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Parte X de Crónicas de un odiador
Por Uri Ben Schmuel- CafeViena.pe
En el artículo anterior, abordamos un tema que vale la pena ampliar: la participación de la cadena árabe Al Jazeera en la red de agentes que apoyan a Pedro Salinas en su campaña como odiador de la Iglesia Católica y de otros credos cristianos. Y la pregunta que queda en el tintero es: ¿por qué Al Jazeera está interesada en mantener en las redes un documental cuyos testimonios base, tal como ya se demostró inclusive judicialmente, están plagados de mentiras que dañan la honra de muchas personas? A esta pregunta se añade otra: ¿por qué Pedro Salinas y Paola Ugaz tercamente siguen repitiendo los argumentos y conclusiones del mencionado documental cuando saben que carece de un respaldo en la realidad? Pasamos a enumerar, de manera resumida, los puntos más importantes en los que la información del mencionado reportaje está reñida con la verdad.
Mentira 1
El documental afirma: La comunidad campesina de Castilla es propietaria de los terrenos donde hoy se encuentran las urbanizaciones de las empresas de Inmobiliaria Miraflores Perú.
La comunidad campesina de Castilla nunca ejerció posesión de los terrenos que fueron adquiridos por dicha empresa. Es más, la comunidad campesina de Castilla ha tratado inclusive de reclamar como suyas tierras en donde hoy está el Estadio Miguel Grau, el aeropuerto de la ciudad de Piura, la Municipalidad Provincial de Castilla, entre otros. Esto además se terminó de aclarar con la sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, del 14 de julio del 2015, en la que definitivamente se confirma que la Comunidad de Castilla no tiene ningún derecho sobre esos predios.
A pesar de ello, sin embargo, Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 2
El documental afirma: En el mismo lugar donde hoy se levantan los edificios de la primera etapa se asesinaron a dos ancianos para desalojarlos.
Este hecho nunca sucedió y por ello no existe denuncia alguna sobre el tema. Además, se debe recordar que esta información fue parte del testimonio de Carmen Campodónico, testigo utilizado por los realizadores del documental. Campodónico fue sentenciada por difamación precisamente por lo dicho en este reportaje en donde inclusive afirmó haber sido expulsada violentamente en el 2012 de terrenos eriazos. Por otro lado, este testigo ahora se encuentra en prisión por intentar introducir droga a un penal de Piura y tiene más de 4 páginas de antecedentes en los que figuran delitos de hurto y usurpación.
A pesar de ello, sin embargo, Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 3
El Arzobispo de Piura ofreció 3 millones de dólares a los líderes de la banda criminal La Gran Cruz del Norte, en la Parroquia del Santísimo Sacramento de Piura.
Esta afirmación fue hecha por el otro testigo Samuel Alberca, que fue sentenciado por este hecho difamatorio. La información fue desmentida por el párroco de la citada parroquia. El prontuario delincuencial de Alberca, con más de 18 hojas de antecedentes penales y judiciales, era conocido tanto por Daniel Yovera, director del documental, como por su productora, la socia y amiga de Pedro Salinas, Paola Ugaz. Aun así los periodistas, carentes de todo rigor periodístico, utilizaron sus declaraciones como “prueba” en el reportaje.
Y a pesar de estos antecedentes Pedro Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 4
Carmen Campodónico afirma en el reportaje, que ella y sus hijos fueron expulsados a palos y con hachas de su casa.
Inmobiliaria Miraflores Perú en la respuesta que dio públicamente a Al Jazeera demostró, usando Google Maps, que desde antes del 2012 nadie vivió en la zona, por lo que la ya mencionada señora Campodónico, mintió. Si nunca vivió allí con sus hijos tampoco pudo ser expulsada. Pero, a pesar de ser una grosera falsedad, Pedro Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 5
La empresa inmobiliaria contrató a la organización criminal La Gran Cruz para que se apoderen de terrenos con el uso de las armas y la violencia.
Este hecho es falso y también fue desmentido. ¿Para qué iba a pagar la Inmobiliaria a alguien para que se adueñe de terrenos por los cuales ya había pagado a sus legítimos posesionarios como consta en los contratos de compra venta que son anteriores a la invasión perpetrada? Más bien, se constató que los pagos que realizaba la empresa obedecieron a la extorsión que recibían por parte de miembros de la mencionada banda criminal que operaban juntos con miembros de construcción civil invadiendo los terrenos que había adquirido la Inmobiliaria.
Y, sin embargo, Salinas sigue repitiendo la mentira.
Como se puede ver, el documental The Sodalitium Scandal no tiene ningún tipo de sustento en la verdad. Sin embargo, Pedro Salinas insiste en defenderlo y en seguir propagando sus mentiras. Recordemos que antes de que se emprendiera la batalla legal para desmentir este trabajo pseudoperiodístico, Paola Ugaz salía por distintos medios, orgullosa, a atribuirse la producción de este reportaje e incluso Pedro Salinas señaló en su artículo “La carta del sodálite Eguren” que su colega fue la productora. Luego de recibir varias cartas notariales comenzó a deslindar. Inclusive dijo que haberse atribuido dicho cargo en el documental fue una “ligereza” o un “juego de palabras”.
Finalmente, la pregunta sigue quedando en el aire: ¿Por qué Al Jazeera sigue sin hacer nada al respecto? Por otro lado, ¿por qué el odiador Salinas lo promueve y repite los argumentos del reportaje sabiendo que son mentiras? ¿No será simplemente que es una herramienta más para seguir en su cruzada anticristiana?
LA GRAVE IMPRUDENCIA DE MONSEÑOR CASTILLO
Por Ricardo Sánchez Serra– LaAbeja.pe
Hace unos días que está circulando una carta abierta al arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, escrita por Alberto Gómez de la Torre. La carta responde a unas declaraciones vertidas por Castillo el sábado último en un espacio radial de Radio Programas del Perú en relación con una querella que ha recibido Paola Ugaz por parte de Gómez de la Torre. Escuchadas las declaraciones del obispo Castillo y leída la carta de Gómez de la Torre, me animo a escribir esta columna.
En primer lugar, hay que decir que el Señor Gómez de la Torre está interponiendo esta querella en su calidad de ciudadano peruano, amparado por los mismos derechos constitucionales de los que goza todo connacional. Desde ese ángulo, tendríamos que asumir las declaraciones del obispo en su calidad también de ciudadano peruano. Por un lado, como obispo no tiene ninguna calificación que le otorgue a su opinión una relevancia particular. Y, por otro lado, la materia de la querella no es objeto del cuidado pastoral de un obispo. Siendo así las cosas, más bien podríamos preguntarnos: ¿por qué monseñor hace uso de un espacio radial, que le es concedido en su calidad de obispo de una feligresía católica, para tomar en sus manos un asunto que nada tiene que ver con temas de fe o de costumbres cristianas?
Todo parece indicar, y se infiere tanto de las declaraciones del obispo como de la carta de Gómez de la Torre, que el obispo da por sentado que la querella tiene relación directa con el Sodalicio de Vida Cristiana. Haciendo un ejercicio de suposiciones, parecería que para monseñor Castillo detrás de la actuación de Gómez de la Torre estaría operando el Sodalicio. Esto, y seguimos en el rubro de los supuestos, se podría explicar por el encono que existe entre la periodista Ugaz y la institución religiosa. En esa línea, afirma el diario La República, “Carlos Castillo enfatizó en que debe parar la persecución contra la periodista Paola Ugaz”. Es decir, todo indicaría que Castillo considera que la querella que le ha puesto Gómez de la Torre a Paola Ugaz es una forma de persecución por parte del Sodalicio. En ese escenario, Gómez de la Torre sería un peón de la estrategia sodalicia. Pero, viendo los hechos, ¿en qué se sustentaría esta forma de pensar del obispo? ¿Existe esa vinculación entre Gómez de la Torre y el Sodalicio? Gómez de la Torre dice que existe una “relación laboral” pero que nunca ha pertenecido al Sodalicio y no tiene ningún vínculo con la institución. ¿Tiene el obispo alguna prueba de que, efectivamente, hay una relación más allá de ser empleado en una empresa mediatamente relacionada con el Sodalicio? ¿Puede sustentar el obispo que el Sodalicio está detrás del accionar jurídico de Gómez de la Torre?
La observación de los hechos ocurridos hasta el momento nos deja un interrogante sobre los motivos que podría tener Carlos Castillo para ponerse del lado de una de las partes en una querella por difamación. El asunto, a juzgar por lo que explica Gómez de la Torre en su carta abierta, es complejo. El documento audiovisual en cuestión se habría basado en testimonios de personas cuestionadas e incluso sentenciadas por difamación precisamente por lo dicho en ese reportaje; hay diversas intervenciones del ministerio público; está involucrada gente con prontuarios delincuenciales abultados; hay sentencias judiciales sobre líos de tierras, etc.
Como se ve, no es un asunto fácil. Visto esto, cabe preguntarse si monseñor Castillo, antes de hacer sus declaraciones, se informó adecuadamente. En un caso como este, lo prudente y proporcional, habría sido recabar información de ambas partes antes de emitir una opinión, y más aún una opinión tajante. Una vez más, a santo de qué el obispo de Lima tiene que opinar sobre este hecho es algo difícil de explicar. Pero si quería hacerlo, por lo menos se hubiera informado bien. Por lo que dice Gómez de la Torre —una de las partes en cuestión— a él no se le ha pedido ninguna información. Y, sin embargo, el obispo lo implica en sus declaraciones y no precisamente para bien. La pregunta se mantiene: ¿por qué toma partido el obispo por la periodista querellada? Habría que acotar, dado el interés manifestado por Castillo de que las verdades salgan a la luz, que sobre su defendida Paola Ugaz pesan investigaciones por corrupción que nadie se toma la molestia de esclarecer.
Está claro que monseñor Castillo sobre este tema no tiene nada especial que decir como obispo. Al opinar sobre un hecho del ámbito civil, tiene que hacerse cargo de sus opiniones y eso, en buena cuenta, parece ser lo que Gómez de la Torre le pide en la carta que le dirige. Castillo ha hecho de interés público este caso que quizá no debió pasar de ser un problema judicial entre dos personas naturales: un señor que piensa que ha sido difamado, con graves daños para su honor y su familia, por una periodista. Eso lo tiene que resolver la justicia. Pero el obispo de Lima, metiendo las narices donde no lo invitaron, no hace sino suscitar preguntas y suspicacias sobre sus motivaciones. ¿Qué interés puede tener para opinar sobre un asunto cuyos detalles, además, parece desconocer? ¿Por qué cierra filas con una de las partes? ¿Será acaso que la periodista tiene alguna información ante la cual el obispo se siente vulnerable?
Cura acusado de abusar de menores se suicida tras conocer que sería detenido
El sacerdote Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual, se suicidó en la sede de Cáritas de La Plata, según pudo confirmar La Nación de Argentina a través del abogado querellante Juan Pablo Gallego. La jueza Marcela Garmendia había pedido su detención.
La noticia también fue confirmada por el Arzobispado de La Plata, Víctor Manuel Fernández, quien minutos más tarde llamó a la oración a través de un comunicado.
“Queridas hermanas y hermanos de la Comunidad arquidiocesana, ante la muerte de nuestro hermano Eduardo Lorenzo, que se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimientos, solamente nos cabe unirnos en oración por él para que el Dios de la vida lo reciba en el amor infinito”, expresó.
Y agregó: “El mismo Señor nos ayudará a comprender algo en medio de este misterio oscuro, y nos enseñará aún a través de este dolor”.
Según el informe de los efectivos de la comisaría 1 de La Plata, el cura fue encontrado tendido en el suelo “con posibles manchas hemáticas”.
Eduardo Lorenzo (59) fue capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense durante 14 años, organizó grupos de jóvenes con los boy scout, fue párroco de distintas iglesias de Gonnet, Berisso y Olmos. Las denuncias en su contra son de larga data. En 2008 fue denunciado por abuso sexual, pero la causa no había prosperado hasta las nuevas acusaciones.
Hoy, la fiscal Ana Medina pidió la detención del cura. La jueza Marcela Garmendia hizo lugar al pedido y rechazó el pedido de eximición de prisión que presentó el abogado del acusado. El sacerdote seguía libre y se esperaba la decisión de la Cámara de Apelaciones. Para la fiscal, la pericia psicológica que se le hizo a Lorenzo fue determinante.
“Yo no soy un pedófilo”, se defendió Lorenzo ante una consulta de La Nación la última vez que habló a los medios.
La primera causa en su contra la inició un ex policía llamado Julio César Frutos. El 20 de agosto de 2008, la víctima, su ahijado León, era menor de edad. En ese momento León declaró que había sufrido abusos sexuales por parte del cura Lorenzo. La causa estuvo casi parada durante diez años. Hasta que el abogado Juan Pablo Gallego tomó el caso y le pidió al fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, su reapertura. Gallego patrocinó a las víctimas del Padre Julio César Grassi, condenado en 2009 a 15 años de prisión por violar a un menor en la Fundación Felices los Niños.
El 9 de mayo de 2019, a las 14.30, Gallego acompañó a León, que volvió a declarar. Desde ese día, León ya no se quiso esconder detrás de un nombre ficticio. Diego Pérez, así se llama, habló y así se lee en la causa: “Él me decía ‘sos un negro’ (sic) así que tenés que hacerlo. Me empujaba, me llevaba a su habitación para ultrajarme y tener relaciones conmigo. Al finalizar las misas me alcoholizaba y me volvía a someter sexualmente”.
Más víctimas
Bartoli tenía 13 años cuando iba al grupo scout que dirigía el cura Lorenzo. “Todos los viernes, durante dos años, había cenas en su departamento. Estaban los líderes scout y yo, de 13 años. Se generaban reuniones con la excusa de planificar las actividades de los sábados. Cuando terminaban yo me quedaba ahí y él hacía su ritual: bañarse, afeitarse, perfumarse y ponerse el pijama. Luego me decía que lo ayudara a dormir. Que le diera besos, que lo abrazara”, contó Julián con lágrimas en los ojos en esa conferencia de prensa de julio de 2019 después de haber declarado ante la fiscal.
Gustavo (nombre ficticio) leyó en el diario lo que había dicho Bartoli y quedó en shock. Había ido a una estación de servicio, como todos los días, después de trabajar. Cuando habían pasado cuatro horas sin tocar el jugo, los mozos, que lo conocían, se preocuparon. Le preguntaron si estaba bien. Gustavo tiene 44 años y vive en La Plata. Conoció a Lorenzo cuando estaba en el grupo scout que pertenecía a la iglesia Rosa Mística, de la capital bonaerense. Tenía 16 años.
En la causa, Gustavo contó cómo fue el último día que vio a Lorenzo: “Un día me llama por teléfono a mi casa y me invita a cenar afuera. […] Esa noche en Almendra tomamos mucho whisky. Volvimos a la parroquia de Olmos, otra vez me pidió los masajes, y yo no me sentía muy bien. Pero le hice masajes y él siempre buscaba la misma posición, y esta vez empezó a hacer los movimientos de una manera muy exagerados. Entonces me bajé, y él se levantó y me volvió a repetir que estaba todo bien, que él se sentía muy contento con la amistad que teníamos, que no había nada de malo. Pero yo insistí con irme, y ahí me dio un abrazo e intentó besarme en la boca. Le dije que era un hijo de puta”.
La defensa de Lorenzo
“Yo soy inocente. Yo no soy un pedófilo, yo no cometí ningún acto que sea indigno de mi ser cura. Tengo defectos como cualquiera, pero no estas perversiones, que siempre condeno y condené. Estoy demolido, estoy en un momento de mi vida espantoso”, dijo Lorenzo ante la consulta de La Nación una semana atrás, antes de saber que lo iban a detener.
Su vida, explicó, era “ir a cien todos los días” pero ahora, sin ser más capellán del Servicio Penitenciario, sin ser párroco de ninguna iglesia, sin estar a cargo de ningún grupo de jóvenes, “se convirtió en un calvario”.
“Estoy abatido, despojado. Estoy más solo que un perro”, aseguró Lorenzo.
El sacerdote estuvo a cargo de la capilla que hay en la República de los Niños desde el año 2007 hasta el 16 de noviembre de 2019. Cuando Bartoli habló en la causa que lo acusa a Lorenzo de abuso sexual agravado, el cura seguía al frente.
A mediados de julio, el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor “Tucho” Fernández, le prohibió estar a solas con menores, por “precaución”. Tres meses después, Lorenzo le mandó una carta al arzobispo solicitando licencia como párroco en la Inmaculada Madre de Dios, de Gonnet, por “razones de salud”. El pedido fue aceptado. El arzobispo se negó a hablar con La Nación del tema.
El 11 de diciembre se conocieron los resultados de la pericia psicológica que le realizó la Oficina Pericial Forense de la provincia de Buenos Aires. Allí se explicó que tenía una “personalidad con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo”, además de una “organización psíquica compleja, presentación obsesiva de imagen grandilocuente de sí, que encubre una estructura psicopática perversa”. “Necesita que otros lo idolatren y enaltezcan la autoestima”, indicó el informe.
Hasta hoy, Lorenzo vivía en una habitación de Cáritas en La Plata, donde decidió quitarse la vida tras conocer la decisión de la jueza de hacer lugar al pedido de detención.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico publicó un comunicado donde expresaban su preocupación por la dilación de la Justicia, y responsabilizan al Poder Judicial por “la seguridad física y emocional de los sobrevivientes”.
Hace un par de semanas la Justicia argentina impuso las condenas más elevadas de su historia a curas abusadores. En Mendoza, Horacio Corbacho fue sentenciado a 45 años de cárcel. Nicolás Corradi recibió una pena de 42 años. Estaban a cargo del Instituto Antonio Próvolo, que se ocupaba de educar a niños hipoacúsicos.
La Iglesia le inició dos causas canónicas a Eduardo Lorenzo. La primera fue a partir de la denuncia del 11 de mayo de 2008 que radicó Julio César Frutos, padrino de Diego Pérez -que en ese momento era menor-, en el Arzobispado. El 20 de agosto del mismo año, Frutos decidió denunciar a Lorenzo también en la fiscalía.
En el primer interrogatorio, en 2008, cuando aún era el arzobispo Héctor Aguer, a Lorenzo le preguntaron, entre otras cosas: “Diga usted si es cierto que un joven se queda habitualmente a pernoctar en la casa parroquial, y que lo hace junto a usted en la cama matrimonial que posee”. Esa causa terminó en una “reprensión”.
En la resolución, firmada por Aguer, dice: “Ha quedado claro un proceder imprudente del Pbro. Lorenzo en lo atinente al trato dispensado a algunos integrantes de la comunidad parroquial en la que él se desempeña; (y) que por ese motivo he decidido proceder según derecho y reprender al Pbro. Lorenzo por haberse desempeñado de ese modo”.
La información obtenida por la investigación eclesiástica nunca había llegado a manos de la Justicia ordinaria. Recién en 2019 la fiscal Ana Medina envió un escrito al Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de La Plata y logró que se la remitieran.
En 2019, después de que se reactivó la causa que se había archivado, el arzobispo Fernández generó una Investigación Complementaria Canónica, es decir, una actualización del estado de la primera causa penal, para saber cómo estaba la situación de Lorenzo. El Tribunal Canónico envió a la Justicia un escrito firmado el 1° de diciembre que indica, entre otras cosas, que “dado que el Pbro. Lorenzo no tiene hasta el momento ninguna condena, las medidas tomadas [licencia en su desempeño como párroco y la prohibición de realizar actividades con menores de edad] son las que corresponden en estas instancias de la investigación. El Arzobispado ha informado y consultado a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, que es la responsable de resolver en casos de abusos de menores e indica los pasos a seguir”.
Hasta ahora, la decisión había quedado en manos de la Santa Sede.
Fuente: Diario La Nación.
