Yehude Simon postuló a la reelección en el 2006 en Lambayeque con el Partido Movimiento Humanista Peruano, hoy conocido como Juntos por el Perú. (Foto: GEC)

Jorge Barata y las implicancias de su declaración sobre el aporte a la campaña de Yehude Simon

Por René Zubieta Pacco– Diario El Comercio.
Los actos de corrupción de Odebrecht y las declaraciones de su exsuperintendente en el Perú, Jorge Barata, han generado que distintos políticos peruanos de los últimos años -incluyendo expresidentes de la República- estén sometidos a investigaciones por presuntos favorecimientos a la constructora en obras públicas y recepciones de coimas. Las revelaciones y pesquisas han alcanzado incluso a partidos políticos. El caso más sonado en los últimos días involucra a Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque, ex primer ministro y excongresista.
Pero ponen en el medio, además, a la organización política con la que obtuvo la reelección como gobernador regional en los comicios de noviembre del 2006, denominada entonces: el Partido Movimiento Humanista Peruano, de alcance nacional.
Simon cumple actualmente detención preliminar por 10 días. Uno de los argumentos del fiscal José Domingo Pérez para requerir la medida -aceptada el último 22 de febrero por la jueza María Álvarez Camacho- se relaciona a los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña reeleccionista del investigado, realizados entre el 2006 y 2007 por un monto de US$300.000. Ello se desprende de la solicitud del Ministerio Público y de la resolución de la magistrada, a los que accedió El Comercio.

Barata vs. Simon

El requerimiento fiscal consigna que Jorge Barata “ha identificado a Simon Munaro como a la persona que en algún momento lo apoyó, y esta aseveración la ha mantenido en el tiempo, incluso en su declaración de fecha 31 de enero de 2020, cuando señala lo siguiente: ‘[…] Odebrecht apoyó activamente para la campaña de reelección del doctor Yehude Simons [sic] como presidente regional de Lambayeque desde abril de 2006”.
Al respecto, el 13 de febrero del 2020, Simon fue interrogado y consultado si “ha recibido de manera directa o indirecta dinero de la empresa constructora Norberto Odebrecht o de alguna de sus empresas vinculadas”. Ante ello, respondió: “[…] Yo reafirmo que nunca he pedido ni recibido un centavo de la empresa Odebrecht”.
Sin embargo, Yehude Simon reconoció al ingeniero agrónomo Pablo Salazar Torres —también bajo detención preliminar actual— como tesorero de la citada organización política desde el año 2006. “Desempeñó esta función hasta el final pero prácticamente desapareció, quiero decir que nominalmente seguía figurando en el partido pero físicamente ya no estaba”, manifestó.
Y precisó que quien se encargó de los fondos económicos para su campaña de reelección fue Salazar. Este, según la fiscalía, optó por guardar silencio.
Así, el contexto ubica al Partido Movimiento Humanista Peruano como la organización con la que Simon logró la reelección. Pero cabe precisar que dicha organización, previamente, en las elecciones presidenciales del 2006, formó parte de la alianza Concertación Descentralista con la que Susana Villarán —en prisión preventiva por los casos Odebrecht y OAS— tentó la jefatura del Estado.
Al no alcanzar la valla electoral, el partido fue cancelado en mayo del 2007 tras cumplirse un año de concluido el proceso de elección general, como estipulaba la entonces Ley de Partidos Políticos. Pero Simon logró nuevamente la inscripción de su partido en diciembre del 2009, esta vez bajo la denominación Partido Humanista Peruano, actualmente renombrado como Juntos por el Perú (JPP).
Jorge Barata afirma que entregó US$300.000 para la campaña regional de Yehude Simon en el 2006. (El Comercio)

Actores clave

Simon es investigado por presuntamente liderar una organización criminal en Lambayeque, que habría operado entre el 2006 y 2007, al inicio de su segunda gestión. De acuerdo a la tesis fiscal, favoreció a la constructora Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos -contrato firmado en el 2004- a cambio de pagos ilícitos, que provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2. Por ello, se le imputan dos delitos: colusión y lavado de activos agravado en organización (actos de transparencia, conversión y ocultamiento).
En esta historia han dos actores claves. Uno de ellos ya mencionado líneas arriba: Pablo Salazar Torres, quien fue gerente del proyecto Olmos. El otro es el ya fallecido Javier Málaga Cocchella, quien fue representante de Málaga Webb & Asociados, consultora en el Proyecto Olmos, y exasesor principal de Simon cuando fue primer ministro.
Según declaró Barata, los aportes para la campaña de reelección de Simon se dieron a través de “dos personas de máxima confianza”, y que están relacionadas además al proyecto Trasvase Olmos, que si bien fue adjudicado en el 2004 implicó posteriores pagos presuntamente irregulares en años posteriores a favor de Odebrecht.
Por ejemplo, la fiscalía sostiene que, entre agosto de 2012 a diciembre de 2015, se le pagó a la firma brasileña US$120’590,474, que desagregado de acuerdo a los porcentajes de participación del Estado Peruano (41,66%) y Odebrecht (58,34%), “se determinó que US$50’237,991 corresponde a un pago indebido derivado de la sobreestimación de la tarifa del trasvase de agua”.
“Gorno” y “Terco” son los dos sobrenombres identificados por Barata como receptores de los pagos, precisando que no son unipersonales.
Por tanto, la fiscalía sospecha que los pagos ilícitos se habrían realizado a través de Málaga y Salazar.

Implicancias para el partido

El abogado de Yehude Simon, Edwin Espinoza, sostuvo que quien tendría que dar cuenta de los presuntos aportes de campaña es Salazar, y que el Ministerio Público debe demostrar que el dinero ingresó a Lima, las circunstancias de mismo y comprobar que fue destinado al partido.
“Si se dio 300 mil y los que recibieron son el extinto Málaga y el señor Salazar, ¿quiere decir que ese dinero fue para el Partido Humanista Peruano? […] ¿Dónde consta que el señor Salazar ingresó el dinero al Partido Humanista, si es que el señor Barata dice la verdad. Barata tiene que demostrar que eso ingresó al Partido Humanista, no hay otra fórmula”, manifestó a El Comercio.
Recordó también que la agrupación política pudo participar en el proceso electoral regional porque aún no había sido revocada su inscripción a causa de no haber pasado la valla en las elecciones generales previas. Posteriormente, se compró un kit electoral en el 2008 y un año después se tuvo un nuevo registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Lo único que queda es que el señor Barata diga: yo le di a Yehude Simon, Simon se reunió conmigo y me pidió, me dijo que necesitaba y por tanto yo le acepté. Eso es objetividad, no que un tercero haya tocado la puerta. Puede ser, pero objetividad quiere decir eso”, insistió.
Mientras tanto, para el partido hoy conocido como Juntos por el Perú (JPP), la situación de Simon ha significado un duro golpe. Si bien el exgobernador regional está con licencia desde octubre pasado en sus responsabilidades como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y militante, los efectos del suceso están por medirse. Sobre todo considerando que la agrupación está en pleno proceso de reforzamiento y relanzamiento en búsqueda de más afiliaciones, y de adecuación a las recientes normas de reforma política.Yehude Simon logró la reelección como gobernador regional de Lambayeque en el 2006. En ese contexto, según Jorge Barata, se dio el aporte de Odebrecht. (Foto: GEC)
El exprocurador anticorrupción Yvan Montoya no descartó que la fiscalía decida incluir a JPP dentro de su investigación si, como persona jurídica, ha sido beneficiado de alguna manera con el presunto aporte de Odebrecht.
“El fiscal seguramente querrá tener más consistencia en el caso y una mayor evidencia de que el partido se benefició […] Las normas últimas señalan que no importa el cambio de razón social si la estructura de socios es la misma, no hay problema”, indicó a este Diario.
Consultado al respecto, Roberto Sánchez Palomino, actual presidente de Juntos por el Perú, indicó que la fiscalía no se ha acercado a las oficinas de la organización a requerir información. Sin embargo, aseguró que están llanos a colaborar con el equipo especial, pese a que los hechos se remontan al 2006, cuando había además otra estructura dirigencial.
“Todo lo que corresponda hacer en el plano de la justicia tiene su razón de ser y no tenemos absolutamente nada más que afrontar como corresponde, con la verdad, transparencia, tranquilidad y serenidad”, aseveró. Comentó que en el 2006 él integraba las juventudes del partido.
¿Podría aún haber consecuencias más graves para Juntos por el Perú, como la cancelación de su inscripción? El experto en derecho electoral y constitucional, José Naupari, consideró que puede ser un camino complicado, pero no imposible. Sostuvo que dependerá de la posición que tome la fiscalía.
“Tendría que acreditar que se instrumentalizó al partido para un accionar delictivo. Una cosa es aportar al candidato y otra al partido”, indicó. Sin embargo, refirió que sí podría perder la inscripción en base al artículo 105 del Código Penal, referido a consecuencias accesorias para personas jurídicas que hayan servido para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.
Naupari refirió además que el cambio de nombre del partido no sería impedimento. “El hecho de que sean objeto de una regulación especial [Ley de Organizaciones Políticas] no opta a que no se apliquen las normas del Código Penal […] Los partidos políticos siguen siendo personas jurídicas”, sentenció.
Con esa posición discrepó el experto en derecho electoral José Tello, quien aseveró: “El supuesto de disolución del Código Penal es para cualquier persona jurídica, pero no para partidos, porque estos tienen una ley propia”.
En esa línea, apuntó que la Ley de Organizaciones Políticas tiene causales específicas para la cancelación de la inscripción de un partido en torno a supuestos de materia electoral y la declaración de su ilegalidad. “Los partidos tienen una ley especial. Pueden ser una persona jurídica, pero tienen una norma especial”, insistió.

El valor de la verdad

Por Víctor Robles Sosa.
El 25 de enero de 1992, Andrés Sosa Chanamé, militante del MRTA, fue asesinado a balazos por un grupo armado terrorista cuando salía de su casa en Villa El Salvador. En uno de sus bolsillos, la policía encontró una carta escrita de puño y letra por Sosa, en la que éste culpa de su muerte a Víctor Polay Campos, Miguel Rincón, Yehude Simón y José Álvarez, cabecillas y miembros del MRTA.
Sosa fue declarado “traidor”, y condenado a morir, porque se opuso a que el partido Patria Libre sea la “fachada” del MRTA. Antes de morir, Sosa le contó al periodista César Lévano que tuvo que cederle a Simon la jefatura de Patria Libre, “por presión de Polay, bajo amenaza de muerte”.
El 27 de enero, la revista Cambio, dirigida por Yehude Simon y vocero de Patria Libre, publicó un artículo en el que justificó el crimen diciendo que Sosa había sido un “delator” y que esa organización terrorista solo “había aplicado sus estatutos” al asesinarlo.
Bajo la dirección de Simon, Cambio publicaba “en exclusiva” todos los ataques y atentados terroristas que realizaba el MRTA en el país, inclusive con fotografías. Y los justificaba todos, por cierto.
El 28 de enero, al conocerse la carta póstuma de Sosa, Simon convocó a una rueda de prensa en la que negó cualquier responsabilidad en el homicidio, pero no pudo ocultar su desprecio hacia la víctima al declarar: “Sosa más vale muerto que vivo porque políticamente no significaba nada”.
En esa misma conferencia, Simon afirmó lo siguiente: “el MRTA siempre respeta la vida y en ningún momento ha matado a dirigente alguno, ni a personas defensoras de los intereses del pueblo”. Cuando dijo esto, el MRTA ya había cometido crímenes abominables contra personas inocentes: asesinatos, secuestros, torturas, etc.
En 1985 lo vi, en Chiclayo, mirando con desprecio a Alfonso Barrantes cuando éste pronunciaba un discurso firme contra del terrorismo. Y muchos periodistas recordamos aún como Simon, siendo diputado (1985-1990) fue un ardoroso defensor del terrorismo en los debates parlamentarios.
Simon tampoco debería odiar a Fujimori porque el ex presidente se compadeció de él y quiso indultarlo, pero no pudo porque la Dircote le demostró que aquel integró la cúpula del MRTA y la Ley prohibía ese beneficio para los cabecillas terroristas.
Yehude Simon tiene legítimo derecho de reconstruir su vida y de enmendar sus errores del pasado, pero debe hacerlo a partir de la verdad o de lo contrario jamás podrá desligarse de su pasado terrorista. Debe hacer un esfuerzo de honestidad, solo así entenderá el valor de la verdad.

Sunat: Fiscales Vela y Pérez en la mira por exonerar a Odebrecht de denuncia

Una nueva ‘guerra’ entre instituciones del Estado está por comenzar: para la Procuraduría de la Sunat Rafael Vela y Domingo Pérez habrían blindado a la corrupta Odebrecht de investigación por defraudación tributaria.

Por haber exonerado a la compañía Odebrecht de una investigación penal por delitos tributarios, la Procuraduría Pública de la SUNAT evalúa emprender acciones legales contra los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.
En este sentido, un alto directivo de la Sunat considera que los mencionados fiscales “invadieron” una jurisdicción fiscal extralimitándose en sus funciones para limpiar a los corruptos exfuncionarios de la constructora, Jorge Barata, Raymundo Trindade Sera y Carlos Nostre.
“¿Un acuerdo de colaboración eficaz sobre corrupción vale para excluir a los investigados de und elito común como defraudación tributaria?”, afirma un trabajador de la Sunat de alta jerarquía al semanario Hildebrandt en sus Trece, cuyo nombre se decidió mantener en sererva.
En respuesta, el Ministerio Público sostuvo que la exclusión de los brasileros se realizó en el marco del acuerdo de colaboración eficaz posteriormente homologado por el Poder Judicial.
Actualmente, Odebrecht mantiene una deuda tributaria con la Sunat de aproximadamente 1,032 millones de soles, como resultado de los procesos de fiscalización a diversos proyectos como la Interoceánica Sur y el Gasoducto Sur Peruano.
Por este motivo, de acuerdo con H13, la Procuraduría de la Sunat realizó consultas con abogados especialistas a fin de determinar qué acciones legales podría emprender contra el equipo Lava Jato de la Fiscalía. El hecho se torna aún más delicado porque la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, estaría también salpicada al haber otorgado al equipo Lava Jato atribuciones especiales para que intervengan en las indagaciones por delitos tributarios en los que podría estar inmersa Odebrecht.
Así, la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios vio bloqueada sus competencias, pues ninguna investigación que lleve la palabra “Odebrecht” en su contenido pudo prosperar. Por el contrario, Vela y Perez lograron que, en tiempo récord, las denuncias penales que la Sunat interpuso en junio pasado pasen al olvido.
El conflicto se remonta al 21 de junio del 2019, fecha en la que la Sunat denunció penalmente a los mencionados tres exfuncionarios de Odebrecht por defraudación tributaria. La demanda sostiene que la empresa corrupta “ocultó ingresos” para destinarlos al pago de coimas por la obra del Metro de Lima, lo cual generó impuestos “dejados de pagar”, según la Sunat.
Fuente: Diario EXPRESO.

EL FRACASO DE UNA ESTRATEGIA EQUIVOCADA

ESTAMOS EMPEZANDO A RECIBIR LOS PRIMEROS IMPACTOS NEGATIVOS (DEMANDA CIADI Y BLOQUEO DE SERVIDORES SUIZOS)

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
El pecado original
La estrategia que siguieron el gobierno y los fiscales del Lava Jato Peruano (LJP) hasta hace pocos día era complacer a Odebrecht en todo lo que demandara. Y ahora hemos empezado a pagar las consecuencias de dicha estrategia.
Esta se inició el 20.07.18, cuando el fiscal Vela reemplazó al fiscal Castro como jefe del LJP. Quien defendía que el Acuerdo con Odebrecht (ACO) debía tener 20 proyectos, incluyendo el Gasoducto Sur Peruano (GSP), mientras Odebrecht planteaba incluir solo 4 proyectos, excluyendo el gasoducto. Y la Fiscalía y el gobierno, en vez de respaldar a Castro, lo retiran de su cargo. Es así que nombran a Rafael Vela; el que inmediatamente aceptó el planteamiento de Odebrecht, sin intentar llegar a una posición intermedia.
El Acuerdo
Con el nombramiento de Vela el ACO avanzó sin mayores problemas, formalizándose la firma el 15.02.19.
En este punto hay que mencionar que la Ley 30737, que establecía el pago inmediato de la Reparación Civil (RC), no pudo cumplir su principal objetivo en el caso de Odb, cortesía de los fiscales del LJP. Es que su 13 ava disposición complementaria (Incentivos a la cooperación eficaz) establece que el Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación de dicha ley. Por lo que el pago de la RC de Odebrecht al Estado se efectuará en 15 años, y los intereses se pagarán al final del 15avo año!!. Esta disposición habría permitido a la Fiscalía rebajar la valorización de la RC hasta 610 millones de soles. Sin embargo dicha ley también establece que los beneficios a otorgarse, como consecuencia del ACO, deben sujetarse al principio de proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio que se obtiene. Lo cual abre un amplio campo de investigación para el nuevo Congreso. Ya que hay casos en los que la anterior regla no se cumple, como en el GSP.
Punto de quiebre
De otro lado, en toda negociación como la que desarrollaba la Fiscalía con Odebrecht, hay que tener muy presente el punto a partir del cual lo que la Fiscalía le puede dar a Odebrecht pase a ser menor que lo que Odebrecht puede obtener de la Fiscalía. Ya que a partir de ese punto dejará de tener un interés significativo en seguir negociando en el marco de ACO porque ya obtuvo todo lo que quería. Y el punto de inflexión era la venta de Chaglla. Ya que como se advirtió reiteradamente era el activo más valioso de Odebrecht. Pero siguiendo nuevamente la errada estrategia de complacer a Odebrecht, el gobierno (PCM, MEF, MEM y MINJUS) y la fiscalía cedieron no solo vendiendo Chaglla exonerándola de las limitaciones de la 30737 sino que inclusive le devolvieron los 524 millones. Tengan ustedes la absoluta seguridad, que si todavía no se hubiese vendido Chaglla, Odebrecht NO hubiera iniciado la demanda ante el Ciadi. Es que solo basta comparar los $1,400 millones de la venta de Chaglla al contado, versus los $1,200 que se podrían, o no, recibir del Ciadi luego de 5 años. Y en la situación actual de Odebrecht, con la inmensa presión de sus acreedores, el tiempo es oro.
La crisis actual
Y así llegamos a la crisis actual; la que ha evidenciado muchas debilidades del Ejecutivo. El planteamiento de Odebrecht podía ser aceptado o rechazado, pero el gobierno no tomó ninguna decisión. La crisis mostró no solo conflictos de intereses, ineficiencia, elusión de responsabilidades, falta de planeamiento, etc, sino diversidad de opiniones. Sin que existiera un líder que coordinara los diversos esfuerzos y adoptara una decisión final. También evidenció terror a conversar con Odebrecht, tanto del PCM Zeballos como del Presidente Vizcarra. “No negociamos con corruptos” puede ser una frase efectiva para las galerías, pero así no se dirige un gobierno. Porque ya han estado negociando con ellos y porque hay muchísimos problemas pendientes en el ACO y en los proyectos fuera de el, como el GSP. Para lo cual resulta imprescindible conversar, lo cual no es censurable. Lo que sí lo es, es actuar con falta de transparencia. De otro lado considero indispensable que se debatan públicamente las diversas soluciones alternativas para la problemática de abastecer de gas al sur del país. Otro tema es la falta de transparencia, lo que llevó a la Fiscalía a cometer errores. Por ejemplo si hubieran consultado al ente especializado en el MEF, este les hubiera aconsejado que incluyeran en el ACO una cláusula que bloqueara demandas como la del Ciadi. Finalmente, considerando la etapa en la que se encuentran las investigaciones, no resulta conveniente cambiar al fiscal Vela, a pesar de los diversos errores incurridos. Cambiarlo retrasaría la lucha contra la corrupción. Lo que sí se le debe exigir es transparencia y vigilar la actuación del equipo.

Las pruebas que faltaban en el Caso Humala

Por Graciela Villasís y Junior Miani– Diario El Comercio.
Esta semana el equipo especial del Caso Lava Jato recibió aproximadamente 400 documentos del servidor My Web Day que detallan cuál fue la ruta del dinero con el que Odebrecht aportó más de US$4,7 millones a las campañas presidenciales peruanas en el 2011. Estas planillas registran todos los movimientos que se realizaron en el Departamento de Operaciones Estructuradas y confirman la tesis fiscal sobre cómo llegó el dinero para el entonces candidato Ollanta Humala.
Hasta ahora, la fiscalía solo tenía como pruebas de los US$3 millones que aportó Odebrecht a la campaña de Humala en el 2011 las declaraciones que dieron el ex CEO de la empresa Marcelo Bahía Odebrecht, el exejecutivo de la constructora en el Perú Jorge Barata y otros testigos. Asimismo, contaba con correos electrónicos encriptados que intercambiaron Barata y Luiz Antonio Mameri, exlíder empresarial de la firma brasileña en América Latina y Angola, entre abril y mayo del 2011. En estos e-mails, ambos dejaron constancia de los pagos entregados a la campaña presidencial de ese año en el Perú.
Sin embargo, la nueva documentación trae órdenes de pago y transferencias bancarias autorizadas por Marcelo Odebrecht para la campaña nacionalista a pedido del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, fundado por Luiz Lula da Silva.
“En ese caso específico llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘La gente aquí en Brasil, del Partido de los Trabajadores, me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala con US$3 millones’”, declaró el ex CEO de la empresa en mayo del 2017 ante los fiscales Germán Juárez y Rafael Vela.
Los US$1’790.534 que se entregaron con el ‘codinome’ ‘Campanha nac 3’ corresponden al millón de dólares entregado a la candidatura de Keiko Fujimori y la diferencia corresponde a los aportes a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.

—La ruta del dinero—

En el caso de Ollanta Humala, las órdenes de pago ascienden a un total de US$2’999.895. Los desembolsos se realizaron entre el 9 de mayo y 14 diciembre del 2011 a través de la ‘offshore’ Klienfeld de Odebrecht hacia la cuenta en el Credicorp Bank de Panamá de la empresa Construmaq, del prófugo Gonzalo Monteverde.
Según la fiscalía, Monteverde fue el operador financiero de la constructora en el Perú.Esta información fue confirmada en diciembre pasado por Luis da Rocha Soares, extesorero internacional de la compañía, quien declaró que Monteverde entregó recursos de sus compañías, entre ellas Construmaq S.A.C., a Barata para que concretara los aportes y sobornos a sus destinatarios finales a través de ‘doleiros’.
Barata afirmó que en algunas ocasiones Monteverde entregaba estos pagos con su dinero y que luego la constructora le reembolsaba.
Según los documentos recibidos por la fiscalía y a los que accedió El Comercio, Marcelo Odebrecht, identificado con las siglas MBO, figura como “responsable” de autorizar todos los pagos que desembolsó la compañía para financiar la campaña de Humala [ver recuadro].
Estos nuevos documentos revelan que el ‘codinome’ ‘Italo Italiano Eleicao Peru’ corresponde al financiamiento de US$3 millones que Odebrecht entregó a la campaña de Ollanta Humala.
—De origen ilícito—
En la sentencia dictada contra Antonio Palocci Filho, exministro de Hacienda de Lula da Silva, y otros implicados en el Caso Lava Jato, el juez brasileño Sergio Moro determinó que el exfuncionario “tiene responsabilidad” en lavar activos, ya que “administraba una especie de cuenta corriente informal de beneficios indebidos y donaciones electorales no declaradas concertadas por el grupo Odebrecht con funcionarios políticos del PT”.
La sentencia, además, señala que “fue probado en juicio que parte de las coimas concertadas con los funcionarios de Petrobras en los contratos estatales [de Brasil] fue direccionada al financiamiento ilícito de campañas electorales o al pago de deudas de campaña”. Agrega que parte de estos recursos se destinó al financiamiento de campañas en el extranjero.
Esto coincide con la tesis del fiscal Germán Juárez, que asegura que el origen de los US$3 millones que aportó Odebrecht a la campaña de Humala provienen de fuente ilícita.
—Las otras campañas—
Jorge Barata fue el encargado de administrar los desembolsos para las otras campañas que Odebrecht financió en el 2011, a diferencia de la de Humala, las cuales fueron manejadas por Marcelo Odebrecht.
Al lado de estos pagos realizados entre mayo y diciembre del 2011 aparecen sus iniciales ‘JB’. En total administró US$1’790.534.
—Defensa de los Humala: “Documentos son una especulación”—
En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, indicó que “la nueva información abonará en la tesis fiscal, pero en cualquier hipótesis este aporte de campaña […] [no modifica que] la discusión de fondo sea si un aporte constituye un delito para lavado de activos”.
El abogado Pedraza agregó que “estos documentos constituyen una especulación mientras no se encuentren dentro de la carpeta fiscal”.

Revelan insultos del presidente de Petroperú a ministra de Economía

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló un audio donde aparece el presidente de Petroperú, Carlos Paredes, insultando a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. La titular del MEF, precisa el texto, negó a que el Tesoro Público asumiera una millonaria deuda por la refinería de Talara.
El medio dirigido por el periodista César Hildebrandt expuso la transcripción de una grabación entre Paredes y un tercero no identificado. Se escucha cómo este le cuenta que “su gran amiga” rechazó su pretensión.
“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, enfatizó.
“A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, agregó.
RECONOCE SU VOZ
Al ser consultado por el semanario, el presidente de Petroperú reconoció su voz pero dijo que en ningún momento le faltó el respeto a la ministra de Economía.
“En el audio que usted lo pudo haber escuchado, no hay una falta de respeto a la ministra. Hay palabras soeces, pero no hay una falta de respeto. Es un lenguaje que no usaría en una reunión formal. Es una grabación hecha en una conversación privada. no tengo idea con quién fue ni cuando fue”, dijo el hombre fuerte de Petroperú.
Fuente: Lucidez.pe

Denuncian pagos ‘gordos’ en Petroperú

La coalición de sindicatos de Petroperú exigió la intervención de Contraloría en la empresa estatal para revisar los contratos millonarios con estudios de abogados, además de la contratación de personal que no reuniría la experiencia.
En una conferencia de prensa, el dirigente Evin Querevalú Román, destacó casos como la contratación de Rita Moscol Orozco como jefa de seguridad de la refinería de Conchán a pesar que su especialidad es ingeniería en industrias alimentarias.
Sobre los estudios de abogados, se critica la contratación del Estudio de Abogados CCDA – Baxel, presuntamente creado el 2017, para intervenir en la disputa por la propiedad de los activos arrendados en el Lote Z-2B a Savia.
De otro lado, los sindicatos cuestionan el pago de honorarios de éxito a los estudios que podría superar los US$2 millones.
Este sería el caso del estudio J&A Garrigues, que cobró el 1% del valor de las reclamaciones a favor de Petroperú en la disputa seguida contra Técnicas Reunidas (en obra de la refinería).
Millones
De otro lado, también se pide la revisión del pago de US$20 millones a la empresa española Cobra que interviene en la modernización de la refinería, por presuntos retrasos de la obra.
Sobre este proyecto, Querevalú llamó la atención por la demora en la contratación y preparación de 300 jóvenes para laborar en la nueva refinería. Según el dirigente, se intentaría tercerizar.
Audio
En otro punto de la conferencia, los dirigentes dieron a conocer un audio en el cual se escucharía al presidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, refiriéndose a la presunta negativa de la ministra de Economía a entregar un presupuesto adicional a la empresa.
“[…] estoy pidiendo y que no me quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable. A la señorita ministra no le queda otra más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, se escucharía decir en el audio.
Fuente: Diario El Tiempo de Piura.

Refinería de Talara producirá gasolina inservible

Por: Plinio Esquinarila y José Morán- Diario EXPRESO.
¿Cómo es que un proyecto que inicialmente su costo se estimaba en US$1,334 millones, escala a US$5,400 millones y cerraría en más de US$6,500 millones? Esa la primera interrogante que ya se ha desentrañado sobre la refinería de Talara. La segunda es quién autorizó y dónde está la resolución para que la modernización de la antigua refinería se cambie por una nueva. Finalmente, ¿sirve o sirve, de acuerdo a los estándares internacionales, la refinación de la gasolina que se producirá en Talara?
Empecemos por lo último. No sirve para la exportación. Sobre el particular, el economista Jorge Baca Campodónico ha hecho hincapié, en principio, que la cantidad de barriles que producirá esta nueva refinería está muy lejos de lo que una refinería moderna debería producir normalmente.
Y es que “los costos de escala son fundamentales para poder competir a nivel mundial. Como está concebido este proyecto, la idea es pasar de los 65 mil de barriles diarios que tenía la antigua refinería de Talara, para 95 mil (…). Pero si analizamos cuáles son los tamaños competitivos de una refinería a nivel mundial, [esto es] mínimo 250 mil barriles diarios. La nueva refinería no va a ser competitiva a nivel mundial”, aseveró.
El extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remarcó en un video compartido en la cuenta “Cápsulas para Millennials”, que otro punto crítico es el producto que se va a generar. De acuerdo a lo señalado por el economista, el combustible que se obtenga de esta nueva refinería no cumplirá con los estándares de contenido máximo de azufre Partes Por Millón (PPM).
“La nueva refinería, con toda la tecnología con la que fue hecha hace 14 o 10 años, solamente va a poder hacer [combustible] que tenga 50 PPM (azufre en Partes Por Millón), cuando ya las normativas europeas e internacionales, inclusive por ejemplo Chile y Brasil, ya están por debajo de los 10 PPM”, dijo Baca.
“Ya se está hablando de la utilización del diésel para barcos que ya tienen que ser inferiores a los 5 PPM (…). Definitivamente vamos a hacer un producto que no va a tener ningún tipo de participación en el mercado, porque es un producto que nadie lo quiere”, agregó.
LA INVERSIÓN
Se ha dicho en repetidas oportunidades que las modificaciones de costos del proyecto se explican por el apuro en iniciarlo sin tener completos los estudios de preinversión, sin financiamiento asegurado y por los evidentes errores e ineficiencias de los responsables.
Sobre el tema de la inversión el primer monto dado a conocer para la nueva refinería fue de US$1,334 millones, producto de un esquema de ingeniería conceptual de la consultora Arthur D. Little cuyo estudio fue entregado a Petroperú en 2008.
El siguiente paso sería la ingeniería básica y luego la de detalle. Y a medida que se avanzaba en los estudios se tendría un mayor nivel de precisión sobre los niveles de inversión.
Años después de los US$1,334 millones se anuncia un monto de US$1,700 millones, esto cuando era titular de la empresa petrolera del Estado, el ingeniero Humberto Campodónico, el verdadero padre de la criatura de la nueva refinería de Talara, con el equipo de La República, en el gobierno de Ollanta Humala.
Un impulso que iba a contracorriente porque la industria del refino empezaba a caer en el mundo por los cambios hacia energías renovables, entre otras razones que no vienen al caso detallar, siendo incluso más barato comprar refinerías ya instaladas que hacer nuevas.
Con el cambio de gobierno y la entrada de Pedro Pablo Kuczynski a Palacio, no obstante que Peruanos por el Kambio y voceros calificados como Fernando Zavala, en plena campaña electoral de 2016, afirmaban que no tenía sentido continuar con la modernización de Talara, la nueva administración de Petroperú –con Luis García Rosell a la cabeza- decidió continuar.
Esto no obstante un “costo hundido” o pérdida irreparable de US$2,100 millones que no se podían recuperar y los aún “US$5,400 millones estimados para continuar con el proyecto porque su antecesor –Humala– ya había invertido US$1,600 millones y que además se habían contraído compromisos por unos US$500 millones”, como informó EXPRESO en su edición del 24 de mayo del 2019.
Es así que el nuevo titular de Petroperú continuó con el esquema de Arthur D. Little para el término de los estudios de ingeniería. Para entonces la inversión –digamos actualizada- era de alrededor de US$4,000 millones que se podía desglosar en tres componentes:
-US$2,700 millones para unidades de proceso que se adjudicó a la española Técnicas Reunidas (TR).
-US$500 millones aproximadamente para obras complementarias.
-Y US$800 millones para unidades auxiliares u obras tercerizadas.
Es decir, un consolidado de US$4,000 millones de infraestructura a la que había que sumar US$800 millones en gastos financieros de la etapa preoperativa a esa fecha. De forma que la suma de la inversión para Talara trepó a US$4,800 millones.
A lo anterior había que agregar las obras tercerizadas, que hoy son el dolor de cabeza principal para la conclusión de la obra. Como se sabe, la buena pro de la tercerización fue ganada por el consorcio Cobra–SCL UA TC, que ejecutaría el Servicio de Ingeniería de Detalle, Suministro y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios a un costo de US$936’589,527.55.
Para entonces Industrias Reunidas se quejaba de que ellos terminaban su trabajo y las obras complementarias, o de terceros, se demoraban demasiado. Un desfase en el tiempo que generaba mayores costos, estimados oficialmente en US$600 millones.
Para 2017 la sumatoria ya había llegado a US$ 5,400 millones de inversión. Estos y otros detalles seguían abultando la inversión, celosamente ocultados por Petroperú, así como los cálculos cambiantes de la consultora Arthur D. Little, pulverizados por el economista Ricardo V. Lago en diferentes columnas de opinión en la prensa nacional.
Visto el tema en esta perspectiva, se estima que la inversión de la Nueva Refinería de Talara superaría los US$6,500 millones si se consideran todos los costos involucrados, especialmente los financieros, según las investigaciones del economista Manuel Romero Caro.
DETALLE FINAL
La falta de transparencia, principalmente en el tema financiero, motivo por el cual ha renunciado el presidente de Petroperú, aparte de sus palabras soeces para con la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, también se dio en el ocultamiento de que se construía una nueva refinería y no se modernizaba la antigua.
Esta novedad, increíblemente ocultada, se supo recién el 3 de mayo de 2017, cuando Luis García Rosell reconoció que la refinería ya no sería remodelada sino nueva, con todos los costos antes reseñados.
Y es también cuando se supo que el proyecto no tendría cuatro sino 16 unidades divididas entre el proyecto principal y las plantas auxiliares. El paquete completo, repetimos, nos saldrá la friolera de US$ 6,500 millones.
Así las cosas, “es de la máxima urgencia que Petroperú logre un acuerdo con las empresas encargadas de llevar adelante la nueva refinería con la finalidad de parar la espiral de sobrecostos y penalidades en la que está incurriendo la obra. Si no fuera posible lograr el objetivo a través del trato directo, no quedaría otra que recurrir al arbitraje”, opina Romero Caro.
PETROPERÚ NO PUEDE PAGAR DEUDAS
Desde el cierre del año pasado se ha solicitado desde Petroperú la necesidad de un financiamiento adicional por US$600 millones para concluir las obras y la puesta en operación comercial del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT).
Se ha planteado la necesidad de una nueva emisión de bonos en el mercado internacional, recuerda César Gutiérrez, experto petrolero. En junio de 2017 Petroperú emitió dos series de bonos en la Bolsa de Nueva York: una por US$1,000 millones a 15 años a una tasa de interés anual de 4.75%, que implica un pago de 47.5 millones año. Y otra a 30 años a una tasa de interés anual de 5.63%, que implica un pago de 56.3 millones cada año.
Más allá del pago de intereses por bonos que ascienden a US$103.8 millones anuales hasta el 2032 hay que generar una provisión anual para que en dicho año se devuelvan US$1,000 millones ese año, dice Gutiérrez, también expresidente de Petroperú. Entre el 2032 y el 2047 tenía que abonar anualmente 56.3 millones por bonos y provisionar para devolver en el 2047, los US$1,000 millones adicionales, lo cual ya es complicado, afirma.
Si sale al mercado por los US$600 millones que consideran necesarios, en una emisión para 15 años, la tasa de interés será mayor que la del 2017 porque el mercado ha quedado notificado que el Ministerio de Economía y Finanzas, por la decisión de la ministra María Antonieta Alva, que un gobierno no tiene por qué salir a cubrir las deudas de Petroperú, advierte.
Recuerda que en el 2017 los bonistas estaban convencidos de que el Estado nunca dejaría impago un compromiso adquirido por la empresa petrolera del Estado.
El impase de la salida del anterior presidente, Carlos Paredes Lanatta, que solicitó al MEF que el fisco asuma una deuda de 1,500 millones de moneda verde ha traído estas consecuencias.
SOBREENDEUDAMIENTO
Según los estados financieros de la petrolera estatal al cuarto trimestre del 2019, registra un pasivo no corriente (deuda de largo plazo) por US$3,200 millones, de los cuales 2,000 son los bonos ya citados. Los US$1,200 millones restantes corresponde a un crédito de la agencia CESCE.
Si sumamos las obligaciones de bonos y el crédito CESCE en los próximos 15 años, Petroperú deberá pagar anualmente la suma de US$212 millones por bonos y el crédito CESCE, lo cual según la unanimidad de expertos es imposible.
Por lo que mejor sería sincerar la situación de la petrolera del Estado y privatizarla, como plantea el analista Aldo Mariátegui.