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Por Fernando Rospigliosi– Diario El Comercio.
Aunque parezca estrambótico, algunas personas sostienen hoy, al terminar el gobierno de Ollanta Humala, que debemos agradecerle por no haber violado la Constitución y establecido una dictadura represiva y corrupta como la venezolana. Con ese razonamiento, si nos encontramos con un individuo de aspecto sospechoso en una calle solitaria y no nos asalta ni nos mata, deberíamos reconocerle su gran valor cívico al no perpetrar un crimen.
Quienes pretenden usar ese absurdo criterio de evaluación son, por lo general, aquellos que apostaron por Humala el 2011 y que hoy intentan justificar su respaldo al peor gobierno que ha tenido el Perú desde que se restauró la democracia el año 2000, como opina la inmensa mayoría de peruanos, de acuerdo con todas las encuestas.
En realidad, el mayor mérito de Humala es haber mantenido la misma política económica que, con algunas variantes, ha regido en el Perú el último cuarto de siglo. Es decir, seguir la corriente y no tratar de remar contra ella.
Si algunos creyeron alguna vez que Humala estaba poseído por el fervor ideológico chavista o castrista, se equivocaron. Como revelaron antiguos colaboradores suyos, tiempo después de su triunfo electoral, como Raúl Wiener y Omar Chehade, Humala solo asistió a la reunión de instalación de la comisión que elaboró la propuesta de gran transformación y nunca la leyó. Solo la usó para darle un barniz de consistencia doctrinaria a las consignas radicales con las que discurseaba en las plazas públicas para ganar votos.
No tuvo ninguna política pública definida y eficaz. Fue de tumbo en tumbo, a la espera de alguien que supiera qué hacer en algún sector. Solo tuvo suerte en Educación, donde al segundo intento encontró un buen gestor que encarriló ese ministerio.
Socavó concienzudamente la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y destruyó su propio partido que solo salvó la inscripción al retirarse de las elecciones, porque no hubiera superado la valla del 5%.
Estableció un inédito “gobierno familiar”, como el mismo lo calificó, cogobernando, o mejor dicho, permitiendo que su esposa Nadine Heredia maneje lo sustancial de los resortes del poder. Según la última encuesta de Datum, 59% piensa que Heredia gobernó durante este quinquenio, 25% que lo hicieron los dos y solo 15% que lo hizo Humala. (“Perú21”, 18 de julio del 2016). En este caso, parece que la mayoría acierta.
La seguridad ciudadana se deterioró significativamente en este lustro. A pesar de los miles de millones de soles que dispuso el Ministerio del Interior, las comunicaciones policiales son precarias, las comisarías siguen desatendidas, la sanidad es mortal, la formación policial es desastrosa y, lo peor, la corrupción ha gangrenado órganos vitales de la institución.
La última denuncia de Doris Aguirre en “La República” y Cecilia Valenzuela en Willax muestra el grado de descomposición. Un escuadrón de la muerte policial que asesinó a sangre fría a por lo menos 27 personas para conseguir premios y ascensos, y saquear los fondos de inteligencia y operaciones. Según Valenzuela, ese grupo contaba con la protección del ex viceministro Iván Vega, el hombre fuerte de Ollanta y Nadine en Interior y Defensa.
Cientos de millones de soles fueron destinados a la Dirección de Inteligencia (DINI) que, como se comprobó, se dedicaba a espiar ilegalmente a adversarios y amigos.
La corrupción y el aumento de la inseguridad son dos de las características distintivas del quinquenio.
Todo lo anterior amerita la creación de un sistema anticorrupción similar el que se estableció el año 2000, para investigar y eventualmente sancionar a los responsables. No basta “mirar hacia adelante”. La impunidad alienta el delito.
Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21
Hoy se larga por fin Humala y espero que, como ayer, el sol le despida y también alumbre el cerebro de esos inteligentes compatriotas que le hicieron presidente para que sufraguen mejor en el futuro, tanto para primer mandatario como para congresistas, gobernadores regionales (¡no más especímenes como César Álvarez y Waldo Ríos en Áncash, Gerardo Viñas en Tumbes o Gregorio Santos en Cajamarca!) y alcaldes, porque nuestras autoridades electas no vienen de Marte o del aire, sino del Perú y la responsabilidad de que un inepto, un demagogo o un limitado alcance por los votos un cargo público es del peruano que le votó, seguramente porque se siente bien identificado y representado por un inepto, un demagogo o un limitado.
Y lo malo es que esa necedad nos friega al resto, que tenemos que aguantarle.
Inteligentes que no solo se creyeron esa promesa absurda humalista de que el balón de gas iba a costar 12 soles, sino que incluso reeligieron a Manuel Dammert después de que este les mintió descaradamente con ese disparate, agitando un baloncito de felpa (algo inmortalizado en YouTube). ¿Cómo se puede calificar a esos recientes 40 mil votantes de Dammert sin ser peyorativo o despreciativo? Difícil. ¡Hierve la sangre pagar impuestos para solventar las remuneraciones de un tipo que pudo ser tan descarado (y la Mendoza y la Huilca le defienden como leonas)!
Y tenemos infiernos a la vista como Venezuela y Cuba por aplicar políticas de izquierda, pero un 18% apostó por la Mendoza y un 4% por Gregorio Santos (encima sabiendo que le habían detenido por corrupción). Tal vez el voto voluntario sea el camino para disminuir la necedad a la hora de elegir autoridades. ¡Feliz 28!