normas de tolerancia y respeto hacia todas las creencias religiosas.
Asimismo, cuestionó la idoneidad del contenido de la obra para ser calificada como un evento cultural: “Su contenido aborda la experiencia personal del autor, y no está vinculado a los usos y costumbres de una comunidad, ni aporta al desarrollo cultural“.
“Expresamos nuestra preocupación por el desconocimiento de la alta dirección del Ministerio de Cultura de mencionada resolución directoral emitida por la Dirección de Industrias Culturales y Artes, afectando a millones de peruanos que profesan alguna religión“.
“La publicidad del mencionado evento constituye una ofensa a la expresión religiosa de la comunidad católica de nuestro país, lo cual transgrede las normas de tolerancia y respeto que debe existir hacia todos los credos“, se lee.
En su exhortación al Congreso, la Defensoría del Pueblo solicitó la interpelación inmediata del titular del Mincul para que brinde explicaciones sobre lo sucedido. Además, pidió una revisión exhaustiva de los argumentos que sustentaron la resolución directoral, así como la implementación de “sanciones ejemplares” contra quienes, desde el Estado, promuevan actos considerados discriminatorios hacia los valores religiosos.

Así operaron para robar S/700 millones con cooperativa AELU

El caso de la cooperativa AELU se destapó en 2021, año en que la entidad fue intervenida por la SBS. La semana pasada la Fiscalía realizó un operativo a 52 investigados

Por Edwin Montesinos Nolasco– www.infobae.com
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino en agosto del 2021 a la Cooperativa AELU debido a la pérdida total del capital social y la reserva cooperativa, la cual ascendía a más de S/400 millones. Así, entonces se detalló que las pérdidas estarían relacionadas a la administración fraudulenta que se realizó al manipular la información contable de la entidad y la entrega de créditos a empresas vinculadas a la cooperativa sin una previa calificación crediticia.
La semana pasada el caso de Aelucoop, llamado “Los gángsters de las finanzas”, tuvo un nuevo desarrollo cuando la Fiscalía intervino a 52 personas involucradas de la cooperativa. Por este caso, fueron afectados cerca de 20,709 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. “El perjuicio económico ocasionado por el otorgamiento de créditos fraudulentos en agravio de Aelucoop y sus socios asciende a S/410 millones 622 mil 273.59 y US$79 millones 663 mil 364.40, calculado al 19 de abril de 2024″, señaló la entidad.
“Según la tesis fiscal, del 2009 al 2021, funcionarios, directivos y socios de Aelucoop conformaron una organización criminal utilizando como vehículos de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio”, señala la Fiscalía en Twitter.
Así operaba la cooperativa AELU
La Fiscalía revelo cómo operaba la cooperativa AELU y su esquema ilícito. Primero, los directivos de la cooperativa AELU crearon diversas inmobiliarias y, luego, designaron a los integrantes de esta organización criminal, como la detalla la Fiscalía, para que ocupara puestos claves en esas empresas empresas.
De esta manera, supuestamente desviaban de forma irregular el dinero de los socios a estas empresas, como por ejemplo las del Grupo Baca, del prófugo alcalde de Chulucanas, Richard Baca Palacios, y el Grupo Fox, del empresario Fernando Fox Sam.
Representantes de la fiscalía confirman que son más de 40 investigados por falsificación de documentos y otros delitos
Luego de esto, el grupo utilizaba las empresas para adquirir inmuebles de terceros, que, posteriormente, eran sobrevalorados con tasaciones falsas, para así beneficiarse con créditos fraudulentos, los cuales eran aprobados por los directivos de la cooperativa. Todo esto habría sido hecho en coordinación con las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas de los grupos económicos Baca y Fox.
De esta manera, los trabajadores, socios y representantes de las personas jurídicas coordinaron conjuntamente para reprogramar créditos y hacer parecer a deudores como buenos pagadores, para que así continúen solicitando nuevos créditos —también se encargaron de levantar hipotecas que se hicieron para garantizar créditos, sin que sean pagadas—.
¿Quiénes son los “gángsters de la finanzas”?
Como el caso de “Los gángsters de las finanzas” ha sido bautizado por la Fiscalía la investigación hacia 52 ciudadanos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU, dado que usaba una cooperativa de ahorro y crédito, una sociedad que se establece para dar créditos y mantener depósitos de ahorro.
El operativo que intervino a 52 personas vinculadas a Aelucoop fue liderado por la fiscal Irene Mercado Zavala, del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada, así como contó con el respaldo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grupo Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se realizó a las 4 a.m. del sábado 30 de noviembre.
Así, el grupo de involucrados no solo incluye al alcalde de Chulucanas, Richard Baca Palacios —quien fue señalado de haber utilizado fondos de Aelucoop para financiar su campaña política, y, actualmente, está prófugo tras enterarse de la orden de detención en su contra—. Además, las investigaciones apuntan a que la organización criminal estaría encabezada por Ruyer Miguel Zevallos Hatakeda y otras decenas de personas, sobre los cuales también se han dado órdenes de detención preliminar por su implicación en el millonario desfalco.

Hemos cumplido 51 años

¿Qué tienen en común un general de la Policía Nacional del Perú, el Decano de la Facultad de Derecho de ESAN, el Director de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA y un docente de Filosofía durante 40 años en la PUCP? Todos son miembros de la promoción que ingresó en 1973 a Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por primera vez el Fundo Pando, en San Miguel, albergaba la formación básica que hasta el año anterior funcionó en la Plaza Francia del centro de Lima, lugar donde fue fundada la universidad.
Se cumplen también 51 años de la edición de la Revista Encuentro, cuya edición fue subvencionada por la Dirección de Apoyo a Iniciativas Estudiantiles, a cargo de Rogelio Llerena Quevedo.
¡Larga vida a nuestros jóvenes profesionales! Merecen una placa de granito en la rotonda del patio de Letras.

EL JUICIO
Comienza el espectáculo
Pese a la solidez de los argumentos presentados por mi defensa durante los meses que duró la etapa intermedia, y sin que la Fiscalía hubiera presentado prueba alguna que sustentara las acusaciones, el juez Víctor Zúñiga Urday, en lo que a nuestro entender sería un flagrante abandono de sus funciones de juez garante del cumplimiento de la ley, decidió que, para probar mi inocencia, debía enfrentar un juicio absurdo en el que estamos procesadas cuarenta y tres personas, por pertenecer a una organización criminal, liderada por Keiko Fujimori, cuya labor era obtener fondos fraudulentos para luego inyectarlos como donaciones a las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. En este juicio, algunos son acusados de captar fondos, otros de «pitufearlos», es decir, de simular muchas microaportaciones para ocultar su verdadero origen, otros son acusados de lavado de activos, de obstrucción a la justicia, y varios delitos más. El denominador común de la gran mayoría de los imputados es que tuvieron vínculos o contactos con Keiko Fujimori o con miembros de su organización. Yo soy el único que jamás tuvo cercanía con el partido fujimorista.
Además, los miembros o allegados al partido están siendo juzgados por acciones que se discuten si son delitos o no; yo, en cambio, no he cometido acto alguno que merezca ser evaluado como criminal. ¿Qué hago yo aquí? No paro de preguntármelo.
El 1 de julio de 2024 se instaló la audiencia. José Domingo Pérez acudió el primer día protegido con un chaleco antibalas, como si él fuera la víctima, como si a él le fueran a hacer daño. Qué ironía. ¿Y quién protege a los ciudadanos que hemos caído en su juicio paranoico y alucinado sin haber cometido ningún delito? Desde entonces, asisto todas las semanas a un desfile de argumentos jurídicos y procedimentales que, a decir de muchos especialistas, hará a nuestro sistema de justicia perder mucho tiempo sin lograr ninguna condena. Siento que formo parte de un show que nadie ha podido detener y que me va a arrastrar a un juicio absurdo, donde se llamará a declarar a más de mil setecientos testigos y se presentarán seis mil pruebas.
Luego de los alegatos de las partes, los jueces pasaron a la etapa de las declaraciones. La gran mayoría de los acusados decidió no declarar ante José Domingo Pérez hasta el final del juicio. Ese no ha sido mi caso. Dos fueron las razones que me llevaron a sentarme a responder las preguntas del fiscal. La primera, la más obvia, es que no tengo absolutamente nada que ocultar; no le temo a las preguntas y estoy dispuesto a esclarecer cualquier duda sobre mi inocencia. La segunda razón compromete un aspecto más subjetivo y personal: en estos seis años, José Domingo Pérez nunca me dio la cara en el proceso. No asistió a ninguno de mis interrogatorios en la Fiscalía ni me hizo una sola pregunta. Siempre fueron las fiscales encargadas de su equipo quienes llevaron adelante esa diligencia. Yo necesitaba enfrentarlo. Necesitaba mirarlo a la cara y hacerle ver que estaba cometiendo una injusticia.
(…)
Fue un encuentro extraño, incluso inquietante. Durante más de seis años, José Domingo Pérez había sido un personaje que había tenido mi vida en sus manos, pero lo conocía poco. ¿Sería amable? ¿Me trataría con respeto? ¿Reaccionaría bien cuando quedara al descubierto la inconsistencia de su acusación? Tenía dudas, hasta curiosidad, pero no miedo. Cuando uno llega con la verdad en la mano, no hay lugar a ningún miedo.
Cara a cara
El 17 de septiembre de 2024, por fin, pude responderle al hombre que me acusaba de haber desviado más de dos millones de dólares de la Confiep para beneficiar la candidatura de Keiko Fujimori en 2011, y que, finalmente, ha pedido para mí una pena de once años y cuatro meses de cárcel.
José Domingo Pérez se presentó como una persona educada y paciente. Hacía preguntas con las fórmulas de cortesía, como «por favor» y «gracias», y parecía calmado. Indagó sobre mi formación académica y mi desarrollo profesional, y cuando mencioné los cargos que tuve en la Confiep, el interrogatorio se volvió un poco menos amable y se empezó a percibir cierta tensión. El fiscal trataba de establecer a través de sus insistentes preguntas cuáles eran los distintos cargos que había asumido en la Confiep (presidente, past presidente, encargado de la Fedecam) y cuáles eran mis obligaciones en cada caso. Aparentemente, intentaba demostrar, sin prueba alguna, que, una vez terminado mi periodo como presidente de la Confiep, había usurpado las funciones de mi sucesor, recaudando dinero entre los agremiados y usándolo en la campaña de Keiko Fujimori. Para eso hizo alusión, en reiteradas ocasiones, a los estatutos de la Confiep, al organigrama de la institución, e indagó sobre las funciones del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo.
(…)
Como «prueba» de que luego de esa reunión los empresarios decidimos apoyar a Keiko Fujimori, José Domingo Pérez pasó el spot en el que, sin mencionar a ningún candidato, se afirmaba que el Perú estaba en una encrucijada y que estaba en las manos de los ciudadanos ir hacia adelante y seguir progresando, o ir hacia atrás y caer en el abismo del subdesarrollo. Me pareció percibir cierto tono y aspecto de triunfo cuando pasó el video en cuestión, como si con eso probara mi culpabilidad. Grande fue su desconcierto cuando le pedí que detuviera el spot y viera que, como se mostraba en la pantalla, este estaba suscrito por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que era la institución que lo había hecho e invitado a la Confiep para que la acompañase. Expliqué que el spot había sido propalado entre los días 2 y 5 de abril de 2011, es decir, mucho antes de la reunión del 19 de abril en Buenaventura, y que, por lo tanto, no formaba parte de la Campaña de Promoción a la Inversión Privada II, materia de la acusación. Agregué, para rematar la absurda prueba que había presentado, que por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Confiep se había retirado el spot del aire por considerarlo muy politizado y ajeno al espíritu de la institución. Mudo quedó José Domingo Pérez ante mi respuesta y, como no logró terminar su interrogatorio en esa fecha, tuvimos que encontrarnos nuevamente el 24 de septiembre.
(…)
A lo largo de tres días y más de ocho horas de preguntas y respuestas, el fiscal José Domingo Pérez no presentó pruebas que sustentaran ninguna de las acusaciones en mi contra. No pudo demostrar ningún indicio que respaldara las acusaciones de lavado de activos y de fraude. Y, más bien, yo, por fin, pude presentar evidencia sólida para refutar todas las imputaciones con la convicción de que me escuchaban los jueces y todo el que estuviera dispuesto a entender mi caso. Es por ello que, al final de la sesión, solicité a la sala que, en un acto de justicia, en el más breve plazo, el fiscal retirara su acusación por falta de sustento.
El impacto de estas declaraciones en la opinión pública me ha hecho retomar la esperanza. Un comunicado de la Confiep, exigiendo que se retirara los cargos en mi contra, así como múltiples artículos periodísticos que abogan por mi causa, me han hecho sentir seguro de que, por fin, se me está escuchando.
El juzgado, conformado por los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, tiene por el momento mi futuro en sus manos, pero a mí no me sobra el tiempo para esperar los diez años que se calcula durará el proceso, para finalmente ser absuelto. No hay una prueba, ni siquiera un indicio de mi culpabilidad, la salud ya no me acompaña y merezco que esta pesadilla termine para poder disfrutar tranquilamente de la vida por la que trabajé junto con mi familia. Como ya he contado, mi defensa ha presentado un escrito con el sustento jurídico de mi petición de retiro de la acusación, que espero sea visto con celeridad por los jueces y puedan tomar, así, las medidas necesarias para que esta solicitud se materialice lo más pronto posible.

El Colegio de Politólogos del Perú tendrá como objetivo principal promover el desarrollo profesional de los politólogos, garantizar el ejercicio ético de la profesión y fomentar el análisis y debate sobre temas de interés nacional. Entre sus funciones se incluyen la representación de sus miembros a nivel nacional e internacional, la elaboración de recomendaciones en temas de gestión del Estado, y el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en la gestión pública.
La participación de la UNAMBA en esta comisión reafirma su compromiso con la formación de profesionales capacitados y su contribución al desarrollo del país.
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