Un vistazo al nuevo trabajo de Mario Testino: Sir. Un precioso y ambicioso libro compuesto por más de 300 fotografías inéditas sobre las distintas clases de hombre. El ojo de Testino hace el retrato definitivo de personajes icónicos y de hombres de a pie.
Al gran fotógrafo peruano Mario Testino solemos asociarlo con la belleza femenina, por la infinidad de imágenes suyas, icónicas ya, que han aparecido en revistas como “Vogue” o “Vanity Fair”, muchas de las cuales forman parte de la colección permanente de MATE en Lima. Pero Testino también ha sabido transmitir la esencia de la masculinidad, no solo a través de sus retratos a incontables figuras del deporte, la moda o el espectáculo, sino también por la forma en que ha captado con su lente a hombres comunes y corrientes, que no tienen sobre ellos el aura siempre enceguecedora de la celebridad.
En SIR, una impresionante publicación de la editorial Taschen, Testino ha reunido más de 300 imágenes, entre ellas muchas inéditas, de hombres, famosos y anónimos, que él mismo fue recopilando en sus recorridos por el Perú y el mundo.
El libro, voluminoso y elegante, incluye fotografías de celebridades a escala global, como Brad Pitt, George Clooney, David Beckham, Mick Jagger o Keith Richards, pero también de un integrante de la Asociación Filigranas Peruanas del Cusco, por ejemplo, o de los miembros de la guardia de los Húsares de Junín con sus característicos uniformes. Como para ensalzar aún más su condición de publicación única e irrepetible, el tiraje de SIR es de apenas mil ejemplares, firmados por el propio fotógrafo peruano y a un precio de mil dólares, según la página web oficial de la editorial Taschen.
Fuente: Revista COSAS 594.

Por Pablo Pérez Álvarez– Diario El País
Como hace cinco siglos, cuando la llegada de los europeos a América provocó la muerte de miles de indígenas que no tenían anticuerpos para las nuevas enfermedades importadas desde el otro lado del Atlántico, en los últimos años ha llegado un virus a varias regiones indígenas de la Amazonía peruana para el que no estaban culturalmente preparados y que ya se ha cobrado un número indeterminado de víctimas mortales: el VIH.
Las primeras señales de alerta saltaron hace unos nueve años en Condorcanqui, una provincia del norte del país, fronteriza con Ecuador y habitada por las etnias wampis y, sobre todo, awajún, pertenecientes al aguerrido grupo etnolingüístico de los jíbaros, celebres por su antigua tradición de reducir las cabezas de sus enemigos. Hasta entonces, debido al aislamiento de esta y otras áreas indígenas amazónicas, se considera que los casos de sida allí eran excepcionales y muy aislados. Pero Unicef, en el marco de un programa de salud materna que tiene en la zona, comenzó a aplicar las nuevas tecnologías de pruebas rápidas y se llevó la sorpresa de que el virus estaba más extendido de lo que se creía.
Poco a poco se vio que el fenómeno se reproducía en otras partes de la Amazonía, pero Condorcanqui ha sido tomada como modelo de referencia por el gobierno peruano para diseñar la estrategia para el VIH a seguir con poblaciones indígenas, ya que, por sus condiciones geográficas y culturales, está siendo la más afectada por el problema.
Esta provincia está conformada por las cuencas de tres afluentes del río Marañón (el Cenepa, el Nieva y el Santiago). El año pasado se terminó de asfaltar la única carretera que llega hasta su capital, Santa María de Nieva, con unos 5,000 habitantes, y la dejaban a unas seis horas de viaje en coche desde Bagua, la ciudad más cercana, siempre y cuando las lluvias no hagan impracticable el camino. Al resto de los poblados, diseminados a lo largo de un territorio selvático de unos 18,000 kilómetros cuadrados (una superficie parecida a la de la provincia de Cuenca) sólo se puede llegar por río. Acceder a algunos de ellos desde Nieva puede llevar más de un día, además de resultar muy oneroso en una zona particularmente castigada por la pobreza.
A partir de 2012 se iniciaron campañas de detección del sida más amplias y las alarmas se dispararon con la multiplicación de casos detectados. El porcentaje de infectados respecto al total de población analizada ha oscilado en los últimos cuatro años entre el 1.32% y el 2.1%. Muy por encima del 0.23% de la prevalencia general de Perú, que se mantiene en los parámetros de la región latinoamericana, y más cerca de los valores de un grupo de riesgo como es el de las trabajadoras sexuales (entre el 1% y el 2%).
El coordinador nacional de la estrategia para el VIH del Ministerio de Salud peruano, Carlos Benites, indica que están utilizando una tasa del 2% como valor programático para sus previsiones, pero reconoce que el porcentaje puede variar conforme aumente el número de personas a las que se les hace la prueba. “No creemos que en ningún caso tengamos indicadores mayores del 5% de positivos, pero tampoco creemos que es una proporción como la de la población general”, admite.
Zebelio Kayap, presidente de Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, la cuenca con mayor incidencia del virus en la provincia, cree que éste pudo entrar por varias vías, como el ingreso regular de comerciantes mestizos que venden sus productos en las comunidades de las orillas de los ríos o la llegada de profesionales de otras partes del país para trabajar como sanitarios, trabajadores de la construcción y, sobre todo, profesores. También apunta a los crecientes contactos con los indígenas achuar, del lado ecuatoriano de la frontera, con mejores vías de comunicación que los awajún, y con soldados de una base militar situada en el río Cenepa.
Por último, añade el líder indígena, “salen muchos jóvenes a trabajar, a estudiar a (ciudades como) Chiclayo, Jaén, Lima. Incluso hay señoritas que están trabajando en los bares de pueblos cercanos. Esos jóvenes regresan de la ciudad y nadie controla cómo lo hacen”.
Aunque Kayap no lo menciona, entre estos emigrantes retornados también hay muchos awajún homosexuales, que cada vez son más aceptados en la zona.
“Hay una fuerte presencia de hombres que tienen sexo con hombres en comunidades indígenas amazónicas, pero estas comunidades se resisten un poco a aceptar ese tema”, advierte Benites. Algunos incluso practican el sexo con hombres sin ser homosexuales a cambio de dinero o algún regalo, algo que en la cultura awajún no es considerado prostitución. Así pueden quedar infectados y luego le trasmiten en VIH a sus parejas heterosexuales.
Pero este no es el único factor que está contribuyendo a que se extienda la enfermedad entre los awajún. El Ministerio de Salud ha hecho estudios que han encontrado que estas poblaciones indígenas amazónicas tienen una serie de conductas de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual, afirma Benites.
En la cultura amazónica, señala, hay “un inicio sexual muy temprano: desde los 10 u 11 años” y “culturalmente es aceptado tener múltiples parejas sexuales”. En el caso concreto de los awajún, un hombre puede tener incluso más de una mujer. Pero más importante todavía, destaca Benites, en estas comunidades todavía no se ha podido hacer llegar a entender la importancia del uso del preservativo, que es muy escaso”.
Este caldo de cultivo, idóneo para la expansión del VIH, ha obligado al Ministerio de Salud a tomar medidas como la de realizar la prueba rápida a todas las mujeres gestantes, empezar a medicar a los pacientes en cuanto den positivo en dos pruebas rápidas, sin esperar a la confirmación del análisis definitivo y llevar el tratamiento a los puestos de las comunidades. Hasta 2012, el único centro de tratamiento estaba en Bagua, a más de un día de viaje de la mayoría de los poblados, lo que disuadía a muchos pacientes.
Pero la geográfica no es la única barrera que está propiciando el avance del VIH-sida. “Estas poblaciones no sólo no hablan nuestro idioma, sino que no comparten nuestra forma de hacer salud y tienen una cosmovisión totalmente diferente de la nuestra”, subraya Benites.
El contacto de los awajún con la civilización occidental ha sido a menudo traumático y está plagado de malas experiencias. Por ello, predomina entre ellos el recelo frente al Estado. Los trabajadores sanitarios encuentran complicado generar confianza en el sistema de salud occidental entre los awajún. Muchos de ellos prefieren recurrir a su medicina tradicional, basada en el uso de plantas de la selva, o rechazan los diagnósticos de los centros de salud.
Milagros Osorio, coordinadora de la estrategia contra el VIH de la red de salud de Condorcanqui, trabajó durante unos años como obstetra en el puesto de salud de Kusu Kubain, una comunidad a orillas del Cenepa donde se concentra el mayor número de casos de sida de la provincia. En muchas ocasiones su trabajo chocó con las diferencias culturales. Por ejemplo, tuvo que aprender a asistir al parto vertical, tradicional en la zona, y calcular cuándo las mujeres están listas para dar a luz por el calor de su cabeza, dado que no se dejaban tocar en sus partes íntimas.
Asegura que cuando se comenzó a detectar casos del virus “había personas, incluso profesores, que no quería aceptarlo y rechazaban someterse a tratamiento”. “Decían que era brujería y se resistían a someterse a tratamiento. Tenían otras relaciones y contagiaban a más gente”, lamenta.
Para los awajún es difícil entender una enfermedad como el VIH, que aunque se puede controlar, no tiene cura, y que alguien lo puede tener y no presentar ningún síntoma. Es por ello por lo que para mucha gente de esta etnia es menos complicado atribuir los síntomas, cuando se presentan, a la brujería, a conjuros atribuidos a algunos pobladores por envidias o algún otro tipo de animadversión personal contra sus vecinos.
Pero a la fuerza ahorcan y en los últimos años han comenzado a aceptar la existencia de la enfermedad al aumentar las muertes por sida sin que las plantas medicinales ni los curanderos puedan hacer nada. “Ahora hay gente que cumple bastante el tratamiento. Se están dando cuenta de que si lo dejan empeoran y han visto cómo personas cercanas de sus familias han fallecido. Entonces tienen miedo”, explica Osorio.
Es el caso de Esli Kantuash, de 32 años y su esposa, Amanda Ugkush, de 20, de Kusu Kubain. Ambos fueron diagnosticados con VIH el pasado mes de abril, cuando ella se quedó embarazada y acudió al centro de salud. Esli estuvo trabajando varios años en grandes ciudades como comerciante y como guardia de seguridad antes de regresar a su pueblo en 2008. Está convencido de que fue en este periodo cuando contrajo el virus, que luego transmitió a su mujer.
“Cuando me dijeron que tenía VIH/sida me sentí muy mal, pensé en morirme, en separarme de mi mujer”, recuerda. “Pero la doctora nos dijo que los que tienen sida viven tomando pastillas y cambié de idea. Ahorita estamos tranquilos”, cuenta mientras sostiene a su hijo Juan, de apenas dos meses de edad.
“Queremos estar vivos, por eso estamos acudiendo al puesto de salud cada mes y estamos al tanto con nuestro tratamiento. Desde que nos diagnosticaron tomamos pastillas y estamos normales”, comenta.
“Se ha avanzado mucho, pero hay que seguir trabajando en la zona”, reconoce Osorio. Basta con hablar con algunos líderes locales para comprobar la ardua tarea a la que se enfrentan las autoridades sanitarias.
Uno de los problemas a la hora de hacer comprender el problema es la confidencialidad que por ley se aplica a los casos de infectados de sida.
Saúl Sejekan, viceapu (autoridad local elegida en asamblea comunitaria) de Huampami, la capital de la cuenca del Cenepa, cuenta un caso reciente de un joven fallecido. Extraoficialmente ha sabido que tenía sida, pero sus familiares aseguran que ha muerto a causa de la brujería.
Como en estos casos, el poblado se reúne y decide expulsar a la persona que supuestamente le ha causado el daño (usualmente identificada porque la víctima soñó con ella antes de enfermarse). Sejekan considera que el acusado en esta ocasión es inocente, pero no puede oponerse a la decisión popular. “Yo quiero que el médico nos dé el diagnóstico a las autoridades para que tratemos de hacer comprender a las personas”, dice.
El otro gran problema en la estrategia contra el sida en Condorcanqui, reclama Kayap, es la prevención. En el centro de salud de Huampami, cuartel general de la microrred de salud del Cenepa, no se ve ni un cartel alertando del sida o promoviendo el uso del preservativo.
Los médicos entregan condones a los jóvenes y a los padres de familia y les dan orientación de planificación familiar y charlas, pero no parece que esta labor tenga mucho éxito.
La Defensoría del Pueblo peruana ha denunciando la situación y exige la aplicación de una política de salud intercultural para avanzar en la integración de las etnias indígenas en el sistema sanitario público. Dicha política fue acordada mediante un proceso de dos años de consulta previa entre el Ministerio de Salud y representantes de los pueblos originarios de todo el país. Entre sus aspectos más importantes están el reconocimiento de su medicina tradicional y su articulación con la occidental.
No obstante, Daniel Sánchez, jefe del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, denuncia que desde hace más de un año se espera que el presidente peruano, Ollanta Humala, emita el Decreto Supremo que permita su implementación. “Esa política ya pasó por todos los canales de consulta y aprobación, pero no se sabe por qué el presidente tiene el Decreto Supremo en sus manos y todavía no lo rubrica”, lamenta.
Carlos Benites asevera que ya han elaborado un plan de comunicación, elaborado por un grupo de antropólogos, para concienciar a la población awajún sobre el problema del VIH y la importancia de la prevención. “El plan es que tiene fases donde lo que queremos es que se genere material comunicacional desde las mismas comunidades. No solamente folletos, sino dramatizaciones, teatro, pintado de murales…”, argumenta.
Pero la Defensoría del Pueblo reclama medidas de largo plazo que abarquen a todos los pueblos originarios, como que se cree una Dirección de Salud de Pueblos Indígenas y que se le destine un presupuesto adecuado.

Por Erika González y Tom Kucharz*
En la madrugada del jueves 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), líder de la comunidad indígena lenca y defensora de los derechos humanos y los movimientos campesinos. Su muerte, tras un asalto nocturno a su casa, se produce justo una semana después de que hubiera denunciado el asesinato de cuatro dirigentes y amenazas de muerte contra otros tantos de su comunidad indígena. En este mismo asalto también resultó herido el activista Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Berta Cáceres recibió el año pasado el premio Goldman, conocido como el Nobel del medio ambiente, por su lucha para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, situada en el río Gualcarque. Las empresas responsables de la obra eran la hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) y la mayor constructora de centrales hidroeléctricas del mundo, la multinacional china Sinohydro. Contaban, además, con la financiación del Banco Mundial.
El proyecto fue iniciado sin realizar la consulta al pueblo lenca, directamente afectado por la presa, violando de este modo los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Frente a ello, la fuerte oposición social encabezada por esta líder indígena evitó la construcción de una obra que supondría la destrucción de un ecosistema sagrado para el pueblo lenca y el desplazamiento de cientos de personas. Así, consiguieron bloquear la obra durante 21 meses, resistiendo varios intentos de desalojo y la violencia ejercida por la seguridad privada de las empresas y las fuerzas armadas de Honduras.
Como ha ocurrido con Berta Cáceres, el coste que muchas veces asumen quienes rechazan este tipo de proyectos, para defender los territorios y una vida digna de su comunidad, es su propia vida. Los anteriores asesinatos de Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez, Maycol Rodríguez y Tomás García, todos ellos de las comunidades que se oponían a la presa Agua Zarca, así lo demuestran. Y ese era un coste que la representante del COPINH tenía muy presente: “Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos”.
Berta Cáceres personificaba la valentía y el compromiso con los derechos humanos en un contexto de violencia institucional del Estado así como del poder económico y grupos armados de tipo mafioso. Y es que a partir del golpe de Estado de 2009, contra el entonces presidente Manuel Zelaya, se han acelerado los procesos que han hecho que este país centroamericano sea uno de los más peligrosos del mundo para los defensores y las defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.
En Honduras, por un lado, la profundización de las políticas neoliberales ha tenido como consecuencia el crecimiento de los latifundios de monocultivos agroindustriales de palma africana, entre otros, y el auge de numerosos proyectos mineros y energéticos. De hecho, casi el 30% de la superficie del país se ha destinado a las concesiones mineras, que necesitan para su actividad un elevado volumen de energía eléctrica y agua. Así que la destrucción ambiental y las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el extractivismo, ha ido acompañada de la inundación de cada vez más valles y comunidades de Honduras por las centrales hidroeléctricas.
Además, por otra parte, se ha reproducido una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión, como es la creciente violencia política que se ejerce contra la oposición social que representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las organizaciones campesinas y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de los movimientos sociales. Este conflicto que antepone los negocios de las multinacionales a la propia vida era descrito con mucha claridad por Berta Cáceres: “A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al poderoso sector económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada”.
Ni el golpe de Estado ni la violación sistemática de los derechos humanos en Honduras ha sido un problema para que la UE implemente un tratado de libre comercio con Centroamérica. Es más, se financian programas de entrenamiento de la policía hondureña con fondos comunitarios desoyendo las acusaciones denuncias sobre los abusos cometidos por la fuerzas del Estado.
La situación de Honduras se repite de manera sistemática en todos aquellos lugares donde se asientan las grandes transnacionales extractivas, hidroeléctricas y de la agroindustria, entre otras. No se trata de casos aislados, como lo demuestra el informe de Global Witness: en 2014 fueron asesinados 116 activistas ecologistas en 17 países. En el mismo sentido, el informe de Frontline Defenders, documenta que, por lo menos, 156 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2015. Muchos de estos casos tuvieron relación con los denominados megaproyectos, especialmente mineros.
Es una práctica que responde a la lógica del capitalismo global, porque la acumulación de riqueza por parte de las empresas transnacionales necesita de la neutralización de quienes se oponen a su actividad y plantean otras formas de vida basadas en el respeto a la naturaleza, la solidaridad y la reciprocidad. Por eso hay miles de personas que se organizan y actúan para frenar el poder de las grandes corporaciones que son perseguidas, amenazadas, criminalizadas e incluso asesinadas.
Conocemos muchos casos, lamentablemente, desde México hasta Chile, de Guatemala a Colombia. Como el de Bety Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y defensora de los derechos humanos, que tenía una intensa actividad de resistencia frente a las multinacionales mineras en su territorio y fue asesinada en una emboscada de paramilitares en el estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010. O el de la desaparición en 2011 de Sandra Viviana Cuéllar, que estaba involucrada en la defensa de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del cultivo de palma aceitera y de caña, y ha sido una de las 50 defensoras y defensores del medio ambiente asesinados en Colombia en los últimos doce años.
Y no solo se reproduce de forma sistémica la violencia, también lo hace la impunidad. Esta ausencia de acceso a la justicia por parte de las víctimas fue bien descrita, sin ir más lejos, por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada en Madrid en la primavera de 2010: “Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás, moviendo los hilos”, decía el juez tras la celebración de este tribunal ético en el que se acusó a numerosas multinacionales europeas de violar los derechos humanos en América Latina. La sentencia de esa audiencia del TPP, que contó con la participación de Berta Cáceres, constataba cómo las empresas transnacionales actúan con un alto grado de permisividad, ilegalidad e impunidad propiciado por el conjunto de contratos, acuerdos comerciales y de inversión, así como por las decisiones de tribunales arbitrales.
Al final, mientras se blindan los intereses de las grandes corporaciones, no hay mecanismos efectivos para hacer que cumplan con su deber de respetar los derechos humanos. Porque las obligaciones de las multinacionales se remiten únicamente a los ordenamientos nacionales, sometidos a la lógica neoliberal; a un derecho internacional de los derechos humanos que es manifiestamente frágil, y a una responsabilidad social corporativa voluntaria, unilateral y no exigible jurídicamente. De ahí que sea tan necesario y urgente poner fin a toda esta arquitectura de la impunidad de la que se aprovechan las empresas transnacionales y promover medidas para la rendición de cuentas.
Algunas propuestas, en esta línea, son la aprobación de normas internacionales que obliguen a las transnacionales, a los Estados y a las instituciones financieras internacionales a respetar los derechos humanos; la creación de un centro que reciba las denuncias de las comunidades afectadas e investigue los impactos de las multinacionales, y la creación de un tribunal internacional que pueda juzgar a las grandes corporaciones y sus directivos. Estas y muchas otras medidas de similar calado están siendo reclamadas por centenares de movimientos y organizaciones sociales a nivel mundial con el fin de situar los derechos de las mayorías sociales por encima de los intereses de una élite económica y política.
Todo ello para caminar hacia otros modelos de economía y sociedad que desplacen del centro del sistema a las compañías multinacionales y, como decía Berta Cáceres cuando recogió el premio Goldman, para construir “sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza”. Eso haremos, Berta, amiga y compañera, tu lucha siempre se quedará en nuestra memoria, y tu muerte no se quedará impune.
*Erika González y Tom Kucharz son miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.

Manuel Morales Álvarez plasmó en su libro del “Fondo Indígena: la gran estafa-propuestas desde los pueblos indígenas”, una compilación de todas las denuncias en torno a la corrupción en esta entidad en el que formula que el mayor problema en este tema es supuestamente el “desvío de los recursos económicos” para otras actividades ajenas al objetivo con el que fue creado el fondo.
El autor hace un repaso a los hitos de la conquista del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de los pueblos indígenas, durante el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), recursos destinados a proyectos productivos de las comunidades indígena campesina.
El largo recorrido de cinco años que tardó el Gobierno a través de sus representantes de los Ministerios, para diseñar la estructura institucional del Fondo Indígena, como el plan estratégico, el reglamento de transferencias público-privadas. Proceso en el que los pueblos indígenas habrían “sido invitados de piedra”.
Hace una revisión al informe de la Contraloría General del Estado, el que evidencia que 153 proyectos suscritos entre 2010-2011 “ninguno fue concluido”, no se presentó informes de avances y de cumplimiento, razón por la que tampoco recibieron el segundo desembolso”, cita en el libro.
La mayoría de los proyectos aprobados para 12 meses de ejecución, algunos a seis meses y otros hasta 18 meses, a cinco años de iniciado en funcionamiento del Fondo, no existen informes ni supervisiones técnicas de parte de los funcionarios de la institución.
Este hecho le lleva al autor a “suponer que la totalidad de dichos proyectos fueron ejecutados irregularmente”. Asimismo, le pone el ojo a los recursos que efectivamente habría recibido la entidad y los recursos que debieron ser transferidos por el 5% del IDH. Ahí plantea que las cifras varían, cosa que no debería ocurrir.La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó en el Senado que al Fondo ingresó 3,200 millones de bolivianos, Morales hace un cálculo de los ingresos que debió recibir esta institución y alcanza a 3,900 millones de bolivianos. Y se establece una diferencia de poco más de 727 millones de bolivianos.
“Los datos varían en una gran proporción (…). Lo que lleva a preguntar: ¿Dónde está ese dinero? Una respuesta probable es que los datos que anuncia la Ministra Achacollo respecto a los ingresos del Fondo Indígena procedan ya con un descuento del Ministerio de Hacienda, para el pago de la renta dignidad, universidades indígenas y el Instituto de Reforma Agraria”.
Morales sostiene que se habrían ejecutado “mutilaciones, apropiaciones y uso indebido del dinero del Fondo” y demuestra ello con base en el informe de gestión 2012 que se destinaron a actividades no productivas como transferencia al Ministerio de Trabajo, a la renta dignidad, a la UNIBOL, transferencia consultores en línea para el INRA, para el Fondo de Educación Cívica y al Sistema de Apoyo Técnico para las Organizaciones Matrices Nacionales.
Fuente: Diario Página Siete.

La caída en desgracia de Evo Morales

El de Bolivia es otro revés para la izquierda dura de Latinoamérica, que ha sido golpeada por el fin del auge de las materias primas, por los casos de corrupción que manchan a sus gobiernos y porque la gente quiere alternancia en el poder.
Aunque le quedan más de tres años para terminar su actual período como Presidente de Bolivia, Evo Morales convocó a un referéndum el 21 de febrero para cambiar la Constitución, de modo que esta le permitiera postular a un cuarto período en 2020. Esta planificación con excesiva anticipación, en una región acostumbrada a la improvisación de último minuto, olía a cierto nerviosismo por los tiempos más duros que le esperan a Bolivia. Y le salió el tiro por la culata: con casi todos los votos escrutados, el “No” ganó con el 51,3%. Aunque por un estrecho margen, los bolivianos le propinaron a Morales su primera derrota electoral seria desde su elección en 2005.
Este revés para el Presidente de Bolivia repercutirá en Sudamérica. A pesar de su apoyo a la “revolución bolivariana” de Hugo Chávez en Venezuela y su incansable retórica antiestadounidense, Morales es el más responsable en materia fiscal de los líderes izquierdistas de la región.
Igualmente es el más popular y era el más firme de ellos políticamente, gracias a su etnia (es de origen aimara), a su insistencia en la inclusión social y a las recientes propuestas pragmáticas al sector privado. La economía, la que ha sido mantenida a flote por las exportaciones mineras y de gas natural, ha crecido en un 5% anual aproximadamente durante una década.
Ahora está aflojando el paso. Mientras, el gobierno de Morales se ha visto sacudido por escándalos de corrupción. “Quizás nuestro apoyo no es lo que era”, reconoció el Mandatario al periódico español El País en la víspera del referéndum.
Eso corre con mayor razón para la izquierda en otras partes de la región. Ha sufrido derrotas electorales en Argentina y Venezuela. En Ecuador, Rafael Correa declaró que no postulará de nuevo el próximo año. En Brasil, no es seguro que el gobierno de Dilma Rousseff sobreviva hasta el final de su período en 2018. Esta semana Joao Santana, el gurú de campaña de Rousseff, fue arrestado por sospecha de haber recibido sobornos. Si se comprueba esa acusación, eso podría hacer que la corte electoral convoque a nuevas elecciones. En Chile, Michelle Bachelet, una Presidenta antes muy querida, decae en las encuestas.
Tres cosas están detrás de la caída en desgracia de la izquierda. Una es que el auge de las materias primas llegó a su fin. Los gobiernos de Venezuela (en especial), Brasil y Argentina no hicieron ningún esfuerzo por ahorrar esas ganancias inesperadas provenientes del auge. Por no querer correr el riesgo de la impopularidad y la derrota electoral, siguieron gastando mientras los precios de las materias primas empezaron a caer. Eso es un viejo error. Como Morales dice, él le aconsejó a Chávez que “no puede seguir dando tantos subsidios”. Y agregó que “para mantener la ideología, tiene que garantizar que el pueblo tenga alimentos”.
El segundo factor es la corrupción, especialmente en Venezuela y Brasil. De los gobiernos de izquierda solo el de Uruguay ha salido sano y salvo de los escándalos. Tercero, después de una década o más de predominio izquierdista, los votantes quieren rostros nuevos y la alternancia en el poder.
Todo esto significa que la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de Argentina en noviembre pasado tal vez presagie nuevos éxitos electorales para la centroderecha. Después de una década en la que gran parte de Latinoamérica tenía la mirada puesta en China, Barack Obama será muy aplaudido cuando visite Argentina y Cuba el próximo mes.
Tiempos difíciles
Sin embargo, gobernar se ha vuelto más difícil para todo el mundo en la región. Es verdad, la diferencia entre los países bien administrados, como Colombia y Perú, y aquellos que cometieron errores es significativa: tasas de crecimiento económico del 2% al 3% y una inflación del 2% al 7% se perciben mucho mejor que las recesiones y una inflación por sobre el 10%. Pero los tiempos de ingresos fiscales ilimitados y una fácil popularidad terminaron. Y la corrupción no es un monopolio de la izquierda, como lo atestigua Otto Pérez, Presidente conservador de Guatemala, quien fue derribado por un movimiento ciudadano el año pasado y está en juicio por malversación.
Para abordar la corrupción se necesita el trabajo paciente de construir el imperio de la ley. Y para dar un impulso al crecimiento económico se requiere de la durísima labor de mejorar la productividad y competitividad, mediante una mayor inversión en infraestructura, una mejor educación, mercados laborales más eficientes y así sucesivamente. Sobre todo, estas tareas necesitan estados más pequeños pero más fuertes y eficaces.
¿Cómo lograrlo? “El problema económico más importante hoy en día es político: que las diversas esferas de la sociedad lleguen a un acuerdo para poner mucho más énfasis en la transformación productiva”, aconseja Enrique García, de CAF (Corporación Andina de Fomento), un banco de desarrollo.
Eso es algo en lo que Latinoamérica ha sido muy débil. En el pasado, la derecha ignoraba la desigualdad y la pobreza. La izquierda puede atribuirse el mérito de poner estos temas en el centro de la agenda política, a donde pertenecen. Pero el auge de las materias primas también sirvió para dar nueva vida a las antiguas ideologías.
Fueron muchos los líderes de izquierda que gobernaron a través de la política del enfrentamiento antes que a través de una creación de consensos.
La región entró ahora en un período de ciclos políticos más cortos, más volátiles, en los que los ganadores serán aquellos que logren guiar el apoyo hacia los cambios que son difíciles pero que ya se deberían haber hecho.
Fuente: The Economist Internacional y Diario El Mercurio.

Senador del MAS fue aprehendido por vinculación con el caso del ex Fondo Indígena

El senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Boliviana, Jorge Choque Salomé, fue vinculado con proyectos “fantasmas” financiados con dineros del ex Fondo Indígena. La Constitución Política del Estado establece que no se le puede aplicar la medida cautelar de detención preventiva.
Por Angel Guarachi- La Razón Digital
El presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Boliviana del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Senado, Jorge Choque Salomé, fue aprehendido hoy en la tarde tras prestar una declaración informativa en la Fiscalía en el marco de la investigación iniciada por 153 proyectos “fantasmas” con dineros del ex Fondo Indígena.
El legislador, quien a mediados de septiembre dijo que no pedirá licencia para ser investigado, fue responsable legal de cuatro proyectos que no fueron concluidos desde 2010. Las obras figuran en la lista de 153 proyectos observados por la Contraloría y que son sujetos de investigación bajo la responsabilidad del  fiscal Angelo Saravia.
Choque fue aprehendido y guarda detención en celdas judiciales a la espera de una audiencia cautelar, que definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel. No obstante, el artículo 153 de la Constitución Política del Estado prevé que a los legisladores “no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante”.
Está vinculado con los proyectos irregulares de “Sistema de Microriego-Ayahuayco, Provincia Loayza, La Paz”, “Producción de forraje y semilla certificada (Alfa, Avena y Pasto Ovilla en el municipio de Sica Sica”, “Producción de forraje con semilla certificada (Alfa, Avena y Pato Ovilla en el municipio de Ayo Ayo)” y de “Producción de forraje con semilla certificada (Alfa, Avena y Pato Ovilla en el municipio de Collana)”.
La exministra de Justicia Julia Ramos fue otra de las vinculadas con hechos irregulares y ayer fue aprehendida debido a su responsabilidad en la aprobación de ocho proyectos “fantasma” en 2010 con un daño económico al Estado de Bs 7,5 millones.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, anunció que será imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y legitimación de ganancias con afectación al Estado.

Rodolfo Machaca y Juanita Ancieta presionaban para beneficiarse con proyectos del exFONDIOC

El exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, denunció que Rodolfo Machaca, Juanita Ancieta y otros dirigentes recurrían a la violencia física y psicológica para favorecerse con proyectos.
“Rodolfo Machaca, Ever Choquehuanca, Juanita Ancieta, Hilarión Mamani ejercían violencia física, iban con su chicote al Fondo Indígena, ejercían violencia psicológica y violencia verbal, ellos eran dueños del Fondo Indígena”, afirmó Aramayo.
El exdirector dijo que fue tanta la presión que llegó a ser “un empleado” más de los dirigentes, porque no emitía ninguna opinión y cumplía órdenes que pedían la aprobación de proyectos, lo cuales no han sido ejecutados.
Aramayo señaló que solo se limitó a cumplir órdenes del directorio y de autoridades de las organizaciones indígenas, quienes ahora no dan la cara para explicar las distintas irregularidades.
Fuente: www.noticiasfides.com

El actor estadounidense de cine y televisión Alec Baldwin visitó el Pabellón Perú de la COP 21 de París, para participar de un diálogo con representantes de las comunidades indígenas amazónicas y andinas peruanas sobre el tema de la conservación de bosques, informó el Ministerio del Ambiente.
Alec Baldwin, conocido por sus roles en el Aviador y The Departed, entre otras, resaltó el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza y la preservación del ambiente.
“Estoy aquí para aprender de la realidad de los pueblos indígenas y su cultura. Lo importante, más allá de toda discusión, es proteger los bosques y el agua”, indicó
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, agradeció al actor su presencia en el espacio que el Perú tiene en la COP21.
“Con el apoyo de personalidades reconocidas como Alec Baldwin es posible incrementar la difusión de nuestros mensajes y llegar a más personas. Por eso agradezco que el Sr. Baldwin nos acompañe esta tarde”, dijo.
Representando a las comunidades peruanas participaron de la reunión Diana Ríos, miembro de la etnia asháninka y Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria.
El también ganador del Globo de Oro es desde hace algunos años un activista por la revaloración de las comunidades indígenas, la conservación de los bosques, la fauna, los paisajes agrícolas, los recursos naturales y los derechos sobre la tierra.
Alec Baldwin participa en la COP21 de París en diversas actividades de sensibilización en estas temáticas. Una de ellas fue el Premio Ecuatorial 2015, entregado anoche a representante de comunidades indígenas de 20 países.
Fuente: Diario Correo.

COP 21 : trois points clés pour un accord à Paris

Par Emmanuelle Réju- La Croix
Si la tension monte, les discussions se poursuivent dans un esprit pour le moment constructif.
Le langage reste toujours aussi policé. Pas une prise de parole publique sans un hommage appuyé aux collègues de négociation, au président des débats ou à son voisin de micro. La courtoisie est une des caractéristiques des conférences onusiennes, alors même que la tension commence à monter à mesure que se rapproche l’échéance de jeudi 10 décembre fixée par Laurent Fabius pour obtenir un projet d’accord finalisé.
Trois points majeurs de l’accord de Paris, censé entrer en vigueur en 2020, restent encore en débat, et le resteront sans doute jusqu’au bout.

2 DEGRÉS OU 1,5 DEGRÉ ?

Les dés semblaient jetés. L’accord de Paris devait fixer comme objectif de long terme la limitation à 2 degrés de la hausse de la température moyenne à la surface du globe. Mais la pression se fait de plus en plus vive, notamment de la part du groupe des pays les plus vulnérables, pour que cet objectif soit porté à 1,5 degré.
«La hausse moyenne de la température a déjà atteint 1 degré et cela se traduit pour nous par de véritables tragédies», a encore rappelé mardi 8 décembre le porte-parole de ces 43 pays –dont les Philippines, l’Éthiopie et les petites îles– les plus impactés par le réchauffement climatique.
L’inscrire dans l’accord serait extrêmement ambitieux. « Cela sous-entend de supprimer l’utilisation de combustibles fossiles dans le système énergétique d’ici à 2050 et les émissions de la totalité des gaz à effet de serre d’ici à la fin du siècle », décrypte Wael Hmaidan, conseiller pour le groupe des pays les plus vulnérables.
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Un défi de taille mais pas impossible selon lui. « Les coûts des énergies renouvelables ont décliné de manière spectaculaire ces dernières années et beaucoup plus vite que prévu », assure ainsi l’institut scientifique « Climate analytics ».
Cette proposition a reçu un bon accueil de la part de la présidence française, mais aussi du négociateur américain. La Chine et l’Inde n’y seraient pas non plus fermement opposées. « En revanche, cette proposition est totalement bloquée par le groupe des pays arabes, sous l’influence de l’Arabie saoudite », assure Wael Hmaidan.

UNE CLAUSE DE REVOYURE?

C’est un mécanisme indispensable pour parvenir à l’objectif fixé, qu’il soit à 2 ou à 1,5 degré. À l’heure actuelle, 185 pays ont déposé sur le bureau du secrétariat de la convention climat leurs plans nationaux de lutte contre le changement climatique. « Un chiffre absolument fabuleux et inespéré il y a encore un an », souligne l’ambassadrice française pour le climat Laurence Tubiana.
Il n’empêche : si le pire est évité, ces contributions mises bout à bout conduisent le monde à un réchauffement compris entre 2,7 et 3 degrés, à condition en outre d’être réellement mises en œuvre.
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Un consensus semble donc se dessiner pour inscrire dans l’accord le principe d’un mécanisme de révision régulier de ces « contributions », avec l’idée de les rehausser, a priori tous les cinq ans (l’Inde souhaiterait par exemple tous les dix ans). Cet exercice de réexamen pourrait aussi porter sur les financements et les transferts de technologies promis par les pays développés aux pays les plus vulnérables.
Mais c’est la date de démarrage du processus qui fait débat. « Certains pays voudraient commencer dès 2017, d’autres parlent de 2025 – ce qui est beaucoup trop tard – il faudrait se rapprocher de 2020 », a relevé lundi 7 décembre Nicolas Hulot.

QUI PAYE QUOI ?

En 2009, les pays développés avaient promis 100 milliards de dollars (92 milliards d’euros) par an à partir de 2020 aux pays en développement pour les aider à faire face aux impacts du changement climatique et à entamer leur transition énergétique.
«Nous sommes déçus, a déclaré mardi 8 décembre le ministre indien de l’environnement Prakash Javadekar. Nous n’avons pas encore reçu d’assurance sur la mobilisation réelle de ces financements».
Avec sa collègue sud-africaine, Prakash Javadekar considère que le rapport de l’OCDE faisant état d’une mobilisation actuelle de 62 milliards de dollars n’était pas recevable car sa « méthodologie » n’a pas fait l’objet d’une discussion commune.
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« Nous ne sommes pas encore aux 100 milliards et personne n’est capable de dire exactement où nous en sommes, a reconnu mardi 8 décembre la secrétaire exécutive de la convention climat, Christiana Figueres. Mais nous nous en approchons à grand pas. »
L’Union européenne et les États-Unis souhaitent élargir pour la suite le nombre potentiel de «contributeurs», avec des pays devenus des puissances économiques comme la Chine, le Brésil, ou Singapour.
La question reste épineuse mais un consensus semblait émerger ces dernières heures, entre la Chine, les États-Unis et l’Union européenne : les aides financières des pays « en capacité de le faire » seraient volontaires et ne pourraient venir qu’en complément des 100 milliards promis par les pays développés.

Por Boris Miranda- BBC Mundo
El caso de corrupción es considerado como el más grande desde que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2006.
La justicia de aquel país halló 49 obras “fantasma” y proyectos observados por los que se giraron US$6,8 millones de arcas públicas a cuentas privadas de referentes del partido de Evo Morales.
205 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de una exministra, dos senadores y dos dirigentes de organizaciones que son parte del oficialismo en Bolivia.
El fin de semana, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, dio un informe sobre el caso que en ese país es conocido como “Fondo Indígena”.
“Aquí no hay persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes”, explicó el titular del Ministerio Público.
Fondo Indígena era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia. Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno de Evo Morales después de que estalló el escándalo de corrupción. La justicia de Bolivia halló 49 obras “fantasma” y proyectos observados por los que se giraron US$6,8 millones de arcas públicas a cuentas privadas de referentes del partido de Evo Morales.
El gobierno boliviano aseguró que no va a proteger a ninguno de sus referentes y líderes que puedan estar involucrados en el caso.
“La justicia tiene que actuar de manera independiente, sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se lo deba hacer”, aseguró el vicepresidente de aquel país, Álvaro García Linera.

Los acusados

En los 10 meses previos, desde que la Contraloría General de Bolivia denunció irregularidades en al menos 153 obras financiadas por el Fondo Indígena, otras 205 personas fueron procesadas.
Según explicó el fiscal Guerrero, la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Julia Ramos es acusada por incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Añadió que Ramos recibió desembolsos en su cuenta personal de alrededor de US$2,8 millones por la ejecución de 28 proyectos observados.
Ramos, en breve contacto con los medios, calificó su detención como “un show mediático” y aseguró que todo “se va a esclarecer”.
Es la primera vez que un exministro de Evo Morales resulta detenido por un hecho de corrupción.
Los senadores Jorge Choque y Felipa Merino son investigados por cinco proyectos “fantasma”. Ambos también fueron detenidos involucrados con desembolsos de más de US$500.000.
Los dirigentes oficialistas Melva Hurtado y Remy Vera, así como el disidente Damián Condori, también guardan detención y fueron imputados por la fiscalía por varios delitos y decenas de proyectos “fantasma” que estuvieron bajo su directa supervisión.

El dinero

El debate en Bolivia se concentra en el destino del dinero salido de las arcas públicas destinado a proyectos que no se concluyeron o a obras que jamás fueron empezadas.
Si bien la fiscalía boliviana detectó malos manejos por US$6,8 millones, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, informó en agosto que el daño económico podría alcanzar los US$14,9 millones.

Pocos días después del informe de la interventora, la alta dirigente oficialista Nemecia Achacollo renunció a su cargo de ministra de Desarrollo Rural.
En la semana hizo público que se presentará a declarar si es convocada por la justicia boliviana.
La oposición de aquel país y dirigentes en la disidencia han denunciado que una parte de los recursos del Fondo Indígena fue aprovechada por el partido de Evo Morales para campañas electorales y actos proselitistas, algo que ha sido negado por el oficialismo.

Las críticas

El partido de Evo Morales insiste en que no encubrirá a ninguno de sus líderes que pueda resultar involucrado en el escándalo, sin embargo las críticas se multiplicaron después de que cinco referentes oficialistas resultaron involucrados y detenidos.

Rafael Puente, viceministro de Régimen Interior de Evo Morales durante su primer año de mandato, criticó duramente a las dirigencias sindicales y campesinas oficialistas involucradas en el caso por “perder el rumbo” y por aprovechar sus cargos en el Estado para obtener beneficios particulares.
Como Puente, en los últimos años varios ex ideólogos y ex autoridades gubernamentales insinúan que organizaciones sindicales y sus dirigentes fueron “cooptados” para cumplir objetivos proselitistas y partidarios.
En varias oportunidades el presidente boliviano se refirió a las organizaciones indígenas y campesinas como la “reserva moral de la humanidad”, sentencia que ahora es cuestionada por culpa de lo sucedido con el Fondo Indígena.
No es el primer caso de corrupción en el gobierno de Morales en los casi 10 años que lleva en la presidencia, sin embargo sí es la ocasión en la que las organizaciones que dan sustento a su partido se han visto más salpicadas.
Las consecuencias de ello podrán medirse el 21 de febrero del año próximo, cuando los bolivianos acudan a las urnas para decidir si Evo Morales puede ser candidato a la presidencia una vez más.

Por Jordi Batallé/ Radio Francia Internacional.
Se acaba de abrir en París la Conferencia de las naciones Unidas sobre el Clima, la COP21, en la que durante dos semanas, responsables políticos, expertos científicos y ONG van a debatir para encontrar una acuerdo sobre el objetivo y los medios necesarios para limitar el cambio climático que conlleva un calentamiento global.
En este contexto han venido a París, Hector Martin Manchí, Ana Espejo, Miguel y Henry Samaniego Arroyo, originarios de la región peruana de Junín, para participar en los debates y poner sus reivindicaciones sobre el tapete.
Héctor Martín Manchí, originario de la comunidad de Pampa Michi, en la selva central, es titular de un master de ganadería. Después de haber trabajado en distintas regiones de Perú, vuelve a la selva y es elegido presidente de la CECONSEC Federación de Comunidades nativas de la Amazonía peruana, responsabilidad que ejerce hoy de manera no profesional. Trabaja en la defensa de los derechos de las poblaciones nativas, como la propiedad de sus tierras, la calidad de su medio ambiente o el acceso a la educación entre otros.
Los asháninkas son el mayor pueblo indígena de la Amazonía del Perú. Su modo de vida tradicional se basa en un excelente conocimiento e la selva tropical, fuente de su alimentación, de materiales de construcción, de medicinas, etc. La pescan la caza y la recolección, son completadas por algo de agricultura.
Muy afectados por el terrorismo de los años 80, se enfrentan hoy a los desafíos del siglo XXI: deforestación e instalación de agriculturas intensivas, contaminación de ríos, explotación petrolera, llegada de medios de comunicación (carreteras, teléfono o Internet) y de la sociedad de consumo. Ana Espejo López, no es ashánika, es originaria de Huancayo, y titular de un master de gestión social, lo que le ha permitido trabajar en diversas ONG peruanas. Actualmente es coordinadora en la ONG SEPAR, del programa de gestión medioambiental y acción climática, basado en la selva central. Implicada en el trabajo de los asháninkas de la CECONSEC, trabaja para diferentes proyectos en estas comunidades.
Miguel y Henry Samaniego Arroyo son hermanos de una familia con 10 hijos y poseen un amplio conocimiento de la cultura asháninka. Miguel de 33 años, estudio educación antes de interesarse en el desarrollo económico de su comunidad. Ha llevado acabo varios proyectos en el terreno del agroturismo, cultivo del café, o la apicultura. Es maestro de escuela primaria. Henry de 26 años, deja su comunidad de origen, en plena urbanización, por la de Alto Purus con 6,000 hectáreas de selva, donde realiza un importante trabajo en defensa de los derechos de su comunidad ante las autoridades peruanas.

Por Edmundo Cruz y Elizabeth Prado
Se sabe que en los ríos Santiago, Ayambis, Comainas, Vergel, Ampama y otros cercanos a puestos de vigilancia se lava oro. Recordemos además que el ex Banco Minero tenía establecida una oficina para comprar el metal precioso en Santa María de Nieva.
Lo cierto es que, de acuerdo con los registros de la historia, la Cordillera del Cóndor es depositaria de una veta de oro que atraviesa los dos lados de la frontera peruano-ecuatoriana y que viene siendo explotada desde cinco siglos atrás.
Juan de Salinas Loyola, fundador de una docena de ciudades en la cuenca amazónica, entre ellas Santiago de las Montañas, Santa María de Nieva y Jaén de Bracamoros, en uno de sus informes al Rey de España, en la segunda mitad del siglo XVI, refirió lo siguiente: “En junio de 1569, antes de partir a España, dejé descubiertas minas muy ricas conforme a las muestras que se recogió en Santiago de las Montañas y Santa María de Nieva”.
Diez años más tarde, el mismo Salinas hizo esta prevención a la Corona: “Si los quintos reales de Vuestra Majestad no se acrecen en cada año dos o tres veces más, la causa es que no hay suficientes indios para sacar tanto oro como se ve”.
RESERVAS ACTUALES
Sobre el volumen de la veta aurífera de la Cordillera del Cóndor sólo se conocen registros formales del lado ecuatoriano.
La suma de las reservas probadas de oro declaradas por las empresas canadienses y chinas que operan en el lado ecuatoriano de la Cordillera del Cóndor se estiman en 18 millones de onzas. En tanto que las reservas del proyecto Mirador de la empresa de capital chino Ecuacorrientes S.A., ubicado frente a Tiwinza, alcanzan a 673 millones de toneladas de mineral con 0.58% de cobre y 0.18 g/1 de oro.
Hay una empresa china hoy día desarrollando un proceso de explotación y piensan hacer un tren que saque el mineral hasta Machala a Puerto Bolívar.
Sobre el potencial correspondiente por el lado peruano consultamos con el empresario Jorge Bedoya, promotor de la Empresa Minera Afrodita, concesionaria nacional.
-Yo estimaría la misma cantidad de 18 millones de onzas de oro que registra Ecuador. En el lado peruano la única empresa que ha podido hacer exploración es Afrodita. A nosotros nos faltarían entre 5 y 8 años de exploración para descubrir lo mismo que ha descubierto Ecuador-, reconoció el empresario minero.
Hitos en la Cordillera del Cóndor se colocaron por territorio peruano
José Boza, diplomático con el grado de ministro e integrante de la Comisión Demarcadora de 1999, explicó el protocolo de colocación de hitos en la década del 40.
La única ciudad amazónica capaz de servir como base para el trabajo de la Comisión Binacional Demarcadora en los años 40 era Iquitos. Más fácil resultaba surcar los ríos por Perú que por Ecuador, que no tenía las ciudades y carreteras que tiene hoy. Por tanto, es errado afirmar que los hitos mencionados en este informe fueron colocados desde lado ecuatoriano, peruanos y ecuatorianos navegaron hasta llegar a El Cénepa y luego siguieron por el Comainas. Avanzaron por donde los llevaban los afluentes de este río y desde cada uno de ellos caminaron, a selva traviesa, en dirección a la línea divisoria de aguas y colocaron los hitos.
José Boza basó su explicación en el Cuaderno de Trabajo de la Comisión Demarcadora de los años 40.
Fuente: Diario La República.

Por Luis Ortigas Cúneo- Presidente de Perupetro
Perupetro asumió, en el año 2012, con optimismo y compromiso, el encargo de implementar la consulta previa en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Hoy podemos afirmar con satisfacción que hemos logrado avances importantes en este proceso, porque estamos convencidos de que el diálogo es el mejor instrumento democrático que permite a ciudadanos y al Estado alcanzar consensos que impulsen el desarrollo y lo hagan sostenible en el tiempo.
En diciembre del 2013, Perupetro suscribió el acta de la primera consulta previa a nivel país, por el lote 169, con cuatro pueblos indígenas de Ucayali. Este importante esfuerzo por institucionalizar el diálogo, ha permitido celebrar a la fecha cinco procesos de consulta. Es un trabajo intenso, pero fructífero.
Como siempre hemos manifestado, la consulta previa es un aprendizaje constante, tanto para el Estado como para las comunidades y, por supuesto, perfectible en el camino; hay muchas lecciones aprendidas que nos permitirán ir mejorando, pero lo más importante es que estamos implementando una nueva política pública con los desafíos que ello conlleva. Cabe resaltar, además, que el Perú ha sido el primer país de la región en crear instrumentos para cumplir con el Convenio 169 de la OIT.
Hoy, nos parece importante destacar el proceso de consulta previa del lote 192, que más allá de la aprobación de una medida administrativa para el desarrollo de un proyecto, debe ser entendido como un mecanismo que fortalece los canales de comunicación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Los primeros pasos ya se han dado. Perupetro y las federaciones vinculadas al lote 192, suscribieron el “Acta de Lima del 10 de marzo del 2015”, documento que recoge los acuerdos que permitirán iniciar este acercamiento en abril próximo.
Perupetro implementará un diálogo, claro, respetuoso, transparente y de buena fe, principios que constituyen la base para alcanzar consensos y conciliar posturas.
También representa una valiosa oportunidad para demostrar que la inversión y los pueblos indígenas no son irreconciliables, que sí es posible la inversión con desarrollo sostenible, con inclusión, con respeto a sus derechos y con las mayores exigencias ambientales, de acuerdo a la normativa vigente.
El lote 192 es el de mayor producción de petróleo en el Perú y representa el 17 por ciento de la producción total del país. Las regalías recaudadas en los últimos 10 años ascendieron a 1,687 millones de dólares y el canon fue de 785 millones de dólares. Sin duda, recursos de vital importancia para la región Loreto.
Estamos convencidos de que este proceso de diálogo de buena fe no termina con la firma del acta de consulta, sino que será la oportunidad para demostrar que Estado-empresa-pueblos indígenas actúan como socios comprometidos con un mismo propósito, el desarrollo sostenible con respeto y equidad, para beneficio de todos los peruanos.
Fuente: Diario Gestión.

La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI–SC) informó que terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso están azuzando a la población local para crear conflicto con las fuerzas del orden.
Durante una conferencia de prensa, ARPI incluso señaló que estará ausente de la mesa de diálogo que se instalará en Pichanaki debido a que ha sido impulsada por estos grupos extremistas que buscan sacar provecho de la negociación.
“No vamos a sentarnos al lado de irresponsables que tienen que responder por la muerte y los heridos al haber provocado un enfrentamiento con las fuerzas del orden utilizando a niños y mujeres”, afirmó Lyndon Pishagua Chinchuya, coordinador de ARPI.
Asimismo, la asociación exigió que Humberto Paredes Vargas y Carlos Chavarría Vilcatoma pidan perdón al pueblo indígena -que fue afectado por las protestas- “por haber mancillado” a sus dirigentes y “ser responsables del sangriento escenario que vivió Pichanaki la noche del martes y el miércoles de la semana pasada”.
“Deben pedir perdón; si no, nos declaramos en pie de lucha contra estos extremistas llamados ‘frentes de defensa’, y contra los comunicadores que desinforman y azuzan a la violencia en la selva central”, sostuvieron los dirigentes indígenas en un comunicado propalado a los medios.
La asociación regional concluye haciendo alusión a la infiltración de los terroristas en las protestas. “Nosotros reafirmamos la unidad de los pueblos originarios contra los grupos extremistas de Sendero Luminoso y el MRTA, que, disfrazados de frente de defensa ambiental, vienen sembrando ideas disociadoras y conflictivas confundiendo a los hijos de todo el pueblo”, finalizó.
Fuente: Diario Perú21.
Párroco Ricardo García García insiste en que Pluspetrol deje la selva central y no opere el lote 108. Según él, es un tema que se debe discutir en mesa de diálogo. Comitiva del Ejecutivo ya viajó a la zona.
Por Sandra Alvarado S.- Diario Gestión
Para quienes se oponen a las operaciones de Pluspetrol en Pichanaki (Junín) no bastaría que la empresa haya salido de dicho distrito. El párroco de esa localidad, Ricardo García, sostuvo que la compañía debe de retirarse de toda la selva central y abandonar el lote 108.
“El objetivo es que Pluspetrol deje el lote 108 porque no ha habido consulta previa, no se les preguntó a las poblaciones originarias (si estaban de acuerdo con las operaciones)”, dijo en diálogo con Gestión.
García insistió en que ese es el primer punto de la plataforma de lucha del Frente de Defensa Ambiental y debe ser abordado este jueves cuando se desarrolle la mesa de diálogo (Gestión 12.02.2015).
Cabe señalar que Pluspetrol sostiene que para llevar a cabo las actividades de exploración ha cumplido con todos los requisitos legales, ambientales y sociales.
Al consultarle sobre la postura de un sector de pueblos indígenas de la selva central que sí está a favor de las operaciones extractivas, García dijo que eso no quita que se deba hacer primero la consulta.
Comitiva
Una comitiva del Poder Ejecutivo viajó a Pichanaki para coordinar el inicio de la mesa de diálogo con los pobladores.
El equipo está encabezado por el titular del Ministerio de Agricultura, Juan Manuel Benites, quien reconoció que el Gobierno minimizó el tema.
“Lamentablemente, pienso que sí. Efectivamente, hubo un exceso de confianza, se minimizó de alguna forma el tema y eso ocasionó que hubiera una escalada como la de la semana pasada”, expresó en diálogo con Canal N. En la comitiva van representantes de diversos sectores.
Advierten protesta contra Las Bambas
Isaac Humala señaló que al igual que en Pichanaki se prevé una acción mucho más fuerte en el proyecto Las Bambas.
Indicó en Ideeleradio que así lo impulsará el etnocacerismo, agrupación cuyo líder es su hijo Antauro Humala.
Como se sabe, uno de los impulsores del paro en Pichanaki es el etnocacerista Carlos Chavarría.
No obstante, dijo que no podía dar detalles sobre si existen vínculos entre su hijo y los sucesos en Junín.
Incluso, Humala dijo que Chavarría recibió lecciones del director de las escuelas del etnocacerismo Fernando Bobbio.
Presos unidos
Por Cecilia Valenzuela- Diario El Comercio
El pacto político entre el MAS de Gregorio Santos, preso en el penal de Piedras Gordas en Lima, y el etnocacerismo de Antauro Humala, preso en el penal Virgen de la Merced, también en Lima, se concretó el último 9 de febrero en la selva central. El incidente de Pichanaki dejó un muerto, 32 heridos y una alianza radical insoslayable.
Los interlocutores, Ydelso Hernández Llamo, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-Perú), militante fundador del MAS y mano derecha de Gregorio Santos, y Roberto Carlos Chavarría, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, cómplice activo del ‘andahuaylazo’ y hombre de confianza de Antauro Humala, planificaron el paro que comenzó el último 9 de febrero en la selva central, el domingo 11 de enero en un mitin convocado por la Asamblea Nacional de los pueblos del Perú y el Tahuantinsuyo, coordinada por el ex emerretista Wilfredo Saavedra.
Los requerimientos del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Selva Central, pasan por la expulsión del Consorcio Pluspetrol, la cancelación de la licencia a la empresa minera Sismsa, la paralización de las Hidroeléctricas de Yanango y La Virgen en el río Tarma y las de Chimay y Tingo en el río Tulumayo; la derogatoria de la ley de hidrocarburos, la compra de deudas y otorgamiento de créditos por Agrobanco, entre otros requerimientos.
El martes 10 de febrero, mientras ocurrían los enfrentamientos provocados por los etnocaceristas en Pichanaki, la Cunarc hacía que en las radios del interior del país, sobre todo en la sierra y en la selva central, se leyera un comunicado firmado por su presidente, Ydelso Hernández, en el que le decían a la población que la contaminación causada por las exploraciones realizadas por Pluspetrol en la zona eran irreversibles y que “en estos instantes ocurría en Pichanaki una masacre de mujeres y niños ordenada por el gobierno central”. Y añadía que, además del muerto y  los heridos, había tres desaparecidos.
Por esa razón, Hernández hacía un “llamado al pacto de unidad de las organizaciones Indígenas del Perú, a todos los pueblos originarios y a las bases de las rondas campesinas del país, a prepararse para un paro nacional de resistencia y una movilización para la lucha contra la historia vergonzosa que arrastra al Perú desde su colonización”.
La trifulca que alarmó al país la semana pasada deja registro de una alianza política feroz con miras al 2016. Patria Roja, la madre del MAS, lidera la mayoría de los  Frentes de Defensa que usurpan la autoridad de alcaldes provinciales y distritales, en gran parte de la sierra. Los etnocaceristas han hecho trabajo político estos años en Junín, Ayacucho, Puno, Tacna y Cusco. Y han recibido, de buena gana, la invitación del Movadef para unirse al Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, con el que los seguidores de Abimael Guzmán pretenderán participar en las próximas elecciones generales.
El Movadef también tiene a su líder en la cárcel. La violencia los crea y la prisión los une.
Mesa de Diálogo
El ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal viajó al distrito de Pichanaki en la región Junín, acompañado de un equipo técnico multisectorial que se sumará a la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de Pichanaki.
La comitiva la integran los viceministros de Gestión Ambiental, Mariano Castro; de Minas, Guillermo Shinno; de Transportes, Henry Zaira; de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler Cuya; de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, César Chanamé; y de Gestión Pedagógica, Flavio Figallo.
También está formada por el alto comisionado de la Oficina  Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros, Julio Rojas; y el presidente del consejo directivo de la OEFA, Hugo Gómez Apac.
Acompañan a esta delegación funcionarios de los ministerios de Agricultura, Desarrollo e Inclusión Social, de Cultura y de Devida.
De otro lado, se informó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) instaló hoy un módulo de atención e información para orientar y resolver las preocupaciones ambientales en el distrito de Pichanaki, Junín.
El organismo fiscalizador cuenta, además, con una oficina desconcentrada en la ciudad de Huancayo. Dicha acción se suma a aquellas que el Ministerio del Ambiente y el OEFA vienen realizando en la zona.
OEFA fiscaliza ambientalmente los aspectos técnicos y sociales de las actividades de exploración de hidrocarburos y de los sectores de minería y electricidad en los distritos de San Ramón, Pichanaki y Vitoc.
Todas estas acciones fueron informadas durante la reunión con los representantes de la sociedad civil de Pichanaki el 11 de febrero, a la cual asistió el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga; y el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, como representante del sector Ambiente, junto con un equipo técnico del sector.