Guasón

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El golpista Vizcarra

Que sepamos, un golpe de Estado nunca ha sido bueno para un país. Solo los dictadores los aprovechan. Y, como es previsible, tratan de minimizar su ilegalidad. Frases comunes, independientemente de la fecha, son: el golpe era inevitable y es bueno para el país. ¿Pero por qué es bueno? Porque lo dicen Velasco, Fujimori, Vizcarra, perencejo o el usurpador de turno, que habla en nombre del ‘pueblo’.
No escuche los cantos de sirena a favor del golpe, este siempre será brutal y violento.
Actualmente el ingreso al Congreso –el primer poder del Estado– lo decide la Policía. No hay libre tránsito. Además las FF. AA. respaldan la violación de la Constitución. Tienen la fuerza, los tanques y las balas. Nótese que pronto cumpliremos 200 años como república, pero seguimos siendo una ‘republiqueta’.
Vizcarra no ganó una elección. Fue nombrado Presidente –según el marco constitucional– por el Congreso que cerró, usando (¿comprando?), a militares y policías. Los peruanos pagamos sus sueldos y gratificaciones con nuestros impuestos. De nada vale, siempre habrá ‘Felipillos’. Habría que preguntarle al general Astudillo, mandamás del Ejército, designado por su amigo Humala: ¿quién le dijo que usted podía disponer que el Ejército, el de Cáceres, Bolognesi, Ugarte y tantos otros, sirva a un usurpador?
Este golpe se gestó hace más de un año. Negarlo sería necio. El chantaje, o como se quiera llamarlo, al ex presidente del Congreso Daniel Salaverry, fue fulminante y letal para la institución. El Parlamento se convirtió en arrebatos de grupúsculos, devaluándose la representación, vía el voto. La esencia de la democracia, se denigro.
Estamos en una dictadura. Se impide arbitrariamente el ingreso al Congreso de parlamentarios y trabajadores. También lo rodearon de policías, permitiéndose el insulto público a cualquier parlamentario de oposición. Los medios se han alineado convenientemente. No hay espacios democráticos para la oposición (que obtuvo 35 mil votos aproximadamente menos que PPK).
Tampoco tenemos la renuncia en ‘El Peruano’ –obligatoria por ley– de los ministros que se fueron del gabinete. Menos la disolución del Congreso firmada (avalada) por los ministros. Vizcarra –abusando del poder– decide todo. Adiós independencia de poderes. Pero, siempre lo remarcaremos: sin los medios, sin sus campañas demoledoras contra los adversarios de Vizcarra, no hay golpe. Siguen libreto palaciego, divulgan una verdad mentirosa, fomentando el fanatismo.
El golpe del Alberto Fujimori, bastante más popular que este, provocó una desintegración nacional. La recomposición dejó graves secuelas. Luego de 27 años volvemos a lo mismo. Los corifeos de Vizcarra sostienen mentirosamente que su golpe es diferente porque hay Comisión Permanente. Pamplinas. Sépalo bien, Vizcarra gobernará por decretos de urgencia. Nadie, ni la caricatura de Parlamento, podrán fiscalizarlo. No se renovará al Tribunal Constitucional que controla. También a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Sunedu. Imposible negar que es un repudiable golpe de Estado.

Wall Street Journal: El presidente del Perú da un Golpe de Estado

La última columna de opinión del diario Wall Street Journal escrita por Mary Anastasia O’Grady y publicada el 6 de octubre– considera como “inconstitucional” la disolución del Congreso efectuado la semana pasada por el presidente peruano Martín Vizcarra.
El Wall Street Journal, el diario de negocios más importantes de EEUU y uno de los más importantes del mundo, junto con el Financial Times, publicó un artículo llamado “El presidente de Perú da un Golpe de Estado”, escrito por Mary Anastasia O’Grady, miembro del consejo editorial del Wall Street Journal.

“Al observar la ruina de Venezuela bajo el socialismo del siglo XXI, puede olvidarse fácilmente que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con el compromiso de erradicar la corrupción. Cuarenta años antes, la revolución cubana de Fidel Castro obtuvo gran parte de su apoyo popular del disgusto generalizado con la corrupción del régimen de Batista. Esto puede parecer una historia antigua, pero ayuda a explicar por qué la disolución inconstitucional del Congreso peruano por parte del presidente Martín Vizcarra la semana pasada, tiene nerviosos a los demócratas de la región”, opina O’Grady, calificando a “sus jóvenes instituciones democráticas” de “frágiles”.
“Pero ha logrado un progreso económico sustancial en las últimas décadas. El crecimiento promedio del Producto Bruto Interno es de 4.7% anual desde 1999, y el porcentaje de la población que vive en la pobreza cayó a menos del 22% en 2018, del 59% en 2004. La mortalidad infantil disminuyó a 11 por cada 100,000 nacimientos en 2018 de 35 en 1998. Las exportaciones no tradicionales se han disparado en las últimas dos décadas, y la clase media se ha duplicado como porcentaje de la población”, refiere O’Grady.
Estas ganancias -recuerda el diaria estadounidense- se produjeron cuando Perú abrió mercados y mejoró la competencia y el respeto por la propiedad privada y la inversión extranjera.
“Debido a que el Golpe de Estado de Vizcarra pone en peligro a las instituciones políticas de Perú, también amenaza la economía”, manifiesta O’Grady.
“Los partidarios de Vizcarra lo ven de otra manera. En su opinión, el cierre del contrapeso presidencial (el Congreso) que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos cuatro meses, está justificado porque la democracia se había vuelto disfuncional. En julio, Vizcarra pidió elecciones generales anticipadas, pero el Congreso lo rechazó. El mes pasado propuso una reforma del proceso por el cual el Congreso elige a los jueces del Tribunal Constitucional”, apunta la editora.
“Cuando el empresario de centro derecha Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en 2016, Vizcarra fue su compañero de fórmula. Kuczynski renunció bajo acusaciones de corrupción en 2018, y el vicepresidente Vizcarra lo sucedió. Desde entonces ha obtenido la mayor parte de su apoyo de la izquierda”, recuerda O’Grady.
“El lunes pasado, el gobierno solicitó un voto de confianza y lo vinculó a la reforma del nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Pero antes de debatir sobre la propuesta del presidente, el Congreso nombró un nuevo juez para el Tribunal Constitucional, y luego le dio al Presidente el voto de confianza, sugiriendo, con base en su registro de votación, que luego aprobaría su propuesta. Pero nunca tuvo la oportunidad”, dice O’Grady.
“Enfurecido por el nombramiento del nuevo juez, Vizcarra disolvió el Congreso sin que el parlamento le haya negado la confianza por segunda vez, tal como se requiere. También estableció nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero. El Congreso unicameral controlado por la oposición, no aceptó nada de eso. Llamó a las acciones del señor Vizcarra, un golpe de Estado. Lo suspendió de la Presidencia y juró a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidente interina del país. El martes, Aráoz renunció a ese encargo, y también a la vicepresidencia”, narra O’Grady.
El medio sostiene que la renuncia de Aráoz fue como “bajar la cabeza” tras la decisión de los militares de apoyar a Vizcarra. “Los rumores se extendieron rápidamente de que una nueva contribución del gobierno al fondo de jubilación de los militares, otorgada al día siguiente, estaba vinculada a la decisión. Pero Vizcarra parece tener un apoyo popular, y el ejército probablemente estaba leyendo la opinión pública y apostando a que prevalecerá”.
“En el Congreso, el partido Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, tiene la mayoría en el Congreso. Los fujimoristas se han ganado la reputación de ejercer su poder de manera imprudente. Keiko Fujimori está en detención preventiva por acusaciones de lavado de dinero”.
O’Grady también cuenta que los partidarios de Vizcarra también se quejan de que el nuevo magistrado nombrado en el Tribunal Constitucional, es primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Sin embargo, Olaechea no es miembro del partido de Keiko Fujimori, no participó en el proceso de nominación ni tampoco votó.
“Vizcarra parece seguro (de su decisión), pero el asunto puede ir al Tribunal Constitucional. Pero incluso si respeta la ley que permite al Congreso nombrar al nuevo juez (nombrado por el Congreso), no está claro cómo dictaminará el Tribunal. Lo que está claro es que la separación de poderes, tan crucial para la democracia, está en peligro”, alerta Wall Street Journal .
“Muchos de los partidarios de Vizcarra en la izquierda quieren reescribir la Constitución peruana. Gregorio Santos, admirador de Hugo Chávez, tuiteó el viernes antes de que Vizcarra usara a la policía para cerrar el Congreso: Preparemos una gran reunión popular para la nueva Constitución. Sabe que así es como Chávez consolidó el poder en Venezuela. El nuevo primer ministro de Vizcarra (que es parte de su gabinete, no un líder legislativo) también demuestra simpatía por la extrema izquierda”, señala.
“Un hombre fuerte que consolida el poder rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el Estado de Derecho y deshacer una elección, no es una cura para la corrupción”, finaliza O’Grady.
Fuente: www.gatoencerrado.net y Diario Gestión.

La Dictablanda vizcarrista

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Al ‘disolver’ el Congreso elegido por voluntad popular, Vizcarra ha dado un golpe blando (suave) y le da visos de legalidad retorciendo el artículo 134 de la Constitución, de esa Constitución fujimorista que repudia salvo cuando la manosea para saciar sus ansias de poder. Gracias a ella y a la mayoría congresal asumió la presidencia tras la renuncia de Kuczynski. Vizcarra “agradeció” a la oposición democrática con el embuste de que no le dejaban gobernar, caricaturizó al Parlamento y lo deslegitimó para despojarlo del respeto ciudadano. Ha seguido a la letra lo descrito por el político y filósofo estadounidense Gene Sharpe, en su libro “De la Dictadura a la Democracia”, paradójicamente para pervertir la democracia.
Del “nos vamos todos”, pasó a que se vaya el parlamento, él permanece en el poder y convoca a elecciones congresales. Él, pues, se queda. La obra de Sharpe menciona cinco pasos para provocar golpes suaves: ablandamiento; deslegitimación; calentamiento de calle; mezcla de confrontaciones y quiebre institucional. Estamos en el calentamiento de la calle, llegarán los disturbios y luego el desmantelamiento institucional para el bicentenario tendremos a un Hugo Chávez moqueguano.
La prostiprensa no tiene vergüenza, al aire y con el teleprompter en la oreja comenta “me dicen de Palacio”, mientras se entrevista al de Palacio. Su narrativa es que el pobrecito disolvió el Congreso por el “enfrentamiento de poderes”, cuando en realidad no soportaba el ojo sobre sus potenciales delitos: el audio presionando al ex contralor Alarcón para favorecer a Chinchero, sus vinculaciones con Graña y Montero y Odebrecht, la compra del requisado Tlaloc, el atunero del narco Joaquín “Chapo” Guzmán, entre otras.
Los comunistas logrararán su Constituyente. Ya el cubanófilo gobernador de Cajamarca, Gregorio “Goyo” Santos (alias Comandante Marañón) escribió en twitter: “[…]por un Congreso que abra camino a un proceso constituyente del Pueblo”. Esto es lo que querían los comunistas pro PPK en la segunda vuelta: cambiar la Constitución, erradicar el modelo económico.
El dictablando Vizcarra nombró como Premier a Vicente Zevallos el de “no hay que tenerle miedo al Estado Empresario”, y la flamante ministra de Economía, María Antonieta Alva, siendo estudiante declaró: “No debemos crucificar al neoliberalismo y menos al comunismo” (lean bien: “y menos al comunismo”).
En lo que va del siglo XXI, el promedio global de golpes ha sido 2,4 por año. Históricamente el primer lugar se lo lleva la convulsionada Tailandia, el Perú ocupa el segundo con trece golpes desde el inicio de la república. Trece con este de Vizcarra. Trece, número de mal augurio.

Kimonos moqueguanos

Por – Diario El Comercio.
Lo de Vizcarra no ha sido el 5 de abril. Lo aseveran todos los que quieren refutar la tesis de que lo que aquí se ha producido es un golpe. Y la verdad es que entre la disolución del Congreso ordenada por él y la que ordenó en su momento Fujimori existen, en efecto, diferencias. Esta vez, por ejemplo, no se ha acompañado esa acción con un intento de controlar a la prensa ni una intervención del Poder Judicial. La decisión, por otra parte, no parece haber sido impulsada por un ánimo de perpetuarse en el poder (aunque ya hay quienes malician que sí); y, por último, se ha tratado de darle a todo el trajín un camuflaje constitucional: un esfuerzo que el golpista del 92 ni siquiera se molestó en hacer.
Nada de eso, sin embargo, es lo medular para determinar si estamos o no ante una ruptura del orden constitucional. Lo fundamental, en realidad, es establecer si los requerimientos que exige la Carta Magna para ir adelante con una medida de ese tipo se cumplieron antes de que fuese dictada. Hay quienes sostienen que existen, además, problemas con las aprobaciones y refrendos ministeriales que el decreto supremo necesitaba para ser puesto en vigor, pero incluir esas consideraciones en esta columna la haría demasiado extensa. Ya habrá oportunidad de hacerlo en alguna otra.
Por el momento, detengámonos en la valoración de la novedosa teoría sobre la “denegación fáctica de la confianza”.
—Estricto incumplimiento—
Si la confianza pudiese ser negada fácticamente, la lógica sugiere que también tendría que poder ser otorgada de esa forma. Ahora, imaginemos que, el lunes de esta semana, en lugar de dificultar el ingreso de Salvador del Solar al hemiciclo, las autoridades congresales lo hubieran hecho entrar por la puerta grande y lo hubiesen dejado plantear la cuestión de confianza atentas y en silencio. Y que luego no hubiesen continuado con la votación de los candidatos a integrar el Tribunal Constitucional y se hubiesen puesto a debatir y votar otras cosas. ¿Podría haber interpretado entonces el presidente que la confianza le había sido “fácticamente otorgada” al Gabinete Del Solar y, en consecuencia, estado dispuesto a prescindir de la votación? No lo creemos. Y si la concesión de confianza habría requerido forzosamente del acto expreso del voto, ¿por qué la denegación no?
Esto, por supuesto, es solo una especie de reducción al absurdo de lo que era ya absurdo a simple vista. Porque hasta los que tratan de sostener que todo está en orden, cuando se les menciona el asunto de la “negación fáctica”, tuercen un poco la boca y empiezan a murmurar cosas como “quizás el fraseo no fue el más adecuado”, “es una idea audaz que habría que analizar” u otras formulaciones que buscan disimular el hecho de que estamos ante una pastrulada conceptual.
El emperador está calato (esa forma peruana de andar desnudo) y ellos así lo ven, pero no solo no quieren gritarlo, sino que se afanan por prestarle unos ropajes imaginarios.
Las decisiones, por lo demás, no se tornan constitucionales por la mera circunstancia de que quien las ordena recita al anunciarlas que lo está haciendo “en estricto cumplimiento de la Constitución”. Al contrario, ese énfasis machacón deja entrever más bien los temores que carcomen al responsable del acto.
Y en ese sentido, no hay que olvidar que, en la noche previa al zarpazo, Vizcarra declaró en una entrevista televisiva que “en muchos casos, la aplicación de la ley no necesariamente te lleva a un resultado satisfactorio” y que, en el contexto de la situación concreta que enfrentaba “el cumplimiento escrupuloso [de la ley] no es lo recomendable”. Lo más parecido que haya anunciado alguna vez a un plan de gobierno.
—Estulticia binaria —
Llegados a este punto de la discusión, los que ya admitieron discretamente lo deleznable del argumento sobre el que se basó la disolución del Congreso, pasan a la fase del “pero es que”. Y allí empiezan a asomar los porcelanatos, los blindajes y los toqueteos que han marcado a la representación nacional elegida en el 2016 para siempre. Incapaces de empinarse sobre las miserias de esa específica conformación parlamentaria y concebir una defensa de la institución legislativa, los apañadores de la disolución comienzan a atribuirle a quien insiste demasiado con el problemilla constitucional detectado intereses subalternos y complicidades con la corrupción. Tienen, en su mayoría, un problema de estulticia binaria irremontable.
Pero hay algunos que entienden perfectamente de qué va la objeción planteada y aún así tratan de soslayarla con salidas del tipo “hay que pasar la página” o “ya estamos volviendo a la normalidad”.
Salvo que estén hablando de la normalidad a la que se refirió Martín Adán cuando se enteró del golpe de Odría a Bustamente y Rivero, sin embargo, lo que están haciendo es acomodarse, por las razones que fuese, con una nueva ruptura del orden constitucional, amparados por la supuesta legitimidad que le presta su popularidad en las calles. De manera muy semejante a como ocurrió con Fujimori en el 92.
Alguien podría decir que son las mismas geishas con diferente kimono. Un modelito moqueguano en este caso.
El golpe de Velasco no fue igual al de Sánchez Cerro, ni el de Pérez Godoy a los dos anteriores. Desde la perspectiva del quiebre del orden constitucional, no obstante, sus similitudes fueron mucho más relevantes que sus diferencias. Y lo mismo cabe decir a propósito de la situación en la que ahora nos hallamos envueltos.
Lo de Vizcarra no ha sido el 5 de abril. Ha sido el 30 de setiembre.

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