Coca, amapola y lavado de dinero
Por Jorge Chávez Álvarez- Presidente Ejecutivo de MAXIMIXE.
El Perú es líder mundial exportando coca y, con gran tesón de las mafias del narcotráfico, también ya es un pilar de exportación del látex de amapola, insumo primordial de la heroína y el opio, drogas que figuran entre las más consumidas y adictivas a escala mundial. [1]
El poder económico y político de estas mafias se ha expandido a paso firme década tras década y ha venido penetrando las esferas de gobiernos locales y regionales, escalando en los últimos años hacia el Congreso de la República y el gobierno nacional, a través del financiamiento de campañas electorales.
Cajamarca es uno de los focos del narcotráfico en todo el Perú. Ahí operan más de 60 firmas que acopian y trafican conjuntamente pasta básica de cocaína, látex de amapola e incluso heroína. Chota y Celendín son las principales provincias productoras de estas drogas, siendo Bambamarca (capital de la provincia de Hualgayoc) el gran centro de acopio y distribución hacia Lambayeque.[2]
Chota no sólo es centro de producción sino también lugar obligado de tránsito de la droga, en su viaje terrestre hacia Lambayeque y de ahí a la frontera con Ecuador.
Tanto para las firmas acopiadoras apertrechadas en Bambamarca como para los capos mayoristas con sede en Lambayeque, es fundamental que las plantaciones sigan siendo clandestinas y que en todo el trayecto no exista control policial.
Desde hace mucho, esa red mafiosa viene movilizando a ronderos o seudo ronderos para que participen en actos de bandolerismo y sabotaje en contra de proyectos mineros en yacimientos cercanos a las plantaciones.[3]
El sueño de esta red mafiosa es llegar a capturar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, para desde ahí poder anular la acción especializada de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en contra de este flagelo.
Los ingresos ilegales generados por las firmas productoras, acopiadoras y distribuidoras a lo largo de toda la cadena de valor del narcotráfico requieren de mecanismos de “lavado de dinero”.
Es así que en Bambamarca y Chiclayo han surgido como hongos cientos de edificios, hoteles, casinos, casas de cambio, discotecas, tragamonedas, patios de comida, cines y muchas otras empresas de “fachada” que mezclan las ganancias provenientes de actividades ilícitas con fondos de procedencia legítima. Para no ser detectadas, disfrazan a sus verdaderos dueños utilizando una red de testaferros. La empresa de fachada realiza movimientos financieros usuales, filtrando ilícitamente dinero lavado en la realización de sus operaciones.
Aparte de esos negocios diversos, hay tres sectores que son estratégicos para la actividad de lavado de dinero al por mayor: el sistema financiero, las universidades y las empresas de transportes. Los dos primeros le permiten amplificar el lavado de dinero y hacerse de una reputación comercial, social y política, mientras que un servicio de transporte informal es fundamental para el traslado camuflado de la droga y los insumos que permiten producirla.
Al ofrecer bienes y servicios a precios por debajo de su real costo, las empresas de fachada generan una competencia desleal a las demás empresas. Distorsionan los precios de mercado por el lado de la oferta y también por el lado de la demanda, puesto que los mafiosos disponen de excedentes masivos que se gastan en viajes, fiestas, compras de lujo, financiamiento de equipos de futbol y, por último, la compra de candidatos políticos que luego quedan comprometidos a dar normas para favorecer sus actividades ilícitas.
La demanda artificial que genera el dinero sucio da lugar a un aumento también artificial de los precios, debido a que quienes lavan dinero están siempre dispuestos a pagar más por cualquier bien o activo.
Para las demás empresas o políticos que no gozan de los millonarios recursos provenientes de la plata sucia lavada por empresas de fachada y entidades financieras inescrupulosas, la subsistencia en el mercado se torna en una gimnasia cotidiana dramática.
El lavado de dinero también afecta la recaudación tributaria mientras al mismo tiempo genera espejismos de bonanza por las inyecciones de liquidez invisible en la economía, incidiendo en proyecciones de crecimiento del PBI mayores a las reales, lo que induce a la aplicación de políticas fiscales expansionistas que ahondan el desbalance fiscal a mediano plazo, incentivando un endeudamiento público excesivo, no sostenible en el tiempo.
El masivo movimiento de dinero ilegal genera también una alta volatilidad en la demanda de dinero, en los flujos internacionales de capital y el tipo de cambio debido a transferencias transfronterizas de activos inesperados.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del 2010 al 2016 se lavó más de US$13 mil millones en el Perú. Sin embargo, esta cifra no estaría reflejando la real situación en toda su dimensión pues, si bien se aproxima de alguna forma al dinero ilegal proveniente del narcotráfico y la minería ilegal, subestima los flujos de dinero ilícito proveniente de la corrupción, la tala ilegal, el tráfico de tierras, el contrabando, la subvaluación, la trata de personas, el tráfico de animales y otros delitos.
Debe fortalecerse la autonomía y la capacidad de acceso a información y monitoreo actualizado de la UIF, procurando que su labor merezca el respaldo articulado de todo el Estado para combatir el lavado de dinero. Para ello es esencial blindar el sistema político de la infiltración mafiosa y la captura de organismos tutelares de la nación, como la Policía Nacional.
Como reza la hermosa canción: Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sola; yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Hoy más que nunca, recemos porque los mejores peruanos, los más honestos y probos, sean quienes desempeñen los cargos de ministros. Las riendas del Estado deben iluminar el destino de todo el pueblo peruano y no el de las mafias, sus lugartenientes y lacayos.
Notas:
[1] El precio de la heroína en el mercado internacional es más elevado que el de la cocaína. Tan es así que 3 o 4 narcos que están entre los más poderosos del Perú, dominan del circuito de la amapola.
[2] Jaime Antezana, El narcotráfico en el Perú y en el norte del Perú. Lima 2012. Los sembríos de amapola florecen en Cajamarca, Amazonas y Piura, extendiéndose a Huánuco, San Martín y Áncash. En los últimos años también han ingresado a Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Junín y Lima (Canta), Ayacucho, Apurímac y Cusco.
[3] Sólo como un ejemplo, en 2009 el proyecto minero Río Blanco, ubicado en las cabeceras de cuenca de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, sufrió el ataque de seudos ronderos que, para proteger los cultivos de amapola en la zona, arremetieron contra el campamento quemándolo y matando a dos vigilantes y dejando a siete personas desaparecidas. En 2015 ese proyecto minero sufrió la desaparición de cuatro trabajadores; tres de ellos fueron hallados muertos.
Fuente: Alertaeconomica.com
¿De «rondas políticas» a «narcorrondas»?
Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
«Nos conminaban a no meternos con el Gobierno», dijeron los periodistas secuestrados y amenazados en Chadín, provincia de Chota, (Cajamarca) el miércoles 6 de julio.
¿Han actuado los ronderos dentro de su rol tradicional contra la delincuencia menor en las zonas que ocupan? No en este caso. Los periodistas no significaban una amenaza a su seguridad o sus propiedades.
Los ronderos en realidad han obrado con un fin político preciso: amedrentaron y forzaron a los periodistas a emitir un pronunciamiento retractándose de sus investigaciones y favoreciendo así la impunidad de Castillo y su entorno más cercano enlodados en serias acusaciones de corrupción. Con la violencia desplegada se trastocaron en el acto en brazos militantes, activistas al servicio del poder político presidencial. En peligrosas «rondas políticas».
¿Puede hablarse de un acto terrorista? El asunto es que el terrorismo suele ir contra un gobierno instalado particular o contra la oficialidad estatal en general; y lo que se está viendo aquí es a progobiernistas extremos ─en un afán parapolicial─ apostando a hacer viable el juego político autoritario del régimen.
La finalidad política y el violentismo ─incluso solo si fuese amenaza de violencia en contraste a la violencia ejecutada─ en el evento de Chadín, están ahí. Son innegables. Y considerando los precedentes de animadversión de Castillo, de sus aliados y sus seguidores contra la prensa y los opositores, se detecta un afán sistemático que parece buscar crecimiento dentro de un conflicto mayor.
En ese sentido, las fuerzas de seguridad institucionalistas (no las que están siendo infiltradas y controladas por el extremismo izquierdista palaciego), el periodismo independiente y la ciudadanía realmente democrática tienen que estar muy alertas si este tipo de casos se repiten o agarran peligrosa tracción en lo sucesivo. Debe tenerse presente que el terrorismo es una forma de violencia política. Una táctica que se perpetra gradualmente.
Hemos hecho referencia en este espacio a lo que además podría ocurrir si el prosenderismo de los aparentemente «distanciados» Castillo y Cerrón (y Bermejo) son expectorados al fin de Palacio de Gobierno (ver: «El chantaje de la violencia política si pierden el poder». M. Lagos. 4/2/2022. Expreso). En ese contexto, los extremistas internos y externos pueden cooperar en venganza contra el sistema político como se vio en Bolivia cuando Evo Morales fue desflemado por la población en 2019.
Un flanco de importancia no menor, un riesgo conexo a todo lo que estamos viendo no puede obviar lo que sucede en diversas zonas, sobre todo en las regiones norteñas del país.
Investigadores han señalado a Cajamarca, Amazonas y Piura como las regiones centrales del cultivo y la producción del látex de amapola (insumo para la heroína) que luego termina en la frontera con Ecuador. El narcotráfico parece haberse energizado en estas zonas en los últimos años (se ha advertido que «entre tres o cuatros narcos más poderosos del Perú provienen del mundo de la amapola»), montando redes delictivas que podrían involucrar tanto a movimientos políticos como a organizaciones de base social como las rondas campesinas.
El jueves último el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, cuantificó en 15 millones de dólares el financiamiento proveniente del narcotráfico para impulsar las recientes protestas contra el Gobierno Nacional. La violencia comprometió a sectores indígenas altamente politizados que intoxicaron los reclamos válidos buscando derruir a un régimen democrático como el de Lasso. Se ha acusado además al expresidente y prochavista Rafael Correa como un incitador del proceso. Como vemos, las organizaciones criminales no son ajenas a empujar también objetivos políticos.
En Perú, este tipo de penetración del narcotráfico en la conflictividad social puede corromper a ciertos sectores ronderiles conectando fines criminales y políticos. Hablaríamos entonces de una especie de «narcorrondas» en acción. Esperemos no suceda, aunque las dudas ganan espacio.
Llamar la atención sobre estos asuntos no es estigmatizar o criminalizar a las rondas como algunos dicen. Es advertir riesgos potenciales, de alta gama, que mal se haría invisibilizándolos.
Los peruanos alertas a la manipulación política autoritaria y respetuosos de la ley en las zonas rurales deben resistir y apartarse a tiempo de las fuerzas delictivas.
Habrían hallado copia de la tesis de Pedro Castillo
Tras allanamiento en local frente a la Universidad San Marcos.
Fuentes de la Fiscalía señalan que la Policía Fiscal encontró una copia completa de la supuesta tesis a nombre de Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, en uno de los equipos incautados -50 USB y diez computadoras- tras el allanamiento en el local, frente a la universidad San Marcos, en el que, según Karelim López, se habría ‘producido’ el documento que justificaba el grado de maestría del presidente y su esposa.
Además de la copia de la tesis, hallaron fragmentos y pedazos de textos, provenientes de tesis y trabajos de investigación de incluso los años 2019 y 2020, usados como insumos para construir el referido trabajo de investigación.
Karelim López había revelado a la Fiscalía Anticorrupción que tras recibir la tesis de maestría a nombre de Castillo, acompañado por Karelim López, Pacheco llevó la tesis a la Universidad César Vallejo, para regularizar el grado del presidente.
Fuente: Diario EXPRESO.