A LA OPINIÓN PÚBLICA
Como es fácil “etiquetar” de corrupta a una persona difundiendo y repitiendo rumores para lograr reacciones emocionales, creo necesario recordar hechos que no se conocen o se olvidan.
Primero. En el año 2013 el Señor Fiscal de la Nación, Dr. Antonio Peláez, máxima autoridad del Ministerio Público, inició de oficio una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra mí y durante un año analizó e investigó cada uno de mis ingresos y el único bien inmobiliario que poseo, adicionalmente cada una de las conferencias dictadas como conferencista internacional, y un año después en diciembre del año 2013 expidió su Resolución Final en la cual estableció: “No se ha demostrado existir ningún enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial o lavado de activos en el presidente Alan García”.
Segundo. En el año 2011, tras el fin de mi segundo gobierno, el parlamento, de mayoría adversaria y gobiernista, creó una comisión llamada la Mega Comisión sobre los presuntos ilícitos cometidos por Alan García y, en los años siguientes, levantó mi secreto bancario, analizó mis bienes que se limitan a mi vivienda particular, estudió mis ingresos; es decir, mi pensión como ex Presidente, mi salario como director de un Instituto Universitario y el producto de mis conferencias internacionales y, en el año 2016, antes de cerrarse ese congreso de mayoría adversaria presentó un informe que fue aprobado por el Congreso, en el cual consta textualmente: “No se ha encontrado ningún indicio o prueba de enriquecimiento ilícito o patrimonial de Alan García”.
Tercero. En el año 2017, el actual Congreso, en el que el Partido Aprista Peruano, solo cuenta con cinco de ciento treinta parlamentarios, creó la llamada Comisión Lava Jato, que por dos años, llevó a cabo una investigación sobre más de diez obras construidas en tres gobiernos y sobre más de 400 personas, y su conclusión votada el ocho de octubre señalo explícitamente: “No hemos encontrado ningún indicio, delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos”, que sí han involucrado documental y probadamente a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski e inclusive a otros funcionarios como la alcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán.
Cuarto. El Fiscal de la Nación, que sucedió al Fiscal Peláez, Dr. Pablo Sánchez, ordenó en el mes de junio de 2018, el archivamiento de las nuevas investigaciones sobre lo ya investigado, por haberse establecido que no tenía ninguna vinculación con delito o enriquecimiento patrimonial. Y de esta manera, fue el segundo Fiscal de la Nación que lo hizo, aunque ninguna de ambas resoluciones sea respetada, en este momento, por fiscales de inferior categoría que conducen la persecución política en mi contra con simples especulaciones y rumores, que lanzadas y repetidas se vuelven verdad para muchos.
Quinto. En todas y cada una de las declaraciones bajo juramento, que por acuerdo entre Perú y Brasil han ofrecido, el dueño de la empresa Odebrecht y sus más altos funcionarios han reiterado que no tengo relación con ningún delito ni he recibido ni pedido algún beneficio para mí. Así lo dijo Marcelo Odebrecht al fiscal del Perú y al procurador brasileño: “Nunca hemos hablado de nada ilícito ni ilegal con Alan García”; su representante en el Perú, Jorge Barata ha dijo en el proceso que “jamás conversó conmigo sobre ningún soborno” y que sí, según dijo, apoyó al partido aprista peruano en una elección hace doce años fue “Sin conocimiento de Alan García, que nunca habló conmigo y que no sabe si alguna vez tuvo conocimiento de eso”. Finalmente, el tesorero de esa empresa, Carlos Nostre, brasileño, declaró en el mes de octubre que, en efecto, sobornó a un viceministro (Jorge Cuba) depositándole dinero en una cuenta en Andorra pero que jamás tuve yo nada que ver en ello, ni lo supe.
Sexto. Todos estos hechos comprueban cuánto y cómo estoy alejado de actos delictivos, por lo cual, en más de siete años de terminado mi gobierno no he tenido ningún proceso. Pero ahora, para vincularme con algún hecho se utilizó una de las 36 conferencias mundiales que he dictado como expresidente, la sostenida en el auditorio de la Federación Industrial de Sao Paulo argumentando que ella había sido pagada indirectamente por Odebrecht, una de las empresas miembros de esa Federación y presumiendo, sin prueba, que ese dinero provendría de ilícitos de la empresa. Pero es público que, en el año 2012, nadie en América Latina tenía conocimiento de las acciones delictivas y de soborno que esa empresa protagonizaba, pues solamente se conocieron en el año 2016. Además, recibí los honorarios de la Federación y su agenda, enviados desde el Banco do Brasil y por los que pagaron impuestos, en mi cuenta pública en Urna y pagué el 30% de impuestos por ella. Pero por especulación malévola se ordenó el 17 de noviembre mi impedimento de salida del país por 18 meses.
Séptimo. He asistido a 48 citaciones de jueces y fiscales sobre cada una de las obras que hizo la empresa Odebrecht en el Perú, pero, llegado a Lima el día 15 para asistir a la citación número 49 encontré que esta se suspendió, solicitándose mi impedimento de salida del país sin ninguna explicación. Personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación, nos hizo saber que esa medida se adoptaría a pesar de lo cual y por no creerla, asistí, pero se cumplió. Luego, se nos informó que, para la siguiente audiencia, la número 50, el 19 de noviembre se aplicaría una medida de detención preliminar en la propia audiencia para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses, en una suerte de emboscada inaceptable.
Octavo. En los días siguientes se ha comprobado lo siguiente: la orden de impedimento fue dictada por el juez el 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde, pero como lo demuestra el documento oficial, el Ministerio del Interior ya habían dispuesto desde el 1 en la mañana ese impedimento informando a todas las garitas de salida del país, lo que demuestra que la orden judicial había sido antecedida por una orden política. Tan grave como ello es que, ahora, para responder a la denuncia de persecución política, el jefe de los fiscales que ven este caso diga abierta y descaradamente en la televisión que: “Solo se trataba de una sospecha inicial para la cual no tenemos todavía ningún elemento fundamental”. Pero al decir eso con respecto a la conferencia, no da marcha atrás en el impedimento de salida de 18 meses que es una limitación a la libertad y una sanción política ante el país, ni desmiente que el día 19 iba a procederse a mi detención por una “sospecha inicial” que es solo una especulación o rumor.
Así se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos y se comienza acusando de lavado de activos porque según se dice el dinero de la conferencia habría provenido de actividades ilícitas de Odebrecht; tras lo cual se añade el tipo de Organización Delictiva y de esa manera se tiene una detención de 36 meses que es una sentencia en sí misma ampliable a otros 36 meses mientras “se hace la investigación”. Pero todo ello coincide con el calendario electoral y con las acciones del gobierno.
Noveno. En ningún otro tema existe declaración, ni delación acusatoria, ni cuenta corriente por ninguno de los proyectos. Con esa confianza he participado, repito, en 48 audiencias fiscales y judiciales explicando que el Presidente de la República por emitir decretos de urgencia para realización de las obras en una democracia, no tiene ninguna culpabilidad por el delito de algún funcionario menor.
Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa.
Alan García

Protesta, rebelión, revolución

Por Hugo Neira-Diario El Comercio.
“En castellano se usa poco la palabra revuelta”. Esta frase inicia un célebre texto del mexicano Octavio Paz. “La revuelta es popular y expresiva”. La rebelión –añade– “es una sublevación solitaria o minoritaria”. Texto de 1978, y que me ha acompañado toda mi vida, una tríada que no ha perdido su vigencia. La otra idea es revolución. ¿Por qué Paz? Le dieron el Nobel de Literatura, no por escribir novelas, sino por poeta y ensayista. Paz, un gran pensador latinoamericano. “El laberinto de la soledad”, una pena que muchos peruanos no lo conozcan. Me armo de estos conceptos para abordar lo que nos está pasando. En particular, el tema del asilo.
Vamos al grano. El tema crucial es la corrupción. Qué duda cabe, desde los años 90, el país ha crecido económicamente y a la vez se ha corrompido. Odebrecht pudrió por decenios a políticos y de paso a funcionarios, estudios de abogados y la mar en coche. Hay una parte de la sociedad que está hambrienta de justicia, y otra que ha lucrado. Y es cierto que los presidentes en los últimos 18 años, o están pedidos o tienen procesos judiciales abiertos. ¿Pero dónde está el error? En la “detención preventiva”. Investigar, sí. Pero sin arrasar los derechos humanos y la libertad del ciudadano. Ya sé, hay esa ley, pero abre de par en par las puertas a un poder sin límites. La preventiva, mañana un opositor; pasado cualquier disidente. De la anticorrupción nos estamos deslizando al hábito de la persecución. De la sartén al fuego.
Privar de libertad es muy práctico. Se ponen esposas o grilletes a un personaje y su contorno comienza a cantar. El problema es que eso no es novedad. Lo preventivo se ha usado en el muy eficaz Estado totalitario de la Unión Soviética. Ni los comunistas que eran parte de las instituciones gubernamentales estaban a salvo de una acusación. El pragmatismo cínico escogía las víctimas entre sus propias filas. Eso se llama purga. Y con los nazis, ¿quién podía estar seguro con su mórbida revolución? Nosotros, a la peruana, “la fiscalía ha creado un clima de indefensión jurídica”, dice Alan García en su carta al presidente uruguayo. O sea, aun con ausencia de pruebas, cualquiera puede ser puesto en la “preventiva”. No es, pues, un asunto solo de ex presidentes sino de 32 millones de ciudadanos, hoy desprotegidos.
El asilo de Alan García es el mayor golpe dado al presente gobierno. Es la “rebelión”, a decir de Octavio Paz. Palacio ha actuado como si el Perú estuviera fuera del planeta. Olvidaron que el individuo y sus derechos no tienen fronteras, de ahí el exilio. Los apristas, en particular, saben cómo es eso. Estamos dentro de una realidad global. En el inmenso tráfico de la mundialización, no solo corren negocios sino noticias. No se priva de libertad así porque sí. Cierto, es difícil y a veces imposible desenredar la telaraña de las mafias, eso en todas partes. Pero la medicina que aquí se aplica es peor que la enfermedad.
En cuanto a la protesta, los pueblos no son infalibles. El lumpemproletariado llevó al poder a Hitler. Los españoles, dados los excesos de los republicanos, soportaron a Franco 40 años. En Chile, al general Pinochet lo apoyaron clases medias contrarias a Allende. Hay revoluciones reaccionarias. ¿Eso queremos? ¿Y qué pasa si Butters tiene razón y se avecina un flujo de ex alcaldesas y ex presidentes rumbo a las otras embajadas en Lima?
La rebelión es el arma pacífica ante las leyes despóticas. La Independencia fue una rebelión. Piérola, Castilla eran rebeldes. Solo se obedece lo justo.

“JUSTICIA GOURMET” EN EL PERÚ

Por Alfredo Gildemeister-www.laabeja.pe
Definitivamente la actuación del Ministerio Público (Fiscalía) así como la administración de justicia en el Perú (Poder Judicial) se ha vuelto todo un espectáculo digno de los mejores países comunistas o totalitarios en donde se solía -y se suele- filmar o televisar los procesos o “juicios” de todos aquellos que no “coinciden” con el régimen en cuestión.
Así sucedía en la Unión Soviética en donde, a modo de ejemplo, se filmaban los procesos de los “disidentes” con el “sistema” y donde ya se sabía que éstos terminarían en Siberia o en algún gulag (campo de concentración y de trabajos forzados) como bien relata el gran escritor Alexander Solzhenitsyn. Al parecer, en el Perú se ha comenzado a utilizar el mismo “estilo” puesto que se dictan medidas de “detención preventiva” -entiéndase prisión o encarcelamiento- por plazos de 36 meses renovables por otro plazo similar y curiosamente solo a líderes de partidos de la oposición al gobierno.
Lo acabamos de apreciar con la detención preventiva contra la líder de Fuerza Popular -principal partido de la oposición- así como contra sus asesores y secretaria personal, estando aún pendiente el de su esposo. Lo mejor de todo es que ello se determina en base a “indicios” y elementos de poco o ningún valor probatorio. Caso parecido se da con el expresidente Alan García, el cual es nuevamente investigado bajo discutibles “pruebas” al cual se le dictó la medida de impedimento de salida del país y, según se dice, cuando se estaba por dictar la medida de “detención preventiva” por 36 meses, con el objeto de ser esposado, encarcelado y vestido con la indumentaria de “Detenido” -tal como se hiciera con Keiko Fujimori-, a fin de ser humillado públicamente, García tomó la decisión de solicitar asilo político en Uruguay.
Lo mejor de todo este nuevo sistema de Justicia es que ya van a transcurrir tres semanas desde que el Congreso de la República aprobara el Informe Lavajato y, hasta la fecha, ¡no hay un solo detenido de los 132 implicados que señala el mencionado informe! De los implicados más importantes como PPK, Graña, Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia, por mencionar solo algunos incluyendo a Toledo que continúa feliz en los Estados Unidos, ninguno está detenido y menos bajo prisión preventiva.
Como se puede apreciar, toda una “justicia gourmet” al gusto del cliente, en este caso, la mafia de Odebrecht que lo controla todo y mueve sus hilos de acuerdo con sus intereses. A ello debemos agregar el escándalo del caso Chinchero, que involucra al mismísimo presidente de la República y a dos ministros para comenzar, tampoco se toca este tema. A la “justicia gourmet” peruana no le interesa este escándalo y menos actuar contra sus implicados o contra los señalados en el Informe Lavajato y ojo que en estos casos existen pruebas contundentes, declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Barata que confirman diversos delitos, pero sin embargo… no pasa nada. Así “trabaja” la justicia gourmet en el Perú de hoy.
De allí que lo alegado por el expresidente García en el sentido que existe una “persecución política” no deja de tener todos los elementos para que sea verdad. El mismo presidente de la República ha efectuado diversas declaraciones para pensarlo así y es lo que afirmó García recientemente: “Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques. ¿Y todo por tapar Chinchero y qué más?” El hecho del presidente de llamar telefónicamente al presidente de Uruguay a raíz de la solicitud de asilo político por García ya constituye una muestra más de injerencia política por parte del Ejecutivo. Se aprecia pues una justicia selectiva contra determinados líderes y partidos de oposición, como el hecho de acusar al partido Fuerza Popular de banda criminal o crimen organizado, siendo un partido político formal, como en los tiempos en que al partido Aprista fue prohibido por el régimen de turno y perseguidos sus integrantes.
Debemos indicar que para la “justicia gourmet” la presunción de inocencia y el debido proceso constituyen todo un mito. Lo establecido en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, esto es, el derecho al debido proceso; o el principio a no ser penado sin el debido proceso (inciso 10) y no estableciendo penas disfrazadas como “detención preventiva” por plazos de 36 meses renovables, constituye toda una pena sin proceso judicial. El reciente allanamiento del Estudio Ore por la Fiscalía, constituye toda una violación al derecho de defensa de toda persona, así como al secreto profesional (art.2 inciso 18). El derecho a la debida defensa consta en el numeral 23) del artículo 2, y en el inciso 14 del ya citado artículo 139 de la Constitución: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Pero si se allana el Estudio del abogado defensor, se incautan sus documentos y escritos, etc. ¿Acaso el siguiente paso será allanar el domicilio del abogado defensor o inclusive, detenerlo en prisión? El debido proceso pues se está transformando en un mero mito, el cual puede ser manipulado por el juez o el fiscal de turno a su entero gusto.
Finalmente, la presunción de inocencia constituye otro principio propio de toda democracia y Estado de Derecho que no puede vulnerarse. El artículo 2 numeral 24) de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: …e) “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Así mismo, la detención de una persona debe ser “motivado” (inciso f) y no bajo cualquier indicio o sospecha, pero sin prueba contundente. Sin embargo, para la “justicia gourmet” es todo lo contrario: el acusado se presume culpable y debe probar su inocencia. Este “sistema” es muy típico de la justicia gourmet, la cual condena prácticamente ipso facto ante lo que “se dice”, “se comenta”, “se percibe”, etc. sin prueba contundente alguna, y es el acusado el que debe probar su inocencia. Para la “justicia gourmet” la presunción no es de inocencia sino de culpabilidad.
Como bien señala la periodista Mariella Balbi: “Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones… Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia. En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos. La prensa, no obstante, los mira con aprobación” (“Carta Abierta a Tavaré Vásquez”, Perú 21, 21/11/18).
¿Alguien con dos dedos de frente se sometería a un sistema arbitrario en donde las leyes, los derechos fundamentales, los principios jurisdiccionales y la propia Constitución son meras referencias sin obligatoriedad alguna? De ninguna manera. La “justicia gourmet” no es otra cosa que la antesala de una dictadura que muy sutilmente se va imponiendo, en donde se van vulnerando uno a uno los derechos constitucionales de toda persona, basándose en “criterios” subjetivos, para alcanzar una situación en donde la democracia y el Estado de Derecho terminen siendo un saludo a la bandera. Debe acabar esta “justicia gourmet” al gusto del gobierno de turno, y más aún, si está al servicio de una mafia poderosa como la de Odebrecht.

El asilo llega solo

Por Diethell Columbus Murata-Político.pe
El expresidente García sabe perfectamente que su pedido de asilo se sustenta y nutre diariamente con los excesos y errores que otros cometen. Por ello, el gobierno uruguayo solo necesita comprobar si existen anomalías que pueden afectan el debido proceso, si realmente existe independencia de poderes y si lo que se busca es justicia y no un ajusticiamiento.
Alan García es un hombre afortunado, pues sin pedirlo recibe el apoyo hasta de sus más feroces detractores. Por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala acaba de enviarle una carta al presidente Tabaré Vásquez en la que narra cómo él (a diferencia de García) tuvo la valentía de afrontar las acusaciones que pesaban en su contra, pero además deja constancia de la veracidad de las afirmaciones de su antecesor, es decir: que en nuestro sistema de justicia se cometen excesos inconstitucionales como encarcelar a una persona sin que exista siquiera una acusación fiscal, tal cual el caso de Keiko Fujimori.
Por cuestiones ajenas al sentido común, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de Keiko Fujimori y Alan García no se le ocurrió mejor idea que demostrar que en su afán de conseguir supuestas pruebas incriminatorias está dispuesto a allanar las oficinas de abogados defensores, y terminar vulnerando el derecho fundamental a la defensa. ¡Inaceptable!
Asimismo, el poco recato de la administración Vizcarra en impulsar la destitución del actual fiscal de la Nación tenía un claro fin; vale decir,conseguir un titular del Ministerio Público acorde a su visión política y, como prueba de ello, hace unas semanas la célula parlamentaria aprista denunció ante la opinión pública que el Gobierno estaba urdiendo una norma intervencionista del Ministerio Público que destituiría al actual fiscal de la Nación y permitiría el nombramiento a dedo de un reemplazo temporal. ¡Ya, pues!
Seamos claros, en nuestro país se está vulnerando groseramente el estado de Derecho, y lo que es más grave, que se hace selectivamente. Eso que hoy la mayoría aplaude –porque satisface su indignación acumulada– no es más que abuso de poder que mañana puede desbocar en linchamientos colectivos.
Quizá el asilo de García Pérez sea políticamente cuestionable e indigesto; empero, es indudable que las condiciones de facto para que le sea concedido están dadas. Ningún gobierno distinto a una república bananera podría ver con normalidad el zafarrancho que aquí viene ocurriendo.

¿No hay persecución política?

Por Beatriz Mejía Mori-Diario Expreso.
He leído la carta de Alan García al presidente de Uruguay; salvo algunas impresiones personales, ha descrito lo que realmente está pasando en el Perú.
Qué paradoja, haber esperado tanto tiempo por una investigación cabal de sus actos de gobierno, y admitir ahora que no cuenta con las garantías de asistir a un debido proceso y a un juicio justo por la manifiesta politización de la administración de justicia.
La invocación de Martín Vizcarra al presidente de Uruguay para que recuerde los acuerdos de la Cumbre de las Américas y su compromiso anticorrupción, resulta tenebrosa cuando comprobamos que en el Compromiso de Lima que suscribió en esa cumbre, entregó la reserva tributaria y bancaria de todos los peruanos al Gobierno Único Mundial, violando la Constitución, sirviendo a la peor corrupción internacional que está colonizando al Perú y a las naciones a través de la destrucción moral de nuestros pueblos.
Hemos denunciado el montaje agresivo de una dictadura a través de este gobierno, que comenzó con formas diplomáticas con Pedro Pablo Kuczynski y que ha tomado el cariz de autoritarismo, vulneración de la autonomía de los poderes del Estado, extorsión  pública, demolición de la oposición política y persecución selectiva de los opositores, con Martín Vizcarra, cuyo objetivo es cumplir con la agenda de imposición del Gobierno Mundial, como lo expresó en su discurso apátrida ante la ONU al dar penosa cuenta del cumplimiento de la agenda de dominio mundial 2030.
El sistema judicial ha sido acorralado con unas interceptaciones telefónicas, su objetivo: manipularlo en casos de interés político y justificar su intervención a través de las reformas constitucionales impuestas al Congreso y por un seudo referéndum a una población engañada por la prensa comprada, lo que les permitirá nombrar jueces y fiscales pro dictadura.
El trato desigual a los políticos incluidos en el caso Lava Jato no puede ser más revelador de la persecución selectiva de los opositores políticos, ¡qué vergüenza! que un citado a una diligencia fiscal, venga desde Madrid y que le cancelen la diligencia y en el día le dicten un impedimento de salida del país, no hay que ser gurú para advertir una inmediata detención preventiva; en tanto, los allegados al gobierno gozan de libertad y protección política.
No existen garantías en el Perú para un juicio justo, y no las habrá en tanto no caiga esta dictadura.

Demolición preventiva

Por MARIELLA BALBI-Diario Perú21.
Medios amigos del gobierno Humala-Heredia y sus abogados quieren hacernos creer que contra el ex presidente y la ex presidenta, perdón, ex primera dama, hay inquina personal, abuso de derecho o –como los reos escribieron– una “arbitrariedad judicial”. La realidad indica lo contrario: la prisión preventiva contra ellos fue absolutamente acertada. El dúo presidencial no es trigo limpio. Heredia quiso atornillarse en la FAO de manera grotesca, pura vara brasileña. La reiterada negación de sus agendas… ¿Qué más? Con gran desatino, Ollanta Humala plantó a la Fiscalía. Craso error. Asimismo, su defensa no sopesó la aparición de muertos en Madre Mía, donde estuvo de capitán, y los audios fondeados nos mostraron de lo que Humala es capaz: comprar testigos.
Ellos sabían que les caía la noche. Hacer un melodrama por la visita del valiente fiscal Germán Juárez Atoche al colegio de las hijas de Humala-Heredia fue inútil. Cero abuso, qué va. En la Fiscalía no son tontos. Las hijas viajaron a EE.UU. para perfeccionar su inglés, no por un asunto escolar. El embajador francés desmintió cualquier gestión de asilo. Curioso, los funcionarios de Cancillería no asistieron a la fiesta de gala del 14 de julio y los implicados tienen pasaporte italiano, por qué no pensar en una fuga, bastante organizada, por cierto. Serían tontos de informar lo que harían. Además, pidieron postergar la audiencia. La efectista entrega de pasaportes peruanos de la ex pareja presidencial fue hecha un día antes del fallo.
Sería saludable que los encarcelados no mezclen a su familia en esto. Debieron pensar antes en ella, en las consecuencias de sus triquiñuelas y mentiras. Quienes se arrancan las vestiduras por prisión preventiva nunca dijeron ni una sílaba sobre este régimen impuesto a tanta gente vinculada a la función pública. El más ominoso e indignante es el del César Álvarez, ex gobernador de Áncash. ¡Tiene cuatro años y medio en prisión preventiva! Y aquí no pasa nada.
Por los Humala-Heredia saltan los áulicos, o beneficiados, no el 70% de la población.
Pero muchos observan el inicio de una campaña de demolición contra el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Juárez. Que si son apristas, si postularon a una regiduría, si utilizaron lapicero azul y no negro. ¿Puede el beneficio personal o el odio político negar la realidad? Tenemos derecho a opinar, no a hacer campañas de demolición.
Los peruanos de bien tenemos gratitud hacia los magistrados Carhuancho y Juárez. Trejos, resueltos, decididos a combatir la corrupción y que no nos hagan ‘cholitos’. El reconocimiento también alcanza al fiscal Ricardo Rojas, quien con gran arrojo logró reabrir la investigación de lavado de activos contra Nadine Heredia cuando esta tenía todo el poder. También a quien –vivo o asesinado– entregó las agendas de NH al país.

¿Hay persecución política en el Perú?

Por Jaime de Althaus-Diario El Comercio.
En el Perú no hay persecución política. Lo que hay es algo más sutil y letal a la vez: criminalización política, ajusticiamiento mediático-judicial de partidos políticos. Ocurre, por ejemplo, cuando se expone públicamente todos los días por la televisión de qué manera un partido político se “organiza criminalmente” para cometer algo que no es delito. A fuerza de presentar día a día testimonios nuevos y agravantes, la impresión que queda en la opinión pública es que, efectivamente se trata de una siniestra organización criminal dedicada al lavado de activos, por más que tal cosa no exista.
El resultado es que, según última encuesta de Ipsos, el 54% considere que Fuerza Popular es una organización criminal y que la aprobación al Poder Judicial pase de 10% en agosto a 27% en noviembre. El procedimiento, mucho antes de que haya juicio, ya decreta la muerte política del partido en cuestión. A la cúpula no se le ha iniciado aún investigación preparatoria y menos aún se le ha acusado, pero ya purga precondena de tres años de cárcel. Y la que hubiera sido candidata con posibilidades es ya cadáver político. La presunción de inocencia es la primera víctima.
Ahora bien, tampoco se puede decir que el proceso de criminalización de algunos partidos políticos haya sido digitado por el Gobierno. Es verdad que el presidente se beneficia indirectamente, pero él no ha ordenado nada en el terreno penal. Hay, efectivamente, separación de poderes.
El problema no está allí. Está en una justicia que se ha vuelto plebiscitaria y poderosamente arbitraria, en fiscales y jueces que, pasando por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya advirtió acerca de los excesos que se comete en la prisión preventiva, obedecen a centros de influencia con poder creciente en el sistema judicial y a una opinión pública mayoritaria que, retroalimentada a su vez por el espectáculo de la justicia mediática, se radicaliza cada vez más exigiendo la prisión de aquellos a quienes siempre aborreció políticamente. Es la justicia popular que se está tragando a casi toda la clase política.
Si un partido ha hecho todo lo posible por desprestigiarse y por concitar el rechazo ciudadano, pero no ha cometido delito, es algo que deberá pagar en las siguientes elecciones, no en la cárcel. Una cosa es el repudio electoral, y otra la ejecución penal. La criminalización de la política no es admisible en una democracia.
Esto, por supuesto, es completamente diferente de los casos en que ex presidentes o ex funcionarios hayan recibido sobornos por las obras que se concedieron en sus gobiernos. Ello es claramente un delito y de la mayor magnitud, que debe merecer la pena más severa porque es imperdonable apropiarse de los dineros del pueblo.
En el caso de Alan García la opinión pública está convencida de que recibió sobornos de parte de Odebrecht y, por lo tanto, el ex presidente seguramente teme que se le apliquen los procedimientos de la justicia plebiscitaria. En eso lleva razón, aunque también quepa la posibilidad de que el asilo sea una manera de escapar a la justicia si realmente cometió algo. En eso estamos.