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Usurpación de territorios indígenas y deforestación

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Por Acción Ecológica.
REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) es un mecanismo mediante el cual los países y las industrias contaminadoras del Norte lejos de reducir sus emisiones las incrementan.
En la COP15 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), llevada a cabo en Copenhague en diciembre de 2009, no hubo ningún acuerdo vinculante de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Sin embargo el llamado Acuerdo de Copenhague que impulsa REDD-plus (1) si permitiría que se incluyan los bosques del mundo en el mercado de carbono como una falsas solución al cambio climático.
REDD+ se refiere a proyectos de reducción de emisiones incluyendo acciones y proyectos para “el manejo forestal sustentable, la conservación forestal, la reforestación y el incremento de las reservas de carbono forestales” (2) Sin embargo, debido a la definición de bosques utilizada por la CMNUCC, REDD también estaría incentivando la tala de bosques nativos y el establecimiento de plantaciones de monocultivos e incluso el uso de árboles transgénicos.
REDD no solamente que estaría favoreciendo la privatización de la atmósfera, sino que estaría sometiendo a los bosques del Sur a nuevas formas de apropiación, en manos de los contaminadores, de los especuladores del mercado de carbono o de los mercaderes de servicios ambientales.
De acuerdo a la Red Indígena de Norteamérica (3), basándose en los documento oficiales de REDD, éste mecanismo “podría causar la clausura de los bosques”, hacer “perder las tierras” a los indígenas, causar “conflictos por recursos”, “marginalizar a los sin tierra y aquellos…con derechos comunales de uso”, “erosionar la tenencia colectiva de la tierra”, “privar a las comunidades de sus legitimas aspiraciones de desarrollar sus tierras” y “erosionar los valores culturales de conservación sin fines de lucro”.
El mecanismo REDD es correctamente llamado “CO2lonialismo de los bosques” ya que permite a las industrias contaminadoras del Norte adquirir derechos para contaminar a cambio de un aporte económico para la conservación de bosques, bajo la premisa de entender a éstos como un almacenaje de carbono.
REDD también se está proponiendo para los países del Norte como es el caso de Canadá con el Boreal Forest Initiative que se lanzó sin consultar a los pueblos indígenas. Tanto en el norte como el en sur, REDD servirá para “compensar” la megaproyectos extractivos de hidrocarburos o de industrias contaminantes.
Este análisis coincide con las denuncias de REDD por el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIIPCC) que señala que con REDD (bosques en el mercado de carbono), los estados y comerciantes de carbono tomarán más control sobre los bosques y por ende no beneficiará a los pueblos indígenas, sino por el contrario resultará en más violaciones a los derechos colectivos, a los territorios y recursos, el despojo de tierras, desalojos forzosos, amenazará las prácticas agrícolas indígenas, la destrucción de la diversidad biológica y cultural y causará conflictos sociales. “No sólo es ‘carbono’ o contaminación lo que está siendo negociado, sino la vida de las personas” (4).
REDD: Los intereses ocultos
Basta con dar una breve mirada a quiénes son los principales impulsores de REDD en las negociaciones del clima. Están empresas madereras, de energía, agronegocios, al igual que el sector financiero, junto a gobiernos, agencias de la ONU y las transnacionales de la conservación les hacen el juego a los llamados “carbón cowboys” y a los especuladores que juegan con el valor de nuevas mercancías.
Con un financiamiento inicial de Noruega, la Internacional Tropical Timber Organization (ITTO) -órgano inter-gubernamental de los países productores y consumidores de madera de bosques tropicales- ya lanzó el Programa temático sobre REDD y Servicios ambientales en Bosques Tropicales (REDDES). La ITTO “colabora” con ONU-REDD a través del cabildeo en las negociaciones de la ONU sobre cambio climático para incluir “el uso sustentable” (tala de madera) y “bosques de producción“ (plantaciones de monocultivos) en las reglas de REDD (5).
Otros importantes actores financieros están invirtiendo en este negocio, como es el caso de la gigante del agronegocio Cargill que “donó” 3 millones de dólares para apoyar a la AFCP (Amazon Forest Carbon Parnership) cuyo objetivo es acercar el mecanismo REDD al mercado de créditos de carbono. Esta institución cuenta con contrapartes locales como el Fondo Brasilero para la Biodiversidad (FUNBIO), la Fundación de Protección y Uso Sustentable del Medio Ambiente de Bolivia, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez de Colombia, el Fondo de Promoción para las Áreas Naturales Protegidas de Perú y el Fondo Nacional Ambiental del Ecuador.
La anglo-holandesa Shell, la rusa Gazprom y la Fundación Clinton están financiando el proyecto tipo REDD Rimba Raya de 100,000 has en la provincia de Kalimantan Central en Indonesia. El negocio es redondo pues “a una tasa de 10 dólares por cada crédito de carbono, se podría ganar hasta USD 750 millones en 30 años”. Nnimmo Bassey, director de Envirommental Rights Action de Nigeria, miembro de Oilwatch y Presidente de Amigos de la Tierra Internacional ha dicho al respecto: “Shell nos ha traído puro sufrimiento, la destrucción de comunidades y biodiversidad, así como los derrames petroleros y la quema ilegal de gas desde hace décadas. Ahora podemos añadir el financiamiento REDD para lavar su imagen y sacar ganancias a la larga lista de las atrocidades de Shell” (6).
En el caso de BP, la destrucción causada por la empresa, en las selvas del piedemonte en el Casanare colombiano, podría ser permitida y legitimada mediante la participación de la empresa en el proyecto REDD del Parque Nacional Noel Kempff Mercado en Bolivia. No debemos olvidar que BP es la empresa responsable del mayor desastre ambiental en el mar, ocurrido en el golfo de México en mayo 2010. Gracias a REDD, BP podrá intentar lavar su imagen pero no podrá lavar los miles de kilómetros ensuciados con el petróleo derramado.
“En Brasil, el proyecto Guaraqueçaba acaba de cumplir 10 años, el mismo que fue implementado supuestamente para combatir el calentamiento global y ahora es presentado como REDD. Tres reservas Morro da Mina, Rio Cachoeira e Serra do Itaqui forman parte de este proyecto creado por The Nature Conservancy (TNC), conjuntamente con la Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) -propietaria de las 3 reservas- y financiado con recursos de General Motors, ChevronTexaco y American Electric Power. Las comunidades que tradicionalmente habitaban estos territorios, sufren las restricciones para su movilización mientras recolectan alimentos em las cercanías de la reserva Río Cachoeira (que se financia con recursos de General Motors), desplazamiento hacia cinturones de miseria, encarcelamiento por usar madera en usos tradicionales (vivienda) y pérdida de medios de subsistencia, entre otros impactos documentados y descritos por comunidades locales” (7). ChevronTexaco es tristemente célebre pues está siendo enjuiciada desde hace 17 años por pobladores locales de la Amazonía ecuatoriana por daños al ambiente y a la salud de las personas.
Según un boletín del IEN, “en África, un proyecto tipo-REDD financiado por el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) sobre carbono forestal en el Bosque Mau de Kenia ha resultado en desalojos y amenazas a la supervivencia cultural del Pueblo Ogiek que son cazadores y recolectores. Exigirnos que salgamos del Bosque Mau es como sacar un pez del agua y suponer que va a sobrevivir,” dijo Daniel Kobei, Director del Programa de Desarrollo del Pueblo Ogiek (8).
El mismo boletín señala que “un reportaje reciente del noticiero de televisión World News Australia documenta los riesgos de REDD, los comerciantes de carbono y el secuestro del dirigente indígena de Papua Nueva Guinea. Abilie Wape, un líder de los Pueblos Kamula Doso, dice que fue obligado con un arma a entregar los derechos al carbono de la selva de su comunidad (Servindi, 2010). Wape claramente conmocionado dijo a los reporteros: “Vinieron por mí en la noche…la policía llegó con un fusil. Me amenazaron. Me obligaron a subir al vehículo. Luego viajamos por la noche al hotel. Me dijeron, “Fírmalo. Si no firmas, conseguiré que la policía te encarcele” (9).
Ecuador no debe caer en la misma REDD
Hemos visto como la suplantación de ecosistemas nativos como páramos y selvas tropicales con monocultivos de árboles exóticos como pino, eucalipto o teca, ha provocado la destrucción de la biodiversidad, las fuentes de agua, ha cambiado las actividades tradicionales de las comunidades locales y ha abusado del trabajo solidario de la minga.
En lugar de tomar medidas encaminadas a detener estos problemas o la expansión de proyectos extractivos de hidrocarburos y minerales desde el Ministerio del Ambiente se está implementando los programas Socio Bosque y Socio Páramo.
Los planes del gobierno incluyen a Socio Bosque como uno de los seis componentes de REDD+ en el Ecuador. Y paralelamente a la aplicación de este programa se está preparando el marco regulatorio para la venta de servicios ambientales (10), como bien lo señala Max Lascano directivo del programa Socio Bosque.
Lastimosamente varias comunidades indígenas ya han firmado los contratos con el Socio Bosque y Socio Páramo. Algunas de ellas pensaron que sería inclusive una salvaguarda de sus territorios frente a las operaciones extractivas de gran escala como minería y petróleo. Sin embargo, Max Lascano director de Socio Bosque en declaraciones públicas ha sido enfático en decir que las operaciones mineras y petroleras se llevarán a cabo con Socio Bosque o sin él (11). De hecho en ninguna parte del contrato se estipula que el estado se compromete a no hacer ese tipo de operaciones. Es importante señalar que muchos de los contratos firmados son precisamente en los territorios donde hay este tipo de reservas y donde los pueblos históricamente se han opuesto a la explotación de esos recursos en sus territorios.
El Socio Bosque afecta los derechos colectivos sobre los territorios porque limita el acceso y uso tradicional (agricultura, cacería o pesca) a los pueblos usuarios del bosques; establece una situación de gravamen al realizar cualquier transferencia de dominio pues obliga a continuar con el contrato; también, en caso de salida anticipada del contrato por parte de las comunidades, éstas están obligadas a devolver el dinero recibido. Las sanciones por incumplimiento de las comunidades son de orden penal, civil y administrativo; así mismo, éstas renuncian a su domicilio judicial y se someten a la justicia ordinaria en Quito. Adicionalmente las comunidades se someten a nuevas normas y marcos regulatorios que el ministerio en el futuro cree para el efecto.
Los mecanismos de control del bosque sujeto al contrato son muy severos pues deben realizarse informes mensuales de lo que ocurre dentro del bosques (el presidente debe firmar una declaración juramentada sobre el estado de conservación del bosque), vigilancia de unos miembros de la comunidad con sus hermanos y vecinos, y el estado puede entrar a monitorear o usar cualquier tipo de método incluido el uso de sensores remotos o fotografías satelitales.
Socio Bosque entrega una compensación económica inversamente proporcional a la cantidad de territorio con título de propiedad colocada en el proyecto. De esta manera se está estimulando la fragmentación de las tierras y territorios comunitarios, con lo cual se están generando ya conflictos internos muy graves.
El hecho de que se “pague” a las comunidades por conservar sus bosques es polémico. Por un lado porque es una actividad que han venido haciéndola desde hace miles de años; de hecho si no lo hubieran hecho no estarían tantas millones de hectáreas de bosque en pie. El ingreso del dinero tergiversa el sentido de la protección de sus medios de subsistencia, pues la monetariza, convirtiéndolos en sus propios guardabosques. A cambio, los pueblos indígenas están hipotecando sus territorios, y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades. Además. el dinero debe ser invertido en proyectos que son aprobados por el estado y deben ser informados regularmente los resultados de la inversión.
Cabe señalar que la agresividad de la promoción de las iniciativas tipo-REDD se debe a la presión de poderosos actores políticos-económicos internacionales. Es probable que el mercado mundial del carbono se convierta en el mayor mercado comercial del mundo, por lo que en las próximas negociaciones de cambio climático en Cancún, los impulsores de REDD invertirán millones en cabildeo y propaganda. De igual manera, la presión sobre las comunidades en le Ecuador será extrema para la firma de Socio Bosque o Socio Páramo.
Debemos preguntarnos: ¿Cómo va a utilizar el Ministerio del Ambiente los contratos de Socio Bosque? ¿Aspira a llevarlos como portafolio a Cancún para el mercado de carbono? ¿Los ofertará en el mercado de agua y biodiversidad? ¿A quién pertenece el carbono que está en los árboles’ ¿A quién pertenecerán los bosques?
Con el Socio Bosque el futuro de los pueblos es incierto mientras que los contaminadores y especuladores esperan con entusiasmo las negociaciones de cambio climático en Cancún. Las nuevas licencias para contaminar que serán generadas a través de REDD están diseñadas de manera que obstruyen la única solución factible al cambio climático: dejar el petróleo, carbón y gas bajo tierra (12).
Debemos apoyar la iniciativa Yasuní, de dejar el petróleo en el subsuelo. En lugar de firmar más contratos con Socio Bosque, las comunidades deben declarar sus territorios libres de industrias extractivas, libres de plantaciones y yasunizarlas para bien de sus pueblos y la humanidad.
NOTAS:
(1) www.unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
REDD-plus podría incluir no solamente los bosques sino la agricultura, los suelos y biocarbón. Incluir la agricultura y los suelos en REDD-plus alienta la conversión de más y más tierras en mercancía, mientras que la inclusión del biocarbón aumentará la expansión de plantaciones forestales.
(2) AMIGOS DE LA TIERRA BRASIL. REDD y el futuro de los bosques. Porto Alegre, Brasil. s.f. Pág. 7.
(3) http://www.ienearth.org/REDD/espanol.pdf
(4) Ídem.
(5) CEDIB. PETROPRESS. No. 21. Bolivia. Agosto 2010. Pág. 12.
(6) SERVINDI. http://www.servindi.org/actualidad/31084
(7) CEDIB. Op. Cit. Pág 15.
(8) http://indigenousenvironmentalnetwork.blogspot.com/
(9) Ídem
(10) El proyecto de ley “Código ambiental” considera algunos servicios ambientales a los siguientes: formación y conservación de suelos; flujo, fijación y reciclaje de nutriente; reducción de sedimentos y erosión; reducción de riesgos de deslaves e inundaciones; conservación de cuencas hidrográficas y mantenimiento de las fuentes de agua; conservación de la biodiversidad y provisión de belleza paisajística; control biológico de plagas y enfermedades; polinización; regulación de la dinámica de poblaciones; purificación, filtración y desintoxicación del aire, agua y suelo; regulación de gases con efecto invernadero, y pueden ser también servicios ambientales las relaciones sociales, espirituales, culturales y económicos.
(11) Entrevista a Max Lascano http://www.youtube.com/watch?v=kikfWSQWWXg
(12)http://www.durbanclimatejustice.org/press-releases/declaracion-de-durban-sobre-el-redd.html
¿No REDD? ¿No REDD Plus?
Campaña Global de firmantes en rechazo a los esquemas de Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación
Como parte de la constante crítica de la sociedad civil global hacia las soluciones inefectivas e injustas al cambio climático -incluyendo el comercio de carbono y la geoingeniería- representantes de movimientos populares y organizaciones independientes se oponen a los esquemas para la Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD), los que están actualmente siendo formulados bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –y que ya están siendo probados en esquemas tales como el fondo del Banco Mundial para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques, denominado Forest Carbon Parnership Facility (FCPF, por sus siglas en inglés) y el Programa REDD de las Naciones Unidas.
El ‘tratado forestal’ propuesto en las negociaciones climáticas de la ONU pone en peligro el futuro de los seres humanos al buscar aún más consolidar el uso de combustibles fósiles –la mayor causa de la crisis climática- mientras que al mismo tiempo fracasa en proteger el futuro de los bosques así como los derechos de los Pueblos Indígenas y pueblos dependientes de los bosques sobre sus territorios y conocimientos. Además, hay una clara indiferencia por parte de los países del Norte en lidiar con sus altos niveles de consumo como una causa de la deforestación.
La proyección de crecimiento de los mercados de carbono en los EEUU, Australia y otros lugares, está establecida para avivar una gran nueva demanda para importar permisos para contaminar y así permitirle a los países industrializados y las industrias continuar con los negocios como siempre y evitar hacer reducciones domésticas de emisiones. Noruega ya ha calculado, por ejemplo, que la conservación de los bosques de la Amazonía podría ‘compensar’ diez veces sus emisiones por año. Sin embargo, una sequía en el 2005 convirtió los bosques de la Amazonía en una fuente de carbono, no un sumidero de carbono, y tales eventos podrían ocurrir también en el futuro.
Los programas REDD o “REDD-readiness” (preparación para REDD) en los países del Sur que actualmente reciben fondos públicos no constituyen evidencia de que REDD será ejercido independientemente de los mercados de carbono. Por el contrario, tales programas son financiados a través del pago de impuestos para así instaurar la infraestructura técnica, legal y política para la expansión del mercado al carbono de los bosques, el cual será a la larga demandado por los grandes contaminantes de los EEUU y otros lugares.
Las nuevas licencias para contaminar que serán generadas a través de REDD están diseñadas de manera que obstruyen la única solución factible al cambio climático: dejar el petróleo, carbón y gas bajo tierra. Así como los créditos de carbono producidos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, los nuevos créditos no tienen previsto resultar en ninguna ganancia neta para el clima, pero meramente en ‘compensar’ el excesivo uso de combustibles fósiles en otros lugares. En la realidad, éstos inclusive fracasan en alcanzar este resultado nulo. Como los créditos de los MDL, éstos también exacerban el cambio climático al entregar incentivos a los países industrializados y corporaciones para atrasar el necesario cambio estructural fuera de la dependencia de combustibles fósiles de los sistemas de producción, consumo y transporte que el problema del clima demanda. Han desperdiciado años del tiempo que el mundo ya no tiene para solucionar este problema.
Peor aún, el carbono biótico –carbono almacenado en los bosques- nunca podrá ser climáticamente equivalente a dejar el carbono fosilizado bajo tierra. Esto es porque el dióxido de carbono emitido de la quema de combustibles fósiles añade a la carga general de carbono que circula perpetuamente en la atmósfera, vegetación, suelos y océanos. Sin embargo, el dióxido de carbono almacenado en los bosques no es un sumidero permanente para el carbono como lo es el carbono fosilizado. Esta inequivalencia, entre muchas otras complejidades, hace que la contabilidad del carbono en REDD sea imposible, permitiendo que los comerciantes de carbono inflen el valor de los créditos de carbono de REDD con impunidad e incrementen aún más el uso de combustibles fósiles. En el 2009, inclusive la Interpol advirtió sobre la vulnerabilidad de REDD hacia fraudes internacionales y corrupción.
El enfoque de REDD en la producción masiva de licencias para contaminar para las industrias en los países ricos, inevitablemente supondría el rechazo de las necesidades y derechos de gente ordinaria a través del mundo. En el Sur, REDD transformaría el carbono de los árboles vivos en propiedad privada para así poder ser concedidos o transferidos a las corporaciones privadas del Norte. A pesar de los esfuerzos por crear resguardos para prevenir la violación de los derechos humanos de Pueblos Indígenas y comunidades dependientes de los bosques, no hay ninguna garantía de su efectividad. En el peor de los casos, REDD podría promover una gran apropiación de tierras que dejaría a los Pueblos Indígenas y comunidades dependientes de los bosques sin nada. En el Norte mientras tanto, los créditos de REDD permitirían a las corporaciones relacionadas a los combustibles fósiles a mantener sus negocios como siempre, dañando a las comunidades afectadas por la extracción y contaminación de los combustibles fósiles.
En este contexto, la idea de que REDD podría ayudar a asegurar los territorios o consolidar los derechos del sustento de las personas dependientes de los bosques es absurda. En los mercados voluntarios de carbono, los proyectos de carbono forestal y de tipo REDD ya han resultado en la confiscación de tierras, evicciones violentas, desplazamientos forzados, violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas, militarización, pérdida del acceso a tierras y sustento, pérdida de la diversidad biológica, fraude, coerción y la corrupción de lo sagrado. La inclusión de los bosques y plantaciones de árboles al servicio del mercado de carbono sólo podría multiplicar estos abusos.
Además, las negociaciones de políticas climáticas a nivel internacional y nacional están considerando la inclusión de suelos y prácticas agrícolas en REDD y otros esquemas del mercado de carbono. Así como los Pueblos Indígenas y las comunidades dependientes de los bosques están amenazados por el REDD basado en bosques, los agricultores, los pastores y la soberanía alimentaria de los pueblos será seriamente amenazada si esto llegara a pasar. En efecto, esto extendería la mercantilización de las tierras como compensaciones para contaminantes enriquecidos sobre la mayoría de la superficie de la tierra.
Asimismo, debido a que cada proyecto REDD podría afectar no sólo a las comunidades forestales pero también a los pueblos que sufren con las operaciones de compañías comprando créditos de compensación de REDD y en efecto, a aquellos impactados por el daño climático incurrido con el mismo proyecto, el consenso de un vasto número de gente sería necesario de obtener para cada proyecto – algo que los practicantes de REDD no tienen intención de intentar.
REDD también pondría en peligro la conservación misma de los bosques al darle poca importancia a muchas de las características de los bosques esenciales para su supervivencia –las complejas y diversas formas en las que los Pueblos Indígenas y comunidades dependientes de los bosques constituyen hogares, fuentes de sustento, reservas de biodiversidad y medicinas, regulación de cuencas, y centros de cultura y espiritualidad- mientras que fracasa en lidiar con las reales causas de la deforestación. Las iniciativas de REDD están fijadas para incluir plantaciones industriales e incluso la plantación de árboles genéticamente modificados. En efecto, REDD podría convertirse, acorde con las palabras del New York Times, en ‘una vaca lechera de dinero para los destructores de los bosques’.
Los bosques han sido y sólo pueden ser protegidos a través de una gobernabilidad forestal local, derechos e instituciones fuertes para los pueblos dependientes de los bosques, especialmente los Pueblos Indígenas, inversiones iniciadas localmente, una reducción drástica en el comercio internacional de productos de madera, enfrentar el excesivo consumo en el Norte y así sucesivamente. Arreglar una crisis climática causada principalmente por el largo uso histórico de combustibles fósiles en el Norte no debe ser una carga para los irrepresentados Pueblos Indígenas y comunidades dependientes de bosques en el Sur. Existe en efecto una deuda climática que el Norte le debe al Sur e imaginar que ésta podría ser pagada con inversiones en proyectos REDD que generen créditos de carbono para los países industrializados sería la mayor de las ironías.
Firmantes del Grupo Durban por la Justicia Climática:
Acción Ecológica, Ecuador
Carbon Trade Watch, International
CENSAT AGUA VIVA, Colombia
Centre for Civil Society Environmental Justice Project, University of KwaZulu-Natal, Durban, SA
COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica
CORE (Centre for Organisation Research & Education), India
The Corner House, UK
FASE–ES, Brasil
FERN, UK
Global Justice Ecology Project, USA
Indigenous Environment Network, International
Institute for Social Ecology, USA
Moving Mountains, China
Movimiento Mundial por los Bosques, Uruguay
National Forum of Forest People and Forest Workers, India
Peoples Movement on Climate Change (PMCC), International
School of Democratic Economics, Indonesia
SOLJUSPAX, Philippines
Sustainable Energy & Economy Network, Institute for Policy Studies, USA
Timberwatch, South Africa

Cuidar la casa de todos

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Hermanas y hermanos, como pastores de la Iglesia Católica, hacemos nuestra la gran preocupación suscitada por la reciente publicación de los Decretos de Urgencia N°001–2011 y N°002–2011, por parte del Poder Ejecutivo, en base a las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, a través de los cuales se dictan disposiciones especiales para facilitar la aplicación de 33 proyectos de inversión en nuestro país. Estos decretos de urgencia están destinados a exonerar del estudio de impacto ambiental a estos proyectos de inversión como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas.
La Iglesia, como Madre y Maestra, jamás estará en contra de todo aquello que suponga sumar esfuerzos para alcanzar el bienestar de peruanos y peruanas. Es tarea nuestra -como nos lo han recordado nuestros hermanos del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida- cuidar la casa común, pues los recursos naturales se pueden agotar y corremos el riesgo de administrar miseria, llanto y desolación (Aparecida, 474).
La respuesta que damos se debe a la insistencia de numerosos fieles sobre la necesidad de los estudios de impacto ambiental, requisito fundamental para toda actividad extractiva y energética, a fin de conocer las graves consecuencias que un mal manejo ambiental podría tener para la población y nuestra diversidad de ecosistemas.
En los últimos años, como pastores hemos asistido a distintas solicitudes de mediación entre las comunidades y el Estado, a fin de evitar situaciones de violencia producto de la agudización de los conflictos sociales. En ellos, quien más pierde es el más pobre, cuya marginación es clamorosa.
Sabemos que desde el mes de diciembre pasado, hay más de 200 conflictos sociales, la tercera parte de ellos vinculados al manejo del agua y recursos hídricos. Es preocupante que estos decretos puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio.
El agua, el aire, la tierra, son elementos esenciales de esa naturaleza gratuita que Dios nos ha otorgado generosamente. Los conflictos sociales se pueden prevenir y evitar si actuamos a tiempo. El desarrollo requiere el respeto a nuestra tierra y su gente (Cfr. Populorum Progressio, 20). Si queremos la paz, cuidemos la creación, nos dijo el Papa Benedicto XVI en su mensaje del 1 de enero de 2010. Estamos comprometidos en esa tarea.
Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Monseñor Gerardo Zerdin OFM, Obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón
Monseñor Francisco González OP, Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado
Monseñor José Luis Astigarraga CP, Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas
Monseñor Santiago García de la Rasilla SJ, Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén
Monseñor Gaetano Galbusera SDB, Obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa
Monseñor Alberto Campos OFM, Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas
Monseñor Juan Tomas Oliver OFM, Obispo del Vicariato Apostólico de Requena.

AL SERVICIO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y DEL BIEN COMÚN

MENSAJE DE LOS OBISPOS DEL PERÚ ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES 2011
Ante las próximas Elecciones Generales 2011, los Obispos del Perú, atentos a la voz de Jesucristo el Buen Pastor, que dice: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn. 10, 10), queremos ofrecer a todos los actores del proceso democrático -católicos y ciudadanos en general- algunas reflexiones que ayuden a ejercer el deber electoral con verdad y responsabilidad.
1.- La dignidad de la persona es el centro de la preocupación social de la Iglesia. Ella enseña que, para discernir lo que es más justo y adecuado en orden al bien común, debe tenerse en cuenta la primacía del ser humano, la promoción de sus derechos fundamentales y la inclusión de los más débiles en los proyectos de desarrollo. La Iglesia considera el ejercicio de la política como un servicio a la nación. Es fundamental que se analicen las propuestas de los candidatos para garantizar estos principios.
2.- El desarrollo social debe fundarse en el respeto y la promoción de los derechos humanos, el acceso a los servicios básicos de salud, nutrición, agua, educación, vivienda y seguridad ciudadana, especialmente de los más pobres. Las mejores condiciones económicas que el país experimenta deben llegar cuanto antes a los que todavía se encuentran en la pobreza o la marginación.
3.- El ejercicio de la democracia debe respetar los principios éticos y morales vinculados a la promoción del bien común. Por ello, sin expresar preferencia por ninguna de las propuestas electorales, tenemos el deber de orientar a los fieles en aquellos planteamientos que, por sus implicaciones religiosas y morales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia (cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.424).
4.- Invitamos a estar alerta ante las propuestas que atentan contra la ley natural, el respeto a la dignidad humana, la verdad y la práctica de la justicia. Ir contra estos principios es desconocer nuestra realidad natural. Intentar cambiarlos traerá graves consecuencias para la sociedad, y los perjudicados siempre serán los más débiles. Por ello, el respeto y la defensa de la vida desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural es irrenunciable en todo planteamiento. No se pueden aceptar bajo ningún argumento el aborto, la eutanasia o la manipulación genética.
5.- El matrimonio es la base de la familia y de la sociedad y tiene una importancia fundamental para el auténtico desarrollo. Por su origen divino, posee unas características propias e irrenunciables. “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó” (Gen 1,27). El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas. Es la unión estable e indisoluble de un hombre y una mujer que se complementan y se entregan recíprocamente en una relación abierta a la vida. “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre” (Mt 19,6). También es reconocido así el matrimonio por las grandes culturas y por la Constitución Política del Perú. Ninguna otra realidad se le puede equiparar. Es responsabilidad de todas las instancias de la sociedad promover cuanto contribuya el bien del matrimonio y de la familia.
6.- El vicio de la corrupción continúa socavando el desarrollo social y político de nuestro pueblo. Ha faltado la voluntad tenaz y el compromiso ejemplar de nuestras autoridades, la vigilancia y la colaboración eficaz de todos los ciudadanos y sobre todo, nos está faltando una fuerte conciencia ética y moral (cfr. Iglesia en América, 23). El proceso electoral es una ocasión propicia para exigir la presentación de programas que enfrenten con valentía las diversas formas de corrupción, tanto en los poderes del Estado como en los ámbitos de la actividad pública y privada.
7.- Es preciso lograr un saludable equilibrio entre progreso económico y respeto a la naturaleza. Los planes de gobierno han de tener en cuenta la ecología y el uso racional de las riquezas de nuestro país, consultando oportunamente a los pueblos y a las comunidades en cuyo territorio se dan las concesiones de tierras y las licencias de explotación de los recursos naturales. Hay que prevenir así futuros conflictos y enfrentamientos que tanto dolor nos han causado y combatir abusos como el narcotráfico y la depredación de costa, sierra y selva.
8.- Los candidatos deben tener en cuenta que la violencia social no se genera solamente porque exista pobreza, sino porque existe desigualdad. Un reto para las autoridades elegidas es lograr un mayor desarrollo, pero que se vea reflejado en la vida de todos los peruanos, principalmente de los más desfavorecidos. Por eso, las propuestas de gobierno deben expresar un compromiso real con los más necesitados y así mantener la esperanza de nuestros pueblos.
9.- Es tiempo de un diálogo fecundo y alturado que genere espacios de armonía. La transparencia del proceso electoral exige que los electores sean escuchados por los candidatos y que entre estos haya un sereno intercambio de ideas. Así el elector podrá conocer no sólo los contenidos de los programas, sino también la preparación del candidato y la coherencia de su actitud. Por consideración al elector, se han de promover debates que le permitan formarse una opinión sólida y así poder ejercer libre y responsablemente su derecho a votar.
10.-El ciudadano merece respeto e información veraz. Es indigno tratarlo como un objeto que se puede manipular o engañar. La dignidad del votante exige que resplandezca la verdad como elemento esencial para la paz, la convivencia, la democracia y la vida institucional. “La verdad los hará libres” (Jn. 8,32)
11.-Los periodistas y los medios de comunicación social han de participar con la máxima responsabilidad en el proceso. Los invitamos a ejercer la libertad de expresión buscando la verdad unida a la justicia y al bien común. Que su información sea objetiva, imparcial, abierta a todos los candidatos, a fin de que las propuestas sean conocidas de manera íntegra y veraz. Más allá de las lícitas actividades publicitarias de la campaña electoral y dejando de lado los cambiantes resultados de las encuestas, se debe privilegiar la correcta información para garantizar una verdadera participación ciudadana.
12.-Los Obispos Latinoamericanos dijimos en Aparecida: “Urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente, se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales” (Documento de Aparecida, 384)
En esta etapa decisiva para el futuro del país, pidamos a Dios que nos ilumine para elegir a los más capaces y con mayor vocación de servicio; que a las autoridades les conceda la sabiduría necesaria para velar por el bien común; y que todos, solidariamente unidos, estemos dispuestos a trabajar por el Perú.

Elecciones 2011, Amazonía y los pueblos indígenas

MENSAJE DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA PERUANA
APORTES PARA LAS AGENDAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Amazonía venimos cumpliendo desde inicios del siglo XX una labor misionera, pastoral y social, respondiendo al pedido de la Santa Sede y del Estado peruano para acompañar y ayudar a los pueblos amazónicos en su desarrollo integral. Iluminados por las enseñanzas de Jesucristo y del Magisterio de la Iglesia cumplimos nuestro servicio pastoral tomando en cuenta las situaciones particulares que se viven en la región y respondiendo como pastores a las necesidades y problemas desde nuestra visión y concepción cristianas.
Acompañamos a los pueblos indígenas, ribereños y mestizos en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio, una educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos como nos pide la Iglesia en el documento de Aparecida (90). Somos conscientes de los valores culturales y los conocimientos del entorno de los pueblos indígenas que pueden contribuir, de manera efectiva, al desarrollo y a la consolidación de la nación peruana.
Estamos en un escenario electoral caracterizado por la conflictividad social que se vive en la Amazonía. La mayoría de los conflictos están motivados por aspectos socio ambientales y la falta de un auténtico diálogo entre los representantes legítimos de los indígenas e hispanohablantes y los organismos del Estado, que concluya en acuerdos aceptables para las partes implicadas y contribuyan al desarrollo de una cultura de paz. También por la falta de participación efectiva de los distintos actores sociales y políticos de la Amazonía en dichos organismos estatales.
Consideramos que estamos a tiempo de retomar el proceso de acercamiento y comprensión iniciado después de “Bagua” y de aprovechar los resultados que, con mucho esfuerzo, se lograron a través de las “mesas de diálogo”, para avanzar en la democratización de espacios de deliberación política, la inculturación de la política y la construcción de una sociedad intercultural, que fortalezca la gobernabilidad en la totalidad de nuestro país.
El proceso electoral en marcha, constituye sin duda, un momento propicio para que los partidos planteen alternativas con responsabilidad sobre los pueblos indígenas amazónicos, sus problemáticas y sus derechos, pero sobre todo para que se comprometan a implementar políticas y programas con la participación activa de sus organizaciones legítimas.
Consideramos que los partidos políticos y las alianzas participantes en el próximo proceso electoral a realizarse en abril del 2011, deberían considerar en sus agendas y planes de gobierno, los siguientes puntos relacionados con los pueblos indígenas amazónicos:
1. Construir en forma consensuada un modelo de desarrollo alternativo, integral, solidario e intercultural, basado en una ética y responsabilidad por la ecología natural y humana, que supere la lógica utilitarista e individualista del actual modelo. Un desarrollo basado en el papel central del ser humano, en la promoción y participación en el bien común. Este modelo deberá considerarse como un aporte de los pueblos indígenas al desarrollo del país. Como afirma Benedicto XVI en la Caritas In Veritate “El desarrollo humano integral está estrechamente relacionado con la relación del hombre con el entorno natural, considerado como un don de Dios para todos”
2. Garantizar una Institucionalidad estatal en materia de pueblos indígenas, que defina su relación con el Estado y el rol de esta instancia en la formulación e implementación de políticas públicas que los favorezcan. Esta instancia debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en el diseño y ejecución de los mecanismos de diálogo para administrar los programas y proyectos que les afecten.
3. Plantear una reforma constitucional que permita incorporar derechos colectivos de los pueblos indígenas a nuestro ordenamiento legal, de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, especialmente el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
4. Aprobar la Ley sobre Derecho a la Consulta Previa, retomando el proyecto aprobado por el Congreso de la República en mayo del 2010, que permita la implementación de mecanismos de consulta, capaces de asegurar la participación de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas. Para esto se requiere fortalecer las capacidades de la población, sus organizaciones y sus dirigentes para participar activamente en los procesos de consulta, incidencia política, negociación y gestión pública en los distintos niveles de gobierno.
5. Implementar un marco jurídico que brinde seguridad para los pueblos indígenas, especialmente en relación a su territorio como hábitat donde desarrollan su cultura, tomando en cuenta los principios y normas del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo concluir con los procesos de titulación, ampliación y demarcación; además es necesario establecer un Sistema Único Catastral para las comunidades nativas de la Amazonía.
6. Es igualmente importante crear un marco normativo que regule la propiedad de las tierras que actualmente ocupan las poblaciones ribereñas. En la actualidad existen más de 2,500 comunidades ribereñas; una mezcla de población indígena y mestiza; que ocupan las zonas de inundación de los grandes ríos, y son las más invisibles y vulnerables porque no tienen reconocimiento legal.
7. Implementar los marcos normativos que permitan asegurar e incrementar la participación política de los pueblos indígenas en los diversos niveles de gobiernos y en la toma de decisiones.
8. Promover y fortalecer en el ámbito regional los procesos de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica en los territorios indígenas de acuerdo a su cultura, lo que hará posible establecer un marco adecuado y un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales.
9. Fortalecer la política nacional ambiental, que tiene carácter obligatorio en los distintos niveles de gobierno, como lo establece la Ley General del Ambiente. Ésta debe contar con la participación de la sociedad civil a fin de evaluar y garantizar la aplicación de los programas, planes y acciones destinados a la protección del medio ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como menciona Benedicto XVI en el Mensaje de la Paz 2010 “La cuestión ecológica se ha de afrontar sobre todo en la búsqueda de una auténtica solidaridad de alcance mundial, inspirada en los valores de la caridad, la justicia y el bien común y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana”
10. Implementar políticas públicas en salud y educación que respondan a las realidades culturales de los pueblos indígenas y que mejoren el acceso y la calidad de estos servicios. Se debe priorizar a los niños y niñas indígenas, por ser los más vulnerables.
Las elecciones de abril 2011, sin duda, constituyen una oportunidad para responder a la urgente necesidad de cambiar las históricas relaciones de exclusión y conflicto entre el Estado, la clase política y los pueblos indígenas amazónicos.
Finalmente, queremos añadir que construir una sociedad intercultural es una tarea que requiere de verdaderos esfuerzos para llevar la interculturalidad a la política y a nuestro sistema democrático. Acabar con la invisibilidad de los derechos indígenas e incluirlos en las agendas de los partidos políticos, resulta impostergable. Los pueblos indígenas emergen como actores sociales y políticos y demandan la vigencia de sus derechos. La Iglesia los acompaña y está con ellos en su reclamo por el reconocimiento pleno de esos derechos individuales y colectivos, que incluye ser tomados en cuenta con su cosmovisión, sus valores y sus identidades particulares, contribuyendo al desarrollo y a la construcción de la nación peruana.
Monseñor Gerardo Antón Zerdin OFM -Obispo Vicario Apostólico de San Ramón.
Monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde CP -Obispo Vicario Apostólico de Yurimaguas.
Monseñor Gaetano Galbusera SDB -Obispo Vicario Apostólico de Pucallpa.
Monseñor Alberto Campos Hernández OFM -Obispo Vicario Apostólico de San José del Amazonas.
Monseñor Santiago García de la Rasilla Domínguez SJ -Obispo Vicario Apostólico de Jaén.
Monseñor Francisco González Hernández OP -Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado.
Monseñor Juan Oliver Climent OFM -Obispo Vicario Apostólico de Requena.

En Dios confiamos

In God We Trust

El símbolo máximo del capitalismo universal, el billete de dólar, tiene inscrita su confianza en Dios. La propuesta de un grupo de ateos norteamericanos para que desaparezca la frase In God We Trust (En Dios confiamos) del más famoso billete verde del mundo, no ha prosperado.
La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de desestimar la petición de un grupo de ateos, liderado por el conocido activista y abogado Michael Newdow, para retirar el lema In God We trust (En Dios confiamos) de los billetes de dólar estadounidenses. El demandante argumentaba que el mensaje es discriminatorio al promocionar una religión monoteísta.
Una corte de San Francisco, donde se originó la petición, indicó que se trata de un enunciado “ceremonial y patriota” y que no alude a la promoción de una religión monoteísta, lo cual está prohibido por la Constitución de Estados Unidos.
El abogado Michael Newdow, defensor de la propuesta, sostiene que EE UU promueve que “creer en Dios es bueno”, según indicó a BBC Mundo. Newdow, que preside la organización atea FACTS, cree que el rechazo a su petición refleja la negativa de derechos y la persecución a los ateos como ha sucedido en la historia con otros grupos, tales como los homosexuales, mujeres o negros.
Por su parte, Austin R. Nimocks, asesor legal de la Alianza de Defensa religiosa de Arizona, calificó de “absurda” la demanda. “Esto es sólo otro ejemplo de los reiterados intentos de los esfuerzos de limpieza cultural contra el Cristianismo que están sucediendo en nuestra nación“, declaró a la CNSNews.
Newdow es conocido en EE UU porque recurrió, sin éxito, la constitucionalidad del Juramento a la Bandera que recitan todos los alumnos estadounidenses y que también hace mención a Dios. Así, en el 2000 se hizo famoso por presentar una demanda en el tribunal federal para que en el Juramento a la Bandera que se hace en las escuelas no se “obligara” a los niños a decir “una nación bajo Dios”
La frase en el billete de dólar tiene una aceptación total en los EE. UU. Así, una encuesta de Gallup de 2003 indicaba que un 90% de los estadounidenses la consideraban apropiada. El lema aparece en las monedas desde los años sesenta del siglo XIX y en los billetes de dólar desde los años cincuenta del pasado siglo, cuando fue instituido por ley como uno de los lemas oficiales.
Fuente: www.diariodemallorca.es

Tsunami japonés revigoriza mercado del carbono

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Onagawa
Por Arturo Rubinstein- Ambiente y Comercio
El devastador tsunami que afectó Japón el 11 de Marzo podría cambiar el mapa energético globalmente de una forma tal que indirectamente afectaría los precios de referencia de las reducciones de carbono de largo plazo con el aumento global de la demanda de energías fósiles especialmente de gas y carbón. Esto ya se reflejo en un aumento en el mercado de CO2 de más del 10% en los últimos días que colocó los precios de referencia por encima de los 17 euros con expectativas futuras de corto plazo sobre los 21 euros.
Esta dinámica se vería aun más acentuada si Alemania decide prorrogar indefinidamente sus programas nucleares (luego del anuncio de una moratoria en el programa por tres meses) lo que podría disparar la demanda de créditos de carbono en Europa. La catástrofe, que dañó varias central nucleares, sufrida por Japón este mes afectará, además las emisiones de CO2 producidas por este país y los pondrá aún más lejos de cumplir sus compromisos de reducción bajo el Protocolo de Kyoto.
El terremoto y el tsunami que azotaron Japón y desataron graves problemas en la central nuclear de Fukushima, deberían afectar en primer lugar a la demanda energética del archipiélago, tercer consumidor de crudo del planeta. Para compensar la interrupción de una parte de su parque nuclear, Japón deberá aumentar rápidamente su producción de electricidad procedente de las centrales térmicas que queman petróleo y de otras energías fósiles. La mitad de esta energía térmica para suplir la energía nuclear podría provenir del gas natural y más de una tercera parte del carbón.
Aun cuando una crisis nuclear cambiara el enfoque energético de Japón hacia energía fósil los analistas de Barclays Capital creen que el impacto en el mercado de carbono será limitado ya que la participación de Japón en el mercado ha sido casi exclusivamente a través de AAU en los últimos dos años. Más aún los analistas del Deutsche Bank esperan un impacto limitado en la demanda de CERs y EUAs “Nosotros pensamos que Japón compensará cualquier déficit de sus requerimientos de reducción bajo el Protocolo de Kyoto con compras en el mercado de AAU que debería mantenerse a un descuento del mercado de CERs”. Como resultado Deutsche Bank no ve un impacto significativo de largo plazo en el mercado de CER y precios de EUA producidos por un incremento de compras de crédito de carbono por Japón. De cualquier forma Emmanuel Fages Director de Research de Energia, Gas y Carbon para Societe Generale Commodities y Orbeo en Paris aseguro que Japón podría declarar forcé majeure en sus compromisos bajo el Protocolo de Kyoto.
Mientras tanto los eventos en Japón han producido un repensamiento en políticas nucleares en todo el mundo. Alemania suspendió la semana pasada por 3 meses su programa de expansión de 17 plantas nucleares y lanzara una revisión completa de los mecanismos de seguridad y política nuclear de ese país. Más aún Suiza interrumpió la aprobación de 3 nuevas plantas nucleares para ser reevaluadas en términos de seguridad y el Senador Demócrata Norteamericano Joe Lieberman declaro que su país debería “apretar el freno” en su política nuclear hasta que las consecuencias del desastre de Japón sean más claras.
Stefan Wachter analista de Thomson Reuters Point Carbon predice que “si durante la moratoria implementada por Alemania en energía nuclear se utilizara solo energía fósil para reemplazar el déficit, entonces 64 millones de toneladas adicionales de CO2 serían emitidas inicialmente en esta fase y 435 millones de toneladas hasta 2020 lo que podría disparar el precio de las reducciones hasta 35 euros la tonelada”.
La crisis nuclear que vive Japón desde hace una semana sacude también los mercados de la energía, haciendo caer los precios del uranio y subir los del gas y el carbón cuando las energías fósiles siguen siendo la única posible alternativa al átomo. La energía nuclear se ha convertido de repente en una reliquia peligrosa de la era de la guerra fría; y en caso de recomposición del paisaje energético europeo, el carbón, criticado por sus importantes emisiones de CO2, podría parecer mucho más prometedor, aseguran en Deutsche Bank, que apuesta por un aumento de más de un 20% del precio del carbón antes de 2013.
Lo que agita los mercados, en el fondo, es saber que asistimos a un giro de 180 grados de la política energética mundial como consecuencia de los eventos en Japón lo que irónicamente podría revigorizar el mercado de carbono a nivel global.

* Arturo Rubinstein es Socio de bluecapital Sigue leyendo →

Terroristas asesinan al ministro de Minorías Religiosas de Pakistán

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Shahbaz Bhatti

El ministro paquistaní de Minorías Religiosas, Shahbaz Bhatti, primer y único católico con cartera en el gobierno del país asiático y detractor de las leyes antiblasfemia por ofrecer amparo legal a la grave persecución que sufren las minorías cristianas en ese Estado y castigar con la pena de muerte a quien no se someta al fundamentalismo islámico, fue asesinado en Islamabad por un grupo de hombres armados que le tirotearon cuando estaba en su vehículo, para emprender después la huida. El atentado se produce casi dos meses después de que el gobernador de la provincia oriental de Punyab, el liberal Salman Tasir, fuera asesinado también en Islamabad.
Bhatti sucumbió a sus heridas mientras era trasladado a un hospital. Las cadenas de televisión mostraron imágenes de su coche acribillado por las balas. Las medidas de seguridad en Islamabad se han extremado tras conocerse el atentado. El ministro había realizado numerosos llamamientos a la oración para perseverar en su defensa de la libertad religiosa, en medio de las constantes amenazas de muerte que recibía por parte del fundamentalismo islámico.
El Papa Benedicto XVI ha expresado su condena por el “bárbaro atentado” a través del portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi: “el crimen es un nuevo acto de violencia de una terrible gravedad, y demuestra cómo son justas las intervenciones del Papa para acabar con la violencia contra los cristianos y en favor de la libertad religiosa”, ha declarado.
Bhatti fue recibido por el Benedicto XVI en el Vaticano el pasado mes de septiembre y dio siempre testimonio de su compromiso para lograr una pacífica convivencia.
Bhatti era el único ministro cristiano del Gabinete y estaba en la mira de los grupos integristas por su voluntad de reformar las leyes antiblasfemia del país, así como por su valiente y férrea defensa de las minorías religiosas perseguidas. Fue uno de los mayores defensores de la campesina cristiana condenada a muerte por blasfemia, Asia Bibi, e incluso recibió en Islamabad a su marido y sus hijas para garantizarles que haría lo posible por resolver el caso.
El gobernador Tasir, conocido también por sus críticas a los clérigos y su oposición a estas leyes, fue asesinado por uno de sus guardaespaldas el 4 de enero en un mercado céntrico de Islamabad. Tras su muerte, tanto Bhatti como la ex ministra de Información Sherry Rehman -que extremó desde entonces las medidas de seguridad-, todos ellos del gobernante Partido Popular (PPP), eran la cara visible del liberalismo paquistaní.
En varias conversaciones con medios de comunicación internacionales, el ministro de Minorías, siempre cordial con los periodistas, reiteró durante los últimos meses su voluntad de enmendar las leyes antiblasfemia.
“Sé que puedo ser asesinado si sigo presionando, pero no tengo miedo”, dijo después del asesinato de Tasir, al tiempo que reiteraba su petición de oración internacional para no sucumbir en sus esfuerzos en defensa de la libertad religiosa en el país, frente al fundamentalismo islámico.
Mártires católicos de la Parroquia Nuestra Señora de la Luz
Tres nuevos mártires católicos resultaron de la terrible embestida de una coaster de transporte público en contra de unos 600 feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Luz, que marchaban por la intersección de las avenidas Universitaria y Guillermo de la Fuente, rumbo al Poder Judicial de Lima Norte, para demandar justicia y respeto por su templo ubicado en la urbanización Santa Luzmila de Comas.
A los fallecidos, Emilia Díaz Aliaga (56) y Luis Bautista Cruzado (71); se sumó Florencia Ccapa Ihue (50), quien perdió la vida en el hospital Sergio Bernales de Collique, a donde fue trasladada de emergencia junto con otros tres integrantes de la referida parroquia.
La noticia en torno a la muerte de Florencia Ccapa llegó a integrantes de la congregación religiosa en momentos que participaban de una vigilia por la recuperación de los heridos y el descanso de los que perecieron.
En la comisaría de Santa Luzmila, el mayor PNP César Miranda informó que el dosaje etílico que se le practicó al chofer de la coaster de placa VII-707, Gumercindo Mosquera Espinoza, resultó negativo.
Mientras tanto, la comunidad religiosa afectada ora para que continúen con vida María Quispe Bustamante (62) y Teodoro Cervera Baquedano (77), así como otros 12 convalecientes bajo observación médica tanto en el hospital de Collique como en el nosocomio Mario Molina de Santa Luzmila.
Fuente: Diario El Comercio.
Obispo de San José del Amazonas: Futuro Gobierno debe garantizar que empresas extractivas cumplan con normas y compromisos en la amazonía
Los recursos de nuestra amazonía son un potencial que debe retribuir ganancias y beneficios a sus propios pobladores. Por ello las empresas extractivas deben respetar sus derechos, garantizar y mantener un adecuado control de sus actividades, cumpliendo con las normas de protección al medio ambiente y considerando la participación de los propios pobladores nativos en los proyectos de desarrollo. Los pobladores amazónicos son parte del Perú y las autoridades deben velar por los intereses peruanos, resaltó Monseñor Alberto Campos OFM Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, en un llamado a los candidatos presidenciales.
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio.

La verdad sobre la prueba toxicológica de Toledo

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Sanchez Paredes

Por César Hildebrandt Chávez
Hoy por la mañana, el candidato Pedro Pablo Kuczynski puso en tela de juicio la veracidad de la prueba toxicológica realizada por el conocido laboratorio Roe en Alejandro Toledo. Dicha prueba determinó que el líder de Perú Posible no tenía ningún rasgo de marihuana ni de cocaína en la sangre.
Kuczynski dijo que cuando él solicitó al mismo laboratorio que se le hiciera la prueba, los encargados de Roe le dijeron que no realizaban ese tipo de exámenes. Escuche sus declaraciones dadas a Frecuencia Latina y registradas en la página web de Perú21.
Hoy nos comunicamos con el laboratorio Roe y ésta fue la explicación dada por Milagros Albornoz, supervisora en turno:
“No realizamos esa prueba, pero a solicitud del paciente se implementó la realización del examen. Nosotros siempre hemos hecho pruebas de orina pero nunca de cabello. A solicitud del paciente, entre el 15 y el 20 de febrero de este año, se implementó la realización de la prueba en cabello. Antes no hacíamos este examen porque no había mucha demanda.”
Según esta versión oficial, Roe siempre ha hecho exámenes de orina; pero nunca exámenes de cabello, los cuales requieren procedimientos y técnicas especiales. Es por esa razón que cuando PPK solicitó que lo examinen, Roe se negó alegando que no practicaban ese tipo de evaluaciones. Fue a partir de la solicitud de Alejandro Toledo que Roe dispuso que el laboratorio iniciara, como parte de su oferta médica, exámenes de cabello.
Cuando preguntamos si el candidato Alejandro Toledo ha sido el único paciente al que el laboratorio ha realizado un examen de cabello, Albornoz no quiso dar mayores explicaciones.
De hecho, si usted ingresa a la página web de Laboratorio Roe, al link de consultas de exámenes, y coloca la frase “sustancias de abuso” encontrará que sí se realizan análisis de este tipo en orina y en pelo. Sin embargo, éste último fue implementado, coincidentemente, cuando Toledo lo solicitó. Cabe la duda razonable de si el laboratorio contaba con los equipos y la experiencia suficientes para aplicar el análisis de sustancias de abuso en pelo, un examen que nunca había desarrollado anteriormente.
Fuente: cesarhildebrandtchavez.wordpress.com
Clan Sánchez Paredes
El Presidente Alan García, aseguró que durante el pasado gobierno “nunca se denunció a la familia Sánchez Paredes”. Según dijo, “si es que no fueron investigados, podría pensar que dicho clan compró al gobierno toledista”.
Tal parece que el capítulo de los supuestos aportes a las campañas presidenciales, aún no termina. Alan García, volvió a tocar el tema y dijo que nadie tiene derecho a reclamarle el haber recibido 5 mil dólares supuestamente de esa familia, si en ese momento “el clan no estaba siendo investigado por nadie”.
“Si es que ellos no fueron investigados en ese lapso de gobierno, yo puedo pensar que compraron al gobierno pasado”, expresó el Jefe de Estado a la prensa.
“En el gobierno anterior, ellos no estaban investigados, y los ministros del Interior silbaban”, dijo en referencia al mandato de Alejandro Toledo.
“Mi gobierno fue el que planteó la investigación y logró que vayan al Poder Judicial, así que no me venga a decir que aportaron, pues en ese momento según ellos, eran inocentes”.
“Habría que ser sinvergüenza para no investigarlos siendo gobierno, y después acusarlos de narcotraficantes”, finalizó.
Ahora sí se debe devolver el dinero
Finalmente, señaló que como ahora sí están judicializados los Sánchez Paredes, debe retirarse a cualquier candidato que reciba dinero de ellos, de cualquier manera.
Fuente: Diario La República.
Marihuana causa amnesia y…otras cosas que no recuerdo
Con las drogas y la política, una cosa es el uso y otra el abuso. Alejandro Toledo se puso a hablar de un “ojo analítico” para legalizar el consumo y sus contrincantes respondieron cortándose mechones de pelo para someterse a exámenes toxicológicos. Así le recordaban al puntero ex presidente controversias pasadas y supuestos secuestros más parecidos a las noticiosas escapadas del juerguero actor gringo Charlie Sheen. Pichicata para las cámaras.
Los candidatos tomaron distintos caminos para rebatir a Toledo. Luis Castañeda Lossio se fue hasta San Francisco en el VRAE para advertir que “esa lacra de todos los narcotraficantes tiene los días contados”. Añadió que “esta es una zona cuyos problemas no solo se deben enfrentar desde el punto de vista policial sino también desde el punto de vista económico, social y de la infraestructura”. Prometió además más apoyo a las fuerzas del orden.
Además de tocar las políticas de Estado, Castañeda propinó ganchos personales. En Los Olivos había declarado que “para defender el combate contra las drogas, obviamente tiene que ser alguien que no tenga vínculos con drogas de ningún tipo”. El congresista Isaac Mekler repartió entre los medios las famosas pruebas practicadas a Toledo que CARETAS hizo públicas en la campaña del 2001.
De similar opinión fue Ollanta Humala. “Creemos que la droga y el narcotráfico son amenazas a la seguridad nacional”, dijo. “No podemos entrar en medias tintas porque así también entraron con Sendero Luminoso y el terrorismo… se creía que eran abigeos y después vimos en qué terminó la violencia”. Prometió “combatir la droga enfrentando el poder del narcotráfico, el lavado de activos, controlando el ingreso de los insumos químicos en las zonas cocaleras y la exportación de drogas que salen a través de los puertos donde hay capitanías”. Pero su discurso tiene sus dobleces.
Pedro Pablo Kuczynski recordó que ya existe la despenalización para montos pequeños de consumo. Vaticinó que de extenderse “todo el mundo se coquearía”, señaló a Toledo porque “solo le falta una piscina de whisky” y se corrió de otro fantasma, el de César Cataño. Cuando los reporteros le preguntaron en Tumbes si el ex cliente VIP de Lourdes Flores aportó con dinero a su campaña, PPK respondió a grito pelado: ¡No, no, no!
La coca en campaña
Aunque el debate tenga muchas vertientes, la coca en campaña termina por dibujar una sola línea. Las sospechas sobre los hábitos privados de los candidatos, el combate a las mafias, la discusión de políticas liberales que también incluyen el aborto y el matrimonio gay (o entre maricones, como diría monseñor Bambarén), y la situación social y ambiental deteriorada por la economía de la hoja de coca; todo se funde en simplona moralina y mensajes de una línea dirigidos al elector.
Pero uno de los vértices más preocupantes es también uno de las más silenciados, sobre todo si se toma en cuenta que el Perú es ahora el primer exportador de cocaína del mundo.
Manuel Rodríguez Cuadros, de Fuerza Social fue uno de los pocos candidatos que lo mencionaron. El lunes 31 presentó su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aclaró que su campaña solo acepta aportes de hasta S/.40 mil. Si los montos no son controlados, advirtió, se corre el riesgo de ser financiado por el narcotráfico. La ley, por cierto, establece un límite de S/.216 mil por persona.
El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, es un general retirado de la Policía que en los últimos años estuvo exitosamente al frente de la Dirandro. Por lo tanto, sabe perfectamente de la magnitud de ese riesgo. Para tratar el tema sostuvo el sábado 29 por la mañana una reunión confidencial con un alto funcionario de la DEA en el Perú.
Su sector sigue varias pistas. Y alguna es muy inquietante.
El narcotráfico está infiltrado
Toledo fue el primer candidato que se animó a entregar al JNE sus proyecciones de financiamiento y gastos de campaña. El lunes 31 por la mañana acudió a las oficinas del centro de Lima y también hizo pública su declaración de bienes y rentas.
Toledo sostiene que aportará S/.25 mil para su campaña, mientras que el partido pondrá S/.4 millones. Los últimos serán destinados a gastos administrativos (S/.500 mil) y publicidad electoral (S/.3.5 millones).
A mediados de enero las agrupaciones políticas presentaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales su reporte de aportaciones privadas del segundo semestre del 2010 y este viernes 4 llevarán a la misma ONPE el reporte de gastos de campaña hasta el 31 de enero. Carlos Bruce, jefe de la campaña, anunció que ahí serán detallados los nombres de los aportantes y sus montos.
Aunque una proyección de esta naturaleza por parte de los partidos es un acto de transparencia que hubiera sido inimaginable hace algunos años, también es cierto que cuando ingresan, los dineros de origen dudoso lo hacen por la puerta de atrás, sin cámaras ni firmas.
La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo considera que “hace mucho que el narcotráfico está infiltrado en todos los poderes. No solo pasa en el Perú, sino en el resto del mundo”.
Su advertencia es severa. “Cualquiera puede ser sorprendido, como creo que ya ha pasado. Debe haber filtros. Cualquier candidato que pretende un puesto público, como el de congresista o Presidente, tiene que ser investigado para determinar de dónde provienen sus fondos. La historia nos ha registrado que ha habido casos en los que ha pasado este tipo de situaciones. De manera que si pasó ayer puede pasar hoy y también mañana. Debemos estar muy alertas”. Y no se trata solo de la primera fila. Insta a evitar “el ingreso de dinero sucio a través de terceros, cuartos o quintos en los grupos políticos”.
La procuradora llama la atención sobre el pacto ético firmado en abril pasado por 17 agrupaciones políticas y que contempla evitar la infiltración del narcotráfico en las campañas. La iniciativa fue promovida por Rómulo Pizarro de Devida y entre los firmantes figuraron Maritza Espinoza, del Partido Nacionalista, Raúl Castro, del PPC, Jorge del Castillo, por el APRA, y Yehude Simon entre otros políticos. Perú Posible no se plegó, pues consideraron que el pacto debía ser parte de un compromiso más amplio ante el JNE.
Almuerzo en Mamacona
En marzo del 2006, cuatro meses antes de dejar el cargo, el presidente Alejandro Toledo asistió con su esposa Eliane Karp a una exposición de caballos de paso en las tradicionales instalaciones de Mamacona en Lurín. Como lo dicta el protocolo, ambos iban vestidos de blanco y con sombreros de chalán.
La pareja presidencial fue recibida por Manuel Sánchez Paredes, criador de caballos de paso, y se tomaron fotografías juntos. Almorzaron juntos e intercambiaron ideas. Un asistente comentó a CARETAS que Sánchez Paredes le habló a Toledo sobre sus proyectos ganaderos en Lima y también sobre la actividad minera en La Libertad.
Las sospechas sobre los Sánchez Paredes ya eran bastante pronunciadas. Perciles Sánchez, hermano de Manuel, había cumplido sentencia por narcotráfico en los 80 y fue asesinado en 1991. La leyenda negra los perseguía y apenas dos años después, en enero del 2008, el presidente Alan García anunció el inicio de la mega investigación al clan por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
Manuel Sánchez Paredes se ha mantenido muy cercano a ciertas agrupaciones políticas. Fue alcalde del distrito liberteño de Moyebamba por el Partido Popular Cristiano (PPC) y también ha sido vinculado al APRA. La prensa trujillana ha especulado constantemente, sin pruebas concretas, que los Sánchez Paredes acostumbran a financiar campañas.
En febrero del 2008, CARETAS 2015 publicó un documento interno atribuido a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes, en el que éste da cuenta de una serie de pagos a políticos, entre ellos el congresista aprista Elías Rodríguez Zavaleta, a quien supuestamente se le entregó US$10,000. Rodríguez fue investigado por la Comisión de Ética del Congreso, pero fue absuelto. Extraordinariamente, Rodríguez vuelve a postular al Parlamento por el APRA.
Juicio Clave
Desde Mamacona mucha agua corrió bajo el puente. Los hermanos Sánchez Paredes fueron denunciados por el Ministerio Público en el verano del año pasado. En abril, el juez supranacional Omar Pimentel les abrió proceso por lavado de dinero con comparecencia. La fase de instrucción podría tomar unos meses más hasta pasar finalmente a juicio oral. Es decir, el destino de Manuel Sánchez Paredes, sus hermanos, hijos y sobrinos se decidirá durante el período del próximo gobierno.
Inteligencia del Ministerio del Interior sigue el rastro del clan trujillano. CARETAS supo de primera mano que existe preocupación en este sector sobre un posible acercamiento de Manuel y Orlando Sánchez Paredes a ciertos candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República. En el caso del primero, preocupa su presunta cercanía al ex congresista Marcial Ayaipoma Alvarado, quien hoy va como número 3 de la lista de Perú Posible. Ayaipoma es empresario taurino y dueño de la ganadería ‘La Huaca’.
El ex congresista declaró a CARETAS que sí conoce a Manuel Sánchez, pero que no es su amigo. “No tengo ningún tipo de vinculación con él. Recuerdo que hace muchos años intercambié palabras, posiblemente en un evento taurino, pero cuando empezaron a conocerse sus antecedentes me distancié. Los partidos deben tener cuidado con el dinero mal habido. Si alguien quiere hacer un aporte hay que tener cuidado”, añadió.
El sábado 29, un alto funcionario de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia estadounidense represora del narcotráfico, se reunió en privado con el ministro del Interior, general PNP Miguel Hidalgo, para discutir el tema. Ambos analizaron algunas informaciones y quedaron en profundizar e investigar si ha habido una colaboración o aporte de dinero de Manuel Sánchez Paredes a Perú Posible u otra agrupación o candidato político. Hidalgo tiene un interés especial en el tema. Fue durante su periodo como jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en el 2008, que se inició la investigación a los Sánchez Paredes y durante ese largo camino de dos años sufrió presiones y amenazas para dejar de lado el caso. Orlando Sánchez Paredes le entabló querellas por difamación y uno de sus hijos fue contactado misteriosamente por un familiar ligado a Fidel Sánchez Alayo durante un viaje a Argentina.
Hidalgo ordenó a los canales de inteligencia investigar el tema y no perder de vista las conexiones entre políticos y sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero. Manuel Sánchez Paredes, por otro lado, vive momentos de peculiar tensión no solo por el proceso en marcha por lavado de dinero.
Desde hace un año se encuentra enfrentado a sus hijos Fidel, Simón Agapito, Carlos Alberto, Manuel Andrés y Rosmary Sánchez Alayo por el control de su empresa minera San Simón. La semana pasada, la titular del Juzgado Mixto de Santiago de Chuco, Yolanda Vereau Espejo, falló a favor de los Sánchez Alayo e hizo efectivo un mandato de administración judicial de Manuel Sánchez Paredes.
Según la Policía, cerca de 100 sujetos habrían sido contratados por San Simón para evitar el ingreso de la nueva administración. El lunes 24, 250 efectivos policiales y trabajadores de la minera San Simón se enfrentaron a tiros en Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. La disputa dejó un herido de bala, según informó el general PNP Oswaldo Alfaro Lagos, jefe de la Tercera Dirección Territorial de La Libertad.
El abogado de la minera Comarsa, Marco Chávez Magan, dijo a la prensa que en este problema “nada tienen que ver los hermanos Wilmer, Amanda y Orlando Sánchez Paredes, porque ellos no son parte de la minera San Simón. El lío es entre la familia del señor Manuel Sánchez Paredes”.
Mucho, entonces, hay en juego para este controversial empresario. Y nada como un nuevo gobierno para lavar la casa y hacer borrón y cuenta nueva.
Fuente: Revista CARETAS.
Nuevo avión parrandero
Rafael Roncagliolo de IDEA Internacional declaró a RPP sobre el financiamiento de las campañas que “el tema es complejo. Una de las cosas que hemos apoyado es el compromiso ético firmado por los partidos políticos, casi todos, para evitar llevar en sus listas a personas que puedan ser sospechosas de tener vinculaciones con el narcotráfico. Si todas las campañas costarán entre 3 a 4 millones de soles como dicen los presupuestos, estaríamos en unas de las elecciones más baratas del mundo”.
Las palabras dan en el clavo. Perú Posible ha proyectado una campaña de S/.4 millones pero los ojos y oídos de quienes están enterados calculan que la cifra se queda muy corta.
Ya el congresista aprista Aurelio Pastor había señalado en diciembre último que solo la ofensiva publicitaria que Toledo emprendió en las dos semanas siguientes al anuncio de su candidatura costó unos US$700 mil.
Por lo pronto, Toledo es el único candidato con avión. Mientras los demás se trasladan en líneas comerciales o por tierra, él viene utilizando un Fokker para 50 pasajeros de matrícula OB-1770. Según el registro aeronáutico, el avión zarpó de Lima el 31 de enero y en los cinco días siguientes lo llevó a Moquegua, Ilo, Tacna, de vuelta a Lima, Puerto Maldonado, Iñapari, Lima, Malvinas, Lima, Cusco, Lima, Cusco y Lima.
El avión pertenece a ATSA, la empresa chárter del Grupo Romero. No ha podido determinarse si ese grupo le ha prestado el avión a Perú Posible o si éste paga un alquiler por el mismo.
Para el experto en temas aeronáuticos, Víctor Girao Alatrista, el equipo de campaña de Perú Posible habría pagado US$ 50 mil diarios por el alquiler del avión Fokker 50.
“A tarifa de mercado costaría unos 8 mil dólares/hora, pero al no haberlo alquilado por horas sino por días le hacen un descuento especial”, explicó Girao.
La nave, construida en Holanda, con 30 años de antigüedad, tiene una autonomía de vuelo de 6 horas y viaja a 460 kilómetros por hora. Tiene dos motores turbo-hélice. Dos aeromozas asisten a los pasajeros durante el viaje. Hasta el año pasado este avión perteneció a la empresa Aerocóndor, vinculada a Julián Palacín, irónicamente ex asesor de Alejandro Toledo. Aerocóndor fue cerrada por la Dirección General de Aeronáutica Civil debido a problemas técnicos.
Otra novedad de los documentos de financiamiento presentados a la ONPE fueron los aportes de empresas brasileñas. Construçoes Camargo Correa donó S/168,000 a Perú Posible. En marzo del 2009, la Policía Federal de Brasil detuvo a cuatro ejecutivos y a dos secretarias de la constructora. Fueron acusados de delitos como asociación ilícita, lavado de dinero, evasión en el manejo de divisas, remesas ilegales a paraísos fiscales, coimas a distintos partidos políticos (la mayoría opositores al Gobierno de Lula da Silva) y aportaciones ilegales a partidos políticos, según datos obtenidos de Infobae.
Por otro lado, la Constructora Queiroz Galvao, que ha aportado S/. 182,845, ha tenido problemas en Bolivia por la demora en la construcción de la Ruta de Los Libertadores, que vincula los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija. El malestar se extendió al punto que dirigentes cívicos de los departamentos afectados amenazaron con iniciar la toma de los campamentos de la constructora por la demora abusiva en el reinicio de las obras de construcción y pavimentación de la denominada ruta. Las denuncias fueron canalizadas por el Gobierno a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Finalmente, la empresa Galvao Enghenaria S.A. contribuyó con S/180,000.
Fuente: Revista CARETAS.
La verdad contra la mentira
Consultado sobre los resultados del sondeo de la Universidad Católica que muestran el repunte de Pedro Pablo Kuczynski, el analista político Víctor Andrés Ponce consideró que el candidato presidencial se ha convertido en el nuevo “tsunami” de las encuestas al subir siete puntos en poco más de un mes.
“Es una trepada de Kuczynski. Lo que puede pasar, si este candidato sigue creciendo, es que muchos de los votantes de Castañeda y de Toledo se corran hacia PPK. En los sectores A y B va a crecer como un reguero de pólvora, aunque en el C y D será más lento”, anotó.
Para Ponce, estas encuestas reflejan el desarrollo de nuevas estrategias y que el postulante Toledo “ya no crece y cae un poco, pero mantiene su bolsón”. “Esta primera etapa ha definido un bolsón electoral que es para Toledo. Los tres primeros ya no crecen y su tendencia es a caer unos puntos, sobre todo Castañeda”, señaló.
El analista consideró que si PPK quiere seguir avanzando tiene que reformular su estrategia. “Su primer plan fue resistir y pasar la valla del 5%, ahora PPK ha derrotado a Toledo y Castañeda que esperaban que el economista sea un voto perdido. PPK es un buen candidato y podría arrasar”, apuntó.
Fuente: Perú21.
Kuczynski y la Amazonia peruana
Por Marc Dourojeanni – ONG Pronaturaleza
Pedro Pablo Kuczynski es uno de los varios pre-candidatos a la Presidencia del Perú en las elecciones generales de 2011. No es el que tiene más probabilidades de ser electo pero, de todos, es posiblemente el más serio y, sin duda, es el más calificado.
Formado en Oxford y Princeton, fue gerente del Banco Central de Reserva, Ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Belaúnde, Ministro de Economía y también, Presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Toledo, además de haber sido funcionario del Banco Mundial y de haber dirigido grandes empresas en el Perú y en otros países.
Él, que ya escribió varios libros, ha sido el primero en publicar lo que presumiblemente serían sus principales líneas de acción en el gobierno. El libro, intitulado “Perú Porvenir” (1) reúne textos publicados en años recientes, bien ordenados por temas y, probablemente, corregidos y actualizados.
En este caso no se trata de comentar el conjunto del pensamiento expresado en ese libro que, por otra parte, tiene muchas ideas y propuestas tan decantadamente sensatas que difícilmente se puede estar en contra de ellas. Se trata, más bien de entender lo que puede esperar la Amazonía peruana de un eventual gobierno de PPK, como el propio Kuczynski parece sentir agrado en ser llamado, quizá aludiendo a las eficientes pistolas Walther PPK.
Y, al respecto, llama la atención que un personaje tan culto, que suma a sus otras virtudes la de tener conocida habilidad para la música, sea tan insensible para esa región del país y, en general para el tema ambiental que, para él, parece reducirse a contaminación, falta de agua y a la “tala ilegal de madera”, como él dice.
Evidentemente, a pesar de que en alguna parte menciona que “andamos mal en el medio ambiente”, ese tema no es para él digno de ser considerado uno de los grandes retos del desarrollo nacional. Tampoco se citan, siquiera, los indígenas amazónicos y sus reclamos. Por lo menos, eso es lo que se desprende de la lectura minuciosa de las 271 páginas de su libro.
Peor que no “dar bola” al tema ambiental es lo que él dice en el libro y que sin usar mucha imaginación puede interpretarse como más y muy serias amenazas para el futuro ya bastante difícil de esa región. En efecto, el documento parece revelar que si él gobernara se harían muchísimas carreteras nuevas, se expandirían aún más la exploración y explotación de hidrocarburos, se explotarían más minas, se harían grandes centrales hidroeléctricas, se harían más plantaciones de palma aceitera, entre muchas otras obras y explotaciones. También, según él, es necesario ganar la guerra informática a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a la sociedad civil que se opone a la minería y a otras obras.
Reiteradamente se lee, en sus textos, “infraestructura, infraestructura y más infraestructura” refiriéndose a caminos. Él se declara firme partidario de la Ley de Say que dice que la oferta genera su propia demanda, o sea, que como dice PPK “si no hay pista, no hay tráfico” justificando hacer caminos sin viabilidad económica. Claro que también se puede decir “si no hay armas no hay tantos muertos”, por lo que me atrevo a dudar de la validez de la teoría de Say en relación a las carreteras en las selvas amazónicas y al buen uso del patrimonio natural del país.
Las carreteras, como bien se sabe, son la principal causa de la deforestación y degradación de los bosques amazónicos, permitiendo la invasión de las tierras y una agricultura desordenada, facilitando asimismo “la tala de maderas” y la explotación ilegal de oro, que el libro sí menciona. Las carreteras son herramientas indispensables para el desarrollo, pero promoverlas sin restricciones, donde no hay ningún orden en la ocupación de la tierra, es una irresponsabilidad que no se condice con otras afirmaciones contenidas en el mismo libro.
Dicho sea de paso, en algún lugar él justifica que la carretera Interoceánica Sur, todavía no concluida, sea dos veces y medio más cara que lo anunciado, sin contar con la parte de ella que será inundada por el lago artificial de la central hidroeléctrica del Inambari. No hay cómo no preocuparse mucho con el favorecimiento irrestricto de PPK por hacer más caminos en la Selva.
Pero hay más, él no pone restricción ni condición a la expansión de la exploración y explotación de petróleo y gas. Ni siquiera dice que, como en los países tan civilizados en los que él estudió, no se debe explotar áreas protegidas naturales o lugares de patrimonio cultural. Da a entender que nada ni nadie debe frenar a los petroleros en su búsqueda desenfrenada por hidrocarburos y, claro, en sus textos no hay ni un solo pensamiento, aunque sea pequeñito, para los indígenas que deben soportar la invasión de sus tierras.
Clama por más orden y disciplina en el Perú, con cuya necesidad se coincide totalmente, pero solo plantea imponer esas reglas a los que se quejan de los abusos o que simplemente no entienden lo que pasa realmente, como los muchos muertos de Bagua, pero no dice con el énfasis que los hechos merecen que los poderosos también deben respetar las leyes. Lo mismo plantea para la explotación minera, de las que apenas se estaría “comenzando a escarbar” el potencial y, evidentemente, igual indicación es válida según él para el potencial hidroenergético. En resumen, PPK hace una invitación a usar y abusar sin límites del patrimonio del Perú, y en especial de la Amazonía, en apenas una sola generación.
Al mismo tiempo que la población de Yurimaguas se levanta en armas contra la expansión del imperio de los Romero -los del grupo del Banco de Crédito- sobre los últimos bosques del lugar, PPK dedica más de dos páginas a alabar lo que vio en “4 kilómetros de trocha recién cortada en el monte” donde sus anfitriones están multiplicando sus discutibles proyectos de plantaciones de palma aceitera para producción de biocombustibles… ¿ Se olvidó PPK de que existen 10 millones de hectáreas deforestadas de las que apenas unos 2 o 3 millones de hectáreas son cultivadas? ¿Por qué no recomendó a sus poderosos amigos que en lugar de destruir más bosques se apliquen a usar lo que ya fue destruido? Hasta el Presidente García dice que así debería ser. No hay en esas páginas ni una mísera mención al tema ambiental… ¿Será posible que el ilustrado PPK no sepa que el balance energético de los biocombustibles es tan discutible que en muchos casos es mejor quemar petróleo que usarlo? Menciona en alguna parte una cita sobre el riesgo del cambio climático, aunque en el resto del libro no se acuerda de ese “pequeño” detalle que no influencia sus propuestas.
Fue muy bueno leer su texto sobre el turismo en base al patrimonio cultural y culinario del país y, en especial, su entusiasmo por Caral, lo que todo peruano debe compartir. Pero, al mismo tiempo no fue fácil entender la razón por la que PPK ni menciona el potencial turístico de la naturaleza única y exuberante del Perú, especialmente la contenida en sus parques nacionales para los que él, siendo Ministro de Economía y Primer Ministro nunca otorgó un solo centavo y a los que, más bien, reprimió alegando que solo se crearían nuevos “si no ocasionaban gastos al Estado”. Pero él mismo, en su libro deja claro que las obras públicas requieren de inversiones y de recursos para mantenimiento. Los parques para impulsar el turismo son obras, como cualquier otra y no apenas una declaración legal y requieren de inversiones para cumplir su rol.
Semanas atrás, cuando el autor de esta nota fue entrevistado para el informe “Amazonia 2021: Explotación de Recursos Naturales e Infraestructura” (2) una periodista seria y experimentada comentó que solamente Kuczynski, entre los candidatos previsibles, “tenía algún interés por el tema ambiental”. Lamentablemente, la lectura del libro de PPK dejó a este autor frustrado y más preocupado que antes ya que, si él es el candidato más conocedor del tema ambiental peruano, cabe preguntar qué es lo que puede esperarse de los demás.
Otro asunto también preocupa. El Perú del año 2010 carece de un plan nacional de desarrollo, o de cualquier documento que se parezca a eso y, asimismo, no tiene un plan de desarrollo de su porción amazónica. En otras palabras, no existe ninguna expresión escrita, discutida y consensuada de lo que se espera sean el Perú o su Amazonía en un futuro más o menos predecible.
Cabe preguntar cómo es posible que se realicen tantas obras, tantas nuevas operaciones de explotación de recursos, sin saber o sin que nadie sepa cuál es su finalidad, aparte de generar mucho dinero para pocos y empleos mal pagados y precarios para muchos…. ¿Acaso los ciudadanos del Perú no tienen derecho de decidir sobre el futuro que su mayoría prefiere? ¿Acaso no es necesario discutir públicamente el contenido de un objetivo nacional que no se limite a repetir los hermosos pero poco prácticos textos de la declaración universal de los derechos humanos? ¿Acaso es demasiado temerario informar al público sobre los riesgos y costos de cada ventaja aparente? ¿Por qué los que pretenden gobernar nos toman por idiotas? Cabía suponer que un personaje tan avispado como PPK tendría eso en cuenta en sus propuestas y, por eso, es triste constatar que no es así.
Él defiende, con mejorías semánticas, el status quo representado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que es útil, pero que en modo alguno sustituye un sistema nacional de planificación con mecanismos modernos y efectivos de participación en la toma de decisiones que, tan frecuentemente, no tienen camino de retorno. La modernización del Estado de PPK y su mecanismo de filtración de inversiones públicas quedaría en manos del Ministerio de Economía y de sus tecnócratas tan arrogantemente insensibles como ignorantes de la realidad nacional…. ¡El Perú en manos de los young professionals del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o del Banco Interamericano! Para quien los conoce muy bien, esa es una pesadilla de la que el Perú puede no despertarse.
A este punto de la crítica el autor desea dejar claro dos aspectos. Primeramente, está agradecido a Pedro Pablo Kuczynski por haber lanzado ese libro, dando un buen ejemplo que ojalá sea seguido por sus competidores en la contienda electoral. El pueblo y los críticos están ansiosos por leer lo que propongan los otros candidatos a la Presidencia del Perú, y aunque el pronóstico es que no serán mejores que PPK en su trato al ambiente natural y social, se tiene la esperanza de estar equivocado. No se esperan palabras huecas y promesas incumplibles. Se esperan propuestas sensatas y viables, como las que PPK ha dado para otros asuntos.
En segundo lugar, el autor reconoce estar presionando a PPK para que él dé el ejemplo a sus competidores preparando un documento complementario al libro, explicando sus pensamientos y propuestas para evitar que la Amazonía se convierta en una réplica de los tristes y condenados paisajes de Mato Grosso, en Brasil o en los aún peores paisajes que ya pululan en Madre de Dios, en el Perú. Queremos saber si él considera que la naturaleza tiene un rol en el futuro del Perú o si, para él, ella es apenas materia prima para hacer que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Queremos que nos diga, claramente, si cree que la ciencia y tecnología puede cortar el cordón umbilical entre la naturaleza y el ser humano y que este último puede sobrevivir maltratando a la madre.
Se prefiere tener fe en que Kuczynski, cuyo padre vino al Perú para cuidar de los indígenas y de los pobres de la Amazonía, dejó de lado el tema ambiental en ese libro tan solo porque no tuvo tiempo de profundizarlo y que lo hará muy pronto, de modo especial y cuidadoso. No para ganar la contienda electoral, pues los temas ambientales no dan muchos votos, sino para demostrar que es un hombre cabal que realmente piensa en el Perú, y de esa forma educar a sus competidores.
Notas:
(1) Pedro Pablo Kuczynski 2010 Perú Porvenir, Editorial Aguilar, Lima 271p.
(2) Dourojeanni, Marc, Alberto Barandiarán y Diego Dourojeanni 2010 “Amazonía Peruana en 2021: Explotación de Recursos Naturales e Infraestructura” Eds. ProNaturaleza, SPDA, DAR e ICAA, Lima 162p.
Fuente: EcoAmazonia.

Profesional wampis al Congreso de la República

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Con el número 3 de Perú Posible, la Licenciada en Administración y Turismo MICAELA LIDIA CALVO NANTIP postula al Congreso de la República. Ella representa al pueblo awajún y wampis de la Región AMAZONAS.
El Gobierno Regional de Amazonas declaró como instituciones educativas interculturales bilingües a aquellas que realizan sus actividades en las comunidades nativas awajún y wampis, en la selva norte peruana.
Esta denominación comprende a las escuelas de inicial, primaria, secundaria, institutos superiores y universidades.
La iniciativa fue establecida mediante una ordenanza regional publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
En virtud a ello, recomienda a la Dirección Regional de Educación que el perfil básico de los docentes en estos lugares incluya la titulación y/o capacitación en
educación bilingüe intercultural, o que sea hablante de la lengua materna local.
Fuente: Diario La República.
Embajada
Por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada
No solo los políticos convirtieron a los embajadores de Estados Unidos de la era Bush en confesores ante los cuales no tenían reparos en decir lo que pensaban. El cable N°130701, elaborado el 19 de noviembre del 2007, demuestra que los representantes de las ONG prodemocráticas más importantes del país también recurrieron a esta especie de confesión sincera.
El 5 de noviembre de dicho año, la directora ejecutiva de Pro Ética, Cecilia Blondet, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Pablo Rojas, el director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal (IDL), Hans Landolt, y el coordinador del área de Derechos Humanos para la Comisión Andina de Juristas (CAJ), Rodolfo Albán, se reunieron con el embajador Michael McKinley, a quien le expresaron sus dudas sobre el real compromiso del gobierno de Alan García de liderar una reforma que permitiera combatir la corrupción reinante en las instituciones públicas.
“Al igual que otros críticos del gobierno, los representantes de las ONG prodemocráticas permanecen escépticos sobre si el presidente García es el tipo de líder que transformará al Perú en una robusta y próspera democracia cuyo desarrollo económico funcione bien para una clara mayoría de su gente”, comentó el embajador de EE.UU. en el cable.
DESCONFIABAN DEL APRA
Blondet fue la primera en dar su punto de vista. La presidenta de Pro Ética destacó que la corrupción seguía siendo un grave problema que debilitaba la confianza en las instituciones públicas. Resaltó, como ejemplo, que, según los últimos sondeos de opinión, el 90% de los peruanos creía que la Policía Nacional padecía de este flagelo. “Dijo que la mayoría de peruanos esperaban pocos cambios durante los cuatro años restantes de García. Sus colegas estuvieron de acuerdo, enfatizando que la corrupción era el obstáculo central para que el Perú alcance el próximo nivel de desarrollo”.
Landolt, entonces titular de IDL, fue más allá y aseguró que aun si se aplicara una reforma, el Apra no podría liderarla porque se encontraba “enferma”. Explicó que la composición del partido de gobierno, “como una coalición de operadores políticos, limitaba su interés en una reforma genuina y socavaba su habilidad de articular una visión positiva de gobierno”.
Mencionó que la gestión de García (con el Apra como núcleo) había archivado un decoroso plan de desarrollo que buscaba fortalecer la protección de los derechos humanos –que había sido elaborado por el ex presidente Alejandro Toledo– no porque fuese malo sino porque venía de un rival político. Landolt acusó a la actual gestión gubernamental de tener un oportunismo corto de vista que pintaba a un gobierno que “oscila con la opinión pública y carece del empuje ideológico para liderar una reforma”.
CASO FUJIMORI
Otro tema de interés para los presentes fue el inminente juicio del ex mandatario Alberto Fujimori. Pablo Rojas consideró poco probable que el proceso llegara a producir un descontento social entre la población dado el grado de división al interior del fujimorismo y “porque ya no son populares como antes”. Asimismo, precisó que los fiscales a cargo del caso eran “talentosos y honestos y podían depender de una montaña de evidencia que virtualmente sellaba el proceso de cualquier manipulación política”.
Sin embargo, advirtió que el Apra podría buscar intervenir en el proceso debido a que algunos de sus líderes, incluyendo a García, tenían denuncias por abusos contra los derechos humanos. En ese sentido, Rojas consideró que el partido podía usar su influencia en el sistema judicial y determinar el desenlace final del juicio, limitando, de esta forma, el impacto que podría tener en futuros procesos similares.
Por ello, esperaba que la comunidad internacional cumpliera un rol de monitoreo activo para asegurar la transparencia del proceso.
Ante estas opiniones, McKinley tomó una postura a favor del presidente García, señalando que si bien había logrado una victoria electoral estrecha, su gobierno había empezado a implementar planes para mejorar los servicios públicos, incluyendo una descentralización administrativa. “Si bien el alcance del reto que enfrenta el gobierno es enorme, el objetivo no puede ser alcanzado de la noche a la mañana”, indicó.
Landolt y otros asintieron, pero aclararon que la reforma implementada hasta el momento por el gobierno era “superficial” y “probablemente no lograría marcar una diferencia para resolver los afianzados problemas sociales del país”.
LAS ONG RESPONDEN
Consultada sobre el contenido del cable, Blondet explicó que se ha reunido varias veces con la Embajada de EE.UU. y de muchos otros países (a pedido de los diplomáticos) para conversar sobre la marcha de la política nacional. Aclaró que en el 2007 Pro Ética no recibió financiamiento de la embajada sino hasta un año después cuando los apoyaron con el programa de la Red Nacional Anticorrupción.
“Fue simplemente una reunión de evaluación de la situación nacional. Lo que dije en ese momento lo sostengo ahora. Es lo que está sucediendo. No hay un liderazgo en la lucha contra la corrupción, y la política social ha sido bastante débil. El énfasis del gobierno ha estado en mantener e incrementar el desarrollo económico, pero no necesariamente en mejorar la atención de los servicios sociales. No hay ninguna novedad en eso”.
Por su parte, Rojas dijo no recordar la reunión y aclaró que en la fecha del encuentro (5 de noviembre) ya no era el secretario ejecutivo de la coordinadora (lo fue hasta el 31 de octubre del 2007).
Asimismo, destacó que dicho organismo, en sus 35 años de existencia, nunca ha tenido apoyo económico de la embajada. “Es probable que la reunión se haya producido. Solemos reunirnos con diversas embajadas, incluyendo EE.UU., Canadá y las europeas”. En todo caso, reconoció que las opiniones que se le atribuyen en el informe no son ajenas a su punto de vista.
“Las embajadas están preocupadas por conocer la situación de los derechos humanos. La de Estados Unidos, por ejemplo, hace un informe todos los años y es público […]. Son invitaciones que se hacen formalmente. El monitoreo de los derechos humanos es un asunto importante e indispensable para la firma de los tratados y acuerdos económicos y comerciales”, señaló.
El Comercio intentó comunicarse reiteradas veces con Landolt y Albán sin éxito.
Directivos y fuentes de financiamiento
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH):
Colectivo de instituciones pro derechos humanos establecido en 1985. Cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) y está acreditada para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA).
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Fundación Ford, Unión Europea, Diakonía-Acción Ecuménica Sueca, Fundación John Merck, Fondo Noruego, Embajada de Holanda, Save the Children, entre otras.
CONSEJO NACIONAL PARA LA ÉTICA PÚBLICA (PRO ÉTICA):
Asociación civil de lucha contra la corrupción establecida y sus causas y manifestaciones en el Perú. Fue constituida en el 2001 y para octubre del año 2003 fue reconocida como el capítulo peruano de Transparencia Internacional.
PRINCIPALES DIRECTIVOS:
Adrián Revilla (ex jefe de la Sunat del gobierno de Alberto Fujimori), Cecilia Blondet (ministra de la Mujer durante el gobierno de Alejandro Toledo), Diego García Sayán (director de la Comisión Andina de Juristas -CAJ, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alejandro Toledo, vicepresidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH).
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Open Society Institute (vinculada a George Soros), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Fundación Ford, Fundación Kellog, Instituto Republicano Internacional (IRI), entre otras.
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL):
Con 26 años de vida institucional, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América Latina. A través de Justicia Viva realiza seguimiento a instituciones militares, al Tribunal Constitucional, al Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros.
PRINCIPALES DIRECTIVOS:
Ernesto de la Jara Basombrío, Carlos Rivera Paz, Glatzer Tuesta Altamirano.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Fundación Ford, The Tinker Foundation Incorporated, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Open Society Institute, entre otras.
COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (CAJ):
Asociación civil fundada hace 25 años para contribuir en la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. Participa en las cumbres de las Américas a través de las diversas actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con la OEA guarda relaciones de cooperación de tipo general. Desde 1987 cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.
PRINCIPALES DIRECTIVOS:
Diego García Sayán, Enrique Bernales (vinculado también a Pro Ética).
LOS PERSONAJES
CECILIA BLONDET
Directora ejecutiva del Consorcio Pro Ética, representante del gobierno de Alberto Fujimori en la VI Reunión Regional para la Integración de la Mujer-Preparatoria de la cumbre de Beijing (Mar del Plata, marzo, 1995), miembro del consejo directivo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Ex ministra de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano del gobierno de Alejandro Toledo, miembro del board de asesores del Open Society Institute, de George Soros, miembro del consejo directivo de Transparencia. Consultora de Usaid, de Telefónica del Perú y del grupo minero Hochschild.
HANS LANDOLT PARDO
Fue directivo del IDL y USAID le financió el programa por cable “Sin rodeos”. Es un ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), liderado por Manuel Dammert y Santiago Pedraglio (también vinculado hoy a Pro Ética). Esposo de Sofía Macher, ex directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDH.
PABLO ROJAS ROJAS
Vinculado a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ex militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los grupos seguidores del guerrillero Luis de la Puente Uceda, en el que también militó en su juventud Diego García Sayán, hoy directivo de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
RODOLFO ALBÁN
Experto en gestión pública, de la Comisión Andina de Juristas, CAJ.
Fuente: Diario El Comercio.