¡BASTA DE CORRUPCIÓN!

MARIO ALVA MATTEUCCI

La investigación relacionada con la corrupción de funcionarios públicos y empresas, llevadas a cabo en Brasil en el caso Lava Jato tiene varios años, pero en los últimos tiempos ha tomado protagonismo, sobre todo a raíz de las confesiones de varios funcionarios de la empresa Odebrecht ante la justicia norteamericana, además de la información proporcionada por otros países como Suiza.

Por lo que se observa, la corrupción y el avance de la misma no sólo ocurrió en Brasil sino que se trasladó hacia otros países donde las empresas brasileras operaron, entre ellas el Perú. Prueba de ello son los grandes proyectos como la carretera interoceánica, las concesiones viales, hidroeléctricas, el esperado Proyecto Olmos, el tren eléctrico de Lima y el Gasoducto Sur Peruano (que actualmente está en vías de concesionarse con otras empresas).

La presencia de las empresas brasileras no solo fue en grandes obras nacionales sino también algunos de carácter regional o hasta local. En algunos de estos proyectos existía un presupuesto inicial pero por una cuestión de aprobación de varias adendas a los contratos originales, extrañas prórrogas y evitarse ciertos controles presupuestarios, terminaron por costar varias veces su valor inicial, con cierta anuencia de los gobiernos de turno en las fechas que se ejecutaron, toda vez que se dieron “facilidades” para que determinadas empresas sean las que “resulten ganadoras” de los concursos públicos, hasta con la posibilidad de ser el único postor.

En el Perú recién se están conociendo informaciones que provienen de las delaciones en Brasil y que generan un real terremoto en el campo político. Por ello, es importante que el Ministerio Público continúe con las investigaciones coordinadas con los fiscales de Brasil y logre descubrir más información relevante.

La delación premiada a la que se han sometido varios funcionarios de la empresa Odebrecht en Brasil determina que por un lado exista un investigado, acusado o condenado y por la otra parte el Estado. En este acuerdo existe una confesión que tiene relevancia en materia de investigación criminal, con la finalidad que se reduzca la pena privativa de la libertad en menos años. Para que se produzca ello se requiere que exista datos relacionados al modus operandi, la estructura criminal, los autores del delito, además de las pruebas incriminatorias.

Todo ello debe ser contrastado con la investigación que se debe llevar a cabo y posteriormente para que la delación premiada se perfeccione, se requiere que el juez evalúe lo indicado anteriormente y si todo lo pactado realmente fue cumplido. Solo así la delación premiada tendrá eficacia y permitirá la reducción de pena. En el Perú sucede algo parecido con la confesión eficaz, la cual se encuentra reglamentada en los artículos 472 y siguientes del Código Penal.

Por ello, en el Perú estamos atentos a la información que proviene de Brasil para poder contrastarla con la existente en poder de los fiscales, realizar el cruce respectivo e iniciar la investigación criminal que el caso requiera, hasta lograr la prisión de aquellas personas que en su afán de lucro individual perjudicaron al país, arruinaron la confianza en la inversión, destruyeron valores, corrompieron a funcionarios, e hicieron que la coima o la prebenda económica sea la regla para poder lograr beneficios en obras de infraestructura, sin importar que otro postor que si cumplía todas las reglas fuera descalificado.

Debemos desterrar de nuestro país la cultura de la coima o prebenda económica. Se debe castigar tanto al que ofrece la coima como al que la exige. Estamos hartos de noticias relacionadas con la corrupción.

Imaginar al Perú sin corrupción quizás sea un sueño, pero hay que poner todo de nuestra parte para que el mismo se convierta en realidad, por nuestro bien y el de nuestras futuras generaciones.