Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
Hoy es 28 de noviembre y el referéndum es el 9 de diciembre. Estamos a menos de dos semanas de modificar casi un tercio de la Constitución en materias tan importantes como la administración de justicia y el sistema de representación política y nadie sabe cuáles son los cambios por los que va a votar ni, mucho menos, las consecuencias reales que para su vida y el país traerán esos cambios.
Cuando digo “nadie” me refiero a Juan Pueblo, pues en cuanto a la élite interesada en una agenda propia esta sabe perfectamente que el referéndum es puro humo, que no va a solucionar ningún problema ni de justicia ni de organización política y que, por el contrario –según la mayoría de expertos en la materia– las reformas constitucionales propuestas por Martín Vizcarra empeorarán una situación política ya de por sí desastrosa.
El único y gran responsable de poner al país frente a una catástrofe anunciada como la que se avecina es Martín Vizcarra. El señor es un demagogo nato. Nada le costaba, si hubiera sido el estadista que no es, proponer una reforma en serio y no el mamarracho que denunció hasta el último día de su vida Enrique Bernales. Lo advirtió pero nadie le hizo caso. Incluso algunos que hoy lloriquean con hipocresía su muerte se burlaron deslizando miserablemente el hecho de que quizás su enfermedad le hubiera afectado el cerebro.
Lo cierto es que Martín Vizcarra improvisó un adefesio para las tribunas, aprovechó un escándalo de corrupción para enardecer al populacho y sobre eso edificó un referéndum a su medida, avasallando al Congreso y dictándole plazos perentorios. Y llegó al extremo de la estulticia de pretender que las reformas quedaran oleadas y sacramentadas por el voto popular en octubre, con las elecciones municipales. La ONPE y el JNE le dijeron que era imposible. Entonces decidió que tenía que ser en la segunda vuelta del 9 de diciembre y punto.
Amenazó con cerrar el Congreso para salirse con la suya y de nada sirvieron los consejos que de buena voluntad se le dieron para que de una manera ordenada y responsable las reformas se discutieran y se dejaran madurar hasta la legislatura de marzo de 2019 y se votaran ahí. Como a todo demagogo lo único que le interesaba era él –es decir, no perder la oportunidad de un baño de popularidad poniéndose a la cabeza de un referéndum entre los “buenos” y los “malos”, los “virtuosos” y los “corruptos”– siendo las reformas constitucionales un mero pretexto para el acto electoral.
Pues bien, estamos en vísperas de la hora señalada. Tengo la sospecha de que Martín Vizcarra se ha dado cuenta de que no las tiene todas consigo, de que la anticorrupción ya está cansando y de que el humo se está disipando dejando a la vista que en estos seis meses de gobierno –lapso en el que pidió que se evalúe su gestión– no ha hecho absolutamente nada más que hablar y hablar de corrupción. No tiene oposición, pues Keiko Fujimori está presa arbitrariamente por tres años sin acusación fiscal y Alan García con refugio diplomático.
El norte del país sigue hecho un desastre. El crimen avanza mientras los policías son asesinados en las calles y las balaceras son pan de cada día. La violencia contra la mujer sigue viento en popa (aunque magnificada por la prensa bajo razones de agenda ideológica) y la corrupción toca la puerta de los ministerios, como el de Cultura. El sector Salud y los maestros se van a la huelga y el país empieza a despertar de los sueños de opio que le vendió Vizcarra (en complicidad con el cartel mediático) para alzar la voz y pedir cuentas.
Vizcarra ha hecho un llamado desesperado esta semana a todas las autoridades para que tomen partido por el referéndum y movilicen a la población para votar. Sabe que algo no está yendo bien (pese a todas las encuestas de Ipsos) y que en la puerta del horno se le puede quemar el pan.
Como las reformas son una coartada, el 9 de diciembre es un plebiscito sobre su gobierno que en seis meses, repito, no ha hecho absolutamente nada. ¿O alguien puede señalarme alguna obra pública que esté en camino? ¿La economía crece o está estancada? ¿Hay algún proyecto para celebrar el bicentenario a dos años de esta fecha? Si la respuesta es que no hay nada, entonces la respuesta a las cuatro preguntas del referéndum es NO.
Cuatro veces NO, como para que no haya ninguna duda y le quede el ojo bien cuadrado.

Por sus obras los conoceréis

Por MARIELLA BALBI– Diario Perú21.
La explicación de Jaime Yoshiyama respecto a cómo obtuvo US$800,000 para la campaña fujimorista es poco creíble y contradictoria. Pero si el fiscal del caso no acredita que Jorge Barata dio el dinero a Yoshiyama, se le complicará la verificación. Con la lideresa de Fuerza Popular en cana, el fiscal no tiene prisa en demostrarlo. Recordemos que Barata declaró que no tiene pruebas de ello.
Cosas de la vida, la misma ignorancia de Keiko Fujimori sobre los aportes a su campaña la tuvo Mario Vargas Llosa, su antípoda cabal. Este escribió que pidió expresamente a sus correligionarios no saber nada sobre la proveniencia del dinero de su millonaria campaña electoral. Por sus dichos los conoceréis.
El fiscal del caso Keiko Fujimori solo quiere construir, si es posible a patadas, una organización criminal, que se resume en conseguir prisión provisional por 36 meses para quien le convenga y contar ese tiempo para construir la ‘criminalandia’ de sus sueños.
Basta el dicho de un delator para pedir chirona. Vale todo, el congresista Reátegui es testigo protegido, no está investigado, su esposa y familiares sí.
Delata a sus partidarios, pero es participante de los hechos. Debería ser colaborador y para ello levantarle el fuero. Otro testigo suelta que el esposo de Keiko Fujimori compró vehículos con ‘la plata que sobró de la campaña’ (los compró por leasing) y ya le abrieron investigación, también a 500 almas más. Ojo al piojo, si Uruguay mira las audiencias donde condenan a gente como cancha con argumentos fantasiosos, quedará estupefacto con este desaguisado disque judicial. Lo más desopilante es cuando juez y fiscal subrayan con cierta seriedad que el partido no es una organización criminal sino que, Fuerza Popular, fue infiltrado por una. Es decir la ‘capi di capis’ es Keiko Fujimori, que se infiltró a sí misma.
Otra ‘prueba gran’ de la organización criminal es que tiene una estructura vertical. El fiscal y el juez no quieren que los partidos funcionen como tales, sino como un ‘Wodstock’ permanente. Pero para tramitar la apelación de Keiko Fujimori actúa con pachocha. Le impone a la prisionera hacer su cola porque le falta sentenciar a 50 más. Un juez injusto, tanto que el defensor del Pueblo lo reconviene. Por sus inacciones los reconoceréis.
El presidente pide “no confundir persecución política con lucha anticorrupción” sin aceptar que a quienes más se ‘combate’ o persigue es a sus opositores. A otros investigados, Barata los delató puntualmente, están tranquilos como operados. Por sus obras los reconoceréis.

A LA OPINIÓN PÚBLICA
Como es fácil “etiquetar” de corrupta a una persona difundiendo y repitiendo rumores para lograr reacciones emocionales, creo necesario recordar hechos que no se conocen o se olvidan.
Primero. En el año 2013 el Señor Fiscal de la Nación, Dr. Antonio Peláez, máxima autoridad del Ministerio Público, inició de oficio una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra mí y durante un año analizó e investigó cada uno de mis ingresos y el único bien inmobiliario que poseo, adicionalmente cada una de las conferencias dictadas como conferencista internacional, y un año después en diciembre del año 2013 expidió su Resolución Final en la cual estableció: “No se ha demostrado existir ningún enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial o lavado de activos en el presidente Alan García”.
Segundo. En el año 2011, tras el fin de mi segundo gobierno, el parlamento, de mayoría adversaria y gobiernista, creó una comisión llamada la Mega Comisión sobre los presuntos ilícitos cometidos por Alan García y, en los años siguientes, levantó mi secreto bancario, analizó mis bienes que se limitan a mi vivienda particular, estudió mis ingresos; es decir, mi pensión como ex Presidente, mi salario como director de un Instituto Universitario y el producto de mis conferencias internacionales y, en el año 2016, antes de cerrarse ese congreso de mayoría adversaria presentó un informe que fue aprobado por el Congreso, en el cual consta textualmente: “No se ha encontrado ningún indicio o prueba de enriquecimiento ilícito o patrimonial de Alan García”.
Tercero. En el año 2017, el actual Congreso, en el que el Partido Aprista Peruano, solo cuenta con cinco de ciento treinta parlamentarios, creó la llamada Comisión Lava Jato, que por dos años, llevó a cabo una investigación sobre más de diez obras construidas en tres gobiernos y sobre más de 400 personas, y su conclusión votada el ocho de octubre señalo explícitamente: “No hemos encontrado ningún indicio, delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos”, que sí han involucrado documental y probadamente a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski e inclusive a otros funcionarios como la alcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán.
Cuarto. El Fiscal de la Nación, que sucedió al Fiscal Peláez, Dr. Pablo Sánchez, ordenó en el mes de junio de 2018, el archivamiento de las nuevas investigaciones sobre lo ya investigado, por haberse establecido que no tenía ninguna vinculación con delito o enriquecimiento patrimonial. Y de esta manera, fue el segundo Fiscal de la Nación que lo hizo, aunque ninguna de ambas resoluciones sea respetada, en este momento, por fiscales de inferior categoría que conducen la persecución política en mi contra con simples especulaciones y rumores, que lanzadas y repetidas se vuelven verdad para muchos.
Quinto. En todas y cada una de las declaraciones bajo juramento, que por acuerdo entre Perú y Brasil han ofrecido, el dueño de la empresa Odebrecht y sus más altos funcionarios han reiterado que no tengo relación con ningún delito ni he recibido ni pedido algún beneficio para mí. Así lo dijo Marcelo Odebrecht al fiscal del Perú y al procurador brasileño: “Nunca hemos hablado de nada ilícito ni ilegal con Alan García”; su representante en el Perú, Jorge Barata ha dijo en el proceso que “jamás conversó conmigo sobre ningún soborno” y que sí, según dijo, apoyó al partido aprista peruano en una elección hace doce años fue “Sin conocimiento de Alan García, que nunca habló conmigo y que no sabe si alguna vez tuvo conocimiento de eso”. Finalmente, el tesorero de esa empresa, Carlos Nostre, brasileño, declaró en el mes de octubre que, en efecto, sobornó a un viceministro (Jorge Cuba) depositándole dinero en una cuenta en Andorra pero que jamás tuve yo nada que ver en ello, ni lo supe.
Sexto. Todos estos hechos comprueban cuánto y cómo estoy alejado de actos delictivos, por lo cual, en más de siete años de terminado mi gobierno no he tenido ningún proceso. Pero ahora, para vincularme con algún hecho se utilizó una de las 36 conferencias mundiales que he dictado como expresidente, la sostenida en el auditorio de la Federación Industrial de Sao Paulo argumentando que ella había sido pagada indirectamente por Odebrecht, una de las empresas miembros de esa Federación y presumiendo, sin prueba, que ese dinero provendría de ilícitos de la empresa. Pero es público que, en el año 2012, nadie en América Latina tenía conocimiento de las acciones delictivas y de soborno que esa empresa protagonizaba, pues solamente se conocieron en el año 2016. Además, recibí los honorarios de la Federación y su agenda, enviados desde el Banco do Brasil y por los que pagaron impuestos, en mi cuenta pública en Urna y pagué el 30% de impuestos por ella. Pero por especulación malévola se ordenó el 17 de noviembre mi impedimento de salida del país por 18 meses.
Séptimo. He asistido a 48 citaciones de jueces y fiscales sobre cada una de las obras que hizo la empresa Odebrecht en el Perú, pero, llegado a Lima el día 15 para asistir a la citación número 49 encontré que esta se suspendió, solicitándose mi impedimento de salida del país sin ninguna explicación. Personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación, nos hizo saber que esa medida se adoptaría a pesar de lo cual y por no creerla, asistí, pero se cumplió. Luego, se nos informó que, para la siguiente audiencia, la número 50, el 19 de noviembre se aplicaría una medida de detención preliminar en la propia audiencia para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses, en una suerte de emboscada inaceptable.
Octavo. En los días siguientes se ha comprobado lo siguiente: la orden de impedimento fue dictada por el juez el 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde, pero como lo demuestra el documento oficial, el Ministerio del Interior ya habían dispuesto desde el 1 en la mañana ese impedimento informando a todas las garitas de salida del país, lo que demuestra que la orden judicial había sido antecedida por una orden política. Tan grave como ello es que, ahora, para responder a la denuncia de persecución política, el jefe de los fiscales que ven este caso diga abierta y descaradamente en la televisión que: “Solo se trataba de una sospecha inicial para la cual no tenemos todavía ningún elemento fundamental”. Pero al decir eso con respecto a la conferencia, no da marcha atrás en el impedimento de salida de 18 meses que es una limitación a la libertad y una sanción política ante el país, ni desmiente que el día 19 iba a procederse a mi detención por una “sospecha inicial” que es solo una especulación o rumor.
Así se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos y se comienza acusando de lavado de activos porque según se dice el dinero de la conferencia habría provenido de actividades ilícitas de Odebrecht; tras lo cual se añade el tipo de Organización Delictiva y de esa manera se tiene una detención de 36 meses que es una sentencia en sí misma ampliable a otros 36 meses mientras “se hace la investigación”. Pero todo ello coincide con el calendario electoral y con las acciones del gobierno.
Noveno. En ningún otro tema existe declaración, ni delación acusatoria, ni cuenta corriente por ninguno de los proyectos. Con esa confianza he participado, repito, en 48 audiencias fiscales y judiciales explicando que el Presidente de la República por emitir decretos de urgencia para realización de las obras en una democracia, no tiene ninguna culpabilidad por el delito de algún funcionario menor.
Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa.
Alan García

Protesta, rebelión, revolución

Por Hugo Neira-Diario El Comercio.
“En castellano se usa poco la palabra revuelta”. Esta frase inicia un célebre texto del mexicano Octavio Paz. “La revuelta es popular y expresiva”. La rebelión –añade– “es una sublevación solitaria o minoritaria”. Texto de 1978, y que me ha acompañado toda mi vida, una tríada que no ha perdido su vigencia. La otra idea es revolución. ¿Por qué Paz? Le dieron el Nobel de Literatura, no por escribir novelas, sino por poeta y ensayista. Paz, un gran pensador latinoamericano. “El laberinto de la soledad”, una pena que muchos peruanos no lo conozcan. Me armo de estos conceptos para abordar lo que nos está pasando. En particular, el tema del asilo.
Vamos al grano. El tema crucial es la corrupción. Qué duda cabe, desde los años 90, el país ha crecido económicamente y a la vez se ha corrompido. Odebrecht pudrió por decenios a políticos y de paso a funcionarios, estudios de abogados y la mar en coche. Hay una parte de la sociedad que está hambrienta de justicia, y otra que ha lucrado. Y es cierto que los presidentes en los últimos 18 años, o están pedidos o tienen procesos judiciales abiertos. ¿Pero dónde está el error? En la “detención preventiva”. Investigar, sí. Pero sin arrasar los derechos humanos y la libertad del ciudadano. Ya sé, hay esa ley, pero abre de par en par las puertas a un poder sin límites. La preventiva, mañana un opositor; pasado cualquier disidente. De la anticorrupción nos estamos deslizando al hábito de la persecución. De la sartén al fuego.
Privar de libertad es muy práctico. Se ponen esposas o grilletes a un personaje y su contorno comienza a cantar. El problema es que eso no es novedad. Lo preventivo se ha usado en el muy eficaz Estado totalitario de la Unión Soviética. Ni los comunistas que eran parte de las instituciones gubernamentales estaban a salvo de una acusación. El pragmatismo cínico escogía las víctimas entre sus propias filas. Eso se llama purga. Y con los nazis, ¿quién podía estar seguro con su mórbida revolución? Nosotros, a la peruana, “la fiscalía ha creado un clima de indefensión jurídica”, dice Alan García en su carta al presidente uruguayo. O sea, aun con ausencia de pruebas, cualquiera puede ser puesto en la “preventiva”. No es, pues, un asunto solo de ex presidentes sino de 32 millones de ciudadanos, hoy desprotegidos.
El asilo de Alan García es el mayor golpe dado al presente gobierno. Es la “rebelión”, a decir de Octavio Paz. Palacio ha actuado como si el Perú estuviera fuera del planeta. Olvidaron que el individuo y sus derechos no tienen fronteras, de ahí el exilio. Los apristas, en particular, saben cómo es eso. Estamos dentro de una realidad global. En el inmenso tráfico de la mundialización, no solo corren negocios sino noticias. No se priva de libertad así porque sí. Cierto, es difícil y a veces imposible desenredar la telaraña de las mafias, eso en todas partes. Pero la medicina que aquí se aplica es peor que la enfermedad.
En cuanto a la protesta, los pueblos no son infalibles. El lumpemproletariado llevó al poder a Hitler. Los españoles, dados los excesos de los republicanos, soportaron a Franco 40 años. En Chile, al general Pinochet lo apoyaron clases medias contrarias a Allende. Hay revoluciones reaccionarias. ¿Eso queremos? ¿Y qué pasa si Butters tiene razón y se avecina un flujo de ex alcaldesas y ex presidentes rumbo a las otras embajadas en Lima?
La rebelión es el arma pacífica ante las leyes despóticas. La Independencia fue una rebelión. Piérola, Castilla eran rebeldes. Solo se obedece lo justo.

“JUSTICIA GOURMET” EN EL PERÚ

Por Alfredo Gildemeister-www.laabeja.pe
Definitivamente la actuación del Ministerio Público (Fiscalía) así como la administración de justicia en el Perú (Poder Judicial) se ha vuelto todo un espectáculo digno de los mejores países comunistas o totalitarios en donde se solía -y se suele- filmar o televisar los procesos o “juicios” de todos aquellos que no “coinciden” con el régimen en cuestión.
Así sucedía en la Unión Soviética en donde, a modo de ejemplo, se filmaban los procesos de los “disidentes” con el “sistema” y donde ya se sabía que éstos terminarían en Siberia o en algún gulag (campo de concentración y de trabajos forzados) como bien relata el gran escritor Alexander Solzhenitsyn. Al parecer, en el Perú se ha comenzado a utilizar el mismo “estilo” puesto que se dictan medidas de “detención preventiva” -entiéndase prisión o encarcelamiento- por plazos de 36 meses renovables por otro plazo similar y curiosamente solo a líderes de partidos de la oposición al gobierno.
Lo acabamos de apreciar con la detención preventiva contra la líder de Fuerza Popular -principal partido de la oposición- así como contra sus asesores y secretaria personal, estando aún pendiente el de su esposo. Lo mejor de todo es que ello se determina en base a “indicios” y elementos de poco o ningún valor probatorio. Caso parecido se da con el expresidente Alan García, el cual es nuevamente investigado bajo discutibles “pruebas” al cual se le dictó la medida de impedimento de salida del país y, según se dice, cuando se estaba por dictar la medida de “detención preventiva” por 36 meses, con el objeto de ser esposado, encarcelado y vestido con la indumentaria de “Detenido” -tal como se hiciera con Keiko Fujimori-, a fin de ser humillado públicamente, García tomó la decisión de solicitar asilo político en Uruguay.
Lo mejor de todo este nuevo sistema de Justicia es que ya van a transcurrir tres semanas desde que el Congreso de la República aprobara el Informe Lavajato y, hasta la fecha, ¡no hay un solo detenido de los 132 implicados que señala el mencionado informe! De los implicados más importantes como PPK, Graña, Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia, por mencionar solo algunos incluyendo a Toledo que continúa feliz en los Estados Unidos, ninguno está detenido y menos bajo prisión preventiva.
Como se puede apreciar, toda una “justicia gourmet” al gusto del cliente, en este caso, la mafia de Odebrecht que lo controla todo y mueve sus hilos de acuerdo con sus intereses. A ello debemos agregar el escándalo del caso Chinchero, que involucra al mismísimo presidente de la República y a dos ministros para comenzar, tampoco se toca este tema. A la “justicia gourmet” peruana no le interesa este escándalo y menos actuar contra sus implicados o contra los señalados en el Informe Lavajato y ojo que en estos casos existen pruebas contundentes, declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Barata que confirman diversos delitos, pero sin embargo… no pasa nada. Así “trabaja” la justicia gourmet en el Perú de hoy.
De allí que lo alegado por el expresidente García en el sentido que existe una “persecución política” no deja de tener todos los elementos para que sea verdad. El mismo presidente de la República ha efectuado diversas declaraciones para pensarlo así y es lo que afirmó García recientemente: “Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques. ¿Y todo por tapar Chinchero y qué más?” El hecho del presidente de llamar telefónicamente al presidente de Uruguay a raíz de la solicitud de asilo político por García ya constituye una muestra más de injerencia política por parte del Ejecutivo. Se aprecia pues una justicia selectiva contra determinados líderes y partidos de oposición, como el hecho de acusar al partido Fuerza Popular de banda criminal o crimen organizado, siendo un partido político formal, como en los tiempos en que al partido Aprista fue prohibido por el régimen de turno y perseguidos sus integrantes.
Debemos indicar que para la “justicia gourmet” la presunción de inocencia y el debido proceso constituyen todo un mito. Lo establecido en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, esto es, el derecho al debido proceso; o el principio a no ser penado sin el debido proceso (inciso 10) y no estableciendo penas disfrazadas como “detención preventiva” por plazos de 36 meses renovables, constituye toda una pena sin proceso judicial. El reciente allanamiento del Estudio Ore por la Fiscalía, constituye toda una violación al derecho de defensa de toda persona, así como al secreto profesional (art.2 inciso 18). El derecho a la debida defensa consta en el numeral 23) del artículo 2, y en el inciso 14 del ya citado artículo 139 de la Constitución: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Pero si se allana el Estudio del abogado defensor, se incautan sus documentos y escritos, etc. ¿Acaso el siguiente paso será allanar el domicilio del abogado defensor o inclusive, detenerlo en prisión? El debido proceso pues se está transformando en un mero mito, el cual puede ser manipulado por el juez o el fiscal de turno a su entero gusto.
Finalmente, la presunción de inocencia constituye otro principio propio de toda democracia y Estado de Derecho que no puede vulnerarse. El artículo 2 numeral 24) de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: …e) “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Así mismo, la detención de una persona debe ser “motivado” (inciso f) y no bajo cualquier indicio o sospecha, pero sin prueba contundente. Sin embargo, para la “justicia gourmet” es todo lo contrario: el acusado se presume culpable y debe probar su inocencia. Este “sistema” es muy típico de la justicia gourmet, la cual condena prácticamente ipso facto ante lo que “se dice”, “se comenta”, “se percibe”, etc. sin prueba contundente alguna, y es el acusado el que debe probar su inocencia. Para la “justicia gourmet” la presunción no es de inocencia sino de culpabilidad.
Como bien señala la periodista Mariella Balbi: “Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones… Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia. En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos. La prensa, no obstante, los mira con aprobación” (“Carta Abierta a Tavaré Vásquez”, Perú 21, 21/11/18).
¿Alguien con dos dedos de frente se sometería a un sistema arbitrario en donde las leyes, los derechos fundamentales, los principios jurisdiccionales y la propia Constitución son meras referencias sin obligatoriedad alguna? De ninguna manera. La “justicia gourmet” no es otra cosa que la antesala de una dictadura que muy sutilmente se va imponiendo, en donde se van vulnerando uno a uno los derechos constitucionales de toda persona, basándose en “criterios” subjetivos, para alcanzar una situación en donde la democracia y el Estado de Derecho terminen siendo un saludo a la bandera. Debe acabar esta “justicia gourmet” al gusto del gobierno de turno, y más aún, si está al servicio de una mafia poderosa como la de Odebrecht.

El asilo llega solo

Por Diethell Columbus Murata-Político.pe
El expresidente García sabe perfectamente que su pedido de asilo se sustenta y nutre diariamente con los excesos y errores que otros cometen. Por ello, el gobierno uruguayo solo necesita comprobar si existen anomalías que pueden afectan el debido proceso, si realmente existe independencia de poderes y si lo que se busca es justicia y no un ajusticiamiento.
Alan García es un hombre afortunado, pues sin pedirlo recibe el apoyo hasta de sus más feroces detractores. Por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala acaba de enviarle una carta al presidente Tabaré Vásquez en la que narra cómo él (a diferencia de García) tuvo la valentía de afrontar las acusaciones que pesaban en su contra, pero además deja constancia de la veracidad de las afirmaciones de su antecesor, es decir: que en nuestro sistema de justicia se cometen excesos inconstitucionales como encarcelar a una persona sin que exista siquiera una acusación fiscal, tal cual el caso de Keiko Fujimori.
Por cuestiones ajenas al sentido común, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de Keiko Fujimori y Alan García no se le ocurrió mejor idea que demostrar que en su afán de conseguir supuestas pruebas incriminatorias está dispuesto a allanar las oficinas de abogados defensores, y terminar vulnerando el derecho fundamental a la defensa. ¡Inaceptable!
Asimismo, el poco recato de la administración Vizcarra en impulsar la destitución del actual fiscal de la Nación tenía un claro fin; vale decir,conseguir un titular del Ministerio Público acorde a su visión política y, como prueba de ello, hace unas semanas la célula parlamentaria aprista denunció ante la opinión pública que el Gobierno estaba urdiendo una norma intervencionista del Ministerio Público que destituiría al actual fiscal de la Nación y permitiría el nombramiento a dedo de un reemplazo temporal. ¡Ya, pues!
Seamos claros, en nuestro país se está vulnerando groseramente el estado de Derecho, y lo que es más grave, que se hace selectivamente. Eso que hoy la mayoría aplaude –porque satisface su indignación acumulada– no es más que abuso de poder que mañana puede desbocar en linchamientos colectivos.
Quizá el asilo de García Pérez sea políticamente cuestionable e indigesto; empero, es indudable que las condiciones de facto para que le sea concedido están dadas. Ningún gobierno distinto a una república bananera podría ver con normalidad el zafarrancho que aquí viene ocurriendo.

¿No hay persecución política?

Por Beatriz Mejía Mori-Diario Expreso.
He leído la carta de Alan García al presidente de Uruguay; salvo algunas impresiones personales, ha descrito lo que realmente está pasando en el Perú.
Qué paradoja, haber esperado tanto tiempo por una investigación cabal de sus actos de gobierno, y admitir ahora que no cuenta con las garantías de asistir a un debido proceso y a un juicio justo por la manifiesta politización de la administración de justicia.
La invocación de Martín Vizcarra al presidente de Uruguay para que recuerde los acuerdos de la Cumbre de las Américas y su compromiso anticorrupción, resulta tenebrosa cuando comprobamos que en el Compromiso de Lima que suscribió en esa cumbre, entregó la reserva tributaria y bancaria de todos los peruanos al Gobierno Único Mundial, violando la Constitución, sirviendo a la peor corrupción internacional que está colonizando al Perú y a las naciones a través de la destrucción moral de nuestros pueblos.
Hemos denunciado el montaje agresivo de una dictadura a través de este gobierno, que comenzó con formas diplomáticas con Pedro Pablo Kuczynski y que ha tomado el cariz de autoritarismo, vulneración de la autonomía de los poderes del Estado, extorsión  pública, demolición de la oposición política y persecución selectiva de los opositores, con Martín Vizcarra, cuyo objetivo es cumplir con la agenda de imposición del Gobierno Mundial, como lo expresó en su discurso apátrida ante la ONU al dar penosa cuenta del cumplimiento de la agenda de dominio mundial 2030.
El sistema judicial ha sido acorralado con unas interceptaciones telefónicas, su objetivo: manipularlo en casos de interés político y justificar su intervención a través de las reformas constitucionales impuestas al Congreso y por un seudo referéndum a una población engañada por la prensa comprada, lo que les permitirá nombrar jueces y fiscales pro dictadura.
El trato desigual a los políticos incluidos en el caso Lava Jato no puede ser más revelador de la persecución selectiva de los opositores políticos, ¡qué vergüenza! que un citado a una diligencia fiscal, venga desde Madrid y que le cancelen la diligencia y en el día le dicten un impedimento de salida del país, no hay que ser gurú para advertir una inmediata detención preventiva; en tanto, los allegados al gobierno gozan de libertad y protección política.
No existen garantías en el Perú para un juicio justo, y no las habrá en tanto no caiga esta dictadura.

Demolición preventiva

Por MARIELLA BALBI-Diario Perú21.
Medios amigos del gobierno Humala-Heredia y sus abogados quieren hacernos creer que contra el ex presidente y la ex presidenta, perdón, ex primera dama, hay inquina personal, abuso de derecho o –como los reos escribieron– una “arbitrariedad judicial”. La realidad indica lo contrario: la prisión preventiva contra ellos fue absolutamente acertada. El dúo presidencial no es trigo limpio. Heredia quiso atornillarse en la FAO de manera grotesca, pura vara brasileña. La reiterada negación de sus agendas… ¿Qué más? Con gran desatino, Ollanta Humala plantó a la Fiscalía. Craso error. Asimismo, su defensa no sopesó la aparición de muertos en Madre Mía, donde estuvo de capitán, y los audios fondeados nos mostraron de lo que Humala es capaz: comprar testigos.
Ellos sabían que les caía la noche. Hacer un melodrama por la visita del valiente fiscal Germán Juárez Atoche al colegio de las hijas de Humala-Heredia fue inútil. Cero abuso, qué va. En la Fiscalía no son tontos. Las hijas viajaron a EE.UU. para perfeccionar su inglés, no por un asunto escolar. El embajador francés desmintió cualquier gestión de asilo. Curioso, los funcionarios de Cancillería no asistieron a la fiesta de gala del 14 de julio y los implicados tienen pasaporte italiano, por qué no pensar en una fuga, bastante organizada, por cierto. Serían tontos de informar lo que harían. Además, pidieron postergar la audiencia. La efectista entrega de pasaportes peruanos de la ex pareja presidencial fue hecha un día antes del fallo.
Sería saludable que los encarcelados no mezclen a su familia en esto. Debieron pensar antes en ella, en las consecuencias de sus triquiñuelas y mentiras. Quienes se arrancan las vestiduras por prisión preventiva nunca dijeron ni una sílaba sobre este régimen impuesto a tanta gente vinculada a la función pública. El más ominoso e indignante es el del César Álvarez, ex gobernador de Áncash. ¡Tiene cuatro años y medio en prisión preventiva! Y aquí no pasa nada.
Por los Humala-Heredia saltan los áulicos, o beneficiados, no el 70% de la población.
Pero muchos observan el inicio de una campaña de demolición contra el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Juárez. Que si son apristas, si postularon a una regiduría, si utilizaron lapicero azul y no negro. ¿Puede el beneficio personal o el odio político negar la realidad? Tenemos derecho a opinar, no a hacer campañas de demolición.
Los peruanos de bien tenemos gratitud hacia los magistrados Carhuancho y Juárez. Trejos, resueltos, decididos a combatir la corrupción y que no nos hagan ‘cholitos’. El reconocimiento también alcanza al fiscal Ricardo Rojas, quien con gran arrojo logró reabrir la investigación de lavado de activos contra Nadine Heredia cuando esta tenía todo el poder. También a quien –vivo o asesinado– entregó las agendas de NH al país.

¿Hay persecución política en el Perú?

Por Jaime de Althaus-Diario El Comercio.
En el Perú no hay persecución política. Lo que hay es algo más sutil y letal a la vez: criminalización política, ajusticiamiento mediático-judicial de partidos políticos. Ocurre, por ejemplo, cuando se expone públicamente todos los días por la televisión de qué manera un partido político se “organiza criminalmente” para cometer algo que no es delito. A fuerza de presentar día a día testimonios nuevos y agravantes, la impresión que queda en la opinión pública es que, efectivamente se trata de una siniestra organización criminal dedicada al lavado de activos, por más que tal cosa no exista.
El resultado es que, según última encuesta de Ipsos, el 54% considere que Fuerza Popular es una organización criminal y que la aprobación al Poder Judicial pase de 10% en agosto a 27% en noviembre. El procedimiento, mucho antes de que haya juicio, ya decreta la muerte política del partido en cuestión. A la cúpula no se le ha iniciado aún investigación preparatoria y menos aún se le ha acusado, pero ya purga precondena de tres años de cárcel. Y la que hubiera sido candidata con posibilidades es ya cadáver político. La presunción de inocencia es la primera víctima.
Ahora bien, tampoco se puede decir que el proceso de criminalización de algunos partidos políticos haya sido digitado por el Gobierno. Es verdad que el presidente se beneficia indirectamente, pero él no ha ordenado nada en el terreno penal. Hay, efectivamente, separación de poderes.
El problema no está allí. Está en una justicia que se ha vuelto plebiscitaria y poderosamente arbitraria, en fiscales y jueces que, pasando por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya advirtió acerca de los excesos que se comete en la prisión preventiva, obedecen a centros de influencia con poder creciente en el sistema judicial y a una opinión pública mayoritaria que, retroalimentada a su vez por el espectáculo de la justicia mediática, se radicaliza cada vez más exigiendo la prisión de aquellos a quienes siempre aborreció políticamente. Es la justicia popular que se está tragando a casi toda la clase política.
Si un partido ha hecho todo lo posible por desprestigiarse y por concitar el rechazo ciudadano, pero no ha cometido delito, es algo que deberá pagar en las siguientes elecciones, no en la cárcel. Una cosa es el repudio electoral, y otra la ejecución penal. La criminalización de la política no es admisible en una democracia.
Esto, por supuesto, es completamente diferente de los casos en que ex presidentes o ex funcionarios hayan recibido sobornos por las obras que se concedieron en sus gobiernos. Ello es claramente un delito y de la mayor magnitud, que debe merecer la pena más severa porque es imperdonable apropiarse de los dineros del pueblo.
En el caso de Alan García la opinión pública está convencida de que recibió sobornos de parte de Odebrecht y, por lo tanto, el ex presidente seguramente teme que se le apliquen los procedimientos de la justicia plebiscitaria. En eso lleva razón, aunque también quepa la posibilidad de que el asilo sea una manera de escapar a la justicia si realmente cometió algo. En eso estamos.

Por Federico Salazar-Diario El Comercio.
El referéndum del 9 de diciembre es un referéndum tramposo. No va a cumplir su cometido y, en cambio, nos va a vender la ilusión de haberlo hecho.
El referéndum “es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan”. Así dice la ley de los derechos de participación y control ciudadanos (Ley 26300).
El referéndum del 9 de diciembre cumple con todos los requisitos formales. No logrará, sin embargo, la participación de los ciudadanos ni permitirá que los ciudadanos se pronuncien sobre los temas normativos en consulta.
Se hará la consulta popular sobre cuatro temas. La primera pregunta es sobre la reforma de lo que hasta ahora fue el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los ciudadanos votaremos “sí” o “no” frente a una pregunta vacía: “¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?”.
Pero, ¿cuál es la reforma? ¿En qué consiste? La consulta solo nos pone a elegir entre dos nombres. Nos manda a revisar un texto adjunto, como quien dice, el ‘attachment’ en los correos electrónicos.
La población, ¿conoce el Decreto Supremo 101-2018-PCM? Leyó, después de eso, los “anexos” (Normas Legales, edición extraordinaria). Ahí está el contenido de las reformas.
La pregunta sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) involucra a tres artículos. El primero establece seis funciones de esta junta; el segundo, la formación de sus siete miembros (¡incluidos rectores de las universidades!).
El tercer artículo señala seis requisitos para ser miembro de la JNJ. Para participar en la reforma constitucional, ¿no deberíamos conocer cada cambio?
¿Cuánto se ha difundido el contenido de la reforma? ¿Qué esfuerzos se han hecho para que la ciudadanía conozca, reflexione, discuta y vote sobre esto?
¿Cuántos ciudadanos, de los que van a votar en este referéndum, saben sobre qué van a votar en cuanto a la reforma sobre financiamiento de las organizaciones políticas?
¿Saben los ciudadanos, acaso, que la reforma ordena que únicamente el Estado financie la propaganda de los partidos políticos? O sea que la reforma es ¡para que de nuestros bolsillos salga plata para las campañas de los políticos! ¡“Financiamiento público indirecto”, le llama!
La reforma que prohíbe la reelección de los parlamentarios se refiere solo a “reelección inmediata”. ¿Conoce eso el elector? ¿Cuántos electores lo saben?
¿Cree el ciudadano que la ley nos protegerá de nuestra “exitosa” capacidad para elegir parlamentarios? Esa capacidad, ¿está en la ley o está en nuestras cabezas? Y si la pasamos a la ley, ¿corregimos nuestras cabezas?
¿Aprenderemos de la legislación o de la experiencia? ¿Podremos, en caso de que se apruebe esa reforma, ejercer el rechazo a través de nuestro voto en una elección subsecuente?
Con relación a la reforma del Congreso, ¿sabe el elector que le están consultando sobre el cambio de ¡59 artículos de la Constitución actual!? ¿Sabe cuáles son? ¿Los ha leído? ¿Estará de acuerdo en cada uno de esos 59 cambios? ¿O va a votar tapándose los ojos?
¿Sabe el elector de este referéndum que la reforma propone aumentar el número de parlamentarios de 130 a 180? ¿Sabe que si vota a favor de la bicameralidad vota a favor de este aumento de representantes?
¿Sabemos con detalle, acaso, cuántos poderes de elección de funcionarios vamos a pasar del Congreso actual (130 congresistas) al Senado propuesto (solo 50 personas)? ¿Nos hemos dado cuenta de que eso es concentrar más poder en vez de desconcentrarlo? Hay muchas cosas por saber y discutir. El país quiere que las cosas cambien. Eso no quiere decir, sin embargo, que lo que nos propongan, porque nos lo proponen, representará un cambio hacia algo mejor.
Podemos discutir cada detalle de las reformas. No deberíamos votar, antes de eso, sobre algo que no conocemos. Esa no es una elección consciente.
Participación ciudadana es elección consciente, no elección inconsciente. Participar en un tumulto no es lo mismo que participar en una elección. Mientras la gente no conozca el contenido de las reformas, este seguirá siendo el referéndum de la trampa y del engaño.

Allanamiento a estudio Oré Guardia: mientras reconocidos abogados protestan, ¿dónde está el CAL?

Por Aaron Salomón– Político.pe
La dupla Pérez-Concepción hizo otra vez de las suyas y, de una forma ninguna antes vista en un país donde supuestamente impera el Estado de Derecho, allanó este martes el estudio de abogados Oré Guardia (alojado en el distrito de San Borja) para hallar “pruebas” que demuestren que Edward García, exabogado de Keiko Fujimori y miembro del mencionado estudio, habría reclutado a colegas para asesorar a falsos aportantes del fujimorismo.
La excusa –como en todo este largo proceso que ha encarcelado arbitrariamente a Keiko y su entorno más cercano por supuesto blanqueo de dinero– para la diligencia ha sido lo manifestado por testigos protegidos. No obstante, tal como se quejaron reconocidos juristas en conversación con este portal, aquí se ha violado el derecho a la defensa. ¿Nos hemos convertido acaso en una dictadura bananera que no respeta ni el secreto profesional?
El abogado penalista Mario Amoretti acusó que “se ha cometido un abuso”, de tal manera que exigió que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) emita una “protesta enérgica”. “Esto no puede ser, el CAL tiene que expresar una protesta enérgica. ¿Acaso por que yo soy abogado de, incluso, un delincuente van allanar mi domicilio o estudio? Nosotros tenemos información privilegiada de varios clientes; es un abuso”, manifestó para advertir a continuación que se ha violado el secreto profesional.
Asimismo, por medio de su cuenta de Twitter, César Azabache calificó de “inaceptable” lo ocurrido y recordó que “esto no se hizo ni con los abogados del senderismo: Martha Huatay fue detenida cuando se probó que había tomado un cargo en la dirigencia del senderismo, no por ejercer la defensa”. Carlos Caro, en tanto,reto mencionó que debe haber “motivación suficiente” para allanar un estudio de abogados, porque “no puede haber una venganza contra los abogados que se enfrentan al fiscal”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga opinó que el allanamiento es “irregular” y, según anotó, lo único que conseguirá la dupla Pérez-Concepción será “invalidar el proceso”. Al ser consultado sobre si espera algún pronunciamiento del CAL, Quiroga lamentó que se trate de un colegio “inexistente”.
Domingo García Belaunde lo secundó y sostuvo que se “ha afectado el derecho a la defensa y el secreto profesional”. “Aquí lo que hay es un show mediático del fiscal (Pérez) y del juez (Concepción)”, arremetió para luego añadir que el CAL “no sirve, porque cada vez que se sanciona a un abogado lo reponen con un amparo”.
Lo único que queda por decir es que este tipo de medidas favorecen al pedido de asilo de Alan García, puesto que ¿quién en su sano juicio enfrentaría a una justicia que primero te mete preso y luego te declara culpable o que, como en este caso, se vale de irregularidades para enjaularte?

Carta abierta a Tabaré Vázquez

Por MARIELLA BALBI– Diario Perú21.
Presidente Vázquez, le escribe una periodista con 33 años de carrera que no defiende intereses y que trabaja honestamente. En el Perú de hoy estamos patas arriba. El Estado de derecho y la independencia de poderes se vulneran sin que nada pase. Reina lo de circo sin pan porque, desafortunadamente, la economía no cobra el impulso que debería.
El circo nos ha llevado a un estado de polarización, odio político y violencia extrema. El gobierno, “Yo el Supremo”, llamó a un referéndum el 28 de julio pasado. El Congreso no podía hacer “modificaciones sustanciales” al proyecto del Ejecutivo. Se amenazó con cerrar el Parlamento, creando incertidumbre.
Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones. La lideresa de Fuerza Popular y 11 fujimoristas están presos. Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia.
En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos. La prensa, no obstante, los mira con aprobación. Con gran tupé, el fiscal en cuestión le escribe a su gobierno que “pondría en riesgo el trabajo de la Fiscalía” si asilan a Alan García.
Otro rasgo de totalitarismo es la feroz y nunca vista embestida contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Más de 300 carátulas en su contra, desprestigio en los medios, declaraciones intrusivas e ilegales del presidente, el premier y otros para que Chávarry salga del cargo. Las campañas en su contra continúan.
Como información, el caso Lava Jato estaba adormecido. El embate contra Chávarry puede explicarse porque, al parecer, hay intereses para que no se active. El presidente tiene cerca de 40 investigaciones y tres juicios penales.
Otros miembros del gobierno también son investigados por la Fiscalía.Del mismo modo, es totalitarismo que se allane un prestigioso estudio de abogados abusivamente. Irrespeta el secreto profesional y las garantías fundamentales. Es una clara acción de intimidación contra la defensa del fujimorismo. La repudiable agresión física al aprista Alva Castro significa igualmente despotismo.
Existe un grupo vasto, amplio, acallado mas no silente que ve un autoritarismo hipocritón, sin equilibrio de poderes. Sea cual fuere su decisión respecto al asilo, sopese lo relatado.

El peligroso Perú post Kuczynski

Por Luis Garcia Miró Elguera-Diario Expreso.
Lo describimos hace un tiempo, cuando escribimos un artículo bajo el título “La judicialización de la Política y la politización de la Justicia”. Se trata de una coyuntura insufrible instituida por la progresía sanisidrina para fulminar nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. Sintiéndose poderosa tras el éxito alcanzado gracias a las letales gestiones de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski –extorsionando a ambos expresidentes envueltos en grotescos casos de corrupción, a cambio de que les concedieran el control de sectores clave del Estado–, la progresía desató una guerrilla para liquidar a los políticos no afines a la izquierda progre. Concretamente al Apra y Fuerza Popular. ¿Su objetivo? Conquistar todo el poder. Para empezar, antes había capturado la llamada gran prensa, asimismo extorsionándola sacando al fresco sus corruptelas. Ejemplo: el robo al Estado –y a algunos de los expropietarios de Canal 4– por parte de El Comercio y La República. Ahora, salvo EXPRESO y poquísimos medios en el Perú, no existe prensa libre. Lo que predomina es un periodismo rastrero, enlodado, ideologizado, sectario y digitado desde las alturas de ese poder putrefacto que hoy manipula a sus anchas la progresía.
Dicho esto, pretender negar que en el Perú exista persecución política es tan mendaz como sostener que nuestra Justicia no está doblegada por el Ejecutivo, y que el presidente Vizcarra no está detrás de la captura del Ministerio Público. Todo esto obscenamente digitado por la progresía caviar que, por el momento, le guarda las espaldas al endeble régimen de Martín Vizcarra. Por esto consideramos acertada la decisión del expresidente Alan García de solicitar asilo diplomático a Uruguay, para evitar caer en las redes de una Fiscalía sovietizada y un Poder Judicial politizado que pretenden humillar a las fuerzas políticas que no comulgan con ese credo socialistoide que pretende encaramarse como fuerza única. A Keiko Fujimori la destruyeron arrastrándola a las galeras de la prisión preventiva, aquel torvo recurso de esa llamada justicia peruana. A Alan García, dos veces electo presidente, no lo deshonrarán tan fácilmente. Sabe defenderse de aquellas morrallas que se apropian de los gobiernos.
Las evidencias a las que nos referimos sobre la urgencia del Ejecutivo y su coro mediático progre por copar el poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han desatado la indefensión jurídica en el país. Como sostienen entendidos en la materia, “No valen la verdad ni la ausencia de pruebas (…) Una sospecha no comprobada sirve para iniciar un procedimiento por enriquecimiento ilícito, luego se le añade la figura del Lavado de Activos para aumentar el plazo investigatorio de ocho a doce meses, y finalmente se agrega la figura de la Organización Criminal, para que ese plazo ‘investigatorio’   llegue a treinta y seis meses, ampliable treinta y seis m’as. Y durante ese tiempo, se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos oficialistas.”
Este es el peligrosísimo Perú post Kuczynski.