JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA: GRADUALIDAD DE MULTAS ADUANERAS REQUIERE ACREDITAR PAGO DE DEUDA (TRIBUTOS)

El día 1º de febrero del presente año, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00655-A-2019. En dicha resolución, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se ha pronunciado respecto al acogimiento simultáneo de una multa al “régimen de incentivos para el pago de multas” y al “régimen de gradualidad” para la aplicación de sanciones aduaneras, solicitados por un agente de aduana mediante dos expedientes que fueron declarados improcedentes por la Administración Aduanera (SUNAT).

El régimen de incentivos para el pago de las multas, permite que los operadores de comercio exterior puedan solicitar a la Administración Aduanera la rebaja de las multas por las infracciones administrativas y/o tributarias aduaneras que hubieran cometido, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley General de Aduanas – LGA, aprobada por decreto legislativo Nº 1053 (artículos 200 a 203).

Por su parte, el régimen de gradualidad para la aplicación de sanciones aduaneras se encuentra establecido por la LGA, aunque se otorga a la SUNAT las facultades para normar la forma y condiciones para su acogimiento (LGA, artículo 204, vigente en la fecha de la controversia). Cabe señalar que las sanciones aduaneras aplicables son las multas, comiso de mercancías, suspensión, cancelación o inhabilitación para ejercer actividades (LGA, artículo 189). En ese sentido, la SUNAT ha regulado el régimen de gradualidad en más de una norma, estableciendo las infracciones y sanciones, los requisitos y criterios aplicables, así como los operadores que pueden acogerse. Una de estas normas es la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 473-2012/SUNAT/A, la cual contempla la gradualidad de la multa por la infracción de incorrecta asignación de la subpartida nacional, cometida por los agentes de aduana.

En esa línea, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado analizando sobre los alcances de ambos regímenes:

• En el caso de la solicitud de acogimiento régimen de incentivos, el Tribunal confirma su improcedencia dado que la multa ya había sido reclamada anteriormente y fue resuelta en forma desfavorable, estando por ello impedida para acogerse conforme a lo dispuesto por el artículo 201 de la LGA.
• En el caso de la solicitud de acogimiento al régimen de gradualidad, el Tribunal entiende que no puede confundirse dicho régimen con el de incentivos y menos sobreponerse (como pretendía la recurrente), considerando generan requisitos y beneficios diferentes; y que “(…) el régimen de incentivos se trata de un régimen general, en comparación con el régimen de gradualidad que se trata de un régimen especial pues está dirigido a ciertos operadores”.

Cabe señalar que según lo dispuesto por el artículo 154 del Código Tributario, las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias, las emitidas aplicando la jerarquía normativa, así como las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.

En tal sentido, el criterio de observancia obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal y que no podrá ser impugnado judicialmente por la SUNAT, es el siguiente:

“A efecto de acogerse al régimen de gradualidad, deben cumplirse los criterios de gradualidad previstos por la Resolución de Superintendencia N° 473-2012/SUNAT/A. En tal sentido, los despachadores de aduanas son responsables de acreditar el pago de la deuda y el pago de la multa y la subsanación de la obligación incumplida.”

Se adjunta la RTF 00665-A-2019 en el siguiente enlace:

RTF 665 A 2019 Gradualidad

COMENTARIOS:

1) Las recientes modificaciones a la LGA realizadas mediante el decreto legislativo 1433, han eliminado el régimen de incentivos para el pago de multas, eliminación que será aplicable cuando entre en vigencia las modificaciones al Reglamento de la LGA.

2) A raíz de las modificaciones del citado decreto legislativo, régimen de gradualidad en el artículo 195 de la LGA de la siguiente manera: “Las sanciones establecidas en la Tabla de Sanciones pueden sujetarse a criterios de gradualidad, en la forma y condiciones que establezca la Administración Aduanera”.

3) El régimen de gradualidad, se encuentra regulado por la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico Nº 002-2015-SUNAT/500000, cuyos alcances comentamos en su oportunidad http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelsolis/2015/06/07/nuevo-regimen-de-gradualidad-para-las-multas-aduaneras-2015-2016/.  Dicha norma también contempla como criterio aplicable a la acreditación del pago de la deuda (tributos) y el pago de la multa.

4) El criterio establecido por la SUNAT y validado por la RTF 00665-A-2019, al decir que los despachadores de aduanas deben acreditar el pago de los tributos, es un mecanismo obliga en la práctica a que ellos: o bien tengan que requerir al importador para que pague los tributos diferenciales, o bien tengan que pagar dichos tributos. En ese sentido, dicho criterio excede y vulnera los alcances de la LGA porque “encarga” a los despachadores una función legal de la SUNAT en el caso del requerimiento, y lo que es peor, los conmina a cumplir una obligación legal del importador. De lo contrario, los despachadores no podrán acogerse al régimen de gradualidad, mermando la finalidad de acogerse a dicho régimen creado justamente para evitar los sobrecostos y recargas procesales que generan las impugnaciones en la vía administrativa. En consecuencia y a propósito de las reformas que se vienen dando, consideramos indispensable que la SUNAT elimine este criterio para evitar los gastos que se viene ocasionando al propio Estado.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

El día de hoy en el diario oficial “El Peruano”, se publicó la Resolución del Tribunal Fiscal 10588-A-2018, mediante el cual la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se pronunció sobre un caso en el cual la Administración Aduanera, en una fiscalización posterior, cuestionó el acogimiento de un exportador al régimen de drawback tramitadas en un total de diez solicitudes de restitución simplificada de derechos arancelarios, sancionándolo con multa y ordenando el reembolso del monto restituido materia del drawback.

Como se sabe, el Drawback es el régimen aduanero que permite obtener la restitución de los derechos arancelarios pagados en la importación de materias primas que fueron utilizadas para producir las mercancías que fueron exportadas. En ese sentido, los beneficiarios del Drawback son las empresas productoras-exportadoras, cuyo costo de producción se incrementó por los derechos arancelarios aplicados en la importación de las materias primas, insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados o consumidos en la producción de la mercancía exportada, considerando los requisitos y condiciones legalmente establecidos para dicho Régimen.

Cabe señalar que el artículo 154 del Código Tributario establece que las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias, las emitidas aplicando la jerarquía normativa, así como las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.

En el caso resuelto, la SUNAT cuestionó el acogimiento aduciendo cuatro incidencias:

1) La recurrente no acreditó el costo de adquisición de las materias primas utilizadas en las mercancías exportadas.
2) La recurrente no acreditó la cancelación de las materias primas utilizando los medios de pagos establecidos en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley para la Lucha contra la Evasión y la Formalización de la Economía aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007-EF.
3) La recurrente no acreditó el Valor FOB declarado por no sustentar el pago del producto exportado utilizando los medios de pago establecidos en el Decreto Supremo N° 150-2007-EF.
4) La recurrente no acreditó la producción por encargo de las mercancías exportadas.

Los extremos de las incidencias 2 y 4 fueron confirmados por la resolución comentada. En el caso de la incidencia 3, ésta fue parcialmente revocada por el Tribunal Fiscal al apreciar que algunas solicitudes de restitución estaban amparadas en exportaciones cuyos pagos estaban sustentados en cheques bancarios, es decir, en uno de los medios de pago considerados por el Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y la Formalización de la Economía.

Respecto al costo de adquisición de las materias primas a que se refiere la incidencia 1) de la resolución comentada, el Tribunal Fiscal la revocó basándose en otra jurisprudencia obligatoria emitida a través de la RTF 08697-A-2016, en virtud de la cual “Cuando la declaración aduanera de la mercancía exportada que se acoge al régimen del drawback fue seleccionada a canal de control rojo y no hubieran incidencias en dicha diligencia respecto al uso de la materia prima nacional con la que se habría producido la mercancía exportada, no procede que en una fiscalización posterior la Administración Aduanera cuestione este aspecto, siempre que en ésta no se cuestione el traslado de las mercancías exportadas desde su local de producción hasta la zona primaria previa a su exportación. En cambio, si la declaración aduanera de la mercancía exportada fue seleccionada a canal de control naranja, sí procederá dicho cuestionamiento.”; sobre la cual hemos comentado en una publicación anterior.

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA: DRAWBACK

En tal sentido, nuevo el criterio de observancia obligatoria en la Resolución del Tribunal Fiscal Nª 10588-A-2018 y que no podrá ser impugnada judicialmente por la SUNAT, es el siguiente:

“No constituye un requisito para acogerse al régimen del drawback el pago por la compra de materia prima, insumos importados o por la prestación de servicios de producción dado que los bienes o servicios podrían haberse obtenido en virtud de contratos que no impliquen un pago o, existiendo la obligación de hacerlo, que éste no se haya efectuado, situaciones en las que no se pierde el mencionado régimen. Sin embargo, cuando se efectúa el pago por dichos bienes o servicios es necesario que se realicen utilizando los medios de pagos previstos en la Ley para la Lucha contra la Evasión y la Formalización de la Economía, Ley N° 28194, de lo contrario, se pierde el derecho de acogerse al citado régimen”.

De esa manera, el Tribunal Fiscal amplia los efectos legales que tiene el reconocimiento físico de las mercancías en el régimen del drawback, siendo responsabilidad de los funcionarios aduaneros realizar cuidadosamente dicha diligencia, sin dejar de emplear las técnicas de gestión de riesgos necesarias para evitar que los despachos y embarques se vean afectados por demoras injustificadas que encarezcan las operaciones de comercio exterior.

Observación
Un criterio preocupante es el referido a la cancelación del producto exportado a través de los medios de pago establecidos por el TUO de la Ley para la Lucha contra la Evasión y la Formalización de la Economía. Aunque este criterio no haya sido considerado como jurisprudencia de observancia obligatoria, somos de una opinión que excede los alcances jurídicos establecidos por el citado TUO, debido a que el tercer párrafo del artículo 3 señala expresamente que “los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior también podrán cancelar sus obligaciones con personas (…) no domiciliadas, con otros medios de pago (…)”.
Ahora bien, es sabido que en el comercio exterior y, en especial, en una compraventa internacional de mercancías, los obligados a pagar a las personas no domiciliadas no son los exportadores, sino los importadores en su condición de compradores. En esa línea, la obligación de pago a cargo del comprador está contemplada en el artículo 53º de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías, tratado internacional ratificado por el Perú mediante el Decreto Supremo Nº 011-99-RE.
Si bien en la resolución comentada se invoca el artículo 8 del TUO señala que los pagos efectuados sin utilizar medios de pago no darán derecho al drawback, el ratio legis de la norma hace referencia a las obligaciones de pago que corresponda al exportador, por ejemplo, el pago a sus proveedores. No corresponde entonces extralimitar los alcances previstos por el TUO aprobado por Decreto Supremo 150-2007-EF.
En consecuencia, resulta necesario reformar este criterio respetando los tratados internacionales suscritos por el Perú y sobretodo, adecuarlo a la naturaleza jurídica de la obligación de pago a cargo del comprador.

Se adjunta la RTF 10588-A-2018 en el siguiente enlace: RTF 10588 A 2018 Drawback

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA: REGULARIZACIÓN DE LAS IMPORTACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA AMAZONIA

El día de ayer, 13 de enero (coincidiendo con mi onomástico), se publicó en el diario oficial “El Peruano” la RTF 10007-A-2018. En dicha resolución, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se ha pronunciado con respecto al plazo para solicitar la regularización del despacho aduanero de importación de las mercancías, cuyo destino final es la Amazonía y se hayan acogido a los beneficios tributarios que tiene dicha zona.

Con respecto a los beneficios tributarios aplicables a esta importaciones a estas mercancías, éstos son principalmente dos: i) La exoneración del pago de derechos arancelarios amparados en el Convenio de Cooperación Peruano – Colombiano (PECO); y ii) La exoneración del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (IPM).

Según lo dispuesto por el artículo 154 del Código Tributario, las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias, las emitidas aplicando la jerarquía normativa, así como las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.

En tal sentido, el criterio de observancia obligatoria contenidas en la Resolución del Tribunal Fiscal y que no podrá ser impugnado judicialmente por la SUNAT, es el siguiente:

“La solicitud de regularización de la importación de las mercancías que se acogen a los beneficios contemplados en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano y de la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe ser presentada a la Aduana de destino dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de la carta fianza bancaria o financiera que garantiza los tributos correspondientes a la importación”.

NOTA: Cabe precisar que, a partir del año 2020, las exoneraciones del IGV y del IPM aplicables a la importación de bienes al consumo destinados a la Amazonía, quedarán sin efecto, según lo dispuesto por la Ley 30896, publicada el 28 de diciembre de 2018.

Se adjunta la RTF 10007-A-2018

RTF 2018 A 10007 PECO obligatoria

Sanciones se aplicarán a partir del 31 de diciembre de 2018

Continuando las reformas normativas, mediante el Decreto Supremo N° 335-2018-EF, publicado hoy en el diario oficial “El Peruano”, se aprobó modificar la Tabla de Sanciones Aduaneras, aprobada por el Decreto Supremo Nº 031-2009-EF. En las modificaciones, se incorporan el monto de las multas aplicables a los dueños, consignatarios y consignantes de las mercancías, así como a los denominados “terceros”.

1. Multa aplicable los dueños, consignatarios y consignantes de las mercancías

Al respecto, el artículo 189° de la Ley General de Aduanas (LGA), establece que la Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en dicha Ley, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo.

Si bien la LGA referencia expresa a las infracciones aduaneras, ocurre que mediante el Decreto Legislativo N° 1388 se modificó el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007-EF.

En dicho TUO, se dispone que la compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo cuyo valor FOB es superior a S/ 7,000 o US$ 2,000, se debe pagar utilizando los Medios de Pago previstos en dicho TUO, tales como:
a) Depósitos en cuenta.
b) Giros.
c) Transferencia de fondos.
d) Órdenes de pago.
e) Tarjetas de débito expedidas en el país.
f) Tarjetas de crédito expedidas.
g) Cheques.
h) Remesas.
i) Cartas de crédito.

Cuando se evidencie la no utilización de medios de pago con anterioridad al levante, a opción del importador, procede el reembarque de la mercancía o la continuación del despacho previo pago de una multa cuyo monto será determinado en la Tabla de Sanciones Aduaneras, la cual será aplicada cuando se evidencie la no utilización de Medios de Pago con posterioridad al levante. Según lo establece la Tabla modificada, dicha multa será equivalente al 30% del valor FOB declarado de la mercancía.

2. Multa aplicable a los terceros

Entre las infracciones aduaneras tipificadas, mediante el Decreto Legislativo N° 1344 que modificó la LGA, se han incluido aquellas infracciones aplicables a los denominados “terceros”. Considerando que la Ley General de Aduanas no define quienes son los “terceros”, podríamos interpretar que se tratan de aquellas personas que no participan como “operador de comercio exterior” o como “operador interviniente”, definidos en los artículos 15° y 16° de la LGA, respectivamente, por consiguiente:

• El “operador de comercio exterior” es aquella persona natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera.
• Los “operadores intervinientes” el importador, exportador, beneficiario de los regímenes aduaneros, pasajero, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales, operador de base fija, laboratorio, proveedor de precinto, y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite aduanero, o en una operación relacionada a aquellos, que no sea operador de comercio exterior.

En ese sentido, el artículo 199 de la LGA establece que son infracciones aduaneras que cometen los terceros, según corresponda:

a) No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa, sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, según corresponda.
b) No comparecer ante la autoridad aduanera cuando sea requerido.

En ambos casos y según lo establece la Tabla modificada, la multa aplicada será equivalente al 0.5 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Cabe señalar que según el Decreto Supremo Nª 298-2018-EF el valor de UIT durante el año 2019 es de S/ 4,200.

Finalmente, acompañamos el Decreto Supremo N° 335-2018-EF que contiene los montos de las multas incorporadas en la Tabla de Sanciones Aduaneras.

Tabla de Sanciones modificado 2018

¡¡¡Que pasen unas felices fiestas!!!

TRIBUNAL FISCAL EMITE JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

El día 11 de febrero del año 2018, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución del Tribunal Fiscal 00720-A-2018, mediante el cual la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se pronunció respecto a los medios probatorios suficientes que el importador ofrecerá a la Aduana, para poder sustentar que el valor declarado de su mercancía corresponde al valor de transacción, es decir, al precio realmente pagado o por pagar, conforme a las normas de valoración aduanera.

En estos casos, ocurre que en durante el despacho de importación, la Aduana cuestiona el valor declarado de una mercancía por considerar que existen precios mayores de mercancías idénticas o similares a la declarada, por lo cual requiere al importador sustentar dicho valor o, en su defecto, pagar los tributos generados por el ajuste de valor.

Como señalamos en los comentarios acerca de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10750-A-2017 publicado en el blog, en caso que el importador se autoliquide para pagar dichos tributos y evitar demoras en el despacho aduanero de su mercancía, podrá dentro del plazo de 4 años posteriores solicitar la devolución de estos tributos mediante un escrito debidamente sustentado, conforme a las normas de valoración aduanera y al procedimiento de devolución por pagos indebidos o en exceso.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelsolis/2018/01/04/jurisprudencia-obligatoria-sobre-devolucion-de-tributos-aduaneros-generados-por-ajustes-de-valor/

Cuando el importador no decide autoliquidarse, la Aduana procede a formalizar su cuestionamiento a través del procedimiento de duda razonable. En dicho procedimiento, la Aduana otorga un plazo de 5 días (prorrogables por un mismo plazo) para que el importador pueda sustentar el valor declarado y deposite una garantía (emitiendo la “orden  de depósito en garantía”) por la diferencia de tributos que se hubieran generado (según criterio de la Aduana).

En caso que el importador no este conforme con la Aduana, independientemente que proceda a abonar el monto consignado en la “orden de depósito en garantía”, deberá sustentar el valor declarando presentando todos los medios probatorios que sean suficientes para acreditar que el valor declarado corresponde al valor de transacción, es decir, los documentos comerciales, financieros y contables en los cuales puedan verificarse la existencia de la transacción comercial vinculada a la mercancía importada.

Al respecto, comentamos acerca de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 7798-A-2016, que el Tribunal Fiscal ha señalado que la Aduana debe cumplir las disposiciones contempladas en el Acuerdo del Valor en Aduanas de la Organización Mundial de Comercio y en las normas de valoración establecidas por la Comunidad Andina, debiendo aceptar el valor declarado de las mercancías, en aplicación del primer método “valor de transacción”, si el importador cumple con sustentar dicho valor a través de los documentos comerciales, financieros y contables de su transacción comercial.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelsolis/2016/09/13/rtf-7798-a-2016-valoracion-aduanera-jurisprudencia-de-observancia-obligatoria/

Sin embargo, cabe resaltar que corresponde al importador presentar todos los medios probatorios que permitan sustentar el valor declarado, durante el plazo otorgado en el procedimiento de duda razonable, salvo que existan algunos generados posteriores por razones ajenas a su voluntad o que no se hubiera generado dicho procedimiento.

En el caso materia de la controversia sobre el cual se emitió la Resolución comentada, se entiende que los medios probatorios que presentó el importador correspondían no una, sino a varias facturas comerciales, por lo cual el Tribunal Fiscal señaló que resulta necesario presentar todas las facturas restantes en su oportunidad, lo cual no había ocurrido en este caso según los considerandos de la Resolución.

En consecuencia, el criterio de observancia obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal y que no podrán ser impugnadas judicialmente por la SUNAT, es el siguiente:

“Cuando se presentan como prueba del pago de la factura de la mercancía importada, transferencias bancarias con las que también se pagaron otras facturas, para que se puedan comprobar que dichas transferencias comprenden la cancelación de la factura comercial en controversia, es necesario que el administrado (o sea, el importador) presente o detalle, en calidad de medio probatorio, todas las facturas mencionadas en las referidas transferencias, así como todos los medios probatorios relacionados a estas.”

Se adjunta la RTF 00720-A-2018 en el siguiente enlace:

RTF 720 A 2018 Valor Factura Obligatoria

NO PROCEDE QUE LA ADUANA EXIJA AL IMPORTADOR EN LA DEVOLUCION SOLICITADA QUE TRAMITE ANTES LA RECTIFICACION DEL VALOR LA DECLARACION ADUANERA

El último día del año 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se publicó la Resolución del Tribunal Fiscal 10750-A-2017, mediante el cual la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se pronunció respecto a las solicitudes de devolución de los tributos pagados y generados por los ajustes de valor en la declaración aduanera de mercancías, efectuados por la Administración Aduanera.

En estos casos, ocurre que en durante el despacho de importación, la Aduana cuestiona el valor declarado de una mercancía por considerar que existen precios mayores de mercancías idénticas o similares a la declarada, dando inicio al procedimiento de duda razonable.

En dicho procedimiento, la Aduana requiere al importador sustentar dicho valor o, en su defecto, pagar los tributos generados por el ajuste de valor. En caso que el importador se autoliquide para pagar dichos tributos y evitar demoras en el despacho aduanero de su mercancía, podrá dentro del plazo de 4 años posteriores solicitar la devolución de estos tributos mediante un escrito debidamente sustentado, conforme a las normas de valoración aduanera y al procedimiento de devolución por pagos indebidos o en exceso.

Sin embargo, la Aduana no admitía la devolución al importador porque señalaba que antes debía tramitar una solicitud para rectificar el valor en la declaración, es decir, le exigía seguir un procedimiento no previsto por las normas de valoración aduanera que amparan la devolución y que tiene una regulación particular, donde la Aduana debía evaluar y decidir si aceptaba la rectificación.

La Aduana justificaba la exigencia del procedimiento de rectificación en sus Informes N° 143-2015-SUNAT/5D1000 y N° 080-2017-SUNAT/5D1000. Sin embargo, este acto resulta insólito porque en un procedimiento donde el importador solicita la devolución, la Aduana también debía evaluar y decidir si aceptaba la existencia de un pago indebido o en exceso, generado en este caso por un ajuste de valor de la mercancía importada.

Por tal motivo, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal ha emitido la RTF 10750-A-2017 mediante la cual declara nula la exigencia del procedimiento de rectificación cuando se solicita la devolución de los tributos autoliquidados con motivo de ajuste de valor. Cabe señalar que el artículo 154 del Código Tributario establece que las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias, las emitidas aplicando la jerarquía normativa, así como las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.

En tal sentido, el criterio de observancia obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal y que no podrán ser impugnadas judicialmente por la SUNAT, es el siguiente:

“La solicitud de devolución de tributos lleva implícita una solicitud de rectificación de la declaración aduanera, proceso en el cual se pondría en conocimiento del importador las observaciones que deberá absolver a fin de determinar el valor en aduana de la mercancía importada, por lo que no corresponde que se exija como requisito de admisibilidad de dicha solicitud, que previamente se haya solicitado y obtenido la rectificación de la declaración aduanera.”

 Se adjunta la RTF 10750-A-2017 en el siguiente enlace:

RTF 10750 A 2017 DEVOLUCION VALOR

NUEVA LEY DE EXPORTACION DE SERVICIOS

El día 17 de agosto del presente año, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley 30641, “Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo”, mediante la cual se modificaron los artículos 33 y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley de IGV e ISC, los cuales regulan el tratamiento tributario del IGV aplicable a las exportaciones de servicios, operaciones inafectas a dicho impuesto y por las cuales corresponde acogerse al “saldo a favor del exportador”, mecanismo que permite a los exportadores compensar los costos tributarios incurridos en las adquisiciones de bienes y servicios destinados al desarrollo de sus actividades exportadoras.

Dentro de las principales reformas contenidas en la Ley, podemos destacar la eliminación del Apéndice V del TUO de la Ley del IGV, el cual contenía listado de tan solo 20 operaciones de servicios que podían ser consideradas como exportación, limitación legal que colocaba al país en desventaja en comparación con otros países como Chile, México y Colombia, miembros de la Alianza del Pacífico que promueve el comercio exterior de servicios, especialmente cuando la Organización Mundial de Comercio permite la exportación de más de 150 operaciones de servicios tales como los comerciales, logísticos, financieros, profesionales, educativos, científicos y turísticos.

De esa manera, los servicios señalados podrán ser considerados exportaciones siempre que acrediten ser operaciones transfronterizas, es decir, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso desde el país hacia el exterior, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.

c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.

d) El uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero. Para tal efecto, se evaluará en cada contrato de servicios las cláusulas estipuladas respecto del lugar donde se lleva a cabo el primer acto de disposición del servicio, entendido como el beneficio económico inmediato que genera dicho servicio al usuario no domiciliado.

Adicionalmente, el exportador de servicios deberá estar inscrito en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.

Otro cambio efectuado por la Ley, recae en el tiempo de permanencia mínimo del turista extranjero en nuestro país, de 5 a 2 días calendario, a fin de poder solicitar la devolución del IGV que éste pagó al comprar bienes o utilizar servicios en el país, devolución conocida como el “tax free”.

Esperamos que la SUNAT implemente el Registro de Exportadores antes del mes de setiembre, cuando haya entrado en vigencia la Ley de Exportación de Servicios. Caso contrario, se corre el riesgo de que las exportaciones de servicios dejen ser reconocidas tributariamente, impactando seriamente a las empresas dedicadas a estas actividades.

Se adjunta la Ley 30641 en el siguiente enlace:Ley de Exportación de Servicios

APRUEBAN LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL FRACCIONAMIENTO ESPECIAL – FRAES

El plazo para acogerse al FRAES vence el 31 de julio de 2017.

El día de hoy se ha publicado en el diario oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia N° 098-2017/SUNAT, mediante la cual se aprobaron las normas que regulan la forma y condiciones para la presentación de la Solicitud de acogimiento al Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias – FRAES.

Con esta norma, se complementa el marco normativo que regula la Ley del Fraccionamiento Especial de Deuda Tributarias FRAES, aprobada por Decreto Legislativo 1257, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 048-2017-EF, publicados el 8 de diciembre de 2016 y el 10 de marzo de 2017, respectivamente.

En el ámbito aduanero, pueden acogerse al FRAES las deudas pendientes de pago contenidas en las resoluciones de determinación y de multa, las liquidaciones de cobranza o liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras, emitidas por la SUNAT y que contengan deudas actualizadas hasta la fecha de aprobación de la solicitud de acogimiento. Todas estas son consideradas deuda materia del FRAES.

Los principales beneficios que contempla el FRAES son los siguientes:

• La extinción de las deudas tributarias pendientes de pago, inclusive las multas y las deudas contenidas en liquidaciones de cobranza y liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras, siempre que la deuda tributaria actualizada al 30 de setiembre del año 2016 sea menor a S/ 3,950. Cuando la deuda se haya determinado en dólares americanos, como generalmente ocurre en el ámbito aduanero, se aplicará el tipo de cambio equivalente a S/. 3.403 a fin de establecer si el monto calculado sea menor a S/. 3,950.

• El Bono de Descuento aplicable sobre los intereses y las multas contenidos en la deuda materia del FRAES, considerando la extinción prevista en el beneficio anterior. Este Bono de Descuento será determinado en función del rango de la totalidad de deudas tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT, actualizados al 30 de setiembre de 2016, aun cuando no todas las deudas sean materia de la solicitud de acogimiento. Los porcentajes establecidos para aplicar el Bono de Descuento son los siguientes:

Para tal efecto, los contribuyentes deberán cumplir todas las condiciones y requisitos establecidos por las normas que regulan el FRAES.

Se adjuntan las normas que regulan el Fraccionamiento Especial FRAES.

Decreto Legislativo 1257 FRAES

Reglamento FRAES

Resolucion SUNAT FRAES

PUBLICAN EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

El Acuerdo entró en vigor el 22 de febrero de 2017

El día de hoy se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, dentro del Protocolo de Enmienda Anexo 1 A del Acuerdo de Marrackech, por el cual se estableció la Organización Mundial de Comercio.

Las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, agrupadas en 3 secciones, contemplan una serie de medidas destinadas a simplificar los procedimientos aduaneros, así como a establecer trato especial entre los países miembros de la OMC más y menos desarrollados, conteniendo además disposiciones institucionales y finales.

Cabe precisar que algunas de las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Sección I, están incorporadas en los Acuerdos de Promoción Comercial o Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú con países como Estados Unidos, Canadá, China, Unión Europea, Japón, Alianza del Pacífico, entre otros. Por tal motivo, estas disposiciones ya se encuentran reguladas en nuestra legislación aduanera.

Finalmente, debemos señalar que el “Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio”, fue adoptado el 27 de noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza; y fue ratificado mediante Decreto Supremo Nº 044-2016-RE, del 06 de julio de 2016, puesto en ejecución mediante el Decreto Supremo No. 002-2017-MINCETUR, publicado el 23 de febrero de 2017, entrando en vigor el 22 de febrero de 2017.

Adjuntamos texto del Acuerdo

Enmienda Acuerdo OMC texto

MODIFICAN EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DE MERCADO EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

El 31 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo 1312 mediante el cual se modifica en la Ley del Impuesto a la Renta, Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias, el método utilizado para determinar el valor de mercado y aplicar dicho Impuesto.

Según lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta, se considera valor de mercado, para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y monto de las contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32-A de dicha Ley.

En ese sentido, la norma comentada modifica en el artículo 32-A, inciso e), numeral 1) de la Ley del Impuesto a la Renta, la definición del método del precio comparable no controlado, considerado uno de los métodos internacionales utilizados para considerar el valor de mercado. La modificación es la siguiente:

Se adjunta la norma comentada DLeg 1312 Impuesto Renta