Ladrones regionales
Tres presidentes regionales han protagonizado las noticias policiales de la última semana: César Álvarez, de Áncash; Gregorio Santos, de Cajamarca; y Gerardo Viñas, de Tumbes. En cada uno de los tres casos, hay abierta una investigación del Ministerio Público (MP) que acusa al presidente regional en cuestión de haber montado una organización criminal a fin de convertir en botín los millonarios presupuestos con los que en los últimos años han contado sus regiones. En dos de estos casos –Áncash y Cajamarca–, las pruebas son lo suficientemente contundentes como para que se haya ordenado ya la detención de una serie de personas, que incluyen al propio Álvarez (quien se entregó el viernes) y quien fuera la mano derecha de Santos para el tema de las licitaciones, José Panta, en cuyas cuentas bancarias se verificaron los ingresos de una serie de sobornos que habían sido descritos por un colaborador eficaz. En el caso de Tumbes, aún no hay detenidos, pero hay sí una investigación del MP, ya formalizada ante el juez, por asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión, delitos todos que habrían sido cometidos en torno al manejo del millonario canon de una región de solo 230,000 habitantes (únicamente en el 2013 recibió S/.60 millones).
La lista de las personas que habrían formado parte de estas redes de corrupción es bastante elocuente: incluye desde policías, fiscales, alcaldes, jueces y otros representantes del Estado, hasta periodistas, sindicalistas, empresarios, ‘chuponeadores’ y – en el caso de Áncash– sicarios.
Por otra parte, el que los tres casos hayan sido enfrentados por el Estado seriamente recién a partir de denuncias periodísticas hace preguntarse cuántas situaciones más así no existirán a lo largo y ancho de los gobiernos regionales y locales del país. Particularmente, considerando que las razones que han posibilitado una tan desembozada toma mafiosa de estos gobiernos están presentes también en otras partes del Perú.
¿Cuáles son estas razones? La pregunta se hace aun más relevante cuando estamos a cinco meses de las próximas elecciones regionales y municipales. Y cuando los propios filtros encargados de cuidarlas –el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)– han visto necesario advertir públicamente de su temor de que el crimen organizado “penetre” estas elecciones.
Pues bien, a nuestro entender no hay que buscar demasiado para encontrar las raíces de esta situación. En el Perú de la última década, se han multiplicado los recursos de los que disponen los gobiernos regionales y locales sin que, al mismo tiempo, se hayan fortalecido las instituciones que existen para vigilar el buen uso de estos recursos. Y así, solo desde el 2004 las transferencias que reciben estos gobiernos por efectos del canon se han multiplicado por diez –pasando de S/3,000 millones a S/29,000 millones anuales– sin que en el camino hayan mejorado el Poder Judicial (PJ), el MP o la policía, por solo nombrar tres ejemplos claves. Con esta combinación de bolsillos grandes con instituciones débiles, lo sorprendente sería que nuestros gobiernos regionales y locales no hubiesen dado lugar sistemáticamente a la formación de bandas alrededor de ellos –e incluso compitiendo por ellos, según hemos visto suceder en Áncash–. Como dice el refrán, es la ocasión la que hace al ladrón.
Hay que subrayar, además, que esta gran “oportunidad” creada por el crecimiento, unido a la ausencia de instituciones de justicia fuertes y probas, es todavía agrandada por las condiciones particulares de nuestra política regional y local. Una política en la que –aun en mayor medida que en la de escala nacional– no existen los partidos y en la que no hay, por tanto, verdaderas instituciones que respondan por cada candidato, convirtiéndose cada elección en una especie de lotería entre aventureros y caudillos desconocidos.
Así pues, sí es de esperar que las situaciones de los gobiernos regionales de Áncash, Cajamarca y Tumbes se estén repitiendo en muchos otros gobiernos regionales y municipales y es también predecible que las mismas se vayan a reproducir a partir de las próximas elecciones, como lo temen el JNE y la ONPE.
Desde luego, no se puede esperar a que se den las reformas estructurales necesarias (digamos, del PJ, el MP, la policía y el sistema electoral) para intentar detener esta situación. Ciertamente, el JNE y la ONPE deben prepararse para funcionar de filtro efectivo (y no solo de acertada Casandra) de las listas que se presenten en las próximas elecciones. Sin embargo, hay que ir más allá y empoderar al Gobierno Central mediante una ley para que pueda no solo intervenir, sino también administrar provisionalmente las cuentas de los gobiernos subnacionales en los casos en que los indicios de corrupción sean masivos y claros, sometiendo estas decisiones a un control posterior por parte del PJ o el Congreso.
Es cierto que esto supondría un paso atrás en el proceso de descentralización, pero, paradójicamente, la dirección en que ahora vamos hace muy posible que este paso atrás sea la única forma de salvarlo en el largo plazo.
Fuente: Editorial del Diario El Comercio.
El silencio de los cómplices
Por Cecilia Valenzuela- Diario El Comercio
Mientras el presidente de Áncash duerme en la carceleta del Poder Judicial, el de Cajamarca se pasea por los Baños del Inca. Ambos enfrentan acusaciones penales por corrupción: Álvarez debe responder, además, por una docena de asesinatos; pero Santos tampoco ha respondido por las muertes en los enfrentamientos entre el pueblo y la policía que él provocó. Los dos están estrechamente vinculados con empresarios que se robaron la plata de sus regiones. En Áncash, con el pretexto de las obras públicas, y en Cajamarca, también; solo que los ancashinos tienen una carretera que se conectará con la Interoceánica Centro y los cajamarquinos, solo tienen hambre.
Los compadres de Álvarez invirtieron en crear empresas a nombre de las allegadas a su presidente; el compadre de Santos invirtió en pasear a Diana, la primogénita de su presidente. Cuando la prensa los denunciaba, Álvarez mandaba una portátil a intimidar; Santos retomaba la ofensiva enjuiciando a los periodistas que publicaban sus andanzas. Su hija pidió 3 años de cárcel efectiva y S/. 180 mil de reparación como castigo para el reportero que publicó sus fotografías en las playas de Piura junto a Wilson Vallejos, el empresario –ahora preso– probadamente coludido con el camarada.
Ni en las oficinas de Álvarez ni en las de Santos hay archivos ni estados financieros al día. Uno de los testigos que acusa a Álvarez ha denunciado que lo quieren matar. El que refiere haberle depositado S/. 800 mil en su cuenta bancaria a Santos, también teme por su vida.
La fiscalía ha probado que los tipos que cobraban por protagonizar hechos de violencia durante los paros en Cajamarca, reportaban sus acciones, en informes escritos, al gobierno regional. La procuraduría afirma que en Áncash, los fondos del gobierno regional se usaron para financiar ‘La Centralita’.
Rolando Breña, el secretario general de Patria Roja, el partido madre de Gregorio Santos y del MAS, guarda silencio. Escribe todas las semanas en “Correo”, pero de su dirigente no dice nada. En la web de su partido tampoco lo mencionan. Ayer escribían hasta “en defensa de los médicos cubanos”, pero sobre la responsabilidad de Santos en la corrupción ni una palabra. En su periódico digitalizado, titulan contra “la ofensiva del imperialismo y la derecha” y a favor del frente amplio que “el pueblo reclama”, pero de la plata que ha desaparecido en Cajamarca, ni chis ni mus.
El ex cura Arana y, los activistas de Tierra y Libertad, que marcharon con Santos, están ahora calladitos. Las ONG que lo adularon (Ideele, que le dedicó aquel “Perfil de Goyo”; la Coordinadora de Derechos Humanos, que aplaudía su “insumiso” liderazgo) están mudas, igual que los periodistas que celebraron la oposición a Conga. Todos tienen fotos con Santos, pero ninguno lo conoce.
El presidente Humala, que se apoyó en él en el 2011, le ha hecho el sábado una crítica velada: “No vamos a perdonar la corrupción en Cajamarca”, dijo en suelo cajamarquino, pero –acto seguido– llamó a las autoridades de esa región (es decir, a Santos) a resolver, juntos, los problemas de ese pueblo.
La corrupción golpea más a los pobres y frena el desarrollo
Por Sergi Pérez Serrano y Livia M. Benavides.
La corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo. Además de consideraciones de ética pública, la corrupción desincentiva la iniciativa privada y reduce los recursos públicos disponibles, lo cual se traduce, por ejemplo, en menos hospitales o educación de peor calidad. La corrupción también distorsiona el modo en que los gobiernos usan esos recursos y mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Sobornos, malversación, nepotismo y tráfico de influencias en los procesos de toma de decisión son algunas de las manifestaciones típicas de esta somatización del mal gobierno.
En Perú, la octava economía de más rápido crecimiento en el mundo, la corrupción es un serio problema. Hace unas semanas, Proética –el capítulo nacional de Transparencia Internacional- presentaba los resultados de la VIII Encuesta de Percepciones de Corrupción con algunos datos contundentes: la corrupción es percibida como el segundo problema del país para los peruanos, por detrás de la delincuencia.
Es, además, el principal problema al que se enfrenta el Estado y el que más frena su desarrollo. Según la misma encuesta, más de la mitad de peruanos cree que dentro de 5 años habrá más corrupción, y el 82% cree que el liderazgo del gobierno en la lucha contra la corrupción es poco o nada eficiente. Ni más ni menos.
A todo lo anterior hay que sumar que la corrupción es regresiva y golpea más a los que menos tienen. Según estudios del Banco Mundial, hay evidencias de que los peruanos con menos recursos destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar coimas para acceder a los servicios básicos que, por derecho, les corresponden (hasta un 14% frente al 1% de los ciudadanos con más recursos).
También afecta al sector privado. La corrupción está presente en la relación entre el Estado y las grandes empresas, que pueden destinar hasta el 5% de su facturación a sobornos con el propósito de agilizar trámites u obtener contratos. El Informe Global de Competitividad cita, además, la corrupción como el segundo problema para hacer negocios en el Perú.
Avances considerables
En los últimos años, Perú ha realizado considerables avances para desprenderse del legado de corrupción sistémica de etapas anteriores. Pese a ello, algunos de los principales indicadores de gobernabilidad no han experimentado mejoras sustanciales desde la década de los 90: el país tiene índices de estabilidad política y de efectividad normativa relativamente bajos en comparación con sus vecinos, así como una tasa moderada de participación política. También el ejercicio del derecho a la transparencia y acceso a la información enfrenta grandes desafíos, pese a la calidad técnica de su ley marco.
Queda, por tanto, un margen importante para introducir mejoras en el ámbito de la eficacia institucional, el compromiso ciudadano y la transparencia efectiva.
En este sentido, hay iniciativas interesantes que pueden acelerar la mejora del desempeño del país en aspectos de gobernabilidad. El gobierno de Perú, a través de instituciones como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, está poniendo en marcha iniciativas para prevenir y castigar la corrupción, así como facilitar los instrumentos para su denuncia. El Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción (2012 – 2016) contempla una serie de iniciativas, para los tres niveles de gobierno, con las que se pretende reducir vulnerabilidades a la corrupción dentro del sector público, y promover la transparencia.
Adicionalmente, distintos esfuerzos de concertación con el sector privado y la sociedad civil (pactos de integridad, iniciativas de monitoreo social) pretenden aunar esfuerzos para lograr un mayor impacto en las estrategias –tradicionalmente aisladas- de lucha contra la corrupción.
Desde 2010 el Banco Mundial respalda los esfuerzos del gobierno de Perú por consolidar y fortalecer sus sistemas de prevención de la corrupción, y participa en la elaboración de nuevas estrategias de transparencia.
El futuro Observatorio de Riesgos de Corrupción es una de las actividades principales de este proyecto y medirá, trimestralmente, en qué medida las instituciones públicas son vulnerables a la corrupción teniendo en cuenta dimensiones como su nivel de transparencia o el manejo de sus procesos de adquisiciones. El Observatorio, cuyos hallazgos serán públicos, emitirá recomendaciones de política para mejorar, en cada institución, aquellas áreas grises en las que se pueden estar desarrollando prácticas corruptas.
El Banco Mundial también financia estudios sobre percepciones de corrupción, y experiencias piloto de iniciativas de vigilancia ciudadana en comunidades campesinas de difícil acceso.
Se trata de acompañar al Estado en un proceso de reflexión continuo sobre cómo prevenir y reducir sus índices de corrupción. Asimismo se busca contribuir a fortalecer las iniciativas de la sociedad civil para una mayor vigilancia y exigencia de transparencia.