El Ministerio de Educación (Minedu) reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas con sede en Yurimaguas (Loreto) y designó como presidenta a la Dra. Milagro Rosario Henriquez Suarez.
La Resolución Viceministerial del Minedu publicada en el diario oficial El Peruano encarga también al Dr. Felipe Alberto Henriquez Ayin las funciones de vicepresidente Académico de dicha comisión.
Fuente: www.minedu.gob.pe

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

Presidenta de la Comisión Organizadora
Doctora en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Maestra en Salud Pública por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Huacho-Lima). Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Con experiencia en gestión de educación superior universitaria. Docente principal en la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ha ejercido los cargos de directora de la Escuela de Posgrado, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, directora de la Dirección de Licenciamiento Institucional; así como jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Docente Investigadora RENACYT (Nivel: VI). Investigadora en líneas de ciencias sociales y salud pública, lidera proyectos investigación con artículos científicos publicados en revistas indizadas.
Asimismo, ha ejercido el cargo de presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (Loreto).

Manzanita y Anchoveta

Siguen saliendo a la luz más testimonios desde Madre Mía en contra de Ollanta Humala. Las dos versiones más recientes son de dos hombres que aseguraron haber sido soldados de la base contrasubversiva que en 1992 estuvo bajo el mando del entonces capitán Ollanta Humala y que ya han declarado ante la fiscalía.
Los ex soldados, que dieron declaraciones al programa “Cuarto poder”, fueron identificados solo con los alias de ‘Anchoveta’ y ‘Manzanita’, pues ya están comprendidos en el programa de protección a testigos.“Sacamos del calabozo, amarrado, encapuchado [a un detenido]. Primero le cortamos el cuello. Yo hice eso cuando el ‘Capitán Carlos’ me dijo: ‘O lo haces tú o lo hago yo’. Yo le dije que lo iba a hacer”, relató ‘Anchoveta’ ante las cámaras de televisión.
El testigo afirmó que ese fue el crimen que tuvo que cometer como una suerte de examen de admisión a la base. Además, confesó haber sido testigo de decenas de crímenes más, todos bajo la orden de Ollanta Humala.
“Aquí en Venenillo agarramos a unos 50 pobladores, y los hemos matado uno por uno a balazos y con puñal. Los juntábamos en fosas en la canchita y les echábamos gasolina para desaparecerlos […]. El ‘Capitán Carlos’ daba la orden de que se mate, y nosotros teníamos que cumplir”, detalló.
El ex soldado identificado como ‘Manzanita’ dio versiones similares. Aseguró haber visto matar a unas cinco personas mientas duró su servicio en la base de Madre Mía. “Los llevaban encapuchados y los bajaban de la base a la orilla del río Huallaga. No querían hablar y tenían que matarlos cortándoles el cuello”, relató tras precisar también que actuó por órdenes de Ollanta Humala.
Ambos indican que, en el 2006, fueron contactados por personas cercanas al ex presidente para decirles qué cosas debían declarar en caso que el Ministerio Público los contactara. ‘Anchoveta’ dijo que conversó con Amílcar Gómez Amasifuén, quien lo convenció de viajar a Lima unas nueve veces a cambio de dinero. En aquellas fechas se investigaba la presunta desaparición forzosa de Natividad Ávila y Benigno Sullca.
Estos testimonios ya están en manos de la fiscalía que ha abierto una nueva investigación preliminar por la presunta violación de derechos humanos en la base de Madre Mía en 1992.
Fuente: Diario El Comercio.

EL PERUANO DE ODEBRECHT IMPLICADO EN LAVA JATO

El “Funcionario 5” al que se hizo referencia hace unas semanas el fiscal anticorrupción Hamilton Castro durante la audiencia de prisión preventiva del ahora detenido exgobernador del Callao, Félix Moreno, por el presunto soborno en la concesión de la Costa Verde, sería Raymundo Trindade Serra.
Chumán y el ejecutivo Trinidade Serra entregaron su versión sobre las acusaciones por la obra de Ayacucho al juzgado que los procesaba en junio de 2003, manifestación que figura en el expediente N°185-2003.
El caso judicial se prolongó durante tres años. El procurador Regis Huamán que vio el proceso penal exigió que la empresa no rectificara las irregularidades para impedir que se borrara las pruebas del delito. En junio de 2003 fue apartado del caso por la procuradora del gobierno de Alejandro Toledo, María del Pilar Freitas, según contó Regis Huamán a Convoca.pe.
Exprocurador del caso Proyecto Cachi Regis Huamán: “La doctora (Pilar Freitas) me preguntó por qué denuncié a Odebrecht” 
“La doctora me preguntó por qué denuncié a Odebrecht sin mi conocimiento. Le respondí que sí le informé del caso por escrito. Yo no necesitaba de su consentimiento, yo no podía darle cuenta a nadie, porque mi función de procurador era defender los intereses del Estado”, declaró el abogado ayacuchano.
Investigan en Lima
Paralelamente a la investigación que tomaba cuerpo en el Poder Judicial de Ayacucho, las denuncias por la obra iban teniendo eco en Lima. Un equipo de la Contraloría General visitó la obra en febrero y marzo de 2003 para realizar un examen especial de la obra. En abril de ese mismo año, la Contraloría General publicó el Informe Especial N° 210-2003-CG/OEA, en el que detectó que el canal de derivación Apacheta-Choccoro se había elevado de 49 millones a 60 millones de soles, además de problemas en el aspecto técnico.
Meses antes, a fines de 2002, la comisión congresal que investigó los delitos económicos cometidos durante el gobierno de Fujimori, presidida por el parlamentario Javier Diez Canseco, señaló en su informe final sobre las licitaciones y adquisiciones con recursos públicos, que hubo “indicios razonables de responsabilidad administrativa y legal de altos funcionarios que intervinieron en la ejecución de la obra (Proyecto Especial Río Cachi, Apacheta-Choccoro), en desmedro de su eficiencia”.
Informe final de Comisión Diez Canseco concluyó que hubo manejo irresponsable dentro del Proyecto Especial Río Cachi, que otorgó la buena pro a Odebrecht.
Una investigación en el parlamento se hacía necesaria pero no parecía haber voluntad política. La congresista Celina Palomino Sulca de la agrupación política Perú Posible había solicitado el 19 de agosto de 2002 una comisión para indagar las serias irregularidades en el Proyecto Especial de Río Cachi sobre todo en los tres arbitrajes ganados por Odebrecht para ampliar el periodo de la obra y el desembolso por los gastos de la firma brasileña. El pedido de la congresista no tuvo apoyo en el Parlamento.
Después de más de un año, en octubre de 2003, se creó un grupo de trabajo presidido por el congresista aprista Carlos Armas dentro de la Comisión de Vivienda y Construcción para investigar la obra. Los directivos brasileños como Chumán Rojas y Trinidade Serra no acudieron a la comisión a declarar.
El informe final del grupo de trabajo presentado al pleno a fines de 2003, evitó pronunciarse sobre posibles actos de corrupción y concluyó que el canal Apacheta “sí presentaba fisuras y grietas” aunque no “en un nivel del 40 por ciento” como lo habían establecidos pericias previas.
Para 2003 mientras el Congreso y el Poder Judicial investigaban, Chumán trabajaba temporalmente en Perú como gerente de ingeniería para Mendes Junior Group, otra compañía brasileña acusada de formar parte del club de empresas asociadas al esquema de corrupción y cuyo exvicepresidente, Sérgio Cunha Mendes, está ahora condenado a 19 años de prisión.
Caso archivado
El 23 de marzo de 2006, tres años después de iniciadas las indagaciones y pese al conjunto de evidencias halladas por las autoridades, el fiscal superior de Ayacucho Henry Laud Ordoñez opinó el 23 de marzo de 2006 que el caso debía archivarse”.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los EE.UU revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.
Los tres magistrados de la Sala Penal de Ayacucho –Marcial Jara Huayta, César Arce Villar y Tatiana Pérez García Blásquez– al no estar de acuerdo con la opinión fiscal Lajud, solicitaron el 17 de abril de ese mismo año que el dictamen sea visto en Lima por la fiscalía suprema en lo penal.
De acuerdo con la resolución del 3 de mayo de 2006, el fiscal supremo José Peláez Bardales luego de revisar más de cuatro mil folios en solo 15 días, aprobó el dictamen del fiscal superior Laud y solicitó a la Sala que se dicte el archivamiento del proceso contra los funcionarios y exfuncionarios públicos. Un día después dejó el despacho de la fiscalía suprema en lo penal para asumir la fiscalía de control interno.
Convoca.pe intentó comunicarse con el ingeniero peruano para obtener una versión de su participación en los casos de corrupción en Angola, Brasil, México y Perú pero no fue posible localizarlo. Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, según registros migratorios, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.
Fuente: Convoca.pe

El veterano periodista Nicholas Asheshov, editor del Correo Aéreo de los Andes y Perú, nos recuerda en su blog que el aeropuerto de Chinchero, en Cusco, empezó mal. Y fue Jorge Acurio, entonces gobernador regional, quien inició este carnaval con el pago de 70 millones de dólares por 330 hectáreas de parajes fríos e inhóspitos.
Así actúa el clientelaje en provincias, con plata ajena, en este caso con la nuestra, y sobre ese antecedente y otros despilfarros, ¿le pasó algo a Acurio y a sus cómplices de ese “negocio”? Nada. Todos cerraron filas en Cusco, para no ser objeto de las iras y algaradas de los comuneros. Pero no nos engañemos: el verdadero objetivo de muchos interesados en Chinchero está en los terrenos del actual aeropuerto Velasco Astete.
La hectárea de los campos norteamericanos de Idaho, la región de papa más importante del mundo, no pasa de 5,000 dólares. Los más caros podrían estar en el sur de Inglaterra, en Devon y Somerset, donde la hectárea podría costar 10,000 libras esterlinas, una vigésima parte del precio que pagó Acurio a sus comuneros de Chinchero. Solo un diario protestó en forma abierta contra este despilfarro del erario público. Y, claro, Asheshov.
Los afortunados propietarios de los campos eran 426 miembros de un par de comunidades de Chinchero, quienes recibieron hasta 230 mil dólares por cada hectárea, lo que de lejos serían los campos de papa más caros del mundo (porque allí hay cultivos de ese producto), afirma el también prestigiado empresario ‘Nick’ Asheshov, quien vive hace muchos años en Urubamba. Conoce pues el sitio y la idiosincrasia convenida de los caciques políticos de la zona. Corría el año 2012.

Jorge Isaacs Acurio Tito

Porque una cosa son las matemáticas puras, de meros cálculos porcentuales, y otras los cálculos financieros, que son mucho más comprometedores en esta su nueva aventura, que, por cierto, recibe el apoyo del “Cusco rojo”, cuyos activistas de izquierda no entienden de números, como sí los entiende su amigo del alma Carlos del Solar, el hombre fuerte de Kuntur Wasi, que se ha hecho del terminal de Chinchero.
Desde esta sección pobre pero honrada le habíamos dicho a PPK que tenga cuidado con las cifras y los porcentajes de los intereses (de hasta 23 %) en un crédito para el aeropuerto de Chinchero. Claro, de esa forma los 265 millones de dólares de crédito se convertían en 590 millones de moneda verde. Esos intereses no hay en ninguna parte del mundo, señor. De forma que no meta a todos en eso de “criticones”.

Astucia del colorín colorado

El problema era el costo financiero por los 265 millones de dólares a su término del quinto año. Los cálculos oficiales dicen que generaría 589 millones de dólares de intereses. Ante este impase se consultó a la Contraloría y a la CAF. Estos recomendaron, dice Don Martín, 450 millones y no los 589 millones de verdes. Es cuando el MEF y el MTC acordaron que esos 265 los pusiera el Estado. 
Además, agrega el brazo derecho e izquierdo de PPK, había que asumir un movimiento de tierras por dos años a un coste de US$ 140 millones, esto a cargo del Estado. Finalmente, que pistas y terminales eran responsabilidad de la concesión, pero el pago siempre a cargo del Estado; y que las obras complementarias, operación y mantenimiento estarían a cargo del concesionario. ¿Lo más fácil y lucrativo en un híbrido entre Estado y APP?

Los 10 funcionarios hallados responsables por Contraloría

Encabeza la lista la viceministra de Transportes Fiorela Molinelli y serán procesados por negociación incompatible.

PERTENECEN AL MTC, AL MEF Y A OSITRAN
La Contraloría emitió su informe de auditoría sobre el proyecto y la adenda del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco, donde incrimina a funcionarios de diferentes reparticiones públicas que vieron el citado proyecto que ha sido resuelto por el Ejecutivo con la consiguiente renuncia del titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.
El contralor general de la República, Edgar Alarcón, adelantó que la institución que dirige encontró responsabilidad penal en 10 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
¿Quiénes son? Se conoció que en primer lugar, la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo, a quien se responsabiliza por firmar a nombre del MTC la adenda al contrato con Kuntur Wasi.
Otro funcionarios de este sector es Yaco Rosas Romero, director general de Concesiones de Transportes, quien habría suscrito varios informes que sustentaron incluir la adenda al contrato de Chinchero.
También Nancy Zedano Martínez, directora general de la Oficina de Asesoría Jurídica del MTC, en este caso por dar el visto bueno a un informe que determinó la viabilidad de lo escrito en el citado proyecto y su cuestionada adenda.
El especialista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC, Hernán Muñoz Valdivia, es otro implicado también por suscribir informes a favor de la inclusión de la misma adenda.
La abogada Yanina Hilario Solís, asesora legal de la oficina general de Asesoría Jurídica de MTC, ha sido incluida entre los que serían denunciados, en su caso por suscribir un informe que concluye sobre la corrección del texto del proyecto de adenda al contrato original de Chinchero.
Circunstancias similares al caso anterior han incorporado en la lista a Jonathan de la Cruz Medina, analista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC.
MEF Y OSITRAN
Camilo Carrillo Purín, director general de Política y Promoción de la Inversión Privada del MEF, sería procesado penalmente por suscribir un informe por el cual el MEF dio opinión favorable al proyecto de la adenda en mención, al parecer a pedido de Fiorella Molinelli.
La especialista económica de la Dirección General de Concesiones de Transportes, Gianina Beoutis Manrique, está implicada por suscribir informes que fundamentaban incluir la adenda al contrato Chinchero.
Alfredo Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela, en su calidad de miembros del Consejo Directivo de Ositran, son otros incriminados también por haber votado a favor de la suscripción de la adenda al contrato.
Como es público, el voto discordante en OSITRAN fue de la entonces presidenta Patricia Benavente Donayre, por lo que renunció y dejó clara constancia que la adenda era largamente favorable al consorcio Kuntur Wasi.
La Contraloría señaló que la firma de adenda significó una pérdida de 40.6 millones de dólares para el Estado, y por tal razón solicitaría procesar a los 10 funcionarios por los presuntos delitos de negociación incompatible.
LAS OBSERVACIONES
El Informe de Auditoría Nº 265-2017-CG/MPROY-AC consta de siete tomos y se habría notificado a 21 altos funcionarios. Hasta donde se sabe, no está el nombre de Martín Vizcarra en la lista de futuros procesados porque la Contraloría no podría solicitar su denuncia penal por gozar de inmunidad en cuanto es vicepresidente.  Eso sería un asunto de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, siempre y cuando se encuentre dolo en las investigaciones.
SALGADO: PRIMERO ANALIZAR EL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, sostuvo ayer que urge esclarecer responsabilidades en la firma del contrato de Chinchero y su adenda. Y en caso de encontrar ilícitos, procesarlos, pero primero se debe “analizar los alcances del informe técnico presentado por la Contraloría”.
Fuente: Diario Expreso y www.peruviantimes.com

Dammert

Alfredo Dammert Lira, 73, es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un master en ingeniería química en la Universidad de Texas y un Ph.D. en Economía de la misma universidad nortamericana. Es actual miembro del Consejo Directivo de  OSITRAN, presidente del Tribunal de Solución de Controversias de OSIPTEL y vocal del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minas (TSTEM).  Fue presidente del directorio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) del 2002 al 2012. Fue gerente de proyectos en desarrollo del sector privado para América del Sur y Asia del Sur del Banco Mundial de 1988 al 2002. Es actual director de la Maestría en Regulación, Gestión y Economía y director de la maestría en Regulación de los Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En contraste, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, es bachiller en Contabilidad de la Universidad San Agustín de Arequipa (grado que obtuvo 15 años después de terminados sus estudios)  y tiene una maestría en Administración de la Universidad Alas Peruanas del 2014.
Fuente: Revista CARETAS.

Algo se pudre en Dinamarca

Algunos hechos delictuosos ocurridos en los últimos tiempos en Apurímac no pueden perderse de vista. El primer caso es el problema de Chacña (Aymaraes), donde incendiaron un bosque, quemaron una camioneta de unos compradores de minerales, intentaron volar con explosivos el municipio y cortaron el cable de metal que servía para que los comuneros de Chacña trasladen sus minerales desde la mina hasta la carretera (Chacña tiene alrededor de 300 comuneros; de ellos 140 son mineros). En el caso del municipio se encuentra denunciado el ciudadano Melitón Contreras Prada. Según Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán y fundador del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), Melitón Contreras es militante de esta organización (http://culturales1demayo.blogspot.pe/…/entrevista-dr-manuel…). La versión de Fajardo se completa con la carta y firmas en apoyo al MOVADEF. Podemos encontrar más datos en la tesis de Esteban Valle Riestra Padró, de la Pontificia Universidad Católica del Perú: “Movadef, el pensamiento Gonzalo y la reaparición de Sendero Luminoso: 1992-2012”.
El segundo caso ocurrió el 14 de mayo en el distrito de Micaela Bastidas (Grau), donde incendiaron una planta de beneficio que trabaja formalmente y da servicio a dos mil comuneros mineros de Grau y Cotabambas.
Cronología Distrito San Juan de Chacña
11 DE ABRIL 2017: Detonaron explosivos en la municipalidad de San Juan de Chacña. Según documentos que obran en manos de la fiscalía, el presunto autor de la detonación sería el ciudadano Melitón Contreras Prada. El tenor literal de la denuncia por la comisión del delito de terrorismo es la siguiente: “9no. Que, resulta que para la madrugada del día sábado 11 de marzo del 2017, (1.45 am), el denunciado Melitón Contreras Prada, acompañado de 03 personas extrañas, se escapaban por el sector Yurac Yurac, hacia el puente de Chacña, donde le esperaba una camioneta de color azul oscuro con luces apagadas, de propiedad del hijo de Santos Cruz Alzamora, comunero del sector de Pampatama del Distrito de Tintay, quienes se escapaban raudamente hacia el sector del distrito de Tintay–Pampatama, ya que minutos antes los pobladores de Lucre escucharon 02 explosiones de dinamita o similar, provocando un estado de terror en la población”.
14 DE MARZO 2017: Después del atentado al municipio de Chacña, en vez de pedir una rápida investigación y proteger a los mineros artesanales, el vicegobernador de Apurímac, Alejandro Huaraca, ordenó a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) que paralice inmediatamente las actividades de los mineros artesanales. La Asociación de Mineros Artesanales y Productores Agropecuarios de Chacña interpuso recurso administrativo de apelación contra la resolución directoral de la DREM, con lo que el caso pasó a segunda instancia; es decir al Consejo de Minería, con sede en Lima. Mientras se pronuncie el Consejo de Minería, la sanción no tiene efecto, por lo que los mineros artesanales pueden producir, transportar y comercializar su mineral sin entorpecimiento de ningún tipo.
11 DE ABRIL 2017: Los seguidores de Melitón Contreras queman la camioneta de unos compradores de minerales (Covemine) en la entrada de la mina de Chacña.
19 DE MAYO 2017: Ese día los mineros artesanales trasladaban su mineral de Chacña a Nasca, pero fueron atacados por presuntos seguidores de Melitón Contreras. El fiscal José Vera Farfán, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes, en vez de dejar pasar el mineral (cuya procedencia es legal y cuenta con todos los documentos de transporte) ordenó la incautación de la carga. El problema no termina allí. En vez de trasladarla a la DREM, la dejó en la plaza de Chacña. El fiscal sería denunciado por abuso de autoridad.
Cronología del ataque a la Planta de Beneficio de Usayma-Provincia de Grau
11 DE ABRIL 2017: El Frente de Defensa de Grau se reúne en Vilcabamba donde acuerda emprender un paro contra la planta de Usayma. Una de las partes del acta dice lo siguiente: “…enseguida el señor Alejandrino Chipana se dirigió a la población, que miedo no hay, si hay personas coludidos con la planta hay que matarlos…”. Los comuneros fueron coaccionados para que participen en el paro (los documentos se encuentran en manos de las autoridades).
DOS PAROS EN UNO: Para los días 24 y 25 de abril el SUTEP CONARE de Apurímac convoca un paro regional. Coincidentemente, para esos mismos días, el Frente de Defensa de Grau convoca un paro provincial en Vilcabamba. Dentro de la plataforma de lucha ponen como objetivo central el cierre de la planta de beneficio de Usayma (Ayrihuanca) de propiedad de la empresa Santa María Elena Perú SAC. Esta pequeña planta opera dentro del marco del Decreto Legislativo 1105. El argumento: supuesta contaminación e ilegalidad.
24 DE ABRIL: En la tarde los manifestantes de Vilcabamba (entre ellos varios profesores pertenecientes a SUTEP CONARE, según pruebas fílmicas registradas por las cámaras de la planta, ya en manos de las autoridades) incendian la planta de Usayma en presencia de la policía. Quedan en cenizas los ambientes de administración y tres vehículos y la estructura de la planta. Como en el caso de Chacña, un grupo de manifestantes incendia los bosques circundantes de la planta, también en presencia de la policía. En el acto también participaron algunos precandidatos a las alcaldías de Grau.
28 DE ABRIL: La planta de Usayma presenta ante la prensa regional sus documentos:
1) La planta “Usayma” no tiene mina propia. Solo da servicio de procesamiento de minerales de cobre a mineros artesanales de Grau y Cotabambas. Esta planta ha iniciado un proceso de formalización de sus actividades al amparo de lo dispuesto en los Decretos Legislativos 1105, 1293 y 1336, así como normas conexas y complementarias, referidos a las disposiciones para el Proceso de Formalización de las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
2) Conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1105, la Empresa Minera Santa María SAC presentó con fecha 25 de noviembre del 2012 su Declaración de Compromisos ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Apurímac, signada con número de Registro 4358830, contando con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento del Ministerio de Energía y Minas bajo el código 110001046, relacionados a las actividades de su planta de beneficio de minerales denominada “Usayma”.
3) El Régimen Excepcional instaurado por el Decreto Legislativo 1105 permite a quienes se hayan acogido al mismo, regularizar sus actividades en curso, comprendiendo dentro de los aspectos a ser regularizados, tanto los propiamente mineros, como los vinculados a los aspectos ambientales, de seguridad, salud ocupacional, arqueológicos, entre otros.
4) A la fecha, la Empresa Minera Santa María SAC aún se encuentra siguiendo los pasos del proceso de formalización establecidos en el Decreto Legislativo 1105 y los recientes Decretos Legislativos 1293 y 1336, vale decir que aún no se ha culminado dicho proceso, pero sí registrado significativos avances, siendo que ya se han obtenido las siguientes autorizaciones: a) Autorización del propietario del terreno superficial: lo cual consta mediante Escritura Pública de fecha 05/02/2013, extendida ante Notario de Abancay, Cirilo Segundo Aparicio Galindo.
b) Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), aprobado por la DREM Apurímac mediante Resolución Directoral N° 049-2015-DREM-GR.APURIMAC, de fecha 26 de mayo del año 2015. Conforme al Art. 2° de la referida Resolución Directoral, se ha otorgado un plazo de tres años a la Empresa Minera Santa María SAC para la culminación de todas las medidas correctivas establecidas en el IGAC, plazo que se computa desde la fecha de emisión de la indicada Resolución Directoral, siendo que en consecuencia dicho plazo vence el 26 de mayo del año 2018.
c) En conclusión, después de varios monitoreos ambientales, la planta ha demostrado que no contamina. Hubo una denuncia sobre el goteo de algunos kilos de concentrado de cobre (no fue como consecuencia de un despiste, como se dijo) entre la planta “Usayma” y el pueblo de Vilcabamba. Al respecto, la Empresa Minera Santa María SAC no tuvo responsabilidad alguna, puesto que ni el concentrado de cobre ni el volquete en el cual este era trasladado son de su propiedad, como ha quedado plenamente acreditado en la Disposición Fiscal N° 04 del 13 de enero del 2017, emitida por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Apurímac, en el marco de las investigaciones por la denuncia por la presunta comisión del delito de Contaminación Ambiental.
19 DE MAYO DE 2017: Se realiza la mesa técnica de diálogo en el gobierno regional entre el vicepresidente Alejandro Huaraca y el Frente de Defensa de Grau. A esta reunión no solo acuden los dirigentes de Grau (entre ellos el profesor Waldo Valenzuela, que en algún momento habría sido investigado por su supuesta pertenencia a Sendero Luminoso) sino también Melitón Contreras (del MOVADEF), tal y como quedó registrado en las cámaras del gobierno regional, aunque al final este último no ingresó porque no estaba en la lista de participantes… Como en el caso de Chacña, en este caso se pretende forzar la ilegal paralización de la planta de beneficio con la ayuda del vicegobernador Alejandro Huaraca, que ya habría ordenado a la DREM emitir una resolución. O sea, generan desorden con la población, para luego con la ayuda del vicegobernador pretender paralizar la actividad minera.
CONCLUSIÓN
¿Qué vínculos existen entre los incendios de Chacña y Grau? ¿Qué relación existe entre los dirigentes de ambos lugares? Es un asunto que compete investigar a las autoridades porque las modalidades coinciden y los dirigentes también (son de MOVADEF y CONARE): en ambos casos atacan las actividades económicas de los comuneros mineros; se mimetizan con el nombre de organizaciones ambientalistas; queman las herramientas de los mineros y los bosques y atacan con injurias a los dirigentes de los gremios en radios y asambleas. En todos los casos, las autoridades no actúan de acuerdo a ley (ni la policía ni la fiscalía), o simplemente se sienten arrinconadas, o actúan como aliadas, como en el caso del vicegobernador Alejandro Huaraca.
Fuente: FERMAPA Apurímac.

El informe revela que siete personas ingresaron al despacho del legislador Edgar Ochoa Pezo, que pertenece a la facción de Verónika Mendoza, pero tres fueron acreditadas como integrantes de la mencionada agrupación.
“Se hace mención que las personas mencionadas anteriormente registran ingreso al Despacho Congresal, mas no salida del mismo”, se explica en el documento de inteligencia, descrito por un oficial que prefirió reservar su nombre por medidas de seguridad.
El ingreso se dio el pasado 25 de abril de este año en el sexto piso del edificio llamado Complejo, que forma parte de la sede del Palacio Legislativo, en la Av. Abancay N° 251.
Actualmente, la Dircorte viene realizando un trabajo silencioso y con cautela de este caso. “Nuestras investigaciones son muy reservadas y sobre ese caso estamos al tanto”, indicó un oficial de la Dircote-PNP.
¿QUIÉNES SON? Entre los identificados como activistas del Movadef se encuentra María Elena Atoche Vilca, quien es profesora nombrada y titulada con la Ley del Profesorado otorgada por el Ministerio de Educación.
Según fuentes policiales, ella es dirigente del Comité Nacional de Reconstrucción del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Conare-SUTEP), que es una facción del gremio de docentes ligado a Sendero Luminoso.
Este medio pudo acceder a un documento en el que Atoche Vilca, quien figura como secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) Regional-Callao, suscribe un “pronunciamiento en apoyo al Movadef” en el año 2012.
“Condenamos la campaña de persecución por ideas que apunta principalmente contra la ideología científica del proletariado. Condenamos que se quiera volver a los tiempos de la Inquisición en que se prohibían libros y se mataba por ideas”, indica el texto en el que Atoche respaldaba a la fachada de SL.
Los otros visitantes del Movadef a la oficina de Ochoa son los docentes Gaspar Melchor Jara Cruz y Edgar Nivardo Tello Montes, este último secretario general del SUTE Regional-Lima Metropolitana.
Tello Montes también pertenece al Conare-SUTEP y este año fue el representante del comité de lucha de los profesores que convocaron a un paro nacional para el 25 y 26 de abril.
En una entrevista a un medio local, Tello se mostró en contra de que los profesores que fueron jalados en la evaluación que realizó el Minedu sean despedidos.
Actualmente, el Conare tiene enfrentamientos con el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP, ligado a dirigentes de Patria Roja, para ejercer la representación legal de los profesores ante el sector Educación.
DESCARGOS. Al respecto, el congresista Edgar Ochoa Pezo dijo que no recordaba la visita de los integrantes del Movadef.
“No sé a quién refiere. La verdad es que no te podría decir que los conozco o desconozco”, afirmó a Correo.
Al precisar la fecha de ingreso de los mencionados dirigentes, empezó a recordar que eran del Conare-SUTEP y que no era la primera vez que lo visitaban.
“En una primera ocasión, el año pasado vinieron unos maestros y alguien los relacionó con el Conare. Al final se aclaró que eran maestros y que no estaban vinculados al Movadef (…) De lo que me estás diciendo, no tengo conocimiento si son (del Movadef)”, dijo intentando desvincularse de la denuncia.
Al darle más detalles de dicha visita y recordarle que hay un informe de inteligencia al respecto, Ochoa Pezo recordó que en abril lo visitaron “dos o tres dirigentes del SUTEP”, pero dijo que no recuerda de quiénes exactamente se trataba.
Al informarle que los del Conare son identificados como una facción de Sendero Luminoso, según la Policía, cambió de posición y sorpresivamente fue muy crítico de esa agrupación.
“Si me dijeran que son del Conare o del Movadef, no habría ninguna posibilidad de recibirlos, jamás los recibiría, eso me queda claro”, manifestó.
En ese sentido, añadió que el acceso al despacho debería tener ese filtro para ser advertido.
“¿Cómo poder saber quién pertenece a quién ? (…) Con el Conare, yo no he conversado, sino con dirigentes”, afirmó.
Consultado sobre qué conversó con las personas que lo visitaron, indicó que dialogaron de la agenda ministerial, respecto al descontento que tienen sobre la farsa del incremento remunerativo presentado por el Minedu.
“Sobre derogar el artículo 23 de la nueva ley que establece un criterio de despido magisterial versus evaluación; la suspensión de la evaluación en la educación inicial, donde hay serias irregularidades; y el tema de los directores desaforados de su cargo previo examen”, detalló.
Luego, dijo que probablemente el contacto fue un dirigente docente que proviene del Cusco.
“Los dirigentes vienen, se identifican y dicen que quieren hablar conmigo y en ese sentido los hago pasar (…) No les pregunto su filiación política porque, al margen de eso, el tema de la problemática magisterial trasciende todo eso”, indicó el legislador del Frente Amplio.
Fuente: Diario Correo.

¡Despertemos y hagamos el pare ya!

¿Queremos para nuestros hijos el resurgir de la ideología terrorista, ahora llamada Movadef?
Por Madeleine Osterling- Político.pe
El Gobierno no debería seguir difundiendo la equívoca versión de que la interpelación al ministro Basombrío es una venganza de Fuerza Popular o un movida más de la oposición para desestabilizar la gobernabilidad. Cuando se trata de terrorismo, ningún evento es pequeño o insignificante; debemos estar unidos como país y ser implacables. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla… ¿o es que eso es lo que queremos para nuestros hijos?
Recordemos algunos capítulos recientes y significativos:
1. El 27 de octubre de 2015 el comité Malpica, presidido por mi tío Ricardo Letts Colmenares y llamado así en honor a Carlos Malpica Silva Santisteban (exlegislador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR que falleciera en 1993 a los 70 años), solicitó autorización para realizar la presentación de la décimoquinta edición del libro “Los dueños del Perú”, cuya primera publicación fuera en el año 1965 (cuando, estoy segura, los dueños del Perú eran muy distintos). El acto se realizó en coordinación con la oficina del congresista Abugattás y se invitó a Manuel Fajardo, representante del Movadef.
Fajardo participó en la mesa central del evento y aprovechó (¿cómo no?) para hacer una reivindicación de su movimiento y una “intencional” analogía entre Malpica y el Movadef, aduciendo que “es el ejemplo que en el país se sigue persiguiendo a las personas por sus ideas”. Dicho sea de paso, esto demuestra lo desgastada que esta la figura del “perseguido político” (la invocan tanto crueles criminales de Sendero Luminoso como Alejandro Toledo, un simple delincuente común).
El congresista Abugattás debió estar presente en el evento y, por tanto, debió también asumir absoluta responsabilidad por los invitados y por las actuaciones realizadas. Fue un “tonto útil”, un “descuidado”, “negligente” o todos a la vez, y tuvo que haber sido penado por ello. Sin embargo, utilizando la ruta del facilismo atribuyó dicha responsabilidad a la seguridad del Congreso. Días más tarde sería sancionado con una suspensión de 120 días por transmitir en vivo una sesión reservada del Congreso, en abierta violación a su reglamento. Y como en el Perú nadie reconoce sus culpas, adujo hasta el final que se trataba de una venganza política.
2. El 25 de abril pasado, el congresista Edgar Ochoa del Frente Amplio (facción de Mendoza) fue visitado por tres miembros del Movadef en lo que dice haber sido una reunión gremial. Lo más cuestionable es que, al ser encarado por otros congresistas, adujo que era “responsabilidad de la seguridad del Parlamento por tener falta de criterio al momento de revisar a los visitantes y además, por la filtración de informes a la prensa en lugar de comunicarlo a su despacho”. Absoluta cobardía: ni siquiera es capaz de enfrentar sus propias verdades. Ochoa sabía perfectamente con quién se estaba reuniendo; resulta inexcusable que no acepte su responsabilidad por este evento y por lo que implica su cercanía con SL, vínculos que comparte con los congresistas Foronda, Arce, Apaza, (que desconoció la calidad de héroes a los comandos Chavín de Huántar) y otros miembros del Frente Amplio.
3. El Movadef fue autorizado a marchar por las calles del centro de Lima el día 1 de mayo. Liderada por el mismísimo Manuel Fajardo -sí, aquel “inocente”  que concurrió a una celebración en el Congreso con la venia de Abugattás- promovió una jornada de reivindicación de terroristas, portando carteles con fotos de cabecillas presos y exigiendo nuevos juicios. Clarísima apología del terrorismo, lo cual ha sido reconocido por el ministro Basombrío.
¿Por qué nuestra memoria es tan frágil? Hemos olvidado que los primeros brotes guerrilleros surgieron a mediados de 1960, liderados precisamente por el MIR, el mismo partido en el que militó Carlos Malpica, y algunos de cuyos integrantes pasaron luego a formar parte de SL y el MRTA. ¿Acaso hemos olvidado la quema de ánforas y padrones electorales en el pueblo de Chuschi en Ayacucho en 1980? En ese entonces se consideró un evento aislado y al que no se le dio mayor importancia.
Y esa quema fue realizada por un incipiente grupo de apenas quinientos miembros llamado SENDERO LUMINOSO, que años más tarde sembró absoluto terror en el Perú.
¡Despertemos! No seamos tibios, timoratos y permisivos: ¡nuestro país se merece algo mejor!

La defensa de la pareja ya ha mostrado parte de su estrategia: atacará las fuentes, dirá que los testigos no fueron militares, que no aparecen registrados en los padrones del Ministerio de Defensa.

La noche les caerá, sin duda, por el Caso Madre Mía. Humala quiso borrar los nombres de los testigos del ‘Capitán Carlos’

Por Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.
La pareja Humala-Heredia se ha quedado sin luz, está tapada de denuncias y acusaciones. El mismísimo Marcelo Odebrecht ratificó lo que ya había dicho Jorge Barata: que les dio tres millones de dólares durante la campaña presidencial del 2011. Y la cosa se les pone color de hormiga porque ese dinero salió –y la fiscalía peruana tiene cómo demostrarlo– de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; es decir, del departamento de sobornos de la constructora, que aunque era ilegal tenía todas sus cuentas digitalizadas y en orden.
Pero la noche les caerá, sin duda, por el Caso Madre Mía. Los testigos de las atrocidades cometidas bajo las órdenes del ‘Capitán Carlos’, presentados en el programa “Beto a saber”, han declarado, todos, en la misma línea. Y el testimonio que “La ventana indiscreta” recogió en el 2006, y que fue propalado por “Primer plano” hace una semana, refiere, también, crímenes feroces, operaciones de exterminio y de una crueldad impensable.
Un equipo de la fiscalía especializada en DD.HH. está tomando las declaraciones y buscará a todos los testigos para que terminen de decir la verdad. Una verdad admitida por el responsable en las agendas de su esposa cómplice, quien tomó nota exhaustiva de los lobbies que sus operadores tuvieron que hacer entre los magistrados en los que recayó la primera investigación judicial que se hizo del Caso Madre Mía.
La defensa de la pareja ya ha mostrado parte de su estrategia: atacará las fuentes, dirá que los testigos no fueron militares, que no aparecen registrados en los padrones del Ministerio de Defensa. Que son testigos bamba.
El nombre del sargento José Ponce Ruiz, quien declaró para “La ventana indiscreta” en el 2006 y cuyo testimonio cité en esta misma columna el miércoles anterior, no aparece en el padrón del Ministerio de Defensa, pero al momento de ofrecer su declaración tenía en su poder dos medallas y varias fotografías vestido de militar y armado de una AKM.
Su condición de sargento e integrante de un destacamento especial asignado a la selva de la región San Martín, cerca de los valles de la región Huánuco, será corroborada por la fiscalía que ya investiga la razón por la que los nombres de los otros soldados que formaron parte del batallón que lideraba Ollanta Humala en 1992 tampoco aparecen en los registros del cuartel de Tingo María.
Durante la campaña del 2006, “La ventana indiscreta” descubrió que el legajo de Humala había desaparecido de los archivos del EP; ahora se descubre que los nombres de la promoción reclutada en 1991 en el cuartel de Tingo María, de la que salió la tropa asignada a la base de Madre Mía, tampoco están. El político Ollanta Humala quiso borrar los nombres de los testigos del ‘Capitán Carlos’. Pero los crímenes que se cometieron durante su jefatura no se tapan con un borrador. Humala fue capitán de una base militar en la zona de emergencia en los años en los que Vladimiro Montesinos tomó el control de la estrategia de la lucha antisubversiva ejecutada por las FF.AA. involucrando destacamentos de inteligencia operativos, es decir, armados.
En 1991, con un decreto ley se exoneró a los servicios de inteligencia del control político y se los puso bajo el control de la Presidencia de la República para que funcionaran bajo las órdenes del SIN.
La autonomía de los aparatos de inteligencia del Ejército, la Dinte (Dirección de Inteligencia del Ejército) y el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército) permitió que en las bases de la zona de emergencia se crearan destacamentos de aniquilamiento que, por su carácter secreto, eran itinerantes.
Durante el primer lustro de los años 90, las estrategias y los planeamientos operativos en la selva del Perú estuvieron a cargo de los oficiales que dirigían esas bases militares. Muchos de ellos actuaron bajo su propia discrecionalidad, pero fueron previamente adoctrinados en el pensamiento Montesinos, el mismo que creó, en 1991, el grupo Colina.
Los testimonios recogidos ahora confirman que en la selva, durante esos años, los sospechosos se cazaban abusando que la mayoría de los pobladores eran colonos recién llegados o se dedicaban a actividades ilegales como la producción de pasta básica o tráfico de madera.
El trabajo de la inteligencia de la policía especializada en terrorismo salvó a nuestro país de una carnicería: capturó al cabecilla senderista y a su cúpula asesina, con lo que reducir a las huestes del senderismo dejó de ser bárbaro. Ahora conocemos más detalle.

Testimonio del sargento primero “Relámpago”: Ollanta fue un asesino y un cobarde

El sargento José Ponce Luis, quién habría desaparecido desde el año 2006, volvió para reafirmar lo que una vez dijo ante las cámaras, que Ollanta Humala o Capitán Carlos, sí cometió delitos de lesa humanidad en Madre Mía.
“Acá si vamos  a hablar de soldados que trabajamos en el Huallaga en ese entonces no se registran. No se pasaba lista, no usábamos uniformes tampoco. Solo pasábamos recibos militares”, sostuvo José Ponce Luis.
José Ponce Luis señala que fue parte de un batallón de fuerzas especiales que llegó a Madre Mía en 1992, con la consigna de ayudar en labores de patrullaje a Ollanta Humala. El exsargento enseñó las pruebas de que estuvo en el comando del Capitán Carlos a la fiscal en el 2006.
Desde boletas militares, fotos y medallas. Él al ver la negativa de aceptar su testimonio y pruebas decidió irse de Lima y desaparecer. José Ponce Luis sostuvo que en ese entonces la periodista Cecilia Valenzuela le estaba ofreciendo protección, pero él se negó porque sabía que sería inútil.
“La única forma de sentirme seguro fue irme de Lima. Me fui a la selva de Pucallpa y varios lugares más”, añadió José Ponce Luis, quien también sostuvo que tuvo como abogado a Wilfredo Pedraza, hoy defensor legal de la exprimera dama, Nadine Heredia.
Fuente: Diario Expreso.

Atrapado en Madre Mía

La prensa ha cumplido con su deber buscando y publicando los testimonios de por lo menos 6 testigos; la investigación del caso ahora es responsabilidad de la fiscalía

Por Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.
El ex presidente Ollanta Humala les ha dicho a los corresponsales de la prensa extranjera en el Perú que existe una consigna de sus adversarios políticos para inhabilitarlo. O sea que Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, el sargento Ponce Ruiz, los demás testigos de Madre Mía, el fiscal de lavado de activos Germán Juárez, el fiscal del Caso Lava Jato Hamilton Castro, coordinan, juntos, para destruir la carrera política del ‘Capitán Carlos’.
“Se trata de un linchamiento al proyecto de cinco años de gobierno” insistió Humala con la intención de aparecer ante la opinión pública internacional como un perseguido. Pero los testimonios de los testigos de Madre Mía son cada vez más concretos y todos, el sargento, los tres soldados y los familiares de dos víctimas, están dispuestos a declarar ante la fiscalía.
El lunes el programa “Primer plano” presentó una entrevista al sargento primero de las Fuerzas Especiales del Ejército, José Ponce Ruiz, conocido en la base de Madre Mía en 1992 como ‘Relámpago’. Ponce es el mismo suboficial del Ejército que en el 2006 contactó al programa “La ventana indiscreta” para denunciar los crímenes atroces que, según él, cometió el ‘Capitán Carlos’ en el Alto Huallaga donde ambos participaron en la lucha contrasubversiva.
El testimonio de Ponce Ruiz no se propaló en el 2006 porque no se pudo corroborar su versión con la de otro testigo. Pero la declaración que Ponce ha ofrecido esta semana, en la que se ratifica de todo lo dicho en el 2006, sí puede verificarse en el lugar de los hechos y contrastarse con las versiones de los testigos presentados en el programa de Beto Ortiz.
La fiscalía especializada en derechos humanos está diseñando la estrategia para la investigación, ha tomado oficialmente los testimonios de los soldados que están en Lima; y Ponce Ruiz ha declarado que está totalmente seguro de lo que dice, que está seguro de lo que dijo y que si se ha atrevido a decirlo es porque está “dentro de la verdad”.
Además, Ponce ha expresado su disposición de ayudar a la fiscalía en la investigación, lo que implica que podría conducirla a las fosas donde, según su testimonio, el ‘Capitán Carlos’ habría enterrado, vivos, a presos sospechosos de terrorismo.
Como la estrategia de acusar a Ponce y a los otros testigos de ser falsos militares no ha funcionado, está confirmado que los nombres de los soldados que sirvieron con Humala fueron borrados de los archivos militares, y Ponce después de once años ha vuelto a dar la cara para hacerse responsable de su testimonio; Humala ha sacado de bajo la manga una nueva teoría: El lunes, ante la prensa extranjera, dijo que en 1992 incumplió el manual del Ejército que no solo pedía eliminar a los combatientes, sino también a las bases y a los aliados políticos de los terroristas. Es decir, que el año que él estuvo en Madre Mía no hubo secuestros ni desaparecidos.
Dijo esto olvidando lo que había dicho en el 2009, en su libro que extrañamente no se vendió en el Perú “De Locumba a candidato a la presidencia”: página 59: “En la zonas donde yo he patrullado, también han actuado de manera paralela las Fuerzas Especiales que podían pertenecer al SIN o a la propia Región Militar o a otras grandes unidades que podían ingresar a nuestras zonas a realizar operaciones”.
Entonces, ¿en qué quedamos, ‘Capitán Carlos’? ¿Hubo o no operaciones de exterminio en Madre Mía en 1992? ¿Los muertos y los desaparecidos fueron obra del SIN? O no hubo muertos ni desaparecidos, como ha sostenido todos estos años, porque usted desobedeció el manual del Ejército. Si fue así, entonces, ¿por qué se vio en la necesidad de comprar el silencio de un testigo?
Sospecho que Humala no escribió el libro que publicó con su firma, quizá por eso, al momento de defenderse de los testigos que lo señalan, olvida la artimaña de culpar de todo al SIN y ahora introduce el cuento de la desobediencia.
“Él era jefe de base, él era el que daba las órdenes porque era el máximo de la base. Las ordenes de ejecución de la gente que fue muerta en la cabezada del río Magdalena, como todas, fueron ordenadas por él, un soldado no puede hacer nada si está en una base, si el jefe no ordena”, afirma sobre Ollanta Humala el sargento Ponce Ruiz.
La prensa ha cumplido con su deber buscando y publicando los testimonios de por lo menos 6 testigos; la investigación ahora es responsabilidad de la fiscalía.