A pesar de que Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la denuncia sobre el uso del logotipo de diario “LA PR1MERA” por parte de un diario de circulación nacional (resolución que considera que dicho uso es irregular) dicha entidad sigue publicando avisos en el mencionado periódico, lo cual ha motivado una carta notarial del propietario de la marca José Lolas Miani, en la que pide explicaciones por este contrasentido.
En una carta notarial enviada el 2 de mayo de 2014, dirigida al presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Hebert Eduardo Tassano Velaochaga, el propietario de la marca LA PR1MERA, José Lolas Miani, expresó su “profunda extrañeza frente al hecho que la entidad encargada de cautelar los derechos de propiedad industrial e intelectual adquiridos, tenga como proveedor a una empresa denunciada ante la misma entidad y que en estos momentos sigue usurpando nuestra marca registrada”.
En el texto, José Lolas expresa su preocupación al “observar los avisos publicados por el Indecopi en las páginas 9, 10, 12, 21 y 22 del diario ‘La Primera’ en su edición del 2 de mayo de 2014. ¿Cómo es posible que el Indecopi anuncie en un diario al que ha sancionado?”, expresó Lolas, comentó que “de no tener una pronta respuesta, iniciará las acciones legales correspondientes”.
LA RESOLUCIÓN DEL INDECOPI
Cabe señalar que la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, mediante su Resolución N°856-2014/CSD-INDECOPI de fecha 15.04.2014 sobre la denuncia de infracción de marca registrada interpuesta por José Lolas Miani contra Editorial Nilai S.A.C. (editora del diario “La Primera”), resolvió declarar “Fundada” la denuncia por infracción contra el Certificado de Propiedad N°125473 sobre la marca de producto, constituida por la denominación “LA PRIMERA” para distinguir Periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza, folletos, papelería, textos publicitarios, de la Clase 16, con vigencia hasta el 09 de Febrero de 2017.
Además, en esta resolución el Indecopi impuso a Editorial Nilai SAC una Multa de 80 UIT (S/320,000.00 aproximadamente) y le prohíbe el uso del signo infractor en forma aislada, o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir diarios de la Clase 16 de la Clasificación Internacional.
Dicha Resolución se emitió luego de presentada una queja por incumplimiento del plazo legal máximo establecido y luego de haberse denegado por tres veces consecutivas las solicitudes de medidas cautelares, pese a que dicha empresa reconoció desde un inicio que vienen usando las mencionadas marcas registradas “desde Febrero de 2011″, tal como se señala en la propia resolución de dicha Comisión, en un proceso que ha llevado inusualmente más de 10 meses en resolver.
Ya anteriormente, Lolas había manifestado su malestar respecto a que el INDECOPI “no había aceptado hasta en tres oportunidades nuestros reiterados pedidos de medida cautelar, permitiendo que la empresa infractora continúe con el plagio de nuestro Logotipo y marca registrada”.
“El Estudio Castro García Abogados, está actuando en nuestra representación para el cumplimiento de dicha resolución final de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, por lo que alertamos a nuestros anunciantes y a la opinión pública no dejarse sorprender con falsos anuncios de autorización de uso de nuestra marca registrada, situación que incluso estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Industrial de Lima”, acotó Lolas.
TAMBIÉN SE LE COMUNICÓ AL DIARIO LA PRIMERA
Cabe señalar que, el pasado 30 de abril, José Lolas Miani envió una carta notarial a la gerente general de Editorial Nilai SAC, Cecilia Altez Navarro, donde comunican que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante su Resolución N°856-2014/CSD-INDECOPI de fecha 15.04.2014 resolvió:
-Declarar Fundada la Denuncia contra Editorial NILAI S.A.C.
-Establecer una Multa de 80 UIT (S/320,000.00 aproximadamente). Además, indica conforme a los artículos 217 y 218 del Código Penal, la Reproducción, Difusión, Distribución y Circulación de la Obra sin autorización del autor constituye un delito penal.
Fuente: www.laprimera.pe

Paradero desconocido
El empresario Martín Belaunde Lossio se encuentra en el Perú, según el reporte de Migraciones. Su último viaje fue a Venezuela, donde estuvo entre el 27 y el 30 de enero. La pregunta es: ¿por qué no se pone a derecho? En todo caso, las autoridades (léase la Policía Nacional del Perú) ya deben estar rastreando el paradero de Belaunde Lossio para evitar que fugue del país. No vaya a ser que el empresario opte por evadir a la justicia usando las influencias que tendría en las altas esferas del poder.
El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Santa, Richard Concepción Carhuancho, ordenó 18 meses de prisión preventiva para el presidente regional interino de Áncash, Florencio Román Reina, el empresario Martín Belaunde Lossio, al alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, y al hijo del congresista de Perú Posible Víctor Crisólogo, Carlos Crisólogo, por el llamado caso La Centralita.
El juez Concepción Carhuancho sostuvo que Florencio Román era una persona muy cercana al preso presidente regional César Álvarez y que, al reconocer que había asistido a la Centralita, “tenía conocimiento de los actos que allí se realizaban”.
Román Reina, Belaunde Lossio, Arroyo Rojas y Crisólogo, además de otras 14 personas, son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos y peculado.
El titular del tercer juzgado dictó también la orden de captura de estos cuatro personajes y deberían ser detenidos en las próximas horas.
Román da sus descargos 
Minutos después de conocer que tenía una orden de prisión, el presidente regional interino de Áncash se comunicó con una emisora local y aseguró no saber qué actividades se realizaban en la llamada Centralita.
Además, aseguró que en las próximas horas se pondrá a derecho y que no conocía la existencia de la llamada red criminal que supuestamente lideraría el ahora preso presidente regional de Áncash, César Álvarez.
¿Cacería de brujas?
El legislador peruposibilista Víctor Crisólogo consideró injusto que su hijo sea enviado a prisión, por haber trabajado como camarógrafo de ‘La Centralita’. Agregó que Carlos Crisólogo solamente sacó una línea telefónica para ese local, porque Jorge Burgos, uno de los principales asesores del presidente regional de Áncash, César Álvarez, no podía hacerlo, porque en el 2007 no tenía residencia en Chimbote.
“Mi hijo trabajaba fuera (de esa oficina), en el campo como camarógrafo, a él lo llevaban a los sitios donde inauguraban las obras […] Él nunca iba a suponer que ahí iban a hacer lo que estaban haciendo (presunto espionaje a opositores de Álvarez)”, refirió.
Para concluir, indicó que no sabe dónde está su hijo y dejó entrever que este no se entregaría, porque, según él, no hay garantías de un debido proceso.
62 integrantes e investigados
El fiscal Anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, quien investiga el caso “La Centralita” sostuvo en su teoría del caso que todos los que operaban en este supuesto centro de espionaje, integraban una organización jerarquizada dedicada a cometer hechos delictivos. De acuerdo a la investigación del magistrado, son al menos 62 las personas que están presuntamente involucradas en esta red de operadores que servía para ensalzar al presidente regional César Álvarez Aguilar y eliminar a sus enemigos políticos:
– César Álvarez Aguilar (Presidente regional de Áncash) – Luis Arroyo Rojas (Alcalde provincial del Santa) – Florencio Román Reyna – Nelson Vásquez Vaca – Juan Espinoza Linares – Sandor Renilla Horna – Rosa Alicia Olivares – Martín Belaunde Lossio (Empresario) – Carlos Crisólogo Saavedra – Hernán Molina Trujillo – Víctor Joel Cerna Baes – Víctor Revilla Yengle – Luis Arroyo Guevara (Abogado de Álvarez) – Patricia Cárdenas Ávalos – Lleana Corcuera Reyes – Kelly Pineda Bermúdez – Luis Burgos Guanilo – José Arqueros Chávez – Abel Sánchez Cruz – Rafaela López Pineda – Juan Cortez Bravo – Julio Minchola Chumioque – María Burgos Guanilo – Ingrid Casas Calderón – María Acosta Sánchez.
INVESTIGADOS
– Milagros Asián Barahona – Abel Ramírez Huayaney – José Luis Carmen Ramos – Arnulfo Moreno Corales – Jorge Chang Soto – Martín Espinal Reyes – Felipe Bermúdez Mendieta – Gisella Saavedra Toro – Ericka Boza Palacios – Antonio Boza Flores – Verónica Bermúdez R. – Juan Méndez Gómez – Daniel Martínez Núñez – Gladys Ríos Ubillus – José Rupay Tarazona – Evaristo Chauca Huete – Rusell López Sánchez – Antonio Rodríguez Meysen – Milagros Medina Moncada – Dirse Valverde Varas – Víctor López Padilla – Modesto Mondragón Bermudez – Ricardo Patiño Marmanillo – Hugo Mayo Cortez – Luis Villaverde Robles – Yonnel Bonilla Luna – José Contreras Salazar – German Ramos Tafur – Heli Lecca Cruzado – Anabel Tarazona Hervias – Danilo Meléndez Ponce – Ricardo Santos Monzón – José Milla Inca – Juan Calderón Altamirano – Darwin Espinal Adriano – Edward Príncipe Calvario – Ivon Pereyra Olivares.
Correo ha obtenido el expediente de la Fiscalía N.-01651-2012-2501-JR-PE-01, de ampliación de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en el que se detalla la identidad de cada uno de los involucrados en este sonado caso y su grado de participación.
LUGARTENIENTE
Luis Humberto Arroyo Rojas, alcalde de la provincia del Santa, considerado cómplice primario en el delito de peculado y coautor del delito de asociación ilícita. Se reunía en el local la “Centralita”, con el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, con la finalidad de asesorarlo.
Arroyo Rojas es de la misma jerarquía que César Álvarez en la toma de decisiones.
Hernán Molina Trujillo, exgerente del Gobierno Regional de Áncash, detenido en la Dirincri, involucrado también en el asesinato de Nolasco. Es considerado como cómplice primario del delito de peculado, coautor del delito de asociación ilícita y cómplice primario en lavado de activos. De acuerdo a la información del colaborador eficaz, este funcionario se reunía con César Álvarez Aguilar en la “Centralita”, para coordinar actividades en el manejo de la entidad. Tendría varios vehículos y propiedades a su nombre.
Martín Espinal Reyes, consejero regional de Áncash, considerado como cómplice secundario del delito de peculado y coautor del delito de asociación ilícita. Iba a la “Centralita” a reunirse con César Álvarez Aguilar. Un colaborador eficaz señaló que fueron reiteradas veces que lo vio en el interior del local.
Florencio Román Reyna, vicepresidente regional de Áncash, actualmente ocupa el cargo de presidente regional. Se le considera coautor del delito de asociación ilícita. Concurría al local la “Centralita” y aparece en las diversas tomas fotográficas de los viajes del presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. Tiene otro proceso por lavado de activos.
EN APRIETOS 
Arnulfo Moreno Corales, exgerente del Proyecto Especial Chinecas, entre los años 2007 al 2009, se le considera coautor de los delitos de peculado y asociación ilícita. Según un colaborador eficaz permitió que uno de sus choferes fuera destinado a trabajar en la “Centralita” y cobraba su sueldo por planilla de Chinecas.
Víctor Joel Cerna Baez, exgerente del Proyecto Especial Chinecas en el 2010, considerado cómplice secundario del delito de peculado y coautor del delito de asociación ilícita. Se reunió en varias ocasiones con César Álvarez, en la “Centralita” y permitió durante su gestión que trabajadores de Chinecas identificados como Julio Minchola Chumioque y Juan Barrios Avalos, trabajaran en la “Centralita”.
MALA IMAGEN
Patricia Cárdenas Ávalos, jefa de imagen del Proyecto Especial Chinecas, considerada cómplice primaria del delito de peculado, coautor del delito de asociación ilícita y cómplice primario del delito de lavado de activos. Pagó 50 soles a personeros que trabajaron en el proceso de reelección de César Álvarez. De acuerdo al colaborador eficaz, recibió 180 mil soles para hacer efectivo ese pago.
Acudía al local la “Centralita” para entregar videos de las actividades de Chinecas. Monitoreaba canales de televisión para identificar a los periodistas y medios que “atacaban” a César Álvarez. Este “trabajo” lo hacía en el local la “Centralita”.
Felipe Bermúdez Mendieta, jefe de imagen de la Subregión Pacífico, considerado cómplice primario del delito de peculado y coautor de asociación ilícita para delinquir. También trabaja en la “Centralita”, se encargaba de editar y poner la voz de los videos y spot; disponía dinero de la caja chica de la Subregión Pacífico para poner paneles y afiches del presidente regional. Pagaba 1200 soles por el trabajo de instalación.
ASISTENTES 
Lleana Corcuera Reyes, asistente de imagen del Proyecto Especial Chinecas, considerada cómplice primario del delito de peculado y coautora del delito de asociación ilícita. Asistía a la “Centralita” y en una oportunidad, según un colaborador eficaz, entregó 1800 soles a una persona cuyo esposo estaba internado en un hospital.
Kelly Pineda Bermúdez, adjunta de imagen de la Subregión Pacífico, considerada cómplice del delito de peculado y coautora del delito de asociación ilícita. Ella también trabajaba en la “Centralita” monitoreando los programas de televisión para identificar a periodistas y medios que atacaban a César Álvarez.
MÁS INVOLUCRADOS
Milagros Asián Barahona, esposa del presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. Se le considera cómplice secundario del delito de asociación ilícita. Ella participaba de la reuniones en la “Centralita”. Según el documento de la fiscalía, estuvo presente cuando se hizo el desalojo al local tras enterarse que los fiscales anticorrupción iban a intervenir.
Luis Arroyo Guevara, cuando era director de la Dirección Regional de Producción (Direpro), se reunía con César Álvarez en la “Centralita” y como abogado conformaba el aparato legal de asesoramiento del presidente regional. Es considerado coautor del delito de asociación ilícita.
Gustavo Ramírez Huayaney, conocido como “Gustavito” o “Cuy mágico”, era el encargado de reanudar los diezmos, por eso siempre había dinero en la “Centralita”. No era funcionario, ni trabajaba en la “Centralita”, pero tras recibir el dinero de las obras se las entregaba a Jorge Burgos Guanilo. Participó en la campaña de reelección de César Álvarez y en una ocasión entregó a Patricia Cárdenas 180 mil nuevo soles, para pagar a los personeros. Esto ocurrió en el restaurante Doña Esperanza. Es considerado cómplice primario del delito de peculado y coautor del delito de asociación ilícita.
José Carmen Ramos, conocido como “Látigo”, se desempeñaba como asesor de César Álvarez. Era el encargado de traer el dinero en sobres manila y entregarlos a Jorge Burgos Guanilo. Segundo recaudador de los diezmos de las obras. Se le considera cómplice primario del delito de peculado, coautor del delito de asociación ilícita y cómplice primario de lavado de activos.
EL MUNDO DE LAS COMUNICACIONES
Martín Belaunde Lossio, dueño del diario La Primera y gerente de la productora Ilios Producciones,se encargaba de realizar los spots del gobierno regional; también pancartas y gigantográfias. Se reunió en la “Centralita” con César Álvarez dos días antes del allanamiento al local. Un colaborador eficaz dijo que Belaunde le pidió dinero al presidente César Álvarez, para que pueda publicar su diario La Primera y José Carmen Ramos y Jorge Burgos eran los encargados de pagarle. Se le considera cómplice secundario de peculado y coautor del delito de asociación ilícita.
“Yo fundé “La Primera”. Ahora mi padre está en “La Primera”. Era el diario vocero de la izquierda. En ese momento, Humala era la izquierda peruana. No nació para defender a Humala, sino para darle voz a la izquierda”, dijo hace unos días en una entrevista que le dio a la periodista Milagros Leiva en América Televisión.
En esa ocasión, Belaunde Lossio admitió que le pagó US$30 mil a Nadine Heredia por un supuesto estudio de mercado para introducir un producto capilar francés. Además, su padre, Arturo Belaunde Guzmán, le hizo una transferencia a la presidenta del Partido Nacionalista por US$ 50 mil por otro estudio sobre la palma aceitera.
“Fue una buena consultoría: (Nadine) hizo un buen trabajo”, indicó.
El mismo Belaunde Lossio contó que en el 2008 llegó a Áncash y le presentó al presidente regional César Álvarez el proyecto de la llamada ‘Centralita’. Según dijo, su empresa, Ilios Producciones, hizo un trabajo a profundidad para relanzar la imagen de Álvarez.
“Muéstrame un video, un audio o a una persona que haya sido víctima de ‘chuponeo’. No hay eso, porque eso es una mentira. Yo no iba mucho a esa oficina, yo no vivo en Chimbote, iba una vez al mes. Solo había dos cámaras, una sala de edición y dos computadoras para hacer seguimiento de información, que no es otra cosa que resúmenes de los medios”, señaló.
Belaunde Lossio indicó que no le cobró ni un sol a Álvarez por esta asesoría en comunicaciones, porque su intención era mejorar la imagen de la autoridad y luego ofrecer sus servicios a otros presidentes de región.  Sin embargo, lo canceló porque Áncash no tenía dinero para financiar esa iniciativa.
Dos años después, en las elecciones del 2010, Belaunde vuelve a Áncash para apoyar la reelección de Álvarez.
En octubre del 2006, Belaunde Lossio le vendió la empresa Todograf al nacionalista Santiago Gastañaduí. Un año después, el ahora legislador nombró gerente de esa compañía a Ilan Heredia, el hermano de la primera dama.
Belaunde Lossio tiene un hijo con la comunicadora Roxana Altuna, quien es nada menos que la asesora de prensa de la primera dama.
El empresario dijo que ponía las manos al fuego por Álvarez en la investigación del crimen del ex consejero Ezequiel Nolasco. “No creo que sea un asesino”, expresó.

SUPUESTOS TESTAFERROS
Dirsse Valverde Varas, exsubgerente de obras del gobierno regional de Áncash, es considerado coautor del delito de asociación ilícita y cómplice primario de lavado de activos. Siendo funcionario de segundo nivel habría adquirido propiedades inmuebles en Lima, uno de ellas costó 70 mil dólares. Además, adquirió varios vehículos, entre ellos, un BMW deportivo de dos puertas valorizado en 60 mil dólares, adquisiciones que no podría sustentar como funcionario público.
Darwin Espinal Adriano, sobrino del consejero regional Martín Espinal, considerado cómplice primario del delito de lavado de activos. De acuerdo al documento de fiscalía este joven sería supuesto testaferro de su tío, pues ha constituido empresas constructoras sin tener capacidad económica para ello.
Ricardo Patiño Marmanillo, expolicía considerado cómplice secundario del delito de peculado y coautor del delito de asociación ilícita para delinquir. El colaborador eficaz señala que siempre lo vio reuniéndose con José Carmen Ramos y Jorge Burgos. Veía todo el tema policial y “limpiaba” a los “comandos” cuando eran detenidos por cometer delitos. El colaborador revela que en una ocasión entregó dinero a policías del Escuadrón de Emergencia, quienes resguardaron el traslado de las cosas que sacaron de la “Centralita”, un día antes del allanamiento.
Pamela Bermúdez Rodríguez, actual gerente de la Municipalidad Provincial del Santa, pero cuando se desempeñaba como gerenta de la Subregión Pacífico, acudía a la “Centralita” por orden de César Álvarez. En esas reuniones se decidía a quienes otorgar la buena pro de las diferentes licitaciones convocadas por la entidad que ella gerenciaba; en una de ellas habría resultado favorecido Abel Sánchez Cruz, asesor del congresista Heriberto Benítez Rivas. Se le considera coautora del delito de asociación ilícita.
Abel Sánchez Cruz, exregidor de la Municipalidad Distrital de Coishco. Asesor del congresista Heriberto Benítez. Se dice que tenía información del allanamiento de la “Centralita”, días antes de la misma. Por ser cercano a César Álvarez, ganó licitaciones como sub contratista de obras, las cuales están paralizadas EIJI Y MARIVISE. Es considerado cómplice secundario del delito de peculado, cómplice secundario del delito de asociación ilícita y cómplice primario de lavado de activos.
Evaristo Chauca Huete, encargado de los “cupos” de trabajo en el movimiento Cuenta Conmigo. Se encargaba de movilizar a la gente en los mítines. Llevó todas las cosas de “La Centralita” a otro local.
Fuentes: Diarios Correo y El Comercio.
Oro
Más de 800 mil dólares fueron sustraídos de la caja fuerte de la empresa Business Investments S.A.C. –que importa oro y otros metales–, ubicada en la cuadra cinco de la avenida La Paz, en Miraflores.
El dueño de esta compañía es Pedro David Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’, quien fue investigado hace siete años por lavado de dinero y narcotráfico.
Fuentes policiales informaron que el yerno de Pérez Miranda, Munir Salem Harcha Montes fue amenazado con un arma de fuego por el jefe de seguridad de la misma empresa, Luis Eduardo Rosell, quien le obligó a sacar el dinero.
En su testimonio, Harcha Montes indicó que el atraco ocurrió a las ocho de la noche, cuando se encontraba solo en el establecimiento.
Debido al alto monto sustraído, el caso será investigado por los agentes de la División de Robos de la Dirincri.
La Policía busca intensamente a Luis Eduardo Rosell, quien huyó con el dinero.
Fuente: Diario Perú21.

El Colegiado F de la Sala Penal Nacional rechazó el pedido presentado por la defensa del presidente regional de Áncash, César Álvarez, para revocar el mandato de detención en su contra por el caso Nolasco.
“Va a continuar detenido por el momento hasta que mañana la Fiscalía presente la acusación y la (ampliación de la) prisión preventiva”, señaló el abogado de la suspendida autoridad, Alfredo Ortecho, al referir que luego de ello el juzgado tiene 48 horas para emitir una resolución en una nueva audiencia.
Así, Álvarez continuará detenido de manera preliminar por el asesinato de su principal opositor político en Áncash, decisión que se toma un día después de la reconstrucción del crimen en Huacho.
El colegiado en mención, dirigido por el juez Marco Tejada Ortiz, ordenó la detención de Álvarez, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del exconsejero regional.
“Mis felicitaciones por la decisión que ha tomado la justicia”, dijo Fiorela Nolasco, hija de Ezequiel Nolasco, quien hace poco alertó de que una ‘mafia’ busca liberar a los implicados en el asesinato de su padre.
Fuente: Diario Perú21.
Por Cristina Fernández- Diario El Comercio
El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe solicitó al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, en Áncash, prisión preventiva para César Álvarez (ya está detenido por el Caso Nolasco) por los presuntos delito de asociación ilícita para delinquir y peculado por el Caso “La Centralita”.
Añanca también ha pedido lo mismo para los otros seis procesados en ese caso: el ex asesor de imagen de Álvarez, Jorge Luis Burgos Guanilo; el ex trabajador de “La Centralita”, Juan Carlos Barrios Ávalos, y los cuatro periodistas que defendían públicamente al presidente regional de Áncash y atacaban a sus opositores: Rosa Olivares de la Cruz, Sandor Renilla Horna, Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares.
Olivares también es sospechosa de ser testaferro de Álvarez. Mientras que Vásquez y Espinoza ya están detenidos en Lima por el caso del asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco.
En contra de los siete procesados ya pesa, desde el pasado 11 de abril, el impedimento de salida del país por cuatro meses.
El fiscal Añanca, asimismo, ha solicitado al juez ampliar la indagación e incluir a otras 50 personas, para las cuales también pidió detención preventiva. Uno es el empresario Martín Belaunde Lossio, quien fue vocero de Ollanta Humala en las elecciones presidenciales del 2006. Otro es el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, brazo derecho de Álvarez, hoy detenido en Lima por el Caso Nolasco.
A Belaunde Lossio se le atribuye haber proporcionado una empresa de fachada (Ilios Producciones) para mantener oculta la labor de edición de información y otras actividades ilícitas que se realizaban en “La Centralita”. También por haber usado el diario “La Primera”, el cual fundó, para atacar a los enemigos de Álvarez.
El juez Richard Concepción Carhuancho informó a El Comercio que la audiencia para aprobar o denegar el pedido fiscal se realizará en la sede del Poder Judicial de Chimbote.
El magistrado señaló que el pedido fiscal no establece el tiempo de prisión preventiva. “Basándonos en que se trata de una investigación compleja, el fiscal puede pedir hasta 18 meses, aunque eso lo escucharemos en la audiencia”, dijo a este Diario.
Investigaciones y procesos
Los titulares de las regiones de Áncash, Tumbes, Pasco, Cusco y Junín son los que acumulan la mayoría de investigaciones fiscales o procesos judiciales, debido principalmente a licitaciones amañadas, obras públicas sin concluir o pagos no autorizados. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene el récord de casos de corrupción de funcionarios: 260 en total.
Por Lupe Muñoz- Diario La República.
La mayoría de presidentes regionales deben afrontar graves acusaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios. De los 25 en actividad, un total de 19 están sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre otros.
Las cifras reflejan una preocupante incidencia de actos irregulares especialmente en procesos de licitación, adjudicación de obras públicas y contratos con empresas privadas.
La lista es encabezada por el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien afronta 26 procesos: 22 en la Fiscalía y 4 en el Poder Judicial. Áncash es una de las regiones más ricas del país, por el alto monto de recursos públicos que maneja, pero también es el ámbito con el mayor registro de notorios casos de corrupción.
En el 2013, la Región Áncash gastó un presupuesto de 1,226 millones de soles. A mayo de este año, se le ha asignado 1,047 millones de soles, de acuerdo con un reporte de las Procuradurías Anticorrupción.
El segundo lugar lo ocupa el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, sometido a 20 investigaciones fiscales y 5 procesos judiciales, sin contar el reciente hallazgo de la Contraloría General de la República: vendió un terreno a precio subvaluado y perjudicó al Estado por un monto que superaría los 21 millones de soles.
En el 2013,  Tumbes tuvo un presupuesto de 371 millones de soles. Para el 2014, se le ha destinado 345 millones de soles. Según el Ministerio de Economía y Finanzas,Dioses ya ejecutó el 50 por ciento del presupuesto de su región.
En el tercer lugar se ubica el titular del gobierno regional de Pasco, Klever Meléndez Gamarra. Las autoridades atribuyen a Meléndez haber otorgado a una constructora sin experiencia el proyecto de mejoramiento y ampliación del hospital regional Daniel Alcides Carrión, por 170 millones de soles.
Este es uno de los 20 casos que Klever Meléndez debe esclarecer en la Fiscalía.
La Región Pasco gastó en el 2013 más de 505 millones, y para este año se le ha destinado un presupuesto de 444 millones de soles.
Los presidentes de los gobiernos regionales del Cusco, René Concha Lezama, y de Cajamarca, Gregorio Santos, cuyas administraciones gozan de ingentes ingresos por los cánones gasífero y minero, respectivamente, también deben responder ante la justicia por presuntos casos de corrupción. Diez, el primero, y nueve, el segundo.
En el 2013, Cusco recibió 1,314 millones de soles por canon gasífero, mientras que Cajamarca 468 millones por el canon minero.
Coincidentemente, a más recursos hay menos transparencia y poca fiscalización, lo que explicaría por qué los presidentes regionales deben responder a un alto número de investigaciones fiscales y procesos judiciales por acusaciones de corrupción.
POR TODAS PARTES
Las cifras se disparan si se hace una suma de los casos que involucran tanto a los presidentes como a los funcionarios regionales.
De acuerdo con un registro de las Procuradurías Anticorrupción, son 1,505 los casos que vinculan a titulares y funcionarios de 25 gobiernos regionales.
El más significativo es el gobierno regional de Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo Oscorima Núñez, y su planta de autoridades afrontan 260 incidentes de supuestacorrupción de funcionarios.
Uno de los casos más llamativos es la adquisición de maquinaria sin licitación por 21 millones de soles. Otro hecho bajo investigación es el pago no autorizado de 16 millones de soles a la constructora Octavio Bertolero S.A. El gobierno regional le tenía una deuda a esta empresa, cuyo monto original era de 700 mil soles.
Oscorima es quien como candidato a la presidencia regional de Ayacucho, una de las más pobres del país, regalaba 100 soles en efectivo a sus simpatizantes.
El presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, y sus funcionarios están sometidos a investigación fiscal por 175 casos de presunta corrupción. Moquegua también recibe ingentes recursos por canon y regalía minera. En el 2013 fue de 271 millones de soles.
Entre 2012 y 2013, la Contraloría practicó en Moquegua 60 acciones de control en el gobierno regional, lo que derivó en 104 informes sobre irregulares, lo que explica por qué hay tantos funcionarios investigados o enjuiciados.
Uno de los casos más sonados es el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Moquegua por 50 millones de soles. Hace dos años que la empresa constructora no concluye la obra.
En el ranking de gobiernos regionales con más incidentes por corrupción de funcionarios, el tercer puesto lo ocupa Áncash: 147 casos.
En el periodo 2009 al 2013, la Contraloría General de la República practicó 431 acciones de fiscalización en el Gobierno Regional de Áncash, la mayor parte en ejecución de obras públicas (34 por ciento) y adquisiciones (22 por ciento). A causa de las acciones de control, fueron denunciados 902 funcionarios. Todo un récord.
Los gobiernos regionales de Junín y Ucayali –cuyos titulares son Vladimir Cerrón Rojas y Jorge Velásquez Portocarrero, respectivamente– también acumulan una importante cantidad de casos de investigación fiscal y procesos judiciales por corrupción de funcionarios: 106 cada uno.
Uno de los casos más notorios en Junín es el proyecto de asfaltado de la carreteraAcobamba-Palcamayo-San Pedro de Cajas-Condorín valorizado en 44.7 millones de soles. La municipalidad provincial de Tarma denunció que transfirió 29 millones de soles al Gobierno Regional de Junín para contribuir a la obra, porque un tramo corresponde a su jurisdicción. Sin embargo, los trabajos han quedado inconclusos. Solo se ha removido la tierra. El asfalto brilla por su ausencia.
Entre 2012 y 2013, el Gobierno Regional de Ucayali recibió por concepto de canon petrolero 133.4 millones de soles, y por el Fondo de Desarrollo de Camisea (Focam),146.3 millones de soles. La Contraloría General de la República detectó que funcionarios del gobierno regional destinaron irregularmente recursos de dichos fondos para financiar actividades no autorizadas, como pagos a periodistas para que informen sobre las actividades del presidente ucayalino Jorge Velásquez Portocarrero.
El propio Velásquez es sometido a investigaciones fiscales y tres procesos judiciales por presuntos actos de corrupción.
Respecto a la capital, el Gobierno Regional del Callao tiene en curso 45 casos de presunta corrupción de funcionarios, mientras que el Gobierno Regional de Lima cuenta con 15 incidentes.
Estos números revelan la urgente necesidad de aplicar  una reingeniería del sistema de fiscalización de la administración de recursos por los gobiernos regionales de todo el país.
“Hemos identificado que del 100% de delitos contra la administración pública, el 40.15% lo constituye el peculado, el 13.07% la colusión y el 6.93% la malversación de fondos”, dijo el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta.
“Esto tiene una explicación bastante lógica: el mal funcionario público es responsable de la disposición de fondos y de bienes públicos, por lo que –sin debido control– tiene fácil el camino para apropiarse (o utilizar indebidamente) de los caudales del Estado o coludirse en las licitaciones de obras públicas”, dijo el procurador.
Respecto a la recuperación del dinero y cobro de reparaciones por los actos de corrupción, el Estado prácticamente no hace ningún esfuerzo, indicó.

Parece que los ‘Padres de la Patria’ habrían encontrado nuevas fórmulas para sacarle la vuelta a los reglamentos y aprovecharse de los recursos públicos. El congresista de Gana Perú Jhon Reynaga se encuentra comprometido en un nuevo escándalo luego de que se descubriera a un trabajador de su despacho parlamentario haciendo gestiones reiteradas veces a favor de la empresa constructora fundada por el legislador.
[Jhon Reynaga cambia asesores en medio de denuncia]
Panorama denunció que Julio Neils Dianderas Basurto, técnico del despacho de Reynaga, ha asistido hasta en 26 oportunidades a las oficinas del Fondo Mivivienda para hacer trámites en representación de ‘Constructora Reynaga’.
Esta empresa, que pertenece ahora a la familia del nacionalista, ha ganado más de cuatro millones y medio de soles en obras desde el inicio de este gobierno y desde que Reynaga es congresista.
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La confianza del parlamentario en Dianderas es tal que inicialmente lo contrató como auxiliar y luego lo ascendió al nivel de técnico, donde percibe una remuneración mensual de S/.3,500, fuera del bono por alimentación.
El programa periodístico buscó el descargo del trabajador denunciado, quien prácticamente huyó de las cámaras y dijo que no iba a declarar.
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NO SABE NADA
Reynaga sí atendió el requerimiento de Panorama e inicialmente aseguró que estaba convencido de que Dianderas no laboraba para la constructora.
Al darse cuenta del interés periodístico, cambió de estrategia y dijo que si descubre que su técnico de despacho representa a la constructora, él mismo tendrá que responder. “Tú me estás diciendo algo que desconozco”,respondió.
Horas después de responder las preguntas, a través de su asesora de prensa, llamó al programa para expresar que Dianderas permanentemente pide “permisos para atender asuntos personales”.
El reportaje concluye que en este caso volverá a aplicarse la política de la pita se rompe por el lado más débil.
TENGA EN CUENTA
Hace unos días, la Comisión de Ética archivó una denuncia a Reynaga por no encontrar pruebas de sus vinculaciones con la constructora de su familia.
Reynaga adoptó el mismo argumento de su colega de bancada Agustín Molina, de echarle la culpa al trabajador pese a que, en ambos casos, trabajan para el negocio familiar.
Fuente: Diario Perú21.