Ese decreto que tienes conmigo

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
El día de la Canción Criolla es el 31 de octubre, pero ahora que tiene poderes sin medida ni clemencia, el gobierno debería aprovechar para cambiarlo al 30 de setiembre. Porque, al parecer, nada ha habido tan criollo últimamente como la forma en que se decretó en esa fecha la disolución del Congreso a partir de la tesis de la “denegación fáctica de la confianza”.
Abundar en los problemas lógicos que plantea esa –insistimos– pastrulada conceptual (que figurará para siempre en el glosario de la ignominia política nacional al lado de la “inflación neta” que acuñó la ineptitud económica del primer alanismo y la “interpretación auténtica” del fujimorismo re-reeleccionista) resultaría ocioso, pues solo provocaría una disputa por los pocos kimonos moqueguanos que todavía no tienen dueño; y está visto que lo que el país necesita en este momento es sosiego.
Nos enfocaremos ahora, por lo tanto, en un asunto que dejamos pendiente en nuestra columna de la semana pasada. A saber, el enigma de si el decreto supremo que dio origen al escenario actual contaba con aprobación del Consejo de Ministros y refrendo ministerial (que son dos cosas distintas) a la hora de ser anunciado.
Sobre la necesidad de que la referida aprobación fuese solicitada por el presidente, hay discrepancia entre los especialistas que hemos consultado: unos sostienen que, por la gravedad de la materia (la disolución de un poder del Estado por otro), pedirla y obtenerla era ineludible; y otros, que era conveniente pero no obligatoria. En lo que sí coinciden todos es en que, una vez demandada, la opinión del gabinete no podía ser ignorada. Y es aquí en donde el aporte del ministro Vicente Zeballos (originalmente titular de Justicia pero ahora ascendido a premier por sus méritos académicos) ha sido iluminador.
—‘Técnico-normativo’—
El jurisperito brotado de las aulas de la Universidad Garcilaso de la Vega, en efecto, ha revelado en una entrevista que, antes de decretarla, Vizcarra discutió la iniciativa de disolver el Congreso con sus ministros y que algunos de ellos –en particular el entonces jefe del gabinete, Salvador del Solar– plantearon observaciones al respecto. “Ha habido puntos de vista [sic], pero que de una u otra manera se dan cuando hay un intercambio de pareceres”, señaló. Para luego agregar: “Las observaciones fueron cuestiones de oportunidad; alguna observación de orden técnico-normativo”.
¿“Técnico-normativo” dijo? ¿No es ese precisamente el campo en el que surgen las dudas (que tormentosas crecen) sobre la constitucionalidad de la disolución vizcarrista del Parlamento?
En el mismo sentido, además, apuntan otras declaraciones ofrecidas por esos días a RPP por el ministro del Interior, Carlos Morán. “En base a la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República, él puso a consideración del gabinete [el cierre del Congreso]. Hubo algunas observaciones de carácter técnico-normativo, pero constructivas”, aseveró. Antes de redondear la faena con la audaz paradoja: “Hubo consenso, que es diferente de unanimidad”.
Queda claro, en consecuencia, que la aprobación del Consejo de Ministros fue solicitada. No tan claro, en cambio, que fuese otorgada. Aunque a lo mejor el presidente consideró que se la habían dado fácticamente…
En cualquier caso, el expremier Del Solar y los otros miembros del gabinete que plantearon las observaciones nos deben, a todos y todas, una explicación sobre la naturaleza de ellas y la relación que podrían guardar con sus eventuales renuncias para salvar su responsabilidad en una ruptura del orden constitucional como la que estaba a punto de producirse.
Lo cierto es que, con o sin aprobación del Consejo de Ministros, Vizcarra dirigió esa tarde un mensaje a la nación para ordenar una disolución del Congreso materializada en un decreto supremo que en ese momento no podía tener refrendo ministerial.
¿Cómo así podemos estar seguros de ello? Muy fácil: a esa hora Vicente Zeballos, que firmó el mencionado decreto supremo como presidente del Consejo de Ministros, todavía no había jurado el cargo.
No hay que descartar, sin embargo, la posibilidad de que el presidente entendiese que, fácticamente, ya había jurado.
—De lujo—
Todo sugeriría, en realidad, que estamos ante otro problemilla “técnico-normativo”. Pero, claro, el arúspice del derecho que ahora encabeza el equipo ministerial no va a darse por enterado, pues su vocación por hacerle el tundete a las criolladas de gabinete que, con golpe de cajón, alienta el mandatario es indoblegable. Con él, ese decreto dormirá escondido una eternidad.
No se puede negar, no obstante, que en la distribución de fajines ha habido esta vez un cierto lujo. Poner de regreso a su ‘causita’ Edmer Trujillo al frente de la cartera de Transportes después de los desaguisados que hace siete meses lo llevaron a la renuncia (más de 100 estaciones de buses sin condiciones de seguridad autorizadas durante su gestión; entre ellas, la de Fiori, donde murieron 17 personas en un incendio) es, por ejemplo, un lujo que Vizcarra solo ha podido darse porque no existe un Congreso que le pueda llamar la atención o interpelar al nuevo premier por tan temeraria elección.
El titular de Cultura, Francesco Petrozzi, por otra parte, parece haber encontrado en este lujoso contexto de contrapeso suprimido la oportunidad de oro para que las leyes “corran como por un tubo”, tal como soñaba cuando formaba parte de la mayoría parlamentaria fujimorista. De ahí, quizás, su reciente descubrimiento de que con el presidente “es muy fácil dialogar”.
Y no olvidemos al ya mentado ministro del Interior, Carlos Morán, que gracias al desahogo que le concede tener la situación de inseguridad en el país controlada, se permite ejercer de vocero político del gobierno y advertirles a los congresistas disueltos que “van a tener que buscar trabajo”.
Criollismo, como se ve, por todos lados, que ayer el presidente ha coronado al enredarse en una resbalosa que busca bloquearle a Pedro Olaechea la posibilidad de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Alguien va a tener que explicarle que a la Permanente no puede disolverla.

Vizcarra en sus “horas locas”

Por Sergio Tapia- www.cafeviena.pe
La fiesta democrática, como por algunos suelen llamar a los actos electorales, será próximamente una “hora loca” si se consuman las elecciones inconstitucionalmente convocadas por el expresidente Martín Vizcarra, quien aún ejerce la función de puro macho, alineándose el Perú tras la senda del gobierno tipo Maduro, que desbasta inmisericordemente al rico país petrolero de Venezuela.
Como ciudadano tomo nota del Pronunciamiento “En Defensa del Orden Democrático”, del 30 de setiembre, por el que el Defensor del Pueblo “considera su deber señalar lo siguiente: (…) 3. (…) el Presidente de la República ante la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional, tomó la decisión de disolver el Congreso de la República sobre la base de interpretar que se ha denegado en los hechos la cuestión de confianza solicitada respecto de su proyecto de ley presentado. En opinión de la Defensoría del Pueblo dicha interpretación se aleja de la Constitución”.
¿Cuál es la importancia de la Defensoría del Pueblo? Es el órgano autónomo de los poderes del estado, encargado de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la sociedad. Y, como supervisor del cumplimiento de los deberes del Presidente de la República, lo ha reprochado por haber disuelto el Congreso.
Ese Pronunciamiento del Defensor del Pueblo, es un jaque mate a la jugada política presidencial contra el Congreso. Pronunciamiento que hay que darle el crédito y la valorización jurídica y republicana que amerita. Y, como ciudadano debo recoger ese reproche al ex-presidente Vizcarra, para sostener con suficiente fundamento que el ingeniero Vizcarra ha incurrido en infracción constitucional.
Como abogado, leo la advertencia de la Decana del Colegio de Abogados de Lima, del 30 de setiembre, quien expresa que “3. Cerrar el Congreso de la República (…), constituiría el quiebre de nuestra democracia y acarrearía la responsabilidad del caso a sus impulsores”.
Y, observo que han llegado horas graves para nuestra República, pues, la Decana de los abogados de Lima expresa que la democracia ha sido rota con por la decisión presidencial de cerrar el Congreso. Lo que es sumamente grave, para el Estado de Derecho, para el sistema republicano y democrático de gobierno.
El ex-presidente Vizcarra ha hecho uso malévolo de su influencia ante los altos mandos de las FFAA, haciéndolos deliberar, de tal manera que el Pronunciamiento del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto y los tres institutos armados, quebranta el artículo 169 de la Constitución que no subordina a las FFAA al Presidente de la República, sino “al poder constitucional”. Por tanto, al emitir ese Pronunciamiento del 30 de setiembre, las altas autoridades de las FFAA han incurrido en infracción constitucional por desconocer el poder constitucional que reposa en el Congreso de la República.
En las fiestas la hora loca es la euforia. En estas “horas locas” que transita la Sociedad Peruana, no es extraña la invasión desenfrenada de las operaciones revolucionarias de las izquierdas marxistas, para copar el poder de la República. Son horas locas de exageración primitiva, de aquellas que sólo puede suscitar la tiranía política desenfrenada. Quedamos, las personas y la sociedad expuestos a las consecuencias del golpe de estado de modelo comunista gramsciano, en el que la política no se torna en guerra civil ni revoluciones violentas, sino en psicopolítica y en confrontación jurídica en sí misma considerada una nueva arma cultural.
Debemos los ciudadanos y los abogados, evitar la quiebra de la democracia y superar el alejamiento de la Constitución, promoviendo toda acción recta, justa y eficaz para obtener la derogatoria del Decreto Supremo N°165-2019-PCM que contiene tres decisiones deformadoras del modelo republicano de gobierno: (1) Cierra el Congreso, aunque se diga que es disolución; (2) Revoca el mandato parlamentario, y (3) Convoca a ilegítimas elecciones para un nuevo Parlamento, el domingo 26 de enero.

Edmer Trujillo, el hombre que nunca dejó el poder

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
La anterior gestión de Edmer Trujillo al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones terminó con una tragedia. Diecisiete personas murieron en el incendio de un bus en el popular terminal de Fiori. Poco después, El Comercio reveló que su gestión le dio autorización de funcionamiento a esta y otras 101 estaciones de buses sin óptimas condiciones de seguridad.
En el MTC señalaron que Trujillo se había concentrado en la ejecución de proyectos y descuidó las regulaciones. El ministro, quien integra el círculo cercano del presidente Martín Vizcarra, dejó el cargo a fines de abril de este año.
Ciento setenta y dos días estuvo fuera de esta cartera, pero se mantuvo cerca del poder hasta el día que volvió a asumir las riendas del sector tras la disolución del Congreso. Durante ese receso, mantuvo resguardo policial y una camioneta oficial registrada a nombre del MTC. El Comercio constató –a través de fotografías captadas el 25 y 26 de setiembre pasado– que Trujillo hizo uso de estos recursos.
De acuerdo al Decreto Supremo 004-2016-IN y a la Directiva 014-2016 de la policía, los exministros tienen derecho a mantener seguridad semiintegral hasta por seis meses después de dejar el cargo. Pero en mayo del 2018, el gobierno de Vizcarra emitió el Decreto de Urgencia 005-2018, que establecía como medida de austeridad que la asignación exclusiva de vehículos era solo para “uso oficial” de ministros y otros altos funcionarios. Esta medida fue replicada en el artículo 10 de la ley de presupuesto del 2019.
A raíz de esta norma, al menos tres exministros de Vizcarra, que prefieren no ser identificados, señalaron que en sus carteras interpretaron que no les correspondía el uso de vehículos oficiales al dejar el cargo, aunque sí seguridad personal. Carlos Bruce, quien fue titular de Vivienda, señaló que antes sí se otorgaba este beneficio, pero a él no se lo ofrecieron esta vez.
En cambio, el exministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes señala que el uso del vehículo sí es una atribución que se les da hasta por seis meses, pero “no es el mismo auto, es uno pequeño”. Trujillo no tuvo la misma interpretación.
En respuesta, Trujillo señaló que “la ley de presupuesto no deroga ningún dispositivo referido a funcionarios que no están en actividad”, por lo que actuó dentro de la legalidad.
—Brazo ejecutor—
Dos semanas después de dejar el MTC, el 15 de mayo, Trujillo fue nombrado miembro del Comité Especial en Inversión en Proyectos de Transportes y Telecomunicaciones de Pro Inversión. La decisión la tomó el consejo directivo, conformado por los ministros de Economía; Transportes y Comunicaciones; Vivienda y Saneamiento; Energía y Minas; y Producción.
Pero poco después Trujillo volvió a ser uno de los brazos operativos del presidente Vizcarra en un cargo estratégico. Fue contratado como asesor de la Oficina de Cumplimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros con el objetivo de dar seguimiento y ayudar a destrabar proyectos de inversión priorizados por el Ejecutivo.
El perfil que buscaban era el de un exministro –pues se tenía que reunir con funcionarios de alto nivel– relacionado a la construcción y que conociera el ciclo de los proyectos. Trujillo era, además, de plena confianza de Vizcarra. Fuentes de este Diario indicaron que se le asignó una oficina en el séptimo piso del edificio de la PCM en la Av. Larco, en Miraflores.
Para esta labor, primero fue contratado a través de una orden de servicio por S/32.000 emitida el 5 de julio de este año, según figura en los registros del OSCE. Sin embargo, sus funciones comenzaron antes.
El 21 de junio, Trujillo visitó a la ministra de Salud, Zulema Tomás, como representante del Despacho Presidencial. Volvió el 26 y el 28 de ese mes. En la última de estas, Trujillo se registró a nombre de la PCM.
En los meses siguientes, Trujillo fue contratado a través del fondo administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, según indicaron las fuentes. Por esta labor se le asignó otro pago de S/32,000. La información sobre este tipo de contrataciones es opaca, pues no figura en los portales del Estado.
Como prueba de que Trujillo desempeñó esta función hasta pocos días antes de su último nombramiento como titular del MTC, este Diario recopiló visitas que Trujillo hizo a Rocío Espino Goycochea, funcionaria de la Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción con Cambios del Ministerio de Salud, el 13 y 27 de setiembre. Se registró a nombre de la PCM.
Además, Trujillo acudía los martes a reuniones en el MTC, según indican fuentes de ese sector, pero sus visitas no figuran en el registro oficial de la entidad que ahora lidera.
El calendario público de reuniones de la dirección ejecutiva de Agro Rural también registra reuniones con Trujillo para ver temas de la reconstrucción. Coordinaba con los sectores de Vivienda y Construcción, y de Educación. Algunas veces se presentaba como asesor de la presidencia; en otras, de la PCM.
En conversación con este Diario, Trujillo confirmó que en el mes de julio asesoró a la PCM en temas de infraestructura, y luego a una unidad ejecutora de esta entidad para la gestión de proyectos.
Este trabajo no solo reforzó su vínculo con el presidente Vizcarra, sino con los brazos ejecutores de los ministerios.

Imposible disfrazar el golpe de Estado

Por Mariella Balbi- Político.pe
En el exterior ya se catalogó el golpe de Vizcarra como tal. Nadie en su sano juicio puede negarlo, menos cuando la pueril razón para realizarlo ha sido “la denegación fáctica” de la confianza por el Congreso, una figura jurídica que no existe. La Comisión de Venecia, aunque no vinculante, se pronunció por la necesaria independencia de poderes, remarcando que el Ejecutivo no puede imponer una reforma constitucional al Parlamento. Cuando el ‘Wall Street Journal’ (WSJ) publicó el titular: “Golpe de Estado en el Perú”, a Vizcarra y a su corte se les pararon los pelos de punta. Imposible controlar a uno de los diarios más influyentes del planeta. Vino una seguidilla de declaraciones ministeriales pretendiendo negarlo.
El ministro de Defensa, bien al ‘tintoreto’ como diría Luis Bedoya, dio una explicación ridícula: no hubo tanques en la calle, dijo. Olvidó mencionar que la Policía, lista negra en mano, negó el acceso al Congreso a los legítimamente elegidos. Usó la fuerza. Esta actitud dictatorial probablemente hizo que el ministro del Interior, de manera patanesca, mandara a los parlamentarios disueltos a buscar trabajo. Vizcarra se ha volcado al asambleísmo con gobernadores regionales y alcaldes (los llama el pueblo), soslayando que al finalizar el año la ejecución del gasto público es inferior al 50%. Un país parado, no puede responsabilizar al Congreso de su ineptitud. Típico de un dictador. Como también lo es decir que “Olaechea usurpa funciones” si firma como presidente del Congreso la demanda ante el Tribunal Constitucional. El ladrón, el golpista, llamando ladrón a otro. Vizcarra decide qué es legal y qué no, además de declarar con desfachatez que él asume -como si pudiera– la responsabilidad del golpe, contrariando la ley que señala que el cierre del Congreso debe ser firmado por el gabinete. Demostrando baja catadura moral, el Ejecutivo contrata de asesor para la cuestión de confianza a un acosador sexual, Gerardo Távara, ex Transparencia.
Esta institución tardó en denunciarlo pero en esos corrillos todos sabían de sus inconductas. La prensa adicta lo llevó a programas pre y post golpe como ‘gran’ analista. Las periodistas no se indignaron. Doble moral. El gobierno nos manda a interesarnos por las próximas elecciones que serán un tremando desmadre. Ante las críticas y dudas, el gobernante solo dice que “siempre habrá obstruccionistas”, eludiendo que la mayor evidencia de su dictadura es que los comicios se inician manteniendo en prisión, arbitrariamente, a la lideresa más importante de la oposición. El gobierno de facto se manejará a punta de decretos de urgencia, modificando leyes orgánicas. Nadie lo fiscalizará, la prensa adicta al régimen es comparsa del Ejecutivo. La mano de Odebrecht está detrás del golpe. Veremos si la justicia le ‘devuelve’ S/525 millones. Es clarísimo que este es un gobierno golpista. Afuera no se cree que los chanchos vuelan.

Vizcarra ‘posmoderno’

Por Martha Meier Miró-Quesada– Diario EXPRESO.
Martín Vizcarra torció la Constitución a su antojo para disolver el Congreso. Si cerrar el Poder Legislativo no es un Golpe de Estado, ¿qué vendría a ser? Vizcarra perpetró ese golpe para deshacerse de un poder compuesto por una amplia oposición democrática, incómoda y fiscalizadora. Si esto no lo convierte en dictador, qué es, ¿un dictablando? Si los comunistas, socialistas y caviares celebran el quiebre constitucional, ¿no será porque les permitirá traerse abajo el libre mercado? Si nos ceñimos estrictamente a la teoría del filósofo y politólogo estadounidense Gene Sharp estaríamos ante un golpe ‘suave’ o ‘blando’. En su libro “De la Dictadura a la Democracia”, Sharp menciona cinco pasos para provocar golpes blandos: ablandamiento; deslegitimación; calentamiento de calle; combinación de formas de lucha y fractura institucional. Paradójicamente los gestores del golpe Vizcarrista aplicaron eso para robarnos la democracia, le sumaron buena parte de la receta del manual castro-chavista y algo del posmodernismo, es decir un menjunje de ideas para hacerse del poder total.
El posmodernismo surgió como movimiento artístico, cultural, literario y filosófico en los años setenta del siglo pasado, reforzándose tras la destrucción del muro de Berlín y el fracaso de los regímenes comunistas de Europa del Este. “En la posmodernidad el individuo no se aferra a nada, no tiene verdades absolutas y sus opiniones experimentan rápidas modificaciones […] ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las personas en favor de actuar a modo de ideario colectivo como un proyecto histórico movilizador”, escribe Jesús Alexis González en la revista Analítica; y añade que la sociedad posmoderna ha mantenido durante medio siglo un “conflicto permanente con la razón, la racionalidad y las grandes ideologías políticas […] Al propio tiempo, la moral está igualmente fragmentada, y tras la pérdida de la fe en la verdad también se está desmembrando el criterio sobre el que se fundamenta la acción moral”. El vizcarrismo posmoderno simboliza, pues, la incoherencia y la renuncia a las ideas del progreso y la razón, de allí su estupidez esa de que “El crecimiento de un país no se basa solamente en la obra física, sino en los valores”, un desestimiento del progreso tangible. “Los nuevos políticos […] ya no creen en nada, sólo en mantener el poder para hacerse ricos [aunque deban] “, “aliarse con el diablo”, “abandonar las propias convicciones”, o “a los votantes”, escribió en 2006 Fernando Pérez Borbujo, en el diario español ‘Córdoba’.
Un ejemplo es el golpista Vizcarra aliado con los rojos, los rojos defendiendo a la corrupta Odebrecht. Nadie votó por Vizcarra y este recortar el periodo de los congresistas electos. Peligroso anticucho posmoderno con #BrisitaBolivariana.

La señal

Por Jorge Morelli– Diario EXPRESO.
El resultado de las elecciones en Bolivia en un semana, el próximo domingo 20 de octubre, va a tener un impacto decisivo en nuestras elecciones del 26 de enero.
Para Evo es crucial ganar en la primera vuelta, porque perdería la segunda. Evo ya tiene 60 años y lleva 14 en el poder. El impacto electoral entre los jóvenes -el 34% de la población- de los incendios forestales que se le escaparon de las manos al gobierno luego de la decisión política de autorizarlos por supuestas razones económicas, puede ser decisivo del resultado. Su desesperación, en todo caso, es por la mayoría parlamentaria que le sería esquiva a Evo, con las consecuencias que ya conocemos.
Es indispensable, sin embargo, ponernos igualmente en el escenario posible de la enésima reelección de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia hasta el 2025. La novedad es que, en las actuales circunstancias políticas peruanas, el efecto de una posible victoria electoral de Evo va a tener un efecto devastador en el voto del Sur del Perú en enero.
Es el “efecto aymara”, pero no es lo principal. El peligro del enemigo en las puertas del Perú viene de mucho más allá. Evo es aliado del Foro de Sao Paulo, de Caracas y de La Habana. Este es un plan geopolítico que abarca el siglo XXI.
Una semana después de las elecciones bolivianas, el 27 de octubre, tendrán lugar las elecciones argentinas, donde el favorito es el candidato del peronismo kirchnerista, el partido causante de 80 años de desastre económico de la Argentina. Desastre del que el pueblo hoy culpa al gobierno actual. Es un sainete mil veces repetido. Pero el resultado de las elecciones argentinas tendrá igualmente un impacto electoral en las peruanas y sumará a Buenos Aires al eje La Habana, Caracas, Sao Paulo.
La otra novedad es que Evo Morales viene de firmar en los últimos días con Vladímir Putin un paquete enorme de inversiones en infraestructura para Bolivia, que incluyen el litio, la energía atómica para su explotación, y el tren bioceánico de Sao Paulo a Ilo.
La construcción primero de una red local y de un gasoducto luego desde Bolivia a Ilo, en el plan Siete Regiones para abastecer de gas natural al Sur, pondría la llave de la energía de todo el Sur del Perú en manos de Evo.
La licitación aún está pendiente de la decisión de Proinversión, y la estatal de gas boliviana es uno de los dos postores del proyecto. Algún tiempo atrás circularon versiones de que el gasoducto lo construiría la estatal rusa Gazprom, la empresa gigante del gas que abastece a Europa.
De ganar el postor competidor -un consorcio del que es parte una gran empresa china- tendremos una señal, porque China y Rusia compiten por los recursos a nivel planetario. También por los del Sur del Perú. De ganar la licitación, en cambio, la estatal de gas boliviana, esa será la señal emblemática que definirá el rumbo político y el significado del gobierno de Martín Vizcarra.

Presidente Vizcarra abre caja de Pandora

Su disolución del Congreso no fue un golpe de Estado, pero podría desestabilizar al país.
En este siglo, el Perú se ha destacado de gran parte del resto de América Latina por dos razones. Primero, su economía ha crecido mucho más rápido gracias a políticas de libre mercado. Mientras que el 55% de la población era pobre en el 2001, hoy solo el 21% lo es. En segundo lugar, a pesar de este rápido progreso, las encuestas muestran que los peruanos extrañamente desprecian a sus políticos y su democracia. Aun así, se ha preservado la estabilidad política.
Ahora dicha estabilidad está bajo amenaza. En julio, el presidente Martín Vizcarra, inmerso en una lucha de poder con un Congreso controlado por la oposición, propuso celebrar elecciones generales (en las que no se presentaría) en abril del 2020, un año antes de lo previsto. Pero una comisión del Congreso rechazó esa idea. El 30 de setiembre, Vizcarra disolvió polémicamente el Congreso, convocando elecciones para un nuevo Parlamento en enero próximo.
Este no fue un golpe, como afirman los más encrespados opositores. Los tribunales y otras entidades del Estado funcionan con normalidad, al igual que los medios de comunicación y una Comisión Permanente del Congreso disuelto. La medida de Vizcarra fue muy popular. Muchos de sus opositores en el Congreso eran corruptos y servían intereses propios, además de ser obstructivos. Pero el hecho consumado del presidente es constitucionalmente cuestionable. Puede llegar a ser visto como el final de un periodo excepcional en el Perú.
El precario equilibrio político se puso en peligro por primera vez en las elecciones del 2016, ganadas con un margen de solo 41,000 votos (de 17 millones) por Pedro Pablo Kuczynski, un exbanquero. Su oponente, Keiko Fujimori, quien había ganado una mayoría parlamentaria, nunca aceptó la derrota. Aunque tenía pocas diferencias ideológicas con el Gobierno, Keiko se propuso derribarlo. Después de que Kuczynski se vio obligado a renunciar por acusaciones de corrupción, Vizcarra, el vicepresidente, asumió el cargo. Fujimori está en la cárcel, bajo investigación (aunque sin acusación) por haber recibido donaciones ilícitas de campaña de Odebrecht, una empresa constructora brasileña. Los seguidores de Keiko lo consideran un caso de injusticia partidaria.
Según la Constitución semiparlamentaria del Perú, el presidente puede disolver el Congreso si este niega dos veces la confianza en sus gabinetes (lo había hecho una vez con Kuczynski). El conflicto se des bordó cuando el Congreso ejerció su poder para elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional, al que está apelando Fujimori.
Confiando en una abierta interpretación de la Constitución, y en vista de que el Congreso aparentemente estaba a punto de someterlo a juicio político, Vizcarra decidió convertir el tema en una cuestión de confianza. “Todos jugaban al borde del abismo, con gran irresponsabilidad”, comenta Martín Tanaka, politólogo de la Universidad Católica en Lima. El Tribunal Constitucional podría decidir sobre las acciones de Vizcarra, pero es probable que tome al menos tres meses.
El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el Perú como un autócrata entre 1990 y el 2000. Erradicó la inflación y el movimiento terrorista Sendero Luminoso, pero dejó un legado de corrupción sistemática y un país políticamente dividido. El fujimorismo representa algo profundo en la sociedad peruana: el capitalismo popular, la economía informal y la idea de que las reglas deben ser manipuladas en lugar de respetadas. En parte, bajo su influencia, los partidos políticos han sido vaciados y convertidos en vehículos para intereses privados.
En lugar de trabajar con el Congreso, Vizcarra buscó popularidad al defender el antifujimorismo. Sus simpatizantes están jubilosos. Sin embargo, al no incluir candidaturas presidenciales, el nuevo Congreso podría resultar rebelde. Como parte de un intento el año pasado de reformar las instituciones políticas y judiciales a través de un referéndum, Vizcarra incrementó su popularidad con una prohibición de reelección consecutiva para congresistas. Lejos de resolver un problema, la medida creó uno. Los peruanos ya podían desechar la escoria, y a menudo lo hacían. La nueva norma privará al flamante Congreso de experiencia.
El milagro económico del Perú se estaba desvaneciendo de todos modos. Desde el 2013, el crecimiento se ha desacelerado bruscamente. Para recuperarse, necesita ayuda del Gobierno. Varios grandes proyectos de minería y riego están estancados. Vizcarra ha bloqueado una mina y ha demostrado ser un administrador mediocre. Ahora el riesgo es que la política dañe la economía.
No hay respuestas fáciles al conflicto de poderes del Perú. En la década de 1960, un enfrentamiento similar terminó con el derrocamiento del presidente por un golpe militar. Al menos, Perú hoy en día se ha librado de eso. En muchos sentidos, la mayoría fujimorista en el Congreso provocó su propia desaparición. Pero al equivocarse en lo que algunos consideran un abuso de poder presidencial, Vizcarra ha puesto en duda las reglas del juego político peruano; y ha establecido un precedente que puede ser copiado por gobernantes cuyas intenciones sean mucho peores.
Fuente: The Economist Newspaper Ltd, London, 2019 y Diario Gestión.

Defensor del Pueblo: “No estamos en un Estado plenamente constitucional”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que el país no cuenta en estos momentos con “un Estado plenamente constitucional” tras la disolución del Congreso de la República el lunes pasado.
Indicó, en ese sentido, que el mandatario “podrá hacer lo que quiera” puesto que gobernará a través de Decretos de Urgencia y consideró que se tuvo “una lectura discutible” de la Carta Magna para proceder de esta manera.
“No estamos en un Estado plenamente constitucional. En este momento el presidente va a gobernar con Decretos de Urgencia, eso nunca ha pasado con esta Constitución. Eso es anómalo, porque podría cambiar todo el código penal sin ningún control. Hemos llegado a un estadío con una lectura, por lo menos discutible, de la Constitución”, sostuvo en una entrevista con Canal N.
“No quiero decir con esto que estamos frente a un golpe de Estado. Lo que estoy diciendo es que nos hemos alejado de la Constitución y que nos hemos metido en un hueco del que tenemos que salir. No hay un golpe de Estado y tenemos que regresar plenamente al plano constitucional, porque este es un territorio no solamente inédito, sino plagado de minas”, señaló.
En esa línea, el defensor del Pueblo dijo estar preocupado por la conformación del próximo Congreso porque “no hay ningún aliciente” para postular al Legislativo “por solo año y medio”.
“Lo que se viene es enormemente riesgoso porque se viene un Parlamento que va a tener de vida algo más de un año y que además podría interpretar que se puede quedar cinco años. Con la misma lógica que se puede acortar el mandato del presidente y del Congreso, también puede ser quedarse cinco años”, advirtió.
Finalmente, Gutiérrez indicó que la Defensoría del Pueblo podría presentar una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para que este organismo evalúe el proceder del Ejecutivo si es que la que presenta la Comisión Permanente no es admitida.
Fuente: Diario Gestión.

El golpista Vizcarra

Que sepamos, un golpe de Estado nunca ha sido bueno para un país. Solo los dictadores los aprovechan. Y, como es previsible, tratan de minimizar su ilegalidad. Frases comunes, independientemente de la fecha, son: el golpe era inevitable y es bueno para el país. ¿Pero por qué es bueno? Porque lo dicen Velasco, Fujimori, Vizcarra, perencejo o el usurpador de turno, que habla en nombre del ‘pueblo’.
No escuche los cantos de sirena a favor del golpe, este siempre será brutal y violento.
Actualmente el ingreso al Congreso –el primer poder del Estado– lo decide la Policía. No hay libre tránsito. Además las FF. AA. respaldan la violación de la Constitución. Tienen la fuerza, los tanques y las balas. Nótese que pronto cumpliremos 200 años como república, pero seguimos siendo una ‘republiqueta’.
Vizcarra no ganó una elección. Fue nombrado Presidente –según el marco constitucional– por el Congreso que cerró, usando (¿comprando?), a militares y policías. Los peruanos pagamos sus sueldos y gratificaciones con nuestros impuestos. De nada vale, siempre habrá ‘Felipillos’. Habría que preguntarle al general Astudillo, mandamás del Ejército, designado por su amigo Humala: ¿quién le dijo que usted podía disponer que el Ejército, el de Cáceres, Bolognesi, Ugarte y tantos otros, sirva a un usurpador?
Este golpe se gestó hace más de un año. Negarlo sería necio. El chantaje, o como se quiera llamarlo, al ex presidente del Congreso Daniel Salaverry, fue fulminante y letal para la institución. El Parlamento se convirtió en arrebatos de grupúsculos, devaluándose la representación, vía el voto. La esencia de la democracia, se denigro.
Estamos en una dictadura. Se impide arbitrariamente el ingreso al Congreso de parlamentarios y trabajadores. También lo rodearon de policías, permitiéndose el insulto público a cualquier parlamentario de oposición. Los medios se han alineado convenientemente. No hay espacios democráticos para la oposición (que obtuvo 35 mil votos aproximadamente menos que PPK).
Tampoco tenemos la renuncia en ‘El Peruano’ –obligatoria por ley– de los ministros que se fueron del gabinete. Menos la disolución del Congreso firmada (avalada) por los ministros. Vizcarra –abusando del poder– decide todo. Adiós independencia de poderes. Pero, siempre lo remarcaremos: sin los medios, sin sus campañas demoledoras contra los adversarios de Vizcarra, no hay golpe. Siguen libreto palaciego, divulgan una verdad mentirosa, fomentando el fanatismo.
El golpe del Alberto Fujimori, bastante más popular que este, provocó una desintegración nacional. La recomposición dejó graves secuelas. Luego de 27 años volvemos a lo mismo. Los corifeos de Vizcarra sostienen mentirosamente que su golpe es diferente porque hay Comisión Permanente. Pamplinas. Sépalo bien, Vizcarra gobernará por decretos de urgencia. Nadie, ni la caricatura de Parlamento, podrán fiscalizarlo. No se renovará al Tribunal Constitucional que controla. También a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Sunedu. Imposible negar que es un repudiable golpe de Estado.

Wall Street Journal: El presidente del Perú da un Golpe de Estado

La última columna de opinión del diario Wall Street Journal –escrita por Mary Anastasia O’Grady y publicada el 6 de octubre– considera como “inconstitucional” la disolución del Congreso efectuado la semana pasada por el presidente peruano Martín Vizcarra.
El Wall Street Journal, el diario de negocios más importantes de EEUU y uno de los más importantes del mundo, junto con el Financial Times, publicó un artículo llamado “El presidente de Perú da un Golpe de Estado”, escrito por Mary Anastasia O’Grady, miembro del consejo editorial del Wall Street Journal.
“Al observar la ruina de Venezuela bajo el socialismo del siglo XXI, puede olvidarse fácilmente que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con el compromiso de erradicar la corrupción. Cuarenta años antes, la revolución cubana de Fidel Castro obtuvo gran parte de su apoyo popular del disgusto generalizado con la corrupción del régimen de Batista. Esto puede parecer una historia antigua, pero ayuda a explicar por qué la disolución inconstitucional del Congreso peruano por parte del presidente Martín Vizcarra la semana pasada, tiene nerviosos a los demócratas de la región”, opina O’Grady, calificando a “sus jóvenes instituciones democráticas” de “frágiles”.
“Pero ha logrado un progreso económico sustancial en las últimas décadas. El crecimiento promedio del Producto Bruto Interno es de 4.7% anual desde 1999, y el porcentaje de la población que vive en la pobreza cayó a menos del 22% en 2018, del 59% en 2004. La mortalidad infantil disminuyó a 11 por cada 100,000 nacimientos en 2018 de 35 en 1998. Las exportaciones no tradicionales se han disparado en las últimas dos décadas, y la clase media se ha duplicado como porcentaje de la población”, refiere O’Grady.
Estas ganancias -recuerda el diaria estadounidense- se produjeron cuando Perú abrió mercados y mejoró la competencia y el respeto por la propiedad privada y la inversión extranjera.
“Debido a que el Golpe de Estado de Vizcarra pone en peligro a las instituciones políticas de Perú, también amenaza la economía”, manifiesta O’Grady.
“Los partidarios de Vizcarra lo ven de otra manera. En su opinión, el cierre del contrapeso presidencial (el Congreso) que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos cuatro meses, está justificado porque la democracia se había vuelto disfuncional. En julio, Vizcarra pidió elecciones generales anticipadas, pero el Congreso lo rechazó. El mes pasado propuso una reforma del proceso por el cual el Congreso elige a los jueces del Tribunal Constitucional”, apunta la editora.
“Cuando el empresario de centro derecha Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en 2016, Vizcarra fue su compañero de fórmula. Kuczynski renunció bajo acusaciones de corrupción en 2018, y el vicepresidente Vizcarra lo sucedió. Desde entonces ha obtenido la mayor parte de su apoyo de la izquierda”, recuerda O’Grady.
“El lunes pasado, el gobierno solicitó un voto de confianza y lo vinculó a la reforma del nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Pero antes de debatir sobre la propuesta del presidente, el Congreso nombró un nuevo juez para el Tribunal Constitucional, y luego le dio al Presidente el voto de confianza, sugiriendo, con base en su registro de votación, que luego aprobaría su propuesta. Pero nunca tuvo la oportunidad”, dice O’Grady.
“Enfurecido por el nombramiento del nuevo juez, Vizcarra disolvió el Congreso sin que el parlamento le haya negado la confianza por segunda vez, tal como se requiere. También estableció nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero. El Congreso unicameral controlado por la oposición, no aceptó nada de eso. Llamó a las acciones del señor Vizcarra, un golpe de Estado. Lo suspendió de la Presidencia y juró a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidente interina del país. El martes, Aráoz renunció a ese encargo, y también a la vicepresidencia”, narra O’Grady.
El medio sostiene que la renuncia de Aráoz fue como “bajar la cabeza” tras la decisión de los militares de apoyar a Vizcarra. “Los rumores se extendieron rápidamente de que una nueva contribución del gobierno al fondo de jubilación de los militares, otorgada al día siguiente, estaba vinculada a la decisión. Pero Vizcarra parece tener un apoyo popular, y el ejército probablemente estaba leyendo la opinión pública y apostando a que prevalecerá”.
“En el Congreso, el partido Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, tiene la mayoría en el Congreso. Los fujimoristas se han ganado la reputación de ejercer su poder de manera imprudente. Keiko Fujimori está en detención preventiva por acusaciones de lavado de dinero”.
O’Grady también cuenta que los partidarios de Vizcarra también se quejan de que el nuevo magistrado nombrado en el Tribunal Constitucional, es primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Sin embargo, Olaechea no es miembro del partido de Keiko Fujimori, no participó en el proceso de nominación ni tampoco votó.
“Vizcarra parece seguro (de su decisión), pero el asunto puede ir al Tribunal Constitucional. Pero incluso si respeta la ley que permite al Congreso nombrar al nuevo juez (nombrado por el Congreso), no está claro cómo dictaminará el Tribunal. Lo que está claro es que la separación de poderes, tan crucial para la democracia, está en peligro”, alerta Wall Street Journal .
“Muchos de los partidarios de Vizcarra en la izquierda quieren reescribir la Constitución peruana. Gregorio Santos, admirador de Hugo Chávez, tuiteó el viernes antes de que Vizcarra usara a la policía para cerrar el Congreso: Preparemos una gran reunión popular para la nueva Constitución. Sabe que así es como Chávez consolidó el poder en Venezuela. El nuevo primer ministro de Vizcarra (que es parte de su gabinete, no un líder legislativo) también demuestra simpatía por la extrema izquierda”, señala.
“Un hombre fuerte que consolida el poder rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el Estado de Derecho y deshacer una elección, no es una cura para la corrupción”, finaliza O’Grady.
Fuente: www.gatoencerrado.net y Diario Gestión.

La Dictablanda vizcarrista

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Al ‘disolver’ el Congreso elegido por voluntad popular, Vizcarra ha dado un golpe blando (suave) y le da visos de legalidad retorciendo el artículo 134 de la Constitución, de esa Constitución fujimorista que repudia salvo cuando la manosea para saciar sus ansias de poder. Gracias a ella y a la mayoría congresal asumió la presidencia tras la renuncia de Kuczynski. Vizcarra “agradeció” a la oposición democrática con el embuste de que no le dejaban gobernar, caricaturizó al Parlamento y lo deslegitimó para despojarlo del respeto ciudadano. Ha seguido a la letra lo descrito por el político y filósofo estadounidense Gene Sharpe, en su libro “De la Dictadura a la Democracia”, paradójicamente para pervertir la democracia.
Del “nos vamos todos”, pasó a que se vaya el parlamento, él permanece en el poder y convoca a elecciones congresales. Él, pues, se queda. La obra de Sharpe menciona cinco pasos para provocar golpes suaves: ablandamiento; deslegitimación; calentamiento de calle; mezcla de confrontaciones y quiebre institucional. Estamos en el calentamiento de la calle, llegarán los disturbios y luego el desmantelamiento institucional para el bicentenario tendremos a un Hugo Chávez moqueguano.
La prostiprensa no tiene vergüenza, al aire y con el teleprompter en la oreja comenta “me dicen de Palacio”, mientras se entrevista al de Palacio. Su narrativa es que el pobrecito disolvió el Congreso por el “enfrentamiento de poderes”, cuando en realidad no soportaba el ojo sobre sus potenciales delitos: el audio presionando al ex contralor Alarcón para favorecer a Chinchero, sus vinculaciones con Graña y Montero y Odebrecht, la compra del requisado Tlaloc, el atunero del narco Joaquín “Chapo” Guzmán, entre otras.
Los comunistas logrararán su Constituyente. Ya el cubanófilo gobernador de Cajamarca, Gregorio “Goyo” Santos (alias Comandante Marañón) escribió en twitter: “[…]por un Congreso que abra camino a un proceso constituyente del Pueblo”. Esto es lo que querían los comunistas pro PPK en la segunda vuelta: cambiar la Constitución, erradicar el modelo económico.
El dictablando Vizcarra nombró como Premier a Vicente Zevallos el de “no hay que tenerle miedo al Estado Empresario”, y la flamante ministra de Economía, María Antonieta Alva, siendo estudiante declaró: “No debemos crucificar al neoliberalismo y menos al comunismo” (lean bien: “y menos al comunismo”).
En lo que va del siglo XXI, el promedio global de golpes ha sido 2,4 por año. Históricamente el primer lugar se lo lleva la convulsionada Tailandia, el Perú ocupa el segundo con trece golpes desde el inicio de la república. Trece con este de Vizcarra. Trece, número de mal augurio.

Kimonos moqueguanos

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
Lo de Vizcarra no ha sido el 5 de abril. Lo aseveran todos los que quieren refutar la tesis de que lo que aquí se ha producido es un golpe. Y la verdad es que entre la disolución del Congreso ordenada por él y la que ordenó en su momento Fujimori existen, en efecto, diferencias. Esta vez, por ejemplo, no se ha acompañado esa acción con un intento de controlar a la prensa ni una intervención del Poder Judicial. La decisión, por otra parte, no parece haber sido impulsada por un ánimo de perpetuarse en el poder (aunque ya hay quienes malician que sí); y, por último, se ha tratado de darle a todo el trajín un camuflaje constitucional: un esfuerzo que el golpista del 92 ni siquiera se molestó en hacer.
Nada de eso, sin embargo, es lo medular para determinar si estamos o no ante una ruptura del orden constitucional. Lo fundamental, en realidad, es establecer si los requerimientos que exige la Carta Magna para ir adelante con una medida de ese tipo se cumplieron antes de que fuese dictada. Hay quienes sostienen que existen, además, problemas con las aprobaciones y refrendos ministeriales que el decreto supremo necesitaba para ser puesto en vigor, pero incluir esas consideraciones en esta columna la haría demasiado extensa. Ya habrá oportunidad de hacerlo en alguna otra.
Por el momento, detengámonos en la valoración de la novedosa teoría sobre la “denegación fáctica de la confianza”.
—Estricto incumplimiento—
Si la confianza pudiese ser negada fácticamente, la lógica sugiere que también tendría que poder ser otorgada de esa forma. Ahora, imaginemos que, el lunes de esta semana, en lugar de dificultar el ingreso de Salvador del Solar al hemiciclo, las autoridades congresales lo hubieran hecho entrar por la puerta grande y lo hubiesen dejado plantear la cuestión de confianza atentas y en silencio. Y que luego no hubiesen continuado con la votación de los candidatos a integrar el Tribunal Constitucional y se hubiesen puesto a debatir y votar otras cosas. ¿Podría haber interpretado entonces el presidente que la confianza le había sido “fácticamente otorgada” al Gabinete Del Solar y, en consecuencia, estado dispuesto a prescindir de la votación? No lo creemos. Y si la concesión de confianza habría requerido forzosamente del acto expreso del voto, ¿por qué la denegación no?
Esto, por supuesto, es solo una especie de reducción al absurdo de lo que era ya absurdo a simple vista. Porque hasta los que tratan de sostener que todo está en orden, cuando se les menciona el asunto de la “negación fáctica”, tuercen un poco la boca y empiezan a murmurar cosas como “quizás el fraseo no fue el más adecuado”, “es una idea audaz que habría que analizar” u otras formulaciones que buscan disimular el hecho de que estamos ante una pastrulada conceptual.
El emperador está calato (esa forma peruana de andar desnudo) y ellos así lo ven, pero no solo no quieren gritarlo, sino que se afanan por prestarle unos ropajes imaginarios.
Las decisiones, por lo demás, no se tornan constitucionales por la mera circunstancia de que quien las ordena recita al anunciarlas que lo está haciendo “en estricto cumplimiento de la Constitución”. Al contrario, ese énfasis machacón deja entrever más bien los temores que carcomen al responsable del acto.
Y en ese sentido, no hay que olvidar que, en la noche previa al zarpazo, Vizcarra declaró en una entrevista televisiva que “en muchos casos, la aplicación de la ley no necesariamente te lleva a un resultado satisfactorio” y que, en el contexto de la situación concreta que enfrentaba “el cumplimiento escrupuloso [de la ley] no es lo recomendable”. Lo más parecido que haya anunciado alguna vez a un plan de gobierno.
—Estulticia binaria —
Llegados a este punto de la discusión, los que ya admitieron discretamente lo deleznable del argumento sobre el que se basó la disolución del Congreso, pasan a la fase del “pero es que”. Y allí empiezan a asomar los porcelanatos, los blindajes y los toqueteos que han marcado a la representación nacional elegida en el 2016 para siempre. Incapaces de empinarse sobre las miserias de esa específica conformación parlamentaria y concebir una defensa de la institución legislativa, los apañadores de la disolución comienzan a atribuirle a quien insiste demasiado con el problemilla constitucional detectado intereses subalternos y complicidades con la corrupción. Tienen, en su mayoría, un problema de estulticia binaria irremontable.
Pero hay algunos que entienden perfectamente de qué va la objeción planteada y aún así tratan de soslayarla con salidas del tipo “hay que pasar la página” o “ya estamos volviendo a la normalidad”.
Salvo que estén hablando de la normalidad a la que se refirió Martín Adán cuando se enteró del golpe de Odría a Bustamente y Rivero, sin embargo, lo que están haciendo es acomodarse, por las razones que fuese, con una nueva ruptura del orden constitucional, amparados por la supuesta legitimidad que le presta su popularidad en las calles. De manera muy semejante a como ocurrió con Fujimori en el 92.
Alguien podría decir que son las mismas geishas con diferente kimono. Un modelito moqueguano en este caso.
El golpe de Velasco no fue igual al de Sánchez Cerro, ni el de Pérez Godoy a los dos anteriores. Desde la perspectiva del quiebre del orden constitucional, no obstante, sus similitudes fueron mucho más relevantes que sus diferencias. Y lo mismo cabe decir a propósito de la situación en la que ahora nos hallamos envueltos.
Lo de Vizcarra no ha sido el 5 de abril. Ha sido el 30 de setiembre.

VIZCARRA NOMBRA COMO MINISTRA DE ECONOMÍA A UNA BACHILLER

Gabinete ministerial insulso caracteriza esta nueva etapa de gobierno, y en vista que nadie de fuste quiso entrar al MEF no le quedó otra que designar a hija de su profesor en la UNI.
María Antonieta Alva es la nueva titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en reemplazo de Carlos oliva, siendo curioso que asume este cargoi pese a no tener título en economía pues únicamente cuenta con grado de bachiller y estudios de maestría no concluidos.
Esto está registrado en los archivos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), donde queda claro que la flamante ministra no cuenta con credenciales académicas de las que gozaban sus antecesores en el cargo.
Alva, egresada de la Universidad del Pacífico, ha llevado maestría en administración pública en la Universidad de Harvard que no la llegó a concluir, pero sí ncuenta con una experiencia en el sector público pues fue funcionaria en el Ministerio de Educación, asesora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y directora general de Presupuesto Público del MEF.Además, es hija del ingeniero civil Jorge Elías Alva, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y que décadas atrás fue profesor del presidente Martín Vizcarra cuando llevaba sus estudios superiores en dicho recinto estatal.
La funcionaria tiene siete años de experiencia en el sector público en programación, planificación, seguimiento y evaluación de presupuesto. También, conoce el área de monitoreo y seguimiento de políticas sociales.
Integró hasta hace un par de años el directorio del CAFAE del Ministerio de Educación y desde el año 2017 es directora de Servir, el programa de los gerentes públicos. Como dato curioso, es socia de club Lawn Tennis de la Exposición, donde también alterna el presidente Vizcarra, quien tiene como afición practicar el deporte de la raqueta desde que llegó a Lima en 2016.
Fuente: www.manifiestoperu.com

Paola Ugaz y su corona judicial

Por Uri Ben Schmuel– www.cafeviena.pe
Hace unas semanas, Alberto Gómez de la Torre publicó un hilo de tuits que llamó mucho la atención de quienes seguimos de cerca su caso y que, además, estamos preocupados por la impunidad en la que se desenvuelven algunas personas vinculadas directamente con personajes comprobadamente corruptos de nuestro espacio político nacional.
El hilo en mención decía lo siguiente (sic):
Tuit 1: “De Ripley? Primer acto: la imputada @larryportera es notificada para su declaración; NO ASISTE. Segundo acto: La imputada es notificada para que dé una “DECLARACION TESTIMONIAL”; NO ASISTE NUEVAMENTE.
Tuit 2: Tercer acto: La Imputada y su “abogado” le dicen a fiscal que le han variado su condición de Imputada a testigo, ello por haberla notificado a que vaya a dar su “DECLARACIÓN TESTIMONIAL”. ¿Cómo se llama la obra? A) Ignorancia de abogado B) Vil manipulación C) Todas las anteriores
A lo que se refiere el ciudadano Gómez de la Torre es al juicio que se está llevando a cabo en contra de la periodista Paola Ugaz por el delito de “falsa declaración en juicio”, sustentado en el hecho de que Ugaz habría mentido bajo juramento cuando testificó durante la querella que le entabló Monseñor Eguren a Pedro Salinas. En dicha declaración, Ugaz negó ser la productora del documental “The Sodalitium Scandal”, en el cual se acusaba a Gómez de la Torre de ser traficante de tierras, cuando ella en diversas ocasiones había afirmado que sí había trabajado como productora en dicho reportaje. Gómez de la Torre está en una cruzada personal de rectificación de su honra, al ya haberse comprobado que varios testigos que acusaban a la asociación que él dirigía, habían incurrido en el delito de difamación. O se han retractado de sus declaraciones.
Sin embargo, Paola Ugaz parece no inmutarse con citaciones ni demandas. Todo apuntaría a que tiene la suerte de tener algún tipo de “apoyo” dentro del Ministerio Público que la hace inmune a cualquier imputación que se le haga, aun cuando es patente la necesidad de investigarla. Y eso queda demostrado con la denuncia que interpusiera Edgardo José Palomino Martínez el pasado mes de julio en contra de María Luisa Méndez Vega, Ana María Escudero Valdivieso, Marco Antonio Zevallos Bueno y Paola Margot Ugaz Cruz. La denuncia apunta a que los mencionados personajes participaron y colaboraron en la organización delictiva en el interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, con el objetivo de favorecer y mantener el poder de la referida exfuncionaria, incurriendo en actos de peculado y lavado de activos.
A pesar de que la denuncia del señor Palomino tenía todos los elementos necesarios para ser admitidos, a los pocos días, el 15 de julio, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Cuarto despacho), que había recibido el oficio con la denuncia en cuestión de manos de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial, emitió la providencia No. 270 que declaraba no ha lugar a dicha denuncia. Para ello el documento argumenta que los hechos que denunciaba Palomino ya estaban siendo investigados en otro proceso. Es decir, y de manera más específica, la fiscalía especializada no ha querido incluir a Paola Ugaz en la lista de los investigados. ¿Por qué? ¿No son acaso las pruebas un punto de partida para una investigación? ¿Por qué el Ministerio público cierra las puertas a la evidencia? ¿Quién la está blindando, al punto que se puede dar el lujo, inclusive, de no asistir a citaciones judiciales?
Ante este modo de actuar, Edgardo Palomino no se ha quedado con los brazos cruzados y presentó un nuevo escrito a la misma fiscalía solicitando que la denuncia sea elevada a la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. El 15 de agosto dicho pedido ha sido aceptado por el Fiscal Provincial Carlos Puma Quispe y un mes después de emitida dicha providencia, recién se ha cumplido con elevar el expediente al Fiscal Superior.
Según Edgardo Palomino, la Fiscalía no puede obviar en su investigación los argumentos que él presenta en su escrito. Entre ellos, por ejemplo, está el hecho de que Susana Villarán contrató los servicios de Paola Ugaz con la finalidad de que, desde la Municipalidad de Lima, colabore con el publicista brasileño Luis Favre, detallado en el Memorándum Nº 049-2013, emitido por la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Sostiene Palomino que, mediante dicho documento, se solicitó al hoy procesado José Castro Gutiérrez la designación de Ugaz como personal CAS de confianza, con eficacia anticipada al 01 de febrero de 2013, bajo la modalidad de CAS y con un ingreso mensual de S/10,000.
Además, tal como se informó en la denuncia, lo llamativo es que Ugaz haya sido contratada dentro del Servicio de Serenazgo, en la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Como es de público conocimiento, la labor principal de la periodista fue la de ser parte de la campaña mediática del ‘No’ a la revocatoria, por lo que es más que sospechoso que haya sido contratada para brindar servicios en el área de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Serenazgo, área en la que nunca hizo labor alguna.
En todo caso, esperemos que efectivamente la Fiscalía Superior tome cartas en el asunto y dé curso a la denuncia válida que se ha presentado con el fin de investigar a los más allegados a la hoy rea Susana Villarán. Pareciera que en ciertos círculos, las argollas y los amigos bastan para tener privilegios de los que otros ciudadanos no gozan. Como por ejemplo, evitar responder a la justicia.

Mercedes Aráoz renunció a su cargo de vicepresidenta y a su designación interina como presidenta

Mercedes Aráoz Fernández anunció su renuncia irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta Constitucional de la República y a la presidencia interina que le otorgó un Pleno de 86 congresistas la noche de ayer. A través de su cuenta de Twitter, Aráoz indicó que espera que se convoque a elecciones generales.
“A través de la presente le comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de Segunda Vicepresidenta Constitucional de la República, al que accedí desde julio del 2016 por elección popular. La razón fundamental de mi renuncia des que se ha roto el orden constitucional en el Perú”, indica en una misiva dirigida a Pedro Olaechea.
En la carta agrega que renuncia también a su encargatura como presidenta interina, disposición que se tomó en un Pleno de 86 congresistas horas después del anuncio de disolución del Congreso: “He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país”.“Ante la invocación de la OEA para que sea el TC el que dirima la constitucionalidad de la medidad adoptada por el Sr. Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso”, explica Aráoz Flores.
Finalmente, agrega que continuará trabajando por preservar el Estado de Derecho desde su posición de ciudadana y agradece el apoyo de sus electores en su trabajo como funcionaria pública.
“Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis insitucional, por el bien de todos los peruanos”, finalizó.
Fuente: www.semanaeconomica.com

Pleno del Congreso elige a Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del Tribunal Constitucional

El pleno del Congreso eligió a Gonzalo Ortiz de Zeballos como magistrado del Tribunal Constitucional con 87 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones.
Gonzalo Ortiz de Zevallos es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue socio del Estudio Echecopar entre el 2006 y 2009, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de la Producción entre los años 2006 y 2008.
Gonzalo Ortiz de Zevallos es primo hermano hermano del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien aseguró que se abstuvo de emitir su voto para la elección de su pariente.
El voto 87 que aprueba la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos corresponde a la legisladora Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular.
Fuente: Agencia de Noticias ANDINA.

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El presidente habla al país y exige transparencia en la selección y elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Anuncia que no se cumplen los estándares internacionales para este fin por parte del mecanismo legal puesto en marcha por el Congreso y, por tanto, que hará cuestión de confianza para cambiar las reglas de juego de esa elección. El premier Del Solar se presenta por la tarde al Congreso y deja un oficio en el que le pide al presidente del Legislativo que en la próxima sesión del plano se debata y se vote esta cuestión de confianza… pero no presenta ningún proyecto de ley.
Es decir, las dos máximas cabezas del gobierno quieren sorprender al Congreso con un proyecto de ley que nadie conocerá sino hasta el día que se presente: TRANSPARENCIA CERO. Estos dos hablan de la celeridad del Congreso en la selección y elección de los miembros del TC, pero quieren que el lunes mismo la representación nacional debata y vote su cuestión de confianza. En otras palabras, quieren una “ley express” a su medida.
Se quejan de que la elección y selección de los miembros del TC está siendo cuestionada incluso por la CIDH, que también levanta el dedito advirtiendo cómo debe llevarse a cabo la elección de los miembros del TC:
1.- Publicidad y transparencia
2.- Participación ciudadana
3.- Divulgación apropiada y con el tiempo razonable para que la ciudadanía pueda conocer las hojas de vida completas y trayectoria de los candidatos, poder pronunciarse sobre ello y que haya un procedimiento para manejar esas expresiones ciudadanas.
4.- Audiencias y entrevistas públicas de los candidatos
¿Ah, sí? Lo que no dicen es que este gobierno ha llenado la CIDH con sus “juristas” A DEDO. Julissa Mantilla fue elegida comisionada de la CIDH a propuesta de este gobierno en la Asamblea General del 28 de junio en Medellín para el período 2020-2024. ¿A alguien se le consultó? ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿No fue el dedo de Vizcarra? ¿La argolla caviar?
En junio de 2019 fue designado miembro del Comité contra la Discriminación CERD-ONU a Eduardo Vega, con el apoyo y patrocinio del gobierno peruano, es decir del gobierno de Vizcarra. ¿Hubo acaso una amplia convocatoria para selección y elección a tan alto cargo? ¿Cómo se pronunció la ciudadanía?
Gracias al gobierno peruano, desde el 2016 Diego García Sayán ocupa un puesto como alto funcionario en un organismo de supervisión internacional que, precisamente, evalúa la idoneidad e independencia de los jueces en la ONU. Pregunta: ¿en algún momento para su elección la ciudadanía fue informada con publicidad y transparencia? ¿Participó la ciudadanía en su elección? ¿Hubo audiencias y entrevistas públicas de los candidatos para tan alto cargo internacional? ¿No fue él parte de ninguna “negociación política” ni “designación express”?
En síntesis, mientras Vizcarra y Del Solar quieren sorprender al Congreso con un proyecto de ley que solo se conocerá a la hora del debate para ser votado de inmediato como cuestión de confianza, los compinches caviares que eligieron a dedo para la CIDH y otras organizaciones internacionales dan lecciones de cómo deben elegirse los miembros del TC. ¡Qué tal raza!

PUCP: estudiantes protestan y piden justicia para su compañera víctima de violencia

Estudiantes de la Pontificia Católica del Perú (PUCP) están indignados por el último caso de violencia de género que involucra a dos jóvenes de la institución y por la escasa atención que el rector le habría dado al asunto. Los alumnos bloquearon la noche del último jueves la cuadra 18 de la Av. Universitaria a modo de protesta.
Esta mañana, los estudiantes se reúnen con el rector Carlos Garatea sobre la ejecución del protocolo frente a casos de violencia de este tipo que maneja la institución y solicitan la separación del estudiante Renzo Tello García (21), denunciado por agredir físicamente y psicológicamente a su compañera y ex pareja.
Además, piden la renuncia del defensor universitario Wilfredo Ardito, a quien acusan de su poco accionar ante los casos de violencia de género.
La noche del jueves, la policía se acercó al lugar para dispersar a los manifestantes, pero la protesta continuó por varios minutos. Ante el bloqueo de la avenida Universitaria, la PUCP autorizó el uso del campus para que los buses puedan transitar.
Estudiante de la PUCP fue agredida por su compañero
El pasado 10 de septiembre, el estudiante Renzo Tello García, de 21 años de edad, fue denunciado por su compañera y ex pareja por agresión física y psicológica, hecho que suscitó la madrugada del 9 de septiembre cuando la joven fue al departamento del estudiante de Derecho, según contó la víctima para TeleoLeo.
“Me pegó durante 3 horas, sólo paraba para reclamarme por su celos enfermizos, luego volvía a pegarme, a escupirme y a morderme. Yo estaba en shock, ni grité. Esta no es la primera vez que me pega, una vez la policía fue a su departamento porque los vecinos, al escuchar mis gritos, los llamaron, pero cuando llegaron yo dije que estaba bien, insistieron, pero dije que todo estaba bien y se fueron”, explicó ella.
De acuerdo al parte policial en la comisaría de Pueblo Libre, el estudiante de noveno ciclo de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) recibió una denuncia por Delito contra el cuerpo y la salud en tentativa de Feminicidio.

Respuesta de la PUCP

A través de un comunicado, el Rectorado de la universidad anunció que el alumno denunciado y actualmente investigado fue retirado de todos los cursos que llevaba en la Facultad de Derecho, por lo que no viene asistiendo a clases.
Fuente: Diario La República.

Predictamen de comisión de Constitución recomienda archivar proyecto sobre adelanto de elecciones

El predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso recomienda no aprobar y archivar el proyecto de ley del presidente Martín Vizcarra que propone adelantar las elecciones generales para el año 2020. El documento será sometido a votación en la sesión que realizará el jueves el grupo de trabajo que lidera la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra.
Según el informe, la propuesta del Gobierno y otras similares, como la que plantea la convocatoria a una asamblea constituyente, “carecen de una adecuada sustentación”.
En el caso del adelanto de elecciones. el predictamen señala que la propuesta está “sustentada en un solo párrafo de poco más de tres líneas”; pero sobre todo subraya que sí se aprobara afectaría “la aplicación efectiva de las reformas políticas y electorales” aprobadas por el Parlamento, las “que paradójicamente fueron impulsadas por este mismo gobierno”.
Además, afirma que la posición del Ejecutivo de someter su propuesta a una consulta popular afecta al “derecho fundamental a la participación política”. En cuanto a la pretensión de presentar una cuestión de confianza, el informe considera que se vulneraría el “principio de separación de poderes por afectar las competencias exclusivas del Congreso”.
“Iniciativa impertinente e improvisada”
Respecto al sustento invocado por el Gobierno, arguyendo una “crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, el predictamen indica que esa afirmación “no parece condecirse con la realidad”.
En ese sentido, el informe dice en sus conclusiones que “el Congreso no ha bloqueado ninguna iniciativa vinculada a la gestión” del presidente Vizcarra. “Por el contrario -agrega el predictamen- a pedido del Ejecutivo se han emitido tres leyes autorizando al Gobierno la emisión de doscientos trece decretos legislativos, de los cuales ha derogado solo tres”.
El documento señala que el Congreso ha estado “plenamente comprometido con la adecuada gestión del Gobierno”, a través de la emisión de leyes especiales en temas como la reconstrucción del norte y la aprobación del presupuesto”. No obstante ello, indica, “la economía peruana se ha desacelerado y enfriado” y en lo que va del año la ejecución del presupuesto apenas supera el 50%.
“La invocación de una supuesta crisis de gobernabilidad […] se ha demostrado, estadísticamente, no existe”, indica el predictamen sobre el proyecto de adelanto de elecciones, iniciativa que califica de “infundada, impertinente e improvisada”.
“La tendencia iría al archivamiento”
En comunicación con RPP, la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, quien integra la comisión de Constitución, dijo que en la sesión de mañana todos los integrantes del grupo de trabajo expondrán sus posiciones en representación de sus partidos. “Todavía falta la discusión […] y se procederá a votar”, dijo, pero reconoció que por la composición de la comisión, “la tendencia iría precisamente al archivamiento”.
Además, precisó que de archivarse, por reglamento, el proyecto de ley del ejecutivo ya no iría al Pleno para su debate.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Comunistas y “aliados”: ¿qué decían hace solo siete días sobre Rosa Bartra?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Este jueves se cayeron las máscaras en la Comisión de Constitución. A su presidenta, los comunistas y sus satélites intentaron darle un golpe de estado (como el que pretenden darle a la Constitución con el adelanto de elecciones) haciendo votar su censura: fracasaron por amplia mayoría.
No les gustó que Rosa Bartra haya puesto al debate el predictamen para archivar el proyecto de adelanto de elecciones propuesto por Martín Vizcarra el 28 de julio pasado. Los golpistas quisieron, entonces, ganar tiempo hasta el 30 de septiembre dilatando hasta las calendas griegas el debate para hablar sin deadline, tanto titulares como accesitarios. Bartra puso orden y reglas claras: hablarían como se hace en el Pleno, con tiempos acotados por bancadas (después de todo, ¿no querían los comunistas que el debate del predictamen pase de frente al Pleno?).
Y pusieron el grito en el cielo –e incluso algunos se retiraron, como suelen hacer cuando no les gusta lo que manda la democracia representativa–; en suma, acusaron a Bartra de encabezar a velocidad de crucero el debate y la votación del predictamen. Hipócritas. Veamos qué decían esos mismos hace apenas una semana, el 19 de septiembre, para El Comercio que, solícito, recogía sus “inquietudes”: “Adelanto de elecciones: Aún no hay dictamen a 50 días de presentarse el proyecto”.
Cito: “Los legisladores Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Gino Costa (Bancada Liberal), por ejemplo, creen que la comisión se encontraba en la capacidad de emitir un dictamen dentro de los 50 días, siempre que se hubiera tenido voluntad política. Los tres parlamentarios advierten en que existe cierta ‘estrategia dilatoria’ por parte del fujimorismo y lo que ellos consideran sus ‘aliados’ […] Quintanilla hizo hincapié en que ‘se está dilatando excesivamente el proceso. Es una táctica por parte de la mayoría [en el Congreso] para hacer que transcurra el tiempo a fin de que se haga inviable la posibilidad de implementar cualquier adelanto de elecciones’, expresó el legislador de Nuevo Perú”.
“‘[…] Da la impresión de que no hay sentido de urgencia y lo que se quiere es dilatar para que después se pueda argumentar de que no es posible hacer un referéndum y, eventualmente, decir que tampoco será posible hacer las elecciones porque no habrá tiempo. Y me parece que el recurso a la Comisión de Venecia tiene ese propósito’, ensayó, por su parte, Gino Costa, de la Bancada Liberal”.
“‘Las cosas están claras: hay quienes opinan que es constitucional la convocatoria [a elecciones] y hay quienes creen que es antidemocrático y que, además, es un golpe de Estado. Y para eso se están invitando a algunos que fungen de expertos cuando están dando posturas ideológicas y políticas, como si fueran parlamentarios’, refirió Arana”.
En síntesis, los mismos que este jueves acusaron a Bartra de apurar el proceso eran los que decían hace siete días que lo dilataba. ¿Alguien les puede creer siquiera lo que comen?

Por Mariella Balbi- Político.pe
Hasta que habló Pedro para que escuche Juan y ciertamente el Ejecutivo. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea habló fuerte y claro. Protestó por los inaceptables excesos de ciertos medios de prensa. En concreto, por la emisión de un audio –el reportaje no publica, solo ofrece una transcripción– que buscaba denigrar a congresistas conversando ¡el año pasado! sobre la elección miembros del Tribunal cuyo mandato vencía en junio del 2019.
La prensa, una vez más, ejecutó un libreto tan antiético como siniestro. La grabación se hizo en el Congreso, lo cual es grave y propio del juego sucio de las dictaduras. Además está editada. Durante la digitada gestión del anterior presidente del Congreso el material se ofreció a un medio que lo rechazó, precisamente por estar editado.
La desesperación del gobierno por impedir la elección de los miembros del TC es inmensa. Los medios lo apoyan con alma, corazón y vida. ¿Por qué? En este caso el libreto se resume a: la elección de miembros del TC es una ‘componenda’, una manipulación, difamando a congresistas y al Congreso. Pero la ley lo manda, el plazo de los tribunos está vencido.
El régimen requiere que la prensa difame y mienta, y esta acepta presurosa. El reportaje emitido no ha sido una idea fantástica del periodista a quien le llegó la especie gracias a sus potentes contactos. Quien lo crea, que deje de chuparse el dedo. ‘Arriba’ (los dueños) lo piden y se hace. Ahora bien, que el trabajador (periodista) se ponga la camiseta del patrón depende de la tesitura de cada quién. El reportaje recogió la desacreditada opinión de un personaje expulsado del trabajo por acoso sexual. ¿No lo sabían, acaso? De ser así debieron informarse antes. Para eso sirve el periodismo.
Lo publicado desprestigia al Congreso y a los congresistas. El servicio de inteligencia o el asesor extranjero le dicta a los medios que el Congreso es puro pacto, pervirtiendo la educación cívica. Claro que son pactos políticos; de eso se trata, de pactar, de acordar, de los pesos y contrapesos. Y todos tenemos derecho a opinar, incluidos los postulantes al TC. Ojalá no se dejen atarantar por esta chillona maniobra.
El presidente Vizcarra ha tenido el arrojo de decir que la representatividad tiene un límite, que no se puede elegir entre cuatro paredes a los miembros del TC. La prensa oficialista lo secunda y es su partido político.
Curiosamente esos medios fueron la flor y nata del fujimontesinismo, acompañando a esa dictadura con entusiasmo y fervor. Luego supimos que también con mucho billete. Vendrán denuncias contra la prensa oficialista porque cruzaron el umbral de lo grosero. El abogado penalista Humberto Abanto denunciará por difamación a varios periodistas, también al medio que lo agravió.
El presidente del Congreso ha pedido a su procurador que denuncie la emisión de ese material. El régimen gobierna a punta de audios y de campañas de prensa que vilipendian a la oposición política. Lo que vemos no es periodismo sino vileza. Además, Vizcarra tiene la ‘tele’ pero no la calle.

Las brechas en los sueldos de altos funcionarios del Estado Peruano

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
Mil noventa servidores públicos, distribuidos en 63 entidades, reciben mensualmente lo mismo o más que el presidente Martín Vizcarra (S/16 mil). El Estado desembolsa en estos altos funcionarios aproximadamente S/23,7 millones mes a mes, sin contar gratificaciones, bonos ni vacaciones.
En los últimos años, se ha criticado mucho las planillas y los altos sueldos en el aparato público. Tomando como punto de referencia el ingreso mensual del presidente, El Comercio hizo un análisis de la distribución de los funcionarios mejor pagados del país. El resultado arroja un desorden remunerativo en las altas esferas del Estado.
El Poder Ejecutivo concentra la mayor cantidad de estos funcionarios: 441. Le siguen el Poder Judicial, con 268; los organismos autónomos, con 243; y el Legislativo, con 139.
Las entidades públicas tienen diferentes regímenes de contratación de personal; algunas tienen el mismo régimen pero diferentes montos y muchas particularidades; y en otros casos el aporte adicional que reciben del Cafae es diferente, explica Mayen Ugarte, directora de Estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica. “Partimos de un desorden enorme”, señala.
En el Congreso, un informe de la contraloría sobre presuntas contrataciones irregulares en las gestiones de Luz Salgado y Luis Galarreta ha motivado que algunos legisladores soliciten que se realicen investigaciones sobre estos hechos. El ánimo por esclarecer estas contrataciones debería contagiarse a todos los niveles del Estado.
—Sectores sólidos —
Al desmenuzar la distribución de los altos funcionarios en el Ejecutivo, se aprecia que el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades adscritas a este concentran la mayor cantidad de estos puestos: 80. Esto guarda relación con las responsabilidades del manejo económico que tiene este sector: es el que administra la mayor cantidad del presupuesto de la nación y uno de los que registran mayor duración en los cargos de ministros, viceministros y directores generales, como ha mostrado este Diario en informes del 17/6/18, 17/3/19 y 19/5/19.
En segundo lugar figuran la Presidencia del Consejo de Ministros y sus organismos adscritos. Este sector maneja mucho menos presupuesto: apenas el 2.5%, pero tiene una responsabilidad política importante.
El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Nelson Chui Mejía, gana lo mismo que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar: S/30 mil, de acuerdo con los portales de transparencia. En tanto, los jefes de cuatro organismos de este sector ganan lo mismo que un viceministro (S/28 mil): Osiptel, Ositrán, Sunass y Osinergmin, al igual que la secretaria general de la PCM.
El tercer lugar lo ocupa Transportes y Comunicaciones: 33 altos funcionarios. Este es un sector que tiene gran responsabilidad en el manejo de presupuesto de la nación (7.96%) que, entre otras cosas, se destina a la construcción de vías.
En este sector se nota claramente otro problema: la modalidad de contratación. Veinticinco de estos servidores han sido contratados por el régimen de personal altamente calificado (PAC). Esta modalidad, explica Ugarte, es una de las peores formas de contratación, pues aunque los sueldos sean altos, los funcionarios no tienen vacaciones, gratificaciones ni seguro. Son personal con alta responsabilidad y especialización pero su condición es más precaria.
Bajo este régimen fue contratado Carlos Neuhaus como director de la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como los jefes de Provías, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, directores generales y asesores del despacho.
–Sin proporcionalidad–
Del otro lado, hay seis sectores que llaman la atención, pues no hay relación entre el presupuesto que manejan, en el 2019, y la cantidad de funcionarios con sueldos altos que tienen.
Educación, Interior, Salud y Defensa tienen gran responsabilidad en el manejo del 7.6%, 6.4%, 5.1% y 4.7% de presupuesto del sector público, pero solo cuentan con 18, 15, 11 y 17 funcionarios de este nivel. Estos sectores tienen a su cargo una gran masa laboral del Estado cuya función es atender las preocupaciones inmediatas de gran parte de la población.
En tanto, los sectores de Ambiente y Cultura tienen 26 y 23 altos funcionarios, pero su responsabilidad en la administración del presupuesto público es de apenas el 0.39% y 0.37%.
Fuentes del Ejecutivo explican que esa diferencia se puede atribuir a la capacidad de cada sector para distribuir el bolsón que se le asigna para contratar personal altamente calificado. En caso de no usar ese fondo, el dinero no se puede gastar en otros asuntos.
—Otros sectores —
En el Poder Legislativo, los sueldos altos están casi reservados para congresistas (130) y parlamentarios andinos (5), cuyo sueldo es de S/23,217, incluidos los gastos de representación. Apenas cuatro funcionarios del Congreso superan los S/16 mil.
En el Poder Judicial, sí hay una situación especial. El bono aprobado por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, y convertido en permanente en esta gestión, hizo que los jueces supremos sean los funcionarios mejor pagados de este país. Sus sueldos pasaron de S/31 mil a S/42,7 mil. En el caso del presidente de esta institución, alcanza los S/46,7 mil.
Son 268 los jueces que perciben más que el presidente de la República. De ellos, 72 lo hacen porque reciben bonificaciones permanentes. En el Ministerio Público, apenas tres fiscales supremos entran en este selecto grupo de funcionarios altamente remunerados.
—Repartición de los sueldos —
En el sector Economía, las entidades con más altos funcionarios son el propio Ministerio de Economía (26), Pro Inversión (25) y la ONP (13).
El Parlamento es la entidad con mayor cantidad de servidores que ganan más que el presidente: los 130 congresistas y 4 funcionarios.
Entre los organismos autónomos, el top 3 está formado por la contraloría (65), el Banco Central de Reserva (51) y el Tribunal Constitucional (46). Estas entidades tienen personal altamente especializado.
Las declaraciones juradas de cuatro funcionarios de la Universidad San Marcos, la Universidad Nacional de Juliaca y la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza señalan que ganan más de S/18 mil del sector público.

Sueldos en el Estado: hay 45 funcionarios que ganan más que los 19 ministros

Cincuenta meses le tomaría a un empleado con sueldo mínimo ganar lo mismo que percibe el puesto mejor pagado del Estado: el del presidente del Poder Judicial.
En el 2017, en las postrimerías del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el pleno del Congreso aprobó un bono en la ley de presupuesto –que en principio iba a ser extraordinario para el 2018– para jueces supremos titulares de la Corte Suprema.
Con ese adicional, los 12 magistrados que tienen más de cinco años en el cargo pasaron de ganar S/31 mil mensuales a S/42,7 mil. Superaban así al que en los últimos años había sido el funcionario mejor pagado del Estado: el presidente del Banco Central de Reserva (BCR).
En el gobierno de Martín Vizcarra, ese bono se convirtió en permanente, luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema interpretara que la modificación de este bono significaba un recorte a los derechos de los jueces, de lo que dio cuenta este Diario el 23/6/2019. Al presidente de este poder del Estado, José Luis Lecaros, le corresponde una bonificación adicional, por lo que percibe S/46,7 mil mensuales.
El mismo beneficio elevó los sueldos de ocho jueces supremos que aún no han cumplido cinco años en el cargo, quienes pasaron a percibir S/34,9 mil mensuales.
Esta situación genera un problema, pues la ley orgánica del PJ establece que los jueces de menor rango deben ganar porcentajes establecidos en función de lo que recibe un vocal de la Corte Suprema, situación que en la práctica no se cumple, como ha advertido el exfiscal Avelino Guillén a este Diario.
En opinión de Mayen Ugarte, docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica, la decisión de estos aumentos no fue técnica ni jurídica, sino política. Considera que la carrera judicial es especial, por lo que es muy difícil que su escala salarial se adecúe a la Ley Servir. En cambio, los empleados administrativos sí deberían pasar al nuevo sistema.
—El turno de los autónomos —
Por debajo de los altos funcionarios del Poder Judicial se encuentran las cabezas de los organismos autónomos. El primero de ellos es el presidente del BCR, Julio Velarde, quien recibe S/41,6 mil mensuales, según su declaración jurada que consta en el portal de la contraloría. Su institución no publica el detalle de las planillas de todos sus empleados en su página de transparencia.
Por debajo de Velarde figura otro funcionario del BCR: Renzo Rossini Miñán, gerente general de esta entidad. De hecho, otros 18 funcionarios del BCR que ocupan los puestos de gerentes, subgerentes y asesores tienen sueldos por encima de los S/25 mil. Es la entidad pública con mejores salarios para este tipo de trabajadores.
Luego de Velarde y Rossini, aparece la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Socorro Heysen. Su sueldo es S/38,500.
Los nueve superintendentes adjuntos de la SBS –entre los que se incluye al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera– ganan tres mil soles menos que Heysen.
Siguen en la lista las máximas autoridades de otros tres organismos autónomos: los siete magistrados del Tribunal Constitucional (S/35 mil); el jefe de la contraloría, Nelson Shack (S/32,5 mil); y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona (S/31 mil). Inmediatamente después de ellos se ubica el primer gerente general de una empresa pública: Petro-Perú. Según su declaración jurada, percibe S/30,2 mil al mes.
—Sectores del Ejecutivo —
Los cargos públicos sometidos a mayor escrutinio del Congreso de la República figuran por debajo de los 45 funcionarios mencionados anteriormente: los ministros de Estado. En el 2014, se cuestionó arduamente la duplicación de sus sueldos, gracias a lo cual pasaron a ganar S/30 mil. Incluso en reiteradas ocasiones se han planteado iniciativas para que sus sueldos se reduzcan a la mitad.
Ellos encabezan la administración de aproximadamente el 60% del presupuesto público, por lo que es de sumo interés que sean funcionarios competentes. Esta obligación es compartida con los 37 viceministros que tiene en total el Ejecutivo, quienes perciben S/28 mil.
El Ministerio Público, entidad que tiene responsabilidades equiparables a las del Poder Judicial, está lejos de la cima de este ránking. La titular de este sector, la fiscal Zoraida Ávalos, percibe S/28,7 mil. El resto de sus colegas no alcanza a entrar a este grupo.
Por debajo de todos ellos hay 96 empleados públicos que ganan S/25 mil. De ellos, 74 han sido contratados por el régimen de personal altamente calificado. Aunque aparentemente reciban un sueldo elevado, no tienen vacaciones, seguro ni beneficios.
Para Ugarte, la distribución de los altos sueldos es desordenada. Pero el tránsito hacia la Ley Servir –que debería regularlo– puede ser lento y generar altos costos. Por ello, se debe afinar el proceso para seleccionar y evaluar a los funcionarios que el Estado quiere mantener.
EL CLUB DE LOS 25 MIL
SIN BENEFICIOS
La mayoría de los funcionarios con sueldo de S/25 mil se encuentra contratado bajo el régimen de personal altamente calificado (PAC). Ellos no reciben beneficios laborales ni gratificaciones.
MINISTERIOS
Solo el despacho presidencial, los ministerios, el Seguro Integral de Salud, Pro Inversión y la APCI tienen servidores con estas características.
CLAVES
Ocupan puestos de directores generales de ministerios, superintendentes, presidentes de entidades y secretarios generales.
Fuente: Diario El Comercio.

Por CÉSAR GUTIÉRREZ- Diario EXPRESO.
A la empresa Constructora y Administración SA (CASA), subsidiaria en el Perú de la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo (H&H), la suerte le ha sonreído con Martín Vizcarra como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y como presidente de la República: se le adjudicaron obras por más de 1,100 millones de soles.
En el período en que el actual mandatario fue el hombre fuerte del MTC, del 28 de julio de 2016 al 22 de mayo de 2017, aún en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, le adjudicaron a CASA nueve proyectos por un monto total de 907.43 millones de soles (MMS/). A lo anterior hay que agregar que luego del retorno vizcarrista de su autoexilio en Canadá, y habiendo asumido el cargo de Presidente de la República el 24 de marzo de 2018, CASA obtuvo dos obras adicionales que sumaron 192.91 millones de soles.
En total, en la era Vizcarra la ecuatoriana CASA ha tenido contratos por 1,100.34 millones de soles, que es el 50 % del total de adjudicaciones en ese lapso de tiempo. Las operaciones se realizaron, es bueno agregar, a través del “Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional” (Provías), entidad dependiente del MTC. CASA ya era una antigua conocida por el mandatario Martín Vizcarra. Y es que ya había trabajado con la empresa que mantenía Martín Vizcarra con su hermano César, C y M Vizcarra SAC, como subcontratistas -desde el año 2007- del Consorcio Covisur SA (H&H, CASA y Conorte), que fue concesionario en la Interoceánica o Carretera IIRSA Sur Tramo 5.
Este tramo, como se sabe, corresponde a dos ramales, uno que parte de Matarani y otro en Ilo, para unirse en Juliaca, y luego continúa hasta la localidad de Azángaro, capital de la provincia del mismo nombre, en la región Puno.SITUACIÓN COMPLEJA…
Hasta aquí puede parecer una historia sobre la que solo se ciernen suspicacias; sin embargo, la situación se agrava cuando se revisa la información de la investigación sobre el Club de la Construcción, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, donde CASA es una de las investigadas desde el 12 de enero de 2018.
Nos referimos al hecho de que las dos últimas obras otorgadas (21.05.2018 y 25.01.2019) en el periodo de Martín Vizcarra como Presidente se adjudicaron cuando CASA ya estaba en proceso de investigación desde cuatro meses antes. Si seguimos hurgando en el caso Club de la Construcción, las cosas se complican más aún porque se encuentra la denuncia del programa dominical “Panorama”, de Panamericana Televisión, de fecha 16 de febrero de 2019, donde se afirmó que, según el colaborador eficaz Rodolfo Prialé, durante el proceso de la segunda vuelta electoral de las presidenciales del 2016, él se apersonó –Martín Vizcarra- conjuntamente con el gerente general de CASA, el ciudadano ecuatoriano, Eduardo Sánchez Bernal, a la casa del entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK), para entregarle 450 mil soles en efectivo, como aporte de campaña electoral. Según el mismo Prialé, estuvieron presentes el jefe de campaña, Martín Vizcarra, y el secretario de economía, Alfonso Grados, que luego sería nombrado ministro de Trabajo por Kuczynski.

DUDAS LEGÍTIMAS
Con todo lo reseñado, quedan legítimas dudas sobre las decisiones tomadas y que han favorecido a CASA: ¿ha tenido algo que ver el supuesto aporte de campaña en el otorgamiento de 1,100 millones de soles en obras? Hay otras interrogantes igual de sustantivas. ¿Siendo el mandatario un hombre que nos hablaba del Club de la Construcción en campaña, no sabía que CASA era parte del mismo? ¿No estaba informado el Presidente que habiendo asumido el cargo se le siguió otorgando a CASA obras a pesar de tener en curso una investigación por el fiscal Juárez Atoche? Demasiadas interrogantes sin respuesta hasta el momento, tarea para los fiscales del caso Lava Jato elevados a la categoría de héroes por la prensa del Gobierno.

CON CÉSAR VILLANUEVA

En la región San Martín se le investiga A H&H y CASA por supuestamente coludirse con el ex gobernador regional César Villanueva para adjudicarse el mejoramiento de cinco hospitales por S/290 millones.

HIDROVÍA AMAZÓNICA

CASA en sociedad con la empresa china Sinohydro, también se adjudicó el proyecto Hidrovía Amazónica por US$95 millones (06/04/17) para el dragado de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, con una longitud de 2,685 kilómetros, para unir los puertos de Yurimaguas e Iquitos con la frontera con Brasil. Esta adjudicación no fue cuando Vizcarra era titular del MTC.

YA ESTABA INVESTIGADA

Las dos últimas obras otorgadas a CASA (21.05.2018 y 25.01.2019) en el periodo de Martín Vizcarra como Presidente se otorgaron cuando esta constructora ya estaba en proceso de investigación desde cuatro meses antes.
LA OBRA. VÍA CASMA-TINGO MARÍA-MONZÓN

Suerte la de algunos… todo queda en CASA

El contrato más jugoso que asciende a la suma de 317 millones de soles.
La prensa especializada, como la web gatoencerrado.com, informó en su momento que de los 12 contratos entregados por el Gobierno a la constructora CASA, 11 fueron otorgados mediante el sistema de licitación pública y en entredicho por los enjuagues descubiertos al “Club de la Construcción” para otorgarse estos presupuestos mediante un acuerdo previo, según ha denunciado el fiscal Germán Juárez Atoche.
“El contrato más jugoso que asciende a la suma de S/317 millones, no se adjudicó por licitación pública sino recurriendo a un simple proceso de selección (concurso interno) a cargo de Provías, tal como si se tratara de una compra de menor cuantía (útiles de limpieza, útiles de escritorio, etc.), violando los límites que fija la Ley de Presupuesto”, señala la citada web.
“En este caso especial, se trata del mantenimiento de la vía Casma-Tingo María-Monzón”, añade. En la lista beneficiaria a favor de CASA está como el primer proyecto que se adjudicó la buena pro del Concurso Público N° 0004-2016-MTC/20 (22/12/16) del “Servicio de gestión, mejoramiento y conservación del corredor vial de 581 kilómetros Casma-Huaraz-Huari Huaycabamba-Jircan-Tingo María-Monzón-Emp.Pe18A (Tingo María)”, con un presupuesto de S/317.2 millones.
Y el segundo fue la Licitación Pública N° 00202015-MTC/20 de “Rehabilitación de la carretera Mazamari-Pangoa-Cubantía” (13/02/17) por un monto de S/188 millones. El listado es largo y se supone que está en investigación.