El Colegio de Politólogos del Perú tendrá como objetivo principal promover el desarrollo profesional de los politólogos, garantizar el ejercicio ético de la profesión y fomentar el análisis y debate sobre temas de interés nacional. Entre sus funciones se incluyen la representación de sus miembros a nivel nacional e internacional, la elaboración de recomendaciones en temas de gestión del Estado, y el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en la gestión pública.
La participación de la UNAMBA en esta comisión reafirma su compromiso con la formación de profesionales capacitados y su contribución al desarrollo del país.
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Por Miguel Ángel Ibarra Trujillo- Politólogo.
Desde su nacimiento, la ciencia política en el Perú ha generado controversias y desidias entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales, sobre todo entre quienes no siendo politólogos, buscaban ser reconocidos como tales a costa de desvirtuar la identidad de la politología y su propio espacio laboral.
Los politólogos hemos sobrevivido 37 años al frio invierno de las desidias e indiferencias de “los perros del hortelano”, es decir de quienes viven de la ciencia política pero no dejan que los politólogos vivan de ella.
Los detractores no reconocen que la institucionalización de la ciencia política se inicia en el año 1987, con la conformación de la comisión organizadora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y su primer examen de admisión a mediados del año 1988. Hecho que promovería en el 2001, es decir 14 años más tarde, la creación de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos, y en el 2006, es decir diecinueve años más tarde, la creación de la escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú; entre otras importantes escuelas, creadas posteriormente en la ciudad capital.
Pero es en el año 2011, que la Ciencia Política abandona su perfil capitalino, al crearse la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, seguida en el año 2012, por la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 2013 con la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y en el 2015 con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. La ciencia política se habría paso en todo el país, pero no rompía el monopolio de las vacas sagradas del perro del hortelano.
El incontenible avance de la politología, llevo a sus profesionales, a constituir el 06 de julio de 2007, la “Asociación Nacional de Politólogos del Perú”, con el fin de promover e impulsar la creación del Colegio de Politólogos del Perú y su reconocimiento por ley.
Según un informe oficial de SUNEDU a febrero del año 2022, es decir hace casi dos años, había un total de 2,846 politólogos de carrera entre bachilleres y titulados. Casi la mitad, según referían los ministerios consultados, se encontraban en la administración pública. Algunos, incluso, ocupan cargos de elección popular, como el caso del politólogo Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, o del politólogo Hernán Sifuentes, actual alcalde de San Martin de Porras, entre otros.
Los detractores del Colegio de Politólogos, señalan que la ley prohibiría que docentes de otras disciplinas estén impedidos de enseñar en las escuelas de ciencia política; además, que ningún otro profesional podría opinar sobre temas de la ciencia política; y que la colegiación generaría un mercantilismo al obligar a pagar a sus agremiados para ejercer la profesión sin recibir beneficio alguno.
Todos estos argumentos son falsos y responden a una estrategia que busca minimizar y desvirtuar el espacio laboral de la ciencia política, promover un centralismo y permitir que ciertas castas usufructúen de lo que la academia no les ha dado.
Respecto a la enseñanza en universidades, los detractores olvidan o desconocen, que la Constitución Política del Perú de 1993, garantiza el derecho a la autonomía universitaria y la libertad de catedra. Y que la Ley 30220, Ley Universitaria, asegura en el marco de dicha autonomía la libre designación de docentes. Es decir, algunos perros del hortelano no se quedarán sin trabajo. Solo que no podrán llamarse politólogo.
Respecto a la libertad de opinión, los detractores olvidan nuevamente, que la Constitución Política del Perú garantiza el derecho constitucional a la libertad de opinión y de expresión. Es decir, todo ciudadano, profesional o político, seguirá teniendo el derecho a expresar sus ideas sobre la realidad nacional o la coyuntura política libremente. Solo que no podrán usar la denominación de politólogo.
Respecto al pago, es el estatuto de cada colegio profesional y los acuerdos de su asamblea, ósea la decisión de todos los agremiados, la que determina ello.
Esta ley busca cautelar el ejercicio y denominación de la profesión, proteger los derechos laborales de los politólogos, brindarles acceso a servicios sociales como seguro de salud y sepelio, promover una bolsa de empleo; así como incentivar la investigación y facilitar la capacitación permanente de sus agremiados, promoviendo la titulación de los politólogos, contribuyendo con el desarrollo político y social del país en el marco de sus competencias profesionales.
El debate de la ley que crea el Colegio de Politólogos del Perú, lleva 17 años de vigencia, habiendo sido ampliamente debatido por 5 congresos desde el año 2007, con más de cuatro iniciativas de ley de diversos grupos políticos. Siendo el Proyecto de Ley N°1049/2016, aprobado por el pleno del Congreso el 15 de mayo del 2019 y observado por el ejecutivo el 11 de junio del mismo año, el que reflejaría el oscuro interés de algunos personajes que con hipocresía defienden la Ciencia Política.
Las vacas sagradas del perro del hortelano, han secuestrado a la ciencia política, para ganar consultorías en el estado y ONGs, así como manipular la opinión pública y direccionar la voluntad popular. Ellos y sus comisiones de notables nos han heredado todos los partidos y los odios que hoy tenemos. Para ellos la creación de un Colegio de Politólogos es una amenaza a su statu quo capitalino.
El futuro y la supervivencia profesional y laboral de las nuevas generaciones de politólogos, no se encuentra entre las voces que quieren confundir y desvirtuar el perfil profesional de la carrera, sino entre los politólogos de carrera que laboran día a día en calle para llevarle un plato de comida a sus familias y que buscan fortalecer su espacio laboral a través del Colegio de Politólogos del Perú.

El Congreso aprobó la creación del Colegio de Politólogos del Perú. (Foto: Manuel Melgar/GEC)/ GESTION Manuel Melgar Rodriguez

El pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen que propone la creación del Colegio de Politólogos del Perú como institución autónoma representativa de los profesionales de dicha carrera.
Con 73 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al proyecto de Ley 484/2021-CR, que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo (Perú Libre).
Se trata de un texto sustitutorio que propone la creación de dicho colegio con sede en Lima y la posibilidad de contar con filiales a nivel nacional. El proyecto inicial había sido presentado por José Luis Elías (Alianza para el Progreso).
El documento plantea que la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de politólogo y que para ser miembro del Colegio de Politólogos del Perú se requiere haber obtenido título profesional de licenciado en Ciencia Política, expedido por universidad peruana o revalidado, conforme a ley, si el título hubiera sido otorgado por una universidad extranjera.
“Los títulos ya conferidos por las nueve universidades que ofrecen esta carrera profesional y que pueden tener otra denominación en su titulación son vinculantes y pueden inscribirse en el Colegio de Politólogos del Perú”, detalló.
El consejo nacional del nuevo colegio está integrado por un decano, un vicedecano, un secretario, un tesorero, dos vocales y un delegado en representación de los consejos regionales.
Asimismo, se declara el Día del Politólogo el 8 de diciembre de cada año. Su organización y funcionamiento, así como la creación de filiales regionales o departamentales, se establecen en su estatuto.
Antes de culminar el debate, la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País) planteó una cuestión previa para que el texto sustitutorio regrese a comisión para un mejor estudio, pero fue rechazada. Su pedido obtuvo 26 votos a favor, 65 en contra y 5 abstenciones.
Fuente: Diario El Comercio.

Marco Sinfuentes, a quien documentos de USAID indican como receptor de 104 mil dólares para su programa en YouTube, se juntó con los exprocuradores Ronald Gamarra (CNDDHH) y Julio Arbizu (LARES), y se tomaron una foto para la posteridad.
No podemos olvidar que “Gamarrita” confesó haber defendido a terroristas, y Arbizu apoyaba que un hombre entre al mismo baño que las niñas.
Fuente: Diario EXPRESO.
Como señala Jaime Bedoya en Perú21: “Antauro Humala, sentenciado por homicidio simple y secuestro, protagoniza encuestas. Martín Vizcarra, vacado por incapacidad moral y sindicado por la muerte de más de 250 mil personas durante la pandemia por su trasiego con las vacunas, es una estrella del TikTok“.

Denuncias falsas para atacar a empresas serias y responsables

Modus operandi doloso de algunas ONG

Comunidad nativa denuncia a ONGs IDL y FPP

Por Jaime de Althaus– Lampadia
La ofensiva desatada contra la empresa palmicultora Ocho Sur en la región Ucayali podría ser un caso de estudio del modus operandi de algunas ONG -Instituto de Defensa Legal (IDL), Forest People Program (FPP), entre otras- contra las inversiones privadas formales y responsables. Contra la inversión capitalista en última instancia.
Ese modus operandi consiste básicamente en fraguar denuncias fiscales falsas para armar un litigio judicial que pueda ser informado a Naciones Unidas para que el Grupo de Trabajo en Derechos Humanos y Empresas Transnacionales de la ONU le emita un requerimiento a la empresa de modo que tanto la denuncia como el requerimiento sean profusamente difundidos por esas ONG y rebotados en medios en todo el mundo, forzando a compradores internacionales de Ocho Sur a dejar de comprar los productos de esta empresa por razones reputacionales.
El objetivo es quebrar la empresa, al mismo tiempo que las ONG aprovechan para levantar recursos en el exterior de fuentes que financian causas ambientales. Un negocio, en suma, a costa de inversiones serias, productivas y sostenibles.
Dolosamente estas ONG comunican las acusaciones fiscales a Naciones Unidas y a la prensa internacional pese a que la propia comunidad Shipibo Conibo de Santa Clara de Uchunya, supuestamente agraviada, desmiente categóricamente haberlo sido y, consecuentemente, los procesos son sobreseídos o archivados. La comunidad no solo desmiente: acude a la Defensoría del Pueblo para denunciar a esas ONG por violentar sus derechos al utilizar su nombre sin autorización para formular acusaciones falsas contra empresas y contra miembros de la propia comunidad (ver en Lampadia: Comunidad nativa denuncia abusos y agresiones).
Pero allí no queda la cosa. Paralelamente estas ONG plantean una demanda para que la empresa pase a administración judicial, fundada precisamente en falsas alegaciones de deforestación. Es decir, ataque económico, por un lado, y ataque directo a la propiedad misma de la empresa vía la estatización de su gestión, por otro.
Podemos resumir apretadamente la secuencia de esta manera:
El 3 de diciembre de 2020, supuestos representantes de la Comunidad Nativa denunciaron la construcción de una trocha en un área que se encuentra ubicada dentro de la ampliación del territorio de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, sin indicar la fecha probable o posible en de tal actividad. El mismo hecho ya había sido denunciado en otras dos fiscalías y archivado por carecer de todo sustento.
Los mismos supuestos agraviados, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, declararon que Ocho Sur no tenía que ver con estos hechos denunciados. Esta investigación también fue archivada inicialmente por la misma fiscalía a cargo, pero el caso fue reabierto luego de aparentes maniobras y presiones al Poder judicial y al fiscal superior -donde estas ONG tiene influencia-, con el resultado de una acusación arbitraria sobre un hecho ya investigado.
Esta es la acusación que se difunde para perjudicar a la empresa.
No obstante, luego de diversas peripecias legales, el 14 de junio de 2024 el Juzgado Penal de Campo Verde dispuso el sobreseimiento del caso por haberse acreditado que los hechos no les pueden ser atribuidos a la empresa.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lograron bloquear ventas al exterior. La ONU escribió a seis compradores internacionales del aceite de palma de Ocho Sur sin verificar la información, en aparente complicidad con estas maniobras.
Como resultado, Bunge Loders Croklaan, Nisshin Oilio, Louis Greyffus, y clientes finales como Nestlé y PepsiCo, dejaron de comprarle. Pero como el aceite de palma al final es un commodity, logran colocar el producto, pero a menor precio. La pérdida anual sería alrededor de 3 millones de dólares, calcula un alto ejecutivo de la empresa.
En todo esto hay que resaltar el hecho increíble de que la comunidad que supuestamente denunciaba no tenía conocimiento de la mencionada denuncia. La asamblea de la Comunidad no ha reconocido como válida ni legítima la denuncia y eso es lo que le manifestaron al Juez. Más bien, han solicitado en varias oportunidades que se archive el caso por ser falso y que Ocho Sur no ha usurpado su tierra y no construyó la trocha materia de investigación. Por eso la Fiscalía Penal de Campo Verde solicitó el sobreseimiento de la investigación.
Y por eso la Comunidad no solo formuló la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, sino que el 28 de febrero del 2024 presentó denuncia en contra las ONG’S IDL, FPP y FECONAU por la vulneración sus derechos constitucionales y humanos, ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ucayali.
Luego la Fiscalía dispuso aclarar que el proceso se sigue contra la doctora Linda Carol Vigo Escalante (IDL), Luis Álvaro Masquez Salvador (IDL), Glatzer Lloy Tuesta Altamirano del Instituto de Defensa legal (IDL), Thomas Aidan Younger de FPP y Graciela Karina Reátegui Morí de la Federación de Comunidades Nativas y Afluentes de Ucayali (FECONAU), por la presunta comisión del delito contra la libertad personal – COACCIÓN, en agravio de Wilson Barbarán Soria y los comuneros de la comunidad nativa “Santa Clara de Uchunya”. También la Fiscalía dispuso incorporar al programa de protección de testigos al señor Barbarán y otros como medida de protección ante las amenazas y abusos del IDL y el FPP.
APCI debería informar a Naciones Unidas y a las fuentes de financiamiento acerca del modus operandi doloso de estas ONG. 

Caso Cocteles: Tribunal Constitucional anula los actos fiscales seguidos contra el abogado Arsenio Oré

Por mayoría, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por Arsenio Oré, exabogado de Keiko Fujimori, acusado por el Equipo Especial Lava Jato. La demanda fue contra el Ministerio Público y el fiscal José Domingo Pérez.

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Por mayoría, el Tribunal Constitucional (TC) anuló los actos fiscales del Equipo Especial Lava Jato seguido contra el abogado Arsenio Oré, incluido en el denominado “Caso Cocteles” por el presunto delito de obstrucción a la justicia, según la resolución obtenida por El Comercio.
A través de la sentencia, el máximo órgano de interpretación de la Constitución declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por el abogado Oré Guardia, en contra del Ministerio Público y los fiscales del Equipo Especial José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.
Fuentes del TC señalaron a este Diario que con la resolución se anulan el juicio oral y la acusación. El caso queda desde la investigación preparatoria que siguió la fiscalía contra el referido abogado. Es decir, el caso se retrotrae hasta enero del 2019, fecha en la que el fiscal superior Rafael Vela emitió una disposición rechazando el pedido de Oré Guardia para que se aparte al fiscal José Domingo Pérez de la investigación en su contra por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Los votos a favor fueron de los magistrados del TC Francisco Morales (presidente), Luz Pacheco (vicepresidenta y ponente del caso), Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, César Ochoa y Pedro Hernández. Mientras que el voto en contra fue del magistrado Manuel Monteagudo.
Como se recuerda, en su demanda, Oré Guardia había solicitado: (i) que se declare la nulidad de la Disposición 1-2019-FSCEE-MP-FN, del 7 de enero de 2019, expedida por Rafael Vela Barba, en calidad de fiscal superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, que declaró infundada su solicitud de exclusión del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. También que (ii) se ordene la renovación del acto fiscal; y (iii) se nulifiquen las actuaciones de José Domingo Pérez en la Carpeta 55- 2017, relacionadas con el delito de obstrucción de la justicia que se le imputa.
Oré Guardia fue uno de los abogados de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, (2017 al 2019) en el marco de la investigación y proceso judicial seguido por el delito de lavado de activos por la presunta recepción de dineros ilícitos de empresas nacionales e internacionales.
Según la tesis fiscal, se habría lavado más de 17 millones de dólares, principalmente a través de sus campañas del 2011 y 2016. Por ello, el Ministerio Público solicita 30 años y 10 meses de cárcel contra Keiko Fujimori. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral. Oré Guardia es uno de los más de 40 acusados en este proceso.
“Declarar NULA la Disposición 1-2019-FSCEE-MP-FN, de fecha 7 de enero de 2019, expedida por don Rafael Ernesto Vela Barba, en calidad de fiscal superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, que declaró infundada la solicitud de exclusión del fiscal provincial don José Domingo Pérez Gómez, formulada por la defensa técnica de don Arsenio Oré Guardia; y NULOS todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal superior“.
Fiscal Pérez pide habían solicitado comparecencia restringida para abogado Arsenio Oré

Tribunal Constitucional

La audiencia por el recurso de amparo del abogado, ante el Tribunal Constitucional, se realizó en Lima el pasado 24 de mayo y la votación se dio el mes de junio. Sin embargo, debido a la demora con la firma de la resolución recién se emitió.
En dicha audiencia, Oré Guardia sostuvo que se afectaron sus derechos humanos por parte del fiscal José Domingo Pérez, quien llevó acabo un allanamiento a las oficinas de su despacho de abogados en noviembre del 2018.
El allanamiento, dijo, se realizó con la finalidad de buscar e incautar documentación vinculada a los aportes de campaña a la campaña de Fujimori Higuchi y Fuerza Popular.
Luego, Oré Guardia fue incluido en la investigación debido a que la fiscalía lo señalaba como uno de los abogados que habría “coaccionado” a testigos que debían declarar ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.
Señaló que el fiscal Pérez Gómez desarrolló su investigación con falta de objetividad y ya para la etapa de control de acusación, el Ministerio Público había incorporado elementos que no fueron materia de investigación. A su turno, Walter Palomino Ramírez, abogado de Oré Guardia, señaló ante el TC que la fiscalía había iniciado un proceso “arbitrario” iniciado por el fiscal José Domingo Pérez, quien carecía de “objetividad”. Ello, por haber abierto la investigación por presunta obstrucción a la justicia contra Oré Guardia, pese a que Pérez Gómez era el supuesto afectado. Es decir, el fiscal era el investigador y la presunta víctima. Cabe precisar que el Procurador del Ministerio Público no se presentó a la audiencia ante el TC.
Pleno del Tribunal Constitucional: César Ochoa, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

No se tuvo en cuenta una falta de objetividad del fiscal José Domingo Pérez

En el recuento de hechos, el TC señaló que el 7 de enero de 2019, el fiscal superior coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, emitió la Disposición 01-2019-FSCEE-MP-FN, rechazando el pedido que realizó el abogado Arsenio Oré, solicitando la exclusión de José Domingo Pérez, quien formalizó una investigación preparatoria contra el abogado por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Según explicaron, de la demanda se desprendía que Oré Guardia fue comprendido en la carpeta Nro. 506015704-2017-55-0 en la que venía siendo investigada su expatrocinada Keiko Fujimori, a cargo del fiscal Pérez Gómez.
Es decir, se formalizó una investigación preparatoria contra del accionante en la misma carpeta en la que habría desplegado su supuesta actividad obstructiva.
“De este modo, el mismo fiscal que padeció la obstrucción de su investigación —en la especialidad de lavado de activos y pérdida de dominio y, luego, en el equipo especial— va a conducir la investigación del delito de obstrucción de la justicia”, indicó el TC.
Y si bien, señala el tribunal, el fiscal superior Rafael Vela, indica en su defensa que su decisión de ratificar a Pérez Gómez en la investigación contra Oré Guardia se debía a que estaba facultado, tenía la competencia para investigar y había conexidad con el caso investigado; en ningún momento se tuvo en cuenta la “objetividad” del fiscal señalado.
“En ningún momento se presta atención a la relación entre el fiscal provincial con las supuestas obstrucciones que él mismo habría padecido, sin advertir que esta circunstancia objetiva justifica una duda razonable sobre su objetividad en la investigación de los actos que (según afirma) han perjudicado su propia investigación lavado de activos, ya que como testigo tendría interés en el resultado de la investigación”, refiere.
Por ende, el TC señala que los hechos de obstrucción que pretendía investigar el fiscal Pérez Gómez, habrían sido cometidos en una investigación que está a su cargo “es decir, quien indaga la obstrucción es el mismo que habría sido obstruido”.
“Lo que permitiría suponer suficientemente que una investigación preparatoria en estas circunstancias requeriría solo de su propio testimonio para confirmar su hipótesis fiscal y tornan innecesarios los descargos del investigado. En este supuesto, no hay proceso progresivo de formación de la convicción, ni contingencia en la formulación de la acusación, pues esta ya ha sido decidida“, según la sentencia del Tribunal Constitucional.

Otros abogados investigados por el mismo delito podrían pedir la extensión de la resolución del TC

El abogado penalista, Andy Carrión, explicó que en el año 2018, luego del allanamiento al Estudio de Abogados de Arsenio Oré Guardia, se dispuso la incorporación de este y otros abogados en la investigación por el Caso Cócteles, pero por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
En ese momento, el Equipo Especial Lava Jato determina que el fiscal Pérez sí era competente para investigar a Oré Guardia, y, ante ello, el abogado acudió al coordinador Rafael Vela pidiendo la exclusión del primero, pero su pedido fue declarado infundado.
Entonces, agregó Carrión, el TC ha señalado que “en ningún momento el fiscal Vela se pronuncia sobre la falta de objetividad del fiscal”, es decir cómo se puede demostrar que podría mantener la objetividad.
“Allí es bien duro el TC, en los párrafos 26 y 27 de la resolución, habla precisamente de la falta de objetividad del fiscal para investigar un caso donde él es agraviado. Eso ya sería un indicativo de falta de objetividad”, remarcó.

En la audiencia, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, expuso sus alegatos de defensa ante el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia Nacional Especializada. (Foto: Poder Judicial)

Por lo resuelto en el Tribunal Constitucional, explicó el abogado especialista en materia penal, tendrá que ser otro fiscal quien retome el caso de Oré Guardia desde la etapa en que quedarán tras la anulación del juicio oral y de la acusación que presentó la fiscalía.
Sobre la consecuencia de la resolución, indicó que hay varios aspecto relevantes, pero principalmente, se encuentra la nulidad de todos los actos realizados por el fiscal José Domingo Pérez contra Oré Guardia dentro de la investigación preparatoria.
“Es decir, entre ellas los allanamientos a su estudio de abogados, pues si el TC ha declarado nulo los actos posteriores, entonces ha anulado también esas resoluciones de allanamiento que fueron emitidos por pedido fiscal, que en este caso el TC ha dicho que es un fiscal parcializado; y con ello, la consecución de pruebas que pueden haberse obtenido dentro de estos allanamientos, y otros actos como declaración de testigos”, según Andy Carrión, abogado especialista en Derecho Penal.
En otro momento, Carrión Zenteno refirió que la resolución si bien es “personalísima” a favor del demandante, de manera indirecta, podría ser usada por los acusados en el juicio oral del Caso Cocteles para “cuestionar la objetividad del fiscal”.
No obstante, prosiguió, a quienes sí podría beneficiar “por extensión” de los efectos de la resolución del TC, sería a aquellos abogados incorporados por el fiscal Pérez Gómez, con los mismos argumentos y por el presunto delito de obstrucción a la justicia, que aplicó a Oré Guardia.
“Hay otro abogado del Estudio de Arsenio Oré, que es Edward García Navarro y que también está por las mismas cuestiones. Entones, para los abogados hay un precepto de igual razón, igual derecho. Entonces, la misma decisión pedirían los abogados que están en la misma circunstancia. Es muy difícil que la Sala (que los juzga actualmente) lo aplique, así que podrían pedirlo al TC o a través de sus demandas ante el Poder Judicial”, anotó.
También estimó que podría beneficiar a la abogada Giuliana Loza, que también está incluida en el caso por el presunto delito de obstrucción.

TC estableció doctrina jurisprudencial

Sobre allanamiento contra abogados

El abogado Andy Carrión también advirtió que la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en el Caso Arsenio Oré, dispuso establecer doctrina jurisprudencial, es decir de obligatorio cumplimiento: que el estándar para allanar los estudios de abogados sea “cualificada”.
Explicó que en el fundamento 16 de la referida sentencia, el TC ha dispuesto como exigencia que las resoluciones judiciales deben tener una fundamentación con un estándar alto, que justifique en exceso el despliegue que realizarán los fiscales; todo eso, a fin de que el abogado pueda preservar el secreto profesional.
“Por tanto, para que los allanamientos a lugares de trabajo de estos profesionales no vulneren el derecho- deber o garantía-derecho del secreto profesional, deben haber sido previamente autorizados por el juez, cuya decisión deberá tener una fundamentación cualificada, que justifique la acción y detalle el ámbito de acción de los fiscales”, se indica en dicho fundamento del TC.
Ello, indicó Carrión ordena que, de ahora en adelante, para que la fiscalía allane a los abogados de los investigados o estudios de abogados, debe contar con una resolución judicial respaldada con un fundamento detallado, expresando adecuadamente las razones de la decisión.
“Le están dando relevancia al derecho del abogado a proteger el secreto profesional. Ahora, con esto, lo que se está haciendo es poner coto a la práctica constante de la fiscalía para allanar a los abogados. Esto, incluso, podría trasladarse al Caso de ‘Los Waykis en la Sombra’, aunque en ese caso hay más indicios penales”, señaló.

Si en esta nueva faceta Carlos Álvarez sigue siendo un buen imitador, estamos perdidos

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
En estos tiempos confusos, todas las noticias políticas parecen falsas. ¿Quién les puede creer, por ejemplo, a los que sostienen que Toledo está exigiendo ser comprendido en el Caso Cócteles? ¿O a los que afirman que Acuña y Oscorima están a punto de fundar el club ‘Waykikis’? El corre-corre de estos días en los que el plazo para inscribirse en un partido y poder así postular a la presidencia en el 2026 está por vencerse es, sobre todo, el contexto ideal para echar a rodar bulos a ese respecto y ver cómo ganan adeptos entre los incautos. Por eso, el anuncio de que Carlos Álvarez, el imitador y humorista, se había afiliado a “País Para Todos” con ese aparente propósito generó al principio incredulidad en esta pequeña columna.
Tras ver el video en el que él mismo informa a la opinión pública de su decisión de enrolarse en el mencionado partido, sin embargo, toda duda queda despejada. La cosa va en serio, y lo que hasta hoy ha sido parodia amenaza con transformarse mañana en solemne práctica cotidiana. Porque si algo ha hecho Álvarez a lo largo de su carrera artística es caricaturizar presidentes. No es que los integrantes de la penosa hueste que ha desfilado por Palacio de Gobierno en las últimas décadas careciese de rasgos irrisorios propios, pero el arte del imitador consiste en detectarlos y exagerarlos sin romper la similitud esencial que su comportamiento debe guardar con el de su modelo. Y ese es un arte que el nuevo militante de “País Para Todos” domina a la perfección. La pregunta que inquieta al respetable en estos días es entonces si, en la eventualidad de que la suerte lo acompañe, el personaje que nos ocupa seguirá siendo tan bueno en el ejercicio de su oficio como hasta ahora.

–El problema final–

Lo de la suerte, precisemos, no es un detalle deleznable. La organización en la que el cómico se ha inscrito es comandada por el ex alcalde de Huaraz Vladimir Meza, lo que promete acarrearle algunos dolores de cabeza. Antes de que nadie le haya hecho pregunta alguna al respecto, por ejemplo, Meza se ha sentido en la necesidad de aclarar que hace más de diez años se vivió en su hogar una crisis “que se malinterpretó como violencia familiar”… y todos sabemos que esas cosas no se quedan así. Generalmente se ponen moradas y se hinchan. El tópico, nos tememos, será frecuente materia de discusión durante la campaña.
Imaginemos por un momento, no obstante, que Álvarez logra salvar ese y otros inconvenientes que pudieran conspirar contra la conquista de su sueño, y en julio del 2026 acaba ciñéndose la banda embrujada. ¿Qué tanto pesará sobre él la impronta de los tristes individuos que por tanto tiempo ha estudiado para calcar con minucia?
En “El problema final”, su última novela, Arturo Pérez-Reverte presenta a Hopalong Basil, un actor que se ha pasado la vida haciendo de Sherlock Holmes en las películas y que, ante la ocurrencia de una serie de crímenes en la isla en la que se encuentra de vacaciones, no resiste la tentación de convertirse en el detective que tantas veces ha representado. Y con buenos resultados. Pero, claro, eso es ficción. En la realidad, los eventos suelen producirse de un modo menos providencial y lo que podríamos tener en breve es, más bien, una reproducción combinada de los defectos y desatinos de quienes ya nos han gobernado. Si las cosas le funcionan a Álvarez, en consecuencia, alguien tendría que hacerle saber que el show no debe continuar, porque, si no, estamos perdidos.

CNUL, vinculada a Movadef, anuncia marchas para el 28

Por Juan Carlos Chamorro– Diario Perú21.
Lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se sube al coche de las protestas que azuza Lucio Ccallo. Fredepa de Ayacucho, ligado a Sendero Luminoso, y el Barrio Chino apoyarán esta movilización.
Quiere sembrar caos y disturbios otra vez en Fiestas Patrias. El dirigente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), Lucio Ccallo Callata, quien, según la Dircote, está vinculado al Movadef de Sendero Luminoso, convocó la semana pasada a una jornada de protestas de tres días, en nuestra capital, durante la celebración de las Fiestas Patrias.
Según el anuncio de Ccallo, las protestas serán el sábado 27, domingo 28 y lunes 29, y buscarán nuevamente conseguir la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
Perú21 ha revelado, en sendos reportajes, que la CNUL cobija en sus filas a la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), que está integrada por organizaciones de izquierda como Nuevo Perú, Patria Roja y Juntos por el Perú (JPP).
La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se subió al coche de las protestas organizadas por la CNUL y llamó a la “insurgencia ciudadana” para esa jornada.
El exjefe de la Dircote, el teniente general de la PNP en retiro, José Baella, en comunicación con Perú21, pidió a las autoridades que les hagan firmar un acta de responsabilidad a Ccallo y a Mendoza para que ambos se hagan cargo de los daños a las personas, policías y propiedad pública y privada que puedan ocurrir durante las movilizaciones.
Del mismo modo, el exministro del Interior Carlos Basombrío criticó el oportunismo de Verónika Mendoza de plegarse a la agenda de protestas en la que también estarán los movimientos regionales que buscan impedir que el Congreso los excluya de participar en las próximas elecciones. “No va a pasar nada (con Mendoza). No tiene esa capacidad de convocatoria”, dijo a este diario.
La CNUL tiene como aliados al Barrio Chino de Ica y al Fredepa de Ayacucho, este último relacionado a la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, según la Dircote. Su presidenta, Rocío Leandro Melgar, ‘camarada Cusi’, ahora presa, tiene relación con Sendero por haber participado en los 90 en atentados terroristas.
“(Verónika Mendoza) se quiere montar sobre algunas protestas regionales… No tiene convocatoria”, dijo a Perú21 Carlos Basombrío, exministro del Interior.

Estallido social: el misterio tras la entrega de productos médicos a la sede del PC en Recoleta (y cómo complica al partido)

La arista del eventual cohecho por el que Daniel Jadue se encuentra en prisión preventiva, ha complicado directamente al Partido Comunista ya que según Fiscalía los insumos médicos por $20 millones entregados como “bonificación” fueron almacenados en la sede del partido en Recoleta. El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, señaló que no hay antecedentes de aquello y que si alguien hace esa afirmación deberá demostrarla, y la secretaria general, Barbara Figueroa sostuvo que “es una ofensa que no podemos aceptar”. Sin embargo, la defensa de Jadue ha validado que la sede del PC se ocupó de bodega, aunque dice que se trató de una adquisición hecha por el secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz, también militante comunista.
Qué observar. Durante la audiencia de formalización del alcalde Daniel Jadue, la fiscal Giovanna Herrera exhibió una serie de pruebas, testimonios, fotografías y pericias técnicas, que demuestran que la sede comunal del PC en Recoleta sirvió de bodega para los insumos médicos que supuestamente habrían sido entregados como cohecho.
Según la acusación de Fiscalía, en la sede del partido, los empleados de la empresa proveedora Best Quality entregaron la tarde del 1 de julio de 2020, 100 bidones de alcohol gel, 500 cajas de mascarillas, 500 cajas de guantes de vinilo y 2,000 pecheras, productos avaluados en $20 millones.
El testimonio del vendedor y comisionista de la empresa, César Ramírez, es que Jadue les habría pedido ese aporte como “bonificación”, para seguir haciendo negocios con las Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp. Best Quality ya había cerrado un acuerdo por una venta de insumos por más de $1,300 millones.
Según la declaración -ratificada por el chofer de la empresa Óscar Doussang- cuando iban camino a entregar los aportes a la Biblioteca Pública de Recoleta, recibieron un llamado de Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de Achifarp, quien les informó que el lugar de destino sería la sede del PC ubicada en calle Lircay 486.
“La donación no se concretó a favor de la municipalidad sino en favor del PC de Recoleta”, señala el testimonio de Ramírez.
Las pruebas. La Fiscalía apoyó su exposición con varios documentos, entre ellas una serie de fotografías que aportaron los denunciantes.
En la imagen se ve el frontis de la sede del PC y una sala llena de productos médicos. Ambas fotografías están fechadas el 1 de julio de 2020, y fueron confirmadas en un informe informático con su respaldo en “la nube”.
Además, hicieron un rastreo de localización de llamadas telefónicas encontrando una conversación entre Doussang y Muñoz a las 17.34 de la tarde de ese día, que registra una antena ubicada en calle Lircay a pasos del partido.
Tres años después, en 2023, una diligencia de Carabineros en esa dirección concluyó que la imagen era del inmueble del partido, ya que coincide una mesa de vidrio y fierro que aparece en la imagen. Además encontraron que aún quedaba mercadería: cinco bidones de alcohol gel.
También en el expediente hay fotografías de los empleados de Best Quality con Jadue en la oficina del alcalde.
Las explicaciones del PC. Consultado en Tolerancia Cero, el presidente del PC, Lautaro Carmona, restó credibilidad a que el partido hubiera servido de bodega para estos productos. Esto fue lo que dijo: “La información que maneja el presidente del Partido Comunista, la dirección nacional del Partido Comunista, es que no existe esta afirmación de que habría una sede del partido que oficiara de bodega de una situación como la que estamos hablando en el caso de Recoleta”.
“No estoy metiéndome en que eso no sea, el Partido Comunista no tiene alguna noción de que ahí hubieron insumos”.
“Esa es una afirmación que se hace en este proceso y que va a obligar a que el PC va a hacer precisiones institucionales, quien haga la afirmación tiene que demostrar que el PC acogió, recogió, albergó insumos como PC”.
“Yo personalmente tengo un vínculo bastante fluido con Jadue y con el partido de Recoleta y ni un conocimiento de que eso haya existido”.
La semana pasada, la secretaria general del PC, Barbara Figueroa, sostuvo sobre el tema: “No nos corresponde pronunciarnos respecto a la investigación. Para que seamos muy precisos: esto es lo que autodenuncia la empresa que vendió en 10 veces el valor de los insumos en la pandemia”.
“Que tu uses un espacio de bodega no tiene que ver con que tu hagas un uso ilegítimo de algo, de haber ocurrido, aquí no estamos diciendo mire el PC andaba vendiendo remedios. Ellos han denunciado cohecho, pero es materia de investigación y no vamos a aceptar que se trate de decir ustedes hicieron un uso malicioso de insumos básicos en tiempos complejos como pandemia”.
“Para una organización centenaria, comprometida con la clase trabajadora y los más desposeídos, es una ofensa que no podemos aceptar”.
Interrogatorio a dirigentes. Durante la investigación, la Fiscalía interrogó a dirigentes comunales del PC en Recoleta. Todos coincidieron en que nunca se enteraron ni supieron que la sede del partido hubiese sido utilizada como bodega.
Tampoco hay explicaciones sobre cuál fue el destino final de esos productos.
Los cuatro integrantes de la directiva, que figuran como testigos, afirman que no supieron del hecho. “No tengo conocimiento que dicho inmueble haya servido de bodega para ningún tipo de insumo médico o de salud”, afirmaron dos, que además se desempeñan como funcionarios en la municipalidad de Recoleta.
“Tampoco tengo conocimiento que algún camión de la empresa Best Quality Products Spa, haya dejado insumos de este tipo”, señalan las declaraciones.
La respuesta de la Defensa. La respuesta del abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, es diferente. Él reconoce que las pruebas entregadas por la Fiscalía confirman que había productos almacenados en el partido.
Sin embargo, argumentan que no está acreditada de qué fecha es la fotografía y que es posible que los insumos hayan sido adquiridos previamente por Matías Muñoz quien tenía una relación con Best Quality. Además Muñoz es militante del PC.
El abogado criticó que Fiscalía no haya hecho un peritaje para estimar si efectivamente los productos de la fotografía corresponden a $20 millones como dicen los denunciantes.
La defensa dice que Jadue jamás conversó ni telefónicamente ni por mail con los empleados de la empresa y que las fotografías junto a ellos se debe a que el alcalde se toma fotos con muchos simpatizantes.

La historia tras el fallido negocio de los medicamentos contra el Covid

Por Juan Pablo Sallaberry
Entre los delitos imputados por Fiscalía al alcalde de Recoleta, por los que se ordenó su prisión preventiva, se encuentra el “engañar” al concejo municipal para que aprobará el traspaso de más de $204 millones para adquirir el medicamento Interferón para combatir el Covid-19, dinero que fue ocupado para sanear deudas de la Asociación de Farmacias Populares. A continuación los testimonios sobre el intento para importarlo de Cuba, el fracasado convenio con la Universidad de Concepción, los informes falsos y la orden del ISP de destruir 5.000 dosis del fármaco por no contar con autorización.
Qué observar. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) quedó en prisión preventiva, tras ser formalizado por Fiscalía por los delitos de cohecho, estafa, administración desleal, ocultamiento de bienes y fraude al fisco.
Uno de los casos se le imputan por fraude al fisco, dice relación con el fallido anuncio que realizó el 2020 sobre fabricar Interferón en Chile para combatir el Covid-19.
Importación de Cuba. En marzo del 2020 cuando se registraban los primeros casos de Covid-19 en Chile, Daniel Jadue anunció que importaría el medicamento Interferón Alfa 2B recombinante humano desde Cuba.
El alcalde señalaba que era “usado con éxito en China y España” y “será para personas contagiadas de alto riesgo”. Sin embargo su decisión generó debate en la comunidad científica, ya que hasta ese momento la Organización Mundial de la Salud no había recomendado ningún fármaco en específico para enfrentar el virus.
Jadue gestionó traer el medicamento desde Cuba y también desde Venezuela, pero finalmente el Instituto de Salud Pública (ISP) no dio la autorización a la Municipalidad de Recoleta por no contar con los permisos sanitarios.
Sí autorizó la compra que hizo luego del antiviral Avifavir a Rusia, aunque esto fue cuestionado por las autoridades de salud.
“Si es que no nos mandan presos”. En ese escenario Jadue formó una alianza con la Universidad de Concepción, cuyo rector es Carlos Saavedra, reconocido hombre de izquierda, apoyado por el Frente Amplio y militante de las Juventudes Comunistas en los años 80.
En junio de 2020, cuando aún no existía vacuna para el Covid-19, Jadue y Saavedra firmaron un convenio para fabricar Interferón en Chile. El alcalde como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Comunales (Achifarp), viajó a Concepción junto a su equipo y anunciaron el acuerdo en la prensa por $229 millones.
La Fiscalía mostró un chat del 20 de junio de 2020 entre Daniel Moraga, secretario ejecutivo de Achifarp y Daniel Jadue. “¿Estás claro de que lo más probable es que no pasemos la fase experimental con la U de Concepción? Si es que no nos mandan presos por usar medicamentos no registrados”, escribe Moraga.
“Lo vemos el lunes”, respondió Jadue.
Para fabricar medicamentos no sólo se debe contar con autorización del ISP, sino que con un laboratorio especializado, cuya construcción también debe ser autorizada por el ISP.
La Universidad de Concepción solo consiguió que el ISP autorizara en enero de 2021, los planos para remodelar el laboratorio, pero esto nunca se hizo.
“Podía haber un tema político”. Los $25 millones iniciales fueron entregados por la Municipalidad de Recoleta pero se requerían otros $204 millones para la fabricación de las 180,000 dosis.
Según el testimonio de Jorge Toledo Alonso, profesor de la Universidad de Concepción a cargo de este proyecto, “nosotros no avanzamos más que en parte del primer paso. Solo conseguimos la autorización del plano. En el año 2021, yo conversé en varias oportunidades con Pablo Lanfranco (jefe de proyectos de Achifarp) y con la doctora María Eugenia Chadwick (directora de salud de Recoleta), la necesidad de remodelar el laboratorio conforme al plano”.
“Después nos dimos cuenta de que podía haber un tema político, porque Daniel Jadue indicó públicamente en su campaña presidencial que ya tenía el medicamento, lo que no era cierto”.
Durante la formalización la fiscal Giovanna Herrera sostuvo que “uno de los móviles del fraude en Recoleta dice relación con la campaña electoral de Jadue. La motivación primera era evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso”.
“Engaño” a concejales. Según Fiscalía, el 27 de abril del 2021, en la sesión del concejo municipal el alcalde Jadue “engaña a los concejales y les miente sobre el estado del proyecto”, en momentos que Achifarp enfrentaba una difícil situación financiera, con deudas, cobranzas judiciales y Jadue había extendido cheques para comprometerse al pago.
El 15 de abril Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de Achifarp, envió una carta a la Municipalidad de Recoleta, en que solicita el aporte extraordinario para la fabricación de Interferón. “Vengo a informar sobre los avances del convenio entre Achifarp y la Universidad de Concepción. Indicamos que hemos finalizado con éxito la aprobación por parte del ISP de los planos de modificación de laboratorio farmacéutico para la producción del Interferón. Por tanto, solicitar tramitar ante el Consejo Municipal voto extraordinario por un monto de $204’976,800”.
María Eugenia Chadwick -formalizada por fraude- elabora un informe para ser presentado a los concejales, el que a juicio de Fiscalía es falso, ya que señala que cuentan con aprobación del ISP para empezar con la fabricación completa y certificada.
En la reunión del consejo, Jadue señala que ya se consiguieron los permisos del ISP y está todo en marcha.
Según el testimonio del expediente, los concejales, desde la UDI al PC, declararon que Jadue les informó que el medicamento ya tenía todas las aprobaciones del ISP y acordaron traspasar el dinero a Achifarp.
El 29 de abril, la alcaldesa (s) Gianinna Repetti firmó el convenio con Matías Muñoz de Achifarp que señala en su cláusula 3 que ya se ha obtenido la autorización del ISP para la producción del Interferón, lo que resultó ser falso.
El fondo se gastó en las deudas que tenía la asociación. Nunca se envió el dinero a la U. de Concepción. No se hizo ningún requerimiento desde Recoleta para pedir la devolución del dinero.
Dosis destruidas. Según declaró la fiscalizadora del ISP Viviana Vásquez, sin autorización sanitaria la Universidad de Concepción fabricó de todas formas 5,000 dosis de Interferón experimental, de las que le mandó 3,000 a Recoleta que quedaron sin uso en refrigeración.
El ISP sancionó a la universidad y ordenó destruir el fármaco.
Según el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, aquello demuestra que existía confusión en la propia U. de Concepción sobre si se podía producir el fármaco. Señala que efectivamente la carta de Matías Muñoz contenía información que no era real. “Mi cliente tiene como elemento esta confusión, no hay actuar doloso, hubo un error, no un acto malicioso”.
Pero la jueza Paulina Moya al decretar prisión preventiva contra Jadue sostiene que “al Tribunal le llama la atención que en un ámbito tan sensible como es la fabricación de medicamentos para el Covid, los imputados hayan asegurado contar con los permisos respectivos, en circunstancias que se trata de una época en que existía un miedo generalizado a los nuevos medicamentos, por lo que los argumentos de la defensa de haber creído que todo estaba en regla a este tribunal le parecen poco creíbles”.
Fuente: Ex-Ante.cl

El PC y la Universidad ARCIS

Por Manuel Loyola– El Mostrador.cl
¿Qué movió al Partido Comunista de Chile a involucrarse en la administración de la Universidad ARCIS (UA)?
Como se sabe, hace una década, el PC decide tomar posiciones en la dicha universidad mediante el aporte de recursos financieros y de personal para lo cual creó o extendió las funciones de algunas entidades de gestión inmobiliaria y de formación, todo esto bajo las normas que regulan la participación de privados en organizaciones de educación superior. El paso dado pudo haber tenido algún desarrollo “normal” si no hubiesen ocurrido (como ocurrieron) varias situaciones que hicieron insostenible su actuación.
Desde luego, el hecho de que desde los inicios mismos de ARCIS, militantes y dirigentes comunistas hubieran tenido constantes relaciones con esta universidad, probablemente alimentó el anhelo de, en algún momento, llegar a “hacerse” de ella: razones de inserción y prestigio académico, a lo que luego se sumaron las perspectivas de buen retorno de los recursos financieros partidarios, seguramente sellaron el involucramiento. Por cierto, tampoco se deben descartar las muy probables invitaciones, adulaciones y tironeos de parte de personalidades del ARCIS para que el PC se involucrara, asedios que el partido recibió con agrado, “dejándose querer”. En este mismo plano, está por verse cuál fue el rol que, en la decisión, cupo a la fallecida Gladys Marín quien, al parecer, fue una de las principales interesadas en el arribo comunista a la UA.
Todo indica que la materialización de la decisión en 2006 muy poco tuvo que ver con el análisis cuidadoso del proyecto a emprender. Y no es que no se tuvieran elementos y antecedentes adecuados para contar con un diagnóstico pertinente. Sólo que, aún si tal diagnóstico se hubiese tenido, por sobre todo pesó más la fantasía, la inexperiencia, el engreimiento, la evidente falta de talento de estos “emprendedores”. Llegaron a ocupar cargos directivos y funcionarios recurriendo a lo único que sabían: cumplir con la tarea de proporcionar a los socios los réditos esperados a sus aportes. Tal finalidad actuó como exclusivo criterio racionalizador, de modo que el segundo lustro de la década pasada no pudo sino ser de escozores y altibajos, de buscar eliminar las malas decisiones de negocio anteriores, cerrar sedes, terminar programas, despedir gente, lidiar con opositores internos (descontentos múltiples, grupos nihilistas), buscar responder a las exigencias de la acreditación institucional, afrontar deudas, pagar al personal, renegociar pasivos, etc. Claramente, otra cosa era con guitarra, y no era posible seguir con una universidad buena onda, pluralista, diversa…por parte de la rudeza militante.
El PC se hizo del “proyecto ARCIS” cuando este ya estaba completamente erosionado. Su brillo estuvo en su resistencia ochentera concluyendo con algunos relumbrones noventeros, luego de lo cual sobrevino la confusión. Cierto es que en su vida ha contado con académicos y artistas relevantes, pero ello en caso alguno cimentó una fortaleza de largo plazo. Desde antes de la llegada del PC a la dirección, ARCIS transitaba por una crisis con mucho de irreversible dadas las condiciones de financiamiento proveniente, en lo fundamental, del pago de los estudiantes. Su persistencia como casa universitaria implicaba un prolongado proceso de reconversión como unidad económica y académica de amplia convocatoria social y profesional que, en caso alguno tenía que ver con la lógica privatista –según las reglas del juego del mercado de la educación– asumidas por el PC.
En otros tiempos un bochorno de este calibre habría significado un descalabro importante en sus aparatos de dirección y varias cabezas rodando. Pero ahora no ha sido así ¿Por qué? Entre las razones de esta interesante vista gorda, probablemente la más importante sea el hecho de que quienes protagonizaron el caso ARCIS son los mismos que, a la par, llevaron al partido a la NM, fungiendo hoy de ministros, parlamentarios, embajadores, asesores, y otras funciones; por tanto, no se podría haber esperado entre ellos las consecuencias de la “vigilancia revolucionaria”.
El movimiento estudiantil de 2011 y, más aún, los preparativos para el ingreso del PC a lo que sería la Nueva Mayoría (a fin de ser parte de lo que en su momento se llamó “gobierno de nuevo tipo”), hicieron crecientemente incómoda su participación en la UA, de modo que había que salir de ahí con más rapidez que elegancia, retirando, por cierto, lo que se estimaba propio, precipitándose la debacle.
La experiencia comunista en ARCIS ha sido repudiada por muchos, partiendo ¡oh, paradoja! por el propio partido, quien ha hecho lo posible por alejar los recuerdos y sinsabores de tan amargo trago, apostando a la pronta liquidación y cierre del asunto. No es exagerado suponer que, a la luz de los resultados, no pocos personeros han asomado el arrepentimiento apelando a las consabidas expresiones: ¡en qué momento estuvimos! ¡Cómo nos fuimos a meter en eso!
De otra parte, no han faltado aquellos que al interior de la organización, aunque tímidamente, han hecho ver su crítica por lo acontecido. Se ha tratado de voces aisladas, preferentemente ligadas al ámbito de la educación superior del PC, a los que se agregan los comentarios en privado, donde sí se revela la desazón por lo acontecido. Lo que ha primado, como era de esperar, es callar y cuadrarse con lo que dicen los dirigentes y, claro está, no prestarse a las “maniobras de la derecha” que, cómo no, ha querido hacerse su agosto, pero sin respaldo moral para ello.
Para quienes conocemos la historia de este partido, en otros tiempos un bochorno de este calibre habría significado un descalabro importante en sus aparatos de dirección y varias cabezas rodando. Pero ahora no ha sido así ¿Por qué? Entre las razones de esta interesante vista gorda, probablemente la más importante sea el hecho de que quienes protagonizaron el caso ARCIS son los mismos que, a la par, llevaron al partido a la NM, fungiendo hoy de ministros, parlamentarios, embajadores, asesores, y otras funciones; por tanto, no se podría haber esperado entre ellos las consecuencias de la “vigilancia revolucionaria”.
Como se señalara más arriba, fue la ausencia de evaluación y criterios fundados lo que llevó a la aventura comunista en ARCIS. Es falso, en consecuencia, que ella haya que asumirla como “un error forzado difícil de comprender previamente”, según reza un informe partidario sobre esta situación de marzo de 2016. Y es que de algún modo el asunto ARCIS, en clave comunista, no es sino epítome de la manera como se ha hecho y se ha sido partido, en particular en las últimas décadas. Convenimos en que a mediados de la década pasada ARCIS daba muestras evidentes de inviabilidad, y que por lo mismo, que debía entrar a reformarse y reformularse como iniciativa académica democrática y, por qué no, de izquierdas ¿Era eso posible? No lo sabemos; lo que sí sabemos es que lo que se ofreció fue –más allá de las buenas intenciones- una modalidad que sólo prolonga la agonía, con el agravante de que al final imperaría la política del sálvese quien pueda.
No estimo que el PC sea EL responsable de la liquidación de la UA, pensarlo así es una exageración más o menos mal intencionada; de lo que sí es responsable -como producto de su manifiesta postración ideológica- es de fantochería (de suponer y exponer que tenía las habilidades, además del dinero, para solventar un proyecto universitario) y, a fin de cuentas, de actuar con puro cálculo y oportunismo, si bien es probable que en la vuelta haya perdido dinero.

El Ministerio Público y la Dirección de Defensa Pública de Cusco, que investigan el caso “compra y venta de bebes recién nacidos” en esa ciudad, solicitaron al Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil (Reniec), un informe sobre cuántos certificados de nacido vivo (CNV) fueron consignados con el nombre Lizzet Blanca Zambrano Huayhua, la bachiller de Obstetricia implicada en el caso.
Jesús Pampa Suárez, abogado de defensa de víctimas, informó a la Agencia Andina, que tomó la defensa penal del bebé, y, como parte de las diligencias de la fiscalía especializada en delitos de trata de personas, está el requerimiento de este informe.
CLAN FAMILIAR. Red criminal habría traficado con al menos 20 recién nacidos, de acuerdo a las pruebas halladas en el centro obstétrico, sostuvo el fiscal Paulo Rivera. Jueza es investigada por liberar a dos sospechosos.
“La semana pasada ha salido la providencia fiscal que dispone oficiar al Reniec para que informen cuántos CNVs habría emitido está persona para poder asentar las respectivas partidas de nacimiento de otros tantos niños. Por lo menos vamos a identificar otras presuntas víctimas“, mencionó.
Zambrano Huayhua, es requerida por la justicia, al ordenar el sexto juzgado de investigación preparatoria de Cusco, nueve meses de prisión preventiva de la libertad y su inmediata captura, al estar involucrada directamente en el presunto delito contra la dignidad humana, trata de personas.
Según el avance de las investigaciones, la mujer es bachiller en obstetricia y junto a su madre, Doris Rosa Huayhua Mamani (55), que está prófuga de la justicia, se dedicaban a la compra y venta de recién nacidos desde una clínica obstétrica clandestina ubicada en el segundo piso de la calle Tres Cruces de Oro de la ciudad del Cusco.
Mientras Huayhua Mamani los vendía, la bachiller buscaba aparentemente la legalidad del nacimiento de los niños al consignar su identidad en los CNVs. El nombre de ésta se reveló después de las detenciones de Fanny Hurtado Altamirano (45), Huayhua Mamani y Rubén Mora Cuyuchi (55), y la revisión de chats en los teléfonos incautados.
CNV desde Curahuasi
Sobre el avance de las diligencias en el caso específico del bebé rescatado el 4 de este mes, de manos de Hurtado Altamirano, se sabe que el pequeño habría nacido en una casa de Cusco, pero el CNV fue remitido supuestamente desde Curahuasi, distrito de la provincia de Abancay Apurímac.
“Los profesionales de salud tienen un código asignado, presumiblemente está persona (Zambrano Huayhua) tendría un código asignado, pero solamente para certificar nacimientos en la localidad de Curahuasi (Apurímac), por ello es que le indica a la persona que compró al menor (Hurtado Altamirano) que cuando le pregunten, ella manifieste que el menor nació en Cusco pero que fue inscrito en Curahuasi porque el código que ella maneja es para poder inscribir es en Curahuasi así está consignado en el CNV“, subrayó.
Prófuga de la justicia
Solo Hurtado Altamirano está encarcelada de forma preventiva en el penal de mujeres Qenccoro de Cusco, Huayhua Mamani fugó después de la liberación que dispuso la jueza Zulay Sánchez Farfán, mientras que Mora Cuyuchi tiene comparecencia con restricciones.
Fuente: Agencia Andina.pe

Karla Marie Peacher obtuvo Bachillerato

Con el calificativo de Summa cum laude la Bachiller Karla M. Peacher obtuvo su Bachillerato universitario en Artes, durante una emotiva ceremonia desarrollada en la Universidad de Nashville.

Vida espiritual

La fe no es simplemente un aspecto de la Universidad Lipscomb: es el núcleo de lo que somos. Cada elemento de la vida en Lipscomb está diseñado intencionalmente para enriquecer su fe, dondequiera que se encuentre a lo largo del viaje. Aquí creemos que la fe no se puede separar del resto de tu experiencia universitaria, por lo que encontrarás programas de aprendizaje mediante servicio académico, opciones sólidas para involucrarte con el ministerio universitario y una capilla dos veces por semana donde nos reunimos como una comunidad universitaria para adorar juntos.
Y para nosotros, la educación superior está ligada a un propósito superior. Ya sea que estés sirviendo en un viaje misionero internacional o aprendiendo cómo cumplir tu llamado vocacional aquí en el campus, nos esforzamos por garantizar que tu experiencia estudiantil nutra tanto tu mente como tu espíritu.

La loable labor de Monseñor José Antonio Eguren Anselmi SVC

Por Cecilia Bákula- El Montonero.
Estas palabras están destinadas a comentar mi experiencia como profesional y como mujer de fe, en relación a la labor pastoral realizada en Piura y Tumbes por Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, SVC. Nos conocimos casi por esas casualidades y oportunidades que Dios pone en el camino, pues no soy piurana, pero lo que sí sé es que desde un primer momento percibí en la personalidad de Monseñor Eguren un dínamo de actividad eficiente, de compromiso y de auténtico sentido de servicio.
Bien sabemos que Piura es una de las regiones más maltratadas y sufridas no solo por la naturaleza, sino también por el olvido del Estado, que ha desatendido esa región de vital importancia. Tanto en el fenómeno de El Niño de 1997 y 1998, como en las más recientes manifestaciones de ese fenómeno, la región Piura sufrió pérdidas tremendas, agravadas por el empobrecimiento de la población y la promesa incumplida de intervención del Estado. Recordaremos la ampulosa presencia de los “zares de la reconstrucción” que, en muchos casos, quizá reconstruyeron su propia economía, y que mostró, en conjunto, la caótica e inexistente capacidad de acción y reacción de las diversas autoridades tanto nacionales como regionales.
Sin embargo, en cada momento de crisis humana, porque El Niño afectó a miles de conciudadanos, aparece la figura de Monseñor Eguren y se le ve activamente comprometido con la posibilidad de ser un interlocutor eficiente. Esta actitud de respeto hacia el dolor humano y la posibilidad de condolerse con su grey, se manifestó de manera extraordinaria durante los duros meses de la pandemia. El covid atacó sin miramiento de clase o rango a miles de peruanos y en el norte, la situación llegó a niveles de catástrofe. Con una economía golpeada y una infraestructura venida a menos, el covid significó una especie de golpe de gracia para muchos de los nuestros en muchas regiones del país y, en especial en Piura y Tumbes. Allí surgió nuevamente la labor eficiente de la Iglesia; Eguren logró implementar entre otras acciones, plantas de oxígeno pues aunque ahora parece que lo hemos olvidado, peruanos morían por falta de ese elemento y por desatención total ante la crisis, lo que se incrementó por la falta de medicamentos y la lenta respuesta de los sectores involucrados. Monseñor Eguren aparece como un rayo de esperanza para muchos.
No obstante, eso es lo que conoce la mayoría de personas. Yo puedo dar testimonio, desde un ángulo distinto, que excedía en mucho su propia labor pastoral en la Arquidiócesis. Interesada como vivo en los temas asociados al patrimonio cultural, tuve la extraordinaria oportunidad de merecer de Monseñor Eguren la confianza respecto a dos obras emblemáticas para Piura; me refiero a las labores de restauración del templo de San Martín de Tours en Sechura y del santuario de “la Mechita” en Paita.
El caso de Sechura es del todo emblemático; el templo de San Martín de Tours es una construcción de fines del siglo XVIII que contó con el beneplácito y apoyo del Obispo de Trujillo, el ilustre Baltasar Jaime Martínez de Compañón y que, posteriormente, por ley expresa del Congreso de 1945, había sido declarado como monumento histórico. Es un templo de imponentes dimensiones, con una nave de techo de bóveda de cañón corrida y que cuenta con un hermoso retablo barroco y, en diversos ambientes, se encuentra una interesante pintura mural. Sechura ha sufrido violentos movimientos sísmicos y lluvias de gran intensidad y ello había afectado severamente al templo. Fue la insistencia de Monseñor Eguren la que permitió mover los corazones de la compañía minera Miski Mayo que asumió no solo los costos de un detallado y nuevo expediente técnico, sino de todo el proceso de restauración. Fueron meses de intenso trabajo, de atender emergencias y circunstancias a veces imprevistas, hasta que el templo con sus dos hermosas torres fue entregado a la comunidad el 17 de abril de 2016, en presencia del entonces Nuncio Apostólico del Perú, monseñor James Patrick Green.
Similar experiencia tuve en el proceso de restauración del santuario de La Mechita en la parte alta de Paita. Se trata de una construcción muy moderna realizada antes de que Eguren llegara a la diócesis de Piura y que fue, lamentablemente construido sobre un terreno deleznable, de arena y cuyo suelo es de gran fragilidad. Ese santuario que motiva la esperanza de los paiteños cuenta además con el aporte de artistas renombrados; se ve en él la mano de Adolfo Winternitz, el maestro de los vitrales en el Perú, que concibió unas singulares vidrieras multicolores aprovechando el intenso sol piurano, para generar en el interior, un ambiente de gran intimidad espiritual. Se cuenta también con la obra de Anna Macagno en la composición del retablo de plata que, lamentablemente sufrió un robo sacrílego, que está aún pendiente de solucionar y, en una pequeña capilla destacan hermosos mosaicos elaborados por Víctor Delfín.
La intervención del moderno templo ubicado en el Cerro Tres Cruces, recibió el aval legal del Estado mediante la Ley 30525 y en él se hicieron labores de reforzamiento de los cimientos colocando enormes zapatas para dar estabilidad al edificio mismo y al techo voladizo que tiene que soportar los embates del viento de la zona. Es decir que conservar esa obra moderna, sigue siendo un reto para todas las ingenierías… y está aún pendiente que el Gobierno Regional concluya el acceso y la explanada que es su responsabilidad y compromiso. La imagen de la Virgen de las Mercedes que motiva una profunda devoción en los piuranos y especialmente de los paiteños, está asociada a una antigua tradición pues la imagen fue traída al Perú en 1532. No me atrevería a señalar cuántos viajes hice con Monseñor, cuán profunda era su preocupación por dotar o mejor dicho, devolver al pueblo paiteño ese espacio sagrado para rendir culto a su patrona, la Virgen de las Mercedes y pienso que ese es uno de los pendientes que guarda en su corazón, aunque esos pendientes excedan a su propia responsabilidad. Hoy, ya muchos años después, siento inmensa gratitud por la pequeña participación que me cupo en ambos proyectos y por el privilegio de haber conocido de cerca a un auténtico pastor.
Eguren deja, además, una catedral hermosamente recuperada y, para los que no lo saben, un archivo arzobispal riquísimo que es un tesoro en el que aún está por estudiarse mucho de la historia del norte del país.
Recientemente tuve conocimiento de que había sido aceptada renuncia por el Papa Francisco, por lo que pasará ahora a una vida más retirada al dejar su responsabilidad formal. En el silencio, Monseñor Eguren lleva una cruz muy grande por la situación del Sodalicio pero ni aun en varias ocasiones cuando nos reunimos en confianza ante a una taza de café, le escuché una palabra de odio o rencor.
Estas líneas podrían resumirse solo en palabras de gratitud y reconocimiento para la persona a la que conocí: un pastor. Sus homilías y documentos son de una profunda espiritualidad, muestran un gran amor a la Virgen y un compromiso de vida, de alma y corazón con el sacerdocio por el que optó hace ya muchos años.
Me complace saber que muchos piuranos y fieles de su diócesis, sobre todos los de a pie, los que a veces no tienen voz y no solo las entidades e instituciones de la región han manifestado su tristeza por la partida de Monseñor Eguren y han expresado profundo agradecimiento en muy diversas formas. Desde mi experiencia expreso mi agradecimiento por su cercanía, su amistad; valoro todo lo que aprendí con su ejemplo y sé que, aun retirado, su vida será de compromiso con el Dios Uno y Trino, como él gusta mencionar.

Desiderata

Camina plácido entre el ruido y la prisa,
y recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio.
En cuanto te sea posible y sin rendirte,
mantén buenas relaciones con todas las personas.
Enuncia tu verdad de una manera serena y clara,
y escucha a los demás,
incluso al torpe e ignorante,
también ellos tienen su propia historia.
Evita a las personas ruidosas y agresivas,
ya que son un fastidio para el espíritu.
Si te comparas con los demás,
te volverás vano o amargado
pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes.
Mantén el interés en tu propia carrera,
por humilde que sea,
ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos.
Sé cauto en tus negocios,
pues el mundo está lleno de engaños.
Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe,
hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales,
la vida está llena de heroísmo.
Sé sincero contigo mismo,
y en especial no finjas el afecto,
y no seas cínico en el amor,
pues en medio de todas las arideces y desengaños,
es perenne como la hierba.
Acata dócilmente el consejo de los años,
abandonando con donaire las cosas de la juventud.
Cultiva la firmeza del espíritu
para que te proteja de las adversidades repentinas,
mas no te agotes con pensamientos oscuros,
muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.
Más allá de una sana disciplina,
sé benigno contigo mismo.
Tú eres una criatura del universo,
no menos que los árboles y las estrellas,
tienes derecho a existir,
y sea que te resulte claro o no,
indudablemente el universo marcha como debiera.
Por eso debes estar en paz con Dios,
cualquiera que sea tu idea de Él,
y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones,
conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida.
Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos,
el mundo es todavía hermoso.
Sé alegre.
Esfuérzate por ser feliz.
Autor: Max Ehrmann.

Norma Yarrow criticó al coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní por burlarse de Dina Boluarte: «La presidenta debió tomar acciones»

Esto luego de que en la torta de cumpleaños del jefe de la Diviac se vea dibujado el allanamiento contra la mandataria.

Por Fanni López– Diario EXPRESO.
La congresista Norma Yarrow (Avanza País) criticó al coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), por celebrar su cumpleaños con una torta alusiva al allanamiento de la vivienda presidenta de la República, Dina Boluarte.
“Critico que exista una Fiscalía en el cual permita que un representante que está viendo una investigación pueda colgar una torta de cumpleaños que esté haciendo burla a un allanamiento a una mandataria”, dijo.
La parlamentaria sostuvo que la presidenta Dina Boluarte debió tomar acciones contra el coronel de la PNP por representar con su torta de cumpleaños una burla nacimiento e internacional
“Lo que le está faltando a la presidenta (…) hace rato debió de tomar acciones (contra Colchado) no sé si destituirlo o sancionarlo. Harvey ha hecho de esto una burla nacional e internacional, este señor con la torta expone la casa de la presidenta Dina Boluarte. Esto está para cualquier calificativo”, indicó Norma Yarrow.
Además, la legisladora mencionó que existe un desbalance entre el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, debido a que no sabe para dónde la justicia se está inclinando.
“El Congreso tomó una acción contra la JNJ; el Poder Judicial hizo caso omiso a la decisión del Parlamento, quien ahora ha pedido una opinión al Tribunal Constitucional, vemos impunidad en ese caso. Inés Tello está yendo de una manera personal contra Patricia Benavides. Colchado saca una torta imitando el allanamiento a la presidenta. Vemos que la impunidad en el caso de Vladimir Cerrón que no se sabe nada, el caso de Gorriti que no entrega los celulares porque no hay un mandato del PJ; sin embargo, si se puso muy ágil para mandarnos a nosotros el asunto de la Junta y la destitución. Vemos un desbalance entre el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿La justicia para dónde se está inclinando, la impunidad para quién, y quienes pueden burlarse del país?”, criticó Norma Yarrow.
Vale señalar, que el coronel PNP celebró el 11 de abril su cumpleaños número 50, en el cual publicó una foto -en su red social- de su torta que graficaba momentos del allanamiento a la residencia de la jefa de Estado.

Colchado celebra sus 50 años con torta alusiva al allanamiento a casa de Dina Boluarte

Jefe de la Diviac festejó a lo grande

El jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, celebró su cumpleaños con un curioso pastel, se le vio adornado con dibujos en una imagen donde se encontraba fuera del domicilio de la presidenta Dina Boluarte.
“Dime de qué presumes, te diré de qué careces”, comentaron los usuarios de internet al ver las graciosas imágenes.
Un muñeco de cerámica, en alusión al agente de la Policía, sostiene un muñeco de comba con el que golpea una puerta. ¿Coincidencias con el reciente allanamiento a la casa de la mamá de todos los peruanos?
Lo cierto es que diversos usuarios de redes sociales no reaccionaron de la manera alegre, como probablemente lo hizo Colchado al apagar las velitas. Algunos de ellos relacionaron la torta como una burla al ingreso forzado a la casa de Dina Boluarte.
Peor aún cuando, entre las imágenes difundidas, muestran una del jefe de la Diviac en la puerta de la casa de Boluarte, cuando con su teléfono realizaba las coordinaciones antes del descerraje.
En la decorada imagen se ve como si el Harvey Colchado estuviera sosteniendo unos relojes y en su cabeza reluce un gorro en forma de cono típico de fiestas.
Fuente: Diario EXPRESO.
RPP tuvo acceso a la resolución de la Inspectoría General de la PNP.

Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la Diviac

Por Jair Zevallos Morón– Radio Programas del Perú.
Fuentes policiales indicaron a RPP que la salida del coronel Harvey Colchado fue dispuesta por la Inspectoría General de la Policía Nacional por “infracción muy grave“. El coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, confirmaron fuentes de RPP.
A Colchado se le inició un procedimiento administrativo disciplinario por una infracción “grave” y otra “muy grave”, por lo que se le separó temporalmente del cargo como medida preventiva.
El retiro temporal de Colchado llega después de que se difundiera en redes sociales una fotografía de la supuesta celebración del cumpleaños del coronel PNP con una torta que haría alusión al allanamiento en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, a fines de marzo.
Como se recuerda, Colchado, en su condición de jefe de la Diviac, lideró las diligencias al interior de la vivienda de la mandataria, en el marco de la investigación preliminar que afronta Boluarte Zegarra por el caso ‘Rolex’.

Presuntas responsabilidades

Según la resolución de la Inspectoría General de la Policía Nacional, a Harvey Colchado se le atribuye “haber contravenido el régimen disciplinario de la PNP”. Esto a raíz de un reportaje emitido el 11 de abril en el programa ‘Milagros Leiva Entrevista’.
En el informe periodístico se detalla que, en ocasión a los 50 años del alto mando policial, se llevó a cabo una reunión de camaradería en la sede de la Diviac y la torta de cumpleaños era una representación del allanamiento al domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, por el ‘caso Rolex’.
“Este pastel mostraba un muñeco de cerámica que simbolizaba a un agente policial sosteniendo una comba, utilizada durante el allanamiento y una puerta de color marrón, haciendo referencia al color de la puerta allanada”, señala el documento.
A ello, añade que este tipo de celebración y la elección del diseño de la torta “podrían ser considerados inapropiados y contrarios a los principios de conducta profesional esperados de un alto oficial del PNP”; además de interpretarse como “una falta de respeto a la investidura presidencial y a las instituciones del Estado”.
Asimismo, indicó que Colchado compartió en sus estados de WhatsApp la imagen de la torta y que, si bien fue eliminada posteriormente, la “captura de pantalla de la misma se difundió ampliamente en diversos medios de comunicación”.
“Esto generó una ola de comentarios y críticas hacia el investigado, lo que provocó un daño significativo a la imagen de la institución”, sobre todo porque “el investigado ostenta el cargo de jefe de la Diviac”.
Por último, la Inspectoría General de la Policía Nacional afirmó que la “conducta funcional indebida” del coronel PNP, Harvey Colchado, habría vulnerado “el bien jurídico protegido, que es la imagen institucional”.
“Esto se debió a la difusión en el ámbito público de imágenes con contenido ofensivo hacia la investidura presidencial”, finalizó.
La resolución fue firmada por el coronel PNP Giovanni Osorio Elguera, jefe de la oficina descentralizada 17 de la Inspectoría General de la Policía.

¿Qué tipo de infracciones se le atribuye a Harvey Colchado?

De acuerdo con el Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado contra Colchado, el coronel habría cometido dos infracciones: una considerada ‘Muy Grave’ (MG-92) y otra ‘Grave’ (G-53).
La Ley 30714 que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú señala lo siguiente:
MG-92: “Difundir por cualquier medio, imágenes, documentos, anónimos u otros relacionados con el servicio o el personal de la Policía Nacional del Perú afectando la imagen institucional“.
Sanción: De 1 a 2 años de disponibilidad
G-53: “Realizar o participar en actividades que denigren la autoridad del policía o imagen institucional“.
Sanción: De 2 a 6 días de sanción de rigor.