Pleno del Congreso elige a Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del Tribunal Constitucional

El pleno del Congreso eligió a Gonzalo Ortiz de Zeballos como magistrado del Tribunal Constitucional con 87 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones.
Gonzalo Ortiz de Zevallos es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue socio del Estudio Echecopar entre el 2006 y 2009, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de la Producción entre los años 2006 y 2008.
Gonzalo Ortiz de Zevallos es primo hermano hermano del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien aseguró que se abstuvo de emitir su voto para la elección de su pariente.
El voto 87 que aprueba la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos corresponde a la legisladora Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular.
Fuente: Agencia de Noticias ANDINA.

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El presidente habla al país y exige transparencia en la selección y elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Anuncia que no se cumplen los estándares internacionales para este fin por parte del mecanismo legal puesto en marcha por el Congreso y, por tanto, que hará cuestión de confianza para cambiar las reglas de juego de esa elección. El premier Del Solar se presenta por la tarde al Congreso y deja un oficio en el que le pide al presidente del Legislativo que en la próxima sesión del plano se debata y se vote esta cuestión de confianza… pero no presenta ningún proyecto de ley.
Es decir, las dos máximas cabezas del gobierno quieren sorprender al Congreso con un proyecto de ley que nadie conocerá sino hasta el día que se presente: TRANSPARENCIA CERO. Estos dos hablan de la celeridad del Congreso en la selección y elección de los miembros del TC, pero quieren que el lunes mismo la representación nacional debata y vote su cuestión de confianza. En otras palabras, quieren una “ley express” a su medida.
Se quejan de que la elección y selección de los miembros del TC está siendo cuestionada incluso por la CIDH, que también levanta el dedito advirtiendo cómo debe llevarse a cabo la elección de los miembros del TC:
1.- Publicidad y transparencia
2.- Participación ciudadana
3.- Divulgación apropiada y con el tiempo razonable para que la ciudadanía pueda conocer las hojas de vida completas y trayectoria de los candidatos, poder pronunciarse sobre ello y que haya un procedimiento para manejar esas expresiones ciudadanas.
4.- Audiencias y entrevistas públicas de los candidatos
¿Ah, sí? Lo que no dicen es que este gobierno ha llenado la CIDH con sus “juristas” A DEDO. Julissa Mantilla fue elegida comisionada de la CIDH a propuesta de este gobierno en la Asamblea General del 28 de junio en Medellín para el período 2020-2024. ¿A alguien se le consultó? ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿No fue el dedo de Vizcarra? ¿La argolla caviar?
En junio de 2019 fue designado miembro del Comité contra la Discriminación CERD-ONU a Eduardo Vega, con el apoyo y patrocinio del gobierno peruano, es decir del gobierno de Vizcarra. ¿Hubo acaso una amplia convocatoria para selección y elección a tan alto cargo? ¿Cómo se pronunció la ciudadanía?
Gracias al gobierno peruano, desde el 2016 Diego García Sayán ocupa un puesto como alto funcionario en un organismo de supervisión internacional que, precisamente, evalúa la idoneidad e independencia de los jueces en la ONU. Pregunta: ¿en algún momento para su elección la ciudadanía fue informada con publicidad y transparencia? ¿Participó la ciudadanía en su elección? ¿Hubo audiencias y entrevistas públicas de los candidatos para tan alto cargo internacional? ¿No fue él parte de ninguna “negociación política” ni “designación express”?
En síntesis, mientras Vizcarra y Del Solar quieren sorprender al Congreso con un proyecto de ley que solo se conocerá a la hora del debate para ser votado de inmediato como cuestión de confianza, los compinches caviares que eligieron a dedo para la CIDH y otras organizaciones internacionales dan lecciones de cómo deben elegirse los miembros del TC. ¡Qué tal raza!

PUCP: estudiantes protestan y piden justicia para su compañera víctima de violencia

Estudiantes de la Pontificia Católica del Perú (PUCP) están indignados por el último caso de violencia de género que involucra a dos jóvenes de la institución y por la escasa atención que el rector le habría dado al asunto. Los alumnos bloquearon la noche del último jueves la cuadra 18 de la Av. Universitaria a modo de protesta.
Esta mañana, los estudiantes se reúnen con el rector Carlos Garatea sobre la ejecución del protocolo frente a casos de violencia de este tipo que maneja la institución y solicitan la separación del estudiante Renzo Tello García (21), denunciado por agredir físicamente y psicológicamente a su compañera y ex pareja.
Además, piden la renuncia del defensor universitario Wilfredo Ardito, a quien acusan de su poco accionar ante los casos de violencia de género.
La noche del jueves, la policía se acercó al lugar para dispersar a los manifestantes, pero la protesta continuó por varios minutos. Ante el bloqueo de la avenida Universitaria, la PUCP autorizó el uso del campus para que los buses puedan transitar.
Estudiante de la PUCP fue agredida por su compañero
El pasado 10 de septiembre, el estudiante Renzo Tello García, de 21 años de edad, fue denunciado por su compañera y ex pareja por agresión física y psicológica, hecho que suscitó la madrugada del 9 de septiembre cuando la joven fue al departamento del estudiante de Derecho, según contó la víctima para TeleoLeo.
“Me pegó durante 3 horas, sólo paraba para reclamarme por su celos enfermizos, luego volvía a pegarme, a escupirme y a morderme. Yo estaba en shock, ni grité. Esta no es la primera vez que me pega, una vez la policía fue a su departamento porque los vecinos, al escuchar mis gritos, los llamaron, pero cuando llegaron yo dije que estaba bien, insistieron, pero dije que todo estaba bien y se fueron”, explicó ella.
De acuerdo al parte policial en la comisaría de Pueblo Libre, el estudiante de noveno ciclo de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) recibió una denuncia por Delito contra el cuerpo y la salud en tentativa de Feminicidio.

Respuesta de la PUCP

A través de un comunicado, el Rectorado de la universidad anunció que el alumno denunciado y actualmente investigado fue retirado de todos los cursos que llevaba en la Facultad de Derecho, por lo que no viene asistiendo a clases.
Fuente: Diario La República.

Predictamen de comisión de Constitución recomienda archivar proyecto sobre adelanto de elecciones

El predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso recomienda no aprobar y archivar el proyecto de ley del presidente Martín Vizcarra que propone adelantar las elecciones generales para el año 2020. El documento será sometido a votación en la sesión que realizará el jueves el grupo de trabajo que lidera la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra.
Según el informe, la propuesta del Gobierno y otras similares, como la que plantea la convocatoria a una asamblea constituyente, “carecen de una adecuada sustentación”.
En el caso del adelanto de elecciones. el predictamen señala que la propuesta está “sustentada en un solo párrafo de poco más de tres líneas”; pero sobre todo subraya que sí se aprobara afectaría “la aplicación efectiva de las reformas políticas y electorales” aprobadas por el Parlamento, las “que paradójicamente fueron impulsadas por este mismo gobierno”.
Además, afirma que la posición del Ejecutivo de someter su propuesta a una consulta popular afecta al “derecho fundamental a la participación política”. En cuanto a la pretensión de presentar una cuestión de confianza, el informe considera que se vulneraría el “principio de separación de poderes por afectar las competencias exclusivas del Congreso”.
“Iniciativa impertinente e improvisada”
Respecto al sustento invocado por el Gobierno, arguyendo una “crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, el predictamen indica que esa afirmación “no parece condecirse con la realidad”.
En ese sentido, el informe dice en sus conclusiones que “el Congreso no ha bloqueado ninguna iniciativa vinculada a la gestión” del presidente Vizcarra. “Por el contrario -agrega el predictamen- a pedido del Ejecutivo se han emitido tres leyes autorizando al Gobierno la emisión de doscientos trece decretos legislativos, de los cuales ha derogado solo tres”.
El documento señala que el Congreso ha estado “plenamente comprometido con la adecuada gestión del Gobierno”, a través de la emisión de leyes especiales en temas como la reconstrucción del norte y la aprobación del presupuesto”. No obstante ello, indica, “la economía peruana se ha desacelerado y enfriado” y en lo que va del año la ejecución del presupuesto apenas supera el 50%.
“La invocación de una supuesta crisis de gobernabilidad […] se ha demostrado, estadísticamente, no existe”, indica el predictamen sobre el proyecto de adelanto de elecciones, iniciativa que califica de “infundada, impertinente e improvisada”.
“La tendencia iría al archivamiento”
En comunicación con RPP, la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, quien integra la comisión de Constitución, dijo que en la sesión de mañana todos los integrantes del grupo de trabajo expondrán sus posiciones en representación de sus partidos. “Todavía falta la discusión […] y se procederá a votar”, dijo, pero reconoció que por la composición de la comisión, “la tendencia iría precisamente al archivamiento”.
Además, precisó que de archivarse, por reglamento, el proyecto de ley del ejecutivo ya no iría al Pleno para su debate.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Comunistas y “aliados”: ¿qué decían hace solo siete días sobre Rosa Bartra?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Este jueves se cayeron las máscaras en la Comisión de Constitución. A su presidenta, los comunistas y sus satélites intentaron darle un golpe de estado (como el que pretenden darle a la Constitución con el adelanto de elecciones) haciendo votar su censura: fracasaron por amplia mayoría.
No les gustó que Rosa Bartra haya puesto al debate el predictamen para archivar el proyecto de adelanto de elecciones propuesto por Martín Vizcarra el 28 de julio pasado. Los golpistas quisieron, entonces, ganar tiempo hasta el 30 de septiembre dilatando hasta las calendas griegas el debate para hablar sin deadline, tanto titulares como accesitarios. Bartra puso orden y reglas claras: hablarían como se hace en el Pleno, con tiempos acotados por bancadas (después de todo, ¿no querían los comunistas que el debate del predictamen pase de frente al Pleno?).
Y pusieron el grito en el cielo –e incluso algunos se retiraron, como suelen hacer cuando no les gusta lo que manda la democracia representativa–; en suma, acusaron a Bartra de encabezar a velocidad de crucero el debate y la votación del predictamen. Hipócritas. Veamos qué decían esos mismos hace apenas una semana, el 19 de septiembre, para El Comercio que, solícito, recogía sus “inquietudes”: “Adelanto de elecciones: Aún no hay dictamen a 50 días de presentarse el proyecto”.
Cito: “Los legisladores Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Gino Costa (Bancada Liberal), por ejemplo, creen que la comisión se encontraba en la capacidad de emitir un dictamen dentro de los 50 días, siempre que se hubiera tenido voluntad política. Los tres parlamentarios advierten en que existe cierta ‘estrategia dilatoria’ por parte del fujimorismo y lo que ellos consideran sus ‘aliados’ […] Quintanilla hizo hincapié en que ‘se está dilatando excesivamente el proceso. Es una táctica por parte de la mayoría [en el Congreso] para hacer que transcurra el tiempo a fin de que se haga inviable la posibilidad de implementar cualquier adelanto de elecciones’, expresó el legislador de Nuevo Perú”.
“‘[…] Da la impresión de que no hay sentido de urgencia y lo que se quiere es dilatar para que después se pueda argumentar de que no es posible hacer un referéndum y, eventualmente, decir que tampoco será posible hacer las elecciones porque no habrá tiempo. Y me parece que el recurso a la Comisión de Venecia tiene ese propósito’, ensayó, por su parte, Gino Costa, de la Bancada Liberal”.
“‘Las cosas están claras: hay quienes opinan que es constitucional la convocatoria [a elecciones] y hay quienes creen que es antidemocrático y que, además, es un golpe de Estado. Y para eso se están invitando a algunos que fungen de expertos cuando están dando posturas ideológicas y políticas, como si fueran parlamentarios’, refirió Arana”.
En síntesis, los mismos que este jueves acusaron a Bartra de apurar el proceso eran los que decían hace siete días que lo dilataba. ¿Alguien les puede creer siquiera lo que comen?

Por Mariella Balbi- Político.pe
Hasta que habló Pedro para que escuche Juan y ciertamente el Ejecutivo. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea habló fuerte y claro. Protestó por los inaceptables excesos de ciertos medios de prensa. En concreto, por la emisión de un audio –el reportaje no publica, solo ofrece una transcripción– que buscaba denigrar a congresistas conversando ¡el año pasado! sobre la elección miembros del Tribunal cuyo mandato vencía en junio del 2019.
La prensa, una vez más, ejecutó un libreto tan antiético como siniestro. La grabación se hizo en el Congreso, lo cual es grave y propio del juego sucio de las dictaduras. Además está editada. Durante la digitada gestión del anterior presidente del Congreso el material se ofreció a un medio que lo rechazó, precisamente por estar editado.
La desesperación del gobierno por impedir la elección de los miembros del TC es inmensa. Los medios lo apoyan con alma, corazón y vida. ¿Por qué? En este caso el libreto se resume a: la elección de miembros del TC es una ‘componenda’, una manipulación, difamando a congresistas y al Congreso. Pero la ley lo manda, el plazo de los tribunos está vencido.
El régimen requiere que la prensa difame y mienta, y esta acepta presurosa. El reportaje emitido no ha sido una idea fantástica del periodista a quien le llegó la especie gracias a sus potentes contactos. Quien lo crea, que deje de chuparse el dedo. ‘Arriba’ (los dueños) lo piden y se hace. Ahora bien, que el trabajador (periodista) se ponga la camiseta del patrón depende de la tesitura de cada quién. El reportaje recogió la desacreditada opinión de un personaje expulsado del trabajo por acoso sexual. ¿No lo sabían, acaso? De ser así debieron informarse antes. Para eso sirve el periodismo.
Lo publicado desprestigia al Congreso y a los congresistas. El servicio de inteligencia o el asesor extranjero le dicta a los medios que el Congreso es puro pacto, pervirtiendo la educación cívica. Claro que son pactos políticos; de eso se trata, de pactar, de acordar, de los pesos y contrapesos. Y todos tenemos derecho a opinar, incluidos los postulantes al TC. Ojalá no se dejen atarantar por esta chillona maniobra.
El presidente Vizcarra ha tenido el arrojo de decir que la representatividad tiene un límite, que no se puede elegir entre cuatro paredes a los miembros del TC. La prensa oficialista lo secunda y es su partido político.
Curiosamente esos medios fueron la flor y nata del fujimontesinismo, acompañando a esa dictadura con entusiasmo y fervor. Luego supimos que también con mucho billete. Vendrán denuncias contra la prensa oficialista porque cruzaron el umbral de lo grosero. El abogado penalista Humberto Abanto denunciará por difamación a varios periodistas, también al medio que lo agravió.
El presidente del Congreso ha pedido a su procurador que denuncie la emisión de ese material. El régimen gobierna a punta de audios y de campañas de prensa que vilipendian a la oposición política. Lo que vemos no es periodismo sino vileza. Además, Vizcarra tiene la ‘tele’ pero no la calle.

Las brechas en los sueldos de altos funcionarios del Estado Peruano

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
Mil noventa servidores públicos, distribuidos en 63 entidades, reciben mensualmente lo mismo o más que el presidente Martín Vizcarra (S/16 mil). El Estado desembolsa en estos altos funcionarios aproximadamente S/23,7 millones mes a mes, sin contar gratificaciones, bonos ni vacaciones.
En los últimos años, se ha criticado mucho las planillas y los altos sueldos en el aparato público. Tomando como punto de referencia el ingreso mensual del presidente, El Comercio hizo un análisis de la distribución de los funcionarios mejor pagados del país. El resultado arroja un desorden remunerativo en las altas esferas del Estado.
El Poder Ejecutivo concentra la mayor cantidad de estos funcionarios: 441. Le siguen el Poder Judicial, con 268; los organismos autónomos, con 243; y el Legislativo, con 139.
Las entidades públicas tienen diferentes regímenes de contratación de personal; algunas tienen el mismo régimen pero diferentes montos y muchas particularidades; y en otros casos el aporte adicional que reciben del Cafae es diferente, explica Mayen Ugarte, directora de Estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica. “Partimos de un desorden enorme”, señala.
En el Congreso, un informe de la contraloría sobre presuntas contrataciones irregulares en las gestiones de Luz Salgado y Luis Galarreta ha motivado que algunos legisladores soliciten que se realicen investigaciones sobre estos hechos. El ánimo por esclarecer estas contrataciones debería contagiarse a todos los niveles del Estado.
—Sectores sólidos —
Al desmenuzar la distribución de los altos funcionarios en el Ejecutivo, se aprecia que el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades adscritas a este concentran la mayor cantidad de estos puestos: 80. Esto guarda relación con las responsabilidades del manejo económico que tiene este sector: es el que administra la mayor cantidad del presupuesto de la nación y uno de los que registran mayor duración en los cargos de ministros, viceministros y directores generales, como ha mostrado este Diario en informes del 17/6/18, 17/3/19 y 19/5/19.
En segundo lugar figuran la Presidencia del Consejo de Ministros y sus organismos adscritos. Este sector maneja mucho menos presupuesto: apenas el 2.5%, pero tiene una responsabilidad política importante.
El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Nelson Chui Mejía, gana lo mismo que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar: S/30 mil, de acuerdo con los portales de transparencia. En tanto, los jefes de cuatro organismos de este sector ganan lo mismo que un viceministro (S/28 mil): Osiptel, Ositrán, Sunass y Osinergmin, al igual que la secretaria general de la PCM.
El tercer lugar lo ocupa Transportes y Comunicaciones: 33 altos funcionarios. Este es un sector que tiene gran responsabilidad en el manejo de presupuesto de la nación (7.96%) que, entre otras cosas, se destina a la construcción de vías.
En este sector se nota claramente otro problema: la modalidad de contratación. Veinticinco de estos servidores han sido contratados por el régimen de personal altamente calificado (PAC). Esta modalidad, explica Ugarte, es una de las peores formas de contratación, pues aunque los sueldos sean altos, los funcionarios no tienen vacaciones, gratificaciones ni seguro. Son personal con alta responsabilidad y especialización pero su condición es más precaria.
Bajo este régimen fue contratado Carlos Neuhaus como director de la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como los jefes de Provías, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, directores generales y asesores del despacho.
–Sin proporcionalidad–
Del otro lado, hay seis sectores que llaman la atención, pues no hay relación entre el presupuesto que manejan, en el 2019, y la cantidad de funcionarios con sueldos altos que tienen.
Educación, Interior, Salud y Defensa tienen gran responsabilidad en el manejo del 7.6%, 6.4%, 5.1% y 4.7% de presupuesto del sector público, pero solo cuentan con 18, 15, 11 y 17 funcionarios de este nivel. Estos sectores tienen a su cargo una gran masa laboral del Estado cuya función es atender las preocupaciones inmediatas de gran parte de la población.
En tanto, los sectores de Ambiente y Cultura tienen 26 y 23 altos funcionarios, pero su responsabilidad en la administración del presupuesto público es de apenas el 0.39% y 0.37%.
Fuentes del Ejecutivo explican que esa diferencia se puede atribuir a la capacidad de cada sector para distribuir el bolsón que se le asigna para contratar personal altamente calificado. En caso de no usar ese fondo, el dinero no se puede gastar en otros asuntos.
—Otros sectores —
En el Poder Legislativo, los sueldos altos están casi reservados para congresistas (130) y parlamentarios andinos (5), cuyo sueldo es de S/23,217, incluidos los gastos de representación. Apenas cuatro funcionarios del Congreso superan los S/16 mil.
En el Poder Judicial, sí hay una situación especial. El bono aprobado por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, y convertido en permanente en esta gestión, hizo que los jueces supremos sean los funcionarios mejor pagados de este país. Sus sueldos pasaron de S/31 mil a S/42,7 mil. En el caso del presidente de esta institución, alcanza los S/46,7 mil.
Son 268 los jueces que perciben más que el presidente de la República. De ellos, 72 lo hacen porque reciben bonificaciones permanentes. En el Ministerio Público, apenas tres fiscales supremos entran en este selecto grupo de funcionarios altamente remunerados.
—Repartición de los sueldos —
En el sector Economía, las entidades con más altos funcionarios son el propio Ministerio de Economía (26), Pro Inversión (25) y la ONP (13).
El Parlamento es la entidad con mayor cantidad de servidores que ganan más que el presidente: los 130 congresistas y 4 funcionarios.
Entre los organismos autónomos, el top 3 está formado por la contraloría (65), el Banco Central de Reserva (51) y el Tribunal Constitucional (46). Estas entidades tienen personal altamente especializado.
Las declaraciones juradas de cuatro funcionarios de la Universidad San Marcos, la Universidad Nacional de Juliaca y la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza señalan que ganan más de S/18 mil del sector público.

Sueldos en el Estado: hay 45 funcionarios que ganan más que los 19 ministros

Cincuenta meses le tomaría a un empleado con sueldo mínimo ganar lo mismo que percibe el puesto mejor pagado del Estado: el del presidente del Poder Judicial.
En el 2017, en las postrimerías del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el pleno del Congreso aprobó un bono en la ley de presupuesto –que en principio iba a ser extraordinario para el 2018– para jueces supremos titulares de la Corte Suprema.
Con ese adicional, los 12 magistrados que tienen más de cinco años en el cargo pasaron de ganar S/31 mil mensuales a S/42,7 mil. Superaban así al que en los últimos años había sido el funcionario mejor pagado del Estado: el presidente del Banco Central de Reserva (BCR).
En el gobierno de Martín Vizcarra, ese bono se convirtió en permanente, luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema interpretara que la modificación de este bono significaba un recorte a los derechos de los jueces, de lo que dio cuenta este Diario el 23/6/2019. Al presidente de este poder del Estado, José Luis Lecaros, le corresponde una bonificación adicional, por lo que percibe S/46,7 mil mensuales.
El mismo beneficio elevó los sueldos de ocho jueces supremos que aún no han cumplido cinco años en el cargo, quienes pasaron a percibir S/34,9 mil mensuales.
Esta situación genera un problema, pues la ley orgánica del PJ establece que los jueces de menor rango deben ganar porcentajes establecidos en función de lo que recibe un vocal de la Corte Suprema, situación que en la práctica no se cumple, como ha advertido el exfiscal Avelino Guillén a este Diario.
En opinión de Mayen Ugarte, docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica, la decisión de estos aumentos no fue técnica ni jurídica, sino política. Considera que la carrera judicial es especial, por lo que es muy difícil que su escala salarial se adecúe a la Ley Servir. En cambio, los empleados administrativos sí deberían pasar al nuevo sistema.
—El turno de los autónomos —
Por debajo de los altos funcionarios del Poder Judicial se encuentran las cabezas de los organismos autónomos. El primero de ellos es el presidente del BCR, Julio Velarde, quien recibe S/41,6 mil mensuales, según su declaración jurada que consta en el portal de la contraloría. Su institución no publica el detalle de las planillas de todos sus empleados en su página de transparencia.
Por debajo de Velarde figura otro funcionario del BCR: Renzo Rossini Miñán, gerente general de esta entidad. De hecho, otros 18 funcionarios del BCR que ocupan los puestos de gerentes, subgerentes y asesores tienen sueldos por encima de los S/25 mil. Es la entidad pública con mejores salarios para este tipo de trabajadores.
Luego de Velarde y Rossini, aparece la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Socorro Heysen. Su sueldo es S/38,500.
Los nueve superintendentes adjuntos de la SBS –entre los que se incluye al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera– ganan tres mil soles menos que Heysen.
Siguen en la lista las máximas autoridades de otros tres organismos autónomos: los siete magistrados del Tribunal Constitucional (S/35 mil); el jefe de la contraloría, Nelson Shack (S/32,5 mil); y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona (S/31 mil). Inmediatamente después de ellos se ubica el primer gerente general de una empresa pública: Petro-Perú. Según su declaración jurada, percibe S/30,2 mil al mes.
—Sectores del Ejecutivo —
Los cargos públicos sometidos a mayor escrutinio del Congreso de la República figuran por debajo de los 45 funcionarios mencionados anteriormente: los ministros de Estado. En el 2014, se cuestionó arduamente la duplicación de sus sueldos, gracias a lo cual pasaron a ganar S/30 mil. Incluso en reiteradas ocasiones se han planteado iniciativas para que sus sueldos se reduzcan a la mitad.
Ellos encabezan la administración de aproximadamente el 60% del presupuesto público, por lo que es de sumo interés que sean funcionarios competentes. Esta obligación es compartida con los 37 viceministros que tiene en total el Ejecutivo, quienes perciben S/28 mil.
El Ministerio Público, entidad que tiene responsabilidades equiparables a las del Poder Judicial, está lejos de la cima de este ránking. La titular de este sector, la fiscal Zoraida Ávalos, percibe S/28,7 mil. El resto de sus colegas no alcanza a entrar a este grupo.
Por debajo de todos ellos hay 96 empleados públicos que ganan S/25 mil. De ellos, 74 han sido contratados por el régimen de personal altamente calificado. Aunque aparentemente reciban un sueldo elevado, no tienen vacaciones, seguro ni beneficios.
Para Ugarte, la distribución de los altos sueldos es desordenada. Pero el tránsito hacia la Ley Servir –que debería regularlo– puede ser lento y generar altos costos. Por ello, se debe afinar el proceso para seleccionar y evaluar a los funcionarios que el Estado quiere mantener.
EL CLUB DE LOS 25 MIL
SIN BENEFICIOS
La mayoría de los funcionarios con sueldo de S/25 mil se encuentra contratado bajo el régimen de personal altamente calificado (PAC). Ellos no reciben beneficios laborales ni gratificaciones.
MINISTERIOS
Solo el despacho presidencial, los ministerios, el Seguro Integral de Salud, Pro Inversión y la APCI tienen servidores con estas características.
CLAVES
Ocupan puestos de directores generales de ministerios, superintendentes, presidentes de entidades y secretarios generales.
Fuente: Diario El Comercio.

Por CÉSAR GUTIÉRREZ- Diario EXPRESO.
A la empresa Constructora y Administración SA (CASA), subsidiaria en el Perú de la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo (H&H), la suerte le ha sonreído con Martín Vizcarra como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y como presidente de la República: se le adjudicaron obras por más de 1,100 millones de soles.
En el período en que el actual mandatario fue el hombre fuerte del MTC, del 28 de julio de 2016 al 22 de mayo de 2017, aún en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, le adjudicaron a CASA nueve proyectos por un monto total de 907.43 millones de soles (MMS/). A lo anterior hay que agregar que luego del retorno vizcarrista de su autoexilio en Canadá, y habiendo asumido el cargo de Presidente de la República el 24 de marzo de 2018, CASA obtuvo dos obras adicionales que sumaron 192.91 millones de soles.
En total, en la era Vizcarra la ecuatoriana CASA ha tenido contratos por 1,100.34 millones de soles, que es el 50 % del total de adjudicaciones en ese lapso de tiempo. Las operaciones se realizaron, es bueno agregar, a través del “Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional” (Provías), entidad dependiente del MTC. CASA ya era una antigua conocida por el mandatario Martín Vizcarra. Y es que ya había trabajado con la empresa que mantenía Martín Vizcarra con su hermano César, C y M Vizcarra SAC, como subcontratistas -desde el año 2007- del Consorcio Covisur SA (H&H, CASA y Conorte), que fue concesionario en la Interoceánica o Carretera IIRSA Sur Tramo 5.
Este tramo, como se sabe, corresponde a dos ramales, uno que parte de Matarani y otro en Ilo, para unirse en Juliaca, y luego continúa hasta la localidad de Azángaro, capital de la provincia del mismo nombre, en la región Puno.SITUACIÓN COMPLEJA…
Hasta aquí puede parecer una historia sobre la que solo se ciernen suspicacias; sin embargo, la situación se agrava cuando se revisa la información de la investigación sobre el Club de la Construcción, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, donde CASA es una de las investigadas desde el 12 de enero de 2018.
Nos referimos al hecho de que las dos últimas obras otorgadas (21.05.2018 y 25.01.2019) en el periodo de Martín Vizcarra como Presidente se adjudicaron cuando CASA ya estaba en proceso de investigación desde cuatro meses antes. Si seguimos hurgando en el caso Club de la Construcción, las cosas se complican más aún porque se encuentra la denuncia del programa dominical “Panorama”, de Panamericana Televisión, de fecha 16 de febrero de 2019, donde se afirmó que, según el colaborador eficaz Rodolfo Prialé, durante el proceso de la segunda vuelta electoral de las presidenciales del 2016, él se apersonó –Martín Vizcarra- conjuntamente con el gerente general de CASA, el ciudadano ecuatoriano, Eduardo Sánchez Bernal, a la casa del entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK), para entregarle 450 mil soles en efectivo, como aporte de campaña electoral. Según el mismo Prialé, estuvieron presentes el jefe de campaña, Martín Vizcarra, y el secretario de economía, Alfonso Grados, que luego sería nombrado ministro de Trabajo por Kuczynski.

DUDAS LEGÍTIMAS
Con todo lo reseñado, quedan legítimas dudas sobre las decisiones tomadas y que han favorecido a CASA: ¿ha tenido algo que ver el supuesto aporte de campaña en el otorgamiento de 1,100 millones de soles en obras? Hay otras interrogantes igual de sustantivas. ¿Siendo el mandatario un hombre que nos hablaba del Club de la Construcción en campaña, no sabía que CASA era parte del mismo? ¿No estaba informado el Presidente que habiendo asumido el cargo se le siguió otorgando a CASA obras a pesar de tener en curso una investigación por el fiscal Juárez Atoche? Demasiadas interrogantes sin respuesta hasta el momento, tarea para los fiscales del caso Lava Jato elevados a la categoría de héroes por la prensa del Gobierno.

CON CÉSAR VILLANUEVA

En la región San Martín se le investiga A H&H y CASA por supuestamente coludirse con el ex gobernador regional César Villanueva para adjudicarse el mejoramiento de cinco hospitales por S/290 millones.

HIDROVÍA AMAZÓNICA

CASA en sociedad con la empresa china Sinohydro, también se adjudicó el proyecto Hidrovía Amazónica por US$95 millones (06/04/17) para el dragado de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, con una longitud de 2,685 kilómetros, para unir los puertos de Yurimaguas e Iquitos con la frontera con Brasil. Esta adjudicación no fue cuando Vizcarra era titular del MTC.

YA ESTABA INVESTIGADA

Las dos últimas obras otorgadas a CASA (21.05.2018 y 25.01.2019) en el periodo de Martín Vizcarra como Presidente se otorgaron cuando esta constructora ya estaba en proceso de investigación desde cuatro meses antes.
LA OBRA. VÍA CASMA-TINGO MARÍA-MONZÓN

Suerte la de algunos… todo queda en CASA

El contrato más jugoso que asciende a la suma de 317 millones de soles.
La prensa especializada, como la web gatoencerrado.com, informó en su momento que de los 12 contratos entregados por el Gobierno a la constructora CASA, 11 fueron otorgados mediante el sistema de licitación pública y en entredicho por los enjuagues descubiertos al “Club de la Construcción” para otorgarse estos presupuestos mediante un acuerdo previo, según ha denunciado el fiscal Germán Juárez Atoche.
“El contrato más jugoso que asciende a la suma de S/317 millones, no se adjudicó por licitación pública sino recurriendo a un simple proceso de selección (concurso interno) a cargo de Provías, tal como si se tratara de una compra de menor cuantía (útiles de limpieza, útiles de escritorio, etc.), violando los límites que fija la Ley de Presupuesto”, señala la citada web.
“En este caso especial, se trata del mantenimiento de la vía Casma-Tingo María-Monzón”, añade. En la lista beneficiaria a favor de CASA está como el primer proyecto que se adjudicó la buena pro del Concurso Público N° 0004-2016-MTC/20 (22/12/16) del “Servicio de gestión, mejoramiento y conservación del corredor vial de 581 kilómetros Casma-Huaraz-Huari Huaycabamba-Jircan-Tingo María-Monzón-Emp.Pe18A (Tingo María)”, con un presupuesto de S/317.2 millones.
Y el segundo fue la Licitación Pública N° 00202015-MTC/20 de “Rehabilitación de la carretera Mazamari-Pangoa-Cubantía” (13/02/17) por un monto de S/188 millones. El listado es largo y se supone que está en investigación.

(Foto: Richard Barrueta/EXPRESO)

Susana Villarán pagaría S/67 millones de reparación civil

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht, de ampliar de US$8 millones a US$20 millones (67.2 millones de soles) el monto de reparación civil para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano.
En la resolución se señala que, según el avance de las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del ‘No a la revocatoria’ se destinó 6 millones de dólares (US$3 millones de Odebrecht y US$3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$4 millones, con lo cual la suma total recibida asciende a US$10 millones (33.6 millones de soles).
Ello, indica el juez, constituye razón suficiente para estimar la petición de la Procuraduría y acoger el razonamiento que aplica el duplo de la suma materia de lavado de activos y asociación ilícita, pues se desarrolla sobre la base de la función preventiva y se dirige a desincentivar las operaciones de lavado de activos.
En una audiencia del último 18 de septiembre, el procurador Miguel Ángel Chero argumentó que el pedido para aumentar el monto obedecía a los nuevos hechos observados en este caso por parte del Ministerio Público y al incremento del número de investigados.
Chero dijo que la reparación civil toma en cuenta las utilidades obtenidas por las personas implicadas en estas irregularidades y los daños sufridos por el Estado peruano.
Esta reparación equivalente al doble del monto obtenido, añadió, busca ser un elemento disuasivo, una prevención a futuro frente a quienes pretendan incurrir en algo así.
Por el financiamiento para las campaña del ‘No a la revocatoria’ y reelección municipal, también se investiga a José Miguel Castro, Gabriel Prado, Domingo Arzubialde, Cecilia Lévano y José Pinheiro Filho.
Las empresas brasileñas habrían aceptado dar dinero a Villarán porque Odebrecht tenía el proyecto de concesión de vías nuevas de Lima, a través de Rutas de Lima, y OAS, a través de la empresa Lamsac, la adenda 1 de Línea Amarilla.
Fuente: Diario EXPRESO.

Mota Engil

Los tentáculos del “Club de la Construcción” habrían alcanzado a un sector de las Fuerzas Armadas. La Procuraduría Anticorrupción del Callao denunció ante el Ministerio Público que la Marina de Guerra favoreció en el 2015 a la empresa portuguesa Mota Engil con una adjudicación a dedo.El contrato fue para la ampliación de un astillero situado en la Base Naval. Según la denuncia, el presupuesto inicial de la obra arrancó en S/164’500,000, pero la Marina terminó desembolsando a los portugueses S/383’727,438.
Fuente: Semanario Hildebrandt en sus trece.

IEP: El 73% de peruanos a favor de investigar al presidente Vizcarra por caso Conirsa

El 73% de peruanos encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) considera que el presidente de la república Martín Vizcarra debe ser investigado por el caso Conirsa.
La reciente encuesta del IEP centró algunas de sus preguntas en el caso producido entre los años 2006 y 2008, cuando la empresa del presidente Vizcarra (CyM Vizcarra) fue proveedora del consorcio Conirsa, conformado por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, entre otras.
La encuesta, publicada por La República, detectó que el 19% de encuestados considera que no amerita realizarse dicha investigación.
Sin embargo, la población encuestada reflejó que no está muy enterada del caso si se tiene en cuenta que el 61% de encuestados no sabe si estos hechos ocurrieron cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua o trabajaba para la empresa privada.
Sólo el 16% de encuestados señala que los hechos ocurrieron cuando gobernador de Moquegua y el 23% dice que eso ocurrió cuando trabajaba para CyM Vizcarra.
Asimismo, el 17% de encuestados señala que la empresa de Vizcarra (CyM Vizcarra) tuvo contratos directamente con Conirsa, el 13% señala que esos contratos eran con Odebrecht y el 7% dice que era con Graña y Montero.
Sin embargo, el 67% respondió no saber con qué empresas tenía contratos la empresa del Jefe de Estado.
Aprobación
Pese a la polémica del caso Conirsa, la aprobación a la gestión del presidente Vizcarra está en 60%, retrocediendo sólo un punto porcentual respecto al nivel visto en el mes pasado (61%).
Mientras que su desaprobación si tuvo una caída mayor, teniendo en cuenta que pasó de 32% en diciembre a 29% en enero del presente año.
A nivel de Lima, la aprobación a la gestión de Vizcarra aumentó de 63% a 65%, mientras que en el interior del Perú sí se vio una caída de 59% a 57%.
Ficha técnica
Encuestadora: Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
Número de registro: 0393-REE/JNE
Persona jurídica que contrato la encuesta: La República
Objetivo del estudio: Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales.
Tamaño de la población: Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI (22’017,030)
​Tamaño de la muestra: 1,260 personas distribuidas en 17 departamentos, 24 provincias y 78 distritos
​Margen de error: +/- 2.8%
Fuente: Diario Gestión.

HE QUERELLADO A PAOLA UGAZ

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El pasado 06 de setiembre me he visto en la obligación de iniciar una querella por el delito de difamación agravada en contra de Paola Margot Ugaz Cruz, ateniéndome a lo indicado en el art. 132 del Código Penal. El motivo que me ha llevado a dar este paso radica en las declaraciones que la periodista Ugaz realizó en distintos espacios mediáticos y que, a pesar de nuestro pedido formal -recibido el 9 de julio en su domicilio- no ha rectificado. Ugaz ha dicho reiteradamente que el medio que yo dirijo ha venido publicando no solo mentiras sino denuncias difamatorias y que está dedicado a cometer sistemáticamente el delito de difamación en su contra. Además, Ugaz refiere que yo la he llamado “fea, bruta y tonta” por su condición de mujer.
Las afirmaciones de Paola Ugaz han tenido un impacto en mi buen nombre e inclusive buscan desestabilizar mi vida profesional y familiar. Como periodista entiendo que puede haber diferencias de opinión y posturas diversas ante un mismo hecho. Sin embargo, hay ciertos límites que no se pueden traspasar. En ese sentido, dado que Paola Ugaz ha afirmado cosas que son falsas y que afectan mi bien jurídico, amparado por la ley, he decidido dar este paso.
La investigación sobre el proceder periodístico de Paola Ugaz desde laabeja.pe se inició luego de que su colega Pedro Salinas respondiera a una columna de opinión que publiqué con motivo del libro “Mitad monjes, mitad soldados” que, como se recordará, escribieron juntos. La respuesta de Salinas me hizo ver que en su modo de operar había cosas que no responderían a los cánones profesionales del periodismo. En lugar de debatir argumentos, se centró en insultos a la persona y argumentos ad hominem. A partir de este indicio, consideré oportuno continuar mi investigación, a la cual se sumó Paola Ugaz, y pude confirmar que ambos periodistas tendrían un modo de operar similar del cual hoy yo estoy siendo víctima.
En este proceso periodístico, los diversos artículos que hemos publicado cuentan con el sustento necesario. Debo decir que los hechos revelados en nuestras investigaciones han servido como base para que otros periodistas pongan atención sobre dichos y hechos que requieren un esclarecimiento. Además, consideramos que la opinión pública tiene el derecho de conocer otro lado de la historia que, por razones que no es el momento de enumerar, se suele omitir. Parecería que este libre ejercicio de la libertad de expresión -que, por otro lado, ellos ensalzan- molesta en tanto cuanto no avala su perspectiva de las cosas. Esta consecuencia habría molestado a Paola Ugaz quien, asumiendo el papel de víctima, en lugar de aclarar los cuestionamientos que pesan sobre ella con pruebas válidas, ha preferido hacer uso de su privilegiado posicionamiento mediático para atacarnos. En mi calidad de director de este medio, en el cual colaboran muchos otros profesionales, de padre y esposo, no puedo sino alzar la voz en defensa de nuestros derechos.
Quiero aclarar que esta querella no encuentra su motivo ni en el rencor ni en la revancha. Paola Ugaz ha dicho cosas que son falsas y que dañan mi buen nombre. Esperamos que la justicia cumpla su labor y, sea cual sea el resultado del proceso, yo quedo tranquilo con haber procedido según el dictado de mi conciencia.

¿Y por qué no hablamos del “adelanto” de la “repartija” de “mermelada”?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Ya empezó en la prensa vizcarrista una campaña contra varios de los candidatos propuestos por las bancadas para ocupar un asiento en el Tribunal Constitucional. Reconocerán a los mentecatos de esa prensa de porquería por el sambenito de “repartija” o “nueva repartija” ,con el que han bautizado el proceso de elección al TC para descalificarlo. También está el hecho de presentar como dudoso o definitivamente malo a cualquier candidato que haya emitido una opinión sobre la propuesta vizcarrista de modificación constitucional para un adelanto de elecciones, con el cuento del informe especial o tendencias de los candidatos.
Lo cómico de esto es que en lo que se refiere a las opiniones vertidas por algunos de los candidatos sobre la propuesta del adelanto de elecciones generales, estas fueron hechas a pedido de esa misma prensa que ahora los condena como si fueran delincuentes en la medida de que las opiniones de los expertos consultados, hoy candidatos al TC, no coinciden con su línea editorial. Es decir, los coleguitas los llamaron o los invitaron a sus programas por su ESTATUS ACADÉMICO pero ahora juzgan sus opiniones POLÍTICAMENTE, camuflándose bajo el manto del “periodismo”.
Seamos claros: si algún debate constitucional debe producirse ante un hecho como la propuesta de modificar la Constitución para adelantar elecciones es, precisamente, entre los constitucionalistas; y resultaría insólito que siendo ello propio de su materia se guarden sus opiniones.
Yo estoy seguro de que hoy en el Perú, en todas las clases de Derecho Constitucional de cualquier universidad del país se está discutiendo el tema y las opiniones de los profesores van a favor o en contra. ¿Esos los descalificaría como candidatos al TC? ¿Más bien no sería todo lo contrario? ¿Si un maestro de la ley en materia constitucional no dice ni pío de un tema que pretende cambiar la constitución no nos estaría hablando de un mediocre?
Algunos afirman que si fuesen electos aquellos que ya adelantaron opinión o marcaron su tendencia deberían inhibirse de presentarse el caso ante el TC. ¿Inhibirse? ¿Acaso hay algún conflicto de interés? No hay conflicto alguno, pues la opinión no es política sino sustentada en un criterio técnico. Lo mismo que opinaron en un set de televisión, en una entrevista para El Comercio o Perú 21 o para RPP lo deben sustentar jurídicamente en una sentencia sobre el tema, así que… ¿por qué tanto barullo? Y eso, por supuesto, si alguno logra salir elegido pues conseguir 87 votos no es moco de pavo.
En cuanto al cuento de la “repartija” o la “nueva repartija”, ¿por qué mejor los coleguitas no nos cuentan el cuento del adelanto de la repartija de mermelada? ¿No sería un dulcesito más sabroso?

La publicación de Uceda que pone en aprietos a Vizcarra por Chinchero

El periodista Ricardo Uceda dio a conocer, en su más reciente publicación en La República, que la situación del presidente Martín Vizcarra podría empezar a complicarse por la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco).
Uceda indicó que la fiscal Zoila Bueno ha remitido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, importante documentación encontrada en la laptop del gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta, que involucraría de manera penal al jefe de Estado.
Lo primero tiene que ver con textos encontrado referidos a la interpelación que no se realizó al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, debido al fenómeno natural “Niño Costero”. Un archivo grabado en la computadora data del 10 de marzo de 2017 y contiene respuestas al pliego de interpelación que iba a responder Vizcarra Cornejo. No obstante, todavía no se ha verificado si el contenido es similar al que finalmente dio el exministro en su posterior interpelación.
Luego, de acuerdo a Uceda, “la segunda evidencia documental es sorprendente. Tiene relación con un informe que el entonces ministro Vizcarra ordenó pedir a la CAF para aclarar una controversia con Kuntur Wasi acerca del pago de intereses”.
El detalle aquí es que la empresa Kuntur Wasi accedió al informe del CAF 16 días antes de que el MTC lo recibiera de manera formal. Por esta gestión, se desembolsaron US$45 mil, trabajo que debió mantenerse dentro de los márgenes de confidencialidad del MTC pero que por una razón todavía no aclarada lo obtuvo la empresa litigante el 19 de octubre de 2016.Otro descubrimiento, continúa Uceda, es que el gerente general de Kuntur Wasi tenía grabada en su computadora una adenda del contrato –fuente de los supuestos delitos– el mismo día que el Director de Concesiones Mineras, Yaco Rosas, estaba sometiéndola a la opinión de OSITRAN para aprobación: 3 de enero del 2017.
Finalmente, llama la atención que se registra en dicha laptop que la empresa Andino Investment Holding S. A., del Consocio Kuntur Wasi, había donado en los años 2013 y 2014 un total de US$50,000 al Instituto País, una ONG creada por Pedro Pablo Kuczynski en 2009. Dicha ONG, cabe mencionar, era integrada por personas que después formaron parte de la campaña de PPK en 2016.
DELITO
La fiscal Bueno concluye con que funcionarios del MTC, entre ellos Fiorella Molinelli autorizada por Martín Vizcarra para firmar la adenda, y representantes de Kuntur Wasi habrían incurrido en el delito de colusión agravada por negociar una adenda al contrato entre ambos para construir el nuevo aeropuerto del Cusco.
Vizcarra tendría las mismas responsabilidades que Fiorella Molinelli, pero inmunidad lo protege de acusación alguna, remata el periodista de investigación.
Fuente: Diario EXPRESO.

Uceda: “Vizcarra es capaz de pedir prisión preventiva para Gareca si la tribuna se lo pidiera”

Al comentar el rechazo del presidente de la República, Martín Vizcarra, al reembolso de 524 millones de soles que reclama Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco), el periodista Ricardo Uceda sostuvo que el mandatario, de momento, le ha dado la espalda a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, quienes consideran que sí se debe reembolsar a la constructora carioca.
“De momento el presidente Martín Vizcarra les ha dado la espalda a los fiscales, pronunciándose porque no se pague a Odebrecht. Él, que solo gobierna escuchando al pueblo, es capaz de pedir prisión preventiva para Ricardo Gareca si la tribuna se lo pudiera”, escribió en su columna publicada en el diario La República.
Uceda también criticó que el fiscal superior Rafael Vela Barba haya emitido un informe avalando el pago a la firma carioca, en el que considera solo a las investigaciones preparatorias y deja afuera a las preliminares, que son la mayoría. “Está claro que el documento es una interpretación restrictiva de la sentencia judicial, y, en consecuencia, la incumple”, reprochó.
Por su parte, remarcó el hombre de prensa, la Procuraduría Ad Hoc, dirigida por Jorge Ramírez, sostiene que no se le puede cancelar los S/ 524 millones a Odebrecht porque “deben reportarse todas las investigaciones: las preparatorias y las preliminares”.
Así, concluyó el escritor, el Ministerio Público y Odebrecht “no tendrán otra salida que preguntarle a la jueza (María Álvarez, quien homologó el acuerdo de colaboración eficaz), si se refería a todas las investigaciones o a una parte de ellas”.
Recordemos que la magistrada sentenció que para que se dé el reembolso a la compañía trasnacional esta no debe afrontar investigaciones o procesos penales en el país.
Fuente: Diario EXPRESO.

Congresista Ángel Neyra presenta querella por difamación contra George Forsyth

El congresista Ángel Neyra (Fuerza Popular) presentó una querella por presunta difamación contra el alcalde de La Victoria, George Forsyth, luego de que este cuestionara que una ley promovida por él se ha convertido en una traba para la Municipalidad de La Victoria porque permite que los ambulantes informales utilicen los espacios públicos.
Según dijo Forsyth a RPP Noticias, la cuestionada norma se dio pese a que su gestión ya tenía acuerdos con los emolienteros para favorecer su formalización a través del pago de 25 soles diarios a manera de tributo por utilizar la vía pública. Sin embargo, la aprobada ley prohíbe la firma de convenios con una transacción económica de por medio.
“Teníamos a 78 emolienteros dentro de Gamarra, para lo cual ellos aportaban de forma voluntaria 25 soles al día, que son 750 soles al mes. Con esto no consigues un local porque está muy por debajo del precio comercial. Ellos felices lo firmaron, pero luego un congresista saca una aclaración donde dicen que no pueden pagar y que tienen que trabajar gratis”, dijo.En entrevista con RPP Noticias, el alcalde de La Victoria explicó que la actividad de un emolientero en las calles hace que su distrito tenga que disponer un equipo de fiscalizadores para supervisar que cuente con registro sanitario y que cumpla con el orden y la limpieza, lo cual representa un gasto.
Forsyth también comentó que se reunió con el congresista Neyra -accesitario de Kenji Fujimori-, quien lo citó al Parlamento cuando inició el reordenamiento de Gamarra. Asimismo, comentó que a raíz de este problema ha recibido el llamado de otros alcaldes, quienes les han manifestado los problemas que se han generado por la modificación de la ‘Ley de Emolienteros’.
“Se hizo para fregar a La Victoria porque es una pelea que tienen conmigo, pero ya está afectando a todo el Perú, así que ahora nos vamos a juntar todos los alcaldes para que nos cambien esto (‘Ley de Emolienteros’). El Congreso no va a venir a regalar mi país”, dijo.
Fuente: Radio Programas del Perú.