Lava Dólar

Por Romina Mella y Gustavo Gorriti IDL-REPORTEROS
El 17 de julio pasado, IDL-R recibió una tarjeta de Odebrecht –que también llegó, según parece, a varias otras redacciones–. La tarjeta era original, inteligente, bien diseñada. La parte superior se abría verticalmente por la mitad y a todo lo ancho, como si las paredes se hicieran puertas y metáforas de un acceso sin límites. Adentro, el mensaje proclamaba lo adelantado por el símbolo: “Odebrecht puertas abiertas”. Por si no bastara lo anterior, la tarjeta/portal venía acompañada de una llave, cadenita incluida, que en realidad era un USB, cuya forma sugería información ubérrima con solo conectarlo.
Transparencia total, elocuencia vibrante, respuesta inmediata y verdad de los hechos, parecía ser lo prometido. Los abogados de Odebrecht en Curitiba delegaron en uno de ellos, el peruano Rodrigo Sánchez, la explicación pormenorizada, cada vez que fuera necesario, de su defensa. El loretano Sánchez, experto en delitos de lavado de dinero y autor –como el juez Sergio Moro, con quien también coincide en los estudios en Italia– de un libro sobre el tema, se ofreció, junto con los otros miembros de su equipo de comunicaciones, a contestar cualquier pregunta sobre el caso.
El 24 de julio la Fuerza de Tarea del Ministerio Público Federal en Curitiba presentó su acusación formal contra Odebrecht ante el juez Sergio Moro, en Curitiba. Firmada por los nueve fiscales que componen la Fuerza de Tarea, encabezados por Deltan Dallagnol, la acusación de 205 páginas tuvo un efecto casi inmediato en Odebrecht.
Convirtió la transparencia en reserva y la elocuencia en silencio. Tapió las puertas apenas terminadas de abrir, con llave y todo. Fue una de las campañas de extroversión institucional más efímeras de la Historia.
Cuando, el 3 de agosto pasado, IDL-R envió una solicitud de entrevista a través del funcionario de Comunicaciones de Odebrecht en Brasil, João Paulo Carvalho, este contestó pidiendo que la entrevista fuera a través de un cuestionario por e-mail, dado que los abogados querían participar debido a que “ninguna información desencontrada puede ocurrir en este momento”.
IDL-R envió un cuestionario detallado, cuyas preguntas se remitían a la acusación fiscal.
La respuesta, enviada a través de Carvalho, fue un párrafo lacónico:
“En respuesta a sus preguntas, la posición de la defensa es que debemos manifestarnos sobre temas relacionados a los procesos judiciales en los expedientes del proceso, para que las personas involucradas puedan ejercer su derecho de defensa”.
Un gentil Carvalho se disculpó indicando que esperaba se comprendiera “nuestra posición en este momento, que es un tanto diferente a la de un mes atrás, cuando, tranquilamente, pudimos conceder la entrevista de Rodrigo (Sánchez) Ríos”.
El 12 de agosto, el encargado de comunicaciones de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, respondió a otra solicitud de entrevista de IDL-R indicando que para Odebrecht:
“La recepción de la denuncia por el Poder Judicial representa el marco cero (INICIO) del trabajo de la defensa de los ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht. Con esto, las manifestaciones de los abogados se darán dentro de los autos del proceso”. Es decir, ninguna entrevista, ninguna declaración.
Por supuesto que en circunstancias como esta, el silencio es más elocuente y revelador que las palabras.
En las dos entregas anteriores vimos cómo, sobre todo gracias a la cooperación suiza engarzada con su propia investigación, los fiscales de la Fuerza de Tarea pudieron desmentir muchas de las afirmaciones anteriores de la defensa de Odebrecht y probar que buena parte del dinero de los millonarios sobornos recibidos por tres ex altos funcionarios de Petrobras –Paulo Roberto Costa, Renato Duque y Pedro Barusco– provino de cuentas de Odebrecht y llegó a los corruptos ejecutivos a través de un elaborado sistema de compañías offshore en las que se ocultaba el dinero para lavarlo después. La infografía publicada la semana pasada en IDL-R y La Prensa, de Panamá, ilustró la ingeniería de los sobornos.
Ahora veremos cómo se probó la existencia de un área clandestina de Odebrecht, dedicada a armar y hacer funcionar una estructura subterránea dedicada al pago de sobornos supuestamente seguros para los corruptos encargados de tomar decisiones de compra, de selección en licitaciones, de aceptar o no sobrecostos. Y cómo, al hacerlo, se pudo probar que Odebrecht había mentido.
Recordemos antes lo que Odebrecht manifestó primero formalmente en respuesta a acusaciones generales y específicas de corrupción.
– El 28 de mayo de este año, unas tres semanas antes del arresto de Marcelo Odebrecht, la Corporación que él preside respondió a un pliego interrogatorio enviado el 11 de ese mes por el delegado Eduardo Mauat, de la Policía Federal, indicando que:
– “(Odebrecht) no participa de esquemas ilícitos, menos aun con la finalidad de pagar ventajas indebidas a servidores públicos o ejecutivos de empresas estatales”.
– “Los éxitos obtenidos (en concursos y licitaciones) por las empresas que integran la Organización Odebrecht en licitaciones públicas son consecuencia exclusiva de su tamaño, experiencia y cualificación, especialmente para la realización de obras de gran complejidad, que la convierten en líder en el área de ingeniería y construcción de América Latina”.
– Sobre acusaciones más específicas, el 22 de junio, poco después de la detención de Marcelo Odebrecht, la compañía declaró en un comunicado que:
– “(En) Cuanto a los supuestos pagos realizados por la Constructora Internacional del Sur, Odebrecht reitera que ninguna de sus empresas tiene, ni nunca tuvo, cualquier vínculo y ni (sic) efectuó cualquier pagamento a dicha empresa”.
– “Todas nuestras empresas poseen y practican un Código de Conducta y un Sistema de Conformidad (compliance), efectivos y ampliamente divulgados, alineados totalmente a la legislación anticorrupción brasileña e internacional”.
Muy enfáticas afirmaciones.
El 16 de julio pasado, los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimgruber enviaron un pormenorizado documento de respuesta al requerimiento de cooperación internacional que habían hecho los fiscales brasileños.
Esa información fue rápidamente incorporada y sincronizada con las investigaciones realizadas en Brasil, y con ello, apenas una semana después, los fiscales de la Fuerza de Tarea en Curitiba formularon una acusación que sumió en silencio existencial a Odebrecht.
La precisión probatoria que se logró en la investigación fue abrumadora, especialmente a la luz de lo previamente afirmado por Odebrecht. Así:
– Probó en forma fehaciente, con documentos suscritos por la propia constructora, (ver) que Odebrecht era la “beneficial owner” (dueña real) de la offshore Smith & Nash Engineering.
– Registró los pagos por más de 5 millones de dólares que se hizo desde Smith & Nash (desde la cuenta 1153532 del PKB Bank) a la cuenta 3057769 en el banco Julius Bär, de la offshore Sagar Holdings SA. A continuación, demostró que la compañía (y, por supuesto, su cuenta bancaria), tenía como “beneficial owner” a Paulo Roberto Costa.
– Documentó los pagos efectuados por Smith & Nash Engineering, de Odebrecht, a la cuenta 10012106877 del Multicredit Bank, de Panamá. La propietaria de esa cuenta era la Constructora Internacional del Sur, la compañía anteriormente negada por Odebrecht.
No solo eso. A través de otras dos offshores de Odebrecht: Golac y Rodira, se efectuaron otros depósitos en la Constructora Internacional del Sur. Mediante las tres compañías, Odebrecht depositó no menos de 50 millones de dólares en la Constructora Internacional del Sur. Se sabe el destino de alrededor de 3 millones (sobornos para tres altos funcionarios de Petrobras), pero todavía no el de los otros 46 millones.
– El doleiro de Odebrecht, Bernardo Freiburghaus, un funcionario de la mayor importancia para la compañía, resultó ser, en documentos recabados y enviados por los fiscales suizos, el apoderado de la cuenta bancaria –en el PKBPrivat Bank, de Suiza– de la offshore Sygnus Assets, con sede en la calle Aquilino Guardia, en Panamá. El “Beneficial Owner” (propietario real) de la cuenta es Paulo Roberto Costa, el coimeado ex funcionario de Petrobras.
– La offshore Arcadex, de Bélice, cuyo “Beneficial Owner” resultó ser, otra vez, Odebrecht, efectuó pagos desde sus cuentas en Austria, a las offshore de los entonces altos funcionarios de Petrobras, Renato Duque y Jorge Luiz Zelada.
El peso de la evidencia parece abrumador. Ahora, la falta de cooperación de la procuradora panameña Kenia Porcell, que recibió el pedido de colaboración informativa de la Procuraduría General de Brasil el 17 de marzo de este año, ha impedido que se termine de desentrañar el destino de varias decenas de millones de dólares canalizados por Odebrecht a través de la Constructora Internacional del Sur.
Las pruebas documentarias conseguidas en una prolija investigación internacional no solo han desmentido de manera terminante cada una de las afirmaciones que hizo Odebrecht, sino que han agravado en el proceso la situación legal de la Corporación.
Al término de sus investigaciones, los fiscales suizos concluyeron que tenían suficientes motivos para intervenir en la acción penal. Para empezar, enviaron un largo y prolijo cuestionario a algunos de los acusados.
De otro lado, al haberse hecho varias transacciones en la banca estadounidense, la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciarán probablemente acciones basadas en el Foreign Corrupt Practices Act.
Es probable que Odebrecht trate de centrar su defensa en aspectos procesales para buscar de anular o, por lo menos, quitarle fuerza al proceso en los tribunales superiores. Como sucedió con la investigación Castillo de Arena, ya no se trataría de discutir el fondo de la prueba sino la manera en la que fue obtenida. Pero la magnitud del caso actual es tanto mayor, como lo es la indignación de la opinión pública, que se hará mucho más difícil un ahogamiento de la investigación fiscal que ha destruido coartadas, expuesto mentiras y sacado a la luz una organización paralela dentro de la corporación, dedicada a corromper para imperar.
Fuente: Revista CARETAS.

¡Bomba! Fuentes allegadas a la Comisión Especial de Investigación del caso Rodolfo Orellana Rengifo nos entregaron la copia de un cheque por US$150,000 del Wachovia Bank, con sede en Carolina del Norte, que el prófugo Benedicto Jiménez Bacca, abogado del también buscado Orellana Rengifo, habría recibido del empresario Jacques Levy, tal como lo acredita su firma en un banco estadounidense y, que, además, consigna como dirección 133 N Village Way, en Florida, la misma que serviría de refugio de verano al empresario. ¿Para qué fue depositado ese dinero en la cuenta de un banco estadounidense?
Buscamos a María Elena Llanos, quien fuera directora del hotel Los Delfines y que, además, el pasado 23 de septiembre declaró ante la comisión que preside el congresista Vicente Zeballos en condición de invitada para revelar todo lo que sabe de la conexión entre Jacques Levy y Rodolfo Orellana.
Ella fue citada porque en ninguno de los documentos que Levy usó para incrementar el capital de su empresa en S/169’489,218 en el año 2010 aparece su firma. Por otro lado, dado que el capital del Sr. Levy estaba afectado por el cierre del Banco Nuevo Mundo, ¿de dónde se sacó la millonaria cifra para invertir en bienes inmuebles?
El pago a Benedicto habría sido por una cifra aún sin revelar que Levy adeudaría a Orellana. De hecho, el cheque sería una ínfima parte de la deuda, pues María Elena afirma que el modus operandi de Levy es estafar a la gente. Entonces, habría sido esta la razón por la que desde la clandestinidad Orellana pidió que se investigue al empresario por lavado de activos. Un juego de traiciones en el que, como leeremos más adelante, se podrían haber servido el uno al otro para apañar sus intereses.
María Elena perteneció al círculo íntimo de Levy mientras estuvieron casados, además de haber mantenido una actitud de alerta mientras desarrollaba su cargo de directora en el hotel Los Delfines, conocido ante los registros públicos como Corporación El Golf.
Ella afirma haber mantenido relación directa con Rodolfo Orellana por más de una ocasión y con Lorena Bellina, abogada cercana al entorno del prófugo. El problema legal en el que se encuentra María Elena con Levy por la tenencia de su hija propició este encuentro.
“La última vez que vi a Rodolfo Orellana fue en marzo de este año, cuando me citó a su oficina junto con Lorena Bellina. Ellos me dijeron en condición de abogados de Levy que devuelva a mi hija o que iba a correr sangre, que lo haga por las buenas”, acusa María Elena. Denuncia, además, haber sido víctima directa del poder de Levy, pues ha tenido que llegar a la instancia de obtener un habeas corpus a su favor para defender sus derechos. “Levy tiene poder en el Ministerio del Interior, Fiscalía y Poder Judicial, por eso siempre sale bien librado de todos sus problemas”, afirma.
Cuando Jacques Levy fue relacionado con Orellana, él declaró no haberlo visto hace más de diez años. Sin embargo, algunos correos intercambiados entre Bellina y Llanos demostrarían lo contrario. Además, el Sr. Levy tendrá que responder por qué envió al señor Orellana a dialogar con María Elena para arreglar la situación de su menor hija.
Fuente: Revista VELAVERDE.

Firmas brasileras usaron complejo esquema para enriquecerse

La operación ‘Lava Jato’ comenzó con una investigación sobre lavado de dinero en un puesto de gasolina en el distrito federal. El grifo pertenecía a Carlos Habib Chater, uno de los operadores financieros implicados en el caso. Curiosamente en el puesto no tienen centro de lavado (Lava Jato en portugués).
Las indagaciones avanzaron y después de las primeras detenciones surgió información que ligaba a los doleiros (operadores) con Petrobras.
En la sétima fase, la operación llevó a la cárcel a los representantes de las principales empresas del país. Uno de ellos fue Adarico Negromonte, hermano del ex ministro de Cidades Mario Negromonte.
Además de las empresas, doleiros y Petrobras, ‘Lava Jato’ investigó a políticos y partidos. De acuerdo con la Policía, se movieron diez billones de reales en contratos.
Los primeros en ser arrestados fueron el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y el doleiro Alberto Youssef. Para intentar reducir la pena ellos aceptaron los acuerdos de delación premiada. Según los delatores, la mayor parte del presupuesto fue desviado a partidos políticos para financiar campañas. Después, los partidos políticos habrían  recibido cerca de 3% del valor de los contratos en propina.
El ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa confesó a la justicia brasilera el nombre de varios parlamentarios y gobernadores que habrían sido beneficiados con los desvíos, entre ellos el ex presidente de la Cámara Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN); el presidente del Senado, Renan Calheiro, y el tesorero del PT, João Vaccari.
Las investigadas Camargo Corrêa, OAS, Odebrechet, UTC, Queiroz Galvão, Engevix, Mendes Júnior, Galvão Engenharia e Iesa están incluidas en el proceso penal. Una de las preocupaciones de la presidente Dilma Rousseff es que esas empresas, responsables de las grandes obras del país, sean impedidas de continuar operando y que eso interfiera los proyectos de infraestructura.
Precisamente la Policía Federal allanó un estadio en la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil, y otras oficinas de ese país como parte de una investigación sobre fraude en contratos para el escenario deportivo construido para el Mundial de fútbol del 2014. En un comunicado, la Policía Federal dijo que los contratos para el estadio Pernambuco, construido y operado por el consorcio encabezado por la firma constructora Odebrecht SA, fueron excesivos hasta en 12 mil millones de dólares.
La policía dijo que los contratos equivalían a fraude y a una falta de transparencia para distorsionar la puja entre las empresas que pretendían hacerse con el proyecto del estadio.
Odebrecht, la mayor constructora de América Latina y una compañía con un largo historial en enormes proyectos de infraestructura y otras obras públicas, también está en el centro de una investigación de corrupción que involucra a la estatal Petroleo Brasileiro SA o Petrobras.
La compañía confirmó los allanamientos en un comunicado calificándolos de “injustificados”. Odebrecht tiene “plena fe en las normas y la legalidad” del proyecto del estadio, añadió.
Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, es uno de los empresarios de Brasil salpicados por el escándalo en Petrobras, en el que proveedores cobraron más por contratos a cambio de sobornos.

Lula fue chuponeado con directivo de Odebrecht

El ex presidente Lula apareció en el auto apertorio de la 14ª fase de la operación ‘Lava Jato’, en la transcripción de una interceptación telefónica. Lula conversó con el ejecutivo Alexandrino de Salles Ramos Alencar, de Odebrecht, el 15 de junio de este año, conforme aparece en el informe enviado por la Policía Federal (PF) al juez Sergio Moro.
Cuatro días después de la llamada, Alexandrino –que era monitoreado por los investigadores– fue apresado con el presidente de la empresa,
Marcelo Odebrecht.
Lula, que no era interceptado, se mostraba preocupado en la conversación con los “asuntos BNDES”. Como se sabe, la Procuraduría investiga desde mayo pasado al ex mandatario por un presunto tráfico de influencias en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
La Procuraduría sospecha que Lula obtuvo beneficios de Odebrecht al inducir al BNDES a financiar a bajo costo los proyectos de esta entidad en el extranjero.
Según informe del Senado brasileño, en el 2014 Odebrecht recibió US$ 848 millones para garantizar diversos proyectos suyos en el extranjero, cifra que representa el 42% del total financiado por el BNDES.
Fuente: Diario La República.

Apart from war, nothing so deranges the political mind as national sports rivalry. It stirs patriotism, ostentation and group hysteria. In Britain, its participants are accorded the status of quasi-military heroes. At the apex of this derangement stand two so-called mega-events, the Olympic Games and football’s World Cup. Politicians will beg, bribe, cheat, lie and spend unlimited sums of taxpayers’ money to “win” a hosting of these contests.
Andrew Zimbalist is a sports economist, though I wonder if he has not abandoned that profession, in despair, for behavioural psychology. The focus of his interest is not so much the host countries, which he portrays as desperate victims of some curse, gripped by lust for glory and immune to debt. Rather, he is mesmerised by their oppressors, the International Olympic Committee (IOC) and Fifa, self-perpetuating cabals of Swiss-based bureaucrats, who live fat on six-figure salaries, colossal expenses and unbounded arrogance. They travel the world like princes, playing on the weakness of democrats and dictators alike. With each event, they demand more venues and more costs. The IOC’s boss Juan Antonio Samaranch was understandably addressed as “your excellency”.
When London was awarded the 2012 Games, it paid $500,000 in fees to the IOC just to bid. The British government then increased a customarily understated budget of £3bn to more than £9bn. The IOC demanded London build a new, fortified city at Stratford, despite the new Wembley having been designed for the purpose. The so-called Olympic “family” required five-star hotels and fleets of limousines, roads to be cordoned designated for their private use, including a “Zil lane” past Harrods, and traffic lights that turned green on their approach.
Parliament had to pass a law placing the police and regulators at the IOC’s disposal. The IOC was excused all local taxes and its sponsors were not to suffer rival products advertised anywhere within sight – not so much as the name of a loo seat. The army was put on standby, with missile launchers and submarines at the ready. London’s mayor, Boris Johnson, told his citizens to stay off the tube lest they impeded Games visitors. Tourist sites emptied. Such nonsense is not even offered to a visiting head of state. Yet the government dared deny the IOC nothing.
Britain, like other host nations, went into banana republic mode. The BBC turned soft in the head, its presenters screaming at every medal like Stalinist sycophants. Newspapers abandoned all news judgment for the duration. Critics were treated like conscientious objectors during the Great War, wimps who could not stand the sight of weapons of mass expenditure.
When the IOC and its grubby younger sister Fifa were founded in 1894 and 1904 respectively, they were dedicated to international concord and amateurism (not yet a term of abuse). They went along with Hitler’s transformation of the 1936 Olympics from the cause of internationalism to that of nationalism, and never looked back.
Zimbalist shows how, by exploiting television and product sponsorship, the IOC and Fifa turned the contests into primarily commercial events. They were soon in thrall to the big venue contractors (mostly American). The Games became essentially a tax on nation states, with profit going to contractors and the IOC and Fifa themselves. In the 1960s the IOC was still taking just 5% of the Games’ rights revenue. It nowadays pockets more than half, usually leaving the host nations crippled with debt.
By the 1970s, the Olympics were assailed by political boycotts, drug scandals and the near bankruptcy of Montreal in 1976. For the 1984 Games, says Zimbalist, “the brand was so markedly tarnished” that the only bidder was a private syndicate from Los Angeles, offering to rent the city’s existing facilities. They did so and made a fortune.
Los Angeles was an elixir for the IOC. Amateurism was abandoned, a blind eye was turned to doping and ever more rights revenue was skimmed from host cities and sporting committees. Then in 1992, Barcelona offered to locate its Olympics in a rundown part of the city, thus declaring the Games primarily a “legacy”. Los Angeles and Barcelona saved the Games. To all complaints over costs, the IOC now refers to the Olympics as “a huge sporting, economic and social legacy”.
Zimbalist shows such claims to be rubbish. Los Angeles and Barcelona were exceptions, in that sporting events were adapted to suit the host city, rather than vice versa. The economic multiplier of these mega-events is proven false. City or state GDP does not increase. Tourism does not rise during the contests. The 2000 Sydney Olympics led to a four-year fall in numbers, and Beijing 2008 saw a collapse in visits. The British government hired bevies of accountants to claim that the 2012 Games would make a profit, “earn Britain £13bn in extra trade” and “deliver a tourism boost”. They did nothing of the sort. The stadiums were to be dismantled and reused elsewhere – they were not.
Most gratuitous have been the white elephants. Athens now has more Olympic ruins than classical ones, with 21 out of 22 structures erected for the 2004 Games standing derelict. The debt undoubtedly contributed to the country’s economic collapse. The demand of the IOC for “gold-plated” stadiums has left cities from Atlanta to Barcelona, Beijing and London with near unusable monoliths. Some cities may see a one-off boost to transport infrastructure, but as Zimbalist comments: “Why should it be necessary to spend tens of billions of dollars to host an event to get hundreds of millions of dollars of worthwhile investment?” Instead the world is littered with empty velodromes, kayak runs, beach volleyball stadiums, speedskating ovals and bobsled tracks.
Fifa demands eight state-of-the-art stadiums for each World Cup, sometimes used for just half a dozen matches each. South Africa and Brazil nurse at least six stadiums that cost hundreds of millions of dollars and are now abandoned. Two in South Africa, at Mokaba and Mbombela, may be demolished. Fifa boasts “they provide many benefits for local communities and enhance community pride”. This, says Zimbalist, is “fanciful nonsense”.
After riots broke out in Brazil in protest against waste on mega-events, a Fifa official blandly remarked that “less democracy is sometimes better for organising a World Cup”. Hence Fifa’s 2010 decision to award the World Cup to Russia, and then Qatar. Only the British press revealed the corruption behind the decision, an accusation to which Fifa’s ruling regime, headed by Sepp Blatter remained wholly immune. These people are accountable to no one but “sport”.
Putin’s spending of more than $51bn on the 2014 Sochi Winter Olympics dwarfed even Beijing’s $40bn on summer 2008. Zimbalist recounts the oligarchic chicanery and racketeering involved. The Russian ruler’s vanity is now incurring even higher costs for the 2018 World Cup. (If western leaders wanted to hurt Putin, they would boycott that event, but their vanity is the equal of his.)
Zimbalist has no answer to all this beyond a resigned shrug. For next year’s Rio Olympics, that impoverished city must find more than $14bn in costs for two weeks of elite sport. It will receive a mere $1.5bn out of some $5bn in expected rights revenue, the rest vanishing into the “expenses” of the IOC. The Olympics have become a straightforward rip-off. But as long as politicians exult in the glory of a brief sojourn in the world spotlight, there is no remedy. Rio’s favelas will gaze down at the passing cavalcade and be told to marvel at the honour done them – and pay up. Soon, however, this will be a game only dictatorships will play.
Fuente: www.theguardian.com