Redes ilícitas

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Manzanita y Anchoveta

Siguen saliendo a la luz más testimonios desde Madre Mía en contra de Ollanta Humala. Las dos versiones más recientes son de dos hombres que aseguraron haber sido soldados de la base contrasubversiva que en 1992 estuvo bajo el mando del entonces capitán Ollanta Humala y que ya han declarado ante la fiscalía.
Los ex soldados, que dieron declaraciones al programa “Cuarto poder”, fueron identificados solo con los alias de ‘Anchoveta’ y ‘Manzanita’, pues ya están comprendidos en el programa de protección a testigos.“Sacamos del calabozo, amarrado, encapuchado [a un detenido]. Primero le cortamos el cuello. Yo hice eso cuando el ‘Capitán Carlos’ me dijo: ‘O lo haces tú o lo hago yo’. Yo le dije que lo iba a hacer”, relató ‘Anchoveta’ ante las cámaras de televisión.
El testigo afirmó que ese fue el crimen que tuvo que cometer como una suerte de examen de admisión a la base. Además, confesó haber sido testigo de decenas de crímenes más, todos bajo la orden de Ollanta Humala.
“Aquí en Venenillo agarramos a unos 50 pobladores, y los hemos matado uno por uno a balazos y con puñal. Los juntábamos en fosas en la canchita y les echábamos gasolina para desaparecerlos […]. El ‘Capitán Carlos’ daba la orden de que se mate, y nosotros teníamos que cumplir”, detalló.
El ex soldado identificado como ‘Manzanita’ dio versiones similares. Aseguró haber visto matar a unas cinco personas mientas duró su servicio en la base de Madre Mía. “Los llevaban encapuchados y los bajaban de la base a la orilla del río Huallaga. No querían hablar y tenían que matarlos cortándoles el cuello”, relató tras precisar también que actuó por órdenes de Ollanta Humala.
Ambos indican que, en el 2006, fueron contactados por personas cercanas al ex presidente para decirles qué cosas debían declarar en caso que el Ministerio Público los contactara. ‘Anchoveta’ dijo que conversó con Amílcar Gómez Amasifuén, quien lo convenció de viajar a Lima unas nueve veces a cambio de dinero. En aquellas fechas se investigaba la presunta desaparición forzosa de Natividad Ávila y Benigno Sullca.
Estos testimonios ya están en manos de la fiscalía que ha abierto una nueva investigación preliminar por la presunta violación de derechos humanos en la base de Madre Mía en 1992.
Fuente: Diario El Comercio.

EL PERUANO DE ODEBRECHT IMPLICADO EN LAVA JATO

El “Funcionario 5” al que se hizo referencia hace unas semanas el fiscal anticorrupción Hamilton Castro durante la audiencia de prisión preventiva del ahora detenido exgobernador del Callao, Félix Moreno, por el presunto soborno en la concesión de la Costa Verde, sería Raymundo Trindade Serra.
Chumán y el ejecutivo Trinidade Serra entregaron su versión sobre las acusaciones por la obra de Ayacucho al juzgado que los procesaba en junio de 2003, manifestación que figura en el expediente N° 185-2003.
El caso judicial se prolongó durante tres años. El procurador Regis Huamán que vio el proceso penal exigió que la empresa no rectificara las irregularidades para impedir que se borrara las pruebas del delito. En junio de 2003 fue apartado del caso por la procuradora del gobierno de Alejandro Toledo, María del Pilar Freitas, según contó Regis Huamán a Convoca.pe.
Exprocurador del caso Proyecto Cachi Regis Huamán: “La doctora (Pilar Freitas) me preguntó por qué denuncié a Odebrecht” 
“La doctora me preguntó por qué denuncié a Odebrecht sin mi conocimiento. Le respondí que sí le informé del caso por escrito. Yo no necesitaba de su consentimiento, yo no podía darle cuenta a nadie, porque mi función de procurador era defender los intereses del Estado”, declaró el abogado ayacuchano.
Investigan en Lima
Paralelamente a la investigación que tomaba cuerpo en el Poder Judicial de Ayacucho, las denuncias por la obra iban teniendo eco en Lima. Un equipo de la Contraloría General visitó la obra en febrero y marzo de 2003 para realizar un examen especial de la obra. En abril de ese mismo año, la Contraloría General publicó el Informe Especial N° 210-2003-CG/OEA, en el que detectó que el canal de derivación Apacheta-Choccoro se había elevado de 49 millones a 60 millones de soles, además de problemas en el aspecto técnico.
Meses antes, a fines de 2002, la comisión congresal que investigó los delitos económicos cometidos durante el gobierno de Fujimori, presidida por el parlamentario Javier Diez Canseco, señaló en su informe final sobre las licitaciones y adquisiciones con recursos públicos, que hubo “indicios razonables de responsabilidad administrativa y legal de altos funcionarios que intervinieron en la ejecución de la obra (Proyecto Especial Río Cachi, Apacheta-Choccoro), en desmedro de su eficiencia”.
Informe final de Comisión Diez Canseco concluyó que hubo manejo irresponsable dentro del Proyecto Especial Río Cachi, que otorgó la buena pro a Odebrecht.
Una investigación en el parlamento se hacía necesaria pero no parecía haber voluntad política. La congresista Celina Palomino Sulca de la agrupación política Perú Posible había solicitado el 19 de agosto de 2002 una comisión para indagar las serias irregularidades en el Proyecto Especial de Río Cachi sobre todo en los tres arbitrajes ganados por Odebrecht para ampliar el periodo de la obra y el desembolso por los gastos de la firma brasileña. El pedido de la congresista no tuvo apoyo en el Parlamento.
Después de más de un año, en octubre de 2003, se creó un grupo de trabajo presidido por el congresista aprista Carlos Armas dentro de la Comisión de Vivienda y Construcción para investigar la obra. Los directivos brasileños como Chumán Rojas y Trinidade Serra no acudieron a la comisión a declarar.
El informe final del grupo de trabajo presentado al pleno a fines de 2003, evitó pronunciarse sobre posibles actos de corrupción y concluyó que el canal Apacheta “sí presentaba fisuras y grietas” aunque no “en un nivel del 40 por ciento” como lo habían establecidos pericias previas.
Para 2003 mientras el Congreso y el Poder Judicial investigaban, Chumán trabajaba temporalmente en Perú como gerente de ingeniería para Mendes Junior Group, otra compañía brasileña acusada de formar parte del club de empresas asociadas al esquema de corrupción y cuyo exvicepresidente, Sérgio Cunha Mendes, está ahora condenado a 19 años de prisión.
Caso archivado
El 23 de marzo de 2006, tres años después de iniciadas las indagaciones y pese al conjunto de evidencias halladas por las autoridades, el fiscal superior de Ayacucho Henry Laud Ordoñez opinó el 23 de marzo de 2006 que el caso debía archivarse”.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los EE.UU revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.
Los tres magistrados de la Sala Penal de Ayacucho –Marcial Jara Huayta, César Arce Villar y Tatiana Pérez García Blásquez– al no estar de acuerdo con la opinión fiscal Lajud, solicitaron el 17 de abril de ese mismo año que el dictamen sea visto en Lima por la fiscalía suprema en lo penal.
De acuerdo con la resolución del 3 de mayo de 2006, el fiscal supremo José Peláez Bardales luego de revisar más de cuatro mil folios en solo 15 días, aprobó el dictamen del fiscal superior Laud y solicitó a la Sala que se dicte el archivamiento del proceso contra los funcionarios y exfuncionarios públicos. Un día después dejó el despacho de la fiscalía suprema en lo penal para asumir la fiscalía de control interno.
Convoca.pe intentó comunicarse con el ingeniero peruano para obtener una versión de su participación en los casos de corrupción en Angola, Brasil, México y Perú pero no fue posible localizarlo. Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, según registros migratorios, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.
Fuente: Convoca.pe

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